Family maintenance

If you wish to claim maintenance, for example by asking for a monthly payment for child support from a parent not living with the child, EU law allows you to use the courts of your home State in order to determine the obligation of the debtor to pay maintenance and set the amount of alimony. Such a judgment will be easily recognised in the other Member States of the European Union.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

New rules from June 2011

As of 18 June 2011, new rules on maintenance matters apply. They still ensure judicial protection of the maintenance creditor by allowing him/her to sue the debtor before the courts of his/her home State. In addition, in most cases, the 2007 Hague Protocol determines the law applicable to maintenance obligations and any judgment on maintenance issued by the courts of the Member States circulates freely in the European Union and may be enforced in all the Member States without additional formalities. Finally, maintenance creditors and debtors benefit from administrative assistance offered by the Member States.

The new rules apply in all 28 EU Member States, including Denmark, on the basis of Agreement of 19 October 2005 between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. However, Denmark does not apply some rules, in particular, the rules on applicable law and on cooperation between central authorities.

The Regulation also provides that administrative authorities may be considered as courts for the purpose of maintenance procedures. A list of those authorities can be found here PDF (68 Kb) en.

When maintenance is due from or to the benefit of a person living in a non-EU State, the Convention on the international recovery of child support and other forms of family maintenance and the Protocol on the law applicable to maintenance obligations may help you in recovering your maintenance in non-EU States which are contracting parties to these international instruments. The Convention has entered into force for the EU towards third States party to that Convention since 1 August 2014.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears.

This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Last update: 18/01/2019

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Pensiones alimenticias - Bélgica

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Puede definirse la «obligación de alimentos» como aquella que impone la ley a una persona de proporcionar a otra que se encuentre necesitada y esté ligada a ella por determinado vínculo familiar las ayudas necesarias para vivir. Los «alimentos» comprenden no solo la alimentación, sino todo lo necesario para la subsistencia: alimentos, vestido, alojamiento, atención médica, etc.

La obligación de alimentos nace de un vínculo de parentesco o de allegamiento y, en su caso, de una obligación sustitutiva cuando se ha roto ese vínculo. Se da entre determinados parientes y allegados, entre cónyuges y entre personas que cohabiten legalmente. Se basa en una especie de deber de «solidaridad» que puede ser más fuerte en algunos casos.

  • De los padres respecto a los hijos

Hay dos tipos de obligación de alimentos en este caso:

  • Una obligación de alimentos en sentido amplio, en virtud de la cual el padre y la madre han de asumir, en proporción a sus facultades, el alojamiento, mantenimiento, salud, vigilancia, educación, formación y desarrollo de sus hijos. Si no se completa la formación durante la minoría de edad, la obligación se mantiene una vez alcanzada la mayoría. Existe cualesquiera que sean los recursos de los padres e independientemente del estado de necesidad de los hijos. Va más allá de la mera subsistencia de los hijos, ya que abarca también su educación, su formación, etc. (artículo 203 del Código civil).
  • Una obligación de alimentos basada en la filiación y vinculada al estado de necesidad de los hijos, independientemente de la edad de estos y de los recursos de los padres (artículos 205, 207, 208 y 353, apartado 14, del Código civil).
  • De los hijos respecto a los padres

La obligación de alimentos de los hijos respecto a los padres es recíproca de la que tienen los padres respecto a ellos (artículos 205, 207 y 353, apartado 14, del Código civil). Los hijos deben, pues, alimentos a sus padres cuando se encuentren en estado de necesidad.

  • De los cónyuges entre sí

Las obligaciones de alimentos entre los cónyuges tienen su fundamento en el deber de auxilio y asistencia y en el deber de contribución a las cargas del matrimonio establecidos en el Código civil (artículos 2013 y 221). Esos deberes, vinculados al de cohabitación que se impone asimismo a los cónyuges, son recíprocos. Si no se cumplen, puede reclamarse judicialmente su ejecución por equivalente, presentando la correspondiente acción de alimentos o de «delegación de sumas» (artículos 213, 221 y 223 del Código civil) - véase la sección 10.

  • Del cónyuge divorciado respecto al ex cónyuge

Hay que distinguir según el tipo de divorcio: divorcio por desunión irremediable o divorcio por consentimiento mutuo.

  • Divorcio por ruptura irremediable: si los cónyuges no han celebrado un acuerdo sobre la concesión de una pensión de alimentos, (artículo 301, apartado 1, del Código civil), el tribunal, a solicitud del cónyuge «necesitado», puede conceder, en la sentencia de divorcio o en una resolución posterior, dicha pensión a cargo del otro cónyuge (artículo 301, apartado 2, párrafo primero, del Código civil).

    No obstante, puede denegar la pensión si el demandado prueba que el demandante ha cometido «una falta grave que haga imposible la continuación de la vida en común» (artículo 301, apartado 2, párrafo segundo, del Código civil).

    En cualquier caso, la cuantía de la pensión no puede exceder del tercio de los ingresos del cónyuge deudor (artículo 301, apartado 3, párrafo tercero, del Código civil).
  • Divorcio por consentimiento mutuo: los cónyuges no están obligados a acordar el pago de una pensión a uno de ellos durante el procedimiento ni después del divorcio. Si lo deciden, pueden fijar libremente la cuantía y las modalidades de pago y de ejecución de la pensión, así como su actualización y las posibles causas de variación (artículo 1288, párrafo primero, número 4, del Código procesal). Salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, el juez, a solicitud de una de ellas, puede aumentar, reducir o suprimir la pensión convencional una vez declarado el divorcio (artículo 1288, párrafo tercero, del Código procesal), al menos en caso de que su cuantía ya no sea adecuada por razón de circunstancias nuevas e independientes de la voluntad de las partes. Si no se ha previsto la actualización de la pensión, esta no podrá ser actualizada.
  • Otros casos

¿En qué casos?

Hay obligación de alimentos entre los parientes en línea recta, tanto ascendente como descendente (padres/hijos, hijos/padres, pero también nietos/abuelos y recíprocamente, según los artículos 205 y 207 del Código civil).

Entre allegados se presentan dos casos:

  • el cónyuge sobreviviente tiene una obligación de alimentos respecto a los hijos del cónyuge fallecido de los que no sea padre ni madre, dentro de ciertos límites (artículo 203, apartado 3, del Código civil).
  • los yernos y nueras tienen una obligación de alimentos respecto de los suegros y suegras, y viceversa. Esta obligación cesa en caso de nuevo matrimonio del suegro o suegra, si han fallecido el cónyuge (que haya generado esa alianza) y los hijos fruto de la unión (artículos 206 y 207 del Código civil).

Los sucesores del cónyuge fallecido deben alimentos, en determinadas circunstancias, al cónyuge sobreviviente o a los ascendientes del difunto (artículo 205 bis del Código civil).

El hijo cuya filiación paterna no se haya establecido puede reclamar al hombre que haya mantenido relaciones con su madre durante el período legal de concepción una pensión para su mantenimiento, educación y formación (artículo 336 del Código civil).

En caso de perturbación grave de las relaciones entre los miembros de una pareja de hecho, cualquiera de ellos puede solicitar al juez el reconocimiento de una obligación de alimentos a cargo de la otra parte, en el marco de las medidas provisionales que aquel deba adoptar. Lo mismo sucede cuando ha cesado la cohabitación legal, en el marco asimismo de las medidas provisionales (artículo 1479 del Código civil).

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Normalmente, la obligación de alimentos cesa con la mayoría de edad o la emancipación de los hijos. No obstante, puede prorrogarse si no se ha completado todavía la formación de estos (artículos 203 y 336 del Código civil).

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Puede ocurrir, por supuesto, que el deudor atienda voluntariamente las necesidades del acreedor. En otro caso, será necesario actuar judicialmente si hay litigio o desacuerdo o si deja de cumplirse esa obligación.

En el divorcio por ruptura irremediable, el reconocimiento de la pensión posterior al divorcio puede solicitarse al juez del divorcio, a título accesorio, bien en el escrito de demanda, bien en el escrito de conclusiones (artículo 1254, apartado 1, párrafo quinto, y apartado 5, del Código procesal).

Fuera de los procedimientos de divorcio, la competencia para conocer de las demandas de pensión de alimentos corresponde al juez de paz (artículo 391, apartado 7, del Código procesal), salvo las acciones de alimentos no declarativas de filiación (ver la pregunta 5).

Desde el 1 de septiembre de 2014, con excepción de las obligaciones de alimentos vinculadas a la renta de integración social, todas las demandas relacionadas con las obligaciones de alimentos son competencia de los tribunales de familia (artículo 572 bis, apartado 7, del Código procesal), incluida la acción de alimentos no declarativa de filiación.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

La acción es personal del alimentista (véase, en especial, el artículo 337 del Código civil). La demanda debe ser presentada por el demandante directamente o mediante abogado (véanse en especial los artículos 1253 ter, 1254 y 1320 del Código procesal).

