Cómo ejecutar una decisión judicial

Finlandia
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European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

Por ejecución se entiende la ejecución forzosa de una obligación impuesta por un órgano jurisdiccional o por otra autoridad. En la mayoría de los casos, se trata del cobro de deudas reconocidas judicialmente. Otra medida de ejecución es el desahucio, es decir, la obligación de abandonar un inmueble o parte del mismo. El fundamento de la ejecución puede ser también la obligación de transmitir determinados bienes a otra parte, la obligación de hacer algo y la prohibición de hacer algo. Este tipo de obligaciones se ejecutan mediante medidas coercitivas o multas, dependiendo de las circunstancias. También pueden ejecutarse los embargos judiciales y otras medidas cautelares. En Finlandia, el cobro forzoso de deudas es competencia de la autoridad de ejecución, que es una autoridad estatal. La ejecución es una actividad legal independiente y las autoridades de ejecución son independientes e imparciales en su toma de decisiones.

Ejecución en asuntos relativos a la legislación sobre menores

En los asuntos relativos a la legislación sobre menores, se ejecutan resoluciones judiciales, como la restitución del menor. Un acuerdo validado por los servicios sociales puede servir también como título de ejecución. Otro detalle importante es que, en Finlandia, los derechos de visita son derechos del menor, no de los progenitores. La ejecución de una sentencia judicial sobre la custodia o los derechos de visita de un menor está sujeta a la Ley relativa a la ejecución de las resoluciones sobre la custodia o los derechos de visita de los menores (Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta) (619/1996). Esta ley es igualmente aplicable a la ejecución de medidas provisionales. También se procede a la ejecución con arreglo a esta ley cuando una sentencia o resolución dictada en el extranjero es ejecutable en Finlandia en virtud del Reglamento (CE) n.° 2201/2003 del Consejo.

Los oficiales de justicia pueden ejecutar una orden de ejecución en materia de custodia cuando la resolución se ha dictado en los tres últimos meses. De no ser así, hay que demandar una orden de ejecución al órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional solo puede desestimar una demanda de ejecución cuando la ejecución vaya en contra de los intereses del menor. En la ejecución de una orden en materia de custodia, el órgano jurisdiccional obliga a la otra parte a restituir el menor al demandante o a pagar una multa. Debe expedirse una orden para la recuperación del menor. En la ejecución de una orden en materia de derechos de visita, la otra parte está obligada a permitir las visitas y a adoptar las otras medidas dictadas para que las visitas tengan lugar.

2 ¿Qué autoridad(es) goza(n) de competencia para proceder a una ejecución?

En Finlandia, la ejecución es competencia de las autoridades locales de ejecución. La autoridad local de ejecución competente se determina en función del lugar de residencia del deudor. Si no se dispone de información exacta sobre el lugar de residencia del deudor en Finlandia, la demanda de ejecución puede presentarse ante cualquier autoridad local de ejecución, como, por ejemplo, la autoridad local de ejecución de Helsinki (Helsingin ulosottovirasto). Aunque la demanda se presente ante una autoridad local de ejecución, la competencia de esta última es de ámbito nacional.

Los datos de contacto de las autoridades locales de ejecución figuran en: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

3 ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?

3.1 Procedimiento

La ejecución requiere que el acreedor la reclame por escrito cumplimentando un formulario de demanda de ejecución en la que exponga los fundamentos. El acreedor no debe pagar ninguna tasa previa. (El formulario de demanda de ejecución figura en el sitio web de la Administración de Justicia.

Los oficiales de justicia deben ejecutar las resoluciones judiciales u otros títulos de ejecución establecidos por la ley, y no pueden examinar su contenido. Para incoar el procedimiento de ejecución es necesario que el acreedor posea un título de ejecución establecido por la ley, que imponga una obligación al deudor. Los oficiales de justicia deben comprobar que la deuda no se haya extinguido desde que se dictó la resolución judicial, por su pago o prescripción. Los derechos de cobro de los titulares de derechos colaterales (p. ej., una hipoteca) son objeto de disposiciones específicas.

3.2 Condiciones principales

En los asuntos civiles y mercantiles, la ejecución suele basarse en una sentencia o resolución de un órgano jurisdiccional ordinario. No es necesaria una orden de ejecución específica. Los órganos jurisdiccionales ordinarios son los juzgados de distrito (käräjäoikeus), como órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación (hovioikeus), y el Tribunal Supremo (korkein oikeus), como instancia de recurso. La ejecución puede basarse también en un laudo arbitral. En la práctica, uno de los motivos más importantes de ejecución es un mandamiento de pensión de alimentos confirmado por una autoridad municipal. Por otra parte, Finlandia no reconoce como base para la ejecución los contratos entre particulares.

