Obtención de pruebas

Portugal
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Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 La carga de la prueba

1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las normas relativas a la carga de la prueba pretenden determinar la parte sobre la que recae la carga de probar la veracidad de los hechos alegados, con el fin de demostrar el fundamento de su pretensión.

En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, es decir, la parte sobre la que recae esta responsabilidad, el artículo 342 del Código Civil establece la norma fundamental. En virtud del citado artículo, incumbe a la parte que invoca un derecho probar los hechos constitutivos del derecho, y la parte contra la que se alega tal derecho debe demostrar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho. Los hechos impeditivos son aquellos que constituyen un obstáculo al establecimiento efectivo del derecho. Los modificativos son los que alteran el ámbito de aplicación del derecho establecido, y los extintivos son los que extinguen el derecho establecido. En caso de duda, los hechos deben considerarse constitutivos.

En las acciones de valoración negativa, en las que una parte no solicita la condena de la parte contraria, sino una mera constatación por parte del tribunal de la inexistencia de un derecho o de un hecho, compete al demandado (aquella persona contra la que se interpone la demanda) probar los elementos constitutivos del derecho que se arroga.

En las acciones que se deben interponer dentro de un plazo determinado, que empieza a contar a partir de la fecha en que el demandante (quien ejerce la acción) tiene conocimiento de un hecho determinado, incumbe a la parte demandada aportar la prueba de que ese plazo ha expirado, salvo que la ley disponga explícitamente otra cosa.

Si el derecho invocado por el demandante estuviera sujeto a condición suspensiva (acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento las partes hacen depender la producción de los efectos del negocio jurídico) o a un plazo inicial (momento inicial a partir del cual nace el derecho), incumbirá a la parte demandante probar que la condición se cumplió o el plazo expiró. Si el derecho estuviera sujeto a condición resolutiva (acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento las partes hacen depender la resolución de los efectos del negocio jurídico) o a un plazo final (momento final a partir del cual se produce la extinción del derecho), corresponderá a la parte demandada aportar la prueba del cumplimiento de la condición o de la expiración del plazo.

Las normas anteriores se invierten cuando existe una presunción legal (consecuencia o conclusión que la ley extrae de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido), una dispensa o una exención de la carga de la prueba, o un acuerdo válido en ese sentido y, en general, siempre que la ley así lo establezca. La carga también se invertirá cuando la parte contraria haya hecho imposible, dolosamente, la prueba a aquel a quien incumba aportarla.

Será nulo todo acuerdo que invierta la carga de la prueba cuando se trate de un derecho indisponible (derecho del que la parte no puede disponer por una simple manifestación de su voluntad) o cuando la inversión de la carga de la prueba dificulte excesivamente el ejercicio del derecho a una de las partes. También será nulo todo acuerdo que excluya algún medio de prueba legal o admita uno diferente de los previstos en la ley. Si las disposiciones legales relativas a la prueba se fundaran en motivos de orden público, el acuerdo será nulo en cualquier circunstancia.

Frente a la prueba aportada por la parte a quien incumba demostrar un determinado hecho, la parte contraria podrá presentar una contraprueba, con el fin de suscitar dudas. En caso de que esa duda se produzca, el juez deberá resolver en contra de la parte sobre la que recaiga la carga de la prueba.

Las pruebas judiciales integrales solo podrán contrarrestarse con pruebas que demuestren que el hecho del que derivan no es verídico, sin perjuicio de otras restricciones determinadas específicamente por ley.

Quien invoque el Derecho consuetudinario, local o extranjero es responsable de demostrar su existencia y contenido, pero el tribunal deberá intervenir de oficio para tener el conocimiento correspondiente. El tribunal también será responsable del conocimiento de oficio cuando tenga que tomar decisiones conforme al Derecho consuetudinario, local o extranjero y ninguna de las partes lo haya invocado, o bien si la parte contraria ha reconocido su existencia y contenido o no ha presentado oposición alguna. En caso de que no pueda determinar el contenido del Derecho aplicable, el tribunal aplicará el Derecho consuetudinario portugués.

1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una determinada presunción jurídica no es válida?

Existen, efectivamente, esas normas.

Están exentos de prueba los hechos que gocen de notoriedad, debiendo entenderse por tales los que sean de conocimiento general.