Si el demandante es incapaz, debe actuar su representante legal (padre, madre, tutor, administrador) en su nombre.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

La competencia general en relación con las impugnaciones en materia de pensión de alimentos corresponde al juez de paz (artículo 597, apartado 7, del Código procesal), aunque hay excepciones. La demanda debe presentarse ante el juez del domicilio del demandante, salvo que se pretenda la reducción o supresión de la pensión (artículo 626 del Código procesal).

La demanda presentada por el hijo contra el hombre que haya tenido relaciones con su madre durante el período legal de concepción (artículo 336 del Código civil) debe presentarse ante el presidente del tribunal de primera instancia (artículo 338 del Código civil).

Los litigios relativos a la patria potestad, salvo en lo que respecta a las medidas urgentes y provisionales, son competencia del tribunal de menores (artículo 387 bis del Código civil) del lugar de residencia de los padres, tutores o personas que tengan la guarda y custodia del hijo (artículo 44 de la Ley de 8 de abril de 1965 para la protección de los jóvenes, la guarda de los menores que hayan cometido una infracción penal y la reparación de los daños causados por este hecho).

En caso de conflicto entre los cónyuges con anterioridad al procedimiento de divorcio, las demandas deben presentarse al juez de paz (artículo 594, apartado 19, del Código procesal) del lugar de última residencia conyugal (artículo 628, apartado 2, del Código procesal).

Una vez presentada una demanda de divorcio por ruptura irremediable, la competencia recae en el presidente del tribunal de primera instancia (artículo 1280 del Código procesal), hasta la disolución del matrimonio. El órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo es el que debe homologar los acuerdos de las partes en materia de alimentos (artículo 1256, párrafo primero, del Código procesal).

Una vez dictada la sentencia definitiva de divorcio, la competencia pasa al juez de paz y al tribunal de menores. El presidente del tribunal de primera instancia conserva su competencia en casos de urgencia (artículo 584 del Código procesal).

Desde el 1 de septiembre de 2014, con excepción de las obligaciones de alimentos vinculadas a la renta de integración social, todas las demandas relacionadas con las obligaciones de alimentos son competencia de los tribunales de familia (artículo 572 bis, número 7, del Código procesal).

Desde el 1 de septiembre de 2014, las demandas entre partes que estén (o hayan estado) casadas o tengan (o hayan tenido) el carácter de miembros de una unión de hecho registrada y las demandas sobre la obligación de alimentos relativas a los hijos comunes o a los hijos cuya filiación solamente se haya establecido respecto a uno de los progenitores deben presentarse, en principio, ante el tribunal que ya haya recibido alguna demanda (artículo 629 bis, apartado 1, del Código procesal). El tribunal competente es el del domicilio del menor (o, a falta de domicilio, el de su residencia habitual); si las partes tienen varios hijos, será competente para la totalidad de las demandas aquel al que se haya presentado la primera de estas (artículo 629 bis, apartado 2, del Código procesal). Si las obligaciones de alimentos corresponden a otros acreedores, será competente el tribunal del domicilio del demandado o del lugar de la última residencia conyugal o común (artículo 629 bis, apartado 4, del Código procesal).

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Véase la sección 4. Según la acción de que se trate, la demanda se presentará mediante citación o requerimiento. No es obligatoria la intervención de abogado.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Los procedimientos judiciales son pagaderos. No es posible determinar el importe total de las costas, que dependerá de la acción que se interponga, de las tasas judiciales y de los honorarios de abogado, si interviene este. En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, se aplican las normas de Derecho común (véase «Asistencia jurídica gratuita - Bélgica»).

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

  • Sobre el tipo de pensión:

Se trata de una pensión de alimentos. Esta pensión puede capitalizarse en algunos casos (artículo 301, apartado 8, del Código civil). Excepcionalmente, puede pagarse en especie (artículo 210 del Código civil).

  • Sobre la cuantía de la pensión y su actualización

No hay ningún baremo. Los alimentos se conceden en proporción a las necesidades de quien los reclama y al patrimonio de quien los debe (artículos 208 y 209 del Código civil).

La obligación del padre y de la madre (artículo 203 del Código civil) se fija en proporción a sus facultades y debe abarcar el alojamiento, el mantenimiento, la salud, la vigilancia, la educación, la formación (hasta que concluya) y el desarrollo de los hijos. La pensión adopta la forma de contribución mensual a tanto alzado a favor del progenitor que tenga la guarda y custodia.

Tanto el padre como la madre pueden actuar en su propio nombre para reclamar al otro su contribución a los gastos de alojamiento, mantenimiento, etc. (artículo 203, apartado 2, del Código civil).

La cuantía de la pensión que ha de pagar el hombre que haya mantenido relaciones con la madre durante el período legal de concepción se fija en función de las necesidades del hijo y los recursos, posibilidades y situación social del deudor (artículos 336, 339 y 203 bis del Código civil).

La ley autoriza expresamente a los cónyuges en proceso de divorcio a celebrar en cualquier momento un acuerdo sobre la concesión de una pensión de alimentos, sobre su cuantía y sobre sus modalidades (artículo 301, apartado 1, del Código civil y artículo 1256, párrafo primero, y artículo 1288, número 4, del Código procesal). No obstante, el juez puede no homologar el acuerdo si es manifiestamente contrario a los intereses de los hijos (artículo 1256, párrafo segundo, y artículo 1290, párrafos segundo y quinto, del Código procesal).

En caso de regulación judicial, para determinar la cuantía de la pensión de alimentos el juez debe tener en cuenta determinados criterios de cálculo y ciertos límites. La pensión debe cubrir, en principio, al menos el «estado de necesidad» del beneficiario (artículo 301, apartado 3, párrafo primero, del Código civil).

En cualquier caso, su cuantía no puede exceder del tercio de los ingresos del cónyuge deudor (artículo 301, apartado 3, párrafo segundo in fine, del Código civil). La duración de la pensión se limita a la duración del matrimonio. No obstante, cuando concurran circunstancias excepcionales puede ser prolongada por el juez (artículo 301, apartado 4, del Código civil).

Se exige por imperativo legal la actualización de la pensión en caso de divorcio por ruptura irremediable o de contribución parental al mantenimiento de los hijos. En principio, se aplica como referencia el índice de precios de consumo, pero la ley permite al juez aplicar algún sistema distinto de adaptación al coste de la vida (artículo 301, apartado 6, párrafo primero, y artículo 203 quater, párrafo primero, del Código civil) y las partes pueden acordar una excepción a su aplicación (artículo 203 quater, apartado 1, del Código civil).

La ley permite el aumento, reducción o supresión de la pensión a solicitud de una de las partes, por los motivos generales previstos en el artículo 301, apartado 7, párrafo primero, del Código civil y en el artículo 1293, párrafo primero, del Código procesal).

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La pensión se paga al alimentista o a su representante. Reviste la forma de renta mensual. En determinados casos puede capitalizarse (véase la sección 8).

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

El acreedor que disponga de un título ejecutivo puede proceder a la ejecución forzosa de su crédito. En determinadas condiciones, puede procederse al embargo de los bienes muebles o inmuebles del deudor de alimentos que no cumpla la resolución en la que se fijen estos (artículo 1494 del Código procesal). Puede ordenarse asimismo la retención ejecutoria de cantidades en poder de terceros, tales como el empleador del deudor (artículo 1539 del Código procesal). En ciertas circunstancias, el acreedor de alimentos que no disponga todavía de título ejecutivo puede proceder además a la retención cautelar de cuentas para garantizar sus derechos al cobro futuro de los mismos (artículo 1413 del Código procesal).

Por último, se ha establecido un procedimiento de ejecución simplificado. Se trata de la «delegación de cobro», es decir, de la facultad del acreedor de percibir directamente, dentro de ciertos límites, los ingresos del deudor o cualesquiera otras sumas que le adeude a este un tercero. La delegación de cobro se aplica a las obligaciones legales de alimentos entre cónyuges o ex cónyuges (artículo 220, apartado 3, artículos 221 y 223, y artículo 301, apartado 11, del Código civil y artículo 1280 del Código procesal), a las obligaciones de mantenimiento y de educación y formación respecto a los hijos - así como a los recursos entre el padre y la madre previstos en el artículo 203 bis del Código civil - y a las obligaciones legales de alimentos entre ascendientes y descendientes (artículo 203 ter del Código civil).

Por último, el Código penal contiene un artículo relativo al abandono de familia (artículo 391 bis), que permite procesar a toda persona que, condenada por resolución judicial firme al pago de una pensión de alimentos, incumpla esta obligación voluntariamente durante más de dos meses.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

El artículo 2277 del Código civil establece la prescripción de las acciones de reclamación de alimentos a los 5 años.

En el caso de las pensiones concedidas judicialmente, la acción prescribe a los 10 años (artículo 2262 bis del Código civil).

