Empresa y derechos humanos

1. ¿Qué tipo de protección judicial tengo en su país como víctima de vulneraciones de los derechos humanos? ¿Incluye esta protección una indemnización?

Las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos pueden solicitar amparo judicial:

• en un proceso civil, en el que puede que se les conceda una indemnización por daños y perjuicios, sean materiales o inmateriales (inmateriales solo en caso de vulneración de los derechos de la personalidad[1]);
• en un proceso penal, en el que pueden constituirse en parte civil para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en relación con el delito.

Según el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil (Zakon o parničnom postupku o ZPP) [Boletín Oficial de la República de Croacia (Narodne novine o NN) n.^os 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 y 70/19], el Código contiene las normas procesales aplicables a los procedimientos relativos a los derechos y deberes humanos y de los ciudadanos y las relaciones personales y familiares de los ciudadanos y a los procedimientos laborales, mercantiles, inmobiliarios y demás procedimientos civiles, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes procesales especiales. Por otra parte, el artículo 185 del ZPP dispone que los procedimientos civiles se incoan con la presentación de la demanda.

En los procedimientos laborales y, en particular, al fijar plazos y realizar señalamientos, los órganos jurisdiccionales siempre deben tener presente la necesidad de resolver los conflictos laborales con rapidez.

2. ¿Existen normas específicas sobre las vulneraciones graves de los derechos humanos? ¿Estas normas se aplican a los delitos medioambientales o a los casos de explotación laboral grave?

El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal (Zakon o kaznenom postupku o ZKP) (Boletín Oficial de la República de Croacia n.^os 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 y 126/19) enumera cuáles son los derechos de las víctimas de delitos: derecho a recibir asistencia de servicios de apoyo a las víctimas, derecho a recibir asistencia psicológica y de otro tipo y apoyo de las autoridades, organizaciones o instituciones que presten asistencia a las víctimas con arreglo a la ley, derecho a la protección contra la intimidación y las represalias, derecho al respeto de la dignidad de la víctima al comparecer como testigo, derecho a ser oído sin retraso injustificado tras presentar denuncia, derecho a que las audiencias se limiten a lo estrictamente necesario para la sustanciación del proceso penal, derecho a estar acompañado por una persona de confianza durante las actuaciones en que participe la víctima, derecho a que los reconocimientos médicos se limiten a lo estrictamente necesario para la sustanciación del proceso penal, derecho a presentar querella con arreglo al Código Penal (Kazneni zakon), derecho a participar en el proceso penal como parte agraviada, derecho a ser informado del sobreseimiento de la causa y de la decisión de la fiscalía de no ejercitar la acción penal y a ejercitar la acción penal particular ante la falta de acusación por la fiscalía, derecho a que la fiscalía le informe de las actuaciones realizadas en relación con la denuncia/querella de la víctima y derecho a elevar una queja contra el fiscal al superior jerárquico, derecho a ser informada (previa petición y sin demora injustificada) de la suspensión de la detención o prisión preventiva del investigado y de su fuga, de la finalización anticipada de la pena de prisión del reo y de las medidas adoptadas para proteger a la víctima que aquel tenga que respetar, derecho a ser informada previa petición de las resoluciones por las que se ponga fin al proceso penal, y los demás derechos establecidos por ley.

El artículo 44 del ZKP establece derechos específicos para las víctimas de la trata de seres humanos (que puede tener por fin explotar laboralmente a alguien mediante trabajos forzados o en régimen de esclavitud); además de los derechos contemplados en el artículo 43, tienen: derecho a una consulta jurídica gratuita antes de ser sometidas a interrogatorio, derecho a representación gratuita a cargo del Estado, derecho a ser interrogadas en sede policial o ante la fiscalía por una persona de su sexo y, en caso de que haya más de una sesión y de ser posible, por esa misma persona, derecho a no responder las preguntas que no guarden relación con el delito y las que se refieran a su vida privada, derecho a solicitar que el interrogatorio se realice por videoconferencia, derecho a la protección de los datos personales y derecho a solicitar que la actuación se realice a puerta cerrada.

