Empresa y derechos humanos

En Eslovaquia, toda persona tiene derecho a la igualdad de trato en el ejercicio de sus derechos y a la protección contra la discriminación. Los empresarios están obligados a garantizar el principio de igualdad de trato no solo con respecto al suministro de bienes y la prestación de servicios, sino también con respecto al empleo, la relación con los demandantes de empleo y con los propios trabajadores.

1. ¿Qué tipo de protección judicial tengo en su país como víctima de vulneraciones de los derechos humanos? ¿Incluye esta protección una indemnización?

Uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Eslovaca es el derecho a la protección judicial, a fin de hacer valer sus derechos ante órganos jurisdiccionales independientes, incluido el Tribunal Constitucional, o ante otra autoridad de Eslovaquia cuando así lo disponga la ley.

El derecho a la protección judicial se ejerce por medio de una demanda. En caso de vulneración de un derecho subjetivo, el titular de este derecho, ya sea una persona física o jurídica, puede ejercer el derecho a la protección judicial mediante el ejercicio de una acción judicial, es decir, mediante la presentación de una demanda. Cualquier persona física o jurídica puede presentar una demanda. El órgano jurisdiccional competente debe examinar cada demanda.

La demanda debe indicar claramente lo que el demandante solicita, es decir, el petitum. El demandante especifica en la demanda los elementos que el órgano jurisdiccional competente debe considerar y sobre los cuales debe decidir. El órgano jurisdiccional no puede valorar ninguna otra pretensión que no sea la que figura en la demanda. Obviamente, según cuál sea el resultado del procedimiento, puede conceder solo una parte de las reclamaciones del demandante; puede conceder al demandante más de lo que ha solicitado, pero solo cuando la ley contemple un determinado método de resolución del litigio entre las partes o cuando el procedimiento pudiese haberse entablado de oficio.

Habida cuenta de lo anterior, la víctima de una vulneración de los derechos humanos en el contexto de las actividades de una empresa tiene derecho a protección judicial y, en el escrito de demanda, el petitum debe determinar los elementos que se han de examinar y decidir y definir la reparación que la víctima, como demandante, pide al órgano jurisdiccional.

En caso de atentado contra el honor, la dignidad, la salud, la vida privada, la vida familiar, etc. de una persona física, la parte perjudicada tiene derecho a reclamar una reparación del perjuicio moral. El importe del perjuicio moral se determina teniendo en cuenta, entre otras cosas:

1. a la parte perjudicada, su vida y el entorno en el que vive y trabaja;
2. la gravedad del perjuicio sufrido y las circunstancias en que se produjo;
3. la gravedad de las repercusiones en la vida privada de la persona perjudicada;
4. la gravedad de las repercusiones para el desarrollo social de la persona perjudicada.

2. ¿Existen normas específicas sobre las vulneraciones graves de los derechos humanos? ¿Estas normas se aplican a los delitos medioambientales o a los casos de explotación laboral grave?

El Código del Trabajo (Zákonník práce) consagra la prohibición de toda discriminación en las relaciones laborales, lo que obliga directamente a los empresarios a respetar el principio de la igualdad de trato en sus relaciones contractuales y laborales. La Ley contra la discriminación contiene otras disposiciones legislativas que prohíben toda discriminación en el empleo o en negocios jurídicos, ya sea por motivos de sexo, religión o creencias, raza, nacionalidad o etnia, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil, color, lengua, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, o cualquier discriminación resultante de la denuncia de una infracción o una mala praxis.

En virtud de la Ley de seguridad y salud en el trabajo, los empresarios están obligados a garantizar la seguridad de las condiciones de trabajo, los edificios, las comunicaciones, la maquinaria y el equipo técnico, los procedimientos de trabajo y la organización del trabajo, entre otros aspectos.

La Constitución de la República Eslovaca establece que nadie puede ser asignado a un trabajo obligatorio ni obligado a realizar prestaciones obligatorias.

Las infracciones que implican vulneraciones graves de los derechos humanos, por ejemplo, la violación de la libertad (trata de seres humanos, privación de libertades individuales, restricción de la libertad de residencia), así como las infracciones de carácter general que son peligrosas y perjudiciales para el medio ambiente (por ejemplo, la gestión ilegal de residuos, el vertido no autorizado de contaminantes, la falta de protección del agua y el aire, la producción y la manipulación no autorizadas de sustancias que deterioran la capa de ozono, etc.), se tipifican, según el Código Penal (Trestného zákona), como delitos dolosos que se pueden castigar con una plena privativa de libertad de al menos cinco años, de conformidad con este Código. Estas infracciones conllevan la responsabilidad penal de sus autores, que pueden ser personas físicas sujetas al Código Penal o personas jurídicas sujetas a la Ley de responsabilidad penal (Zákona o trestnej zodpovednosti právnických) y al Código Penal.

