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Constitución de la República de Croacia

Constitución de la República de Croacia

Legislación más importante en materia de Derecho penal

Ley penal o Kazneni zakon [Narodne novine (Boletín Oficial de la República de Croacia) n.os 125/11144/12, 56/15, 61/15, 101/17 y 118/18]

El 1 de enero de 2013 entró en vigor la nueva Ley penal, que introdujo varias novedades, como penas más severas y plazos de prescripción más largos, y tipificó nuevos delitos, como el impago de salarios, la violencia en las carreteras o los juegos de azar ilegales. En el marco de las modificaciones y suplementos introducidos en la Ley penal en diciembre de 2012, la posesión de drogas para consumo personal ha dejado de considerarse delito y se ha convertido en una falta.

La Ley penal se divide en una parte general y una parte especial.

A) La parte general de la Ley penal contiene disposiciones aplicables a todos los delitos. Rigen los criterios de tipificación, las penas y las demás sanciones penales.

B) La parte especial de la Ley penal tipifica las conductas delictivas y fija las penas que pueden imponerse a las mismas, incluidas las faltas y las penas que imponen otras leyes. La Ley penal croata tipifica los siguientes delitos:

  • los delitos de lesa humanidad y contra la dignidad humana;
  • los delitos contra la vida y la integridad física;
  • los delitos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales;
  • los delitos contra las relaciones laborales y la seguridad social;
  • los delitos contra la libertad de las personas;
  • los delitos contra la vida privada;
  • los delitos contra el honor y la dignidad;
  • los delitos contra la libertad sexual;
  • los delitos de maltrato infantil y explotación sexual de menores;
  • los delitos contra el matrimonio, la familia y los hijos;
  • los delitos contra la salud de las personas;
  • los delitos contra el medio ambiente;
  • los delitos contra la seguridad general;
  • los delitos contra la seguridad vial;
  • los delitos contra el patrimonio;
  • los delitos contra la economía;
  • los delitos contra los sistemas, los programas y los datos informáticos;
  • los delitos de falsificación;
  • los delitos contra la propiedad intelectual;
  • los delitos contra las prerrogativas públicas;
  • los delitos contra la justicia;
  • los delitos contra el orden público;
  • los delitos electorales;
  • los delitos contra la República de Croacia;
  • los delitos contra los países extranjeros y las organizaciones internacionales;
  • los delitos contra las fuerzas armadas de la República de Croacia.

Ley de enjuiciamiento criminalZakon o kaznenom postupku [Narodne novine n.os 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 (sentencia y auto del Tribunal Constitucional de la República de Croacia), 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 y 70/17].

Esta Ley establece normas para garantizar que no se condene a los inocentes y que a los autores de delitos se les impongan penas u otras medidas en las condiciones establecidas por la ley y sobre la base de un procedimiento sustanciado con arreglo a la legislación aplicable ante el órgano jurisdiccional competente.

Las diligencias y los procedimientos penales solo pueden iniciarse y concluirse de conformidad con las normas y en las condiciones previstas por la ley.

Las siguientes directivas de la UE han sido transpuestas al ordenamiento jurídico croata por la Ley de enjuiciamiento criminal:

  1. la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1);
  2. la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1);
  3. la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1);
  4. la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1);
  5. la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008; p. 60);
  6. la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57);
  7. la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1);
  8. la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39);
  9. la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo (DO L 151 de 21.5.2014, p. 1).

El procedimiento penal se inicia a petición de una persona que tenga legitimación activa.

En el caso de los delitos que se persiguen de oficio, la persona legitimada es el fiscal de la República, mientras que en el caso de los delitos que se persiguen sobre la base de una acusación privada, la persona legitimada es el querellante. En el caso de determinados delitos definidos por ley, el fiscal de la República incoa el procedimiento penal solo a petición de la víctima. A menos que la ley disponga otra cosa, compete al fiscal de la República incoar un procedimiento penal cuando haya dudas razonables de que una persona determinada ha cometido un delito perseguible de oficio, siempre que no exista ningún impedimento jurídico para el enjuiciamiento de esa persona.

Cuando el fiscal de la República considera que no existe ningún fundamento para incoar un procedimiento penal o interesar la práctica de diligencias, la víctima, como parte perjudicada, puede sustituir al fiscal y constituirse en acusación particular, en las condiciones establecidas por la ley.

Ley sobre los efectos jurídicos de las condenas, los antecedentes penales y la rehabilitaciónZakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine n.os 143/12 y 105/15).