La prescripción se suspende entre los cónyuges durante el matrimonio (artículo 2253) y se interrumpe en caso de citación judicial, mandamiento de pago o embargo (artículos 2244 y 2248), así como por la presentación judicial del escrito de conclusiones por el acreedor o por el pago hecho por el deudor.

En principio, de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la Ley hipotecaria de 16 de diciembre de 1851, el deudor responde de sus obligaciones con la totalidad de su patrimonio.

No obstante, el artículo 1408 del Código procesal sustrae del procedimiento determinados bienes muebles materiales necesarios para la vida cotidiana del embargado y de su familia, para el ejercicio de su profesión o para la continuación de la formación o los estudios suyos y de los hijos a su cargo que vivan bajo el mismo techo.

El artículo 1409, apartado 1, del Código procesal prevé la inembargabilidad parcial de los ingresos del trabajo y de otras actividades.

No obstante, en virtud del artículo 1412 del Código procesal, las normas sobre inembargabilidad no son oponibles al acreedor de alimentos, por un lado, y este tiene, por otro, preferencia absoluta sobre los demás acreedores del deudor. Por lo demás, si se solicita una «delegación de cobro» contra una persona cuyos créditos ya hayan sido sometidos a retenciones o embargos, el juez puede examinar la situación global del deudor y las necesidades de sus acreedores, en particular de los acreedores de alimentos, y repartir equitativamente entre ellos los importes retenidos o embargados (artículo 1390 bis, párrafo quinto, del Código procesal).

En caso de sobreendeudamiento del deudor, puede procederse a la liquidación colectiva de sus deudas (artículos 1675, apartado 2, y siguientes del Código procesal). En tal caso, el juez puede decidir la quita de deudas, incluidas las correspondientes a pensiones de alimentos ya vencidas, sin que resulten afectadas, en cambio, las deudas de alimentos futuras.

Puede decretarse el embargo para obtener el pago de los tramos de la pensión a medida que venzan (artículo 1494, párrafo segundo, del Código procesal).

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Si el acreedor de alimentos no consigue que le sean pagados estos a pesar de los medios aquí indicados, puede dirigirse al Servicio de Pensiones de Alimentos (dependiente del Servicio Público Federal de Hacienda). Dicho Servicio concede anticipos correspondientes a uno o más tramos de las pensiones de alimentos y luego los cobra o percibe del deudor.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Puede subrogarse asimismo al deudor para pagar la pensión o parte de ella. Luego exige simultáneamente al deudor el pago de la pensión y de los atrasos. O bien los paga voluntariamente el deudor, o bien se procede contra él de manera forzosa. En este último caso, no se puede, naturalmente, garantizar el resultado, ya que depende de la situación financiera del deudor.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

La autoridad central designada a los efectos de lo dispuesto en el Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 sobre la obtención de alimentos en el extranjero, en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, es el

Service public fédéral Justice
Service de coopération judiciaire internationale en matière civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruselas

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El demandante o su asesor jurídico pueden ponerse en contacto con el organismo mencionado por correo postal, por teléfono (+32 (0)2 542 65 11), por fax (+32 (0)2 542 70 06) o por correo electrónico ( El enlace abre una nueva ventanaaliments@just.fgov.be o El enlace abre una nueva ventanaalimentatie@just.fgov.be).

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El demandante que resida en un país distinto de Bélgica debe dirigirse a la autoridad central de su país responsable de la aplicación de los convenios y del reglamento mencionados. No puede dirigirse directamente a ningún organismo o administración en Bélgica.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Respuesta negativa (véase antes).

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Cuando la autoridad central recibe una demanda, la transmite, en su caso, después de comprobar la localización del deudor y/o de sus bienes en Bélgica, al organismo de asistencia jurídica gratuita competente por razón del territorio. En los casos de demanda de alimentos a favor de los hijos presentada por mediación de las autoridades centrales, la asistencia jurídica gratuita se concede sin verificación del nivel de ingresos del beneficiario. La asistencia cubre los honorarios de abogado y las tasas administrativas.

En los demás casos, quien quiera acogerse a la asistencia jurídica gratuita debe dirigir a la autoridad judicial una solicitud en tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 2002/8/CE.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

La autoridad central desempeña ante todo una tarea informativa sobre el funcionamiento del Reglamento tanto en su propio sistema como en el Estado requerido. Dispone de medios que le permiten directa o indirectamente proceder a la localización del deudor o del acreedor y a obtener información pertinente sobre los ingresos y/o el patrimonio de uno u otro.

Durante el intercambio de observaciones por las dos partes que se produce en las audiencias ante las autoridades judiciales, particularmente en lo que respecta a la parte requerida, se propicia un intento de acuerdo amistoso extrajudicial. En caso necesario, la autoridad central garantiza el seguimiento para favorecer la ejecución en todo momento de las resoluciones en materia de alimentos.

Puede facilitar la obtención de pruebas documentales y de otro tipo, así como la notificación de los actos, proporcionando información sobre las disposiciones de Derecho nacional aplicables y sobre las modalidades de aplicación de los diferentes instrumentos internacionales en vigor.

En virtud del mandato conferido por la autoridad central al representante del demandante ante las instancias belgas, pueden adoptarse medidas necesarias y provisionales para garantizar el resultado positivo de las demandas de alimentos pendientes.

En caso preciso, la autoridad central puede informar a la parte solicitante sobre los trámites que deba seguir para establecer la filiación de un menor respecto a su supuesto padre.

Última actualización: 21/12/2015

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Pensiones alimenticias - Bulgaria

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Por obligación de alimentos se entiende la obligación de un miembro de una unidad familiar de prestar a otro miembro los medios necesarios para subsistir. Está prevista en la ley, es decir, de aplicación en virtud del Derecho, y está sujeta a criterios específicos, no limitándose a un acuerdo entre las partes. Es personal y se extingue por el fallecimiento del beneficiario.

Solo se tiene derecho a percibir alimentos por incapacidad laboral o falta de medios para hacer frente a necesidades propias.

La persona que tiene derecho a percibir alimentos puede reclamar una pensión alimenticia de las siguientes personas en el orden siguiente: cónyuge o ex cónyuge, hijos, progenitores, nietos y bisnietos, hermanos y hermanas, abuelos y ascendientes. Si la primera persona no es capaz de ofrecer la pensión alimenticia, la deberá pagar la siguiente persona en la enumeración anterior.

Si una persona tiene la obligación de prestar alimentos a varias personas, se deberá la pensión alimenticia en el orden siguiente, excluyendo a los últimos de la lista: hijos, cónyuge o ex cónyuge, progenitores, nietos y bisnietos, hermanos y hermanas, abuelos y ascendientes.

En caso de divorcio, solo el cónyuge no declarado culpable del divorcio tiene derecho a la pensión alimenticia.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Los progenitores deben pagar una pensión alimenticia a los hijos menores de 18 años, sin tener en cuenta si estos últimos son capaces de trabajar o disponen de los medios suficientes para hacer frente a sus propias necesidades. En el caso de hijos mayores de 18 años, los progenitores deben pagar la pensión alimenticia si los hijos no son capaces de hacer frente a sus propias necesidades con sus ingresos o propiedades, si cursan estudios de forma regular en una escuela de educación secundaria (hasta los 20 años) o en un centro de formación profesional o en la universidad (hasta los 25 años), pero solo si el pago de la pensión alimenticia no entraña dificultades concretas para los progenitores.

La obligación de pago de la pensión alimenticia a favor del ex cónyuge se extiende por un máximo de tres años a partir de la disolución del matrimonio, a menos que las partes acuerden un periodo más largo, y termina cuando el cónyuge que recibe la pensión vuelve a contraer matrimonio.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Se puede solicitar el pago de la pensión alimenticia ante el tribunal, con independencia de su naturaleza, del importe de la pensión, del demandante y de la persona de la que se reclama pensión alimenticia. La jurisdicción competente es el tribunal del distrito (rayonen sad). La competencia territorial la ostenta el tribunal del lugar de residencia del demandante o del demandado: el demandante podrá elegir el que prefiera.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

El progenitor que ejerce la patria potestad o el tutor legal deberán presentar la demanda de pensión alimenticia del menor.

La demanda de pensión alimenticia del menor de entre 14 y 18 años la presenta el propio menor, con el conocimiento y el consentimiento del progenitor que ejerce la patria potestad o del tutor legal.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Si se presenta una demanda de pago de pensión alimenticia en un caso matrimonial, los tribunales de Bulgaria son competentes para dicha demanda y para demandas matrimoniales si uno de los cónyuges tiene nacionalidad búlgara o reside de forma habitual en Bulgaria. Los casos de obligación de alimentos con respecto al ex cónyuge corresponden al tribunal con competencia en la demanda de divorcio.

Los tribunales búlgaros son competentes en casos relativos a las relaciones personales y patrimoniales entre progenitores e hijos si el demandado reside de forma habitual en Bulgaria, si el demandante tiene nacionalidad búlgara o si el hijo o el progenitor tienen nacionalidad búlgara o residen de forma habitual en Bulgaria.

