Proteger los activos durante una acción en los países de la UE

Finlandia
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European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas

En Finlandia, los acreedores u otros demandantes en los procedimientos civiles o mercantiles pueden solicitar medidas cautelares para asegurar la ejecución de una futura resolución judicial sobre el fondo del asunto. La adopción de medidas cautelares está regulada en el capítulo 7 del Código de Procedimiento Judicial (oikeudenkäymiskaari), y la ejecución de sentencias, en el capítulo 8 del Código de Ejecución (ulosottokaari). Hay tres clases de medidas cautelares:

  • el embargo para asegurar una deuda,
  • el embargo para asegurar la propiedad u otro derecho preferente y
  • otras medidas cautelares (medidas cautelares generales).

A continuación se describen estas medidas preventivas, disponibles en todos los litigios civiles. Existen también normas específicas sobre medidas cautelares para ciertas clases de litigios, como las dirigidas a asegurar la prueba en los asuntos civiles relativos a los derechos de propiedad y de autor. Los asuntos penales se rigen por la Ley de medidas coercitivas (pakkokeinolaki), entre las que se encuentran el embargo, las restricciones a la disposición y el secuestro de activos.

Hay que distinguir entre las medidas cautelares y las medidas preliminares (provisionales) de ejecución de sentencias en los asuntos civiles. Estas últimas hacen referencia a la ejecución de sentencias antes de que sean firmes y no puedan recurrirse. Una sentencia civil aún no firme puede normalmente ejecutarse directamente con arreglo a la ley, pero la ejecución no suele ser completa. Por ejemplo, una sentencia no firme de un juzgado de primera instancia sobre deudas vencidas permite embargar los bienes del deudor si este no aporta garantías del pago. Por otra parte, los bienes embargados solo pueden enajenarse para destinar lo obtenido a la liquidación de la deuda si el acreedor aporta también las garantías correspondientes. En cambio, las sentencias por incomparecencia son inmediata y plenamente ejecutables.

2 ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1 Procedimiento

La decisión de ordenar las clases de medidas cautelares anteriormente expuestas corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios, actuando los juzgados de distrito (käräjäoikeus) como órganos de primera instancia. La ejecución de las medidas cautelares acordadas por los órganos jurisdiccionales corresponde a los oficiales judiciales Las solicitudes de adopción de medidas cautelares se formulan ante el órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto. Si no se ha iniciado aún un procedimiento judicial, la solicitud puede formularse ante el órgano jurisdiccional de distrito ante el que debería interponerse la demanda sobre el fondo del asunto.

El órgano jurisdiccional no puede aprobar de forma definitiva la solicitud sin ofrecer al demandado la oportunidad de ser oído, pero sí puede aceptar la solicitud de medidas cautelares provisionales sin ofrecerle esta oportunidad si la finalidad de la medida pudiera de otro modo frustrarse. En la práctica, las medidas cautelares pueden obtenerse muy rápidamente. Las resoluciones provisionales tienen validez hasta que se adopta una resolución contraria.

Si un solicitante tiene ya motivos para la ejecución pero no puede iniciarse inmediatamente un procedimiento de ejecución, el oficial judicial puede acordar directamente en ciertos casos medidas cautelares. A continuación solo se analizan las medidas cautelares acordadas por los órganos jurisdiccionales.

2.2 Condiciones principales

Los requisitos para acodar el embargo para asegurar una deuda o un derecho preferente son los siguientes:

  • el solicitante debe acreditar suficientemente que tiene una deuda vencida susceptible de embargo frente al demandado o un derecho preferente sobre un determinado bien, y
  • debe existir un peligro de que el demandado realice actos que pongan en peligro la deuda o el derecho del solicitante.

Del mismo modo, otras medidas cautelares requieren pruebas prima facie de otro derecho y un riesgo de que el demandado pueda vulnerar ese derecho.

Previamente a la ejecución de las medidas cautelares, el solicitante debe prestar una garantía ante el oficial judicial.

3 Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1 ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

Toda clase de bienes pueden ser susceptibles de medidas cautelares. Si la finalidad del embargo es asegurar una deuda, el órgano jurisdiccional ordena el embargo de bienes muebles o inmuebles del demandado hasta el valor de su deuda. El oficial judicial decide a continuación qué elementos del patrimonio del demandado deben embargarse. Si la finalidad del embargo es asegurar un derecho preferente, el órgano jurisdiccional especifica el bien objeto del derecho a embargar y el oficial judicial ejecuta la orden contra dicho bien.

El órgano jurisdiccional puede acordar otras medidas cautelares para:

  • prohibir al demandado, bajo sanción, hacer o celebrar algo;
  • ordenar al demandado, bajo sanción, hacer algo;
  • autorizar al demandante a hacer o disponer que se haga algo;
  • ordenar que los bienes del demandado se pongan en poder o bajo custodia de un agente;
  • acordar otras medidas cautelares precisas para asegurar los derechos del solicitante.

3.2 ¿Qué efectos surten estas medidas?

Cuando se ejecuta una orden de embargo, el deudor pierde el control del bien embargado. La comercialización o enajenación de bienes objeto de embargo es una infracción penal. Si se embargan fondos de una cuenta bancaria, el banco sólo puede entregarlos al oficial judicial. No obstante, la orden de embargo no confiere al solicitante ningún derecho preferente sobre los fondos embargados respecto a otros acreedores del deudor.

Los efectos de otras medidas cautelares dependen de la naturaleza de estas.

3.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

En el plazo de un mes desde la decisión por la que se acuerdan las medidas cautelares, el solicitante debe presentar una demanda sobre el fondo del asunto ante un órgano jurisdiccional u otro órgano en otro tipo de procedimiento que pueda dar lugar a una resolución ejecutiva, como un laudo arbitral. Si no lo hace, se retirarán las medidas cautelares. Las medidas cautelares pueden retirarse también si por otros motivos ya no concurren las causas por las que se acordaron. Cuando el órgano jurisdiccional dicta una resolución sobre el fondo del asunto, debe dictar al mismo tiempo una orden sobre las medidas cautelares.

El solicitante responde en principio de los costes derivados de las medidas preventivas. Si las medidas cautelares resultan posteriormente injustificadas, el solicitante responde de los perjuicios causados al demandado, con independencia de que actuara con negligencia. Para cubrir esta posibilidad, el solicitante debe prestar garantía antes de la ejecución de las medidas cautelares. Por otra parte, el demandado puede evitar normalmente la ejecución de las medidas cautelares prestando una garantía.

4 ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso contra estas medidas?

Las decisiones de los órganos jurisdiccionales por las que se acuerdan medidas cautelares pueden recurrirse ante los tribunales superiores, es decir, el tribunal de apelación (hovioikeus) o el Tribunal Supremo (korkein oikeus). La interposición del recurso no impide la ejecución de la orden, a menos que el órgano encargado del recurso la suspenda. No obstante, no cabe recurso contra las resoluciones sobre medidas cautelares provisionales.

Los recursos contra las medidas o decisiones de un oficial judicial relativas a la ejecución de medidas cautelares corresponden a los juzgados de distrito. Pueden recurrir también terceros que consideren que sus bienes han sido embargados a causa de la deuda del deudor.

Última actualización: 06/09/2019

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