De lo anterior se desprende que en los casos de vulneraciones graves de los derechos humanos, entre las que se incluyen los delitos medioambientales y la explotación laboral grave, se aplican normas especiales para determinar la severidad de la pena, que, según el Código Penal, será mayor que en el caso de un delito ordinario.

3. Soy víctima de una vulneración de los derechos humanos derivada de las actividades de una empresa multinacional europea que se produjo fuera de la Unión Europea. ¿Tengo acceso a los órganos jurisdiccionales de su país si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Cuáles son los requisitos para denunciar la vulneración de mis derechos? ¿Dónde puedo encontrar más información?

En el caso de un litigio internacional, procede determinar el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, pero también es necesario determinar con arreglo a qué ordenamiento jurídico debe resolverse el fondo del asunto. La Ley sobre el Derecho internacional privado y procesal tiene por objeto determinar qué ley rige los negocios jurídicos civiles, mercantiles, familiares, profesionales y de otro tipo con un elemento de extranjería (internacional). En su sección sobre Derecho internacional procesal, la Ley define los supuestos que son de la competencia de los órganos jurisdiccionales eslovacos, los supuestos que son de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales eslovacos y, en ciertos casos, los supuestos en que se deja a las partes la elección de recurrir a un órgano jurisdiccional eslovaco. Cabe destacar que los órganos jurisdiccionales eslovacos siempre actúan de conformidad con las normas procesales eslovacas y, si en un plazo razonable el órgano jurisdiccional eslovaco no consigue determinar el contenido de la legislación extranjera, o si dicho contenido puede considerarse difícil o imposible de establecer, se aplica el Derecho eslovaco.

En general, solo se aplican las disposiciones que confieren competencia (elección de foro) de mutuo acuerdo (disposiciones de la Ley eslovaca sobre Derecho internacional privado y procesal), es decir, ambas partes en el litigio acuerdan llevar el caso ante los órganos jurisdiccionales eslovacos. Si, no obstante, se celebra un acuerdo que confiere competencia en beneficio exclusivo de una de las partes, se mantiene el derecho de recurrir a otro órgano jurisdiccional. En asuntos relacionados con contratos de trabajo, seguros y consumo, el acuerdo que confiere competencia solo es válido si no excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado en el que el demandante tiene su domicilio o si no se celebró hasta después de que surgiera el litigio.

Para información adicional, por favor diríjase al:

Punto nacional de contacto para las empresas y los derechos humanos (Národné kontaktné miesto pre podnikanie a ľudské práva)

Ministerio de Justicia de la República Eslovaca (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

4. Las instituciones del Defensor del Pueblo, los organismos de igualdad o las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿pueden prestar apoyo a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas multinacionales europeas fuera de la Unión Europea? ¿Pueden investigar mi asunto si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Existen otros servicios públicos (como la inspección laboral o medioambiental) en su país que puedan investigar mi asunto? ¿Dónde puedo encontrar información sobre mis derechos?

El Instituto del Defensor Público de los Derechos (Defensor del Pueblo) [Inštitút verejného ochrancu práv (ombudsman)] está consagrado en la Constitución de la República Eslovaca. El Defensor del Pueblo eslovaco es elegido por el Consejo Nacional de la República Eslovaca; las personas físicas y jurídicas pueden dirigirse a este si consideran que sus libertades y derechos fundamentales han sido violados por acciones, decisiones u omisiones de los poderes públicos. Esto significa que una persona que no vive en Eslovaquia o cuyos derechos y libertades no han sido violados por las autoridades eslovacas puede acudir al Defensor del Pueblo eslovaco para pedir asesoramiento, pero el Defensor del Pueblo no será legalmente competente para examinar su problema y tratar de resolverlo.

En Eslovaquia, el Centro nacional eslovaco de defensa de los derechos humanos (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) actúa como institución nacional de derechos humanos y como órgano nacional de lucha contra la discriminación. La misión principal del Centro es garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el principio de la igualdad de trato, en Eslovaquia. Para cumplir sus funciones, brinda una amplia gama de servicios en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos, pero también trabaja intensamente con organizaciones e instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos. En septiembre de 2018, el Centro nacional eslovaco de defensa de los derechos humanos estableció un Punto nacional de contacto para los derechos humanos y las empresas. De conformidad con la legislación que rige la actividad y el funcionamiento del Centro que lo estableció, el Punto de contacto proporciona, entre otras cosas, asesoramiento jurídico sobre la discriminación en el lugar de trabajo (incluida la representación gratuita en los procedimientos judiciales) y ofrece un servicio de consulta sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una gama de temas muy amplia —desde la igualdad entre mujeres y hombres hasta la protección del medio ambiente— pero solo dentro de Eslovaquia [de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil (Civilným sporovým poriadkom), según la cual el órgano jurisdiccional civil ordinario de una persona física es el órgano jurisdiccional en cuya demarcación tenga su residencia permanente la persona física, y de conformidad con la Ley sobre el Derecho internacional privado y procesal].