En el caso anterior, el Derecho búlgaro es de aplicación según lo dispuesto a continuación en los apartados 18, 19 y 20.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Se puede solicitar el pago de la pensión alimenticia ante el tribunal, con independencia de su naturaleza, del importe de la pensión, del demandante y de la persona de la que se reclama pensión alimenticia. La competencia natural corresponde al tribunal del distrito, y no es necesaria la representación legal ante el juez. La competencia territorial la ostenta el tribunal del lugar de residencia del demandante o del demandado: el demandante podrá elegir el que prefiera.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

En los casos de obligación de alimentos, la parte demandante está exenta de abonar tasas estatales. A la hora de otorgar la pensión alimenticia, el tribunal ordena al demandado pagar las tasas estatales y los gastos generados por el demandante durante el procedimiento.

La representación legal no es necesaria en los casos de obligación de alimentos.

Las partes pueden obtener asistencia jurídica gratuita conforme a sus términos habituales. Estos están previstos en la Ley de asistencia jurídica gratuita (Zakon za Pravnata Pomosht).

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El importe de la pensión alimenticia se determina según las necesidades de la persona que tenga el derecho a alimentos y de la capacidad de la parte que ha de pagarla. El importe mínimo de la pensión alimenticia que ha de pagar el progenitor a los menores es equivalente a una cuarta parte del salario mínimo establecido por el Consejo de Ministros. El tribunal determina el importe de la pensión alimenticia según las necesidades de los hijos y los medios del progenitor.

El tribunal puede fijar un importe inferior al mínimo establecido cuando el Estado se haga cargo del hijo o cuando otras circunstancias especiales lo justifiquen. El tribunal puede fijar un importe superior al máximo establecido cuando sea necesario para cubrir las necesidades excepcionales de los hijos y el progenitor pueda pagarlo sin dificultad. A instancia de la parte, se puede modificar o revocar la orden de pago de pensión alimenticia si cambiaran las circunstancias.

La pensión alimenticia se paga mensualmente. Se aplicará el interés legal a los pagos atrasados. El tribunal puede aprobar también el pago de la pensión alimenticia en especie.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

El pago de la pensión alimenticia se hace personalmente al beneficiario. En el caso de menores de entre 14 y 18 años, se paga expresamente a ellos pero con el conocimiento y consentimiento del progenitor que ejerce la patria potestad.

La pensión alimenticia a favor de menores de 14 años se paga a través del progenitor que ejerce la patria potestad o del tutor legal.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

La pensión alimenticia se paga mensualmente. Se aplicará el interés legal a los pagos atrasados.

Las resoluciones del tribunal que han entrado en vigor están sujetas a ejecución con arreglo a las condiciones y los procedimientos establecidos en el Código Civil (Grazhdanski Protsesualen Kodeks).

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

La ejecución corresponde al Estado o a un agente judicial privado elegido por el acreedor.

Los agentes judiciales del Estado trabajan para el servicio de ejecución del tribunal del distrito (rayonen sad) y su zona de acción coincide con la de competencia territorial del tribunal.

Los agentes judiciales privados trabajan dentro de la competencia territorial del tribunal provincial pertinente (okrazhen sad).

Véase el apartado Ejecución de resoluciones judiciales.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

La Ley de protección de menores (Zakon za Zakrila na Deteto) estipula varias medidas de protección, incluida la de informar a los hijos y progenitores de sus derechos y obligaciones, y garantizar la asistencia jurídica gratuita estatal. De conformidad con el artículo 15 de la Ley de protección de menores, los hijos tienen derecho a asistencia jurídica gratuita y a recurso en todos los procedimientos relativos a sus derechos o intereses. La Oficina Nacional de Asistencia Jurídica se encarga de facilitar asistencia jurídica gratuita.

La Ley de la Abogacía (Zakon za Advokaturata) estipula de manera expresa que un abogado de Bulgaria o de la UE puede ofrecer asistencia jurídica gratuita a las personas que tengan derecho a pensión alimenticia. En tal caso, si la parte contraria debe pagar las costas procesales, el abogado puede solicitar un honorario, que será determinado por el tribunal.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Si el deudor no cumple con el pago de la pensión alimenticia, el Estado pagará en nombre de dicho deudor con arreglo a las condiciones y los procedimientos establecidos por las normas emitidas por el Consejo de Ministros. De conformidad con el procedimiento de asistencia social, el Estado se hace cargo de las personas con necesidades si no existen responsables del pago de pensión alimenticia con arreglo a la ley, o nadie es capaz de abonar el pago de la misma.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Sí, en virtud del procedimiento estipulado en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. La República de Bulgaria también es signataria de varios tratados de asistencia jurídica mutua con diferentes países, entre ellos algunos que no son Estados miembros de la UE. El Ministerio de Justicia es la autoridad central en virtud de dichos tratados, y en calidad de tal, ofrece asistencia a los ciudadanos para las demandas.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El Ministerio de Justicia es la autoridad central y se puede contactar en:

Ministerio de Justicia
Ul. Slavyanska 1

1040 Sofía
Bulgaria
Tel. (+359 29237555
Fax +359 29870098
Persona de contacto:

El enlace abre una nueva ventanaЕ_Gyurova@justice.government.bg

El enlace abre una nueva ventanaM_Parvanova@justice.government.bg

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Sí, en virtud del procedimiento estipulado en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Si el demandante se encuentra en un país con el que la República de Bulgaria ha firmado un tratado de asistencia jurídica mutua, podrá pedir ayuda al Ministerio de Justicia en su calidad de autoridad central en virtud de dicho tratado.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Sí, en virtud del procedimiento estipulado en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, o en virtud del procedimiento establecido por el tratado de asistencia jurídica mutua pertinente.

Véanse más arriba los datos de contacto del Ministerio de Justicia como autoridad central.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí, la República de Bulgaria está vinculada por el Protocolo de La Haya de 2007.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

Véase la respuesta anterior.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Las normas aplicables están establecidas en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y en los artículos 627 bis a 627 quater del Código Civil, que entró en vigor el 18 de junio de 2011.

Cuando se emite una resolución en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de 2007 de La Haya, se debe presentar la solicitud de ejecución de la resolución en función de los documentos citados en el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo ante el tribunal provincial del lugar de residencia permanente del deudor o del lugar de ejecución de la obligación. El tribunal provincial decreta la desestimación o suspensión de la ejecución en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo.

La solicitud de reconocimiento de una resolución u otro acto similar emitido en un Estado miembro que no está vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 se presenta ante el tribunal provincial del lugar de residencia permanente del deudor o del lugar de ejecución de la obligación. No se presentarán copias de la solicitud para notificación al deudor. El tribunal examina la solicitud a puerta cerrada. En la resolución que estima la solicitud, el tribunal fija un plazo límite de presentación de recursos con arreglo al artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo. Puede que no se otorgue la ejecución provisional de la resolución que estima la solicitud. En la resolución que estima la solicitud, el tribunal también decide las medidas cautelares y provisionales requeridas junto con la resolución que estima la solicitud. La resolución tiene los efectos de una decisión judicial. Está sujeta a recurso por cuestiones de hecho o de Derecho ante el Tribunal de Apelación de Sofía (Sofiyski apelativen sad) con arreglo a las condiciones y los procedimientos establecidos en el artículo 32 del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo. La resolución del Tribunal de Apelación de Sofía está sujeta a recurso por cuestiones de Derecho solo ante el Tribunal Supremo de Casación.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Se ha modificado el número y la estructura del personal de la Dirección Internacional de Protección Jurídica de Menores y Adopciones entre Países, cuyos deberes incluyen las actividades asignadas al Ministerio de Justicia como autoridad central en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Se han conferido facultades a la Dirección para cooperar con la Dirección General de Registro Civil y Servicios Administrativos (GRAO) del Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas, la Agencia Tributaria nacional y la Oficina Nacional de Asistencia Jurídica a la hora de procesar demandas procedentes de los Estados miembros relativas a la obligación de alimentos con arreglo al Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo.

Última actualización: 23/12/2015

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Pensiones alimenticias - Chequia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

La «obligación de alimentos» es la cantidad que una persona paga a otra para satisfacer sus necesidades legítimas. Un requisito esencial para la concesión y duración de la obligación de alimentos, de conformidad con el Código Civil, es la existencia de una familia o una relación similar, ya sea conyugal, ex conyugal o de parentesco de línea directa, o una relación entre una pareja de hecho o una ex pareja de hecho de personas del mismo sexo.

