Which country's court is responsible?

European Union law can determine which court handles a case when both parties to a dispute initiate proceedings in different EU countries.

For example, after a traffic accident between two persons living in Germany and France, respectively, it could be that they sue one another for damages in the Member State of their own domicile.

European Union (EU) law determines which courts of which Member States should hear the case, to avoid conflicting decisions. The general rule is that a person should be sued in the State where s/he is domiciled. Furthermore, other jurisdictional rules may be invoked as alternative in specific cases, for example, the person failing in performance of the contract can be sued at the place of performance of the obligation in question (e.g., in the place where the purchased goods should have been delivered). Special rules exist to protect groups such as consumers, workers and insured persons.

In family law, EU rules exist to determine where a dispute relating to divorce, parental responsibility or maintenance should be heard.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

When you have determined the right Member State on the basis of the jurisdiction rules, then you need to find the competent court in practice.

The European Judicial Atlas in civil matters contains the names and addresses of all courts in the Member States competent in civil and commercial matters (courts of first instance, court of appeals, etc.) and geographical areas in which they have jurisdiction.

Last update: 18/01/2019

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Competencia jurisdiccional - Bélgica

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

No es aplicable.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Introducción

En vista de las características específicas del sistema jurídico belga, debemos abordar las preguntas 1 y 2.1 conjuntamente en aras de la claridad.

En primer lugar, procede distinguir entre la competencia absoluta (en ocasiones denominada competencia material) y la competencia territorial.

Toda reclamación tiene un objeto y suele referirse a una suma de dinero. El legislador determina el ámbito de la competencia absoluta especificando la naturaleza y el valor de la demanda que puede interponerse ante el tribunal.

En esta hoja informativa, la competencia absoluta se describe en la respuesta a las preguntas 1 y 2.1.

Ningún tribunal tiene competencia sobre la totalidad del territorio belga. La ley ha dividido el país en demarcaciones judiciales (distritos, regiones, etc.) y cada tribunal solo es competente dentro de su jurisdicción. Esto es lo que se llama competencia territorial. Su descripción figura en la respuesta a la pregunta 2.2.

La competencia plena: el tribunal de primera instancia (rechtbank van eerste aanleg).

El tribunal de primera instancia tiene «plena competencia». Esto quiere decir que, a diferencia de otros órganos jurisdiccionales, el tribunal de primera instancia puede conocer de todos los asuntos, incluidos los que competan a otros órganos jurisdiccionales.

El artículo 568 del Código Procesal (Gerechtelijk Wetboek) estipula que el tribunal de primera instancia conocerá de todas las demandas, salvo las que se presenten directamente ante el tribunal de apelación y el Tribunal de Casación. El tribunal de primera instancia tiene, por tanto, plena competencia condicional. La competencia plena es condicional, dado que el demandado puede invocar la incompetencia sobre la base de la competencia particular de otro tribunal. Por otra parte, el tribunal de primera instancia posee igualmente diversas competencias exclusivas. Varios tipos de litigios deben presentarse ante este tribunal, aunque el importe sea inferior a 2 500 euros, como los casos relativos al estado civil de las personas.

Los demás tribunales.

A continuación se incluye una lista de los demás órganos jurisdiccionales, así como una breve descripción de sus competencias de atribución.

a) Juez de paz (Vrederechter):

Según el artículo 590 del Código Procesal, la competencia general del juez de paz abarca todas las demandas cuyo importe sea inferior a 2 500 euros, salvo aquellas atribuidas por la ley a la competencia de otro tribunal. Además de esta competencia general, el juez de paz también dispone de varias competencias particulares (véanse los artículos 591, 593 y 594 del Código Procesal) y exclusivas (artículos 595 y 597 del Código Procesal), independientemente de la cuantía de la demanda. Estas competencias particulares existen, por ejemplo, en materia de arrendamientos, copropiedad, servidumbres y pensiones de alimentos. También es competente en materia de escrituras públicas de adopción y de reconocimiento de la filiación. Los precintados y expropiaciones urgentes también son competencia exclusiva del juez de paz.

b) Tribunal de policía (Politierechtbank):

Según el artículo 601 bis del Código Procesal, el tribunal de policía conoce de toda demanda de indemnización relativa a un daño resultante de un accidente de circulación, con independencia de su cuantía. Se trata de una competencia exclusiva.

c) Tribunal de comercio (Rechtbank van koophandel):

Según el artículo 573 del Código Procesal, el tribunal de comercio conoce, en primera instancia, de los litigios entre comerciantes relativos a los actos que la ley considera mercantiles y que no pertenecen a la competencia general del juez de paz ni de los tribunales de policía.

Una persona que no sea comerciante puede optar también por interponer una acción contra un comerciante ante el tribunal de comercio, pero un comerciante no puede hacer lo mismo contra una persona que no sea comerciante ante el tribunal de comercio. Además, el tribunal de comercio conoce de los litigios relativos a las letras de cambio y a los pagarés cuando su valor sobrepase los 2 500 euros.

Además de estas competencias generales, el tribunal de comercio dispone igualmente de otras competencias particulares y exclusivas. Las competencias particulares se describen en el artículo 574 del Código Procesal. Abarcan, en particular, los litigios relativos a las sociedades mercantiles y las acciones relativas a la navegación marítima e interior. En el Código Procesal, artículo 574, apartado 2, se describe la competencia exclusiva del tribunal de comercio: acciones y litigios directamente derivados de quiebras y de convenios judiciales de conformidad con lo prescrito por la Ley de quiebra, de 8 de agosto de 1997, y por la Ley relativa a la continuidad de las empresas, de 31 de enero de 2009, cuyos elementos de solución se encuentran en el Derecho especial aplicable al régimen de quiebras y convenios judiciales.

d) Tribunal de trabajo (Arbeidsrechtbank):

El tribunal de trabajo es el principal tribunal extraordinario y dispone, sobre todo, de competencias particulares. Estas competencias, descritas en los artículos 578 y ss. del Código Procesal, son:

  • litigios laborales;
  • litigios sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales;
  • litigios sobre Seguridad Social.

El tribunal de trabajo dispone de una competencia exclusiva en lo relativo a la aplicación de sanciones administrativas determinadas por las leyes y reglamentos contemplados en los artículos de 578 a 582 del Código Procesal y por la Ley relativa a las multas administrativas en caso de infracción de determinadas leyes sociales, así como en lo que se refiere a las demandas sobre programas en materia de gestión de deuda.

e) Presidentes de los tribunales – procedimiento de medidas provisionales

En los artículos de 584 a 589 del Código Procesal se establece que los presidentes de los tribunales (tribunal de primera instancia, tribunal de comercio y tribunal de trabajo) pueden, en todos los casos urgentes, adoptar medidas provisionales sobre asuntos relativos a la competencia de su tribunal. Es preciso que el asunto sea urgente y que la decisión sea de naturaleza exclusivamente provisional, sin prejuzgar la demanda en sí. Algunos ejemplos son: ordenar un peritaje, requerir la audiencia de un testigo, etc.

f) Juez de embargos (Beslagrechter) (véase el artículo 1395 del Código Procesal)

Todas las demandas relativas al embargo preventivo y a las vías de ejecución, así como a las intervenciones de la Oficina de reclamaciones de alimentos a las que se hace referencia en la ley de 21 de febrero de 2003, que establece una Oficina de reclamaciones de alimentos financiada por el Tesoro Público federal, las resuelve el juez de embargos.

g) Juez de menores (Jeugdrechter):

Aunque las Comunidades (es decir, los Estados federados que integran el Estado federal belga) sean competentes en materia de protección de la juventud, la organización de los tribunales de menores sigue siendo una competencia federal que se rige por la Ley federal relativa a la protección de la juventud (Federale Wet betreffende de Wet op de Jeugdscherming), de 8 de abril de 1965. El tribunal de menores es una sección del tribunal de primera instancia consagrada a las medidas relativas a la protección de la juventud. Por otra parte, el tribunal de menores también es competente en determinadas materias civiles, como la aprobación de las adopciones, los litigios entre progenitores sobre el ejercicio de la autoridad parental y el derecho de visita, etc.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

El sistema jurídico belga se basa en el principio de la libertad de elección del demandante. La regla general se establece en el artículo 624, apartado 1, del Código Procesal. Normalmente, el demandante presenta el asunto ante el tribunal competente en el domicilio del demandado o de uno de los demandados.

¿Qué ocurre si el demandado es una persona jurídica? El domicilio de una persona jurídica es su domicilio social, es decir, la sede administrativa desde donde se dirige la empresa.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Texto principal (alineado a la izquierda).

Introdúzcase aquí la respuesta. No cambie el tipo ni el tamaño de la letra.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

En determinados casos, el demandante tiene derecho a presentar la demanda ante otro tribunal. Esta posibilidad se describe, entre otros, en el artículo 624, apartados de 2 a 4, del Código Procesal. Además del órgano jurisdiccional competente en el domicilio del demandado o de uno de los demandados, el demandante puede elegir:

  • el tribunal del lugar donde las obligaciones controvertidas, o una de ellas, nazcan o donde se ejecuten, se hayan ejecutado o deban ejecutarse;
  • el tribunal del domicilio elegido para ejecutar el acto;
  • el tribunal del lugar donde el agente judicial haya hablado con el demandado en persona, si ni este ni, en su caso, ninguno de los demandados, tienen domicilio en Bélgica o en el extranjero.

Por otra parte, la jurisprudencia admite que, en los procedimientos de medidas provisionales, el presidente del tribunal del lugar donde la decisión sea ejecutoria disponga de competencia territorial.

Por lo que se refiere a las pensiones de alimentos, en el artículo 626 del Código Procesal se establece que las demandas relativas a las pensiones de alimentos enumeradas en el artículo 591, apartado 7, pueden presentarse ante el tribunal del domicilio del demandante (es decir, el progenitor con derecho a la pensión de alimentos).

Sin embargo, lo dispuesto en los artículos 624 y 626 se rige por el Derecho supletorio y las partes pueden pactar otra cosa. Por tanto, las partes pueden convenir la atribución de la competencia en cada litigio, de manera que un eventual litigio solo puede someterse ante determinados tribunales de primera instancia.

No obstante, existen algunas excepciones al principio general de libertad de elección.

El legislador describe una serie de casos en los que el demandante no tiene opción. Estos casos se recogen, en particular, en los artículos de 627 a 629 del Código Procesal. A continuación se enumeran algunos ejemplos:

  • En litigios relativos a contratos y convenios laborales (artículo 627, apartado 9): el órgano jurisdiccional competente es el tribunal del lugar de ubicación de la mina, fábrica, taller, tienda, oficina y, en general, del lugar destinado a la explotación de la empresa, el ejercicio de la profesión o la actividad de la empresa, asociación u organización.
  • En lo que se refiere a demandas de divorcio o de separación legal por motivos determinados y demandas de conversión de la separación legal en divorcio (artículo 628, apartado 1), el órgano jurisdiccional competente es el tribunal del último lugar de residencia conyugal o del lugar de residencia del demandante.

Sin embargo, incluso en estos casos, la libertad de elección no está totalmente limitada. En efecto, en el artículo 630 del Código Procesal se permite que las partes, después del surgimiento del litigio, pacten en sentido contrario. Los pactos celebrados antes del surgimiento del litigio son nulos de pleno derecho.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

En determinados casos, en particular, los descritos en los artículos de 631 a 633 del Código Procesal, un único tribunal dispone exclusivamente de la competencia territorial. Por tanto, el demandante no puede elegir y no puede pactar para determinar la competencia, ni antes ni después del surgimiento del litigio. Estos casos son, entre otros, los siguientes:

  • Quiebra (Código Procesal, artículo 631, apartado 1): el tribunal de comercio competente para declarar la quiebra es aquel en cuya jurisdicción tuviera el comerciante su principal establecimiento o, si se trata de una persona jurídica, su domicilio social el día de la declaración de quiebra o de la demanda judicial. En caso de quiebra secundaria, será competente el tribunal de comercio sito en la jurisdicción donde el quebrado tenga dicho establecimiento. Si hay varios establecimientos, será competente el primer tribunal al que se someta el asunto.
  • Convenio judicial (Código Procesal, artículo 631, apartado 2): el tribunal de comercio competente es aquel en cuya jurisdicción el deudor tiene su establecimiento principal o, si se trata de una persona jurídica, su domicilio social el día de la presentación del convenio judicial.
  • Los litigios relativos a la aplicación de la legislación tributaria (artículo 632) son competencia del juez de la sede del tribunal de apelación en cuya jurisdicción esté sita la oficina tributaria en la que se haya procedido o deba procederse a la recaudación del tributo o, si el litigio no está relacionado con la percepción del importe, en la jurisdicción donde se encuentre el servicio tributario que haya adoptado la disposición controvertida. Sin embargo, cuando el procedimiento se tramite en alemán, el tribunal de primera instancia de Eupen tendrá la competencia exclusiva.
  • Las demandas relativas a los embargos preventivos y a las vías de ejecución (artículo 633) son competencia del tribunal del lugar del embargo, a menos que la ley disponga lo contrario. En caso de embargo de tercera parte, es competente el tribunal del domicilio del deudor embargado. Si el domicilio del deudor embargado está en el extranjero o se desconoce, será competente el tribunal del lugar de la ejecución del embargo (véase también el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil).
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Según lo expuesto anteriormente, las normas de los artículos 624 y 626 se rigen por el Derecho supletorio y, por tanto, las partes pueden pactar en contrario. Las partes pueden convenir la atribución de la competencia en cada litigio, de manera que un eventual litigio solo puede someterse ante determinados tribunales de primera instancia.

En los casos contemplados en los artículos de 627 a 629 del Código Procesal no puede celebrarse ningún pacto sobre la competencia antes del surgimiento del litigio. Sin embargo, según el artículo 630, puede convenirse que esos pactos se autoricen tras el surgimiento del litigio.

En los casos descritos en los artículos de 631 a 633 del Código Procesal no es posible celebrar pactos sobre la atribución de la competencia.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

La respuesta a esta cuestión se ofrece en la contestación a las preguntas 1 y 2.

Enlaces

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Última actualización: 06/11/2015

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Competencia jurisdiccional - Bulgaria

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Según la Constitución búlgara, corresponde administrar justicia al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo Administrativo, los tribunales de apelación, las audiencias provinciales, los tribunales militares y los tribunales de distrito. Asimismo, se pueden crear órganos jurisdiccionales especializados mediante la adopción de medidas legislativas, pero los tribunales extraordinarios están prohibidos. Según la Ley del Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales administrativos se sitúan en las mismas localidades y tienen las mismas competencias territoriales que las audiencias provinciales. Para solicitar la modificación, derogación o anulación de una resolución adoptada por un ente público o para exigirle a este por vía judicial que dicte una resolución concreta por considerar que dicho ente ha incurrido en una acción u omisión incorrecta, será necesario dirigirse a un tribunal administrativo, salvo que el asunto sea competencia del Tribunal Supremo Administrativo. No existe ningún otro órgano jurisdiccional especializado. Los órganos jurisdiccionales civiles ordinarios tienen asignadas las competencias sobre litigios civiles. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la aplicación de normas procesales de carácter especial a cuestiones de especial urgencia, asuntos relativos al matrimonio y al estado civil, la incapacitación judicial, la partición por vía judicial, la protección y la restitución de la posesión, los documentos públicos y los litigios colectivos. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece además la aplicación de normas procesales de carácter especial a determinados procedimientos no contenciosos, como las peticiones de mandamientos de ejecución. El Código Mercantil contempla también la aplicación de normas especiales a los procedimientos de insolvencia cuando son conocidos en primera instancia por las salas de lo mercantil de las audiencias provinciales.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

La Ley de Enjuiciamiento Civil búlgara establece que habrá de dirigirse a un tribunal de distrito (rayonen sad), salvo para aquellos tipos de asuntos de que deban conocer en primera instancia las audiencias provinciales (okrazhen sad).

Procederá plantear a una audiencia provincial las cuestiones que se refieran al establecimiento o la impugnación de la filiación, el cese de una relación adoptiva, la declaración de incapacitación de funcionarios judiciales o la anulación de esta;

  • el derecho de propiedad sobre un bien u otros derechos reales cuando la cuantía de la demanda supere los 50 000 BGN;
  • un litigio civil o mercantil de cuantía superior a 25 000 BGN (salvo cuando la cuestión se refiera al pago de la pensión alimenticia, a una demanda laboral o a la recuperación de gastos no autorizados);
  • la inscripción de una sociedad en el Registro de forma inadmisible, nula o incorrecta respecto a la cual la legislación asigne la competencia en primera instancia a las audiencias provinciales;
  • un litigio sujeto al examen de una audiencia provincial con arreglo a otras disposiciones legislativas;
  • las reclamaciones, independientemente de su cuantía, que se sustancien en una única demanda conjunta dentro de las competencias de una audiencia provincial, cuando vayan a examinarse por la misma vía.

Para hacer valer sus derechos como socio de una empresa, impugnar una decisión de los accionistas de una sociedad, conseguir que se cancele la constitución de una sociedad, que esta se liquide o que se inicie un procedimiento de insolvencia respecto a una empresa, habrá que dirigirse a la audiencia provincial del lugar en el que dicha sociedad tenga su domicilio social.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Habrá que dirigirse al órgano jurisdiccional competente del distrito (rayon) en el que resida o tenga su sede o domicilio social el demandado.

Para interponer una demanda contra un ente público o una persona jurídica, habrá que dirigirse al órgano jurisdiccional del lugar en el que este tenga su sede u oficina central. Si el pleito se mantiene directamente con una sucursal de una sociedad, también se podrá plantear el asunto ante órganos jurisdiccionales del lugar en el que se halle dicha sucursal.

Si se desea interponer una demanda civil contra el Estado búlgaro, habrá que recurrir a los órganos jurisdiccionales del distrito en el que haya surgido el conflicto o, cuando este se haya producido fuera de Bulgaria, a los órganos jurisdiccionales de Sofía.

Para incoar un procedimiento contra una persona sin un domicilio conocido, será necesario dirigirse a los órganos jurisdiccionales en los que resida el apoderado o representante legal de esta o, si esto no fuera posible, a los del lugar en el que resida el demandante. Idéntico criterio se seguirá cuando dicha persona resida fuera de Bulgaria. Si el demandante también residiera fuera de Bulgaria, tendrá que dirigirse a los órganos jurisdiccionales de Sofía.

Para el inicio de diligencias judiciales contra un menor o una persona sin capacidad jurídica, se acudirá a los órganos jurisdiccionales del lugar en el que resida su representante legal.

Los asuntos referidos a herencias, la retirada total o parcial de un testamento, la partición de una herencia o la cancelación de una partición voluntaria se plantearán ante los órganos jurisdiccionales del lugar en el que se administre el testamento. Si el causante es un ciudadano búlgaro, pero la ejecución del testamento tiene lugar fuera de Bulgaria, las competencias corresponderán a los órganos jurisdiccionales del último lugar de residencia del causante en Bulgaria o del lugar en el que se encuentre el caudal hereditario.

Para impugnar una resolución de un organismo público, es necesario dirigirse al Tribunal Administrativo (Administrativen sad) que corresponda según la ubicación de la sede de dicho organismo. Cuando esta se sitúe fuera de Bulgaria, se planteará el asunto al Tribunal Administrativo de la Ciudad de Sofía (Administrativen sad – grad Sofia).

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Para hacer valer derechos de crédito basándose en un contrato, se podrá acudir también a los órganos jurisdiccionales del lugar en el que resida actualmente la otra parte.

Las demandas para exigir el pago de la pensión alimenticia pueden interponerse ante los órganos jurisdiccionales del lugar en el que se resida con carácter permanente.

Para presentar reclamaciones relativas a la protección del consumidor, también es posible dirigirse a los órganos jurisdiccionales del lugar de residencia actual o permanente.

Los trabajadores pueden además emprender acciones judiciales contra su empresa en su lugar de trabajo habitual.

Los conflictos laborales entre personas, sociedades o empresas conjuntas extranjeras que tengan su domicilio social en Bulgaria, por una parte, y empleados extranjeros que trabajen para ellos en Bulgaria, por otra, competen a los órganos jurisdiccionales del lugar en el que la empresa tenga su domicilio social, salvo pacto en contrario de las partes.

Los conflictos laborales entre empleados de ciudadanía búlgara que trabajen en el extranjero para empresas búlgaras son competencia de los órganos jurisdiccionales de Sofía cuando la demanda se interpone contra la empresa y, de los del lugar de residencia del empleado en Bulgaria, cuando la demanda se interpone contra el empleado.

En el caso de soportar daños antijurídicos, se contempla el derecho de interponer una demanda ante los órganos jurisdiccionales del lugar en el que se hayan producido tales daños.

Si fuera necesario plantear un asunto con partes sitas en diferentes distritos judiciales o referido a bienes repartidos por más de un distrito judicial, se podrá acudir a los órganos jurisdiccionales de uno de esos distritos.

Para reclamar, tanto una persona física como jurídica, una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por una decisión de un ente público, es posible dirigirse a los órganos jurisdiccionales del lugar de residencia o del lugar en el que se encuentre el domicilio social, salvo cuando la demanda vaya unida a un recurso de apelación contra tal decisión.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Las cuestiones relativas a derechos reales sobre una propiedad, a la partición de una copropiedad o al establecimiento de los límites de una propiedad inmobiliaria, o la restitución de los derechos de propiedad sobre esta deben plantearse ante los órganos jurisdiccionales del lugar en el que se encuentre sita dicha propiedad. También será necesario dirigirse al órgano jurisdiccional competente respecto a la propiedad si el asunto se refiere a una escritura en la que se confirmen derechos reales sobre dicho bien o a la separación, disolución o anulación de una escritura de propiedad inmobiliaria.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

No obstante, las partes en un litigio de naturaleza inmobiliaria podrán desviarse de las normas en materia de competencia territorial mediante la firma de un acuerdo por el que se atribuya la competencia a un órgano jurisdiccional concreto. Si bien no se permite este tipo de pactos en causas sobre derechos reales inmobiliarios, la partición de copropiedades, el establecimiento de los límites de una propiedad inmobiliaria o la restitución de los derechos de propiedad sobre esta, una escritura en la que se confirmen los derechos reales sobre una propiedad, o la separación, disolución o anulación de una escritura de propiedad inmobiliaria, circunstancias estas en las que la competencia territorial viene determinada por ley.

Cuando los litigios sean de naturaleza laboral o versen sobre la protección del consumidor y las partes hayan pactado las competencias territoriales, dicho pacto tendrá validez exclusivamente si se ha firmado tras el surgimiento de la controversia.

En casos de reclamación de créditos, las partes pueden llegar a un acuerdo para resolver el asunto mediante arbitraje, a menos que se refiera a derechos reales o bienes inmuebles, el pago de pensiones alimenticias o la legislación laboral. Para iniciar un proceso arbitral, todas las partes afectadas deberán suscribir un acuerdo de procedimiento especial (arbitrazhno sporazumenie o acuerdo de arbitraje). El tribunal de arbitraje podrá utilizar cualquier fuente del Derecho internacional pertinente o una fuente búlgara específica: la Ley de Arbitraje en Litigios Comerciales Internacionales (Zakon za mezhdunarodniya targovski arbitrazh). Según consta en esta ley, por acuerdo de arbitraje se entiende que todas las partes afectadas soliciten a un tribunal de arbitraje que resuelva la totalidad o parte de las controversias que puedan surgir o que hayan surgido entre ellas en el marco de una relación contractual o no contractual determinada. Dicho acuerdo puede consistir en una cláusula de arbitraje incluida en otro contrato o en un acuerdo separado. El acuerdo sobre arbitraje debe formularse por escrito. Un tribunal de arbitraje puede ser una institución permanente o puede constituirse para resolver una controversia concreta. Un tribunal de arbitraje podrá tener su sede fuera de Bulgaria cuando una de las partes se encuentre normalmente en el extranjero o tenga allí su centro de dirección o su domicilio social según consta en sus estatutos sociales.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Los únicos órganos jurisdiccionales especializados en cuestiones civiles de Bulgaria son los tribunales administrativos.

Todos los asuntos de carácter administrativo competen a estos tribunales, salvo cuando las competencias se hayan atribuido al Tribunal Supremo Administrativo. Al Tribunal Supremo Administrativo le corresponde la potestad jurisdiccional para la impugnación de lo siguiente: una normativa emitida por un órgano público que no sea un ayuntamiento, una normativa emitida por el Consejo de Ministros, el Primer Ministro, un vice primer ministro o un ministro, una decisión del Consejo Judicial Supremo, una normativa emitida por el Banco Nacional de Bulgaria o cualquier otra normativa respecto a la cual las disposiciones legales establezcan que la potestad jurisdiccional corresponde en primera instancia al Tribunal Supremo Administrativo.

Última actualización: 26/09/2018

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Competencia jurisdiccional - Chequia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

El Derecho civil checo no cuenta con normas de procedimiento que determinen que un órgano jurisdiccional especializado deba conocer de un tipo de asunto específico. En materia civil, los órganos jurisdiccionales ordinarios son en principio competentes para conocer litigios de cualquier asunto civil. La ley dispone que, en lo que respecta a los procedimientos judiciales civiles, los órganos jurisdiccionales conocerán de los litigios y otros procesos derivados de relaciones de Derecho privado (artículo 7, apartado 1, de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil, en su versión modificada). Por otro lado, el 1 de enero de 2014 entró en vigor en la República Checa la Ley n.º 292/2013 Rec., sobre procedimientos judiciales especiales, que faculta a los órganos jurisdiccionales para conocer de una serie de litigios previstos en dicha Ley.

En algunos casos, determinadas leyes especiales otorgan a las autoridades administrativas la facultad de resolver asuntos civiles. Sin embargo, en esos casos, la decisión que adopte la autoridad administrativa siempre deberá ser revisada en un procedimiento sustanciado ante un órgano jurisdiccional civil, de conformidad con la Parte Cinco de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil, en su versión modificada (artículos 244 y ss.).

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

En la República Checa, los órganos jurisdiccionales de primera instancia en materia civil son los tribunales de distrito y los tribunales regionales y, en ocasiones excepcionales, el Tribunal Supremo de la República Checa.

1. Los tribunales de distrito conocen de los asuntos en primera instancia, excepto de aquellos que la ley reserva expresamente a los tribunales regionales o al Tribunal Supremo de la República Checa.

2.

a) De conformidad con la Ley n.º 99/1963 Rec., los tribunales regionales son competentes para conocer en primera instancia de los siguientes asuntos:

  • litigios entre empresas y sus empleados relativos a la liquidación mutua de pagos abonados en exceso en concepto de subsidios del seguro de pensiones, el seguro de enfermedad, la asistencia social y la ayuda material del Estado así como litigios sobre la liquidación mutua de la compensación regresiva abonada a empleados con derecho a las prestaciones del seguro de enfermedad;
  • litigios sobre la ilegalidad de una huelga o un cierre patronal;
  • litigios que involucren a otros países o a personas extranjeras con privilegios e inmunidades diplomáticas, siempre que dichos litigios sean competencia de los órganos jurisdiccionales checos;
  • litigios relativos a la anulación de laudos arbitrales relacionados con el cumplimiento de obligaciones que resulten de convenios colectivos;
  • asuntos relativos a relaciones jurídicas relacionadas con la creación de sociedades mercantiles, fundaciones y fondos de dotación; litigios entre sociedades mercantiles y sus socios o miembros, y litigios entre dichos socios o miembros relacionados con su participación en la sociedad mercantil;
  • litigios entre sociedades mercantiles, sus socios o miembros y los miembros de sus órganos de administración o el síndico, cuando dichos litigios surjan del ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de administración o liquidación;
  • litigios relacionados con la infracción de leyes sobre derechos de autor;
  • litigios relacionados con la protección de derechos infringidos o amenazados por actos de competencia desleal o restricciones ilícitas de la competencia;
  • asuntos relacionados con la protección del nombre y la reputación de personas jurídicas;
  • litigios relacionados con la seguridad financiera y con letras de cambio, cheques e instrumentos de inversión;
  • litigios relacionados con el intercambio comercial de materias primas;
  • asuntos y litigios relacionados con asambleas generales de propietarios;
  • asuntos relacionados con la transformación de sociedades mercantiles y cooperativas, incluidas las acciones de compensación, con arreglo a normas especiales;
  • litigios relacionados con la compra o el arrendamiento total o parcial de instalaciones;
  • litigios relacionados con contratos públicos de construcción que superen el importe máximo previsto, incluidos los suministros necesarios para ejecutar dichos contratos;

b) De conformidad con la Ley n.º 292/2013 Rec., los tribunales regionales son competentes para conocer en primera instancia de los siguientes asuntos:

  • asuntos relacionados con el régimen aplicable a las entidades jurídicas, su disolución y liquidación, el nombramiento y la destitución de miembros de los órganos de administración o del síndico, su transformación y los beneficios que les concede su régimen;
  • asuntos relacionados con la administración judicial de entidades jurídicas;
  • asuntos relacionados con depósitos constituidos para cumplir obligaciones de contraprestación o compensación a favor de una o más personas por orden judicial, con arreglo a la Ley de sociedades mercantiles o la Ley de transformación de sociedades y cooperativas (en lo sucesivo, «depósito obligatorio»);
  • asuntos relacionados con el mercado de capitales;
  • asuntos relacionados con el consentimiento previo requerido para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la protección de la competencia;
  • asuntos relacionados con el reemplazo del consentimiento de un representante de la Colegio Checo de Abogados o de la Cámara de Asesores Fiscales para acceder al contenido de documentos.

3. El Tribunal Supremo de la República Checa tiene competencia para conocer en primera y única instancia de procedimientos de reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio, separación legal, nulidad de matrimonio y determinación de la validez de un matrimonio, cuando al menos una de las partes sea ciudadano checo, con arreglo al artículo 51 de la Ley n.º 91/2012 Rec., sobre Derecho internacional privado. Sin embargo, este procedimiento no es aplicable al reconocimiento de resoluciones judiciales dictadas en otros Estados miembros de la UE sobre asuntos que se rijan por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, o por un tratado bilateral o multilateral que determine el procedimiento aplicable.

El Tribunal Supremo también es competente para conocer de asuntos relacionados con el reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras sobre la atribución o la denegación de la paternidad, con arreglo al artículo 55 de la Ley n.º 91/2012 Rec., sobre Derecho internacional privado.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

Las circunstancias existentes en el momento de incoarse el procedimiento son decisivas para determinar la competencia material(véase la pregunta 2.1) y la competencia territorial. Los cambios que se produzcan con posterioridad a esas circunstancias (por ejemplo, el cambio del lugar de residencia del demandado) son irrelevantes, excepto en algunos casos (la transferencia de jurisdicción en asuntos relacionados con la guarda y custodia de menores y la determinación de la capacidad jurídica).

Con arreglo al artículo 105, apartado 1, de la Ley n.º 99/1963 o Código de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional solo está facultado en términos generales para determinar la competencia territorial al comienzo del procedimiento y hasta el final de la fase preparatoria del juicio, antes de que se considere el fondo del asunto, es decir, hasta el momento en que el demandante presente su pretensión durante las actuaciones preliminares o hasta que se dicte la resolución, cuando el asunto se decida sin celebrar vista previa. En etapas posteriores, la competencia territorial solo puede determinarse si no hubo una fase preparatoria y una de las partes plantea una objeción por falta de competencia local la primera vez que tuvo derecho a hacerlo. En algunos casos, más de un órgano jurisdiccional podrá tener competencia territorial para conocer de un asunto. El demandante podrá elegir entre el órgano jurisdiccional general y los previstos por el artículo 87 de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil (por ejemplo, el de su lugar de trabajo, en asuntos relacionados con indemnizaciones en los que sea competente el tribunal del lugar donde se produjo el daño). El demandante podrá elegir el órgano jurisdiccional competente a más tardar al interponer la demanda; el órgano jurisdiccional ante el cual se haya incoado el procedimiento será competente para conocer del asunto.

Para determinadas cuestiones jurídicas, la competencia territorial se rige por las disposiciones de la Ley n.º 292/2013 Rec., sobre procedimientos judiciales especiales.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Las reglas generales de la competencia territorial están contempladas en los artículos 84 a 86 de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 4 de la Ley n.º 292/2013 Rec. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en determinados casos, la competencia territorial se rige por una norma de la UE directamente aplicable y de rango superior a las leyes nacionales (véanse determinadas disposiciones del Reglamento n.º 44/2001, que determina la competencia no solo a nivel internacional sino también nacional), lo cual significa que las leyes nacionales sobre competencia territorial no siempre son aplicables.

La Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil determina que, como regla general, el órgano jurisdiccional ordinario competente es el del lugar de residencia del demandado, es decir, el tribunal de distrito. Cuando un tribunal regional actúe como tribunal de primera instancia (véase la pregunta 2.1), será competente el tribunal regional del lugar donde se encuentre el tribunal (de distrito) del lugar de residencia del demandado. Cuando haya varios demandados, el órgano jurisdiccional competente será el tribunal del lugar de residencia de cualquiera de ellos.

