Actividades empresariales que pueden menoscabar los derechos humanos a escala mundial, y cuál es la respuesta de la UE.
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La actividad empresarial es el motor de la economía, ya que contribuye al desarrollo económico y social mediante la creación de puestos de trabajo, el suministro de bienes y la prestación servicios; sin embargo, también puede tener un efecto negativo en los derechos humanos, entre ellos los laborales, sociales y medioambientales.
En particular, las empresas (por medio de sus actividades y omisiones, y las de sus cadenas de suministro) pueden repercutir negativamente en todo el espectro de derechos humanos reconocidos internacionalmente, tales como:
A fin de garantizar que la actividad de las empresas redunde en ventajas para la sociedad y de prevenir sus efectos adversos, las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han acordado un enfoque sobre lo que cabe esperar en materia actividad empresarial responsable a escala mundial.
En concreto:
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011) son los primeros estándares de conducta acordados a escala mundial para prevenir y combatir los riesgos que las actividades empresariales plantean para los derechos humanos.
Las Líneas Directrices de la OCDE, adoptadas en 1976 y actualizadas en 2011, incluyen un capítulo sobre derechos humanos, que se ajusta a los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
La Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social se actualizó en 2017 para incluir nuevas normas laborales, así como referencias a los Principios Rectores de las Naciones Unidas y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Además, en 2016 el Consejo de Europa adoptó una Recomendación sobre empresas y derechos humanos que se centra en el acceso a las vías de reparación y hace especial hincapié en las necesidades adicionales de protección de los trabajadores, los menores, los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos.
En relación con el acceso a vías de reparación, los Principios Rectores de las Naciones Unidas establecen que los países deberían adoptar medidas adecuadas para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por vulneraciones derivadas de actividades empresariales. Esto puede lograrse a través de medios judiciales, administrativos, legislativos o de otro tipo. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas también establecen que las empresas que han causado o hayan contribuido a producir efectos adversos con sus actividades deberían repararlos.
Respuesta de la UE
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene varias normas pertinentes, como las que tratan:
La UE ha procurado contrarrestar el efecto adverso de las actividades empresariales sobre los derechos humanos con las iniciativas siguientes:
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