El artículo 43 bis del ZKP y el Reglamento sobre la valoración individualizada de cada víctima (Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve) (Boletín Oficial de la República de Croacia n.º 106/17) establecen el procedimiento de valoración individualizada de cada víctima, por el que se determina si la víctima necesita medidas de protección especiales y, en caso afirmativo, cuáles (inclusive medidas de protección procesal, como métodos de interrogatorio especiales, el uso de medios tecnológicos para evitar el contacto visual con el presunto autor del delito, la celebración a puerta cerrada de las actuaciones, el interrogatorio por una persona de su sexo y, en caso de que haya más de una sesión y de ser posible, por esa misma persona, estar acompañada por una persona de confianza, la protección de los datos personales, el asesoramiento gratuito a cargo del Estado y otros servicios establecidos por ley). Se tiene en cuenta que entre los delitos graves están la trata de seres humanos y la delincuencia organizada, por lo que los delitos graves abarcan los delitos contra el medio ambiente cuando los cometan asociaciones delictivas.

En Croacia, la protección de los derechos de las víctimas está garantizada por la Constitución (Ustav); de su tutela se encargan los órganos jurisdiccionales nacionales. Una vez agotadas todas las vías de recurso de ámbito nacional, la víctima puede, como último recurso, presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si considera que se ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

3. Soy víctima de una vulneración de los derechos humanos derivada de las actividades de una empresa multinacional europea que se produjo fuera de la Unión Europea. ¿Tengo acceso a los órganos jurisdiccionales de su país si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Cuáles son los requisitos para denunciar la vulneración de mis derechos? ¿Dónde puedo encontrar más información?

En virtud del artículo 27 del ZPP, se entiende que los órganos jurisdiccionales croatas tienen competencia para enjuiciar asuntos con elementos internacionales cuando dicha competencia esté contemplada específicamente en una ley o en un tratado internacional.

En lo que se refiere a la competencia judicial en materia civil y mercantil, la Ley de Derecho internacional privado (Zakon o međunarodnom privatnom pravu o ZMPP) (Boletín Oficial de la República de Croacia n.º 101/17) contempla expresamente la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), en su ámbito de competencia y extiende su aplicación a supuestos que afecten a terceros países.

En virtud de la regla básica de competencia del Reglamento Bruselas I, consagrada en el artículo 4, las personas domiciliadas en un Estado miembro están sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. El artículo 63 define el domicilio de las personas jurídicas como su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal.

Los artículos 7 a 9 (competencias especiales) indican los supuestos en los que se puede demandar a una persona en un Estado miembro distinto de aquel en el que tiene su domicilio. Así, el artículo 7, apartado 2, que rige la competencia en materia delictual o cuasidelictual, dispone que una persona domiciliada en un Estado miembro puede ser demandada en otro Estado miembro, en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.

Por su parte, el artículo 58 de la ZMPP establece una competencia subsidiaria: si las disposiciones de dicha Ley u otra ley croata o de tratados internacionales en vigor en Croacia no atribuyen la competencia en relación con un demandado domiciliado en un Estado que no es miembro de la Unión Europea y cabe razonablemente suponer que el proceso no va a sustanciarse en el extranjero, los órganos jurisdiccionales croatas pueden conocer del asunto cuando presente una vinculación suficiente con Croacia de modo que sea adecuado sustanciar el proceso en Croacia.

4. Las instituciones del Defensor del Pueblo, los organismos de igualdad o las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿pueden prestar apoyo a las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas multinacionales europeas fuera de la Unión Europea? ¿Pueden investigar mi asunto si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella? ¿Existen otros servicios públicos (como la inspección laboral o medioambiental) en su país que puedan investigar mi asunto? ¿Dónde puedo encontrar información sobre mis derechos?