Cuando el demandado sea una persona física, el órgano jurisdiccional competente será el tribunal de distrito de su lugar de residencia y, a falta de un lugar de residencia, el tribunal de distrito del lugar donde se hospede dicha persona. Se entiende por lugar de residencia el lugar donde una persona vive de forma permanente (puede que la persona tenga más de un lugar de residencia, en cuyo caso serán competentes los tribunales de todos esos lugares).

Cuando el demandado sea una persona física que realiza actividades comerciales o empresariales, el órgano jurisdiccional competente será el tribunal de distrito del domicilio profesional de dicha persona (el domicilio profesional es la dirección consignada en el registro público); a falta de dicho domicilio, el órgano jurisdiccional competente será el de su lugar de residencia y, a falta de este, el del lugar donde se hospede dicha persona.

En el caso de las personas jurídicas, el órgano jurisdiccional competente será el del lugar donde se encuentre su sede social (véanse los artículos 136 a 137 de la Ley n.º 89/2012 Rec., Código Civil).

El órgano jurisdiccional competente para entender de un procedimiento concursal será el tribunal de distrito del domicilio profesional del administrador concursal durante el ejercicio de sus funciones.

Existen normas especiales para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales estatales (el tribunal de distrito del lugar donde se encuentre la sede del ente administrativo público en cuestión, de conformidad con una norma legal, y, si la competencia territorial no puede determinarse de esta forma, el tribunal de distrito del lugar donde se produjo el hecho que dio lugar a la pretensión), municipales (el tribunal de distrito del lugar donde se encuentre el municipio) y de los un organismos territoriales autónomos superiores (el tribunal de distrito del domicilio registral de sus órganos de administración).

Si no existe ningún órgano jurisdiccional u órgano jurisdiccional checo competente para entender de asuntos que involucren a ciudadanos checos demandados, será competente el tribunal de su último lugar de residencia conocido en la República Checa. En lo que respecta a los derechos patrimoniales, cuando el demandado no tenga un lugar de residencia en la República Checa, será competente el tribunal de distrito del lugar donde se encuentren el o los bienes en cuestión.

Las demandas (solicitudes de incoación de procedimientos judiciales) contra extranjeros también pueden interponerse ante el tribunal de distrito de la República Checa del lugar donde se encuentre su empresa o una unidad organizativa dela misma.

El artículo 4 de la Ley n.º 292/2013 Rec., sobre procedimientos judiciales especiales, dispone que, salvo disposición en contrario en la misma Ley, el tribunal competente será el del lugar de residencia de la persona en cuyo interés se incoa el procedimiento. El órgano jurisdiccional competente para entender de asuntos relacionados con menores sin capacidad jurídica plena será el tribunal de distrito del lugar de residencia del menor, determinado con arreglo a un acuerdo entre los progenitores, por resolución judicial o cualquier otra circunstancia determinante.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Además de la competencia territorial del órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado, existen otros tipos de competencia territorial especial que son: a) la competencia territorial especial de elección (véase la pregunta 2.2.2.1 a continuación) y b) la competencia territorial especial exclusiva (véase la pregunta 2.2.2.2 a continuación). También es posible celebrar un convenio atributivo de competencia en relación con asuntos comerciales (véase la pregunta 2.2.2.3 a continuación).

Por otro lado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley n.º 292/2013 Rec., sobre procedimientos judiciales especiales, si, durante un procedimiento judicial de atribución de la guarda y custodia de un menor o de determinación de la capacidad jurídica de una persona, cambian las circunstancias que determinaron la competencia territorial, el órgano jurisdiccional podrá transferir su competencia a otro órgano jurisdiccional si ello redunda en beneficio del menor, su tutor o la persona cuya capacidad jurídica deba determinarse. Así y todo, la transferencia o no de la competencia a la que se refiere este párrafo está siempre sujeta a la decisión del órgano jurisdiccional.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Esto es lo que se conoce como «competencia territorial especial de elección», regulada por el artículo 87 de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil. El demandado puede elegir entre interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado o ante otro órgano jurisdiccional con competencia territorial para conocer del asunto. Sin embargo, deben respetarse las normas sobre competencia territorial: si un tribunal regional es competente para conocer del asunto en primera instancia, la parte actora deberá interponer la demanda ante dicho tribunal. Una vez interpuesta la demanda en el tribunal, la parte actora ya no podrá cambiar su elección. Si la competencia territorial se rige por una norma de la UE directamente aplicable y de rango superior a las leyes nacionales (véanse determinadas disposiciones del Reglamento n.º 44/2001, que determina la competencia no solo a nivel internacional sino también nacional), no se aplicará la legislación checa sobre elección de competencia territorial.

En vez de elegir el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado, la parte actora podrá elegir uno de los siguientes órganos jurisdiccionales:

  • el del lugar de trabajo permanente del demandado;
  • el del lugar en el que hayan ocurrido las circunstancias que originaron el derecho a una indemnización;
  • el del lugar donde esté ubicada la unidad organizativa de la empresa de una persona física o jurídica demandada, si el litigio está relacionado con dicha unidad organizativa;
  • el de la sede social de una persona que organice un mercado regulado o gestione un sistema de intercambio comercial multilateral, en el caso de un litigo mercantil:
  1. sobre un mercado regulado organizado por dicha persona o la conclusión de dicho negocio; o
  2. sobre un sistema de intercambio comercial multilateral gestionado por dicha persona o la conclusión de dicho negocio;
  • el del lugar de pago, cuando el litigio esté relacionado con el ejercicio de un derecho de cobro de una letra de cambio, un pagaré u otro valor negociable;
  • el del domicilio registrado para el intercambio de materias primas, en el caso de un litigio sobre el intercambio comercial de materias primas.
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Esto es lo que se conoce como «competencia territorial especial exclusiva», regulada por el artículo 88 de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil, y algunas disposiciones de la Ley n.º 292/2013 Rec., sobre procedimientos judiciales especiales. Si se impone la competencia territorial exclusiva para determinados asuntos, la competencia territorial no se puede atribuir al órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado ni al de elección.

Si la competencia territorial se rige por una norma de la UE directamente aplicable y de rango superior a las leyes nacionales (véanse determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que determina la competencia no solo a nivel internacional sino también nacional), no se aplicará la legislación checa sobre competencia territorial exclusiva.

Con arreglo al artículo 88 de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil, la competencia territorial exclusiva se impone principalmente para los siguientes procedimientos:

  • procedimiento de liquidación de bienes conyugales u otros activos o de extinción del condominio sobre un bien inmueble tras el divorcio, en los que la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional que haya decretado el divorcio;
  • procedimiento de reconocimiento de derechos sobre bienes inmuebles (el procedimiento debe estar directamente relacionado con un derecho de propiedad, principalmente, derechos reales o arrendaticios sobre bienes inmuebles), en los que la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional del lugar donde esté sita la finca, siempre que no haya ningún procedimiento pendiente de liquidación de bienes conyugales u otros activos o de extinción del condominio sobre un bien inmueble tras el divorcio (en esos casos, la competencia territorial será atribuida al órgano jurisdiccional que decretó el divorcio, de conformidad con el punto anterior);
  • cuestiones hereditarias relacionadas con juicios sucesorios, para las que la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional que conoce del juicio sucesorio.

La Ley n.º 292/2013 Rec., sobre procedimientos judiciales especiales, determina la competencia territorial especial en particular para los siguientes procedimientos:

  • procedimientos de divorcio, procedimientos de reconocimiento de la validez o determinación de la invalidez de un matrimonio, de los que conocerá el tribunal de distrito del último lugar de residencia de los cónyuges en la República Checa, con arreglo a los artículos 373 y 383, siempre que al menos uno de ellos viva en ese distrito; a falta de dicho tribunal de distrito, conocerá del asunto el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del cónyuge que no haya interpuesto la demanda de divorcio y, a falta de este último, el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del cónyuge que interpuso la demanda de divorcio;
  • juicios sucesorios, para los que, según el artículo 98, será competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia permanente y registrada del causante, de su último lugar de residencia, del lugar donde se haya hospedado, del lugar donde esté sito un bien inmueble de su propiedad o del lugar donde haya fallecido (en este orden de prelación);
  • procedimientos en materia de secuestro internacional de niños (regreso de menores), en los que, de conformidad con el artículo 479, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre la sede de la Oficina para la Protección Jurídica Internacional de los Menores, es decir, el Tribunal Municipal de Brno.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Con arreglo al artículo 89a de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden elegir de común acuerdo un órgano jurisdiccional diferente del determinado por ley (lo que se conoce como «convenio atributivo de competencia») en asuntos derivados de relaciones entre empresas que resulten de actividades comerciales, siempre y cuando no se haya atribuido la competencia territorial exclusiva a otro tribunal, de conformidad con el artículo 88 de la Ley n.º 99/1963 Rec. o Código de Enjuiciamiento Civil (véase más arriba). El convenio atributivo de competencia debe celebrarse por escrito. Si la parte actora interpone la demanda ante el órgano jurisdiccional elegido e invoca el convenio atributivo de competencia, deberá adjuntar a la demanda el original o una copia certificada de dicho convenio, aunque, de conformidad con la legislación en vigor, esta no es una condición previa.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

En la República Checa no existen órganos jurisdiccionales especializados (véase la respuesta a la pregunta 1).

Última actualización: 27/08/2019

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Competencia jurisdiccional - Estonia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Los asuntos civiles son competencia de los juzgados comarcales (maakohus). Los juzgados comarcales, en su condición de órganos jurisdiccionales de primera instancia, conocen de asuntos civiles. Los asuntos civiles abarcan una amplia variedad de áreas e incluyen los litigios surgidos a partir de diferentes contratos y obligaciones, los asuntos sucesorios y de familia, los litigios sobre derechos reales, las cuestiones relacionadas con la actividad y gestión de empresas y asociaciones sin ánimo de lucro, así como los asuntos concursales y de derecho laboral. Para poder iniciar un asunto civil debe presentarse un escrito de pretensiones ante un juzgado comarcal. El escrito de pretensiones que se presente ante el órgano jurisdiccional debe indicar contra quién se dirige la demanda, qué se reclama y por qué (p.ej. cuáles son los fundamentos de derecho), así como las pruebas que respaldan la demanda.

Los juzgados comarcales ambién pueden conocer de demandas interpuestas contra otra persona por el pago de una cantidad fija de dinero, fruto de una relación sujeta al derecho privado, siempre que se solicite al amparo de un procedimiento acelerado de órdenes de pago. A la hora de iniciar un procedimiento acelerado de órdenes de pago respecto de una reclamación de manutención o de una reclamación de deuda, debe emplearse este sitio web El enlace abre una nueva ventanahttps://www.e-toimik.ee/ para contactar con la sección de procedimientos monitorios del juzgado comarcal en cuestión. El procedimiento acelerado de órdenes de pago no es aplicable a las demandas que superen los 6 400 EUR (reclamaciones de deuda) y esta cantidad incluye tanto las reclamaciones principales como las colaterales. De igual modo, el procedimiento acelerado no es aplicable si la manutención reclamada supera los 200 EUR al mes. El procedimiento acelerado de órdenes de pago no es aplicable si el deudor no aparece identificado como padre/madre del menor en la partida de nacimiento de este. El procedimiento acelerado para órdenes de pago lo lleva a cabo el juzgado de Haapsalu del juzgado comarcal de Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).El enlace abre una nueva ventanahttps://www.e-toimik.ee/

Hay determinados conflictos que pueden dirigirse a comités extrajudiciales antes de hacer uso del derecho de recurso ante un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, los conflictos laborales los resuelve un comité de conflictos laborales (töövaidluskomisjon). Un comité de conflictos laborales es un órgano independiente, previo al juicio, que resuelve conflictos laborales individuales. Tanto los empleadores como los empleados tienen derecho a dirigirse a un comité y están exentos de pagar tasas estatales. Puede recurrirse a un comité de conflictos laborales para resolver cualquier litigo que surja de una relación laboral. Cuando se ejerce el derecho a dirigirse a un comité de conflictos laborales, es importante tener en cuenta que el comité resuelve reclamaciones financieras que no superen los 10 000 EUR. Las reclamaciones que exceden los 10 000 EUR las resuelve un órgano jurisdiccional. La solicitud presentada ante el comité de conflictos laborales debe detallar las circunstancias relevantes relacionadas con el conflicto. Por ejemplo, cuando se cuestiona la rescisión de un contrato de trabajo deben indicarse el momento y motivación de dicha rescisión. Es necesario describir la naturaleza del desacuerdo entre las partes; por ejemplo, qué es lo que el empleado o el empleador no ha hecho o ha hecho de manera ilegal. Cualquier declaración o demanda deberá probarse y, por esa razón, debe incluirse cualquier circunstancia que pueda respaldarse mediante pruebas documentales (contrato de trabajo, convenios mutuos o correspondencia entre el empleado y el empleador, etc.) o cualquier referencia a otra prueba o a testigos. Estas pruebas documentales, que respaldan la demanda del empleado o del empleador, deben adjuntarse a la solicitud cuando se entregue. Si el solicitante considera que es necesario convocar a un testigo para la reunión, deberá incluir en la solicitud el nombre y dirección de dicho testigo.

Las demandas que deriven de un contrato entre un consumidor y un comerciante puede resolverlas un comité de quejas del consumidor (tarbijakaebuste komisjon). Un comité de quejas del consumidor tiene competencia para resolver los litigios que surjan a raíz de contratos entre consumidores y comerciantes, si las partes no han sido capaces de solucionar los conflictos a través de un acuerdo y siempre que el valor de los productos o servicios en conflicto sea de al menos 20 EUR. Las reclamaciones por muerte, lesiones físicas o daño a la salud no las resuelve un comité de quejas del consumidor, sino que deben resolverse ante un órgano jurisdiccional.

Un comité de quejas del consumidor no resuelve conflictos relativos a la provisión de servicios sanitarios o jurídicos, ni relativos a la transferencia de bienes inmuebles o edificios, ni conflictos para los cuales se prevé un procedimiento de resolución mediante otras leyes. Esos litigios los resuelve el órgano jurisdiccional o institución competente. Por ejemplo, el procedimiento para resolver litigios por arrendamiento se ha establecido en la Ley de resolución de conflictos de arrendamiento (üürivaidluse lahendamise seadus).

Un comité de quejas del consumidor tiene competencia para resolver cualquier conflicto relativo a daños provocados por un producto defectuoso, siempre que esos daños puedan determinarse. Si ha podido establecerse el hecho que ha causado el daño pero no ha podido cuantificarse el importe exacto del daño en sí, como en el caso de un daño no pecuniario o de daños que se manifestarán en el futuro, la cantidad de la compensación será determinada por un órgano jurisdiccional.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Es importante conocer los principios de la jurisdicción para saber qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer un asunto. La jurisdicción está dividida en tres áreas: 1) la jurisdicción general, que depende del lugar de residencia de la persona; 2) la jurisdicción opcional y 3) la jurisdicción exclusiva (véase el apartado 2.2).

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Los órganos jurisdiccionales de instancia inferior o superior son diferentes, dado que el sistema judicial de Estonia tiene tres instancias.

Los juzgados comarcales (maakohus), como órganos jurisdiccionales de primera instancia, conocen de todos los asuntos civiles. Una ley puede establecer que determinados juzgados comarcales conozcan ciertos tipos de asuntos, si ello favorece la rapidez de su audiencia o la eficacia del proceso.

Las audiencias (ringkonnakohus) se encargan de revisar las sentencias sobre asuntos civiles dictadas por los juzgados comarcales dentro de su competencia territorial, sobre la base de recursos presentados contra las sentencias y resoluciones judiciales. Las audiencias también juzgan otros asuntos que la ley asigna a su jurisdicción.

El Tribunal Supremo (Riigikohus) revisa las sentencias sobre asuntos civiles dictadas por las audiencias, a partir de recursos de casación y otros recursos presentados contra las resoluciones judiciales. El Tribunal Supremo también juzga las solicitudes de revisión de las sentencias judiciales en vigor, nombra al órgano jurisdiccional con la competencia adecuada para juzgar un asunto dentro de los casos que prevé la ley y dicta sentencia respecto de otros asuntos que la ley asigna a su jurisdicción.

En primer lugar, los juzgados comarcales, en su condición de órganos jurisdiccionales de primera instancia, juzgan los asuntos y dictan sentencia. Si una persona no está satisfecha con la sentencia, tiene el derecho otorgado por ley a presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional superior, como por ejemplo la audiencia. Las audiencias son órganos jurisdiccionales de segunda instancia y, por lo tanto, revisan las sentencias dictadas por los juzgados comarcales y los tribunales de lo contencioso–administrativo sobre la base de recursos presentados contra sentencias. La audiencia juzga los asuntos civiles de manera colegiada, es decir, un recurso es juzgado por un panel de tres jueces.

El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia y resuelve recursos de casación y solicitudes de revisión de sentencias judiciales. Por casación se entiende la presentación de un recurso contra una sentencia judicial que no se ha ejecutado por cuestiones legales, y la revisión de dicha sentencia por parte de un órgano jurisdiccional superior sin que se vuelvan a evaluar los hechos. Por revisión de las sentencias judiciales se entiende la reexaminación de las sentencias y resoluciones judiciales que ya han sido ejecutadas, en los casos en los que hayan surgido nuevas circunstancias y a partir de una solicitud presentada por una de las partes del proceso.

Cada una de las partes del proceso que no esté conforme con la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional inferior puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El recurso debe presentarse solo a través de un representante cualificado y no en persona. El Tribunal Supremo acepta un recurso de casación siempre que lo demandado en el recurso plantee que el tribunal inferior ha aplicado incorrectamente el derecho sustantivo o ha cometido un incumplimiento material del derecho procesal, lo que podría haber resultado en una sentencia injusta. Asimismo, el Tribunal Supremo acepta el asunto si el hecho de admitir el recurso de casación es de vital importancia para garantizar la seguridad jurídica y así contribuir a la uniformidad de la práctica judicial o para un mayor desarrollo del derecho.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

La jurisdicción es el derecho y la obligación de una persona de ejercer sus derechos procesales ante un órgano jurisdiccional específico. La jurisdicción puede ser general, opcional o exclusiva.

La jurisdicción general establece el órgano jurisdiccional ante el que se pueden emprender acciones legales contra una persona y donde pueden tener lugar otros actos procesales respecto de una persona, a menos que la legislación establezca que las acciones legales puedan emprenderse o llevarse acabo en otro órgano jurisdiccional.

La jurisdicción opcional establece el órgano jurisdiccional en el que se pueden emprender acciones legales contra una persona y donde pueden tener lugar otros actos procesales respecto de una persona, además de lo previsto en la jurisdicción general. Esto significa que una acción legal que implique la reclamación de derechos de propiedad contra una persona física puede presentarse igualmente ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia en el que haya permanecido más tiempo. Si una persona reside en un Estado extranjero, también puede emprenderse una acción legal contra ella que implique una reclamación de derechos de propiedad, ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar donde se ubica la propiedad objeto de reclamación, o ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de otra propiedad de la persona.

La jurisdicción exclusiva establece el único órgano jurisdiccional al que habrá que dirigirse para el enjuiciamiento de un asunto civil. En los casos con solicitud expresa la jurisdicción es exclusiva, salvo que la ley disponga lo contrario. La jurisdicción exclusiva podrá determinarse, por ejemplo, en función de la ubicación de un bien inmueble, del domicilio social de una persona jurídica, etc.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Se podrá emprender una acción legal contra una persona física ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda su lugar de residencia, y contra una persona jurídica ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda su sede principal. Si no se conoce la residencia actual de la persona física, se podrá emprender una acción legal contra la misma ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda su último lugar de residencia conocido.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Se podrá emprender una acción legal contra un ciudadano de la República de Estonia que viva en un Estado extranjero respecto del que se pueda aplicar la extraterritorialidad, o contra un ciudadano de la República de Estonia que trabaje en un Estado extranjero y sea funcionario, ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el último lugar de residencia de la persona en Estonia. Si la persona no ha tenido residencia en Estonia, la acción legal podrá presentarse contra ella ante el juzgado comarcal de Harju (Harju Maakohus). También se puede emprender una acción legal contra un organismo de la República de Estonia o un gobierno local ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el domicilio social del organismo gubernamental local o estatal en cuestión. La acción legal debe presentarse ante el juzgado comarcal de Harju cuando no pueda determinarse el organismo estatal especificado. Asimismo, la acción legal debe presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la sede del municipio rural o del gobierno local de la ciudad en cuestión cuando no pueda determinarse el organismo gubernamental local.

También se podrá emprender una acción legal contra un organismo de la República de Estonia, o un gobierno local, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el domicilio social del organismo gubernamental local o estatal en cuestión.

Cuando no se pueda determinar el organismo estatal, la acción legal se presentará ante el juzgado comarcal de Harju. Si el organismo gubernamental local no puede determinarse, la acción legal debe presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la sede del municipio rural o del gobierno local de la ciudad en cuestión. El demandante también podrá emprender una acción legal ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda su propio lugar de residencia.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

En los casos previstos en la ley, una persona podrá elegir un órgano jurisdiccional para emprender acciones legales contra una persona o realizar otros actos procesales además del previsto en la jurisdicción general.

  • Se podrá emprender una acción legal respecto de una reclamación de derechos de propiedad contra una persona física también ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda su lugar de residencia, cuando la persona haya residido en ese lugar por un periodo largo de tiempo debido a un empleo o a una relación de servicio, a los estudios o por cualquier otra razón semejante.
  • Jurisdicción en función de la sede comercial: también se puede emprender una acción legal relacionada con la actividad profesional o económica del demandado ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de su sede comercial.
  • Jurisdicción en función del domicilio social de una persona jurídica: una persona jurídica basada en un conjunto de socios, incluida una empresa, o un socio, asociado o accionista de la misma, también puede emprender una acción legal, respecto de su condición de socio o de su pertenencia, contra un socio, asociado o accionista de la persona jurídica, ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el domicilio social de la persona jurídica.
  • Jurisdicción basada en la ubicación de la propiedad: si una persona tiene un lugar de residencia o un domicilio social en un Estado extranjero, se puede emprender una acción legal que implique la reclamación de los derechos de propiedad contra esa persona ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de la propiedad en cuestión objeto de la reclamación, o ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de otra propiedad perteneciente a la persona. Si la propiedad se ha inscrito en un registro público, la acción legal puede presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación del registro en el cual se encuentra inscrita la propiedad en cuestión. Si la propiedad es objeto de una reclamación al amparo del derecho de obligaciones, la acción legal puede presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia o domicilio social del deudor. Si la reclamación está asegurada con un activo, la acción legal puede presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de dicho activo.
  • Jurisdicción de una acción legal que implique una reclamación asegurada con una hipoteca o afectada por una carga inmobiliaria: una acción legal para cobrar una deuda asegurada con una hipoteca o afectada por una carga inmobiliaria u otra acción legal que implique una reclamación similar puede presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de los bienes inmuebles, siempre que el deudor sea el propietario del inmueble registrado asegurado por la hipoteca o afectado por la carga inmobiliaria.
  • Jurisdicción de una acción legal sobre la propiedad horizontal: una acción legal contra un miembro de una asociación de apartamentos o contra otra asociación de propietarios de apartamentos que surja a raíz de la propiedad común de los miembros, a raíz de la administración del objeto de propiedad común o a raíz de una parte física de propiedad del apartamento también puede presentarse ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de los bienes inmuebles registrados y afectados por la propiedad horizontal.
  • Jurisdicción basada en el lugar de ejecución de un contrato: una acción legal que surja a raíz de un contrato o una acción legal que busque determinar la invalidez de un contrato también puede presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar donde debe cumplirse la obligación contractual impugnada. En el caso de un contrato para la venta de bienes muebles, se entiende que el lugar donde debe cumplirse la obligación contractual es el lugar donde los bienes muebles se entregaron o debían entregarse al comprador, y en el caso de un contrato para la prestación de un servicio, se entiende que es el lugar donde el servicio se prestó o donde debía prestarse. En otros casos, la sede comercial o, en su defecto, la residencia o domicilio social del deudor, será considerada como el lugar de cumplimiento de la obligación. Estas disposiciones son aplicables salvo que las partes hayan acordado lo contrario.
  • Jurisdicción basada en el lugar de residencia de un consumidor: un consumidor puede emprender una acción legal que surja a raíz de un contrato o de una relación especificada en los artículos 35, 46, 52, 208(4), 379, 402, 635(4), 709, 734 o 866 de la Ley de obligaciones (võlaõigusseadus), o una acción legal que surja a raíz de otro contrato celebrado con una empresa que tiene un domicilio social o sede comercial en Estonia, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia del consumidor. Lo anterior no es aplicable a las acciones legales que surjan a raíz de contratos de transporte.
  • Jurisdicción de una acción legal que surja a partir de un contrato de seguro: un titular de una póliza de seguro, un beneficiario o una persona con derecho a solicitar el cumplimiento del asegurador en base a un contrato de seguro también puede emprender una acción legal en relación con un contrato de seguro contra el asegurador, ante el juzgado cuya jurisdicción comprenda la residencia o domicilio social de la persona. En el caso de un seguro de responsabilidad civil o de un seguro de construcción, de bienes inmuebles, o de bienes muebles junto con bienes inmuebles o con una construcción, se puede emprender una acción legal contra el asegurador ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación donde tuvo lugar el hecho o suceso que provocó el daño, o el lugar donde se produjo el mismo.
  • Jurisdicción basada en el lugar de residencia o de trabajo de un empleado: un empleado también puede emprender una acción legal en relación con su contrato de trabajo ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda su lugar de residencia o trabajo.
  • Jurisdicción de una acción legal que surja a partir de una letra de cambio o cheque: también puede emprenderse una acción legal en relación con una letra de cambio o cheque ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de pago de la letra de cambio o cheque.
  • Jurisdicción de una acción legal en relación con el daño en propiedad ajena: también puede emprenderse una acción legal para la compensación del daño en propiedad ajena ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar del hecho o suceso que provocó el daño, o el lugar donde se produjo el mismo.
  • Jurisdicción de una acción legal en relación con una demanda marítima, con tareas de salvamento o con un contrato de salvamento: se puede emprender una acción legal a partir de una o varias de las demandas marítimas previstas en la Ley de la propiedad marítima (laeva asjaõigusseadus) ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación del buque del demandado o el puerto base del buque. Una acción legal que surja en relación con las tareas de salvamento o con un contrato de salvamento también podrá presentarse ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar donde tuvieron lugar las labores de salvamento.
  • Jurisdicción sobre una acción legal para el reparto de una herencia: también puede emprenderse una acción legal que pretenda establecer el derecho de sucesión, una demanda de un derechohabiente contra el poseedor de la herencia, una demanda en relación con un contrato sucesorio o un contrato de legado, o una demanda respecto de una porción obligatoria o respecto del reparto de una herencia, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia del testador en el momento de su fallecimiento. Si el testador fuere un ciudadano de la República de Estonia, pero en el momento de su fallecimiento no tuviese residencia en Estonia, la acción legal también podría presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el último lugar de residencia del testador en Estonia. Si el testador no tuviere residencia en Estonia, la acción legal podría presentarse ante el juzgado comarcal de Harju (Harju Maakohus).
  • Acción legal contra varios codemandados y varias acciones legales contra un solo demandado: podrá emprenderse una acción legal contra varios demandados ante un órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia o domicilio social de uno de los codemandados, a elección del demandante. Si han de emprenderse varias acciones legales contra un solo demandado en relación con un mismo hecho, todas ellas pueden emprenderse ante un órgano jurisdiccional en el que se puedan presentar una o varias de las demandas que surjan a partir del mismo hecho.
  • Jurisdicción de una demanda de reconvención y de una acción legal emprendida por un tercero a través de una demanda independiente: puede presentarse una demanda de reconvención ante el órgano jurisdiccional en el que se presentó la acción legal original, siempre que se cumplan las condiciones para emprender la reconvención y esta no deba someterse a la jurisdicción exclusiva. Lo anterior también es aplicable a los casos en los que, con arreglo a las disposiciones generales, la demanda de reconvención deba presentarse ante un órgano jurisdiccional extranjero.
  • Un tercero puede emprender una acción legal a través de una demanda independiente ante el órgano jurisdiccional que conozca de la acción legal principal.
  • Jurisdicción en un procedimiento de quiebra: se puede emprender una acción legal contra una persona declarada en quiebra, contra el administrador concursal o contra un miembro del comité de quiebra, en relación con un procedimiento de quiebra o con la masa de la quiebra, incluida una acción legal para excluir bienes de la masa de la quiebra, ante el órgano jurisdiccional que declaró la quiebra. También puede presentarse una acción legal para aceptar una demanda ante el órgano jurisdiccional que declaró la quiebra. Asimismo, una persona declarada en quiebra también puede emprender una acción legal relativa a la masa de la quiebra, incluida una acción legal para su recuperación, ante el órgano jurisdiccional que declaró la quiebra.
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

La jurisdicción es exclusiva para aquellos casos previstos en la ley. La jurisdicción establece el único órgano jurisdiccional al que habrá que dirigirse para el enjuiciamiento de un asunto civil. En asuntos con solicitud expresa la jurisdicción es exclusiva, salvo que la ley disponga lo contrario.

1) Jurisdicción según la ubicación de los bienes inmuebles. Las acciones legales con el siguiente propósito se presentan en el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación de los bienes inmuebles:

  • demandas con el fin de reconocer la existencia del derecho de propiedad, del derecho real limitado o de otro gravamen del derecho real sobre los bienes inmuebles, o para reconocer la ausencia de dichos derechos o gravámenes, o reclamaciones relativas a otros derechos sobre los bienes inmuebles;
  • determinación de límites o división de los bienes inmuebles;
  • protección de la tenencia de los bienes inmuebles;
  • reclamación respecto de un derecho real procedente de la propiedad horizontal;
  • demandas relativas a la ejecución forzosa de bienes inmuebles;
  • demandas relativas a un contrato de arrendamiento o a un contrato comercial de arrendamiento respecto de bienes inmuebles, o relativas a otro contrato para el uso de bienes inmuebles en virtud de la Ley de obligaciones, o a la validez de dichos contratos.

Una acción legal relativa a la servidumbre del suelo, a las cargas inmobiliarias o al derecho preferente se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la ubicación del predio sirviente o de los bienes inmuebles gravados.

2) Demanda para el cese de la aplicación de una cláusula estándar: una acción legal para cesar la aplicación de una cláusula estándar injusta o para cesar y anular la recomendación de la cláusula por la persona que recomienda la aplicación de la misma (artículo 45 de la Ley de obligaciones [võlaõigusseadus]) se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la sede comercial del demandado o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia o domicilio social del demandado. Si el demandado no tiene una sede comercial, un lugar de residencia o un domicilio social en Estonia, la acción legal se emprenderá en el órgano jurisdiccional en cuya competencia territorial se aplicó la cláusula estándar.

3) Jurisdicción de un asunto que revoca una sentencia de un organismo de una persona jurídica[A1] , o que establece su nulidad: una acción legal por la que se revoque una sentencia de un organismo de una persona jurídica o por la que se establezca la nulidad de la misma se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende el domicilio social de la persona jurídica.

4) Jurisdicción de los asuntos matrimoniales

Los asuntos matrimoniales se consideran asuntos civiles en los que las acciones legales se juzgan cuando el objeto es:

  • el divorcio;
  • la nulidad del matrimonio;
  • la determinación de la existencia o ausencia de matrimonio;
  • el reparto del patrimonio común u otras demandas relacionadas con la relación de propiedad entre los cónyuges;
  • otras demandas, fruto de la relación matrimonial, presentadas por un cónyuge contra el otro.

Un órgano jurisdiccional estonio tiene competencia para juzgar un asunto matrimonial si:

  • al menos uno de los cónyuges es ciudadano de la República de Estonia o lo era en el momento de contraer matrimonio;
  • las residencias de ambos cónyuges están en Estonia;
  • la residencia de uno de los cónyuges está en Estonia, salvo cuando la sentencia que deba dictarse claramente no sea reconocida en los países cuya nacionalidad posee cualquiera de los cónyuges.

En un asunto matrimonial que tenga que juzgarse en un órgano jurisdiccional estonio, se emprende una acción legal ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia común de los cónyuges o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia del demandado. Si la residencia del demandado no se encuentra en Estonia, la acción legal se presentará ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la residencia de un hijo menor en común de las partes y, en caso de no existir un hijo común que sea menor de edad, se presentará ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la residencia del demandante.

Si se ha establecido la tutela sobre la propiedad de una persona ausente debido a su desaparición, si se ha nombrado un tutor para una persona con una capacidad legal activa limitada o si una persona es objeto de pena de prisión, la acción legal de divorcio contra dicha persona también puede presentarse ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la residencia del demandante.

5) Jurisdicción sobre filiación y alimentos: un asunto de filiación es un asunto civil en el que se juzga una acción legal que busca establecer una relación de filiación o pretende impugnar una anotación registral relativa a un padre/madre en la partida de nacimiento de un menor o en el censo de población. Un órgano jurisdiccional estonio puede juzgar un asunto de filiación si al menos una de las partes es ciudadana de la República de Estonia o al menos una de las partes tiene residencia en Estonia. En un asunto de filiación que se juzgue en un órgano jurisdiccional estonio, la acción legal se emprenderá ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia del menor. Si el lugar de residencia del menor no está en Estonia, la acción legal se presentará ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la residencia del demandado. Si el lugar de residencia del demandado no está en Estonia, la acción legal se presentará ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprenda la residencia del demandante.