Tampoco se exigirán pruebas para los hechos de los que el tribunal tenga constancia en virtud del desempeño de sus funciones; si el tribunal invoca estos hechos, deberán adjuntarse documentos justificativos de los hechos al caso.

De la misma manera, la parte a la que favorezca una presunción legal (anteriormente definida), no necesita probar el presunto hecho.

Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo en los casos en que la ley no lo permita.

1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El tribunal valora libremente las pruebas y el juez resuelve sobre la base de una convicción prudente de cada hecho.

La valoración libre de las pruebas no comprende los hechos para los que la ley exige un trámite especial ni los que solo se pueden demostrar con documentos o demostrarse íntegramente, bien con documentos o con el acuerdo o la confesión de las partes.

El tribunal debe considerar todas las pruebas, independientemente de que provengan de la parte que debe aportarlas, sin perjuicio de las disposiciones que declaran que la prueba de un hecho resulta irrelevante si no la aporta una parte interesada determinada.

Cualquier duda que surja sobre la realidad de un hecho o la carga de la prueba se resolverá contra la parte que pueda beneficiarse del hecho.

2 La práctica de la prueba

2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

La ley prevé la posibilidad de que las diligencias de obtención de pruebas se realicen de oficio.

Compete al juez realizar u ordenar, incluso de oficio, todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad y la naturaleza real del litigio, en relación con los hechos que le es lícito conocer.

El juez puede, en cualquier fase de los procedimientos, pedir a las partes que comparezcan en persona para aportar pruebas en relación con los hechos que sean pertinentes para la decisión en cuestión.

Es responsabilidad del tribunal, por iniciativa propia o a petición de alguna de las partes, solicitar información, peritajes técnicos, planos, fotografías, dibujos, objetos u otros documentos necesarios para aclarar la verdad. Estas peticiones pueden ser realizadas a organismos oficiales, a las partes litigantes o a terceras partes.

El tribunal, siempre que lo juzgue conveniente, puede, de oficio o a instancia de las partes, y con el debido respeto a la intimidad de la vida privada y familiar y a la dignidad humana, reconocer cosas o personas, con el fin de esclarecer cualquier hecho pertinente para la decisión de que se trate. El tribunal podrá desplazarse al lugar de que se trate y proceder a la reconstrucción de los hechos, si lo considera necesario.

Si durante el proceso hubiera motivos para suponer que una persona, no citada como testigo, tiene conocimiento de hechos importantes para la justa solución del litigio, el juez deberá ordenar que se la cite para prestar declaración.

El juez puede, de oficio, ordenar pruebas periciales.

2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Por norma general, las pruebas se aportan con los escritos procesales. Al final de la demanda, el demandante debe presentar la lista de testigos y solicitar otros métodos de prueba; si el demandado contesta, deberá presentar la lista de testigos con sus respuestas y solicitar otros métodos de prueba. El demandante podrá cambiar la demanda original para obtener pruebas; podrá hacerlo en su respuesta, cuando proceda, o bien en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación de la defensa. En caso de que el demandado presente una reconvención y el demandante responda, el demandado podrá modificar su demanda original para obtener pruebas en el plazo de 10 días a partir de la fecha de notificación de la respuesta.

Por norma general, las pruebas se presentan en la vista final. Con carácter excepcional, las pruebas también podrán aportarse en una fase anterior. Pueden consistir en el interrogatorio de personas, prueba pericial o reconocimiento judicial, para lo cual bastará que haya fundados temores de que la declaración de determinadas personas pueda resultar imposible o muy difícil en el momento procesal en principio oportuno, así como la verificación posterior de determinados hechos.

Tras haber admitido durante la vista preliminar la petición para obtener pruebas, donde pueden modificarse, o si no se aplica al auto pertinente, se convoca la vista final tras haber escuchado a los representantes legales.

También podrá incorporarse o modificarse la lista de testigos hasta 20 días antes de la fecha de celebración de la vista final y tras haber notificado a la parte contraria del uso de esta posibilidad, si lo desea, en un plazo de cinco días.

La práctica de la prueba en la vista final, sin perjuicio de los casos en que las circunstancias justifiquen una alteración del orden legal por el juez, comienza con el interrogatorio de las partes.

A continuación, en caso de que la prueba se apoye en tales medios, se presentarán reproducciones cinematográficas o registros fonográficos.