Con arreglo a la Ley del Defensor del Pueblo (Zakon o pučkom pravobranitelju), el Defensor del Pueblo de Croacia solo tiene competencia para tramitar las quejas relativas a las infracciones e irregularidades cometidas por las autoridades administrativas nacionales, regionales y locales y por las personas jurídicas investidas de potestades públicas en el ejercicio de sus funciones, lo que significa que no están comprendidas las quejas relativas a las infracciones en el sector privado. Por otra parte, en virtud del artículo 20, quienes consideren que alguno de sus derechos y libertades constitucionales o legales está amenazado o ha sido vulnerado por la conducta o los hechos ilícitos de los sujetos mencionados anteriormente pueden acudir a la vía judicial. De lo anterior se desprende que no hay que ser nacional de la Unión Europea para poder presentar una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo (Ured pučkog pravobranitelja); el requisito es, por tanto, que uno o más de los sujetos mencionados hayan cometido una vulneración de derechos humanos. Sin embargo, como la Oficina del Defensor del Pueblo en Croacia recibe a menudo quejas relacionadas con el sector privado, esta se sirve de todas estas experiencias y quejas de los ciudadanos al elaborar sus informes anuales y al preparar los procedimientos en que participa para abogar por medidas concretas, sin las cuales sería imposible lograr un mayor grado de amparo de los derechos y de protección de los ciudadanos.

Por otra parte, la Ley de lucha contra la discriminación (Zakon o suzbijanju diskriminacije) es de aplicación a la conducta de todas las autoridades estatales, regionales y locales, los entes territoriales autónomos, las personas jurídicas investidas de potestades públicas y todas las personas físicas y jurídicas, en particular en los ámbitos de las condiciones de trabajo y de empleo, del acceso al empleo por cuenta propia y ajena, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y ascenso; el derecho a optar a cualquier forma de orientación, formación y reciclaje profesionales; la educación, la ciencia y el deporte; la seguridad social, incluida la asistencia social; los seguros de pensiones y de enfermedad; la justicia y la Administración, la información pública y los medios de comunicación; la compra de bienes, la contratación de servicios y su oferta; la afiliación a sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos o cualquier otro tipo de organización y la participación en estos y en actividades de creación artística y cultural.

Además, la Oficina del Defensor del Pueblo, como autoridad central de lucha contra la discriminación, recibe quejas de todas las personas físicas y jurídicas y tramita los casos de forma individualizada; en este sentido, puede formular recomendaciones, dictámenes, propuestas y advertencias, que no son jurídicamente vinculantes, para hacer frente a la discriminación y proteger los derechos de las personas discriminadas. También puede intervenir en procedimientos judiciales en apoyo de la parte discriminada; asimismo, puede interponer una demanda colectiva por discriminación si demuestra la probabilidad de que el demandado haya vulnerado el derecho a la igualdad de una pluralidad de personas por alguno de los motivos que contempla la Ley (raza o etnia, color de la piel, sexo, idioma, religión, creencias políticas o de otro tipo, origen nacional o social, aspectos económicos, afiliación sindical, educación, estatus social, estado civil, edad, salud, discapacidad, herencia genética o expresión u orientación sexual). Para presentar una queja por discriminación ante el Defensor del Pueblo no hay que ser nacional de la Unión Europea.

La Ley de protección de los denunciantes (Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti), en vigor desde el 1 de julio de 2019, dispone que los denunciantes pueden solicitar protección al Defensor del Pueblo si son o pudieran ser víctimas de actos perjudiciales como consecuencia de la denuncia de irregularidades. En virtud de la Ley, para denunciar no hay que ser ciudadano de la Unión Europea, y el Defensor del Pueblo puede adoptar medidas para proteger al denunciante, proceda del sector público o del privado (nota: a efectos de la Ley, es denunciante toda persona que conoce y denuncia irregularidades o infracciones relacionadas con la labor profesional o el ejercicio de funciones de su empleador; por ejemplo, infracción de leyes, reglamentos, normas, códigos deontológicos o de conducta, o reglas internas de las empresas). Es importante señalar que la labor profesional o el ejercicio de funciones engloba el voluntariado, la prestación de servicios temporales, los trabajos de estudiantes, etc. También se puede considerar denunciante a quien participe como candidato en un procedimiento de contratación.

Por otra parte, dado que la protección de los derechos humanos (en particular, los derechos laborales) y del medio ambiente forman parte de una conducta empresarial responsable, Croacia, como país adherido al Comité de Inversiones de la OCDE, que es un organismo imparcial de supervisión laboral de la OCDE, está obligada a aplicar las directrices siguientes: informar por internet sobre lo que se considera conducta empresarial responsable; tramitar las solicitudes; mediar en la resolución de problemas en casos de conducta empresarial irresponsable y comunicarse con las partes interesadas para evitar litigios.