Estas disposiciones también son aplicables a los asuntos relativos a los alimentos. Un asunto relativo a los alimentos es un asunto civil en el que se juzga una acción legal que reclame:

  • el cumplimiento de una obligación de alimentos de un padre/madre con arreglo al derecho respecto de un menor;
  • el cumplimiento de una obligación de alimentos entre los padres;
  • el cumplimiento de una obligación de alimentos entre los cónyuges;
  • el cumplimiento de otra obligación de alimentos con arreglo al derecho.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Si un asunto recae en la jurisdicción de varios órganos jurisdiccionales estonios de manera simultánea, el demandante tiene el derecho de elegir el órgano jurisdiccional ante el que quiere presentar su solicitud. En tales casos, el asunto lo juzga el órgano jurisdiccional que recibió primero la solicitud.

Si se presenta una acción legal ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende el lugar de residencia o domicilio social del demandado, o se presenta ante el órgano jurisdiccional de jurisdicción exclusiva, conocerá del asunto el juzgado cuya competencia territorial comprenda la residencia o domicilio social del demandado, o el lugar a partir del cual se establezca la jurisdicción exclusiva. Si existen varios lugares para determinar la jurisdicción que se encuentran dentro de la competencia territorial de un solo juzgado comarcal, pero dentro también del área competencial de diferentes juzgados, el demandante podrá elegir el juzgado que conocerá del asunto. Si el demandante no lo elige, entonces el órgano jurisdiccional determinará el lugar donde habrá de juzgarse el asunto.

Los asuntos bajo solicitud los conocen los juzgados cuya competencia territorial comprende el lugar empleado para determinar la jurisdicción. Si existen varios lugares para determinar la jurisdicción que se encuentran dentro de la competencia territorial de un solo juzgado comarcal, pero dentro también del área competencial de otros juzgados, el órgano jurisdiccional determinará el lugar donde habrá de juzgarse el asunto.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

El procedimiento acelerado para asuntos relativos a las órdenes de pago lo lleva a cabo el juzgado de Haapsalu del juzgado comarcal de Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja). Los otros asuntos civiles son objeto de los principios de jurisdicción mencionados anteriormente.

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Última actualización: 29/10/2018

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Competencia jurisdiccional - Irlanda

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

En Irlanda, los órganos jurisdiccionales civiles son competentes para conocer de asuntos relacionados con litigios entre personas físicas, organizaciones o el Estado. Estos litigios pueden derivarse de cualquier cuestión, desde daños causados por un accidente automovilístico hasta una oferta de adquisición impugnada. En un proceso civil, la parte actora reclama al demandado una indemnización por daños y perjuicios que suele consistir en una compensación económica.

Los juzgados de distrito (District Court), los juzgados de condado (Circuit Court) y el Tribunal Superior (High Court) son órganos jurisdiccionales de primera instancia. El Tribunal Supremo (Supreme Court) solo puede conocer de causas en grado de apelación, a excepción de determinados asuntos de índole constitucional. El Tribunal de Apelación (Court of Appeal) solo tiene competencia de apelación.

Los juzgados de distrito y de condado son órganos judiciales con competencia local y limitada, es decir que solo están facultados para conocer de asuntos cuya cuantía no supere un límite determinado y cuyas partes tengan su lugar de residencia o domicilio profesional registrado en un lugar determinado, o en los que el contrato se haya celebrado en un lugar determinado. Los recursos contra resoluciones de los juzgados de distrito deben interponerse ante los juzgados de condado y los recursos contra resoluciones de los juzgados de condado deben interponerse ante el Tribunal Superior.

El proceso de escasa cuantía es un procedimiento del que se encargan los juzgados de distrito para atender las reclamaciones de consumidores que no superen los 2 000 EUR. Este procedimiento también puede usarse para resolver conflictos entre empresas.

Los juzgados de distrito conocen de demandas cuya cuantía no supere los 15 000 EUR. Los juzgados de condado conocen de demandas cuya cuantía no supere los 75 000 EUR (60 000 EUR en acciones por lesiones). También son competentes para conocer de procedimientos de familia, como divorcios, separaciones legales y nulidad de matrimonios. El Tribunal Superior conoce de demandas cuya cuantía no supere los 75 000 EUR (60 000 EUR en acciones por lesiones).

Las demandas laborales deben interponerse ante el Tribunal de Apelación en Materia Laboral (Employment Appeals Tribunal), que es un órgano jurisdiccional independiente. Este tribunal conoce de una amplia variedad de litigios relacionados con los derechos laborales. En determinados casos, cualquiera de las partes puede interponer un recurso ante el juzgado de condado, dentro de las seis semanas posteriores a la resolución del Tribunal. Si no se interpone ningún recurso y la empresa no ejecuta la resolución del Tribunal, el Ministerio de Empleo, Empresa e Innovación (Minister for Jobs, Enterprise and Innovation) podrá incoar un procedimiento ante el juzgado de condado en nombre del empleado. Las partes pueden recurrir las resoluciones del Tribunal de Apelación en Materia Laboral ante el Tribunal Superior tan solo sobre cuestiones de Derecho.

El Juzgado de lo Mercantil (Commercial Court), creado en 2004, es una sala especializada del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Superior y se rige, en particular, por el El enlace abre una nueva ventanaReglamento de los Tribunales Superiores aprobado por la Orden 63A. Conoce de litigios mercantiles de una cuantía de 1 millón EUR como mínimo, litigios sobre propiedad intelectual y recursos o solicitudes de revisión judicial de decisiones reglamentarias. También conoce de otros asuntos que el juez considere adecuados. No existe el derecho de acceso automático a la sección de lo Mercantil del Tribunal Superior: la admisión a trámite de los asuntos está sujeta a la discreción de uno de sus jueces. El Juzgado cuenta con un detallado sistema de gestión de expedientes diseñado para simplificar la preparación del juicio, evitar gastos innecesarios y prácticas dilatorias y garantizar que se aporten todas la pruebas documentales antes del juicio.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

El órgano jurisdiccional ante el que es preciso recurrir en primera instancia depende de la naturaleza (contratos, responsabilidad extracontractual, etc.) y la cuantía del asunto (véase más arriba).

En lo que respecta a los juzgados de distrito, el país se divide en veinticuatro distritos en cada uno de los cuales trabajan uno o más jueces de forma permanente. En las dos ciudades más grandes, Dublín y Cork, la cantidad de asuntos exige que se asigne una cantidad permanente de jueces a estos juzgados. En cuanto a los juzgados de condado, el país se divide en ocho condados. Cada uno de ellos cuenta con un juez, excepto los condados de Dublín y Cork, en los que la cantidad de jueces es mayor debido a la carga de trabajo. El Tribunal Superior se reúne en Dublín y conoce de demandas en primera instancia. También conoce de litigios sobre lesiones y lesiones graves con resultado de muerte en varias jurisdicciones provinciales en momentos específicos del año. Además, el Tribunal Superior se reúne en jurisdicciones provinciales para conocer de recursos contra resoluciones de los juzgados de condado en materia civil y de familia.

Los juzgados de distrito conocen de asuntos relacionados con contratos, determinados supuestos de responsabilidad extracontractual, contratos de compraventa a plazos o a crédito, asuntos relacionados con arrendamientos, como desahucios por falta de pago de la renta, y acciones por posesión ilícita de mercancías de una cuantía no superior a 15 000 EUR. Los juzgados de distrito también ostentan una serie de competencias para ejecutar sentencias dictadas por cualquier órgano jurisdiccional en relación con deudas, la concesión de licencias, como las relativas a la venta de bebidas alcohólicas, y la fijación de la guardia y custodia y el régimen de alimentos respecto de hijos menores.

Los juzgados de condado son competentes para conocer de asuntos relacionados con contratos y responsabilidad extracontractual, asuntos sucesorios y relativos a la administración del caudal hereditario, juicios de equidad (equity suits), acciones de desahucio y solicitudes de renovación de arrendamiento en demandas relativas a contratos de compraventa a plazos o a crédito, en los que la cuantía de la demanda no supere los 75 000 EUR (60 000 EUR en demandas por daños personales). Los juzgados de condado son competentes para conocer en primera instancia de procedimientos de familia (como separaciones legales, divorcios, nulidad de matrimonio y recursos contra resoluciones de los juzgados de distrito) y, en segunda instancia, de recursos contra laudos arbitrales en litigios relacionados con el arrendamiento de terrenos, de conformidad con la legislación sobre propietarios y arrendatarios.

Los asuntos civiles interpuestos ante los juzgados de condado son resueltos por un juez único, sin intervención de un jurado. Los recursos contra resoluciones de los juzgados de distrito adoptan la forma de una nueva vista, y la resolución que dicte el juzgado de condado será firme e inapelable.

De acuerdo con la Constitución, el Tribunal Superior tiene plena competencia para conocer en primera instancia de todas las cuestiones de hecho y de Derecho. Esto significa que puede conocer de cualquier asunto civil en el que la parte demandada sea residente irlandés, el contrato en cuestión haya sido celebrado en el país, el supuesto que dé lugar a la responsabilidad extracontractual haya sido cometido en el país, o el inmueble objeto del litigio esté ubicado en territorio irlandés. El Tribunal Superior conoce de recursos contra resoluciones de los juzgados de condado y ejerce control sobre los juzgados de distrito y otros órganos jurisdiccionales inferiores. Los recursos contra resoluciones del Tribunal Superior deben interponerse ante el Tribunal de Apelación o ante el Tribunal Supremo, cuando este determine que se trata de un asunto de interés público general o en interés de la justicia. Los recursos podrán transferirse del Tribunal de Apelación al Tribunal Supremo si este último comprueba que se trata de un asunto de interés público general o en interés de la justicia. No se celebra una nueva vista, sino que se realiza una transcripción de la prueba y los argumentos jurídicos presentados en primera instancia.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

La competencia territorial de los juzgados de distrito y de condado se determina en función del lugar de residencia del o de los demandados o del lugar en el que desempeñen su actividad profesional, oficio o profesión. En los asuntos relacionados con contratos, el juzgado de distrito o de condado competente será el del lugar en el que el contrato se presume celebrado; en supuestos sobre responsabilidad extracontractual, el del lugar donde se presume cometido el ilícito; en asuntos de familia, el del lugar de residencia del demandante y, en asuntos relacionados con arrendamientos y derechos reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté ubicado el inmueble o terreno.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

No procede.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

No procede.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

No procede.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

El sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de los Tribunales de Irlanda brinda explicaciones detalladas de la estructura del sistema judicial irlandés. También publica una guía de información pública titulada Explaining the Courts (Descripción de los tribunales). Para más información sobre el sistema judicial, puede dirigirse al Citizens Information Board (Consejo de Información para el Ciudadano), un organismo oficial de información, asesoramiento y promoción de una amplia variedad de servicios sociales y públicos. Pone a disposición del público un sitio web, un número de teléfono y varios centros de atención en todo el país.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaEl Servicio de los Tribunales - Irlanda

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.citizensinformation.ie/

Última actualización: 18/09/2018

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Competencia jurisdiccional - Grecia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Los órganos jurisdiccionales civiles ordinarios tienen competencia para conocer de la mayoría de los asuntos civiles y mercantiles en Grecia. Excepcionalmente, se han establecido cámaras especializadas por ley especial en el marco de los tribunales civiles de las grandes ciudades, que tienen jurisdicción exclusiva para conocer de asuntos específicos, de conformidad con el ámbito jurídico. Estas cámaras son: las cámaras con competencia para conocer de asuntos de marcas comerciales comunitarias en Atenas y Salónica, y la cámara con competencia para conocer de asuntos jurídicos marítimos en el Pireo.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

En la mayoría de los casos, la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales se determina según la cuantía del asunto en litigio. Para estimar la cuantía del asunto en litigio, se tiene en cuenta la demanda principal presentada, pero las demandas subsidiarias. Cuando varias demandas son objeto de la misma acción, se acumulan.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Los casos pertenecientes a la jurisdicción civil se resuelven en primera instancia en los juzgados de paz, conocidos también como tribunales de escasa cuantía (Irinodikia), juzgados de primera instancia integrados por un único juez (Monomeli Protodikia) y tribunales de primera instancia integrados por varios magistrados (Polymeli Protodikia).

La jurisdicción de los tribunales de escasa cuantía abarca principalmente: a) todos los litigios que se pueden valorar en términos monetarios cuando la cuantía en litigio no es superior a 20 000 EUR; b) todos los litigios, principales o consecuentes, con arreglo a un contrato de arrendamiento, siempre y cuando en todos los casos la renta mensual no sea superior a 600 EUR.

La jurisdicción de los tribunales de escasa cuantía también abarca, independientemente de la cuantía en litigio, la mayoría de los litigios relativos a la agricultura, la venta de animales, los litigios de propiedad con los vecinos, los litigios derivados de contratos con operadores de hoteles y transporte, las demandas presentadas por asociaciones y cooperativas contra sus miembros y a la inversa, las reclamaciones de abogados por sus servicios prestados en tribunales de primera instancia y en los juzgados de instrucción de faltas (Ptaismatodikia), así como los derechos, indemnizaciones o gastos de testigos, intérpretes, síndicos o custodios que hayan testificado ante un tribunal o hayan sido nombrados por el mismo.

La jurisdicción de los juzgados de primera instancia integrados por un único juez abarca todos los litigios que se pueden valorar en términos monetarios cuando la cuantía del asunto está comprendida entre 20 000 EUR y 250 000 EUR.

La jurisdicción de los juzgados de primera instancia integrados por un único juez abarca asimismo los siguientes litigios, aunque su cuantía supere los 250 000 EUR: los litigios derivados de contratos de arrendamiento o alquiler; los litigios laborales relativos a empleados o al trabajo o los objetos fabricados por profesionales o artesanos; los litigios sujetos a convenios laborales colectivos entre los organismos de la seguridad social y las personas aseguradas; los litigios relativos a los honorarios de abogados, indemnizaciones y gastos que no sean los contemplados anteriormente y que se resuelvan en los tribunales de escasa cuantía; los litigios relativos a los empleados con funciones jurídicas, médicas o paramédicas, o en calidad de ingenieros, químicos o corredores/agentes, y los nombrados por una autoridad judicial, como peritos, expertos en arbitraje, asesores, árbitros, ejecutores testamentarios, administradores o síndicos; los litigios relativos a todos los tipos de demandas de indemnización derivadas de daños causados por un vehículo, incluidas las demandas sujetas a contratos de seguro de automóviles, y los litigios relativos a impugnaciones de la posesión u ocupación de bienes muebles o inmuebles.

La jurisdicción de los juzgados de primera instancia integrados por un único juez abarca siempre, independientemente de la cuantía: los litigios relativos a divorcios; anulaciones matrimoniales; reconocimiento de la existencia o inexistencia del matrimonio; relaciones matrimoniales durante el matrimonio y derivadas del mismo, incluidas las controversias sobre paternidad, reconocimiento de relaciones paterno-filiales o patria potestad; reconocimiento de la paternidad de un hijo fuera del matrimonio; reconocimiento de la existencia o inexistencia de reconocimiento voluntario de un hijo nacido fuera del matrimonio, de si dicho reconocimiento es válido o de si dicho hijo disfruta del mismo estatus que si hubiera nacido dentro del matrimonio, teniendo en cuenta el matrimonio inminente de sus padres, incluidas las controversias sobre el reconocimiento voluntario; reconocimiento de la existencia o inexistencia de la adopción o su disolución, o de la existencia o inexistencia de la tutela. Asimismo, los litigios relativos a la pensión alimenticia en virtud del matrimonio, el divorcio o el parentesco; el ejercicio de la patria potestad; el desacuerdo entre los padres sobre el ejercicio conjunto de la patria potestad, así como la comunicación de los padres y otros familiares en línea ascendente con el hijo; la reglamentación del uso de la vivienda familiar y la distribución de los bienes muebles entre los cónyuges, así como los relativos a la vivienda familiar y la distribución de los bienes muebles entre los cónyuges en caso de cese de la convivencia; los litigios relativos a la propiedad de suelos en un edificio y los litigios relativos a la anulación de decisiones aprobadas por las juntas generales de asociaciones o cooperativas.

La jurisdicción de los tribunales de primera instancia integrados por magistrados abarca todos los litigios para los que los tribunales de escasa cuantía y los juzgados integrados por un único juez no tienen jurisdicción.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

El órgano jurisdiccional de la región en la que el demandado tenga su domicilio ostenta la competencia territorial.

Si el demandado no tiene su residencia ni en Grecia ni en el extranjero, el órgano jurisdiccional de la región en la que tenga su residencia ostenta la competencia. Si no se conoce el lugar de residencia del demandado, el órgano jurisdiccional de la región en la que tenga su último domicilio en Grecia, o la última residencia a falta de domicilio, ostenta la competencia.

El Estado pertenece a la competencia del órgano jurisdiccional de la región en la que tiene su sede la autoridad particular que la ley designa como representante del Estado ante el órgano jurisdiccional.

Las personas jurídicas que tengan capacidad para ser parte en procesos judiciales pertenecen a la jurisdicción del órgano jurisdiccional de la región en la que se encuentra su domicilio social o sucursal, cuando el litigio atañe a su funcionamiento.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Cuando más de un órgano jurisdiccional es competente, el demandante tiene derecho a elegir. La prioridad entre ellos se determina en función de la fecha en la que se haya interpuesto la demanda.

Si el órgano jurisdiccional no tiene competencia por razón del territorio o de la materia, el propio órgano jurisdiccional decide sobre ello de oficio, especifica qué órgano jurisdiccional es competente y remite el asunto a dicho órgano jurisdiccional. Las consecuencias jurídicas de la demanda interpuesta se mantienen.

Litigios contractuales

Los litigios relativos a la existencia o la validez de actos jurídicos realizados durante la vida de una persona y todos los derechos derivados también pueden someterse al órgano jurisdiccional de la región en la que se ha celebrado el acto jurídico o de la región en la que se ejecutará. Los litigios relativos a los daños consistentes en el lucro cesante (interés negativo) y la indemnización por negligencia durante las negociaciones también pueden someterse al mismo órgano jurisdiccional.

Responsabilidad civil

Los litigios derivados de un acto delictivo también pueden someterse al órgano jurisdiccional del lugar en el que se produjo o se va a producir el hecho que da lugar al daño.

Demandas civiles

Las demandas civiles por daños y perjuicios y las demandas de indemnización por un delito, así como las demandas de indemnización por daños inmateriales o morales, pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional penal que conoce del asunto.

Asuntos relativos a la pensión alimenticia, el divorcio y la patria potestad

Los litigios matrimoniales (litigios relativos a la pensión alimenticia con base en el matrimonio, el divorcio o el parentesco; el ejercicio de la patria potestad; el desacuerdo entre los padres sobre el ejercicio conjunto de la patria potestad, así como la comunicación de los padres y otros familiares en línea ascendente con el hijo, y la reglamentación del uso de la vivienda familiar y la distribución de los bienes muebles entre los cónyuges, así como los relativos a la vivienda familiar y la distribución de los bienes muebles entre los cónyuges en caso de cese de la convivencia) también pueden someterse al órgano jurisdiccional de la región en la que esté situada la última residencia común de los cónyuges.

Los litigios relativos a las demandas de pensión alimenticia también pueden someterse al órgano jurisdiccional del lugar en el que tenga su domicilio o residencia el beneficiario de la pensión alimenticia.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Los litigios relativos a derechos reales y los litigios derivados del arrendamiento de bienes inmuebles son competencia exclusiva del órgano jurisdiccional de la región en la que está situado el bien inmueble.

(En el caso de que el bien inmueble esté situado en una región con más de un órgano jurisdiccional, el demandante tiene derecho a elegir.)

Los litigios relativos a la administración judicial de bienes son competencia exclusiva del órgano jurisdiccional que la dictó.

Los litigios relativos a la sucesión son competencia exclusiva del órgano jurisdiccional de la región en la que tenía su domicilio el difunto o, a falta de domicilio, su residencia en el momento del fallecimiento.

Cuando un asunto consecuente esté vinculado a un asunto principal, incluidas, en particular, las demandas accesorias o de garantía, tales intervenciones y demás demandas similares son competencia exclusiva del órgano jurisdiccional que conoce del asunto principal.

Los asuntos principales relacionados entre sí son competencia exclusiva del órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar del asunto.

La jurisdicción de los tribunales de primera instancia integrados por varios magistrados que conocen del asunto principal abarca cualquier asunto consecuente que sea competencia del juzgado de primera instancia integrado por un único juez y del juzgado de paz, y la jurisdicción del juzgado de primera instancia integrado por un único juez que conoce del asunto principal abarca cualquier asunto consecuente que sea competencia del juzgado de paz.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Un tribunal ordinario de primera instancia que no tenga competencia territorial puede, mediante acuerdo explícito o tácito de las partes en el asunto, ser competente a menos que los litigios en cuestión no estén relacionados con la propiedad. El acuerdo explícito debe alcanzarse en el caso de los litigios con competencia exclusiva.

El acuerdo tácito se deduce si el demandado asiste a la audiencia pública y no se opone a los motivos de falta de competencia en ese momento.

El acuerdo entre las partes para que un tribunal ordinario sea competente en futuros litigios es válido únicamente si se formaliza por escrito y se refiere a una relación jurídica específica de la que se derivan los litigios.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

En cuanto a las cámaras especiales competentes para las marcas comerciales comunitarias y el Derecho marítimo, la competencia por razón de la materia (ratione materiae) se determina de conformidad con las normas sobre los tribunales civiles ordinarios. Respecto a la competencia territorial, a) la cámara competente para conocer de las marcas comerciales comunitarias en Atenas abarca las regiones de las audiencias de Atenas, el Egeo, el Dodecaneso, Corfú, Creta, Lamia, Nauplion, Patras y Pireo; b) la cámara competente para conocer de las marcas comerciales comunitarias en Salónica abarca las regiones de las audiencias de Salónica, Macedonia Occidental, Tracia, Ioánina y Larisa, y c) la cámara competente para el Derecho marítimo en el Pireo abarca toda la Prefectura de Ática.

Última actualización: 04/06/2018

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Competencia jurisdiccional - España

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

El principio que informa la organización judicial en España es el de unidad jurisdiccional, sin otra excepción que la jurisdicción militar para tiempo de guerra y estado de sitio, y la del Tribunal Constitucional como último garante de los derechos fundamentales y libertades públicas a través del recurso de amparo.

Sin perjuicio de ello, la jurisdicción está integrada por cuatro órdenes jurisdiccionales: el civil, el penal, el contencioso administrativo y el social.

El órgano base del orden jurisdiccional civil es el Juzgado de Primera Instancia, que conoce en primer grado de los litigios de Derecho civil y de aquellos litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. Por ello puede ser catalogado como ordinario o común.

Dentro del orden civil se hallan los Juzgados de Familia, que son Juzgados de Primera Instancia que, en las localidades en las que están instaurados, en general las de mayor población, asumen  los litigios de esta materia: nulidad de matrimonio, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales y protección de las personas con limitaciones de capacidad. Cuando esté abierto un procedimiento penal contra una de las partes ante el Juzgado de Violencia sobre la mujer, éste tendrá competencia también para estos procedimientos civiles.

También dentro del orden civil se hallan los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Marca Comunitaria, que son órganos judiciales especializados.

El orden jurisdiccional social se halla confiado a los Juzgados de lo Social, que conocen de las pretensiones que se ejerciten en la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales entre trabajador y empresario con ocasión del contrato de trabajo, como en materia de negociación colectiva, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

Corresponde al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales.

Es característica del Derecho español que la acción civil derivada de ilícito penal pueda ser ejercitada conjuntamente con la penal. En tal caso, el tribunal penal decidirá la indemnización correspondiente para reparar los daños y perjuicios ocasionados por el delito o falta. Aunque no la ejercite el perjudicado, si no renuncia expresamente al ejercicio de la acción civil en la causa penal, el Ministerio Fiscal la ejercitará en su nombre.

Finalmente, el contencioso-administrativo trata del control de la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se dirijan contra las mismas.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

La respuesta viene dada en la contestación a las preguntas siguientes

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

No existe en España distinción entre los Juzgados  que conocen en primera Instancia, de manera que ninguno de ellos tiene atribuidos asuntos de mayor cuantía o relevancia ni conoce de recursos sobre resoluciones de otro. Las apelaciones en materia civil corresponden siempre a las  Audiencias Provinciales.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

El Estado español se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, y es la división territorial más importante, pues es el ámbito al que los Juzgados de Primera Instancia extienden su competencia (pueden localizarse en el sitio web del Ministerio deJusticia El enlace abre una nueva ventanamjusticia.gob.es).

En las poblaciones donde la carga de trabajo así lo aconseja – en la actualidad casi todas - existen varios órganos judiciales de la misma clase, que son designados por numeración correlativa en función de su orden de creación

Todos estos órganos tienen, en principio, la misma competencia, y se distribuyen el trabajo por normas gubernativas internas de reparto. No obstante, en algunos casos, dichas normas de reparto pueden distribuir las diferentes clases de asuntos entre los distintos órganos judiciales de la misma circunscripción .

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

A falta de pacto y de normas imperativas y como fuero general, la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del partido del domicilio, y en su defecto de residencia, del demandado. Si el demandado no tuviera domicilio ni residencia en España, será competente el Juzgado de Primera Instancia del partido en cuyo territorio se encuentre el demandado o en donde haya tenido su última residencia. Cuando ninguno de estos criterios pueda ser utilizado, el actor puede presentar la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del partido en el que tenga su domicilio.

A tales efectos:

  • Los empresarios y los profesionales podrán también ser demandados en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional en cualquiera de los lugares en que la desarrollen, a elección del actor.
  • Las personas jurídicas podrán ser demandadas también en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir sus efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto o un representante.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

En la actualidad el sistema procesal español es poco proclive a dejar la determinación del fuero territorial a elección del actor. Sólo sucede en los siguientes supuestos:

Acciones reales sobre bienes inmuebles, cuando se ejerciten sobre varios bienes o sobre uno solo que esté situado en diferentes circunscripciones. En tal caso el actor podrá elegir el foro de cualquiera de ellas.

Acciones para la presentación y aprobación de cuentas que deben dar los administradores de bienes ajenos cuando no esté determinado el lugar en que deban ser presentadas. En tal caso el actor puede elegir entre el domicilio del demandado o el del lugar en que la administración sea desempeñada.

Litigios sobre cuestiones hereditarias, en que el actor podrá elegir entre los tribunales del último domicilio del finado en España y los del lugar en donde se hallen la mayor parte de los bienes relictos.

Acciones sobre propiedad intelectual, en las que el actor puede elegir entre el lugar en que la infracción tuvo lugar o existan indicios de su comisión o se encuentren ejemplares ilícitos.

Litigios por competencia desleal cuando el demandado no tenga su establecimiento, domicilio o residencia en España. En estos casos el actor podrá elegir entre el lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde éste produzca sus efectos.

Pretensiones que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de los hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores cuando ambos residan en distintos partidos judiciales. En estos casos el actor podrá elegir entre el juez del domicilio del demandado o el de residencia del menor.

En general, en los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente al domicilio del demandado

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Existen las siguientes normas imperativas que obligan al actor a dirigirse a un tribunal diferente del domicilio del demandado. En tales casos no cabe sumisión ni expresa ni tácita:

Derechos reales o arrendaticios sobre bienes inmuebles y cuestiones derivadas del régimen de propiedad horizontal, en los que la competencia es atribuida a los órganos judiciales del partido donde esté sita la finca.

Cuestiones hereditarias, en las que la competencia viene determinada por el lugar en el que el finado tuvo su último domicilio en España, o donde radiquen la mayor parte de los bienes relictos, a elección del demandante.

Cuestiones relativas a la asistencia o representación de personas con incapacidad, de las que conocerán el tribunal del lugar en el que éstas residan.

La protección jurisdiccional civil de derechos fundamentales, de los que conocerá el tribunal del domicilio del demandante y, si no lo tuviere en España, el del lugar en que se hubiere cometido el hecho que vulnere el derecho de que se trate.

Reclamación de daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor, para la que será competente el tribunal del lugar en que los daños fueron causados.

La impugnación de acuerdos sociales, en los que la competencia territorial viene determinada por el domicilio social.

Las acciones para que se declare la no incorporación a un contrato o la nulidad de cláusula de condiciones generales de contratación, para las que rige el fuero del domicilio del demandante.

Acciones declarativa, de cesación o retractación en materia de condiciones generales de contratación, cuando el demandado no tenga establecimiento ni domicilio en España. En tal caso será competente el tribunal del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.

Acciones de cesación en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores o usuarios cuando el demandado no tenga establecimiento o domicilio en España. En tal caso la competencia corresponde al lugar donde el actor tenga su domicilio.

Las acciones para reclamar el cumplimiento de sus obligaciones a una entidad aseguradora, a quien me haya vendido a plazos un bien mueble o financiado su adquisición o hecho una oferta pública de bienes muebles o servicios que yo haya aceptado. En tales casos son competentes los órganos judiciales del domicilio del actor.

En las demandas de tercería para cuyo conocimiento será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo.

Las demandas de separación, nulidad o divorcio, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado de Familia, o, si no existe, al de Primera Instancia del domicilio conyugal. De no existir éste, al del lugar del último domicilio conyugal o en el que el otro cónyuge tenga su residencia. Si no existiera ninguno de estos lugares, la competencia corresponde al Juez de mi domicilio. Si la demanda es presentada de común acuerdo, será competente el Juzgado del último domicilio común o del de cualquiera de los cónyuges.

Las pretensiones que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de los hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. En tal caso será competente el juez del último domicilio común de los progenitores. En el caso de que residan en distintos partidos judiciales, el actor podrá elegir entre el juez del domicilio del demandado o el de residencia del menor.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Como regla general, el fuero territorial es prorrogable en España, lo que quiere decir que los litigantes pueden someterse, expresa o tácitamente, a los juzgados de una determinada circunscripción siempre que sean objetivamente competentes.

Sumisión expresa es la pactada de forma expresa por los interesados con designación precisa de la circunscripción a cuyos tribunales se someten las partes.

La sumisión tácita tiene lugar:

Para el demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda.

Se tiene por sometido tácitamente al demandado cuando, después de personado en el juicio, hace cualquier actuación procesal que no sea la de proponer en tiempo y forma la declinatoria de jurisdicción.

Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia (“Perpetuatio Iurisdictionis”)

No obstante:

En los contratos de adhesión o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes o celebrado con consumidores o usuarios no cabe la sumisión expresa, aunque sí es posible la tácita.

En los supuestos en que la ley establece las normas de competencia territorial con carácter imperativo no cabe ninguna clase de sumisión.

Tampoco cabe ninguna clase de sumisión en los litigios que hayan de ser decididos por el juicio verbal, ni en los procedimientos monitorios o cambiarios.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Como juzgados especializados en España cabe citar:

Los Juzgados de Familia, que son Juzgados de Primera Instancia que en las localidades en las que están instaurados, en general las de mayor población, asumen con carácter exclusivo y excluyente los litigios de esta clase, en concreto conocen de:

  • los de separación, nulidad, divorcio y
  • los relativos al ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores.

Las reglas de su competencia territorial son las mismas que la que rigen para los Jugados de Primera Instancia cuando conocen de las materias que son propias de los Juzgados de Familia por no existir en el partido órganos especializados de esta clase.

Los Juzgados de lo Social, que conocen de las pretensiones que se ejerciten en la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales entre trabajador y empresario con ocasión del contrato de trabajo, como en materia de negociación colectiva, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

La regla general atribuye la competencia territorial al juzgado del lugar de prestación de servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

Los Juzgados de lo Mercantil  son órganos judiciales de ámbito provincial especializados en la litigiosidad que surja dentro de este ámbito del Derecho.

Dichos juzgados conocerán:

De cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, salvo en lo relativo a los concursos de persona natural que no sea empresario los cuales son competencia de los Juzgados de Primera Instancia no especializados.

Conocerán con vis atractiva respecto de:

Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.

Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

Toda ejecución o medida cautelar frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

De las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a :
  • Competencia desleal.
  • Propiedad intelectual y publicidad.
  • Derecho societario y de cooperativas.
  • Transporte, nacional o internacional.
  • Derecho marítimo.
  • Condiciones generales de contratación.
  • Aplicación de la normativa de arbitraje sobre las materias anteriores.

La competencia  para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del concurso.

Los Juzgados de Marca Comunitaria son los Juzgados de lo Mercantil de la localidad de Alicante en cuanto ejerzan su competencia para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y nº 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

En el ejercicio de esta competencia, dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional.

Aparte de estos juzgados especializados, la ley permite que, donde haya varios Juzgados de la misma clase, el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar que uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate.

Tal facultad ha sido ya ejercitada en varias poblaciones, especialmente en lo que se refiere a incapacidades e internamientos forzosos por enfermedad mental para atribuirla en general a los Juzgados de Familia.