Acto seguido se oyen los dictámenes orales de los peritos, si su comparecencia en la vista se ha acordado a instancia de las partes o por iniciativa del tribunal, después de lo cual se hace un análisis de los testigos.

Tras la práctica de la prueba comienzan los debates sobre el fondo. En estos debates los abogados tratan de establecer las conclusiones, de hecho y de Derecho, extraídas de las pruebas presentadas, y cada abogado puede responder una sola vez.

Al concluir la vista final, el caso se remite al juez para que dicte sentencia en el plazo de 30 días. Si el tribunal considera que los hechos no se han aclarado suficientemente, puede regresar a la sala de vistas, tomar declaración a las personas que estime conveniente e incluso ordenar las diligencias que considere necesarias.

2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Puede denegarse la práctica de una prueba si la petición se presenta fuera del plazo previsto a tal efecto por la ley.

También puede denegarse la práctica de una prueba total o parcialmente incluso si se presenta puntualmente, en las siguientes circunstancias: si se supera el número de testigos en un tipo de procedimiento determinado (deberán rechazarse los que excedan el límite); si el juez considera que la práctica de una prueba pericial es irrelevante o dilatoria; si alguien que podría testificar como parte es nombrado testigo; si se solicita la declaración de una parte implicada en hechos deshonestos o penales de los que se acusa a la parte en cuestión; o si se cita a la parte a declarar sobre hechos que no implican una confesión. Entre otras pruebas no admitidas destacan las que suponen la violación del secreto de Estado, secreto profesional o secreto de los funcionarios públicos, que podrá levantarse de conformidad con los términos establecidos legalmente.

Posteriormente, durante la vista final y después de que el testigo haya prestado juramento, el juez realizará un estudio preliminar, en aras de identificar al testigo y determinar si es familiar, amigo o enemigo de alguna de las partes, si tiene alguna relación de dependencia con alguna de las partes o si tiene un interés directo o indirecto en el caso. Si las respuestas demuestran que la parte declarante no puede actuar como testigo o no es la persona presentada, el juez no admitirá que el testigo declare. Solo aquellos que no padezcan trastornos psiquiátricos y que tengan la capacidad física y mental para declarar sobre los hechos que se pretenden probar podrán testificar en calidad de testigos, y el juez será responsable de evaluar la aptitud natural de la persona designada como testigo a fin de valorar la admisibilidad y credibilidad de las pruebas.

Las pruebas testimoniales no se admitirán si la declaración negocial, de conformidad con la ley o según estipulen las partes, debe realizarse por escrito o debe probarse por escrito. Las pruebas testimoniales tampoco se admitirán cuando el hecho se haya demostrado íntegramente mediante documentos u otros medios con fuerza probatoria plena. Este tipo de pruebas tampoco se admitirán si se basan en acuerdos contrarios o adicionales al contenido de documentos auténticos o privados con fuerza probatoria plena, independientemente de que los acuerdos se hayan alcanzado antes de la creación del documento, al mismo tiempo o posteriormente.

2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Constituyen medios de prueba:

a)      los documentos;

b)      la pruebas de confesión;

c)      la declaración de las partes en el proceso;

d)     los informes periciales;

e)      las inspecciones judiciales;

f)       los interrogatorios de testigos;

g)      las pruebas mediante la presentación de objetos;

h)      las presunciones.

2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas escritas y los dictámenes e informes periciales?

El que la prueba se practique de forma oral o escrita no genera diferencias en cuanto al valor probatorio de los medios de prueba.

Solo se considerarán vinculantes para el tribunal las pruebas con fuerza probatoria predeterminada legalmente y de conformidad con los términos y los límites especificados: pruebas mediante documentos auténticos o privados, cuya autenticidad se determine mediante medios reconocidos (véanse los artículos 362 a 387 del Código Civil), confesión (véanse los artículos 352 a 360 del Código Civil) y presunciones legales (véanse los artículos 349 a 350 del Código Civil).

La evaluación del resto de pruebas se realizará de conformidad con el principio de valoración libre de las pruebas, no sujeta a norma alguna excepto las normas de experiencia, es decir, los juicios generales y abstractos de sucesión causal. Las pruebas se considerarán según la convicción que el juez se haya formado de los hechos, teniendo en cuenta las normas.

2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Efectivamente, la ley atribuye distinta fuerza probatoria a los diferentes tipos de prueba.