Las sentencias recurridas pueden ejecutarse si el acreedor ofrece la garantía exigida por el oficial de justicia para indemnizar cualquier perjuicio sufrido por el deudor. Sin embargo, no debe abonarse ningún importe al acreedor hasta que el título de ejecución y la decisión de embargo sean definitivos.

Las disposiciones más importantes relativas a la fuerza ejecutiva de las sentencias dictadas fuera de Finlandia se encuentran en el Derecho de la Unión [p. ej., los reglamentos Bruselas I (n.º 44/2001) y Bruselas II (nº 2201/2003)] y en el Convenio nórdico sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias.

4 Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

4.1 ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?

Al iniciarse el procedimiento de ejecución, el deudor recibe una notificación y una orden de pago. Si el deudor no obedece la orden de pago o no se pone en contacto con el oficial de justicia para efectuar el pago por iniciativa propia, la ejecución comenzará con la investigación y determinación de la renta y el patrimonio del deudor sobre la base de los datos registrales.

Las indagaciones bancarias constituyen una parte esencial de este trabajo de investigación. En la mayoría de las ocasiones, se embargan las rentas del trabajo y los depósitos bancarios. En lugar de embargar una parte de los ingresos periódicos, es posible convenir un calendario de pagos. Las medidas para la determinación de la renta y el patrimonio del deudor, así como las investigaciones ulteriores, se rigen por la ley. La ley confiere a los oficiales de justicia amplias facultades de acceso a los registros para recabar información sobre la situación financiera del deudor. Los oficiales de justicia tienen también el deber de buscar bienes del deudor. Las medidas de ejecución deben implementarse sin retrasos injustificados. Por ejemplo, si el deudor percibe una renta periódica, el primer pago al acreedor se efectúa en el plazo de dos meses desde el inicio del procedimiento.

El deudor tiene derecho a recurrir, pero el cobro no se interrumpe, salvo resolución judicial contraria. Puede demandarse la ejecución total o parcial. Los acreedores también pueden demandar a las autoridades de ejecución que controlen la deuda durante un período de dos años, mediante el denominado registro de créditos pasivos, cuando no sea posible cobrar la deuda inmediatamente. No es necesario contratar a un abogado o asesor legal a efectos de la ejecución.

Pueden embargarse todos los bienes muebles e inmuebles del deudor que no estén protegidos o excluidos, así como todo derecho, crédito u objeto con un valor económico. Si el acreedor solicita la ejecución parcial, solo pueden embargarse los bienes inscritos en registros que no precisen liquidación. Si es preciso liquidar los bienes embargados, estos suelen venderse en ventas pública que normalmente se anuncian en la prensa local y en internet.

Enlaces a los anuncios de venta:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ajankohtaista/myynti-ilmoitukset.html

https://huutokaupat.com/ulosotto/

La Ley de ejecución finlandesa (Ulosottolaki) también contiene una disposición especial por la que el responsable del servicio de ejecución puede decidir ignorar un arreglo artificial sobre los bienes. Una demanda de tercería de dominio sobre un bien no impedirá su embargo cuando:

  1. el derecho del tercero se base en una disposición patrimonial o jurídica que no se corresponda con la auténtica naturaleza o finalidad del negocio, teniendo en cuenta que la titularidad del deudor y sus acciones, así como los beneficios derivados del arreglo, son equivalentes a los del propietario;
  2. la forma jurídica se utilice manifiestamente para impedir la ejecución o el acceso de los acreedores a los bienes;
  3. sea improbable que el crédito del acreedor se cobre de otro modo en un plazo razonable.

No obstante, el embargo no debe realizarse cuando el tercero presente pruebas concluyentes de que vulneraría sus derechos. El oficial de justicia debe consultar de forma apropiada al deudor y al tercero, así como al acreedor en su caso, a menos que hacerlo complique considerablemente el procedimiento.

4.2 ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

La incoación del procedimiento de ejecución tiene algunos efectos, pero el embargo surte importantes efectos jurídicos. Una vez embargados los bienes, el deudor no puede destruirlos, enajenarlos ni ignorarlos, así como tampoco adoptar otras decisiones relativas a los mismos en perjuicio del acreedor. Los actos realizados en contravención de esta prohibición no tienen validez jurídica para el acreedor. No obstante, los cesionarios o los terceros pueden gozar de la presunción de buena fe. Los oficiales de justicia tienen amplias facultades de acceso a información no solo sobre el deudor, sino también sobre terceros, como los bancos. Una vez que un banco ha sido informado de que los depósitos de un deudor han sido bloqueados, solo puede realizar pagos al oficial de justicia con cargo a la cuenta del deudor. El pago de deudas o salarios en contravención de esta prohibición constituye una infracción penal.