Última actualización: 06/06/2019

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Competencia jurisdiccional - Francia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

La organización judicial francesa implica la coexistencia de dos órdenes jurisdiccionales: el administrativo y el judicial.

Cada orden tiene una estructura de tres niveles.

Así, en la jurisdicción administrativa, las resoluciones son dictadas por los tribunales administrativos (tribunaux administratifs), que son los órganos jurisdiccionales ordinarios, así como por distintos tribunales administrativos especializados, y pueden recurrirse ante los tribunales administrativos de apelación (cours administratives d’appel). Por último, las sentencias de los tribunales administrativos de apelación están sometidas a la censura del Consejo de Estado (Conseil d’Etat).

En el orden jurisdiccional judicial, las resoluciones en primera instancia son dictadas por los tribunales de primera instancia (tribunaux de grande instance), que son los órganos jurisdiccionales ordinarios, así como por otros tribunales cuya competencia está determinada por ley. Sus resoluciones pueden ser recurridas ante los tribunales de apelación (cours d’appel), que están compuestos por varias salas (de lo civil, de lo social, de lo mercantil, de lo penal). Las sentencias dictadas por los tribunales pueden dar lugar a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Casación (Cour de cassation), que se compone, a su vez, de varias salas especializadas en los mismos tipos de asuntos que los tribunales de apelación.

Los tribunales se organizan de la siguiente manera:

Tribunales administrativos:

  • Consejo de Estado (1)
  • Tribunales administrativos de apelación (8)
  • Tribunales administrativos (42)

Tribunales judiciales:

  • Tribunal de Casación (1)
  • Tribunales de apelación (36)
  • Tribunal Superior de Apelación de San Pedro y Miguelón (tribunal supérieur d’appel) (1)
  • Tribunales de primera instancia (164) [de los cuales 16 tienen competencia en materia mercantil]
  • Tribunales de primera instancia de San Pedro y Miguelón, la Polinesia francesa, Nueva Caledonia y Wallis y Futuna (tribunaux de première instance) (4) [de los cuales 2 tienen competencia en materia mercantil]
  • Tribunales de menores (tribunaux pour enfants) (155)
  • Tribunales competentes en cuestiones relativas a la seguridad social (tribunaux des affaires de sécurité sociale) (114)
  • Juzgados de primera instancia (tribunaux d’instance) (307)
  • Tribunales de lo social (conseils de prud’hommes) (210)
  • Tribunales de lo social de la Polinesia francesa (tribunaux du travail) (6)
  • Tribunales de lo mercantil (tribunaux de commerce) (134)

Dentro del orden judicial, los órganos jurisdiccionales especializados son los siguientes:

  • El juzgado de primera instancia juzga los litigios más comunes. En principio, conoce de todas las demandas de una cuantía no superior a los 10 000 euros. También es competente para resolver determinados asuntos específicos (alquileres impagos, embargo de remuneraciones, elecciones de delegados de personal, créditos al consumo).
  • El tribunal de lo mercantil conoce de litigios entre comerciantes, entre entidades de crédito o entre comerciantes y entidades de crédito, de reclamaciones relacionadas con sociedades mercantiles, de litigios relativos a actos de comercio entre personas de cualquier tipo y de las dificultades financieras de las sociedades mercantiles (liquidación y administración judicial, entre otras).
  • El tribunal paritario en materia de litigios sobre arrendamientos rústicos (tribunal paritaire des baux ruraux) conoce de los litigios entre arrendadores y arrendatarios rústicos (arrendamiento, aparcería, etc.).
  • El tribunal de lo social (conseil des prud'hommes) conoce de todos los conflictos entre empresarios y trabajadores que surjan en el marco de un contrato individual de trabajo.
  • Hasta una determinada fecha fijada por decreto y a más tardar el 1 de enero de 2019, el tribunal competente en cuestiones relativas a la seguridad social conoce de las controversias surgidas de la aplicación de las leyes y las reglamentaciones en materia de seguridad social y de cobertura social de agricultores. A partir de una fecha fijada por decreto y a más tardar el 1 de enero de 2019, esos litigios serán de la competencia de los tribunales de primera instancia especialmente designados a tal efecto.
  • Hasta una determinada fecha fijada por decreto y a más tardar el 1 de enero de 2019, los tribunales competentes en materia de incapacidad (tribunal du contentieux de l'incapacité) conocen de los litigios relativos al estado o el grado de incapacidad, el estado de incapacidad permanente y la incapacidad para el trabajo. A partir de una fecha fijada por decreto y a más tardar el 1 de enero de 2019, esos litigios serán de la competencia de los tribunales de primera instancia especialmente designados a tal efecto.
  • El tribunal de pensiones militares (tribunal des pensions militaires) conoce de reclamaciones relacionadas con pensiones militares.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

En la sección anterior se precisan las competencias respectivas de los tribunales de primera instancia, los juzgados de primera instancia y los juzgados de proximidad (juridictions de proximité) y se especifica que, a falta de designación de un órgano competente para entender de un asunto concreto, el tribunal de primera instancia constituye el órgano jurisdiccional ordinario.

  • Los juzgados de primera instancia son competentes para resolver litigios de una cuantía inferior o igual a 10 000 euros y litigios de cualquier cuantía sobre asuntos específicos, como el Derecho de protección de los consumidores, la tutela de personas mayores de edad y los arrendamientos para uso de vivienda.
  • Los tribunales de primera instancia son competentes para resolver todos los demás litigios civiles que no sean competencia de otros órganos jurisdiccionales y, en particular, los asuntos de familia.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

En principio, el tribunal competente es el del lugar de residencia del demandado. Esta norma se funda en la voluntad de proteger al demandado, dándole la posibilidad de defenderse más fácilmente ante el juez más próximo a su domicilio.

Si el demandado es una persona física, el tribunal competente es el de su domicilio o el de su lugar de residencia. Si es una persona jurídica (una empresa o una asociación), el tribunal competente es el del lugar en la que esté establecida, en general, su sede social. En ocasiones, el establecimiento principal no es el mismo que el de la sede social. En ese caso, es posible acudir al tribunal del establecimiento principal. En el caso de las grandes empresas con varias sucursales, el tribunal competente puede ser el del lugar donde se encuentre una de las sucursales.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?
  • En materia de contratos: el demandante puede acudir al tribunal del domicilio del demandado, o bien, dependiendo de la naturaleza del contrato, del lugar de entrega de la cosa o el lugar de prestación del servicio objeto del contrato.
  • En materia de responsabilidad penal o de interposición de una demanda civil en el marco de un procedimiento penal: la demanda puede interponerse ante el tribunal del lugar de residencia del demandado, o bien ante el tribunal del lugar donde ocurrieron los daños o el hecho dañoso.
  • En materia de derechos reales inmobiliarios: el demandante puede interponer la demanda ante el tribunal del lugar donde esté situado el inmueble.
  • En materia de alimentos o de contribución a las cargas del matrimonio: el demandante puede elegir entre el tribunal del lugar de residencia del demandado o del acreedor, es decir, el suyo propio.
  • En materia de litigios que afecten a un consumidor: el consumidor puede elegir entre el tribunal de su lugar de residencia en el momento de celebración del contrato o el del lugar en que ocurrió el hecho dañoso.
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?
  • En el caso de los litigios sobre pensiones de alimentos o prestaciones compensatorias: el tribunal competente será el del lugar de residencia del cónyuge acreedor o del progenitor que asuma la responsabilidad principal de los hijos, aunque estos sean mayores de edad.
  • En materia de divorcios: el tribunal competente será el del lugar de residencia de la familia. Si los cónyuges no viven juntos, el tribunal competente será el del lugar de residencia de los hijos. Si los cónyuges no tienen hijos, el tribunal competente será el del lugar de residencia del demandado.
  • En materia de sucesiones: el tribunal competente será el del último domicilio del causante.
  • En materia de derechos reales inmobiliarios: el tribunal competente será el del lugar donde esté situado el inmueble.
  • En materia de arrendamientos: el tribunal competente será el del lugar donde esté situado el inmueble.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Todos los tribunales especializados tienen una competencia exclusiva, y la incompetencia debe ser invocada de oficio por el propio tribunal en cuestión. Los únicos órganos jurisdiccionales que pueden conocer de asuntos que no suelen ser de su competencia son el tribunal de primera instancia y el juzgado de primera instancia, respecto de asuntos que no son de su competencia exclusiva.

En principio, toda cláusula contractual que constituya una excepción a las reglas de competencia territorial y de asignación carece de valor, a menos que el contrato sea celebrado entre dos comerciantes y con la condición de que la claúsula sea precisa y explícita.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

  • El tribunal de lo mercantil: en principio, el tribunal competente será el del lugar de residencia del demandado. En materia de responsabilidad penal, el tribunal competente será el del lugar donde ocurrieron los hechos dañosos o el daño.
  • El tribunal paritario en materia de litigios sobre arrendamientos rústicos: el tribunal competente será el del lugar donde esté situado el inmueble.
  • El tribunal de lo social: el trabajador puede recurrir al tribunal de lo social de su lugar de trabajo, del lugar donde se celebró el contrato o de la sede social de la empresa para la que trabaja. Si no realiza su trabajo en ningún establecimiento, el tribunal competente será el de su domicilio.
  • El tribunal competente en cuestiones relativas a la seguridad social (hasta una fecha fijada por decreto y a más tardar el 1 de enero de 2019): en principio, el tribunal competente será el del domicilio del beneficiario, del empresario interesado o de la sede del organismo demandado, en caso de conflicto entre organismos cuyas sedes se encuentran en jurisdicciones diferentes.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaSitio web del Ministerio de Justicia

El enlace abre una nueva ventanaSitio web Legifrance

Última actualización: 23/07/2018

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Competencia jurisdiccional - Croacia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Se presenta una demanda ante el órgano jurisdiccional con competencia territorial o material para conocer del asunto y, en caso de litigio específico, ante un órgano jurisdiccional especializado. No obstante, solo la ciudad de Zagreb (Grad Zagreb) tiene un juzgado civil municipal (Općinski građanski sud) y un juzgado laboral municipal (Općinski radni sud) como órganos jurisdiccionales especializados para estos asuntos, mientras que en el resto del territorio los órganos jurisdiccionales municipales (Općinski sudovi) son competentes por lo general.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Las normas que rigen qué órganos jurisdiccionales son competentes se encuentran en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para ser precisos, se presenta una demanda ante el órgano jurisdiccional con competencia territorial general para el demandado, es decir, con competencia territorial general en función de la residencia o domicilio social temporales o permanentes del demandado, si este es una persona jurídica. Si se interpone una acción contra un condado, la ciudad de Zagreb, las ciudades y municipios, el órgano jurisdiccional con competencia territorial general se define en función del lugar en el que esté situado su órgano representativo.

No obstante, para los litigios contra la República de Croacia, el órgano jurisdiccional con competencia territorial general se define en función del lugar en el que el demandante tiene su residencia o domicilio social permanente en Croacia. Si el demandante no tiene residencia o domicilio social permanente en Croacia, el órgano jurisdiccional con competencia territorial general en los litigios contra la República de Croacia es el tribunal competente en la región en la que está situado el Parlamento croata (Hrvatski Sabor).

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Existe una distinción entre tribunales inferiores y superiores. Los juzgados municipales (Općinski sudovi) y los tribunales de comercio (Trgovački sudovi) son órganos jurisdiccionales de primera instancia, mientras que los juzgados de distrito (Županijski sudovi) y el Tribunal Superior de Comercio de la República de Croacia (Visoki trgovački sud RH) son tribunales de apelación. Para ser precisos, los juzgados de distrito resuelven sobre los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados municipales y el Tribunal Superior de Comercio de la República de Croacia resuelve sobre los recursos contra las resoluciones dictadas por los tribunales de comercio.

Únicamente en casos especiales definidos por la ley los juzgados de distrito y el Tribunal Superior de Comercio de la República de Croacia pueden ser tribunales de primera instancia, en cuyo caso sus resoluciones pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal Supremo de la República de Croacia (Vrhovni sud RH).

Por consiguiente, los tribunales superiores solo son competentes para conocer de los recursos en casos excepcionales en los que los tribunales inferiores declaren que no son competentes y remitan el asunto para su reexamen.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

Determinar qué órgano jurisdiccional es competente para un asunto específico depende de varias circunstancias; sin embargo, como regla general, el órgano jurisdiccional con competencia territorial general para el demandado será el órgano jurisdiccional competente.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

La norma básica de la competencia territorial es la residencia o el domicilio social permanente o temporal del demandado para las personas jurídicas.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

A modo de excepción de la norma básica de la competencia territorial general, la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 50 a 66) contempla casos de competencia territorial especial que se aplican a los colitigantes, los litigios sobre la pensión alimenticia, los litigios por daños, los litigios para la protección de derechos derivados de garantías de fabricación, los litigios matrimoniales, los litigios para establecer o denegar la paternidad o la maternidad, los litigios sobre bienes inmuebles e infracciones del derecho de propiedad, los litigios sobre aeronaves y buques, los litigios para determinar la competencia respecto a las personas para las que no hay competencia territorial general en la República de Croacia, los litigios para determinar la competencia en función del lugar en el que está situada la sucursal de una persona jurídica, los litigios para determinar la competencia en función del lugar en el que está situada la oficina de representación de una persona extranjera en la República de Croacia, los litigios para determinar la competencia en las relaciones con unidades organizativas de las fuerzas armadas de la República de Croacia, los litigios para determinar la competencia en las relaciones del Derecho de sucesión, los litigios para determinar la competencia en los procedimientos de ejecución y quiebra, los litigios para determinar la competencia en función del lugar de pago, los litigios para determinar la competencia relacionados con el empleo y los litigios para determinar la competencia recíproca en acciones judiciales contra ciudadanos extranjeros.

En los casos antes mencionados, el demandante siempre puede, aunque no está obligado a ello, elegir un órgano jurisdiccional diferente de aquel que corresponda al lugar de residencia del demandado, que se determinó por aplicación de la norma básica.

Por último, con arreglo al artículo 70 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden alcanzar un acuerdo sobre la competencia territorial de otro órgano jurisdiccional con competencia material, pero solo si no se trata de un órgano jurisdiccional con competencia exclusiva.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

En función de si se trata de un litigio civil o mercantil, se puede presentar una demanda ante un juzgado municipal (Općinski sud) o un tribunal de comercio (Trgovački sud), y en la ciudad de Zagreb también se puede presentar ante el juzgado laboral municipal (Općinski radni sud) en el caso de los litigios laborales.

Última actualización: 26/09/2018

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Competencia jurisdiccional - Italia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Determinados litigios civiles deben incoarse ante un órgano jurisdiccional especializado. Los litigios relativos a asuntos agrícolas los conocen salas especializadas de los órganos jurisdiccionales ordinarios, y los litigios relativos a asuntos comerciales y societarios los conoce el tribunal de lo mercantil (tribunale delle imprese). Otros órganos jurisdiccionales especializados son el tribunal de menores y el tribunal de asuntos relativos a las aguas públicas. En el resto de asuntos, las acciones civiles las conocen los órganos jurisdiccionales ordinarios, que pueden, no obstante, seguir procedimientos especiales, como por ejemplo en el caso de conflictos laborales y de litigios por arrendamientos.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

El órgano jurisdiccional competente se determina a partir de: la competencia jurisdiccional (el «foro general de las personas físicas» [foro generale delle persone fisiche] es el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado), en función del valor de la demanda (según la cual la demanda será conocida o por un juez de paz [giudice di pace] o por un órgano jurisdiccional general [tribunale]), o en función del asunto objeto de litigio (ciertos asuntos serán juzgados por órganos jurisdiccionales específicos con independencia del valor de la demanda, como por ejemplo, las solicitudes de nulidad matrimonial, que son conocidas por el órgano jurisdiccional general en su formación colegiada).

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

No existe una relación jerárquica entre los órganos jurisdiccionales, simplemente hay órganos jurisdiccionales con diferente competencia jurisdiccional. De acuerdo con el valor de la demanda, el asunto será conocido en primera instancia por un juez de paz o por el órgano jurisdiccional general. El órgano jurisdiccional general puede tener una formación unipersonal o colegiada, en función del asunto en cuestión. Los recursos contra sentencias dictadas en primera instancia los conocen normalmente los tribunales de apelación (corti d’appello). No obstante, en algunos casos los procedimientos han de incoarse ante un tribunal de apelación (se trata de asuntos en los que el tribunal de apelación tiene una competencia jurisdiccional funcional [competenza funzionale], por ejemplo, un recurso de anulación contra un laudo arbitral). Por norma, los asuntos son conocidos por el órgano jurisdiccional de primera instancia del lugar de residencia del demandado.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

Para poder establecer qué órgano jurisdiccional de primera instancia tiene competencia territorial, es necesario comprobar cuál es la ciudad de residencia o domicilio del demandado (que, como hemos visto, es el «foro general de las personas físicas») o localizar un órgano jurisdiccional de otro lugar donde los órganos jurisdiccionales tengan competencia alternativa sobre el tipo de asunto en cuestión, como en los litigios relativos a las obligaciones contractuales, en los que es competente el órgano jurisdiccional del lugar donde se contrajo la obligación.

Existen órganos jurisdiccionales especiales con competencia exclusiva para algunos litigios. En los asuntos relativos a consumo, el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar de residencia o domicilio del consumidor, y en los asuntos relativos a derechos de propiedad inmobiliaria, desahucios y embargos, el órgano jurisdiccional con competencia jurisdiccional es aquel donde se ubica la propiedad.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Para las personas físicas, el órgano jurisdiccional competente es normalmente el del lugar de residencia habitual (residenza), domicilio (domicilio) o, si ambos son desconocidos, el lugar de residencia temporal (dimora) del demandado. Si el demandado no tiene un lugar de residencia habitual, domicilio o lugar de residencia temporal en Italia, o si este último es desconocido, el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar de residencia del demandante.

Para las personas jurídicas, el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar donde se ubica su sede o, si el demandante lo prefiere, el lugar donde se encuentra alguno de sus establecimientos o alguno de sus representantes autorizados con capacidad de actuar en su nombre. Las sociedades colectivas sin entidad jurídica, las asociaciones y los comités tienen su sede en el lugar donde habitualmente desarrollan sus actividades.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Las excepciones a la regla del foro general son los órganos jurisdiccionales que tienen competencia exclusiva, por ejemplo, en los asuntos relativos al consumo, en los que el órgano jurisdiccional competente es el del lugar de residencia del consumidor.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

En algunos casos, existe la posibilidad de elegir entre el foro general y uno alternativo. Por ejemplo, junto con el foro general de las personas físicas o jurídicas, el demandante puede también elegir incoar la acción ante otro órgano jurisdiccional que se prevea opcionalmente para asuntos relativos a derechos contra personas determinadas (diritti di obbligazione): en tales casos, el demandante puede optar por el foro general o dirigirse al órgano jurisdiccional del lugar en el que se contrajo la obligación (con independencia de si el evento que la originó tenía o no carácter contractual), o al órgano jurisdiccional del lugar en el que la obligación debe cumplirse (artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Esto ocurre cuando un órgano jurisdiccional tiene competencia exclusiva. Un ejemplo es el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentran los bienes inmuebles, en los casos de desahucios o litigios relativos a derechos de propiedad. Otro ejemplo son los litigios relativos a consumo, en el que el órgano jurisdiccional competente es siempre el del lugar de residencia del consumidor.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Excepto en los casos en los que existe jurisdicción obligatoria (por ejemplo, cuando existe competencia territorial en asuntos relativos a bienes inmuebles), las partes pueden acordar conjuntamente un foro distinto (artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

En función de la naturaleza del litigio, serán competentes los órganos jurisdiccionales generales, que conocen de asuntos sobre derechos personales, o los órganos jurisdiccionales especializados, que se ocupan de los intereses legítimos o de materias específicas (por ejemplo, un tribunal de lo contencioso–administrativo, un tribunal de cuentas o un tribunal fiscal).

Dentro del sistema judicial general, el asunto objeto de litigio determinará si el caso será conocido por una sala especializada o por un juez. Por ejemplo, los litigios relativos a las empresas los conoce un tribunal de lo mercantil.

Enlaces relacionados:

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.giustizia.it/

Anexos relacionados:

Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 1-30 BISPDF(125 Kb)it

Última actualización: 30/07/2019

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Competencia jurisdiccional - Chipre

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Los tribunales civiles ordinarios (que en el sistema jurídico chipriota se denominan «tribunales de distrito») tienen competencia para juzgar la mayoría de los asuntos civiles.

Sin embargo, cuando el litigio se refiera a un conflicto jurídico especial, debe usted dirigirse al órgano jurisdiccional especial que tenga competencia para resolverlo.

Por ejemplo, los conflictos familiares (asuntos como divorcio, reclamación de la pensión alimenticia, patria potestad, comunicación con menores, resolución de conflictos patrimoniales, etc.) se resuelven en los tribunales de familia de la República de Chipre.

Para lo relacionado con conflictos laborales (relación entre empleador y empleado, por ejemplo, por despido improcedente, expedientes de regulación de empleo, etc.), deberá dirigirse al tribunal de trabajo del distrito en el que haya surgido el contencioso o, si este no existe, del distrito en el que el demandante tenga su domicilio habitual o su residencia permanente. Sin embargo, cuando las indemnizaciones reclamadas superan el salario de dos años, asumen la jurisdicción los tribunales civiles ordinarios (tribunales de distrito).

En cuanto a los litigios relacionados con bienes arrendados (por ejemplo, por subida del alquiler, desahucio, etc.), deberá dirigirse al tribunal de control de los alquileres del distrito en el que se encuentre el bien.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Véase la respuesta a la pregunta 2.2, más abajo.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

No existe diferenciación entre los tribunales civiles ordinarios de primera instancia en el sistema jurídico chipriota. Sin embargo, sí existe diferencia jerárquica entre los jueces de distrito (presidente del tribunal de distrito, juez decano de distrito o juez de distrito), de la que depende su competencia para juzgar determinados asuntos.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

El tribunal de distrito (tribunal civil ordinario) tiene competencia para solucionar cualquier litigio cuando:

  • el fundamento del litigio haya surgido al menos en parte dentro de los límites del distrito para el que fue establecido el tribunal;
  • en el momento en que se presentó la demanda, el demandado o alguno de los demandados residía o trabajaba en el distrito para el que fue establecido el tribunal;
  • todas las partes son chipriotas y el fundamento de la demanda surgió al menos en parte dentro de la zona de soberanía, o el demandado (o alguno de ellos) reside o trabaja en ella;
  • el fundamento de la demanda surgió al menos en parte dentro de la zona de soberanía debido al uso de un vehículo de motor por una persona que estaba o debía haber estado asegurada de conformidad con el artículo 3 de la Ley de vehículos de motor (seguro frente a terceros);
  • el fundamento de la demanda surgió al menos en parte dentro de la zona de soberanía, debido a un accidente o una enfermedad profesional de un trabajador como consecuencia y en el transcurso de su actividad profesional en relación con una responsabilidad del empresario por la cual estaba o debería haber estado asegurado de conformidad con el artículo 4 de la Ley de vehículos de motor (seguro frente a terceros);
  • la demanda se refiere a la distribución o la venta de bienes inmuebles o a cualquier otro asunto relacionado con bienes inmuebles situados dentro de los límites del distrito para el cual fue establecido el tribunal.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Las demandas que se refieren a una fundación benéfica, una patente o una marca comercial que sean competencia del tribunal de distrito en virtud del artículo 7 y el cuadro de la Ley 29/1983 pueden interponerse ante cualquier tribunal de distrito.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Cuando, en los casos a los que se hace referencia en el apartado 2.2.1, existe ya una competencia territorial alternativa, o en los casos mencionados en el punto 2.2.2.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

En caso de competencia exclusiva sobre el bien inmueble (véase el último punto de la respuesta 2.2.1).

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

No.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

En general, el procedimiento lo pone en marcha un abogado autorizado, que sabe a qué órgano jurisdiccional debe dirigirse. En caso de que no haya un representante legal, se puede obtener información dirigiéndose al registro del Tribunal Supremo.

Tribunal Supremo de Chipre

Charalambou Mouskou,

1404 Nicosia, Chipre

Tel.: +357 22865741

Fax: +357 22304500

Correo electrónico: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Última actualización: 13/05/2019

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Competencia jurisdiccional - Letonia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

La Ley de Enjuiciamiento Civil garantiza que toda persona, física o jurídica, tiene derecho a la protección judicial de sus derechos civiles, si esos derechos son vulnerados o impugnados, y a la protección judicial de cualquier interés salvaguardado por la legislación. Como norma general, los litigios civiles son juzgados por los tribunales, que siguen los procedimientos judiciales ordinarios. En asuntos excepcionales, y solamente cuando la legislación así lo especifica, los litigios civiles pueden ser dirimidos mediante otros procedimientos extrajudiciales. Cuando la legislación lo contemple, un tribunal también dirimirá las demandas presentadas por personas físicas y jurídicas que por su naturaleza no sean litigios civiles. En todos los asuntos, sin embargo, la asignación de un litigio será decidida por un tribunal o un juez. Si un tribunal o un juez reconoce que un litigio no compete a un tribunal, la decisión a este efecto indicará el órgano responsable de juzgar el litigio.

En Letonia no existen tribunales especializados que se ocupen de dirimir categorías particulares de asuntos civiles. No obstante, las normas ordinarias de competencia están sujetas a determinadas excepciones que estipulan el rango del tribunal que debe dirimir el asunto en primera instancia.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

El tribunal de primera instancia entiende sobre el fondo de los asuntos civiles. La legislación especifica que algunos asuntos deben ser dirimidos por un tribunal regional.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

El fondo de un asunto no puede ser examinado en un tribunal superior hasta que haya sido dirimido por un tribunal de rango inferior. El tribunal de primera instancia para asuntos civiles es el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa) o el tribunal regional (apgabaltiesa) al que compete el asunto. En los procesos civiles, los asuntos son considerados en cuanto a su fondo por el tribunal competente para el tipo de asunto, el objeto y el lugar del litigio.

Si un asunto es competencia de los tribunales, como norma será dirimido en el tribunal de distrito o municipal, aunque la legislación especifica que algunos asuntos deben ser juzgados por un tribunal regional.  Los siguientes asuntos son dirimidos en primera instancia por el tribunal regional:

  • litigios sobre derechos de propiedad relacionados con bienes inmuebles, excepto para la división de los bienes de los cónyuges;
  • asuntos que conciernan a la protección de derechos de patente, marcas comerciales e indicaciones del origen geográfico;
  • asuntos referentes a la insolvencia y la liquidación de entidades de crédito.

Si un solo asunto incluye varias demandas, y si algunas demandas competen al tribunal de distrito o municipal y otras al tribunal regional, o si se ha interpuesto ante un tribunal de distrito o municipal una contrademanda que es competencia de un tribunal regional, el asunto será dirimido en el tribunal regional.

Los asuntos civiles que impliquen un secreto oficial serán competencia del tribunal regional de Riga (Rīgas apgabaltiesa) como tribunal de primera instancia.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

Los asuntos civiles son asignados para su instrucción en primera instancia a tribunales de diferentes niveles, basándose en su objeto: los asuntos son clasificados según la categoría y la naturaleza de la demanda. No obstante, incluso entonces los tribunales del mismo rango tienen su propia competencia territorial.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Los procedimientos generales relativos a la competencia judicial territorial establecen que una demanda contra una persona física deberá ser interpuesta ante el tribunal de lugar de residencia declarado de la persona (artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Una demanda contra una persona jurídica se debe interponer ante el tribunal competente en la ubicación donde esa persona tiene su sede oficial. Así pues, el tribunal de primera instancia apropiado se determina por el objeto y por las normas que rigen la competencia judicial territorial.

2.2.2 Excepciones a la regla general

La ley de Enjuiciamiento Civil también especifica excepciones a las normas sobre competencia territorial en asuntos civiles, en las que un demandante puede escoger entre interponer una demanda de conformidad con las disposiciones generales de la competencia territorial, es decir, presentarla ante el tribunal del lugar de residencia declarado o de la sede oficial del demandado, o interponer un recurso ante un tribunal de primera instancia diferente, del mismo rango, designado por la legislación como tribunal alternativo.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Una demanda contra un acusado que no ha declarado un lugar de residencia debe ser presentada ante el tribunal determinado por el lugar de residencia de facto del demandado.

Si el lugar de residencia de facto del demandado es desconocido, o si el demandado no tiene un lugar de residencia habitual en Letonia, la demanda se presentará ante el tribunal del lugar donde esté ubicado cualquier bien inmueble perteneciente al demandado, o en el lugar donde el demandado haya tenido su última residencia.

En algunos asuntos definidos en la legislación, el demandante tiene determinados derechos a elegir interponer la demanda ante un tribunal determinado por el lugar de residencia declarado o por la sede oficial del demandado, o ante otro tribunal.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Las normas referentes a la elección de la competencia judicial por parte del demandante se recogen en la artículo 28 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye una relación detallada de tipos de asuntos y de tribunales alternativos ante los que es posible presentar una demanda.

  • Las demandas relacionadas con las actividades de una sucursal o de una oficina de representación de una persona jurídica también pueden ser presentadas ante el tribunal de la sede oficial de dicha sucursal u oficina de representación.
  • También es posible presentar ante el tribunal del lugar de residencia declarado de demandado una demanda relacionada con el cobro de ayudas alimenticias para los hijos o los progenitores, o con una declaración de paternidad.
  • Una demanda por daños corporales (secciones 2347-2353 del Derecho Civil) que haya ocasionado una discapacidad, otro daño para la salud o el fallecimiento de la persona afectada también puede ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado del acusado o del lugar donde se produjo el daño.
  • Las demandas relativas a daños contra la propiedad de una persona física o jurídica también pueden ser interpuestas ante el tribunal del lugar donde se causó el daño.
  • También es posible presentar ante el tribunal del lugar de residencia declarado de acusado una demanda relacionada con la restitución de propiedades, o con la compensación por el valor de estas.
  • Las demandas marítimas también pueden ser presentadas ante el tribunal de un lugar donde se haya embargado una embarcación perteneciente al demandado.
  • Es posible presentar una demanda contra varios acusados que residen o que están localizados en lugares diversos, ante el tribunal del lugar de residencia o de la sede oficial del demandado.
  • Se puede presentar una demanda relacionada con un divorcio o una nulidad matrimonial ante el tribunal del lugar de residencia declarado del demandado si:
    • hay menores residiendo con el demandado;
    • el matrimonio que se va a disolver es con una persona que cumple una pena de cárcel;
    • el matrimonio que se va a disolver es con una persona cuyo lugar de residencia es desconocido o que reside en el extranjero.
  • Una demanda derivada de una relación laboral puede ser interpuesta ante el tribunal del lugar de residencia declarado o del lugar de trabajo del demandante.

Si, en los asuntos indicados anteriormente, el demandante  no tiene un lugar de residencia declarado, es posible presentar la demanda ante el tribunal del lugar de residencia de facto del demandado.

Asimismo se contempla la competencia judicial exclusiva en los asuntos civiles, que invalida no solamente la competencia territorial ordinaria, sino también todas las otras formas de competencia territorial. En los siguientes casos, la competencia judicial la determina el tipo de demanda.

Una demanda referente a derechos de titularidad o a cualquier otro derecho de propiedad relativo a bienes inmuebles o accesorios de estos, o una demanda referente al registro estos derechos en el catastro o a la anulación de esos derechos y a la exclusión de la propiedad del registro; deberá ser presentada ante el tribunal del lugar donde está situada la propiedad.

Cuando se interponga una demanda por los bienes de un fallecido, y cuando no existan herederos conocidos que hayan sido confirmados o que hayan aceptado la herencia, la competencia judicial corresponderá al tribunal del lugar de residencia declarado o del lugar de residencia de facto del fallecido; pero si el lugar de residencia declarado o el lugar de residencia de facto del fallecido no se encuentra en Letonia o es desconocido, la competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se localice la propiedad de los bienes o una parte de esta.

La competencia judicial exclusiva también puede ser establecida por otros actos legislativos.

Las disposiciones recogidas más adelante también son de aplicación a asuntos sujetos a procedimientos judiciales especiales:

Las demandas de autorización de adopción deben presentarse ante el tribunal del lugar de residencia declarado del adoptante o, en su defecto, del lugar de residencia de facto del adoptante. Las demandas de anulación de una adopción deberán presentarse en el tribunal del lugar de residencia declarada del solicitante o, en su defecto, en el del lugar de residencia de facto del solicitante.