La Inspección eslovaca del medio ambiente (Slovenská inšpekcia životného prostredia), a través de la cual el Ministerio eslovaco del Medio Ambiente ejerce un control público, impone sanciones a las personas físicas, empresarios y otras personas jurídicas de conformidad con la Ley de protección de la naturaleza y las zonas rurales (Zákona o ochrane prírody a krajiny), cuyo ámbito de aplicación se extiende al territorio de Eslovaquia, es decir, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley debe haberse cometido en territorio eslovaco.

La Ley sobre la inspección del trabajo y el trabajo no declarado y clandestino (Zákon o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom) regula la inspección del trabajo en Eslovaquia, es decir, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley debe haberse cometido en territorio eslovaco.

De lo anterior se desprende que si una persona considera que se han violado sus derechos y libertades fundamentales, pero no es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y no vive en el territorio de la Unión Europea, no puede optar a una protección jurídica efectiva de los órganos nacionales de protección de las libertades y derechos fundamentales que ejercen sus funciones en Eslovaquia.

5. ¿Impone su país a las empresas multinacionales europeas la obligación de establecer mecanismos de denuncia o servicios de mediación en el caso de vulneraciones derivadas de sus actividades empresariales? ¿Se aplican estas obligaciones también a las vulneraciones cometidas fuera de la Unión Europea? ¿Quién se encarga del seguimiento de estas actividades en su país? ¿Existen informes públicos sobre el funcionamiento del sistema?

Eslovaquia no obliga a las empresas multinacionales europeas a establecer un mecanismo de denuncia; impone esta obligación únicamente a las autoridades nacionales y locales y a otros órganos de Eslovaquia, de conformidad con la Ley sobre denuncias (Zákonom o sťažnostiach). En su calidad de Estado miembro de la Unión Europea, Eslovaquia debe aplicar el Derecho de la Unión Europea.

Las empresas multinacionales pueden ponerse en contacto con el Punto nacional de contacto para las empresas y los derechos humanos en Eslovaquia, que ofrece servicios de formación, consultoría y asesoramiento jurídico en este ámbito.

La mediación es un procedimiento voluntario que sirve para aliviar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. En Eslovaquia, este procedimiento se rige por la Ley de mediación (Zákonom o mediácii) y sirve de resolución extrajudicial de litigios en el ámbito del Derecho civil, el Derecho de familia, las obligaciones mercantiles y las relaciones laborales, así como en los litigios transfronterizos derivados de relaciones jurídicas similares entre entidades domiciliadas o con establecimiento en un Estado miembro de la Unión Europea. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional siempre debe tratar de llegar a un acuerdo amistoso. El órgano jurisdiccional puede proponer a las partes que lleguen a un acuerdo amistoso a través de la mediación, pero no puede imponérselo. En la mediación es indispensable el libre consentimiento de las partes y su participación activa.

6. ¿Tengo derechos específicos si soy una víctima vulnerable que busca reparación por las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas? ¿Puedo acogerme a la asistencia jurídica gratuita? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué costes sufraga la asistencia jurídica gratuita? ¿Puedo recibir asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella?

En la Ley sobre las víctimas de delitos en Eslovaquia (Zákon o obetiach trestných činov na Slovensku) se define el concepto de «víctima» a efectos de los procedimientos eslovacos de la siguiente manera: «víctima particularmente vulnerable (niño, persona mayor de 75 años, persona con discapacidad, víctima de un delito de trata de seres humanos, de un delito cometido por un grupo organizado, de una violación de la dignidad humana, de un delito de terrorismo, de un delito cometido con violencia o bajo amenaza por motivos de sexo, orientación sexual, nacionalidad, raza o etnia, religión o creencias, o de cualquier otro delito sujeta a un mayor riesgo de victimización reiterada, teniendo en cuenta una evaluación individual de la víctima y sus características personales, la relación con el autor o su dependencia de este, el tipo o la naturaleza del delito y las circunstancias del mismo)».