Esta Ley rige los efectos jurídicos de las condenas, la organización, la llevanza, el suministro, la comunicación y la supresión de los datos del registro de antecedentes penales y el intercambio internacional de datos de los registros de antecedentes penales, así como la rehabilitación.

Esta Ley contiene disposiciones conformes con los siguientes actos normativos de la UE:

  • la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, y
  • la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI.

En la República de Croacia, el registro de antecedentes penales lo organiza y lleva el Ministerio competente en materia de justicia, que es también el órgano central encargado de intercambiar esos datos con otros Estados (en adelante, el «Ministerio»).

En el registro de antecedentes penales figuran las personas físicas y jurídicas (en adelante, «personas») que han sido condenadas en Croacia mediante sentencia firme por la comisión de un delito, así como los residentes en la República de Croacia y las personas jurídicas que tienen su domicilio social en la República de Croacia que han sido condenados mediante sentencia firme fuera de la República de Croacia por la comisión de un delito, siempre que esos datos se hayan transmitido al Ministerio.

En el registro de antecedentes penales también figuran las personas que han sido condenadas mediante sentencia firme por los delitos de maltrato infantil y explotación sexual de menores y demás delitos mencionados en el artículo 13, apartado 4, de esta Ley.

Las principales leyes en materia de Derecho civil de la República de Croacia son las siguientes:

Ley de obligacionesZakon o obveznim odnosima (Narodne novine n.os 35/05, 41/08 y 125/11).

Esta Ley sienta las bases del Derecho de obligaciones (parte general), así como de las obligaciones contractuales y extracontractuales (parte especial).

Quienes realicen negocios jurídicos son libres de regular sus obligaciones sin que ello suponga una contravención de la Constitución de la República de Croacia, las disposiciones legales y las buenas costumbres.

Ley relativa a la propiedad y a otros derechos realesZakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine n.os 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 y 152/14).

Esta Ley regula en general los derechos de las personas respecto de los bienes; las normas previstas en esta ley se aplican también a los derechos sobre bienes que se rigen por disposiciones jurídicas especiales, siempre que no sean incompatibles con dichas disposiciones.

Las disposiciones de esta Ley aplicables a los derechos de propiedad y a los propietarios se aplican en consecuencia a los demás derechos reales, siempre que no se rijan por una ley especial o que su naturaleza jurídica exija otra cosa.

Ley de sucesionesZakon o nasljeđivanju [Narodne novine n.os 48/03, 163/03, 35/05 (Ley de obligaciones) y 127/13].

Esta ley rige el Derecho de sucesión y las normas en virtud de las cuales los órganos jurisdiccionales, otros órganos y las personas legitimadas intervienen en los asuntos sucesorios.

Ley relativa al registro de la propiedadZakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine n.os 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 y 108/17).

Esta Ley rige las cuestiones relacionadas con el estatuto jurídico de los bienes inmuebles del territorio de la República de Croacia, se aplica a los negocios jurídicos relacionados con estos y regula el procedimiento de inscripción en el registro de la propiedad (catastro) y su llevanza, siempre que no se apliquen disposiciones especiales al bien inmueble en cuestión.

Ley de enjuiciamiento civilZakon o parničnom postupku [Narodne novine n.os 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 (versión consolidada), 25/13 y 89/14].

Esta Ley define las normas procesales sobre cuya base los órganos jurisdiccionales sustancian y resuelven los litigios relativos a los derechos y obligaciones fundamentales, las relaciones personales y familiares entre los justiciables y los litigios relativos al Derecho laboral, el Derecho mercantil, el Derecho de la propiedad y otros litigios de Derecho civil, a menos que la ley disponga que los órganos jurisdiccionales resuelvan esos litigios de conformidad con las normas aplicables a otros procedimientos.

Ley relativa a la ejecución forzosaOvršni zakon (Narodne novine n.os 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 y 73/17).

Esta Ley regula el procedimiento en el que los órganos jurisdiccionales y los notarios llevan a cabo el cobro mediante ejecución forzosa de los créditos respaldados por títulos ejecutivos y documentos públicos con fuerza ejecutiva (procedimiento de ejecución forzosa), así como el procedimiento en el que los órganos jurisdiccionales y los notarios adoptan medidas para garantizar los créditos (procedimiento cautelar), a menos que una ley especial disponga otra cosa. Esta Ley también regula las relaciones jurídicas creadas sobre la base de los procedimientos de ejecución forzosa y cautelares.

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Última actualización: 16/07/2020

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