Las demandas de autorización de adopción que son presentadas por un ciudadano extranjero, o por una persona que reside en un Estado extranjero, deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado del adoptado, y si el adoptado está en acogida extrafamiliar la demanda debe dirigirse al tribunal del lugar donde se está produciendo la acogida (artículo 259, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Las demandas  para limitar la capacidad de una persona para actuar debido a una enfermedad mental o a otro trastorno de su salud deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado de la persona, o en su defecto del lugar de residencia de facto de la persona. Si la persona ha sido ingresada en una institución médica, la demanda será dirigida al tribuna del lugar donde esté situada la institución médica (artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Una demanda para limitar la capacidad de actuar y establecer un régimen de tutela para una persona debido a su estilo de vida disoluto o despilfarrador, o al consumo excesivo de alcohol o de otras sustancias estupefacientes, deberá ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado de esa persona, o en su defecto en el lugar de residencia de facto de esa persona (artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Los asuntos referentes a la tutela sobre los bienes de una persona ausente o desaparecida serán juzgados por el tribunal del último lugar de residencia de esa persona (artículo 278 de la Ley).
  • Las solicitud para declarar fallecida a una persona desaparecida deben ser presentadas ante el tribunal del último lugar de residencia de esa persona (artículo 282 de la Ley).
  • Las solicitudes para que un tribunal establezca hechos de pertinencia jurídica deben presentarse al tribunal del lugar de residencia declarado del solicitante, o en su defecto al del lugar de residencia de hecho del solicitante (artículo 290 de la Ley).
  • Las solicitudes para poner fin a los derechos sobre bienes inmuebles deben ser presentadas ante el tribunal del lugar donde estén situados los bienes; las demandas para poner fin a cualquier otro derecho deben ser presentadas ante el tribunal del lugar de residencia declarado del solicitante, o en su defecto al del lugar de residencia de facto del solicitante, o en el caso de una persona jurídica al de la sede oficial, a menos que la ley indique otro extremo (artículo 294, apartado 2 de la Ley).
  • Las solicitudes para la cancelación de un documento perdido, robado o destruido y para la renovación de los derechos relacionados con dicho documento deberán ser presentadas ante el tribunal del lugar de pago indicado en el documento, o, si el lugar de pago es desconocido, ante el tribunal del lugar de residencia declarado del donante, o en su defecto el del lugar de residencia de facto del deudor, o en el caso de una persona jurídica el de la sede oficial; si el lugar de residencia de facto o la sede oficial del deudor también son desconocidos, la solicitud deberá dirigirse al tribunal del lugar donde se emitió el documento (artículo 299 de la Ley).
  • Las solicitudes para el rescate de bienes inmuebles serán presentada ante el tribunal del lugar donde estén situados los bienes (artículo 336 de la Ley).
  • Las demandas de medidas para garantizar el pago de una deuda serán tramitadas por el tribunal del lugar donde el deudor tiene su sede oficial (artículo 341.1 de la Ley).

Un asunto relativo a la insolvencia de una persona jurídica será juzgado por el tribunal del lugar donde el deudor tiene su sede oficial. La competencia judicial para iniciar procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 1 del Reglamento nº El enlace abre una nueva ventana1346/2000 del Consejo corresponde al tribunal del lugar donde el deudor tiene su centro de principales intereses. No obstante, si se inicia un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 2 de ese Reglamento, el asunto será juzgado por el tribunal de un lugar en el que el deudor tenga un «establecimiento» en el sentido del artículo 2, letra h), del Reglamento (artículo 363.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Un asunto relativo a la insolvencia de una persona física será juzgado por el tribunal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor. La competencia judicial para iniciar procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 1 del Reglamento nº El enlace abre una nueva ventana1346/2000 del Consejo corresponde al tribunal del lugar donde el deudor tiene su centro de principales intereses. No obstante, si se inician procedimientos de insolvencia en aplicación del artículo 3, apartado 2 de ese Reglamento, el asunto será juzgado por el tribunal del lugar donde el deudor tenga un «establecimiento» en el sentido del artículo 2, letra h) del Reglamento (artículo 363.22 de la Ley).

Los asuntos relacionados con la insolvencia o la liquidación de entidades de crédito serán juzgados por el tribunal del lugar donde la entidad tiene su sede oficial (artículo 364 de la Ley).

  • Un empresario puede presentar una demanda para declarar ilegal una huelga o una convocatoria de huelga, por los motivos recogidos en la Ley de huelgas y de conformidad con el procedimiento contemplado en ella: la demanda para declarar ilegal la huelga o la convocatoria de huelga deberá ser presentada ante el tribunal del lugar donde se producirá la huelga (artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Los representantes de los trabajadores pueden presentar una solicitud para que se declare ilegal el cierre patronal o el anuncio de cierre patronal alegando las razones establecidas en la Ley de Conflictos Laborales y siguiendo los procedimientos contemplados en ella. Las solicitudes para que se declare ilegal un cierre patronal o un anuncio de cierre patronal se presentarán ante el tribunal del lugar en que vaya a producirse el cierre patronal (artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Asuntos relacionados con el cumplimiento forzoso de obligaciones (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana):

  • Las demandas para la venta voluntaria de bienes inmuebles en subasta a través de un juzgado deben presentarse ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde está situada la propiedad inmueble (artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Las demandas para el cumplimiento forzoso de pagos monetarios o para la devolución de bienes muebles o para el cumplimiento forzoso de obligaciones en virtud de contratos garantizados por un compromiso mercantil serán presentadas ante la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia de facto del deudor (artículo 403, apartado 1 de la Ley).
  • Las demandas para el cumplimiento forzoso en virtud de documentos que garanticen bienes inmuebles, o el cumplimiento forzoso de una obligación para renunciar a o devolver bienes inmuebles arrendados o alquilados, deben ser presentadas ante la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde están situados los bienes inmuebles. Si una obligación está garantizada con varias propiedades inmobiliarias, y si las demandas son competencia de las oficinas de registro de la propiedad de diferentes tribunales de distrito o municipales, la demanda será tramitada por la oficina de registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar donde estén situados los bienes inmuebles, a elección del solicitante (artículo 403, apartado 2 de la Ley).
  • Las demandas para el cumplimiento forzoso basadas en una obligación de hipoteca naval deben ser dirigidas a la oficina del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de registro de dicha obligación (artículo 403, apartado 3 de la Ley).

Asuntos relacionados con el cumplimiento de obligaciones notificado por el tribunal (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā):

Una demanda de cumplimiento de obligaciones notificado por el tribunal se presentará ante la oficina del registro de la propiedad del tribunal de distrito o municipal del lugar de residencia declarado del deudor, o en su defecto del lugar de residencia o de la sede oficial de facto del deudor (artículo 406.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

En efecto, esta posibilidad existe: La legislación letona permite a las partes escoger el tribunal con competencia territorial para su asunto mediante un acuerdo entre ellas. Cuando firman un contrato, las partes pueden especificar el tribunal de primera instancia donde se resolverán los futuros litigios relativos al contrato o al cumplimiento de sus términos. No pueden modificar la competencia judicial con respecto al objeto de un litigio, es decir, el rango del tribunal que dirimirá el caso en primera instancia (artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ni pueden modificar cualquier competencia judicial exclusiva (artículo 29 de la Ley). La competencia judicial por mutuo acuerdo está sujeta a dos restricciones:

  • La elección de la competencia judicial puede ser ejercida únicamente en el caso de litigios contractuales.
  • El acuerdo que determina la competencia judicial territorial debe ser alcanzado en el momento de celebrarse el contrato, y se debe indicar el tribunal específico que dirimiría un posible litigio en primera instancia. Cuando celebran el contrato, no es posible para las partes prever la cuantía de una demanda potencial, y por tanto el contrato deberá permitir una elección alternativa del tribunal de primera instancia: deberá indicar un tribunal de distrito o municipal específico así como un tribunal regional específico ante el cual las partes presentarán los litigios, en función de la cuantía de la demanda.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

En virtud de la legislación letona, los tribunales de competencia general dirimen asuntos tanto civiles como penales. Letonia no cuenta con tribunales especializados, por ejemplo tribunales de familia, ni con jueces dedicados a cuestiones jurídicas específicas, como sucede en otros países.

Tal y como se ha explicado anteriormente, el fondo de un asunto civil se examina en un tribunal de primera instancia y no puede ser examinado en un tribunal de rango superior hasta que el asunto haya sido resuelto por el tribunal de rango inferior. El tribunal de primera instancia para asuntos civiles es el tribunal de distrito o municipal, o el tribunal regional al que compete el asunto. Como norma general, todos los litigios civiles son competencia de los tribunales, que se ocupan de ellos siguiendo los procedimientos judiciales ordinarios.

Última actualización: 07/02/2019

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Competencia jurisdiccional - Lituania

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

El artículo 12 de la Ley sobre órganos jurisdiccionales (Lietuvos Respublikos teismų įstatymas) establece un sistema judicial uniforme integrado por órganos jurisdiccionales ordinarios y órganos jurisdiccionales especializados.

Los órganos jurisdiccionales ordinarios (los tribunales de primera instancia, que son los tribunales de distrito y los tribunales regionales) conocen de todos los litigios en materia civil, de familia, laboral, de propiedad intelectual, de concursos de acreedores, de reestructuración y de otras relaciones privadas. También conocen de procedimientos judiciales extraordinarios y deciden sobre solicitudes de reconocimiento y ejecución en la República de Lituania de resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras [Artículo 22 del Código de Procedimiento Civil (Civilinio proceso kodeksas)].

Los órganos jurisdiccionales especializados, es decir, los tribunales de lo contencioso-administrativo (los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo) conocen de asuntos contencioso-administrativos nacidos de relaciones jurídicas de índole administrativa.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

El demandante puede interponer una demanda ante el tribunal que desee, siguiendo los criterios siguientes:

  • las demandas contra una persona cuyo lugar de residencia se desconozca podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre algún bien inmueble de su propiedad o su último lugar de residencia conocido;
  • las demandas contra una persona que no tenga un lugar de residencia en la República de Lituania podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre algún bien inmueble de su propiedad o su último lugar de residencia conocido en la República de Lituania;
  • las demandas de fijación de una pensión de alimentos y determinación de paternidad podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante;
  • las demandas de indemnización por daños a la salud de una persona, incluida la muerte, podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante o del lugar donde se produjo el daño;
  • las demandas de indemnización por daños a la propiedad de una persona podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia (domicilio social) del demandante o del lugar donde se produjo el daño;
  • las demandas de indemnización por daños resultantes de condenas ilegales, aplicación ilegal de medidas de prisión preventiva, detenciones ilegales, aplicación ilegal de medidas procesales coercitivas o sanciones administrativas ilegales (detención), así como daños producidos por los actos ilegales de un juez o un órgano jurisdiccional durante un juicio civil, podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante;
  • las demandas relacionadas con un acuerdo/contrato en el que se indique su lugar de ejecución también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional de dicho lugar de ejecución;
  • las demandas relacionadas con los actos del tutor, del titular de la patria potestad o del administrador de los bienes de un menor también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia (domicilio social) de dicho tutor, titular de la patria potestad o administrador de los bienes del menor;
  • las demandas relacionadas con contratos celebrados por consumidores también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del consumidor;
  • las demandas relacionadas con las actividades de la sucursal de una entidad jurídica también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del domicilio social de dicha sucursal;
  • las demandas de indemnización por daños producidos por una colisión de buques o de indemnización por salvamento marítimo o por cualquier otro litigio que resulte de una relación jurídica relacionada con la navegación marítima también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar o del puerto en el que esté matriculrado el buque del demandado.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Son competentes para conocer en primera instancia de asuntos civiles los tribunales de distrito y los tribunales regionales (artículo 25 del Código de Procedimiento Civil).

La norma general consagrada en este Código es que los tribunales de distrito tienen competencia para conocer de todos los asuntos civiles. Sin embargo, existe una excepción a la norma general, según la cual determinados asuntos corresponden a los tribunales regionales o se sitúan bajo la competencia exclusiva del Tribunal Regional de Vilna

La atribución de la competencia a uno u otro órgano jurisdiccional dependerá de la cuantía del asunto; los tribunales regionales son competentes para conocer de asuntos civiles cuya cuantía supere las 150 000 litas, a excepción de los asuntos de familia, los laborales y los relacionados con indemnizaciones por perjuicios morales.

La atribución de la competencia también depende de factores distintos de la demanda en sí.

Los tribunales regionales también conocen en primera instancia de los siguientes asuntos civiles:

asuntos relacionados con derechos de autor de contenido no patrimonial;

asuntos vinculados con relaciones jurídicas nacidas de licitaciones públicas civiles;

asuntos relacionados con concursos de acreedores y reestructuración de empresas, excluida la insolvencia de personas físicas;

asuntos en los que una de las partes sea un Estado extranjero;

asuntos relacionados con demandas por la venta forzosa de acciones (participaciones financieras e intereses);

asuntos relacionados con demandas por la investigación de las actividades de personas jurídicas;

asuntos relacionados con demandas de indemnización por daños materiales y morales producidos por la vulneración de derechos reconocidos de los pacientes;

9) otros asuntos civiles respecto de los cuales los tribunales regionales son competentes en primera instancia con arreglo a leyes específicas.

El Tribunal Regional de Vilna tiene competencia exclusiva para conocer en primera instancia de los siguientes asuntos civiles:

asuntos relacionados con los litigios a los que se refiere la Ley sobre Patentes (Lietuvos Respublikos patentų įstatymas);

asuntos relacionados con los litigios a los que se refiere la Ley de Marcas (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas);

asuntos relacionados con solicitudes de adopción de ciudadanos lituanos con residencia en la República de Lituania presentadas por nacionales de otros Estados;

otros asuntos civiles para los que el Tribunal Regional de Vilna tenga competencia exclusiva en primera instancia con arreglo a leyes específicas.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Las demandas se interponen ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado. Las demandas contra personas jurídicas se interponen ante el órgano jurisdiccional del domicilio social de la persona jurídica que figure en el Registro de Personas Jurídicas. Cuando la parte demandada sea el Estado o un municipio, la demanda se interpondrá ante el órgano jurisdiccional de la sede de dicho organismo estatal o municipal.

2.2.2 Excepciones a la regla general

El demandante podrá elegir entre varios órganos jurisdiccionales con competencia para conocer del asunto en cuestión.

Asimismo, las partes pueden ponerse de acuerdo sobre el órgano jurisdiccional ante el cual ha de interponerse la demanda. El artículo 32 del Código de Procedimiento Civil dispone que las partes pueden modificar de mutuo acuerdo la competencia territorial del órgano jurisdiccional que conocerá de su asunto, excepto cuando un tribunal tenga competencia exclusiva para ello.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

De conformidad con el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, el demandante puede elegir qué tribunal será competente para conocer de su asunto en los siguientes casos:

las demandas contra una persona cuyo lugar de residencia se desconoce podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre un bien inmueble de su propiedad o su último lugar de residencia conocido;

las demanda contra las personas que no tengan un lugar de residencia en la República de Lituania podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre un bien inmueble de su propiedad o su último lugar de residencia conocido en la República de Lituania;

las demandas relacionadas con las actividades de la sucursal de una entidad jurídica también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del domicilio social de dicha sucursal;

las demandas de fijación de una pensión compensatoria o de determinación de paternidad también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante;

las demandas de indemnización por daños a la salud de una persona, incluida la muerte, podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante o del lugar donde se produjo el daño;

las demandas de indemnización por daños a la propiedad de una persona podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia (domicilio social) del demandante o del lugar donde se produjo el daño;

las demandas de indemnización por daños resultantes de condenas ilegales, aplicación ilegal de medidas de prisión preventiva, detenciones ilegal, aplicación ilegal de medidas procesales coercitivas o sanciones administrativas ilegales (detención), así como daños producidos por los actos ilegales de un juez o un órgano jurisdiccional durante un juicio civil, podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante;

las demandas de indemnización por daños producidos por una colisión de buques o de indemnización por salvamento marítimo o por cualquier otro conflicto que resulte de una relación jurídica relacionada con la navegación marítima podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar o del puerto en el que esté matriculado el buque del demandado;

las demandas relacionadas con un acuerdo/contrato en el que se indique su lugar de ejecución también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional de dicho lugar de ejecución;

las demandas relacionadas con los actos del tutor, del titular de la patria potestad o del administrador de los bienes de un menor también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia (domicilio social) de dicho tutor, persona a cargo de la patria potestad o administrador de los bienes del menor;

las demandas relacionada con contratos celebrados por consumidores también podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del consumidor;

Asimismo, las demandas contra varias personas con residencia en distintos lugares podrán interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o del domicilio social de una de ellas, a discreción del demandante (artículo 33, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil).

Las demandas relacionadas con un acuerdo/contrato en el que se indique el lugar su ejecución podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o del domicilio social del demandado o del lugar de ejecución indicado en el contrato/acuerdo, a discreción del demandante. Una demanda relacionada con contratos celebrados por consumidores podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o de la sede social del demandante o del consumidor.

Una demanda de fijación de una pensión compensatoria podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o de la sede social del demandado o del demandante, a discreción del demandante.

Las demanda civiles de indemnización por daños derivados de una acción penal podrán interponerse de acuerdo con las normas sobre competencia contenidas en el Código de Procedimiento Civil, siempre que la demanda no se haya interpuesto o satisfecho en el procedimiento penal.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

El artículo 31, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil, prevé las siguientes excepciones a la norma general sobre la competencia territorial, que el demandante debe respetar al incoar un procedimiento judicial:

Las demandas relacionadas con derechos reales sobre bienes inmuebles y el uso de bienes inmuebles, a excepción de aquellas vinculadas con la liquidación del régimen matrimonial en procesos de divorcio y la cancelación de ejecución de hipotecas, deben interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre el inmueble o la parte principal de este.

Las demandas por parte de acreedores de una sucesión interpuestas antes de que los herederos hubiesen aceptado la herencia deben interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre la herencia o la parte principal de esta.

Es preciso destacar asimismo que, de conformidad con el artículo 33, apartados 2 a 4, del Código de Procedimiento Civil de la República de Lituania:

las demandas de reconvención deben interponerse ante el órgano jurisdiccional que conoció de la demanda inicial, independientemente de cuál sea el tribunal competente para conocer de la reconvención. Si aumenta la cuantía de la demanda, si cambia su objeto o si la interposición de una demanda de reconvención modifica la competencia, el tribunal que conoció de la demanda inicial deberá resolver todas las cuestiones inherentes a la demanda (reconvención) y pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Si las pretensiones de alguno de los demandantes deben interponerse de conformidad con las normas de competencia exclusiva, toda la demanda deberá interponerse con arreglo a estas normas.

Si las pretensiones de alguno de los demandantes son competencia de un tribunal regional, toda la demanda deberá ser examinada por dicho tribunal.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Las partes pueden modificar la competencia territorial del tribunal que vaya a conocer de su asunto por acuerdo escrito mutuo. Sin embargo, ello no será posible cuando un órgano jurisdiccional tenga competencia exclusiva para conocer de dicho asunto (artículo 32 del Código de Procedimiento Civil).

En circunstancias excepcionales, la competencia de un tribunal para conocer de un asunto podrá ser determinada por la participación de la parte demandada.

Un órgano jurisdiccional podrá remitir el asunto a otro cuando la parte demandada cuyo lugar de residencia fuera, en un principio, desconocido, solicite que el proceso sea remitido al tribunal de su lugar de residencia (artículo 34, apartado 2, punto 2), del Código de Procedimiento Civil).

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Los órganos jurisdiccionales especializados de la República de Lituania no conocen de asuntos civiles, mercantiles o de familia, sino solo de asuntos relacionados con relaciones jurídicas de índole administrativa.

Última actualización: 24/08/2018

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Competencia jurisdiccional - Luxemburgo

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

En Luxemburgo, el órgano jurisdiccional ordinario en materia civil y mercantil es el tribunal de distrito (tribunal d’arrondissement). Hay dos distritos y, por lo tanto, un tribunal de distrito con sede en Luxemburgo y otro con sede en Diekirch.

El tribunal de distrito tiene competencia en todos los asuntos civiles y mercantiles para los cuales la ley no establece la competencia de otro órgano jurisdiccional.

Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que ocurre en otros países, no existe un órgano jurisdiccional específico para los asuntos mercantiles, que son tramitados por las salas especializadas del tribunal de distrito. Los asuntos mercantiles siguen por tanto un procedimiento simplificado.

Los órganos jurisdiccionales especiales conocen de los siguientes asuntos:

  • Los asuntos de escasa cuantía: si la cuantía del litigio no sobrepasa los 10 000 EUR, será competente el juez de paz (juge de paix). Hay tres juzgados de paz con sede en Luxemburgo, Esch-sur-Alzette y Diekirch, cada uno de los cuales tiene competencia en un territorio determinado.
  • Los asuntos relacionados con el Derecho del trabajo: cuando un litigio nace de la ejecución de un contrato laboral, la competencia recae en el juzgado de trabajo (tribunal du travail). Hay tres juzgados de trabajo con sede en Luxemburgo, Esch-sur-Alzette y Diekirch, respectivamente, cada uno de los cuales tiene competencia en un territorio determinado. En la práctica el juzgado de trabajo se encuentra en las instalaciones del juzgado de paz.
  • Los asuntos relativos a contratos de arrendamiento de bienes inmuebles: la ley confiere a los jueces de paz la competencia para conocer de los litigios en materia de ejecución de los contratos de alquiler, independientemente de su cuantía. Hay que observar que si el litigio se refiere a la fijación del alquiler, la ley prevé que antes de acudir al juez es necesario plantear el asunto a una comisión de alquileres (commission des loyers), que existe en cada municipio.
  • Los asuntos de vecindad: la mayoría de los conflictos de vecindad relativos a, por ejemplo, servidumbres o problemas de medianías, son competencia de los jueces de paz. Sin embargo, si el asunto se complica y se presenta una demanda por daños y perjuicios, el elemento determinante es la cuantía de la demanda: por encima de 10 000 EUR, es competente el tribunal de distrito.
  • Los asuntos relativos a la Seguridad Social: la ley atribuye al Consejo arbitral de la Seguridad Social (Conseil arbitral de la sécurité sociale) la competencia en esta materia. Este Consejo tiene su sede en Luxemburgo y su competencia se extiende al conjunto del territorio del país.
  • Los problemas relativos al endeudamiento excesivo: la ley atribuye atribuye la competencia para resolver estos asuntos al juez de paz.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Los jueces de paz son competentes para decidir en los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía (descontados intereses y gastos) no sobrepase los 10 000 EUR. Por encima de esa suma, la competencia corresponde al tribunal de distrito.

El tribunal de distrito es competente siempre en los asuntos que no tienen contenido monetario como, por ejemplo, los asuntos de familia.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Como norma general, la competencia recae en el órgano jurisdiccional del lugar donde reside el demandado. Esta norma se explica por la voluntad de proteger a este último, pues se presume que puede defenderse más fácilmente ante el juez más próximo a su domicilio.

Si el demandado es una persona física, es el órgano jurisdiccional del lugar de su domicilio o su residencia.

En el caso de que la parte demandada sea una persona jurídica (civil o mercantil), podrá ser demandada no solo ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre su domicilio social, sino también ante el del lugar donde tenga una sucursal o agencia, siempre que en ambos casos tenga allí un representante facultado para actuar frente terceros y que el litigio se haya originado en el ámbito de la actividad de esta sucursal o agencia.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?
  • En materia contractual: el demandante puede plantear el asunto en el lugar del domicilio del demandado o, según la naturaleza del contrato, en el de la entrega del bien o en el de ejecución de la prestación del servicio.
  • En materia de responsabilidad penal o de tramitación de una demanda civil en el marco de un procedimiento penal: la demanda puede presentarse ante el órgano jurisdiccional de donde reside el demandado o ante el del lugar donde se sufrió el daño o se produjo el hecho dañoso.
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

1.º En materia de solicitud de autorización de matrimonio entre menores, solicitud de nulidad matrimonial, solicitud de levantamiento de la suspensión de la celebración del matrimonio, renovación de dicha suspensión, oposición al matrimonio y levantamiento de dicha suspensión.

2.º En materia de demandas relativas a las capitulaciones y regímenes matrimoniales, y de separación de bienes.

3.º En materia de derechos y deberes de los cónyuges, y de la contribución a las cargas del matrimonio y de la unión registrada.

4.º En materia de cese de uniones registradas.

5.º En materia de demandas sobre pensiones alimenticias.

6.º En materia de demandas relativas al ejercicio del derecho de visita, de alojamiento y de contribución a la manutención y la educación de los hijos.

7.º En materia de demandas sobre patria potestad, a excepción de las relacionadas con su privación.

8.º En materia de decisiones sobre la administración legal de los bienes del menor y su tutela.

9.º En materia de solicitud de prohibición de regreso al domicilio de las personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares en virtud del artículo 1, párrafo 1, de la ley (modificada), de 8 de septiembre de 2003, relativa a la violencia doméstica. Asimismo, la prórroga de dichas prohibiciones en virtud del artículo 1, párrafo 2, de la mencionada ley, y los recursos interpuestos contra dichas medidas.

El tribunal de distrito competente es, salvo que se disponga otra cosa:

- el del lugar de residencia de la familia;

- si los padres viven separados, el del domicilio del progenitor con el que vive normalmente el menor si la custodia es compartida, o el del domicilio del progenitor que tenga la custodia si esta es exclusiva;

- en el resto de casos, el del domicilio del progenitor que no ha iniciado el proceso.

En el caso de demanda conjunta, el juez competente será el del lugar de residencia de una u otra de las partes, a su discreción.

Sin embargo, si el litigio se refiere solamente a la pensión de alimentos entre cónyuges, la contribución a la manutención y la educación de los hijos, la contribución a las cargas del matrimonio o la prestación compensatoria, el juez competente podrá ser el del lugar de residencia del cónyuge o ex pareja acreedora, o del que asuma la responsabilidad principal de los hijos, aunque estos sean mayores de edad.

La competencia territorial la determina el domicilio en el día de la demanda o, en materia de divorcio, el día en el que se presenta la solicitud inicial.

  • En caso de solicitud de asistencia judicial en materia de custodia y derecho de visita respecto de un hijo, el tribunal competente es el de la jurisdicción en la que vive o presuntamente vive el hijo.
  • En materia de divorcio, separación y sus consecuencias, el tribunal competente es el de la circunscripción de la residencia común de los cónyuges. Si los esposos tienen residencias distintas, será el del domicilio del cónyuge demandado o, en caso de divorcio por mutuo acuerdo, el de uno de los dos.
  • En materia de sucesiones, el tribunal competente es el del último domicilio del difunto.
  • En materia de arrendamientos, el tribunal competente es el del lugar donde se encuentra el bien inmueble.
  • En materia de Derecho del trabajo, el tribunal competente es el del lugar de trabajo. No obstante, en algunos supuestos en que el empleador entabla un proceso contra un asalariado que reside en otro Estado miembro, la competencia se asigna al órgano jurisdiccional del lugar de residencia del asalariado.

La legislación luxemburguesa admite la validez de una «cláusula atributiva de jurisdicción» por la que las partes de un contrato designan a un órgano jurisdiccional determinado para conocer de su litigio.

Tales cláusulas tienen un interés particular cuando se está en presencia de un litigio en el que las partes residen en varios Estados. En efecto, permiten determinar de antemano ante qué órgano jurisdiccional se resolverá un posible litigio. Entre los países de la Unión Europea, las condiciones de validez de tales cláusulas están reguladas por el Reglamento (CE) n.º 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012.

También es posible un acuerdo de las partes sobre el órgano jurisdiccional en los litigios puramente internos. En esos casos, las partes pueden someter a un juez de paz un litigio sobre el cual normalmente no tendría competencia dada su cuantía o las normas sobre la competencia territorial. Las partes pueden llegar a un acuerdo expreso o a un acuerdo resultante del hecho de que el demandado comparezca en la vista sin plantear, con anterioridad y antes de su defensa, una excepción procesal por falta de competencia. Por tanto, las partes no pueden proceder de la misma manera ante el tribunal de distrito, cuyas reglas de competencia, basadas en la cuantía del litigio, son de orden público.

La cláusula atributiva de competencia solo es válida si es aceptada efectivamente por las dos partes. Debe aportarse una prueba de este acuerdo según las normas del Derecho común.

La ley a veces limita la libertad de las partes en materia de designación de un órgano jurisdiccional. Así, la Ley sobre la protección jurídica del consumidor declara nulas las cláusulas cuyo objeto es privar al consumidor del derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales de Derecho común.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Los órganos jurisdiccionales especiales previstos en la legislación luxemburguesa (tribunal de trabajo, juzgados de paz en materia de contratos de alquiler, tribunal contencioso-administrativo, Consejo arbitral de la Seguridad Social) entienden, como órganos jurisdiccionales de primera instancia, del conjunto de los litigios que se les asignan, sin que la ley haga distinciones en función de la cuantía del litigio.

De esta forma, por ejemplo, el juez de paz, que solo es competente en virtud de Derecho común en asuntos de una cuantía no superior a 10 000 EUR, no está sometido a este límite cuando se trata de un litigio en materia de arrendamiento de bienes inmuebles.

Competencia territorial:

  • La norma general de la competencia territorial

Aunque, en principio, el órgano jurisdiccional competente es el del lugar donde reside el demandado, existen excepciones en lo que se refiere a los órdenes jurisdiccionales especiales.

Así por ejemplo, el juzgado de trabajo competente es, en principio, el del lugar del trabajo y no el del domicilio de una de las partes. Del mismo modo, un litigio en materia de arrendamiento de bienes inmuebles debe plantearse ante el tribunal del lugar donde se encuentra el bien alquilado.

En lo que se refiere al tribunal contencioso-administrativo y al Consejo arbitral de la Seguridad Social, esta cuestión no se plantea, ya que estos órganos jurisdiccionales tienen competencia en todo el territorio del Gran Ducado.

  • Excepciones a la norma general

Las competencias de los órganos jurisdiccionales especiales no son disponibles y, por norma general, las partes no pueden elegir un órgano jurisdiccional distinto del previsto por la ley.

Las competencias materiales suelen considerarse de orden público (en materia de Derecho del trabajo, por ejemplo), lo que significa que incluso en caso de silencio de las partes, el juez debe declararse incompetente de oficio. Tal y como se ha explicado anteriormente, la excepción a lo anterior se da en el caso del juez de paz cuando un litigio supera la cuantía de su competencia y hay un acuerdo explícito o tácito entre las partes. En este caso, el juez no puede declinar su competencia de oficio.

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Última actualización: 21/05/2019

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Competencia jurisdiccional - Hungría

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

De conformidad con la Ley de organización y administración de los tribunales, en Hungría solo funciona un tribunal especializado: el Tribunal administrativo y laboral, que entiende de asuntos administrativos y laborales. Los asuntos que no sean administrativos y laborales son competencia de los tribunales ordinarios. Aun cuando un tribunal especializado entienda del asunto, los recursos no son examinados por el tribunal especial sino por un tribunal ordinario, en concreto, por el tribunal regional (törvényszék) competente en la sede en que esté ubicado el Tribunal administrativo y laboral.

Los asuntos que sean competencia de los tribunales administrativos y laborales comprenden la revisión de las resoluciones administrativas y en materia de empleo y relaciones jurídicas similares. Las resoluciones administrativas implicadas en dichos procedimientos pueden ser: resoluciones adoptadas en asuntos oficiales por una autoridad o jefe de una autoridad especificada en la Ley de procedimiento administrativo; órdenes de ejecución dictadas como resultado de una infracción de las obligaciones derivadas de un contrato oficial; resoluciones legales de los gobiernos locales y resoluciones de otros órganos, organizaciones o personas que, en virtud de las disposiciones de legislación específica, puedan ser revisadas de acuerdo con las normas de enjuiciamiento de los casos administrativos.

Los procedimientos en materia de empleo y relaciones jurídicas similares comprenden procedimientos para la ejecución de reclamaciones en virtud del Derecho laboral, o que se deriven de un empleo de funcionario, del servicio en el gobierno o en el sector público, o de una relación de miembros de cooperativas que entrañe obligaciones laborales y de servicio. Las reclamaciones en virtud de la legislación que regula las relaciones entre empleados y empleadores directamente relacionadas con el empleo también podrán ejecutarse en procedimientos laborales. La jurisdicción de los tribunales administrativos y laborales se extiende a las resoluciones administrativas adoptadas en el contexto de las inspecciones de seguridad laboral y ocupacional; a las resoluciones relativas al establecimiento del Comité sectorial para el diálogo social, la participación en el mismo y los poderes ejercidos por dicho Comité; a las resoluciones administrativas adoptadas por la autoridad nacional de empleo en virtud de la Ley sobre promoción del empleo y prestaciones de desempleo, así como a la revisión judicial de resoluciones adoptadas en materia de seguridad social. En estos asuntos, los tribunales administrativos y laborales proceden de acuerdo con las normas de enjuiciamiento de los casos administrativos.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

De acuerdo con la Ley de organización y administración de los tribunales, las sentencias en primera instancia las pronuncian los tribunales de distrito (járásbíróság) y los tribunales regionales. Todas las acciones legales que la legislación no remite a los tribunales regionales son competencia de los tribunales de distrito. La competencia de los tribunales regionales comprende lo siguiente:

a) las acciones judiciales relativas a derechos de propiedad si el valor de la propiedad es superior a 30 millones HUF, excepto las acciones interpuestas por derechos de propiedad surgidos de la relación matrimonial, si se inician conjuntamente o en el transcurso de un procedimiento matrimonial;

b) las acciones judiciales que persigan una compensación por daños y perjuicios causados por personas que actúen en su capacidad oficial bajo la autoridad de la administración pública;

c) los conflictos sobre derechos de autor y derechos afines, incluidas las acciones para ejecutar demandas de derechos y costes derivadas de la gestión legal conjunta, las acciones legales relativas a la propiedad industrial y los casos relativos a los derechos previstos en el artículo 86, apartados 3 y 4, del Código Civil;

d) las acciones judiciales referidas al transporte internacional de mercancías o a los contratos de transporte;

e) determinadas demandas judiciales referentes a empresas;

f) determinadas demandas judiciales referentes a organizaciones que no tengan la consideración de empresas y registradas por el tribunal regional;

g) las acciones judiciales para ejecutar demandas de derechos civiles derivadas de la infracción de derechos individuales, incluidas las acciones para la compensación de dicha infracción si se han iniciado conjuntamente o en el transcurso de tales acciones judiciales;

h) las acciones judiciales relativas a relaciones jurídicas derivadas de valores;

j) las demandas judiciales para rectificaciones en la prensa;

Los tribunales regionales no solo actúan en primera instancia sino que también pronuncian sentencias en segunda instancia respecto de recursos contra las sentencias de los tribunales de distrito y de los tribunales administrativos y laborales.