El Código Civil especifica las personas que tienen la obligación de pagar alimentos y las que tienen derecho a percibir una pensión alimenticia de la siguiente manera:

  • Obligación de alimentos entre cónyuges: surge cuando se ha celebrado el matrimonio y finaliza tras su extinción. Los cónyuges están obligados a pagar una pensión alimenticia que garantice el nivel de vida material y cultural del otro, que surge del principio de igualdad entre hombre y mujer en el matrimonio. La obligación de alimentos entre cónyuges es subsidiaria a la obligación de alimentos entre progenitores e hijos.
  • Pensión alimenticia entre cónyuges divorciados: surge si uno de los cónyuges divorciados es incapaz de hacer frente a sus necesidades y tal incapacidad se origina en el matrimonio y puede reclamarse de forma legítima al ex cónyuge, principalmente dependiendo de la edad o del estado de salud del cónyuge divorciado en el momento del divorcio o de la finalización del cuidado del hijo común de la pareja divorciada. La obligación cesa cuando el cónyuge beneficiario vuelve a contraer matrimonio o cuando transcurre el plazo establecido para el pago de la pensión alimenticia a favor del cónyuge divorciado (máximo de tres años).
  • Obligación de alimentos entre progenitores e hijos: surge desde el nacimiento de los hijos y cesa cuando estos son capaces de hacer frente a sus necesidades o cuando la obligación se transfiere a otra persona, por ejemplo por matrimonio o denegación de paternidad. La cuantía de la pensión alimenticia se determina de tal manera que garantice que el nivel de vida de los hijos sea prácticamente idéntico al nivel de vida de los progenitores. Los hijos también tienen la obligación de proporcionar a sus progenitores alimentos de forma justa, en función de sus recursos, sin que el nivel de vida de los progenitores tenga que ser idéntico al de los hijos.
  • Obligación de alimentos entre parientes en línea descendente y ascendente: surge entre antecesores y sucesores. La obligación de alimentos de los progenitores con respecto a los hijos excluye la obligación de abuelos y otros parientes en línea ascendente con los hijos. Los parientes más lejanos tienen la obligación de pagar la pensión alimenticia si no pueden hacerlo los parientes más cercanos.
  • Prestación para madres solteras para cubrir la manutención y otros gastos: surge si la madre del niño no está casada con el padre del niño. En estos casos, el padre tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia durante un periodo de dos años a partir del nacimiento del hijo y de contribuir de forma razonable a los gastos asociados al embarazo y al parto.

La obligación de alimentos también está regulada por la Ley de parejas de hecho registradas, que establece:

  • la obligación recíproca de alimentos entre los miembros de la pareja de hecho registrada. El alcance de la obligación de alimentos se establece de tal manera que garantice que el nivel de vida material y cultural de ambos miembros de la pareja sea prácticamente el mismo,
  • la obligación de alimentos tras la disolución de la convivencia de los miembros de la pareja: la ex pareja que no sea capaz de hacer frente a sus necesidades puede reclamar al otro miembro de la pareja una contribución razonable en función de sus capacidades y situación económica. Si la parte que no contribuyera a la ruptura permanente de la unión se ve gravemente perjudicada por la disolución de la misma, puede obtener una pensión alimenticia durante un periodo de tres años por la misma cantidad que hubiera percibido si la unión no se hubiera disuelto.

La obligación de alimentos entre los miembros de la pareja está regulada por ley y no puede transferirse, sustituirse ni cederse por adelantado.

Uno de los requisitos para conceder una obligación de alimentos, aplicable siempre que se cumpla tal obligación, es la coherencia con la moral pública.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

La pensión alimenticia podrá concederse si el beneficiario no es capaz de hacer frente a sus necesidades de forma realista. La capacidad de mantenerse a sí mismo, de forma tradicional, se interpreta exclusivamente como la capacidad de cubrir las necesidades de uno mismo de forma satisfactoria, ya sean materiales, culturales o de otra índole. Si el hijo no es capaz de atender a sus necesidades y depende del deudor, la obligación de alimentos no cesará a pesar de alcanzar la mayoría de edad (por ejemplo, si el hijo continúa con sus estudios) y, en casos excepcionales, la obligación de alimentos se puede prorrogar durante la vida del hijo y los progenitores, por ejemplo si el hijo sufre una discapacidad que, de por vida, le impedirá mantenerse por sí mismo. Por otro lado, la obligación de alimentos puede cesar incluso antes de que el hijo alcance la mayoría de edad si este puede mantenerse por sí mismo antes de tal fecha. Por lo tanto, no existe un límite de edad especifico.

Alcanzar la mayoría de edad es un factor importante con respecto al procedimiento puesto que, por ejemplo, el tribunal puede resolver la obligación de alimentos con respecto a un menor incluso sin demanda, pero un tribunal solo concederá la pensión alimenticia a favor de los hijos adultos a partir de una demanda.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Solo un tribunal es competente para resolver asuntos de obligación de alimentos, a partir de una demanda, si bien el tribunal puede decidir sobre la obligación de alimentos a favor de un menor incluso sin demanda.

Además de los datos particulares, la demanda debe contener el nombre, los apellidos y la dirección de las partes, una descripción de los hechos en cuestión, una lista de las pruebas presentadas por el demandante y en ella se debe debe indicar de forma clara lo que este solicita.

La demanda debe interponerse ante el tribunal local competente. Véase la pregunta 5.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

El progenitor que ejerce la patria potestad tiene derecho a reclamar la pensión alimenticia del otro progenitor en nombre del hijo. Además, puede actuar en nombre del hijo en calidad de tutor o curador. Si el hijo ha adquirido capacidad jurídica plena, puede presentar por si mismo una demanda de pensión alimenticia.

No se puede presentar una demanda en nombre de un pariente, salvo en los casos en que la persona no tenga plena capacidad jurídica y el tribunal asigne un tutor entre los parientes.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

La competencia (autoridad) internacional para los procedimientos sobre asuntos relativos a las obligaciones de alimentos se determina de conformidad con el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (en lo sucesivo, «Reglamento sobre obligaciones de alimentos»): El enlace abre una nueva ventanahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409302593149&uri=CELEX:02009R0004-20130701. Este Reglamento no irá en detrimento de la aplicación de los tratados internacionales de los que la República Checa es signataria y que versan sobre asuntos que se rigen en virtud del Reglamento sobre obligación de alimentos. Ahora bien, dichos tratados solo serán de aplicación a las relaciones con países no pertenecientes a la UE, en particular los tratados bilaterales sobre asistencia jurídica gratuita adoptados con países no pertenecientes a la UE o el Convenio internacional relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007, en relación con Noruega, Suiza e Islandia. En las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea el Reglamento de obligación de alimentos prevalece sobre los tratados internacionales.

En la República Checa, los tribunales de distrito resuelven en los procedimientos relativos a la obligación de alimentos en primera instancia.

La competencia se determina principalmente en el Reglamento sobre obligaciones de alimentos, que prevalece sobre la legislación checa. Según lo dispuesto en el artículo 3 de dicho Reglamento, el demandante puede elegir un tribunal:

a) en el lugar donde el demandado tiene su residencia habitual,

b) en el lugar donde el acreedor tiene su residencia habitual.

De lo contrario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, letras c) y d), del Reglamento sobre obligaciones de alimentos, los procedimientos en la República Checa pueden incoarse ante el órgano jurisdiccional competente para dirimir procedimientos de determinación de paternidad o ante aquel competente para dirimir procedimientos relativos a la responsabilidad parental, a menos que la competencia se base exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos, la competencia también puede establecerse a partir de la comparecencia de un demandado ante un tribunal siempre y cuando el demandado no impugne más tarde, como primer acto jurídico posterior, la competencia del tribunal.

Las normativa jurídica checa para determinar la competencia judicial, que solo se aplica en los casos en que la competencia no esté determinada por el Reglamento sobre obligaciones de alimentos, por ejemplo, si la competencia internacional del tribunal checo se basara en los artículos 6 y 7 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos (competencia subsidiaria, forum necessitatis) o en un tratado internacional con un país no perteneciente a la UE, es la siguiente: en procedimientos relativos a los alimentos de un hijo menor, es competente el tribunal general del menor, es decir, el tribunal en cuyo distrito resida el menor, con arreglo a un acuerdo entre los progenitores o a una resolución judicial o a otros factores decisivos. En el resto de casos, el tribunal competente es el tribunal general del demandado. El tribunal general de una persona física es el tribunal de distrito donde tiene su lugar de residencia y, en caso de no tener lugar de residencia, el tribunal en cuyo distrito reside temporalmente. El lugar de residencia se entiende como el lugar donde una persona reside con la intención de quedarse de forma permanente. Es posible que existan distintos lugares de residencia, en cuyo caso el tribunal general puede ser cualquiera de los tribunales de estos lugares. Si el demandado es ciudadano de la República Checa y no tiene tribunal general, o no tiene uno en la República Checa, el tribunal competente es aquel en cuyo distrito haya residido por última vez en la República Checa. Se pueden reclamar derechos de propiedad contra una persona que no tenga otro tribunal competente en la República Checa en el tribunal del distrito donde se encuentre el bien.

6 Como demandante, necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)? En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

La legislación no exige la representación del demandante. Ahora bien, el demandante puede decidir ser representado ante el tribunal mediante un poder concedido a un representante de su elección, por ejemplo un abogado.