Los servicios encargados del cumplimiento de las leyes (el Ministerio Fiscal y la policía), los órganos jurisdiccionales y los organismos de asistencia a las víctimas tienen la obligación de informar a la víctima de sus derechos de manera sencilla y comprensible. En particular, tienen en cuenta las dificultades de comprensión o de comunicación resultantes de un tipo determinado de discapacidad, los conocimientos lingüísticos y la capacidad limitada de la víctima para expresarse. En un procedimiento penal, la víctima tiene la condición de denunciante, parte perjudicada o testigo, y sus derechos y obligaciones son los que se asocian a esta condición en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Trestnom poriadku). El Ministerio Fiscal, la policía, el órgano jurisdiccional o el organismo de asistencia a las víctimas deben, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, realizar un examen de la situación individual de la víctima para determinar si es una víctima particularmente vulnerable, a fin de evitar la victimización reiterada.

Las víctimas reciben asistencia jurídica gratuita en forma de asesoramiento y representación jurídicos en los procedimientos penales, así como en los procedimientos civiles y para la demanda de indemnización. El Centro de asistencia jurídica gratuita (Centrum právnej pomoci) presta esa asistencia a las víctimas en las condiciones y dentro de los límites previstos en la Ley de prestación de asistencia jurídica gratuita a las personas en situación de privación material. El Centro presta asistencia a todas las personas físicas en los litigios nacionales; en los litigios transfronterizos, la asistencia solo se presta si las personas físicas están domiciliadas o residen habitualmente en el territorio de un Estado miembro. En las condiciones establecidas en un tratado internacional por el que se vincule a Eslovaquia, o sobre la base de la reciprocidad declarada por el Ministerio de Justicia de la República Eslovaca, se concede también asistencia jurídica gratuita, a los efectos de un procedimiento judicial en Eslovaquia, a todo nacional de una de las partes en dicho tratado internacional o a toda persona que tenga su residencia habitual en el territorio de una de las partes en dicho tratado, o a toda persona siempre que el objeto del litigio que le concierna presentado ante un órgano jurisdiccional eslovaco esté directamente relacionado con su anterior residencia habitual en el territorio de Eslovaquia. Ello no impide la representación por un representante legal (abogado) con arreglo a la Ley de la abogacía y la Ley de artesanía, comercio y profesiones liberales.

El Centro ofrece asistencia jurídica gratuita a cualquier persona en situación de privación material [sus rentas deben ser inferiores a 1,4 veces la renta mínima de subsistencia (en Eslovaquia) o para cualquier beneficiario de prestaciones de subsistencia (en Eslovaquia)], siempre y cuando su acción no esté manifiestamente abocada a ser desestimada y la cuantía del litigio sea superior al salario mínimo establecido por la ley.

El Centro concede asistencia jurídica gratuita con una contribución financiera del 20 % de los gastos de representación legal a todo solicitante que cumpla simultáneamente las tres condiciones siguientes: que sus rentas sean superiores a 1,4 veces la renta mínima de subsistencia (en Eslovaquia), pero no más de 1,6 veces ese importe; que no puedan costearse los servicios jurídicos con sus recursos; que su acción no esté manifiestamente abocada a ser desestimada y que la cuantía del litigio sea superior al salario mínimo establecido por la ley. El Centro siempre comprueba el cumplimiento de estas condiciones antes de conceder la asistencia jurídica gratuita.

En los demás casos, la víctima nombra a su propio representante legal (abogado), cuyos gastos corren a su cargo.

Los denunciantes son un grupo especial cuyos derechos están protegidos. La Ley de protección de los denunciantes (Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti) regula las condiciones para conceder protección a las personas en una relación laboral en lo que respecta a la denuncia de infracciones penales u otra mala praxis (denuncia), los derechos y obligaciones de los denunciantes, así como al establecimiento, el estatuto y el mandato de la Autoridad de protección de los denunciantes (Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti).

Si el denunciante denuncia un hecho grave que constituye un delito, puede presentar una solicitud de protección al presentar la denuncia o durante el procedimiento penal. La solicitud se dirige a un fiscal. Si la solicitud de protección del denunciante se dirige a otra autoridad pública, esta la transmite sin demora al fiscal. Si el fiscal considera que el denunciante que presentó la solicitud de protección ha presentado una denuncia que reúne los requisitos para la concesión de protección, este le concede dicha protección sin demora. La protección específica del denunciante se garantiza impidiendo su victimización, de modo que el autor del delito no pueda victimizar al denunciante mediante amenazas, intimidación, coacción, abuso de poder, venganza o cualquier otra forma de atentado contra la integridad física o psicológica de la víctima.

En los casos en que la víctima denuncia una discriminación, se le garantiza la protección prevista en la Ley contra la discriminación, en virtud de la cual toda represalia contra un denunciante se considera también una forma de discriminación. En caso de discriminación, el Centro nacional eslovaco de defensa de los derechos humanos presta asesoramiento jurídico, y también puede representar a la víctima en los procedimientos judiciales correspondientes.

No se tiene en cuenta la nacionalidad de la víctima, pero esa protección solo puede concederse a las víctimas que se encuentran en territorio eslovaco.