En los casos estipulados en la legislación, los tribunales regionales de apelación (ítélőtábla) resuelven sobre los recursos contra las sentencias de los tribunales de distrito y de los tribunales regionales, y actúan en otros casos remitidos a su jurisdicción. El Tribunal Supremo de Hungría es la Curia de Hungría (Kúria). La Curia —en los casos especificados en la legislación— resuelve sobre los recursos contra las sentencias de los tribunales regionales y de los tribunales regionales de apelación y sobre las demandas de revisión judicial, así como sobre los conflictos entre los decretos de gobiernos locales y otra legislación, y revoca dichos decretos. Además, la Curia determina cualquier incumplimiento por parte de los gobiernos locales de sus obligaciones legales y actúa en otros casos que le competen.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

En términos generales, el tribunal del lugar de residencia del demandado es competente en todos los casos en que no se haya fijado la competencia exclusiva de algún otro tribunal (competencia general). Si el demandado no tiene su lugar de residencia en Hungría, será competente el tribunal de su lugar de residencia. Si dicho lugar se desconoce o está en el extranjero, será competente el tribunal de su último lugar de residencia en Hungría. Si dicho extremo no puede confirmarse o si el demandado no tuvo lugar de residencia alguno, será competente el tribunal del lugar de residencia del demandante o, en su defecto, el de su lugar de estancia. Si el lugar de trabajo y de residencia no se encuentran en la misma área geográfica, a petición del demandado, efectuada a más tardar en la primera audiencia del caso, el tribunal remitirá el asunto al tribunal que sea competente en la zona del lugar de trabajo del demandado con el fin de que celebre audiencia y pronuncie sentencia.

En los litigios contra personas jurídicas, la competencia general puede determinarse por la situación de la oficina principal de la persona jurídica o la sede del organismo que la representa. En caso de duda, se considerará sede el lugar de establecimiento de la persona jurídica. Si la sede de la persona jurídica está en Budapest pero sus operaciones se extienden al distrito de Pest, el caso corresponderá al tribunal competente en el distrito de Pest. Si la persona jurídica no tiene su sede en Hungría, la competencia en una acción judicial promovida por una persona jurídica húngara se determinará según la sede de dicha persona jurídica. Si el demandante es una persona física húngara, la competencia se determinará bien según el lugar de residencia del demandante o, en su defecto, su lugar de estancia.

En acciones judiciales contra empresas sin personalidad jurídica, para determinar la competencia se aplicarán las normas referidas a las entidades jurídicas, según proceda.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

En todos los casos en los que no se especifica la competencia exclusiva de otro tribunal, el demandante puede, si así lo decide y cumpliendo determinados requisitos previos estipulados en las normas de procedimiento civil, incoar la acción judicial ante otro tribunal previsto en dichas normas en lugar de hacerlo ante el tribunal que tiene competencia general respecto al demandado.

Por ejemplo, en el caso de las acciones judiciales relativas a la propiedad, será también competente el tribunal en cuya área vaya a permanecer el demandado durante un período previsiblemente largo de tiempo (por ejemplo, como empleado o estudiante). En el caso de los miembros no profesionales de las Fuerzas de Defensa y otras fuerzas armadas húngaras, es su lugar de destino permanente el que determina qué tribunal es competente. Esta motivación de la competencia no puede aplicarse en el caso de demandados que no tengan capacidad para actuar en un litigio.

En el caso de un demandado que carezca tanto de lugar de residencia como de estancia en Hungría, una acción relativa a derechos de propiedad podrá incoarse ante un tribunal competente en el área en que se encuentre la propiedad objeto de la acción judicial o en la que se hallen los bienes embargables del demandado. Si los bienes en cuestión fueran un crédito, la acción podrá incoarse en el lugar de residencia del deudor del demandado o, si el crédito está relacionado con un objeto, la acción también podrá incoarse en el lugar en que se halle el mismo.

Una acción judicial para obtener el pago de alimentos, pensiones y otras prestaciones periódicas podrá también incoarse ante el tribunal competente en el lugar de residencia del demandante.

Una acción judicial relativa a la tutela de menores puede también incoarse ante el tribunal competente en el lugar de residencia del menor.

Las acciones judiciales sobre propiedad o posesión de bienes inmuebles y otros derechos reales, o derivadas de relaciones jurídicas relacionadas con bienes inmuebles, podrán incoarse también ante el tribunal competente en el lugar en que se encuentre el bien inmueble.

Las acciones judiciales que tienen por objeto reclamaciones derivadas de operaciones con organizaciones empresariales en el ámbito de sus actividades podrán incoarse también ante el tribunal competente en el lugar donde se concluyó la transacción o el lugar de la operación.

Las acciones judiciales por daños y perjuicios podrán también incoarse ante el tribunal competente en el lugar o territorio en el que se ocasionaran.

Las acciones judiciales referidas a letras de pago podrán incoarse ante el tribunal competente en el lugar de pago.

Podrá incoarse una demanda conjunta contra un deudor secundario y contra el deudor principal ante el tribunal competente para actuar en cualquier demanda contra el deudor por cualesquiera motivos que determinen la competencia. Si una persona interpone una demanda por el asunto o parte del asunto de un procedimiento pendiente entre otras dos partes, el tribunal competente en este procedimiento será competente también para actuar en relación con cualquier proceso que dicha persona pueda incoar contra las partes del procedimiento en curso con el fin de ejecutar su demanda.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Cuando la legislación así lo estipule, un tribunal específico tendrá competencia exclusiva sobre el caso. Esta disposición será de aplicación, por ejemplo, en los casos que se especifican a continuación.

En el caso de demandas interpuestas para la revisión de resoluciones administrativas relativas a la entrada y residencia en el territorio de Hungría, la competencia se determinará según la sede del órgano administrativo que actúe en primera instancia. Si no puede determinarse la competencia sobre esta base, el Tribunal administrativo y laboral de Budapest tendrá competencia exclusiva sobre el caso.

Si el órgano administrativo que proceda en primera instancia es competente en todo el país —con determinadas excepciones— el Tribunal administrativo y laboral de Budapest tendrá la competencia exclusiva.

En el caso de demandas interpuestas para la finalización o restricción de la ejecución, el tribunal que ordenara la ejecución tendrá la competencia exclusiva. Si la ejecución fue ordenada por un tribunal regional, un tribunal administrativo y laboral o una notaría de Derecho civil, el tribunal que sea competente en el lugar de residencia del deudor tendrá la competencia exclusiva.

Los procedimientos incoados para la entrega de bienes en virtud de una orden de ejecución son competencia exclusiva del tribunal de distrito que sea competente en el territorio en el que se incauten los bienes.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

En los casos relacionados con la propiedad, las partes pueden atribuir la competencia a un tribunal determinado para la resolución de su conflicto actual o de cualquier conflicto que pueda surgir de una relación jurídica determinada, a menos que la ley disponga lo contrario. Las partes pueden designar esta competencia por escrito, verbalmente, mediante confirmación escrita, de forma acorde con las prácticas comerciales desarrolladas entre las partes o entre partes implicadas en el comercio internacional, de forma acorde con prácticas comerciales que se supone que son conocidas o que son comúnmente conocidas por las partes y habitualmente se usan en las esferas de negocios por las partes que celebran un contrato que contenga dicha disposición sobre la competencia. Las partes no pueden atribuir la competencia en los casos en que la competencia exclusiva de un tribunal concreto ya esté establecida por ley. Salvo que la legislación disponga lo contrario o salvo acuerdo distinto entre las partes, el tribunal designado es el único competente. La disposición sobre la competencia se aplica también a los sucesores legales. Si la competencia está fijada en los términos generales de un contrato, a petición del demandante realizada a más tardar en la primera vista oral del caso, el tribunal al que se atribuya la competencia remitirá el asunto al tribunal que tenga la competencia basándose en las normas básicas de la legislación con el fin de que celebre la vista y pronuncie sentencia.

En los asuntos relativos a la propiedad, las partes no podrán atribuir la competencia al Tribunal regional de la capital Budapest ni al Tribunal regional metropolitano de Budapest en asuntos que sean competencia de los tribunales regionales, ni al Tribunal del distrito central de Pest en asuntos que sean competencia de los tribunales de distrito, para la resolución del litigio actual o de cualquier litigio futuro que pueda surgir de una relación jurídica determinada.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Los tribunales administrativos y laborales son los únicos especializados que funcionan en Hungría. En los procedimientos laborales, por ejemplo, la competencia exclusiva recae en el tribunal administrativo y laboral competente en el área en que se encuentre la sede del empleador o en que se ubique la sucursal del empleador donde el empleado realice o haya realizado su trabajo en virtud de su contrato laboral.

En el caso de los procedimientos administrativos, a menos que se estipule en la legislación la competencia exclusiva de otro tribunal o existan otras disposiciones, la competencia se determinará según la sede del órgano administrativo que actúe en primera instancia. Si la competencia del órgano administrativo que actúa en primera instancia se extiende a varias regiones (incluida la capital), la competencia se establecerá —con determinadas excepciones— según el lugar de residencia del demandante en Hungría o, en su defecto, su lugar de estancia, mientras que en el caso de personas jurídicas y empresas sin personalidad jurídica, el tribunal competente será aquel con competencia en el área en la que se encuentre la sede húngara de la organización. Si la resolución administrativa para la que solicita una revisión hace referencia a un derecho u obligación, o a una relación relativa a la propiedad inmobiliaria, la demanda deberá interponerse ante el tribunal competente en el lugar en el que se encuentren los bienes inmuebles. En el caso de que la resolución administrativa que deba revisarse esté sujeta a una notificación o a un permiso, o haga referencia a una actividad relacionada con dicha notificación o dicho permiso, el tribunal competente será aquel con competencia en el lugar en el que la actividad se ejerza o deba ejercerse. Si el órgano administrativo que actúe en primera instancia es competente en todo el país —con determinadas excepciones— el Tribunal administrativo y laboral de Budapest tendrá la competencia exclusiva.

Última actualización: 10/11/2015

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nota: la versión original de esta página inglés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Competencia jurisdiccional - Malta

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

La elección del órgano jurisdiccional depende de la naturaleza del caso. La absoluta mayoría de asuntos civiles y mercantiles entran en la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales civiles ordinarios, dado que no hay juzgados de lo mercantil. Hay algunos tribunales especializados, entre los que se encuentran:

El Tribunal Laboral (Tribunal Industrijali): conoce asuntos relacionados con el despido improcedente, el trato discriminatorio o el trato ilegal en el lugar de trabajo.

El Consejo de Regulación de los Arrendamientos (Bord tal-Kera): conoce asuntos relacionados con los cambios en las condiciones de arrendamiento, incluidos los incrementos de alquiler y la resolución de contratos de arrendamiento. Estos casos deben estar relacionados con un contrato de arrendamiento celebrado antes del 1 de junio de 1995.

El Consejo de Arbitraje sobre Terrenos (Bord tal-Arbitraġġ dwar Artijiet): conoce asuntos relativos a la clasificación de terrenos expropiados y el importe de la indemnización debida al propietario.

Todos estos tribunales celebran sus vistas en La Valeta, en el mismo edificio en el que se ubican los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Véase también la respuesta a la pregunta número 4 de la sección «Llevar un caso ante los tribunales».

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Para poder determinar ante qué órgano jurisdiccional se debe presentar el caso, es importante consultar el capítulo 12 de la Legislación de Malta, denominado Código de Organización y Procedimiento Civil.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Sí, se hace una distinción entre los órganos jurisdiccionales superiores y los inferiores. La distinción radica en que los órganos jurisdiccionales inferiores pueden conocer y juzgar asuntos de naturaleza puramente civil en relación con todas las reclamaciones que no superen los 11 646,87 EUR. Los órganos jurisdiccionales superiores, en cambio, conocen y juzgan asuntos de naturaleza puramente civil en relación con todas las reclamaciones que superen los 11 646,87 EUR, así como cualquier asunto (con independencia del valor de la reclamación) relacionado con bienes inmuebles o con servidumbres, las cargas o los derechos ligados a bienes inmuebles, incluidas las reclamaciones relacionadas con las acciones posesorias o de desahucio de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, arrendados u ocupados por personas que viven o que tienen su domicilio habitual en ellos. Véase también la respuesta a la pregunta número 4 de la sección «Llevar un caso ante los tribunales».

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

El criterio básico para determinar la competencia territorial es el lugar en el que reside el demandado. En Malta, existen dos circunscripciones judiciales: Malta y Gozo. No existen órganos jurisdiccionales vinculados a otras ciudades. Cuando se trata de personas que viven o tienen su residencia en Malta, un caso debe presentarse ante un órgano jurisdiccional de Malta. De la misma manera, un caso debe presentarse ante un órgano jurisdiccional de Gozo cuando las personas viven o tienen su residencia habitual en la Isla de Gozo.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Véase la respuesta a la pregunta número 2.2.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Hay una excepción a ese criterio básico, que se da cuando la obligación debe cumplirse en una isla en particular. Por ejemplo, si el demandado vive en la isla de Gozo pero la obligación relativa a la reclamación debe cumplirse en la de Malta, la jurisdicción es de los órganos jurisdiccionales malteses y todos los asuntos deben presentarse ante los órganos jurisdiccionales malteses con independencia de que el demandado viva en Gozo.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Las normas del Derecho maltés relativas a la competencia territorial no contemplan la posibilidad de que las partes celebren un acuerdo de elección de foro.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Esto debe hacerse cuando la obligación deba cumplirse en una isla en particular.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

No existen disposiciones jurídicas respecto de este asunto. De acuerdo con el Derecho maltés, las partes no pueden elegir un órgano jurisdiccional que normalmente no sería competente, incluso si las partes están de acuerdo en que así sea. La falta de competencia del órgano jurisdiccional puede argüirla el propio órgano jurisdiccional, dado que constituye una norma de orden público.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

El sitio web El enlace abre una nueva ventanahttp://www.judiciarymalta.gov.mt/the-courts ofrece cierta información sobre el órgano jurisdiccional ante el que se debe presentar cada asunto. Asimismo, puede accederse al sitio web El enlace abre una nueva ventanahttp://justiceservices.gov.mt/ para consultar la legislación maltesa, y puede averiguarse también dónde presentar un asunto. Debe pedirse asesoramiento al abogado o procurador que firme las actas. Con respecto a los tribunales especializados, su jurisdicción y competencia vienen explicadas en las leyes que los crean.

http://www.justice.gov.mt El enlace abre una nueva ventanaInglés

Última actualización: 06/03/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Competencia jurisdiccional - Países Bajos

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

No hay tribunales especializados, como los tribunales mercantiles o de trabajo, en el Derecho procesal civil neerlandés. El juzgado de distrito es en principio competente en todos los procedimientos civiles.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Los tribunales de primera instancia examinan todos los asuntos civiles, a excepción de los asuntos especificados en la legislación. Los tribunales civiles conocen de los asuntos entre dos partes (personas físicas o jurídicas). Los tribunales civiles no son competentes en los litigios para los que se haya atribuido la competencia a la jurisdicción administrativa, como ocurre en el caso de los litigios con la administración (autoridades públicas). El sistema judicial neerlandés establece tres tipos de órganos jurisdiccionales en el ámbito del Derecho privado: juzgados de distrito (rechtbanken), tribunales de apelación (gerechtshoven) y el Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad Nederlanden).

Desde el 1 de abril de 2013, los Países Bajos están divididos en diez distritos judiciales, cada uno de ellos con su propio juzgado: once juzgados competentes en cuatro ámbitos. Existen además cuatro tribunales de apelación y el Tribunal Supremo de los Países Bajos.

Se han establecido unidades organizativas, denominadas «secciones», en los tribunales de distrito. Son las secciones cantonales, de lo contencioso-administrativo, de lo civil y de lo penal. El tribunal cuenta con divisiones unipersonales y plenarias. La división unipersonal se compone de un solo juez; la división plenaria se compone de tres jueces. El principio básico es que los asuntos de los juzgados cantonales, los asuntos sencillos y los asuntos urgentes se someten a un solo juez. Numerosos asuntos de familia también se someten a un solo juez. Un ejemplo de división unipersonal es el tribunal juvenil para determinados asuntos relativos a los menores. Los asuntos jurídicamente complejos se someten a la división plenaria.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Un proceso judicial normalmente se inicia en el juzgado de distrito. Hay cuatro tipos de juzgados de distrito:

  • Derecho civil (ciudadano contra ciudadano)
  • Derecho administrativo (ciudadano contra autoridad pública)
  • Derecho penal (infracciones y delitos penales)
  • Sección cantonal

Tribunales de Apelación

Cualquier persona que no esté de acuerdo con la sentencia de un juzgado puede recurrir. Los recursos penales y civiles se interponen ante uno de los cuatro tribunales de apelación. En los asuntos administrativos, la apelación, en función del objeto, puede someterse a:

  • Tribunales de apelación (gerechtshoven)
  • Tribunal de última instancia en asuntos de seguridad social (Centrale Raad van Beroep)
  • Tribunal administrativo de última instancia en asuntos mercantiles e industriales (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Consejo de Estado (División de Jurisdicción Administrativa) (Raad van Stateafdeling bestuursrechtspraak‑)

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de los Países Bajos es el órgano jurisdiccional supremo de los Países Bajos en los ámbitos del Derecho civil, penal y fiscal. El Tribunal Supremo puede anular sentencias, concretamente de los tribunales de apelación (lo que se conoce como casación). El Tribunal Supremo también se encarga de preservar la unidad jurídica y de fomentar el desarrollo del Derecho neerlandés.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

En los Países Bajos, hay juzgados de distrito (arrondissementsrechtbanken) de primera instancia. Se puede presentar un recurso ante el tribunal de apelación contra las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. También es importante la «competencia relativa» respecto a la cuestión de cuál de los diez juzgados de distrito es competente; por ejemplo, el Juzgado de Distrito de Ámsterdam o el Juzgado de Distrito de Leeuwarden: la jurisdicción geográfica del juzgado que conoce del asunto.

Para los asuntos internacionales, esto es, los asuntos de naturaleza transfronteriza, una vez que se haya determinado que son competencia de los Países Bajos, la jurisdicción local se determina con arreglo al Derecho neerlandés, a menos que la norma que establece la competencia internacional designe al órgano jurisdiccional con competencia local, tal y como dispone el artículo 5, apartados 1 o 3, del Reglamento Bruselas I [Reglamento (CE) n.° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil].

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

La norma básica en los procedimientos iniciados por citación judicial en primera instancia es que es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado [artículo 99 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)]. Si no se conoce ningún lugar de residencia en los Países Bajos, es competente el órgano jurisdiccional del lugar en el que el demandado se encuentre actualmente (en los Países Bajos).

El juzgado de un distrito judicial en el que deba resolverse un asunto cantonal se puede determinar en función del Anexo al Decreto de Sedes de Sesión Subsidiarias (Tribunales) (Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen), de 10 de diciembre de 2001 (  El enlace abre una nueva ventanahttp://www.overheid.nl/).

Las normas de la competencia local de los juzgados de distrito se aplican de forma análoga.

En los procedimientos iniciados mediante demanda en primera instancia, la norma básica es que es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante (o de uno de los demandantes o de una de las partes interesadas designadas en la demanda) (artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Si no se conoce ningún lugar de residencia en los Países Bajos, es competente el órgano jurisdiccional del lugar en el que el demandante se encuentre actualmente (en los Países Bajos). Si la demanda se combina con procedimientos iniciados por citación judicial, también es competente el órgano jurisdiccional que conozca de estos últimos asuntos.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Las normas establecidas en los puntos 2.2.2.1, 2.2.2.2 y 2.2.2.3 anteriores se refieren principalmente a los procedimientos iniciados por citación judicial.

En los procedimientos iniciados mediante demanda, en los que por lo general es competente el órgano jurisdiccional del domicilio del demandante, se aplican diferentes normas a las demandas de modificación de las pensiones alimenticias.

La demanda de modificación de una pensión alimenticia para el cónyuge debe presentarla el demandante ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del deudor de la pensión. El deudor de la pensión alimenticia que desee presentar una demanda de modificación debe hacerlo ante el juzgado de distrito del lugar de residencia del acreedor de la pensión.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Con respecto a los procedimientos iniciados por citación judicial, el Derecho procesal neerlandés incluye varias disposiciones en las que se designa competente a un órgano jurisdiccional junto con el órgano jurisdiccional competente designado con arreglo a la norma básica (órgano jurisdiccional del lugar de residencia o del lugar donde se encuentre el demandado). Se trata de una jurisdicción alternativa. El demandante puede elegir entre el órgano jurisdiccional de la norma básica y el de la norma alternativa. La alternativa se expresa a continuación mediante el empleo de la palabra «también».

En los asuntos iniciados mediante citación judicial, son pertinentes las siguientes normas:

  • Asuntos de agencia/empleo

En los asuntos de agencia/empleo, también es competente el órgano jurisdiccional del lugar en el que se desempeña normalmente el trabajo (artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Asuntos de consumidores

En los asuntos de consumidores, también es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o, a falta del mismo, el órgano jurisdiccional del lugar en el que se encuentre actualmente el consumidor (artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Responsabilidad civil, penal o cuasi penal

En los asuntos relativos a la responsabilidad civil, penal o cuasi penal, también es competente el órgano jurisdiccional del lugar en el que se ha producido el daño (artículo 102 del Código de Enjuiciamiento Civil).

  • Bienes inmuebles

En los asuntos relativos a los bienes inmuebles, también es competente el órgano jurisdiccional de la jurisdicción en la que está situado el bien o la mayor parte del mismo (artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En los asuntos relativos al arrendamiento de viviendas o de instalaciones comerciales, tiene competencia exclusiva la sección cantonal de la jurisdicción en la que está situada la propiedad arrendada o la mayor parte de la misma.

  • Sucesiones

En los asuntos relativos a las sucesiones, también es competente el órgano jurisdiccional del último lugar de residencia del difunto (artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Personas jurídicas

En los asuntos relativos a las personas jurídicas (por ejemplo, los asuntos relativos a la disolución de personas jurídicas, la nulidad o la validez de decisiones de personas jurídicas y los derechos y obligaciones de miembros o socios), también es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o el lugar de constitución de la persona jurídica o sociedad.

  • Quiebra, suspensión de pagos y reprogramación de deudas

En los asuntos relativos a la aplicación de las disposiciones jurídicas sobre quiebra, suspensión de pagos y reprogramación de deudas de personas jurídicas, también es competente el órgano jurisdiccional al que está asignado el juez comisario o, si no se ha nombrado a ningún juez comisario, el órgano jurisdiccional que haya dictado la suspensión de pagos (artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La Ley de quiebra (Faillissementswet) incluye asimismo normas especiales en relación con la competencia que tienen prioridad sobre las normas de competencia basadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  • Elección de órgano jurisdiccional

En el contrato celebrado entre las partes, estas en ocasiones designan un órgano jurisdiccional diferente del competente de acuerdo con las disposiciones legales (artículo 108, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Hay excepciones a esta libertad de elección (artículo 108, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en relación con los asuntos del consumidor, los arrendamientos y los contratos laborales. En estos casos, el órgano jurisdiccional examina si existe una cláusula válida para la elección de órgano jurisdiccional (artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Residencia del demandante

Si, de conformidad con las disposiciones antes mencionadas relativas a la competencia local, no se puede designar ningún órgano jurisdiccional competente en los Países Bajos, el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, como excepción, el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante puede ser competente. Esta situación puede darse si un empleado desea demandar a su empleador extranjero ante un órgano jurisdiccional en los Países Bajos, cuando el trabajo no está limitado a un lugar específico sino que se desempeña en todo el país. Si tampoco se puede determinar un órgano jurisdiccional competente de esta forma, la demanda se interpone ante el Tribunal de Distrito de La Haya.

Se indica asimismo lo siguiente respecto al divorcio:

La competencia local del órgano jurisdiccional que conoce del divorcio se regula en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La norma básica es la siguiente: es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante (o de uno de los demandantes o de una de las partes interesadas designadas en la demanda), y si no se conoce el lugar de residencia de dicha persona en los Países Bajos, el órgano jurisdiccional del lugar en el que se encuentre actualmente esa persona (en los Países Bajos).

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

El Derecho procesal neerlandés contiene algunas normas especiales relativas a la competencia local que se diferencian de la norma básica. Se debe aplicar la norma especial. En los casos especiales descritos a continuación, se debe elegir un órgano jurisdiccional distinto del que corresponde al lugar de residencia del demandado.

  • Menores de edad

En los asuntos relativos a los menores, es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o, a falta de un lugar de residencia en los Países Bajos, el órgano jurisdiccional del lugar en el que se encuentre actualmente el menor (artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

No se trata de una alternativa, sino de una norma especial que sustituye a la norma básica. No es el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o estancia del demandante el que es competente (norma básica para los procedimientos iniciados mediante demanda), sino el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o, a falta de un lugar de residencia en los Países Bajos, del lugar en el que se encuentre actualmente el menor. Si esta norma no determina un órgano jurisdiccional específico, será competente el Tribunal de Distrito de La Haya.

  • Estado civil

En los asuntos relativos a los complementos, registros, cancelaciones o modificaciones de inscripciones del estado civil o de certificados que se van a registrar o ya se han registrado, es competente el órgano jurisdiccional en el que el certificado se ha registrado o se va a registrar (artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En los asuntos relativos a certificados que se van a registrar o que ya se han registrado en el registro civil del municipio de La Haya es competente, de conformidad con el Libro 1 del Código Civil (Burgerlijk Wetboek), el Tribunal de Distrito de La Haya.

  • Arrendamiento de bienes inmuebles construidos

En los asuntos relativos al arrendamiento de bienes inmuebles construidos o parte de los mismos, es competente el órgano jurisdiccional en el que está situado el bien arrendado (artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Tutela de adultos, administración fiduciaria de propiedades y tutoría

En los asuntos relativos a la tutela de adultos, la administración fiduciaria de propiedades en nombre de adultos y la tutoría, es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia o, a falta de un lugar de residencia en los Países Bajos, el lugar en el que se encuentre actualmente la persona de cuya tutela, propiedad o tutoría se trata (artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  • Personas ausentes o desaparecidas; confirmación de fallecimiento (artículo 267 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

En los asuntos relativos a las sucesiones, es competente el órgano jurisdiccional del último lugar de residencia del difunto (artículo 268, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En los asuntos relativos a las personas ausentes o desaparecidas, es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia abandonado por la persona ausente o desaparecida. Con respecto a la confirmación del fallecimiento, es competente el Tribunal de Distrito de La Haya (artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sirve, por tanto, como red de seguridad.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Con arreglo al artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden elegir el órgano jurisdiccional por escrito. La elección del órgano jurisdiccional es posible únicamente respecto a las relaciones jurídicas que las partes pueden determinar libremente. Por consiguiente, en aquellos casos que tengan repercusiones de orden público, no es posible elegir el órgano jurisdiccional. Ejemplos de ello son algunos asuntos del Derecho de familia y los asuntos de quiebra y suspensión de pagos. En los asuntos de las secciones cantonales, la elección del órgano jurisdiccional está limitada. Por ejemplo, no es posible elegir el órgano jurisdiccional para las demandas de hasta 25 000 EUR (independientemente de la naturaleza de la demanda).

En principio, el órgano jurisdiccional competente mediante elección tiene competencia exclusiva. Las partes pueden acordar expresamente renunciar a la competencia exclusiva.

En los asuntos de divorcio (divorcio, separación legal, disolución de parejas registradas, disolución de matrimonio tras separación legal), se aplica la norma especial del artículo 270, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con dicho artículo, el órgano jurisdiccional que no tiene competencia local remite el asunto, por lo general, al órgano jurisdiccional con competencia local. De acuerdo con el artículo 270, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así ocurre en los casos de divorcio únicamente si el demandante (el cónyuge contra el que se interpone la demanda) se opone a la competencia del órgano jurisdiccional. La elección tácita del órgano jurisdiccional es posible si todas las partes interesadas citadas comparecen y no alegan falta de competencia o si el otro cónyuge no comparece.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

No hay órganos jurisdiccionales especializados con arreglo al Derecho procesal neerlandés.

Última actualización: 21/08/2019

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Competencia jurisdiccional - Polonia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

En Polonia, los asuntos civiles se someten a los tribunales ordinarios (sądy powszechne) y el Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy) (véase: Sistemas judiciales en los Estados miembros, Polonia), a menos que sean competencia de tribunales especializados.

Las disposiciones relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales se establecen en los artículos 16 a 18 y 27 a 46 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (CEC, Kodeks Postępowania Cywilnego).

En los tribunales de distrito (sądy rejonowe), los asuntos de Derecho civil son objeto de examen por las siguientes divisiones:

Civil

Familia y Menores (juzgados de familia, sądy rodzinne): para los asuntos de familia y tutela; corrupción moral de menores y actos punibles cometidos por ellos; tratamiento de personas adictas al alcohol, las drogas o sustancias psicotrópicas, así como los asuntos que, de conformidad con otras legislaciones, sean competencia de un tribunal tutelar.

Trabajo y Seguridad Social (juzgados de trabajo, sądy pracy): para los asuntos de Derecho laboral y de la seguridad social.

Mercantil (tribunales mercantiles, sądy gospodarcze) para los asuntos de Derecho mercantil y civil entre entidades mercantiles en relación con sus actividades; los asuntos relativos a las relaciones mercantiles o societarias; los asuntos contra los miembros de consejos de administración de sociedades por demandas derivadas de declaraciones falsas ante el Registro Judicial Nacional; los asuntos contra entidades mercantiles para emitir una de cese de daños medioambientales y los asuntos de quiebra.

Catastro: para el mantenimiento de los catastros y la tramitación de otros asuntos civiles relacionados con los procedimientos catastrales.

Los tribunales provinciales (sądy okręgowe) de Polonia cuentan con las secciones correspondientes, excepto las secciones catastrales y las secciones familiar y de menores. Los tribunales provinciales de Polonia tienen divisiones secciones civiles competentes para conocer, en particular, de los asuntos de divorcio, separación legal y extinción de separación legal, anulación del matrimonio, establecimiento de la existencia o inexistencia de matrimonio y declaración de la fuerza ejecutoria de sentencias de tribunales extranjeros en asuntos de familia.

Asimismo, el Tribunal Provincial de Varsovia cuenta con las siguientes unidades adicionales que funcionan como secciones:

Tribunal de la Competencia y Protección del Consumidor (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), cuya jurisdicción abarca los asuntos relativos a la prevención de prácticas monopolísticas y de regulación energética;

Tribunal de Marcas Comerciales y Diseños Industriales Comunitarios (Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), que conoce de los asuntos relativos a infracciones, presuntas infracciones o ausencia de infracciones de diseños industriales y marcas comerciales; nulidad de diseños comunitarios; extinción o nulidad de marcas comerciales y efectos de las infracciones contra marcas comerciales.

Además, desde el 1 de enero de 2010, el Tribunal de Distrito de Lublin fue designado como el tribunal competente para conocer de los asuntos de la competencia de otros tribunales de distrito en los procedimientos electrónicos de órdenes de pago.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Como norma general, los tribunales de distrito son competentes en los asuntos civiles de primera instancia. Los tribunales de distrito son competentes en todos los asuntos excepto los reservados por ley (artículos 16 y 507 de la LEC) a los tribunales provinciales.