Además, la Inspección del Estado (Državni inspektorat) croata cuenta con divisiones pertinentes, como el Sector de Salud y Seguridad en el Trabajo (Sektor za nadzor zaštite na radu) y el Sector Laboral (Sektor za nadzor radnih odnosa).

Puede encontrarse más información sobre las funciones y competencias de la Inspección del Estado o de los Sectores antes mencionados en los enlaces siguientes:

• Contacto
• Sector de Salud y Seguridad en el Trabajo
• Sector Laboral

5. ¿Impone su país a las empresas multinacionales europeas la obligación de establecer mecanismos de denuncia o servicios de mediación en el caso de vulneraciones derivadas de sus actividades empresariales? ¿Se aplican estas obligaciones también a las vulneraciones cometidas fuera de la Unión Europea? ¿Quién se encarga del seguimiento de estas actividades en su país? ¿Existen informes públicos sobre el funcionamiento del sistema?

Croacia no ha impuesto un régimen obligatorio de mediación por lo que se refiere a las vulneraciones de los derechos humanos por parte de las empresas. En las controversias entre consumidores y comerciantes, la mediación está regulada por la Ley de resolución alternativa de litigios en materia de consumo (Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (Boletín Oficial de la República de Croacia n.^os 121/16 y 32/19), por la que se transpusieron Directivas y un Reglamento de la Unión Europea sobre resolución de litigios en materia de consumo. Por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos y otros litigios sobre derechos, se puede recurrir a la mediación en uno de los centros de mediación de Croacia, con el fin de resolver la disputa basándose en los intereses de las partes.

Puede encontrarse más información en los enlaces siguientes:

• Mediación en los Estados miembros
• Encontrar un mediador
• Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
• Centros de mediación

Con arreglo a la Ley de protección de los consumidores (Zakon o zaštiti potrošača), los comerciantes están obligados a recibir las reclamaciones por escrito que los consumidores les envíen por correo postal, fax o correo electrónico.

Con arreglo a la Ley de la Inspección del Estado (Zakon o državnom inspektoratu), los escritos que contengan la información sobre el denunciante (nombre, apellidos y domicilio) e indiquen la conducta que constituye una infracción pueden utilizarse como base para iniciar una inspección.

Por lo que se refiere a los empleados de empresas multinacionales, el Código Laboral (Zakon o radu) obliga a los empleadores que empleen al menos a veinte trabajadores a nombrar a una persona, distinta del empleador, para que reciba y tramite las quejas relativas a la protección de la dignidad de los trabajadores.

Estas actividades son controladas por la Inspección del Estado.

6. ¿Tengo derechos específicos si soy una víctima vulnerable que busca reparación por las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por empresas? ¿Puedo acogerme a la asistencia jurídica gratuita? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué costes sufraga la asistencia jurídica gratuita? ¿Puedo recibir asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones si no soy ciudadano de la Unión Europea ni resido en ella?

Las víctimas que busquen reparación en un proceso penal por las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las empresas tienen los mismos derechos que las demás víctimas. Para más información, consúltense los enlaces del Portal Europeo de e-Justicia:

• Derechos de las víctimas de la delincuencia en los procedimientos penales
• Indemnización a las víctimas de delitos

De conformidad con la Ley de asistencia jurídica gratuita (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći o ZBPP), pueden acogerse a la asistencia jurídica gratuita las siguientes categorías de personas:

• nacionales croatas;
• menores que no tienen la nacionalidad croata y que son considerados por la ley como menores no acompañados por un adulto responsable en Croacia;
• extranjeros en situación de residencia temporal, siempre que rija la reciprocidad en materia de residencia con el Estado en cuestión, o extranjeros en situación de residencia permanente;
• extranjeros que disfrutan de protección temporal;
• extranjeros en situación irregular o extranjeros en estancia corta en el marco de un procedimiento de expulsión o retorno;
• solicitantes de asilo, beneficiarios del derecho de asilo, extranjeros beneficiarios de protección subsidiaria y los miembros de sus familias que residan legalmente en Croacia, en el marco de un procedimiento en el que la asistencia jurídica gratuita no esté contemplada en una ley especial.
• La Ley de asistencia jurídica gratuita (Boletín Oficial de la República de Croacia n.^os 143/13 y 98/19) establece las condiciones y el procedimiento para que las personas procedentes de entornos desfavorecidos puedan beneficiarse de asesoramiento jurídico gratuito e incoar procedimientos ante órganos jurisdiccionales y otros organismos de Derecho público en materias civil y administrativa con ayuda a cargo del Estado.
• La Ley de asistencia jurídica gratuita establece que, además de los nacionales croatas, pueden recibir asistencia jurídica gratuita las siguientes categorías de personas:
• menores que no tienen la nacionalidad croata y que son considerados por la ley como menores no acompañados por un adulto responsable en Croacia;
• extranjeros en situación de residencia temporal, siempre que rija la reciprocidad en materia de residencia con el Estado en cuestión, o extranjeros en situación de residencia permanente;
• extranjeros que disfrutan de protección temporal;
• extranjeros en situación irregular o extranjeros en estancia corta en el marco de un procedimiento de expulsión o retorno;
• solicitantes de asilo, beneficiarios del derecho de asilo, extranjeros beneficiarios de protección subsidiaria y los miembros de sus familias que residan legalmente en Croacia, en el marco de un procedimiento en el que la asistencia jurídica gratuita no esté contemplada en una ley especial.

Los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita pueden, en las condiciones establecidas por la Ley, solicitar asistencia principal (primarna pravna pomoć) o secundaria (sekundarna pravna pomoć).

La asistencia principal comprende la información jurídica general, el asesoramiento jurídico, la presentación de escritos a organismos de Derecho público, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a organizaciones internacionales de conformidad con los tratados internacionales y las normas por las que se rige el funcionamiento de dichos organismos, la representación en procedimientos ante organismos de Derecho público y la representación en el contexto de la resolución alternativa de litigios. La proporcionan las oficinas de la Administración regional de los condados y la autoridad administrativa competente de la ciudad de Zagreb y los bufetes y oficinas jurídicas autorizadas, respecto de cualquier cuestión jurídica. El procedimiento para presentar una solicitud de asistencia jurídica gratuita principal se inicia acudiendo a una las personas jurídicas antes mencionadas que prestan asistencia jurídica principal; estas determinan dentro de su margen de discrecionalidad si se cumplen los requisitos para su concesión.

La asistencia secundaria comprende el asesoramiento jurídico, la presentación de escritos en procedimientos destinados a garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en relación con su empleador, la presentación de escritos en procedimientos judiciales, la representación en procedimientos judiciales y la representación en el contexto de la solución amistosa de un litigio. La asistencia secundaria la prestan los abogados. La asistencia secundaria comprende también la exención de las costas procesales y de las tasas judiciales.

Para conceder asistencia secundaria en forma presentación de escritos y representación en procedimientos judiciales y de exención de las tasas judiciales, es necesario que el solicitante reúna las condiciones económicas establecidas en la Ley de asistencia jurídica gratuita: los ingresos totales del solicitante y de los miembros de su hogar no deben superar el importe de la base imponible por miembro del hogar (3 326,00 HRK) y el valor total del patrimonio del solicitante y de los miembros de su hogar no debe superar 60 veces la base imponible (199 560,00 HRK).

Además del cumplimiento de las condiciones económicas, la asistencia secundaria solo se concede para los siguientes tipos de procedimientos:

• derechos reales: excepto procedimientos registrales y catastrales;
• laborales;
• familia: excepto divorcios de mutuo acuerdo, cuando los cónyuges no tienen hijos menores propios o adoptados o menores con respecto a los cuales ejerzan la patria potestad tras alcanzar la mayoría de edad;
• ejecuciones forzosas y garantías de créditos para los que la Ley de asistencia jurídica gratuita contempla que se pueda conceder asistencia jurídica gratuita;
• resoluciones amistosas de litigios;
• excepcionalmente, otros procedimientos administrativos y civiles si fuera necesario debido a la situación específica del solicitante y de los miembros de su hogar, de conformidad con el objetivo principal de la Ley de asistencia jurídica gratuita.