La persona física que no pueda comparecer ante el tribunal debe ser representada por un representante legal o un tutor. Si se trata de un hijo menor, los representantes legales son sus progenitores.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Los procedimientos sobre asuntos en materia de obligaciones de alimentos entre progenitores e hijos están totalmente exentos de tasas judiciales. En otros procedimientos para determinar la pensión alimenticia, incluido su incremento, el demandante está exento de pagar tasas judiciales. Dicha exención también se aplica a los procedimientos de ejecución o de ejecución forzosa.

Si el demandante está representado por un abogado debe, a menos que se acuerde lo contrario, pagar una remuneración con arreglo a los honorarios del abogado, que pueden descargarse en inglés del sitio web del Colegio de abogados de la República Checa: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2239). Si se justifica por la situación económica y social del demandante, y siempre y cuando no se trate de un caso arbitrario o de una solicitud manifiestamente infundada o de una obstrucción de derechos, el tribunal puede asignar a un representante de forma gratuita o por una tarifa reducida si es absolutamente necesario para proteger los intereses del demandante. En ciertos casos se asigna un abogado como representante.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares? En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano )?

La pensión alimenticia se paga en su mayor parte en efectivo, en mensualidades regulares, pagaderas siempre con un mes de antelación, a menos que el tribunal resuelva lo contrario o el acreedor acepte condiciones distintas con el progenitor responsable, aunque también puede pagarse de otras formas, como por ejemplo ofreciendo una vivienda, pagos en especie, etc.

Además de determinar las condiciones que vinculan al progenitor responsable, la obligación de alimentos a favor del hijo también determina las relaciones patrimoniales y las necesidades razonables del hijo, que dependen fundamentalmente de su edad y estado de salud. También tiene en cuenta la forma en que el hijo se prepara para su futuro profesional, las actividades extracurriculares, las aficiones, etc. No obstante, en teoría, el nivel de vida del hijo debe ser idéntico al de los progenitores. Si la situación económica de la persona responsable lo permite, la fijación de ahorros también pueden considerarse como una necesidad razonable del hijo. A la hora de determinar el alcance de las obligaciones parentales de alimentos, se tiene en cuenta qué progenitor cuida del hijo y la medida en que se proporciona tal cuidado.

La pensión alimenticia entre cónyuges se concede en una cantidad que garantice el mismo nivel material y cultural de ambas partes, que surge del principio de igualdad entre hombre y mujer en el matrimonio.

La pensión alimenticia entre ex cónyuges se concede cuando uno de los cónyuges divorciados no es capaz de hacer frente a sus necesidades y tal incapacidad se origina en el matrimonio o en relación con este y puede reclamarse de forma legítima al ex cónyuge, principalmente dependiendo de la edad o del estado de salud del cónyuge divorciado en el momento del divorcio o de la finalización del cuidado del hijo común de la pareja. La pensión alimenticia se concede en una cantidad razonable. A la hora de decidir la cuantía de la pensión, se tiene en cuenta la duración del matrimonio antes del divorcio, además de otros requisitos legales.

Se concede una pensión alimenticia razonable en beneficio de la madre embarazada para cubrir los gastos asociados al embarazo y al parto.

El tribunal concederá la pensión alimenticia a una pareja de hecho registrada, a partir de una demanda, teniendo en cuenta las necesidades de cuidado de un hogar común. La cuantía de la pensión alimenticia se determina de modo que garantice que el nivel de vida material y cultural de ambas partes sea prácticamente el mismo.

Se puede establecer la obligación de alimentos al fin de la convivencia de los miembros de la pareja del mismo sexo a petición de la parte que no es capaz de mantenerse por sí misma. El interesado puede reclamar a la ex pareja el pago de una pensión alimenticia razonable dependiendo de su capacidad, posibilidades y patrimonio. Si no llegan a un acuerdo, el tribunal determinará el pago de la pensión a instancia de uno de ellos. Si la ex pareja que no contribuyera a la ruptura permanente de la unión se ve gravemente perjudicada por la disolución de la misma, el tribunal puede exigir a la otra parte el pago de una pensión alimenticia durante un periodo de tres años a partir del momento en que se disuelve la unión por la misma cantidad que hubiera percibido si la unión no se hubiera disuelto.

La legislación checa no reconoce el cálculo objetivizado de las cuantías de las pensiones alimenticias usando cuadros, porcentajes u otros medios, y tampoco existe una cuantía mínima o máxima. A la hora de adoptar una resolución, el tribunal tendrá en cuenta la singularidad de cada caso, la posibilidad de la existencia de más de una obligación de pago de alimentos, el incremento de gastos del hijo con discapacidad, etc. El Ministerio de Justicia solo publica un cuadro de cantidades recomendadas: El enlace abre una nueva ventanahttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6223&d=315516.

Las resoluciones judiciales en materia de obligaciones de alimentos se emiten supeditadas a cambios de situación. Por lo tanto, pueden ser modificadas si la situación del acreedor o de la parte responsable cambia de forma significativa.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La pensión alimenticia se paga en mensualidades regulares, pagaderas siempre con un mes de antelación, a menos que el tribunal resuelva lo contrario o la parte responsable de los pagos acuerde lo contrario con el acreedor. En casos muy excepcionales (por ejemplo, cuando el progenitor responsable solo genera ingresos de temporada, tiene un negocio de alto riesgo, etc.) el tribunal puede resolver que se imponga una cantidad (depósito) para cubrir futuros gastos de manutención. El tribunal adoptará medidas adicionales para garantizar que los pagos individuales, equivalentes a las mensualidades de pensión de alimentos, se abonen al hijo desde tal depósito. La pensión alimenticia debe pagarse o bien al acreedor o bien a la persona que tiene a su cargo al acreedor.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Con arreglo al Derecho checo, se puede presentar la demanda al tribunal competente para su ejecución judicial o se puede presentar una propuesta al agente judicial de procedimientos ejecutivos. En general, el procedimiento de ejecución judicial o la ejecución (que incluye la información sobre los datos detallados a incluir en la demanda) se especifica en el documento informativo titulado «Procedimientos de ejecución de las sentencias». A continuación se detallan datos concretos relativos al cobro de la pensión alimenticia:

Ejecución judicial

El tribunal general de un menor (véase respuesta a la pregunta 5 sobre la definición de tribunal general de un menor) es competente para decidir y ejecutar una resolución de obligación de alimentos a favor de un hijo menor. El tribunal general de la parte responsable (véase respuesta a la pregunta 5 sobre la definición de tribunal general de la parte responsable) es competente para la resolución de otros tipos de obligación de alimentos, incluida la manutención de hijos adultos.

En casos de ejecución de la obligación de alimentos a favor del hijo menor a instancia de una de las partes, el tribunal ofrecerá ayuda para identificar la residencia de la parte responsable. El tribunal también puede ofrecer asistencia adicional al acreedor antes de ordenar la ejecución de la resolución, por ejemplo pidiendo a la parte responsable información sobre si percibe un salario o cualquier ingreso regular y su origen, o en qué banco o institución financiera tiene cuentas y el número de tales cuentas, o requiriendo a la parte responsable que declare sus bienes. El tribunal también puede ofrecer asistencia en casos de obligación de alimentos distintas a la manutención de un hijo menor.

Procedimientos de ejecución

Se puede presentar una reclamación para incoar el procedimiento de ejecución ante cualquier agente judicial checo. Existe una lista de agentes judiciales disponible en el sitio web de la Cámara de ejecutores de la República Checa: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Al ejecutar la resolución de pago de una pensión alimenticia a favor de un menor, el agente judicial no tiene derecho a reclamar que el acreedor pague una cantidad razonable por adelantado para los gastos de ejecución. Uno de los posibles métodos de ejecución de la obligación de los pagos de alimentos a favor de un hijo menor consiste en retirar el carné de conducir al responsable de dichos pagos.

Si no se cumple la obligación de alimentos, además de los métodos de ejecución anteriormente mencionados, también se pueden presentar cargos por sospecha de delito de impago de la pensión alimenticia obligatoria. En caso de delito de impago de la pensión alimenticia obligatoria, el Código Penal estipula que una acción dolosa en este sentido la comete una persona que, de manera intencionada o negligente, infringe su obligación jurídica de mantener o cuidar de otra persona durante un periodo superior a cuatro meses. En tales casos, se pueden presentar cargos en cualquier comisaría.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Se puede encontrar información general sobre ejecución judicial o forzosa, incluida información sobre qué bienes pueden estar sujetos a ejecución judicial y las medidas correctivas disponibles, en el documento titulado «Procedimientos para la ejecución de resoluciones judiciales».