Se excluye la libre apreciación de la prueba y algunos medios prevalecen sobre los demás siempre que la ley atribuya un valor de convencimiento específico a un determinado medio de prueba o exija, para la existencia o prueba del hecho jurídico, un trámite especial. En los casos de prueba legal negativa, la ley prohíbe que la convicción del juez se fundamente en determinados medios de prueba.

En lo que atañe a la práctica de la prueba mediante el interrogatorio de testigos, el dictamen oral de peritos (a los que, por regla general, solo se oye en la vista final en caso de que sean necesarias aclaraciones verbales, ya que el resultado del dictamen pericial consta en documento escrito), el reconocimiento judicial, los informes periciales y los documentos a los que la ley no confiere una fuerza probatoria especial, el tribunal valora libremente la prueba.

El juez valora discrecionalmente el valor probatorio del interrogatorio de los testigos. No obstante, ello sucede sin perjuicio de la inadmisibilidad de la prueba testifical como sustitutivo de un documento legalmente exigido o para demostrar todo acuerdo contrario o suplementario al contenido de determinados documentos.

De la misma manera, el juez determina libremente la fuerza probatoria de las respuestas de los peritos y el resultado del reconocimiento judicial.

Los documentos auténticos (esto es, aquellos que emanan de autoridades o funcionarios públicos competentes, en el ámbito de sus atribuciones) tienen fuerza probatoria plena (es decir, su efecto solo puede ser contrarrestado por una prueba en contrario) en relación con los hechos que, según conste en ellos, hayan sido realizados por tales agentes, así como en relación con los hechos que en ellos se certifiquen sobre la base del juicio del órgano que los haya expedido. Los documentos privados cuyas firmas o letra, o solo la firma, hayan sido reconocidas o no impugnadas por la parte contra la cual se presentan, o cuando, a pesar de haberle atribuido la firma y la letra, declaran no saber si son suyas, o se consideran auténticas a efectos legales y judiciales, y los documentos privados cuyas firmas o letra hayan sido autenticadas por un notario público podrán usarse como prueba de las declaraciones atribuidas a su autor, sin perjuicio de la impugnación y prueba de la falsedad del documento. Los hechos incluidos en la declaración se consideran probados en la medida en que sean contrarios a los intereses del declarante. No obstante, la declaración se tendrá en cuenta en su totalidad. Los documentos privados autenticados de conformidad con las leyes notariales tienen fuerza probatoria como documentos auténticos, pero no los reemplazan cuando la legislación exige tales documentos para la validez de los hechos.

Una confesión judicial por escrito tiene fuerza probatoria plena contra el declarante. Una confesión extrajudicial, en forma de documento auténtico o privado, se considerará probada de conformidad con los términos aplicables a tales documentos y, si se ha realizado a la otra parte o a su representante, tendrá fuerza probatoria plena.

Una confesión extrajudicial que no adopte la forma de documento no podrá ser probada por los testigos en los casos en que no se admitan las pruebas testimoniales; en caso de que sí se admitan, el tribunal valorará libremente su fuerza probatoria.

El tribunal considerará libremente las confesiones judiciales que no se realicen por escrito y las confesiones extrajudiciales realizadas a terceros o contenidas en un testamento.

Una confesión no constituirá una prueba contra el declarante: a) si se declara insuficiente de conformidad con la ley o se basa en hechos cuyo reconocimiento o investigación están prohibidos por ley; b) si se basa en hechos relacionados con derechos inalienables; c) si el hecho confesado es imposible o claramente inexistente.

2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

En el Derecho portugués, sí.

Cuando la ley exija, como forma de declaración negocial, un documento sujeto a un determinado trámite, este no podrá ser sustituido por otro medio de prueba o por otro documento que no tenga una fuerza probatoria superior.

Cuando la ley exija, para la existencia o prueba de un hecho jurídico, un trámite especial, no se podrá dispensar del mismo.

2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Todas las personas, sean o no partes en el proceso, tienen el deber de colaborar en el esclarecimiento de la verdad. A tal efecto, deben responder a las preguntas que se les formulen, someterse a los reconocimientos necesarios, responder a las peticiones que se les hagan y llevar a cabo los actos que se determinen.