Los tribunales provinciales son competentes en primera instancia para los asuntos enumerados en el artículo 17 de la LEC, concretamente:

1) los derechos no patrimoniales y las demandas de propiedad interpuestas junto con tales derechos, excepto los El enlace abre una nueva ventanaasuntos para establecer u oponerse a la filiación de un menor, la anulación de reconocimientos de paternidad y la disolución de adopciones;

2) El enlace abre una nueva ventanala protección de derechos de autor y los derechos conexos, así como los asuntos relativos a El enlace abre una nueva ventanainvenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales, indicaciones geográficas y topografías de circuitos integrados, así como los asuntos relativos a la protección de otros derechos de propiedad inmateriales;

3) las demandas sujetas a la El enlace abre una nueva ventanaLey de Prensa;

4) los derechos patrimoniales en los que la cuantía objeto de litigio supere los setenta y cinco mil zlotys, excepto los El enlace abre una nueva ventanaasuntos de pensión alimenticia, El enlace abre una nueva ventanainfracción de posesión, El enlace abre una nueva ventanaestablecimiento de separación de bienes de los cónyuges, El enlace abre una nueva ventanaajustes del contenido de un catastro a la situación legal vigente y los asuntos examinados en El enlace abre una nueva ventanaun procedimiento electrónico de orden de pago;

5) pronunciamiento de una sentencia en lugar de una resolución a fin de dividir una cooperativa;

6) la derogación, la anulación o el establecimiento de inexistencia de las resoluciones de los órganos rectores de personas jurídicas o unidades organizativas que no sean personas jurídicas pero a las que la ley ha concedido personalidad jurídica;

7) la prevención y lucha contra la competencia desleal;

8) las indemnizaciones por El enlace abre una nueva ventanadaños causados por sentencias firmes ilícitas.

Asimismo, la competencia de los tribunales provinciales abarca por ejemplo:

1) los asuntos de incapacitación;

2) los asuntos para la resolución de litigios relativos al funcionamiento de empresas estatales: entre el consejo de administración de la empresa y su director, los órganos rectores de la empresa y sus órganos fundadores, y entre sus órganos rectores y el órgano de supervisión de la empresa;

3) el reconocimiento de sentencias de tribunales extranjeros y la declaración de fuerza ejecutiva (artículo 11481 y 11511 de la LEC).

En los asuntos de derechos patrimoniales, el demandante está obligado a especificar la cuantía objeto del litigio en el escrito de demanda, a menos que el objeto del litigio sea una cantidad específica de dinero.

En los asuntos relativos a créditos pecuniarios, aunque se presenten como una alternativa a otra demanda, la cantidad especificada de dinero constituye la cuantía del objeto del litigio.

En los demás asuntos patrimoniales, el demandante está obligado a especificar la cuantía del objeto del litigio indicando la cantidad de dinero en el escrito de demanda, de conformidad con los artículos 20 a 24 de la LEC.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Véase el apartado 2.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

La Ley de Enjuiciamiento Civil polaca distingue cuatro tipos de competencia judicial: general (artículos 27 a 30), alternativa (artículos 31 a 37), exclusiva (artículos 38 a 42) y especial (artículos 43 a 46).

La competencia territorial se describe detalladamente en los apartados 2.2.1 a 2.2.3.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Competencia territorial general

Las demandas deben interponerse ante el tribunal de primera instancia con competencia territorial sobre el domicilio del demandado (artículo 27 de la LEC).

De conformidad con el artículo 25 del Código Civil, el domicilio de una persona física es la localidad o ciudad en la que esta persona reside con la intención de permanecer allí de forma permanente. Si el demandado no reside en Polonia, la competencia general se determina en función de su lugar de estancia y, cuando dicho lugar no se conozca o esté fuera de Polonia, las demandas deberán interponerse de acuerdo con el último domicilio del demandado en Polonia.

Las demandas contra el Tesoro Público deben interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del domicilio social de la unidad organizativa a la que se refiere el litigio. Cuando el Tesoro Público esté representado por el Consejo General de la República de Polonia (Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej), las demandas deberán interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del domicilio social de la sucursal del Consejo responsable de la unidad organizativa objeto de la demanda.

Las demandas contra otras personas jurídicas y otras entidades que no sean personas físicas deben interponerse ante el órgano jurisdiccional competente de su domicilio social (artículo 30 de la LEC).

2.2.2 Excepciones a la regla general

Véase el apartado 2.2.2.1.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

La competencia territorial alternativa permite al demandante elegir el órgano jurisdiccional en determinados casos. El demandante puede interponer una demanda ante el tribunal con competencia general o ante otro tribunal especificado en los artículos 32 a 371 de la LEC.

La competencia territorial alternativa se contempla en los siguientes casos:

  • demandas de pensión alimenticia y para establecer la filiación de un menor y demandas relacionadas: pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del domicilio de la parte beneficiaria;
  • demandas patrimoniales contra una entidad empresarial: pueden interponerse ante el tribunal competente de la sede o sucursal de dicha entidad, si la demanda está relacionada con las actividades de la sede o la sucursal. No obstante, esta norma no es de aplicación a los casos en los que, de conformidad con la legislación, el Consejo General del Tesoro Público represente a este último;
  • demandas para establecer la existencia de un contrato; para la ejecución, rescisión o nulidad de un contrato, así como de indemnización por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o el cumplimiento inadecuado de un contrato: pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de ejecución del contrato objeto del litigio; en caso de que exista cualquier duda, el lugar de ejecución del contrato se confirmará en un documento;
  • demandas por daños y perjuicios: pueden interponerse ante el tribunal con competencia territorial en el lugar donde se produce el evento que causa el daño;
  • demandas para el pago de una cantidad adeudada por la tramitación de asuntos: pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del lugar en el que el representante legal tramitó el asunto;
  • demandas por arrendamientos de bienes inmuebles (najem o dzierżawa): pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del lugar en el que está situado el bien inmueble;
  • demandas contra deudores de pagarés o cheques: pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de pago. Es posible demandar conjuntamente a varios deudores de un pagaré o un cheque ante al órgano jurisdiccional competente del lugar de pago o ante el tribunal con competencia general para el aceptante o emisor del pagaré o cheque;
  • demandas en relación con el Derecho laboral: pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional con competencia territorial del lugar en el que el trabajo se realiza, se realizó o se iba a realizar, o bien ante el órgano jurisdiccional con competencia territorial en el que esté situado el lugar de trabajo (artículo 461, apartado 1, de la LEC).
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

La jurisdicción exclusiva de un órgano jurisdiccional significa que del asunto solo puede conocer el órgano jurisdiccional especificado en la Ley. La jurisdicción exclusiva se contempla en los siguientes casos:

  • propiedad u otros derechos reales, así como la posesión de bienes inmuebles: las demandas solo se pueden interponer ante el órgano jurisdiccional competente del lugar del bien inmueble; si el objeto del litigio es una servidumbre, la competencia se determina en función del lugar del bien gravado;
  • sucesión, legítima, legados, instrucciones u otras disposiciones testamentarias: las demandas deben interponerse únicamente ante el órgano jurisdiccional competente del último lugar de residencia habitual del testador, y si no se puede determinar el domicilio del testador en Polonia, ante el tribunal competente del lugar de la herencia o parte de esta;
  • pertenencia a una cooperativa, asociación, sociedad o empresa: las demandas pueden interponerse únicamente ante el órgano jurisdiccional competente del domicilio social;
  • régimen matrimonial: las demandas pueden interponerse únicamente ante el órgano jurisdiccional con competencia territorial del último lugar de residencia de los cónyuges si al menos uno de ellos sigue domiciliado o tiene su residencia habitual en dicha jurisdicción. A falta de este elemento, el órgano jurisdiccional con competencia exclusiva será el órgano jurisdiccional competente del domicilio del demandado, y a falta también de este elemento, el tribunal competente del domicilio del demandante;
  • relaciones paterno-filiales y entre adoptante y adoptado: las demandas pueden interponerse únicamente ante el órgano jurisdiccional competente del domicilio del demandante, siempre y cuando no existan motivos para presentar una demanda con arreglo a las normas de competencia general.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

La jurisdicción especial significa que la competencia del órgano jurisdiccional puede determinarse de forma diferente en los casos especificados en la legislación especial.

El derecho a elegir el órgano jurisdiccional se otorga al demandante:

Si la competencia de varios órganos jurisdiccionales está justificada o si la demanda se interpone contra varias partes para las que son competentes varios órganos jurisdiccionales con arreglo a las normas de la competencia general. Lo mismo es de aplicación si los bienes inmuebles cuya ubicación sirve de base para determinar la competencia del órgano jurisdiccional están situados en varias regiones jurisdiccionales.

El derecho a elegir el órgano jurisdiccional se otorga a ambas partes basándose en un contrato o una demanda conjunta:

Las partes pueden acordar por escrito someter un litigio ya existente, o cualquier litigio que pueda surgir en el futuro de una relación jurídica especificada, ante un tribunal de primera instancia que no tenga competencia territorial con arreglo a la legislación. Ese tribunal tendrá en tal caso competencia exclusiva, a menos que las partes hayan acordado lo contrario o salvo que el demandante haya presentado un escrito de demanda en un procedimiento electrónico de orden de pago. Las partes también pueden limitar, por medio de un acuerdo por escrito, el derecho del demandante a elegir entre varios órganos jurisdiccionales competentes para tales litigios.

Sin embargo, las partes no pueden cambiar la competencia exclusiva.

Los acuerdos sobre la competencia judicial deben formalizarse por escrito. Pueden formar parte de un contrato de Derecho sustantivo (cláusula de competencia judicial) o constituir un acuerdo separado.

En el Derecho laboral y en los asuntos de seguridad social, el órgano jurisdiccional competente puede, previa demanda conjunta de las partes, remitir el asunto a otro órgano jurisdiccional equivalente que conozca de asuntos de Derecho laboral y de la seguridad social, cuando esté justificado por motivos de conveniencia.

El tribunal superior o el Tribunal Supremo designarán el órgano jurisdiccional competente.

Si el órgano jurisdiccional competente no puede conocer del asunto ni adoptar ninguna otra acción debido a un impedimento, su tribunal superior designará a otro órgano jurisdiccional. El motivo de dicha designación puede ser únicamente un impedimento que evite que se conozca del asunto, es decir, la exclusión de un juez o un caso de fuerza mayor.

El Tribunal Supremo está obligado a designar el órgano jurisdiccional ante el que se interpondrá la demanda si no se puede determinar la competencia territorial de conformidad con la ley en función de las circunstancias del caso (artículo 45 de la LEC).

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Los órganos jurisdiccionales especializados son los tribunales administrativos (sądy administracyjne) y los tribunales militares (sądy wojskowe).

El funcionamiento de los tribunales militares está regulado en la Ley de Organización Militar de 21 de agosto de 1997. Por lo general, estos tribunales examinan asuntos penales de las Fuerzas Armadas polacas. Solo se pueden remitir a su jurisdicción otros asuntos por ley.

El funcionamiento de los tribunales administrativos está regulado en la Ley de Tribunales Administrativos de 25 de julio de 2002. Los tribunales administrativos imparten justicia supervisando las actividades de las autoridades administrativas públicas, y resolviendo litigios sobre competencia y litigios jurisdiccionales entre las autoridades gubernamentales locales y administrativas. No puede excluirse que, en casos excepcionales, un tribunal administrativo, como parte de sus obligaciones de supervisión de las actividades de las autoridades administrativas públicas, pueda conocer de un asunto civil.

Enlaces relacionados

Ministerio de Justicia

El enlace abre una nueva ventanahttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Lista de tribunales ordinarios en Polonia (datos de contacto)

El enlace abre una nueva ventanahttp://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Última actualización: 12/06/2018

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Competencia jurisdiccional - Rumania

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

En Rumanía, además de los tribunales ordinarios, existen secciones o salas especializadas para la resolución de litigios con respecto a determinados asuntos.

De conformidad con las disposiciones de la Ley n.º 304/2004 sobre la organización de la justicia, el Tribunal Supremo de Casación y Justicia (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) cuenta con cuatro salas: Sala de lo Civil I, Sala de lo Civil II, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso-administrativo y de Litigios Fiscales; la Sala de nueve jueces y las Salas Conjuntas tienen cada una su propia jurisdicción. Los órganos jurisdiccionales, los tribunales de apelación o, cuando proceda, los tribunales de distrito cuentan con secciones o salas especializadas para los asuntos civiles, asuntos penales, asuntos relativos a los menores y la familia, asuntos sobre litigios administrativos y fiscales, asuntos relativos a litigios laborales y de la seguridad social, sociedades, Registro Mercantil, insolvencia, competencia desleal y asuntos marítimos y fluviales. Pueden establecerse tribunales especializados para resolver sobre los asuntos anteriores cuando proceda.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el procedimiento normal para los asuntos civiles. Sus disposiciones se aplican a otros asuntos en la medida en que las normas que los rijan no establezcan lo contrario.

Los artículos 94 a 97 de la Ley de Enjuiciamiento Civil rigen la competencia relativa al objeto de los órganos jurisdiccionales civiles.

Como juzgados de primera instancia, los tribunales de distrito conocen de los siguientes asuntos relativos a demandas pecuniarias o no:

  • demandas que, de conformidad con el Código Civil, son competencia del tribunal de familia y custodia;
  • demandas relativas a inscripciones en el registro civil;
  • demandas relativas a la administración de edificios/apartamentos/espacios de varias plantas que sean propiedad exclusiva de diferentes personas y las relaciones jurídicas establecidas por las asociaciones de propietarios con otras personas físicas o jurídicas;
  • demandas de desahucio;
  • demandas relativas a muros compartidos y zanjas, la distancia entre edificios y fincas, los derechos de paso, los gravámenes y otras servidumbres que afecten a los derechos de propiedad;
  • demandas relativas a cambios en los límites y marcado de límites;
  • demandas para la protección de la posesión;
  • demandas relativas a las obligaciones positivas o negativas no pecuniarias;
  • demandas relativas a particiones judiciales, independientemente de su cuantía;
  • otras demandas pecuniarias, hasta 200 000 RON, independientemente de la capacidad de las partes.

Los tribunales de distrito conocen de las apelaciones contra las decisiones de las autoridades públicas y otros organismos competentes. Los tribunales de distrito también pueden conocer de otras demandas que por ley son de su competencia.

Los tribunales conocen de:

  • como juzgados de primera instancia, todas las demandas que por ley no son competencia de otros tribunales;
  • como tribunales de apelación, los recursos contra las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia;
  • como tribunales de revisión, los asuntos indicados específicamente por la legislación;
  • cualesquiera otras demandas que por ley sean de su competencia.

Los tribunales de apelación conocen de:

  • como juzgados de primera instancia, las demandas relativas a litigios administrativos y fiscales;
  • como tribunales de apelación, los recursos contra las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia;
  • como tribunales de revisión, los asuntos indicados específicamente por la legislación;
  • cualesquiera otras demandas que por ley sean de su competencia.

El Tribunal Supremo de Casación y Justicia conoce de:

  • los recursos contra las sentencias de los tribunales de apelación y otras, en los asuntos establecidos por la legislación;
  • las revisiones en interés de la ley;
  • las demandas relativas a una decisión anterior para aclarar determinados asuntos jurídicos;
  • cualesquiera otras demandas que por ley sean de su competencia.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

El sistema judicial civil rumano distingue entre tribunales superiores e inferiores, y la competencia en relación con el objeto sobre el que se resuelve se reparte entre tribunales de distinta clasificación según criterios funcionales (tipo de obligación) y procesales (cuantía, objeto o naturaleza del litigio).

La Ley de Enjuiciamiento Civil ha introducido cambios en cuanto a la competencia, y los tribunales se han convertido en órganos jurisdiccionales con plena competencia para conocer sustancialmente de los asuntos en primera instancia. La competencia de los tribunales de distrito incluye las demandas de escasa cuantía y/o menos complejas, que son muy frecuentes en la práctica.

Los tribunales de apelación son competentes para conocer principalmente de los recursos, mientras que el Tribunal Supremo de Casación y Justicia es el tribunal ordinario de revisión que garantiza la interpretación y aplicación uniformes del Derecho a nivel nacional.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Las normas sobre la competencia territorial del sistema judicial civil rumano se establecen en el artículo 107 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De conformidad con la norma general, la demanda se presenta ante el tribunal en el que el demandado tiene su domicilio u oficina.

2.2.2 Excepciones a la regla general

Existen normas específicas sobre la competencia territorial, como por ejemplo:

  • si no se conoce el domicilio u oficina del demandado, la demandas debe presentarse ante el tribunal en el que el demandado tiene su residencia/oficina representativa y, si no se conoce, ante el tribunal en el que el demandante tenga su domicilio/oficina/residencia/representación;
  • las demandas contra personas jurídicas regidas por el Derecho privado se pueden presentar también ante el tribunal en el que esté situada una de sus filiales sin personalidad jurídica;
  • las demandas contra una asociación, sociedad u otras entidades sin personalidad jurídica pueden presentarse ante el tribunal competente sobre la persona que, previo acuerdo de sus miembros, tenga asignada su gestión o administración; a falta de dicha persona, la demanda puede presentarse ante el tribunal competente sobre cualquiera de los miembros de la entidad en cuestión;
  • las demandas contra el Estado, las autoridades e instituciones centrales o locales y otras personas jurídicas regidas por el Derecho público pueden presentarse ante el tribunal donde el demandante tenga su domicilio/oficina o ante el tribunal del lugar en el que el demandado tenga su oficina.
2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

La Ley de Enjuiciamiento Civil rumana establece normas de competencia alternativa (artículos 113 a 115). Por tanto, los siguientes tribunales también tienen competencia territorial:

  • el tribunal del lugar en el que el demandante tenga su domicilio (demanda de establecimiento de filiación paterna);
  • el tribunal del lugar en el que el demandante-acreedor tenga su domicilio (obligación de pensión alimenticia);
  • el tribunal del lugar en el que se ejecuta la obligación contractual, tal y como se estipule en el contrato;
  • el tribunal del lugar en el que se encuentre la propiedad (arrendamientos, registro/justificación/corrección de terrenos);
  • el tribunal del lugar en el que se produzca la salida/llegada (contratos de transporte);
  • el tribunal del lugar en el que se efectúe el pago (letras de cambio, cheques, pagarés u otros valores);
  • el tribunal del lugar en el que el consumidor tenga su domicilio (indemnización por daños a los consumidores derivados de contratos celebrados con profesionales);
  • el tribunal del lugar en el que se haya cometido el delito o en el que se haya producido el daño en las demandas relativas a obligaciones derivadas de esas escrituras.

Cuando, fuera de su domicilio, el demandado desempeñe normalmente actividades profesionales, agrícolas, comerciales, industriales o similares, la demanda también puede interponerse ante el tribunal del lugar en el que se realicen las actividades respecto a las obligaciones pecuniarias derivadas o que deban cumplirse en ese lugar.

Respecto a los asuntos de seguros, la demanda por daños también se puede interponer ante el tribunal del lugar en el que el asegurado tenga su domicilio u oficina, donde estén situados los activos asegurados o donde se haya producido el riesgo asegurado.

La elección de la competencia con arreglo a un contrato se considera nula de pleno derecho si se realiza antes de que nazca el derecho a la indemnización, mientras que, respecto a los asuntos relativos al seguro obligatorio de responsabilidad civil, el tercero perjudicado puede iniciar un procedimiento directo también ante el tribunal del lugar en el que tenga su domicilio u oficina.

El tribunal del lugar en el que la persona protegida tenga su domicilio o residencia tiene competencia territorial respecto de las demandas para la protección de personas físicas para las que, de conformidad con el Código Civil, sea competente el tribunal de familia y custodia. En el caso de las demandas de autorización por el tribunal de familia y custodia de la celebración de actos jurídicos (patrimoniales), también es competente el tribunal del lugar en el que se encuentre la propiedad. En este caso, el tribunal de familia y custodia que ha dictado la sentencia entrega una copia de la misma al tribunal de familia y custodia del lugar en el que la persona protegida tenga su domicilio o residencia.

Las demandas de divorcio son competencia del tribunal de distrito del lugar donde se encuentre la última vivienda común de los cónyuges. Si los cónyuges no tienen una vivienda común o si ninguno de ellos vive ya en el lugar sobre el que el tribunal de distrito tiene competencia y donde se encuentra la vivienda común, el tribunal de distrito competente será el del lugar en el que se encuentre el domicilio del demandado. Si el demandado no vive en Rumanía y los tribunales rumanos tienen competencia internacional, será competente el tribunal del lugar en el que se encuentre el domicilio del demandante. En caso de que ni el demandante ni el demandado vivan en Rumanía, las partes podrán acordar interponer la demanda de divorcio ante cualquier tribunal de distrito de Rumanía. A falta de tal acuerdo, la demanda de divorcio se interpondrá ante el Tribunal de Distrito de Bucarest del 5.º Distrito (artículo 914 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Las demandas de resolución de litigios laborales individuales se interpondrán ante el tribunal en el que esté situado el domicilio o lugar de trabajo del demandante (artículo 269 de la Ley n.º 53/2003 – Código de Trabajo).

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Las normas que establecen la competencia territorial exclusiva figuran en los artículos 117 a 121 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por consiguiente:

  • las demandas relativas a los derechos de propiedad se interpondrán únicamente ante el tribunal del lugar en el que se encuentre la propiedad. Si la propiedad está situada en regiones que son competencia de varios órganos jurisdiccionales, la demanda se interpondrá ante el tribunal en el que el demandado tenga su domicilio o residencia, si está situada en su ámbito de competencia o, de lo contrario, ante cualquiera de los tribunales del lugar en el que se encuentre la propiedad. Estas disposiciones también se aplicarán a las demandas de protección de posesiones, marcado de límites, restricciones del derecho sobre bienes inmuebles y partición judicial de una propiedad, cuando la copropiedad indivisa no se derive de la sucesión;
  • en los asuntos de sucesión y hasta la división de la copropiedad indivisa, tendrá competencia exclusiva el tribunal del último domicilio del fallecido en relación con las demandas relativas a:
    • la validez o ejecución de disposiciones testamentarias;
    • la sucesión, sus cargas y las cargas relativas a las posibles reclamaciones de los herederos entre sí;
    • las demandas de legatarios o acreedores del fallecido contra cualquiera de los herederos o el ejecutor del testamento;
  • en relación con las demandas relativas a sociedades, hasta que concluya el procedimiento de liquidación o de baja en el registro, tendrá competencia exclusiva el tribunal del lugar en el que la sociedad tenga su domicilio principal;
  • el tribunal en el que el deudor tenga su oficina tendrá competencia exclusiva sobre las demandas relativas a acuerdos de acreedores o insolvencia;
  • las demandas presentadas por un profesional contra un consumidor podrán interponerse únicamente ante el órgano jurisdiccional del domicilio del consumidor.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Las partes podrán acordar por escrito o, en relación con litigios pendientes, por medio de una declaración verbal ante el órgano jurisdiccional, que los asuntos relativos a activos y otros derechos que puedan tener deben ser resueltos ante otros órganos jurisdiccionales distintos de los que tendrían competencia territorial, a menos que sean de competencia exclusiva. En los litigios relativos a la protección de los derechos de los consumidores y otros asuntos establecidos en la legislación, las partes podrán acordar elegir la competencia únicamente después de que nazca el derecho a la indemnización, y cualquier acuerdo en contra se considerará nulo de pleno derecho (artículo 126 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Las demandas subordinadas, adicionales e incidentales se interpondrán ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda principal, aunque sean competencia en razón del objeto o competencia territorial de otro órgano jurisdiccional, excepto las demandas relativas a los acuerdos de acreedores o la insolvencia. Estas disposiciones se aplicarán asimismo cuando la competencia para la demanda principal se haya establecido por ley a favor de una sala o sección especializadas. Si el tribunal tiene competencia exclusiva sobre una de las partes, tendrá competencia exclusiva sobre todas las partes (artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Asimismo, de conformidad con las disposiciones del artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tribunal que sea competente para conocer de la demanda principal también lo será para las alegaciones y excepciones, salvo las cuestiones preliminares que sean competencia exclusiva de otro tribunal; los incidentes procesales se resolverán ante el tribunal ante el que se interpusieron.

La falta general de competencia de los órganos jurisdiccionales pueden plantearla las partes o el juez en cualquier fase del procedimiento. La falta de competencia en razón del objeto y la falta de competencia territorial relativa al Derecho público deben plantearse en la primera vista a la que las partes hayan sido citadas debidamente ante el primer tribunal, mientras que la falta de competencia relativa al Derecho privado puede plantearla únicamente el demandado en sus alegaciones o, si estas no son obligatorias, como muy tarde en la primera vista a la que las partes hayan sido citadas debidamente ante el primer tribunal. Si la falta de competencia no está relacionada con el orden público, la parte que haya interpuesto la demanda ante un tribunal que no tenga competencia no podrá solicitar la declaración de falta de competencia (artículo 130 del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil).

En los litigios civiles con implicaciones transfronterizas, en asuntos relativos a los derechos de libre disposición de las partes con arreglo al Derecho rumano, si las partes han acordado válidamente que los órganos jurisdiccionales rumanos son competentes para conocer del litigio actual o de los posibles litigios en relación con tales derechos, los tribunales rumanos serán los únicos competentes para conocer de estos asuntos. A menos que la legislación disponga lo contrario, el órgano jurisdiccional rumano ante el que deba comparecer el demandado tendrá competencia para conocer de la demanda, si el demandado comparece ante el tribunal y formula sus alegaciones sobre el fondo del asunto, sin presentar además una excepción sobre la falta de competencia como muy tarde al final de la fase de instrucción del asunto ante el primer tribunal. En los dos casos arriba mencionados, el órgano jurisdiccional rumano podrá desestimar la demanda cuando esté claro, por todas las circunstancias del asunto, que el litigio no está vinculado significativamente con Rumanía (artículo 1066 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil).

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Véanse las respuestas a las preguntas 1, 2, 2.1., 2.2., 2.2.2.1., 2.2.2.2.

Última actualización: 13/06/2018

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Competencia jurisdiccional - Eslovenia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

En Eslovenia, los órganos jurisdiccionales locales (okrajna sodišča) y de distrito (okrožna sodišča) conocen de los asuntos civiles en primera instancia. Son competentes para resolver todos los asuntos y litigios civiles habituales (indemnizaciones, inmuebles, litigios de familia, etc.). La delimitación de competencias entre los órganos jurisdiccionales locales y de distrito se expone a continuación.

Los órganos jurisdiccionales de distrito son competentes para conocer y resolver en primera instancia los asuntos de derecho mercantil. Los litigios mercantiles son asuntos civiles que tienen como partes a empresas, instituciones (incluidas instituciones públicas), cooperativas, el Estado o comunidades locales autónomas, o que hacen referencia a relaciones jurídicas entre comerciantes individuales en relación con su actividad lucrativa y las entidades anteriormente citadas.

Los órganos jurisdiccionales legalmente competentes para conocer de los conflictos laborales son los tribunales laborales (delovna sodišča) y los tribunales de lo social (socialna sodišča), aunque el asunto incluya aspectos civiles. Los litigios laborales afectan a las relaciones entre empleadores y trabajadores y a la vulneración de los derechos y el incumplimiento de las obligaciones derivadas de estas relaciones laborales. La ley eslovena atribuye a los tribunales laborales la competencia para conocer de los conflictos laborales (referentes a las relaciones laborales o los derechos patrimoniales derivados de estas), los conflictos colectivos (en los que una de las partes suele ser un sindicato u otra forma institucional de representación de los trabajadores), los conflictos relacionados con la legalidad de las huelgas y los relativos a los derechos de los trabajadores a participar en la gestión de la empresa. Los tribunales de lo social conocen de los asuntos relativos a los derechos derivados de la discapacidad y las pensiones, los seguros médicos y de desempleo y las prestaciones familiares y sociales.

Dado que la cuestión de la competencia del órgano jurisdiccional únicamente se plantea una vez interpuesta una demanda (antes de enjuiciar y resolver el asunto, el órgano jurisdiccional analiza si es competente para conocer del mismo), es conveniente consultar previamente a un abogado para evitar demoras indebidas. Los órganos jurisdiccionales deben prestar atención, en todos los procedimientos, a la cuestión de su competencia y asegurarse de que no sea otro el órgano competente (por ejemplo, un órgano administrativo). En este último caso, el órgano jurisdiccional debe inadmitir la demanda, con una innecesaria pérdida de tiempo e incremento de costes para el demandante.

Puede encontrarse también información sobre la organización, ubicación y competencia de los órganos jurisdiccionales en el sitio web oficial del Tribunal Supremo de la República de Eslovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije): El enlace abre una nueva ventanahttp://www.sodisce.si/

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Antes de interponer una demanda ante cualquier órgano jurisdiccional, debe analizarse la competencia material o ratione materiae (en función del contenido del asunto) y la competencia territorial. Puede obtenerse información básica, incluida la dirección de todos los órganos jurisdiccionales locales y de distrito, en el sitio web del Tribunal Supremo de la República de Eslovenia: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.sodisce.si/

La competencia material en primera instancia o la posibilidad de que el órgano jurisdiccional conozca de una pretensión concreta se reparte entre los juzgados locales y de distrito. Para decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente se aplican los dos criterios siguientes: la cuantía de la reclamación (objeto del litigio) y el fundamento jurídico de la relación en cuestión (contenido y objeto del litigio).

La regla general es que el juzgado de distrito conoce de las cuestiones más importantes, en las que el objeto del litigio es de elevada cuantía, el conflicto afecta de modo importante a la vida de una persona o la cuestión es jurídicamente compleja por la necesidad de aplicar leyes que regulan aspectos complejos y jurídicamente sensibles (como el divorcio o el mantenimiento de los hijos).

Los cuatro tribunales superiores (višja sodišča) existentes en Eslovenia conocen de los asuntos en segunda instancia, no es posible acudir directamente a ellos. Los tribunales superiores conocen de los recursos contra las decisiones de los juzgados locales y de distrito y de los conflictos de competencia entre estos últimos en su demarcación territorial.

El Tribunal Supremo de la República de Eslovenia conoce de los recursos contra las sentencias de los tribunales superiores, especialmente los de revisión y de protección de la legalidad. Los recursos extraordinarios requieren la asistencia de abogado; la ley reserva a los abogados cualificados la realización de ciertos actos procesales ante el Tribunal Supremo.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Como se indica en el punto anterior, la competencia para conocer de los asuntos en primera instancia está repartida entre los juzgados locales y los de distrito, aunque unos y otros no son dependientes jerárquicamente. La competencia de los órganos jurisdiccionales está legalmente determinada, pero en general los juzgados de distrito suelen conocer de los casos más complejos tanto desde el punto de vista jurídico como de los hechos.

La Ley de Procedimiento Civil (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) establece que los juzgados locales, de los que hay un total de 44 en Eslovenia, conocen de los siguientes asuntos:

  • asuntos en materia de propiedad, si la cuantía de la reclamación no excede de 20 000 EUR;
  • litigios sobre ocupación ilegal;
  • litigios sobre servidumbres y cargas;
  • litigios relativos a alquileres.

Los juzgados locales conocen también de los casos de asistencia letrada de oficio no atribuidos legalmente a otros órganos jurisdiccionales y de otros casos legalmente asignados.

Los 11 juzgados de distrito existentes en Eslovenia conocen de los siguientes asuntos:

  • asuntos en materia de propiedad de cuantía superior a 20 000 EUR;
  • litigios para determinar o cuestionar la paternidad o la maternidad;
  • litigios matrimoniales;
  • litigios relativos a obligaciones legales de mantenimiento;
  • litigios relativos a la protección y crianza de los hijos;
  • litigios relativos al contacto de los hijos con los padres y otras personas, cuando se plantean conjuntamente con litigios relativos a la protección y la crianza de los hijos;
  • litigios en materia de derechos de autor, relativos a la protección y el uso de invenciones y marcas o al uso de un nombre comercial o relativos a las normas de defensa de la competencia;
  • litigios mercantiles;
  • litigios derivados de procedimientos de insolvencia.

El conocimiento de los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual en primera instancia corresponde exclusivamente a la jurisdicción territorial del Juzgado de Distrito de Ljubljana. Los juzgados de distrito son también competentes para conocer de las reclamaciones de asistencia jurídica tanto internacional como en procedimientos de reconocimiento de sentencias de tribunales extranjeros y en otros asuntos legalmente asignados.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

En principio, puede presentarse cualquier demanda ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales de primera instancia de Eslovenia anteriormente mencionados. El órgano jurisdiccional en cuestión debe determinar su competencia para conocer del caso antes de comenzar a enjuiciarlo. Si considera que no tiene competencia territorial, puede ceder el caso a otro juzgado, aunque solo puede hacerlo si la parte contraria plantea la falta de competencia o bien, obligatoriamente, si otro órgano jurisdiccional tiene competencia territorial exclusiva para conocer del caso. Sin perjuicio de esto, hay algunas normas generales para determinar la competencia territorial, con el fin de reducir los costes y resolver rápidamente los procedimientos.

La ZPP establece una regla general sobre la competencia y una regla específica sobre la competencia territorial en función del objeto y de las partes del litigio, según se detalla en los puntos siguientes.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

La Ley establece que las demandas contra una persona física o jurídica deben presentarse ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de su residencia permanente o domicilio social. La competencia territorial para conocer de las demandas contra personas físicas o jurídicas extranjeras corresponde al órgano jurisdiccional del lugar en que la persona física tiene su residencia en Eslovenia o donde la persona jurídica tiene su sucursal.

2.2.2 Excepciones a la regla general

En ciertos casos, la ZPP permite presentar la demanda ante un órgano jurisdiccional distinto al que posee la competencia territorial general: en determinados asuntos (por el objeto o el contenido del conflicto), solo puede interponerse la demanda ante un tribunal con competencia exclusiva para el caso en cuestión, lo que se denomina competencia territorial exclusiva.