El Código Civil dispone que, a menos que la ejecución de los derechos se lleve a cabo dentro del plazo estipulado, estos prescribirán y el deudor no tendrá la obligación de realizar el pago. No obstante, si el deudor efectuó el pago después de que prescribiera el plazo, no puede reclamar el reembolso del dinero abonado. El derecho a alimentos no está limitado, pero los derechos a un pago periódico pueden estar sujetos a una fecha de prescripción. La duración del plazo de prescripción suele ser de tres años. Sin embargo, si los derechos han sido reconocidos por sentencia de una autoridad pública (por ejemplo un tribunal), la prescripción legal se aplicará diez años después de la fecha establecida en la sentencia. El derecho a alimentos no caduca tras un periodo determinado de tiempo.

La obligación de alimentos solo puede concederse a partir de la fecha en que se incoen los procedimientos judiciales. No obstante, la obligación de alimentos a favor del hijo puede concederse también por un máximo de tres años antes de dicha fecha. La pensión alimenticia en beneficio de la madre soltera y el reembolso de los gastos asociados al embarazo y al parto también se conceden con carácter retroactivo, hasta dos años a partir del nacimiento del hijo.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Las entidades de protección social y jurídica de menores de un municipio con poderes ampliados tienen la obligación de ofrecer asistencia para la presentación de reclamaciones de alimentos en nombre de un menor y para la ejecución de obligaciones de alimentos, así como para las presentaciones de demandas ante el órgano jurisdiccional.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Esta opción no se reconoce en la legislación.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

El acreedor puede presentar una solicitud de asistencia para el cobro de pagos de pensión alimenticia a la Oficina para la protección legal internacional del menor en Brno (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.umpod.cz/).

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El solicitante puede ponerse en contacto con la organización de la siguiente manera:

Office for International Legal Protection of Children
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno
República Checa

Tel. +420 542215522

Fax +420 542212836
Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanapodatelna@umpod.cz

Al ponerse en contacto con la oficina por primera vez, el solicitante deberá facilitar su nombre completo y datos de contacto (teléfono o correo electrónico) y el nombre y la fecha de nacimiento del menor en cuestión.

Si se solicita a la Oficina asistencia para el cobro de la pensión alimenticia desde el extranjero, se debe enviar una reclamación informal por escrito solicitando el cobro de la pensión alimenticia, junto a un formulario cumplimentado que puede descargarse en checo del sitio web de la Oficina: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.umpod.cz/vyzivne/postup-pri-vymahani-vyzivneho/. La solicitud debe incluir información básica sobre el menor y la persona responsable, y los hechos básicos para explicar el motivo por el que se solicita el cobro de la pensión alimenticia. Deben adjuntarse copias de cualquier documento, en particular de las resoluciones judiciales que establecen la obligación de alimentos. La Oficina evaluará la posibilidad de cobrar la pensión alimenticia en cada caso y, cuando proceda, enviará instrucciones detalladas sobre cómo proceder en el asunto.

Si la Oficina lo requiere, se deberá aportar documentación adicional. En general, será preciso enviar el auto que establece la obligación de alimentos, acompañado de una traducción jurada en el idioma del Estado desde el que se cobrará la pensión, incluida la orden de ejecución del auto. En los casos en que la pensión deba cobrarse desde un Estado miembro de la Unión Europea, el tribunal redactará un extracto de la resolución de conformidad con el artículo 56 del Reglamento sobre obligación de alimentos. Por regla general, se requiere también un poder de la autoridad extranjera, un certificado de estudios del acreedor si es mayor de 15 años o un certificado de residencia. El tribunal local del lugar de residencia del demandante, que suele ser el tribunal que resuelve el asunto en primera instancia, debe ayudar al acreedor a obtener la traducción de dichos documentos. El tribunal proporcionará los documentos cumplimentados al demandante o los enviará directamente a la Oficina. La Oficina examinará la documentación recibida y, siempre y cuando todos los requisitos se cumplan, enviará una propuesta al tribunal extranjero, o referirá el asunto para procedimientos ulteriores a la autoridad legal u organización extranjera. La Oficina informará al demandante de sus acciones de forma regular, y también del transcurso y el resultado de los procedimientos.

En caso de cobro de la pensión alimenticia, bien por medios legales o mediante pagos voluntarios de la persona responsable a la cuenta del cónyuge extranjero, se envían generalmente pagos mensuales a la cuenta de la Oficina (por razones administrativas, contables y cuantitativas) mediante una transferencia de pago acumulado. El departamento de contabilidad de la Oficina envía los pagos al acreedor en el plazo de un mes, a instancia de este. Si el acreedor recibe pagos directos de la persona responsable desde el extranjero, tiene la obligación de informar de forma inmediata a la Oficina. También tiene la obligación de informar a la Oficina de cualquier cambio que pueda afectar al proceso, a saber, cambio de domicilio, cambio en los cuidados del hijo, fin de la educación del hijo, etc.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El demandante de pensión alimenticia que reside en el extranjero debe contactar a la autoridad competente de ese país, que se pondrá en contacto con la Oficina para la protección legal internacional del menor (consúltese la información de contacto de la Oficina proporcionada en la pregunta 14.2).

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Al recibir la solicitud desde otro país, la Oficina para la protección legal internacional del menor procederá como sigue:

  1. evaluará si la solicitud cumple con todos los requisitos del Reglamento de la UE y de los acuerdos internacionales, o solicitará documentos adicionales,
  2. enviará un recurso por escrito a la persona responsable en la República Checa y le pedirá que pague la deuda de pensión alimenticia y la manutención regular de forma voluntaria,
  3. si la persona responsable no responde, la Oficina investigará su situación económica y presentará una propuesta para el reconocimiento y la ejecución de la resolución del tribunal competente en la República Checa. La Oficina representará al demandante o acreedor que reside en el extranjero en el proceso y llevará a cabo todas las acciones necesarias para obtener los pagos de alimentos y garantizar la transferencia de las cantidades cobradas al país extranjero. La Oficina y la autoridad transmisora del extranjero se informarán de las medidas adoptadas, además del desarrollo y resultado de la ejecución de la resolución de obligación de alimentos.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está, ¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Los procedimientos sobre asuntos en materia de obligaciones de alimentos entre progenitores e hijos están totalmente exentos de tasas judiciales. En otros procedimientos para determinar la pensión alimenticia, incluido su incremento, el demandante está exento de pagar tasas judiciales. Dicha exención también se aplica a los procedimientos de ejecución o de ejecución forzosa. El demandante no tiene la obligación de ser representado por un abogado en los procedimientos relativos a la obligación de alimentos. Los servicios de la Oficina para la protección legal internacional del menor son gratuitos. La Oficina representará al demandante o acreedor que reside en el extranjero en los procedimientos judiciales, tomará la acciones necesarias para asegurar el pago en su nombre y garantizará la transferencia de los pagos cobrados en el extranjero.

Si se justifica por la situación económica y social del demandante, y siempre y cuando no se trate de un caso arbitrario, de una solicitud manifiestamente infundada o de una obstrucción de derechos, el tribunal puede conceder la exención total o parcial del pago de tasas judiciales a una parte. Si se asigna un representante a la parte exenta del pago de las tasas judiciales, la exención se aplica, según el alcance que se conceda, a los gastos en efectivo del representante y al coste de la representación. La parte exenta de pago de las tasas judiciales no tiene la obligación de pagar un depósito en concepto de gastos de pruebas ni la obligación de reembolsar los gastos derivados, es decir honorarios de testigos, peritos, intérpretes, etc. Los costes derivados por el hecho de que la parte comparezca ante el juez hablando en su propio idioma o comunicándose mediante sistemas para sordos o sordomudos debe sufragarlos el Estado y no se puede reclamar compensación para tales gastos.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

De conformidad con la Ley 359/1999 Coll. en materia de protección jurídica y social de menores, en su versión modificada, a la hora de ofrecer protección jurídica y social respecto a países extranjeros, la Oficina para la protección legal internacional del menor, que es el organismo central para la República Checa, llevará a cabo las siguientes funciones:

  • § realizar las tareas de la administración pública central con arreglo al Reglamento de obligaciones de alimentos,
  • § ejercer la función de tutor legal del menor,
  • § solicitar informes de la situación de los hijos que sean ciudadanos de la República Checa pero que no residan de forma permanente en el territorio, de organismos pertinentes y otras entidades e individuos jurídicos a instancia de los progenitores que residan en la República Checa o de las autoridades de protección jurídica y social,
  • § interceder en la entrega de documentos personales y otros poderes a países extranjeros y suministrar documentos y otros poderes de países extranjeros,
  • § cooperar con las autoridades gubernamentales u otras organizaciones del extranjero similares a la Oficina, si gozan de la debida autorización para llevar a cabo actividades de protección jurídica y social en su país, y con otras autoridades, estructuras y entidades legales, cuando proceda,
  • § ayudar a encontrar a los progenitores del niño, si estos residen en el extranjero, y a otros parientes y personas con obligación de alimentos, investigar la situación económica y material para determinar la pensión alimenticia, interceder en la presentación de propuestas con el fin de ejecutar la obligación de alimentos, a saber, las propuestas para regular la obligación de alimentos y determinar la paternidad,
  • § ofrecer la traducción de los poderes necesarios para ejercer la competencia en protección jurídica y social de conformidad con tratados internacionales y los reglamentos de la Unión Europea directamente aplicables.