2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Los testigos pueden negarse a aportar pruebas, salvo en los procedimientos que tengan por objeto verificar el nacimiento u óbito de los hijos:

  • los ascendientes en las causas en que estén inmersos sus descendientes y los adoptantes en las que lo estén los adoptados, y viceversa;
  • el suegro o la suegra en las causas por violencia de género o en los que sea parte su nuera, y viceversa;
  • cualquiera de los cónyuges, o ex cónyuges, en las causas en que sea parte el otro cónyuge o ex cónyuge;
  • la persona que conviva o haya convivido, en una unión de hecho en condiciones análogas a las de los cónyuges, con alguna de las partes en la causa.

Incumbe al juez advertir a las personas antes mencionadas de su derecho a negarse a declarar.

Es legítima la negativa a declarar de los testigos sujetos al secreto profesional, al secreto de los funcionarios públicos y al secreto de Estado, en relación con todos aquellos hechos a los que se refiera ese secreto.

2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

De conformidad con la respuesta anterior, no se sancionará ni se obligará a cooperar con el tribunal a las personas que se nieguen a declarar, ya que se trata de un derecho legal.

2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Sí, hay personas a las que no se puede interrogar.

Se encuentran en esta situación los imposibilitados por trastorno psíquico y todos aquellos que muestren una incapacidad física o mental para declarar sobre los hechos que sean objeto de prueba.

Compete al juez valorar la capacidad natural de las personas llamadas como testigos.

No pueden prestar declaración como testigos las personas que puedan declarar como partes en el proceso.

2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por videoconferencia u otros medios técnicos?

Los testigos declaran en la vista final, personándose en la sede del tribunal o a través de videoconferencia, excepto cuando:

  • se proceda a un interrogatorio anticipado (al que puede recurrirse cuando exista un temor fundado a que el interrogatorio de una determinada persona vaya a resultar imposible o muy difícil);
  • se proceda al interrogatorio por comisión rogatoria dirigida a un consulado portugués;
  • se proceda al interrogatorio en el domicilio de una persona o en la sede de un organismo administrativo (prerrogativa concedida al Presidente de la República y a los agentes diplomáticos extranjeros en condiciones de reciprocidad);
  • se constate la imposibilidad de comparecer ante el tribunal;
  • se haga uso de la prerrogativa de declarar por escrito.

El testigo debe declarar con precisión, indicando los motivos y circunstancias que puedan justificar el conocimiento de los hechos; en la medida de lo posible, especificará y fundamentará los motivos invocados.

El interrogatorio lo realiza el abogado de la parte que ha propuesto al testigo. El abogado de la parte contraria podrá plantearle las preguntas que, teniendo relación con los hechos sobre los cuales haya declarado, resulten indispensables para completar o esclarecer su declaración.

El juez debe oponerse a que los abogados traten con desconsideración al testigo y le hagan preguntas o consideraciones impertinentes, inductivas, capciosas o vejatorias.

El interrogatorio y las preguntas los realizan los representantes de las partes, sin perjuicio de la información solicitada por el juez o del hecho de que el juez pueda plantear las preguntas que estime convenientes para esclarecer la verdad.

El juez podrá asumir personalmente el interrogatorio cuando ello resulte necesario para garantizar la tranquilidad del testigo o acabar con las preguntas inapropiadas.

El testigo, antes de responder a las preguntas que se le formulen, podrá consultar los autos, exigir que se le muestren determinados documentos de los mismos o presentar documentos destinados a corroborar su declaración; solo se aceptarán y archivarán los documentos que la parte correspondiente no pueda haber presentado.

3 La valoración de la prueba

3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha obtenido de manera legal?

El tribunal desestimará las pruebas obtenidas ilegalmente.

3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Sí, además del testimonio de la parte a que se ha hecho referencia anteriormente, el Derecho procesal portugués también ofrece a las partes la opción de prestar declaración.

De hecho, las partes podrán, hasta el inicio de las alegaciones orales en primera instancia, solicitar permiso para prestar declaración en relación con los hechos en los que están implicados personalmente o de los que tienen un conocimiento directo.

El tribunal valorará libremente las declaraciones de las partes, salvo cuando impliquen una confesión.

En este sentido, véase también la respuesta a la pregunta 2.6.

Información complementaria

Legislación aplicable

Código Civil

Ley de Enjuiciamiento Civil

Información complementaria

Ministerio de Justicia

Fiscalía

Diario Oficial

Base de datos de documentos legales

Última actualización: 30/04/2018

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