Como consecuencia de la venta de bienes en el procedimiento de ejecución, se produce una transmisión de derechos de propiedad. El importe del precio de venta se abona al acreedor sin demora.

Se embargan los bienes hasta el importe necesario para pagar la deuda al acreedor. Cuando la ejecución ha sido demandada por varios acreedores o los bienes embargados están sujetos a hipoteca, por ejemplo, los importes se reparten entre los acreedores según el orden de prioridad establecido por la ley. Las tasas estatales de ejecución suelen cobrarse al deudor. Si la ejecución fracasa, el acreedor tendrá que pagar una pequeña tasa de tramitación. Del mismo modo, el acreedor debe pagar una tasa por la transferencia de los importes. En los asuntos relativos a las obligaciones de alimentos, no se exige el pago de ninguna tasa y se concede prioridad a las pensiones de alimentos. Los pagos transferidos al acreedor pueden variar cada mes según las fluctuaciones de la renta del deudor y la cuantía de la deuda.

Para más información sobre las tasas de ejecución, consúltese: https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

4.3 ¿Qué validez tienen estas medidas?

De conformidad con la ley, los oficiales de justicia tienen la obligación de desempeñar sus funciones de forma expedita y sin retrasos injustificados. Si el deudor carece de bienes o rentas que embargar, el asunto puede devolverse al acreedor con una de las indicaciones siguientes: sin recursos, sin recursos y desconocido u por otro obstáculo específico que impide el cobro. En esas situaciones, puede recabarse información sobre la renta y el patrimonio consultando los registros principales. El procedimiento de ejecución finaliza, pero el acreedor puede renovar su demanda de ejecución y la situación económica del deudor se investiga de nuevo. El acreedor puede, por ejemplo, instar la ejecución de una resolución presentando una nueva demanda dentro del plazo a fin de garantizar el embargo de la devolución fiscal del deudor a finales de año. El acreedor también puede demandar que la deuda sea registrada como crédito pasivo. Si, durante la investigación de otro asunto, resultara que el deudor tiene rentas o bienes embargables o que va a recibir una devolución fiscal, la deuda registrada como crédito pasivo se tendrá en cuenta en el procedimiento de ejecución. El registro como crédito pasivo tendrá una validez de dos años desde la fecha de expedición del certificado de insolvencia.

5 ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Las medidas y decisiones de ejecución de los oficiales de justicia pueden ser recurridas por cualquier persona cuyos intereses se vean afectados por ellas. Los recursos se tramitan ante los juzgados de distrito (käräjäoikeus). Deben presentarse en el plazo de tres semanas desde la fecha de adopción de la decisión o desde la fecha en que el interesado reciba su notificación.

La presentación del recurso no suspende normalmente el proceso de ejecución, a menos que el órgano jurisdiccional determine otra cosa. Si se admite el recurso, el órgano jurisdiccional anulará o modificará la decisión del oficial de justicia. En algunos casos, el propio oficial de justicia puede corregir también los errores manifiestos de su decisión.

Si la resolución de un litigio o una demanda de ejecución requieren la práctica extensa de pruebas orales, el asunto puede tener que tramitarse en un procedimiento judicial civil (litigio de ejecución).

6 ¿La ejecución está sujeta a algún tipo de limitación, en particular de plazos o en aras de la protección del deudor?

La ley contempla las prohibiciones de ejecución, normalmente por motivos sociales. Determinadas prestaciones sociales no pueden embargarse. Si el deudor es una persona física, deben excluirse del embargo los objetos, prestaciones y derechos dispuestos por la ley. No pueden embargarse tampoco aquellos bienes de los que, dado su valor y otras circunstancias, el acreedor solo obtendría, una vez descontados los costes y tasas de ejecución y pagadas las deudas inherentes, un importe insignificante.

En los planes de embargo y pago, debe siempre tenerse en cuenta la parte legalmente protegida de la renta del deudor, que debe excluirse para que este pueda subsistir. En general, no puede embargarse más de un tercio del salario del deudor. Las partes protegidas de la renta, junto con ejemplos, pueden consultarse en:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

Los títulos de ejecución, en los que se impone a una persona el cumplimiento de una obligación, son ejecutables durante 15 años (validez de los títulos de ejecución). Este plazo aumenta a 20 años cuando el acreedor especificado en el título de ejecución es una persona física o cuando el fundamento de la demanda es un delito por el que el deudor fue condenado a pena de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Una sentencia judicial u otro título de ejecución no pueden ejecutarse cuando el derecho que confiere se ha extinguido por el pago o la prescripción de la deuda, o por cualquier otro motivo.

Para más información, véase:

https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index.html

https://valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2007/en20070705

Última actualización: 23/03/2020

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