El procedimiento para la concesión de la asistencia secundaria se inicia mediante la presentación de una solicitud a la oficina de la Administración regional del condado en cuestión o la autoridad administrativa competente de la ciudad de Zagreb. Al presentar la solicitud en la oficina competente, se debe utilizar el formulario normalizado y acompañarlo del consentimiento escrito del solicitante y los miembros de su hogar a que se consulten todos los datos relativos a sus ingresos y su patrimonio, así como una declaración responsable del solicitante de que la información proporcionada es exacta y completa.

En el procedimiento de concesión de asistencia secundaria a un solicitante que cumpla las condiciones legales, la autoridad competente adopta una resolución por la que autoriza la asistencia jurídica gratuita e indica la naturaleza y el alcance de la asistencia jurídica gratuita concedida. La concesión de asistencia secundaria consiste en el pago total o parcial de los gastos de la misma, en función de los ingresos totales mensuales del solicitante y los miembros de su hogar. La resolución por la que se autoriza la asistencia jurídica gratuita también establece qué abogado la prestará.

Si el solicitante no cumple los requisitos para la concesión de la asistencia secundaria, se deniega la solicitud. Puede interponerse recurso ante el Ministerio de Justicia (Ministarstvo pravosuđa) contra la denegación de la solicitud. Puede incoarse un procedimiento contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio de Justicia que rechace el recurso.

Si el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita pierde el juicio para el que se concedió la asistencia secundaria, no está obligado a reembolsar los gastos de la asistencia jurídica gratuita; sin embargo, ser beneficiario de asistencia jurídica gratuita no le exime de la posible condena en costas, que la determina el órgano jurisdiccional con arreglo a la normativa procesal aplicable.

La asistencia jurídica gratuita también puede concederse en litigios transfronterizos. A efectos de la Ley de asistencia jurídica gratuita, un litigio transfronterizo es un litigio en el que el solicitante de asistencia jurídica gratuita tiene su domicilio o su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea distinto del Estado miembro del foro, es decir, el Estado en el que debe ejecutarse la sentencia.

La asistencia jurídica gratuita para litigios transfronterizos se concede en materia civil, mercantil, de mediación, de transacciones extrajudiciales y de ejecución de escrituras públicas y para el asesoramiento jurídico en dichos procedimientos. Las disposiciones relativas a la asistencia jurídica gratuita para litigios transfronterizos no son aplicables a los procedimientos tributarios, procedimientos aduaneros y otros procedimientos contencioso-administrativos.

Para conceder la asistencia jurídica gratuita en un litigio transfronterizo se deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley de asistencia jurídica gratuita. Excepcionalmente, se puede conceder asistencia jurídica gratuita a un solicitante que no cumpla los requisitos establecidos en la Ley de asistencia jurídica gratuita, si demuestra que no está en condiciones de sufragar los gastos del proceso debido a una diferencia entre el coste de la vida entre el Estado miembro en el que tiene su domicilio o su residencia habitual y el coste de la vida en Croacia.

El solicitante o la autoridad competente del Estado miembro en el que tenga su domicilio o residencia (autoridad transmisora) deben presentar la solicitud de asistencia jurídica gratuita al Ministerio de Justicia de Croacia (autoridad receptora). Los formularios y la documentación adjunta deben presentarse en croata. De lo contrario, se rechaza la solicitud.

Si el litigio en el que se pide la concesión de asistencia jurídica gratuita no es transfronterizo o si el solicitante no tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en un litigio transfronterizo, el Ministerio de Justicia rechaza la solicitud. No cabe recurso contra dicha decisión, pero puede incoarse un procedimiento contencioso-administrativo.

Puede concederse asistencia jurídica gratuita a personas que no residan en la Unión Europea con arreglo a los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales por los que está vinculada Croacia.

La información sobre la asistencia jurídica gratuita en Croacia se puede consultar también en el sitio web:

• Asistencia jurídica gratuita

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[1] Derechos de la personalidad: los derechos a la vida, a la salud física y mental, a la reputación, al honor, a la dignidad, a la privacidad de la vida personal y familiar, a la libertad personal, etc.