Si el demandante acude a un órgano jurisdiccional que no posee competencia territorial, este lo declara así y traslada el caso al órgano jurisdiccional competente, ante el que continúa tramitándose como si se hubiera iniciado allí.

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Como se ha indicado, en ciertos casos dos órganos jurisdiccionales pueden tener simultáneamente competencia territorial. En tal caso, las partes pueden acudir a cualquiera de ellos (competencia selectiva).

Este tipo de competencia se define en los artículos 49 al 65 de la Ley de Procedimiento Civil; por tanto, solo se exponen a continuación los casos más importantes y de mayor relevancia para la vida de las partes.

En los litigios sobre alimentos para el cónyuge, no solo es competente el órgano jurisdiccional con competencia territorial general, sino también el del lugar en el que el demandante (beneficiario de los alimentos) tiene su residencia permanente. Las partes pueden elegir también el tribunal en los litigios matrimoniales (divorcio). En este caso, es competente el órgano jurisdiccional del lugar en el que los cónyuges tenían su última residencia permanente conjunta. En los litigios para determinar o cuestionar la paternidad o la maternidad, es competente también el tribunal del lugar en el que el hijo legitimado según la ley eslovena para interponer la demanda tiene su residencia temporal o permanente. Si un órgano jurisdiccional de Eslovenia tiene competencia para conocer de estos litigios, porque el demandante tiene su domicilio permanente en el país, por ejemplo, el juzgado correspondiente al lugar de su domicilio tiene también competencia territorial. En las reclamaciones extracontractuales de indemnización (frecuentemente relacionadas con accidentes de tráfico), es competente el juzgado del lugar en el que se han producido los daños (es decir, el lugar del accidente) o las consecuencias de los daños, junto con el órgano jurisdiccional con competencia territorial general. En caso de fallecimiento o lesiones graves, es competente también el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio permanente o temporal del demandante. En los litigios derivados de relaciones contractuales, el órgano jurisdiccional del lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales es también competente, al igual que en los conflictos relativos a letras de cambio y cheques (juzgado del lugar de pago). La Ley de Procedimiento Civil prevé, como se ha indicado, otros casos de competencia selectiva.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

Para ciertos asuntos, la ley asigna una competencia territorial especial a un único órgano jurisdiccional. Es la denominada competencia territorial exclusiva, que se aplica del siguiente modo:

  • en los litigios relativos a bienes inmuebles, ocupación ilegal y alquileres, la competencia territorial exclusiva corresponde al órgano jurisdiccional del lugar de ubicación del inmueble;
  • en los litigios relativos a derechos reales sobre buques y aeronaves (y su arrendamiento), la competencia territorial exclusiva corresponde al órgano jurisdiccional de su lugar de registro;
  • en los litigios relativos a procedimientos judiciales o administrativos de ejecución y de insolvencia, la competencia territorial exclusiva corresponde al órgano jurisdiccional del lugar de ubicación del juzgado en el que se tramita el procedimiento en cuestión.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

La legislación eslovena permite en ciertos casos a las partes acordar la competencia de un juzgado de primera instancia (acuerdo sobre la competencia territorial). Este acuerdo puede cambiar la competencia territorial legalmente prevista, aunque las partes no pueden acordar la competencia ratione materiae, que solo puede determinarse legalmente (véase la explicación anterior).

Las partes pueden someter su caso a un órgano jurisdiccional de primera instancia que no tenga competencia territorial. El requisito es que el órgano jurisdiccional en cuestión sea competente para conocer del contenido del caso o tenga competencia ratione materiae (es decir, la separación de la competencia entre los juzgados locales y de distrito). Tampoco cabe el acuerdo cuando la ley asigna competencia territorial exclusiva a un órgano jurisdiccional (véase el punto anterior).

El acuerdo entre las partes debe formalizarse por escrito y debe hacer referencia a un conflicto específico o futuro que pueda derivarse de su relación jurídica concreta. El documento debe acompañarse a la demanda que inicie el procedimiento ante el órgano jurisdiccional en cuestión. Es importante resaltar que no cabe un acuerdo sobre la competencia territorial durante el procedimiento, es decir, una vez interpuesta la demanda sin haber adjuntado a la misma dicho acuerdo.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

El sistema judicial esloveno no tiene órganos jurisdiccionales especializados en derecho civil y mercantil (como los de familia para conflictos matrimoniales o entre padres e hijos), por lo que todos los litigios civiles se resuelven ante los órganos jurisdiccionales locales y de distrito o sus secciones civiles o mercantiles. Los órganos jurisdiccionales están organizados en salas (civil, familia, mercantil, ejecución, procedimientos no litigiosos, sucesiones). En general, los asuntos de estas salas los resuelven jueces especializados mediante resoluciones judiciales.

Solo hay órganos jurisdiccionales específicos para los conflictos sociales y laborales, descritos en los comentarios iniciales.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.sodisce.si/

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

El enlace abre una nueva ventanahttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Última actualización: 24/06/2016

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Competencia jurisdiccional - Eslovaquia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

En principio, en los procedimientos de primera instancia sobre asuntos civiles, tienen competencia los tribunales ordinarios, lo que significa que en la mayoría de los casos son competentes los tribunales de distrito (okresný súd) [artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Contradictorio (Civilný sporový poriadok, LECC)], y en casos excepcionales el tribunal regional (krajský súd) (artículo 31 de la LECC). En determinados casos, debe recurrirse a un tribunal especializado (véase la respuesta a la pregunta n.º 3)

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

Por competencia objetiva material se entiende normalmente la designación de la competencia para conocer de casos en primera instancia entre órganos jurisdiccionales de distintos tipos. Esto significa que se trata de determinar si es un tribunal de distrito o un tribunal regional el que debe resolver un asunto como tribunal de primera instancia. Por lo general, los tribunales de distrito son competentes para conocer de los asuntos civiles en primera instancia (artículo 12 de la LECC). En determinados asuntos establecidos en la legislación, son los tribunales regionales los que resuelven como tribunales de primera instancia (artículo 31 de la LECC). El criterio básico para determinar la competencia de un tribunal es la naturaleza del asunto.

La base del procedimiento judicial son las audiencias ante los tribunales de primera instancia. Todos los asuntos deben ser oídos en primer lugar por un tribunal de primera instancia. Las circunstancias que concurran en el momento de iniciarse el procedimiento, es decir, el día en el que la demanda llega al tribunal, son decisivas para determinar la competencia objetiva. Un cambio de circunstancias en el transcurso de un procedimiento no afecta a la competencia objetiva que ya se haya establecido.

La existencia de la competencia objetiva es una de las condiciones procesales fundamentales que corresponden al tribunal. El tribunal examina si se ha cumplido de oficio en todas las fases de los procedimientos y en todas las instancias, es decir, que no se ha planteado ninguna objeción por falta de competencia objetiva. Si el tribunal entiende que no tiene competencia objetiva, está obligado a remitir el asunto a otro tribunal que tenga competencia objetiva. El tribunal informa al demandante. Si la demanda ya se ha comunicado al demandado, el tribunal debe informarle asimismo de que ha remitido el asunto a un tribunal con competencia objetiva. Un litigio sobre la competencia objetiva solo puede surgir entre un tribunal de distrito y un tribunal regional, dado que el Tribunal Supremo (Najvyšší súd) no puede tener competencia objetiva en los procedimientos de primera instancia. Un litigio sobre la competencia objetiva entre un tribunal de distrito y un tribunal regional se resolverá ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal superior de ambos para resolver sobre la competencia.

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

El sistema judicial de la República Eslovaca cuenta con un sistema judicial de tres niveles: tribunales de distrito, tribunales regionales y Tribunal Supremo. Los tribunales de distrito son competentes para conocer de los asuntos civiles en primera instancia (artículo 12 de la LPCC). Los tribunales regionales son competentes en segunda instancia, lo que significa que los recursos contra las decisiones de los tribunales de distrito los resolverán siempre los tribunales regionales. Una excepción son los litigios derivados de la revisión sumaria en asuntos de consumidores, donde los tribunales regionales (Tribunal Regional de Bratislava, Tribunal Regional de Banská Bystrica y Tribunal Regional de Košice) deciden en sus distritos como tribunales de primera instancia (artículo 31 de la LECC).

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

La competencia territorial se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil Contradictorio y la Ley de Enjuiciamiento Civil no Contradictorio (LECNC, Civilný mimosporový poriadok). Las disposiciones sobre la competencia territorial determinan qué tribunal de primera instancia, esto es, qué tribunal específico, de todos los tribunales con competencia material, debe conocer y resolver un asunto. La normativa legal aplicable distingue entre la competencia territorial general y la particular. La competencia territorial particular tiene prioridad a la hora de determinar la competencia territorial de un tribunal. Si la competencia no se determina con este método, se aplica la competencia territorial general. La competencia territorial también puede ser opcional (alternativa/facultativa) o exclusiva. En caso de que la competencia territorial sea opcional, el demandante puede elegir entre interponer la demanda ante el tribunal ordinario del demandado o ante otro tribunal indicado en la LECC. Cuando la competencia territorial sea exclusiva, se enumeran los asuntos en los que un tribunal distinto del tribunal ordinario del demandado tiene competencia territorial. Esto significa que un órgano jurisdiccional determinado será competente independientemente de si el tribunal ordinario del demandado es otro tribunal y de la posibilidad de elegir un tribunal según el criterio personal en el asunto de que se trate.

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Asuntos contradictorios

De conformidad con las disposiciones de la LECC, el tribunal ordinario del demandado siempre tendrá competencia territorial, a menos que se establezca lo contrario (artículo 13 de la LECC).

El tribunal ordinario de una persona física es el tribunal del distrito en el que esta tenga su residencia permanente (artículo 14 de la LECC).

El tribunal ordinario de una persona jurídica es el tribunal del distrito en el que esta tenga su domicilio social (artículo 15, apartado 1, de la LECC). El tribunal ordinario de una persona jurídica extranjera es el tribunal del distrito en el que esta tenga su sucursal en la República Eslovaca (artículo 15, apartado 2, de la LECC).

Si el tribunal ordinario no se puede determinar de esta forma, el tribunal designado será aquel en cuyo distrito la persona física o jurídica tenga su última residencia permanente o su domicilio social en la República Eslovaca; si no existe dicho tribunal, será competente el tribunal en cuyo distrito la persona tenga bienes (artículo 16 de la LECC).

El tribunal ordinario del Estado es aquel en cuyo distrito se produce el hecho que da lugar a la demanda (artículo 17 de la LECC).

Asuntos no contradictorios

En los asuntos no contradictorios (artículo 3 de la LECNC), tiene competencia territorial el tribunal designado por la Ley. Si la competencia territorial no se puede determinar de este modo, tendrá competencia territorial el tribunal ordinario del demandante.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

La competencia alternativa (competencia elegida opcionalmente) refleja el derecho del demandante a elegir, en lugar del tribunal ordinario del demandado, un tribunal que sea competente con arreglo al artículo 19 de la LECC. Aparte del tribunal ordinario del demandado, la competencia territorial también se atribuye a un tribunal en cuyo distrito:

a) se encuentre el lugar de trabajo del demandado, de conformidad con su contrato laboral;

b) se produzca una circunstancia que dé lugar a una demanda por daños y perjuicios;

c) esté situada la sucursal de la persona jurídica del demandado, si el litigio está relacionado con dicha sucursal;

d) el demandante que sea un consumidor tenga su residencia permanente, si el litigio es un litigio de consumidores o si el procedimiento se refiere a litigios relativos al arbitraje de consumidores;

e) el demandante tenga su residencia permanente o domicilio social o bien, en el caso de una persona jurídica extranjera, el demandante tenga su unidad organizativa, en el caso de un litigio por discriminación.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

La competencia exclusiva en los asuntos contradictorios significa la obligación del demandante de elegir, en lugar del tribunal ordinario del demandado, el tribunal competente de conformidad con el artículo 20 de la LECC. Esto significa que, en los siguientes casos, la competencia territorial para conocer del procedimiento se asignará al tribunal:

a) en cuyo distrito se encuentre el bien inmueble, en los litigios relativos a los derechos reales;

b) en cuyo distrito se resuelva el procedimiento de sucesión, en los litigios relativos a los procedimientos sucesorios;

c) en el que tenga lugar el procedimiento de ejecución, si el litigio se deriva de la naturaleza particular del procedimiento;

d) en el que tenga lugar el procedimiento de quiebra o reestructuración, si el litigio se deriva de la naturaleza particular del procedimiento, a excepción de los procedimientos relativos a la resolución de bienes conyugales indivisibles;

e) en cuyo distrito se encuentre el lugar de arbitraje, si los procedimientos se refieren a litigios en procedimientos de arbitraje, a excepción del arbitraje de consumidores; si el lugar de arbitraje está fuera de la República Eslovaca, tendrá competencia para conocer del asunto el tribunal en cuyo distrito el demandado tenga su residencia permanente, su domicilio social o su unidad organizativa, en el caso de una persona jurídica extranjera; si el demandado no tiene su residencia permanente o su domicilio social o unidad organizativa, en el caso de una persona jurídica extranjera, en la República Eslovaca, será competente para conocer del asunto el tribunal del lugar en el que el demandante tenga su residencia permanente o su domicilio social o su unidad organizativa, en el caso de una persona jurídica extranjera.

La competencia exclusiva en los asuntos no contradictorios significa que, en lugar del tribunal ordinario, serán competentes los siguientes tribunales:

La competencia territorial en los procedimientos relativos al divorcio se atribuye al tribunal en cuyo distrito el matrimonio tenga su último lugar de residencia común, siempre y cuando al menos uno de los cónyuges siga residiendo en ese distrito. De lo contrario, tendrá competencia territorial el tribunal ordinario del cónyuge que no interpuso la demanda. Si la competencia del tribunal no se puede determinar de esta forma, será competente el tribunal ordinario del demandante (artículo 92 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la determinación de la invalidez o nulidad del matrimonio se atribuye al tribunal en cuyo distrito el matrimonio tenga su último lugar de residencia común, siempre y cuando al menos uno de los cónyuges siga residiendo en ese distrito. De lo contrario, tendrá competencia territorial el tribunal ordinario del cónyuge que no interpuso la demanda. Si la competencia del tribunal no se puede determinar de esta forma, será competente el tribunal ordinario de uno de los cónyuges (artículo 101 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la protección judicial de menores corresponderá al tribunal en cuyo distrito tenga su residencia el menor, determinado de mutuo acuerdo entre los padres o, de lo contrario, de conformidad con la legislación al inicio de procedimiento (artículo 112, apartado 1 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la adopción corresponderá al tribunal en cuyo distrito tenga su residencia el menor, determinado de mutuo acuerdo entre los padres o, de lo contrario, de conformidad con la legislación al inicio de procedimiento. Si no existe dicho tribunal, será competente para conocer del asunto el tribunal en cuyo distrito viva el menor (artículo 136 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la capacidad para emprender acciones judiciales se atribuye al tribunal en cuyo distrito tenga su residencia la persona cuya capacidad se cuestiona (artículo 232 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la aceptabilidad del consentimiento de una persona y la retención en un centro médico se atribuye al tribunal en cuyo distrito esté situado el centro médico (artículo 252 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos al nombramiento de un tutor se atribuye al tribunal en cuyo distrito la persona en cuestión tenga su residencia; si no existe dicho tribunal, el tribunal en cuyo distrito la persona tenga sus bienes (artículo 273 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la declaración de fallecimiento se atribuye al tribunal ordinario del lugar en el que se va a declarar el fallecimiento de la persona (artículo 220 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la sucesión se atribuye al tribunal en cuyo distrito:

a) el testador tenga su residencia permanente en el momento de su fallecimiento;

b) se encuentren los bienes del testador, a menos que la competencia se atribuya de conformidad con el apartado a);

c) haya fallecido el testador, a menos que la competencia se atribuya de conformidad con los apartados a) o b) (artículo 158 de la LECNC).

En los procedimientos subsiguientes de sucesión, tendrá competencia territorial el tribunal que concluyó el procedimiento de sucesión (artículo 159 de la LECC).

En caso de que una demanda de un menor que sea heredero deba ser admitida por un tribunal en un procedimiento de sucesión, el tribunal que conoce del procedimiento de sucesión será competente para aprobar la demanda (artículo 160, apartado 1 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la tutela notarial se atribuirá al tribunal en cuyo distrito el notario que tiene la custodia del dinero, los bienes o los valores tenga su domicilio social (artículo 334 de la LECNC).

La competencia territorial en los procedimientos relativos a la sustitución judicial de la pérdida de un valor emitido por un banco o una sucursal de un banco extranjero se atribuirá al tribunal en cuyo distrito el banco o la sucursal de un banco extranjero tenga su domicilio social. De lo contrario, el tribunal ordinario del demandante será competente en los procedimientos relativos a la sustitución judicial de un documento. Si el demandante no tiene su tribunal ordinario en la República Eslovaca, será competente el tribunal en cuyo distrito esté situado el lugar de pago (artículo 311 de la LECNC).

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

No.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

La competencia de los tribunales especializados se regula en los artículos 22 a 33 de la LECNC; de manera específica, se trata de tribunales especializados con competencia para conocer de los:

a) litigios de letras de cambio y cheques;

b) litigios laborales;

c) litigios de quiebra y reestructuración;

d) litigios relativos a la propiedad industrial;

e) litigios relativos a la competencia desleal y los derechos de autor;

f) litigios derivados de la competencia económica;

g) litigios relativos a los procedimientos de arbitraje;

h) litigios derivados de contratos del mercado de valores;

i) litigios relativos a la determinación de la nulidad de un contrato, un contrato de concesión de obras o un contrato marco;

j) litigios relativos a la revisión sumaria en asuntos del consumidor;

k) litigios relativos a indemnizaciones de daños nucleares;

l) litigios relativos a medidas de protección en asuntos civiles dictadas en otro Estado miembro de la UE.

Última actualización: 14/01/2019

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Competencia jurisdiccional - Finlandia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

Las demandas civiles se tramitan en Finlandia ante los órganos jurisdiccionales ordinarios. Los órganos jurisdiccionales especiales son normalmente instancias de recurso u órganos encargados de asuntos no planteados por personas físicas.

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

El órgano jurisdiccional ordinario de primera instancia competente para conocer de los asuntos civiles es el juzgado de distrito (käräjäoikeus). Los tribunales superiores (hovioikeus) actúan principalmente como instancias de recurso.

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

La regla general es que las demandas se presentan ante el juzgado de primera instancia ordinario del lugar de residencia del demandado. Esta regla se aplica también cuando el demandado es una persona jurídica. Solo en muy pocos supuestos ha de presentarse la demanda en otro lugar.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Así puede ocurrir en los siguientes casos:

Las demandas de divorcio, separación o nulidad matrimonial y de división del patrimonio en casos distintos al fallecimiento del cónyuge pueden presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial de residencia o domicilio de cualquiera de los cónyuges.

Las demandas relativas a las actividades de una sucursal, departamento, representación u otro establecimiento de una persona jurídica o de un comerciante pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia de su domicilio social.

Las demandas de consumidores contra comerciantes al amparo de la legislación de protección de los derechos de los consumidores pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial de residencia o domicilio del consumidor afectado.

El tribunal mercantil (markkinaoikeus) actúa como órgano jurisdiccional de primera instancia en los litigios, demandas y reclamaciones relativos a derechos de la propiedad y de autor.

Las demandas relativas a los contratos de trabajo pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial donde se realiza habitualmente el trabajo. Si el trabajo no se realiza generalmente en un mismo distrito judicial, el trabajador puede presentar la demanda ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial en el que se halle el domicilio social del empleador.

Las demandas relativas a las indemnizaciones por otros motivos extracontractuales pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial donde se haya producido el acto o la negligencia en cuestión o se hayan sufrido los perjuicios consiguientes. Estas demandas pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial de residencia o domicilio del demandante cuando se basan en la Ley del seguro de responsabilidad de vehículos a motor (liikennevakuutuslaki), la Ley de lesiones personales (potilasvahinkolaki), la Ley de responsabilidad de los productos (tuotevastuulaki), la Ley de seguro de daños medioambientales (laki ympäristövahinkovakuutuksesta) y la Ley de responsabilidad del transporte ferroviario (raideliikennevastuulaki).

Las demandas relativas a los bienes inmuebles pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial de radicación del inmueble.

Las demandas relativas a la pensión de alimentos pueden presentarse también ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial de residencia del demandante o el perceptor de la pensión.

En los asuntos internacionales son de aplicación las normas de competencia establecidas en los reglamentos de la UE o en los tratados internacionales.

2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

El órgano jurisdiccional competente no es siempre el del lugar de residencia del demandado. Por ejemplo:

Las demandas relativas a la determinación de la paternidad deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial del lugar de residencia o domicilio de la madre o del niño; las demandas relativas a la revocación de la paternidad deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial del lugar de residencia del niño.

Las demandas relativas a la custodia y el derecho de visita deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial del lugar de residencia del niño.

Las demandas relativas a la ejecución de resoluciones en materia de custodia y derecho de visita deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial del lugar de residencia permanente o temporal del niño o del demandado.

Las demandas relativas al nombramiento de tutores, la finalización de la tutela, la restricción de la capacidad de obrar o la retirada o modificación de tales restricciones deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial del lugar de residencia de la persona cuya capacidad de obrar es objeto de restricción.

Las demandas relativas a la confirmación de la adopción deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial del lugar de residencia o domicilio del padre adoptivo.

Las demandas relativas a herencias y patrimonios deben presentarse ante el juzgado de primera instancia del distrito judicial de residencia o domicilio del difunto.

2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

En las demandas civiles (excepto en los procedimientos no contenciosos), los interesados pueden elegir un órgano jurisdiccional distinto del normalmente competente (juzgado de primera instancia).

El derecho de los consumidores, los trabajadores y las personas físicas que reclaman o reciben una pensión de alimentos a presentar demandas ante el órgano jurisdiccional señalado en el Código de Procedimiento Judicial (oikeudenkäymiskaari) no pueden restringirse mediante pactos sobre los tribunales competentes, a menos que tales pactos se celebren con posterioridad al surgimiento del litigio.

Los acuerdos de jurisdicción deben formalizarse por escrito y pueden limitarse a un litigio concreto o a todos los litigios derivados de una determinada relación jurídica.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

El tribunal mercantil actúa como órgano jurisdiccional de primera instancia para los litigios, demandas y reclamaciones relativos a los derechos de propiedad y de autor. Aparte de esto, los órganos jurisdiccionales especiales de Finlandia sólo intervienen en los litigios en que concurren circunstancias excepcionales.

Enlaces

El enlace abre una nueva ventanaÓrganos jurisdiccionales finlandeses

Última actualización: 02/03/2018

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Competencia jurisdiccional - Suecia

1 ¿Debo dirigirme a un órgano jurisdiccional ordinario o a un órgano jurisdiccional especializado (por ejemplo a un tribunal de trabajo)?

De litigios de derecho civil entienden, en principio, los tribunales ordinarios. El asunto debe presentarse ante el tribunal de distrito (tingsrätt) que sea competente.

Existen dos tribunales especializados que entienden de determinados tipos de asuntos civiles: el tribunal de trabajo (Arbetsdomstolen) y el tribunal mercantil (Marknadsdomstolen). También existen tribunales de distrito que se ocupan de determinados tipos de asuntos. La competencia de estos tribunales se aborda en la pregunta 3 posterior.

Puede consultarse más información sobre los tribunales ordinarios aquí, y sobre los tribunales especializados aquí.

De algunos litigios civiles se ocupan órganos que no son verdaderos tribunales. Mediante un procedimiento simplificado, dentro del procedimiento sumario, las autoridades con funciones coercitivas pueden obligar a una parte a efectuar un pago o pueden adoptar otras medidas. Las decisiones adoptadas por las autoridades pueden recurrirse ante un tribunal de distrito. Así, de determinados tipos de litigios relacionados con alquileres o arriendos entienden los tribunales de alquileres (hyresnämnder) o los tribunales de arrendamientos (arrendenämnder).

2 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales ordinarios (es decir, cuando son competentes para conocer de un asunto) ¿cómo puedo saber a cuál debo dirigirme?

2.1 ¿Existen órganos jurisdiccionales civiles ordinarios «inferiores» y «superiores» (por ejemplo los tribunales de distrito son órganos «inferiores» y las audiencias territoriales son órganos «superiores»? En caso afirmativo, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto?

Prácticamente todos los asuntos civiles se someten al tribunal de primera instancia en primer lugar, es decir, al tribunal de distrito (tingsrätt).

2.2 Competencia territorial (¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto, el de la ciudad A o el de la ciudad B?

2.2.1 Reglas generales de la competencia territorial

Según las normas generales, el asunto debe presentarse en el lugar de residencia del demandado. Se considera que una persona física es residente en el lugar donde está empadronada. La Agencia Tributaria sueca (Skatteverket) puede proporcionar información sobre el padrón (tel: +46 (0)8 56 48 51 60). Generalmente se considera que las personas jurídicas están registradas en el lugar donde tienen su domicilio social.

También puede presentarse un asunto ante un tribunal sueco aunque la persona no viva en Suecia. Si el demandado no tiene domicilio, el asunto puede incoarse en el lugar de estancia, o, en algunos casos, en el último lugar de residencia o de estancia. En algunos litigios civiles, pueden emprenderse acciones judiciales en Suecia aunque el demandado sea residente en el extranjero. Resulta de crucial importancia para los criterios de competencia del tribunal que el demandado sea propietario de bienes en Suecia o que haya celebrado un contrato en Suecia.

En asuntos internacionales es importante recordar que las normas suecas sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales solo pueden aplicarse cuando existe competencia judicial sueca. En la mayoría de los casos, existe competencia sueca cuando un tribunal sueco es competente en virtud de las normas nacionales sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales. A este respecto también deben tenerse en cuenta los acuerdos internacionales aplicables. Los más importantes para Suecia son el Reglamento Bruselas I, el Convenio de Bruselas y el Convenio de Lugano, que regulan la competencia de los órganos jurisdiccionales si el demandado es residente en un Estado contemplado en el Reglamento o en los Convenios. En particular, en ellos también se establece que los criterios sobre competencia judicial según los cuales las demandas por obligación de pago pueden interponerse en el lugar donde el demandado tenga bienes pueden no aplicarse a una persona residente en un Estado miembro o en un Estado firmante del Convenio.

2.2.2 Excepciones a la regla general

2.2.2.1 ¿En qué casos puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general) y otro tribunal?

Existen varias normas sobre competencia judicial según las cuales también pueden emprenderse acciones ante un tribunal diferente del tribunal del lugar de residencia del demandado. Asimismo, se recogen normas sobre conflicto de competencias en diversos acuerdos internacionales, tales como el Reglamento Bruselas I y los Convenios de Bruselas y Lugano.

Las principales normas suecas en materia de conflicto de competencias son las siguientes:

  • Toda persona que haya sufrido daños puede emprender acciones en el lugar donde estos se hayan infligido o se hayan producido. En principio, esta norma no se aplica en caso de incumplimiento de contrato. El recurso de indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una infracción penal puede interponerse al mismo tiempo que la demanda por infracción penal.
  • Los consumidores pueden emprender acciones contra un proveedor de bienes o servicios ante su propia jurisdicción en asuntos de consumo de poca cuantía.
  • Los asuntos relativos a obligaciones de pago estipuladas por contrato pueden presentarse, en algunos casos, ante el tribunal del lugar en que se celebró el contrato. En cambio, no hay disposición alguna de la legislación sueca que atribuya competencia al tribunal del lugar de ejecución del contrato.
  • En algunos casos pueden emprenderse acciones contra un proveedor de bienes o servicios en relación con un conflicto derivado de una actividad en el lugar donde esta se ejerza.
  • Las demandas relativas a la custodia de hijos, su lugar de residencia y el derecho de visita se interponen, en principio, en el lugar donde residen los hijos (véase también la sección sobre Responsabilidad parental – Suecia).
  • Las demandas relativas al mantenimiento de los hijos suelen presentarse ante el tribunal del lugar de residencia del demandado, pero las demandas sobre paternidad, asuntos matrimoniales y asuntos de responsabilidad parental (custodia y residencia de los hijos) también pueden presentarse ante otro tribunal.
2.2.2.2 ¿En qué casos tengo que elegir un tribunal distinto del tribunal del domicilio del demandado (tribunal determinado mediante la aplicación de la regla general)?

La legislación sueca contiene varias normas sobre competencia exclusiva que determinan ante qué tribunal deben emprenderse las acciones judiciales. También se establecen normas de competencia exclusiva en diversos acuerdos internacionales, tales como el Reglamento Bruselas I y los Convenios de Bruselas y Lugano. Si un asunto contemplado en alguna de estas disposiciones se presenta ante un tribunal diferente del que tiene competencia exclusiva, el tribunal no puede ocuparse del asunto.

Las principales normas suecas sobre competencia exclusiva son las siguientes:

  • La mayoría de los litigios inmobiliarios deben presentarse ante el tribunal del lugar donde se encuentre la propiedad.
  • Determinados conflictos inmobiliarios deben presentarse ante un tribunal de propiedad inmobiliaria (fastighetsdomstol) o ante un tribunal de alquileres o arrendamientos (hyresnämnd o arrendenämnd). Esto también depende del lugar donde se encuentre la propiedad.
  • De los asuntos de herencia entiende el tribunal del lugar de residencia de la persona fallecida.
  • Los conflictos relativos al matrimonio y al reparto de bienes entre cónyuges corresponden al tribunal del lugar de residencia de una de las partes.
  • Cuando el órgano que debe entender de un conflicto es el tribunal de trabajo (Arbetsdomstolen) o el tribunal mercantil (Marknadsdomstolen), el asunto no puede presentarse ante el tribunal ordinario del lugar de residencia del demandado.
  • En la mayoría de los litigios de medio ambiente, derecho marítimo y propiedad intelectual existen normas especiales que confieren la competencia a un solo tribunal.
  • El tribunal de apelación Svea (Svea Hovrätt) tiene competencia exclusiva para examinar las solicitudes de ejecución de resoluciones de tribunales extranjeros.
2.2.2.3 ¿Pueden elegir las partes un órgano jurisdiccional que, de otro modo, no sería competente?

Las partes pueden celebrar un acuerdo por el que se someta un asunto a un tribunal determinado. El acuerdo deberá ser por escrito y se conoce como acuerdo de ampliación de la competencia. En él puede estipularse que tendrá competencia exclusiva un único tribunal. También puede acordarse que sea competente un tribunal diferente del previsto en las normas habituales. Las partes pueden también reconocer la competencia de varios tribunales.

En principio, el tribunal designado como competente por las partes debe juzgar obligatoriamente los asuntos que se le presenten. Sin embargo, esto no será de aplicación si el acuerdo infringe las normas sobre competencia exclusiva. Si una de las partes alega que el acuerdo de ampliación de la competencia no es válido, el tribunal deberá examinar la alegación y puede llegar a decidir que no es competente.

Un tribunal que, en principio, no sería competente puede serlo si el demandado no se opone a que se ocupe del asunto. Esto se denomina ampliación tácita. Sin embargo, esto no podrá ocurrir cuando existan normas de competencia exclusiva aplicables, extremo que el tribunal deberá comprobar por propia iniciativa. No obstante, el tribunal no examinará de oficio la cuestión de si el asunto se ha planteado infringiendo las normas generales, las disposiciones sobre conflicto de competencias o un acuerdo de ampliación de la competencia. Las objeciones a la competencia del tribunal deben formularse en la primera declaración de las partes. No obstante, si el demandado no presta declaración y el tribunal debe dictar una sentencia en rebeldía, este debe asegurarse de que es competente.

3 Cuando la potestad jurisdiccional corresponde a tribunales especializados, ¿cómo puedo saber a cuál dirigirme?

Existen dos tribunales especializados que se ocupan de asuntos civiles, a saber, el tribunal de trabajo (Arbetsdomstolen) y el tribunal mercantil (Marknadsdomstolen). El tribunal de trabajo se ocupa de los conflictos de relaciones laborales, esto es, de conflictos relativos a las relaciones entre empresarios y trabajadores, mientras que el tribunal mercantil entiende de litigios relativos a las normas de competencia y al derecho mercantil.

Existen tribunales de distrito (tingsrätter) que se ocupan de determinados tipos de demandas civiles. Cinco tribunales de distrito suecos son también tribunales de medio ambiente y de propiedad inmobiliaria (mark- och miljödomstolar). Estos tribunales se ocupan de los asuntos comprendidos en el Código de medio ambiente (miljöbalken) y de los asuntos relativos a la expropiación y parcelación de terrenos. Entienden de conflictos de derecho marítimo siete tribunales de distrito que son a su vez tribunales de derecho marítimo (sjörättsdomstolar). En conflictos de propiedad intelectual, especialmente sobre patentes, el tribunal de distrito de Estocolmo (Stockholms tingsrätt) tiene competencia exclusiva según la ley.

Última actualización: 12/11/2015

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