Para que la Oficina pueda ejercer sus competencias, los organismos pertinentes y otras personas y entidades legales tienen la obligación de ofrecer a la Oficina cualquier tipo de asistencia requerida en la medida de lo necesario. Las disposiciones del Reglamento de ejecución relativas a la asistencia obligatoria de terceros se aplicarán según proceda. La asistencia obligatoria, en la medida de lo necesario, también se ofrecerá, por ejemplo, a través de tribunales, el cuerpo de policía de la República Checa, bancos, instituciones de seguridad social, oficinas de empleo, operadores de servicios postales, prestadores de servicios electrónicos, empresas aseguradoras, el Ministerio de Interior en términos de suministro de información de los registros de residentes y extranjeros, etc.

Última actualización: 27/08/2019

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Pensiones alimenticias - Alemania

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Los hijos respecto a los progenitores

  • Los progenitores respecto a los hijos
  • Los cónyuges de forma recíproca
  • Los (bis)nietos respecto a los (bis)abuelos
  • Los (bis)abuelos respecto a los (bis)nietos
  • Los progenitores que no hayan contraído matrimonio, de forma recíproca
  • Los miembros de una pareja de hecho registrada, de forma recíproca.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

No existe limitación de edad respecto a las obligaciones de alimentos para los hijos. Las obligaciones de alimentos deberán pagarse siempre que el hijo (por causas que no le sean imputables) las necesite. Una vez finalizada la instrucción para el desempeño de una profesión, normalmente se esperará que el hijo se sustente a sí mismo. De conformidad con la legislación alemana relativa a las obligaciones de alimentos, los hijos menores de edad gozan de mayores privilegios que los hijos adultos. Los requisitos para los deudores de alimentos son más estrictos y los menores de edad generalmente tienen prioridad frente a los mayores de edad en lo que respecta a las obligaciones de alimentos.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Para el reconocimiento de una obligación de alimentos el acreedor normalmente debe dirigirse a un tribunal, a los servicios sociales de menores o a un notario, en caso de que deba crearse un título ejecutable a partir del cual pueda recaudarse un importe por vía de apremio.

Los procedimientos contenciosos sólo tienen lugar ante un tribunal. Sin embargo, la obligación de cumplimiento de estas obligaciones se reconoce ante un notario o los servicios sociales de menores. El ámbito de competencia de los servicios sociales de menores es limitado en comparación con el de un notario, es decir, los servicios sociales de menores admiten la obligación siempre que se trate de un caso de pensión alimenticia de los hijos hasta la finalización de su 21.º año de vida o en relación con las demandas de la madre o el padre con motivo del nacimiento del hijo.

Todas las demandas legales de cobro de pensión alimenticia se presentarán como demandas en materia de familia ante un tribunal de familia.  El procedimiento está regulado por las disposiciones de la ley sobre el procedimiento en materia de familia y las cuestiones de jurisdicción voluntaria, así como por el código civil.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

De conformidad con el artículo 1629, apartado 1, del Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), el código civil alemán, los progenitores representan a los hijos de forma conjunta; los hijos serán representados únicamente por uno de los progenitores cuando dicho progenitor ejerza él solo la patria potestad o cuando se le aplique a él solo la resolución en virtud del artículo 1628 del BGB. Los progenitores presentarán la demanda del hijo en nombre de éste en calidad de sus representantes legales. En virtud del artículo 1629, apartado 2, p. 1 del BGB, el padre y la madre no podrán representar al hijo en caso de riesgo de conflicto de intereses, puesto que, en virtud del El enlace abre una nueva ventanaartículo 1795 del BGB, los tutores quedan excluidos de la representación del niño. Este punto es especialmente aplicable en el caso de un litigio entre un hijo y el cónyuge de uno de los progenitores. En este caso, se nombrará a un representante complementario para el niño, que presentará la demanda de éste en calidad de su representante. En el caso del cobro de alimentos se aplica una excepción. De conformidad con el artículo 1629, apartado 2, p. 2 del BGB, en caso de que la patria potestad del hijo corresponda conjuntamente a ambos progenitores, el progenitor con el derecho de guardia y custodia del hijo podrá presentar una demanda para el cobro de alimentos del hijo frente al otro progenitor. En el artículo 1629, apartado 3 del BGB se modifica esta norma en caso de que los progenitores sigan casados pero vivan separados o en caso de que exista una causa matrimonial pendiente entre ellos. En dicho caso, el progenitor sólo podrá presentar una demanda para el cobro de alimentos del hijo en su propio nombre contra el otro progenitor para evitar la implicación del hijo como parte en el litigio de divorcio de sus padres.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Para los procedimientos en materia de obligaciones de alimentos, serán competentes los tribunales de familia como departamentos de los tribunales de primera instancia. La competencia local de los tribunales en materia de obligaciones de alimentos se deriva del artículo 232 de la Ley sobre el procedimiento en materia de familia y en las cuestiones de jurisdicción voluntaria (FamFG).

Mientras se trate de una causa matrimonial pendiente, en principio será competente localmente el tribunal que es o fue competente en el divorcio. Por lo general, la competencia local suele regirse por la residencia habitual del demandado. Existe una diferencia en los procedimientos relativos a la obligación de alimentos de un hijo menor de edad o con los mismos derechos. En ese caso, será competente el tribunal del municipio en el que el hijo o el progenitor facultado para representarlo tengan su residencia habitual. No obstante, esto no será aplicable cuando el hijo o el progenitor tengan su residencia habitual en el extranjero.

El hijo podrá presentar una demanda por la que se inste a ambos progenitores a cumplir la obligación de alimentos también ante el tribunal competente en relación con una demanda contra uno de los progenitores.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

En los asuntos en materia de obligaciones de alimentos, las partes interesadas deberán estar representadas en principio por un abogado ante los tribunales. No obstante, no se requiere la representación de un abogado en el procedimiento de la orden provisional. Un hijo que cuente con la asistencia de los servicios sociales de menores en la presentación de la demanda para el cobro de alimentos tampoco requerirá un abogado.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Para los procedimientos legales en materia de obligaciones de alimentos se impondrán unos costes (tasas y gastos). Deberá abonarse una tasa de procedimiento por el importe de una tasa triple al presentar la demanda ante el tribunal. La cuantía de la tasa se establecerá en función del valor del objeto del procedimiento (valor procedimental). La remuneración de los abogados también se definirá en función del valor procedimental. La cuantía de alimentos exigida para los primeros doce meses después de la presentación de la demanda es decisiva, no obstante, no será superior a la cuantía total de la prestación exigida. Una vez presentada la demanda, se incluirán las cuantías de alimentos ya pendientes.

Ejemplo:

En caso de que el representante legal de un niño de 10 años presente una demanda para el cobro de la prestación alimenticia mínima (actualmente de 364 EUR al mes), el valor procedimental será de 4.368 EUR. La tasa para este procedimiento en general asciende en este caso a 339 EUR (113 EUR x 3). En caso de que la esposa de un arquitecto reclame una pensión alimenticia de separación y para la prevención de enfermedades por un importe de 1.900 EUR al mes, el valor procedimental será de 22.800 EUR. La tasa de procedimiento asciende a 933 EUR (311 x 3). Por consiguiente, no es posible expresar en general el importe de los costes. En caso necesario, la remuneración de un abogado responsable de la defensa podrá agregarse a los costes legales.

Las cuantías de las tasas pueden obtenerse de la tabla de tasas para valores procedimentales hasta 500 00 EUR:

Valor procedimental
hasta ... EUR

Tasa
... EUR

Valor procedimental
hasta ... EUR

Tasa
... EUR

300

25

40.000

398

600

35

45.000

427

900

45

50.000

456

1.200

55

65.000

556

1.500

65

80.000

656

2.000

73

95.000

756

2.500

81

110.000

856

3.000

89

125.000

956

3.500

97

140.000

1.056

4.000

105

155.000

1.156

4.500

113

170.000

1.256

5.000

121

185.000

1.356

6.000

136

200.000

1.456

7.000

151

230.000

1.606

8.000

166

260.000

1.756

9.000

181

290.000

1.906

10.000

196

320.000

2.056

13.000

219

350.000

2.206

16.000

242

380.000

2.356

19.000

265

410.000

2.506

22.000

288

440.000

2.656

25.000

311

470.000

2.806

30.000

340

500.000

2.956

35.000

369

El deudor de los costes es preferentemente aquel sobre el que el tribunal impone la resolución. Ello significa en principio que la parte que pierde el litigio debe asumir los costes.

Los demandantes que por circunstancias personales o económicas no pueden afrontar los costes del procedimiento legal, sólo pueden afrontarlos parcialmente o a plazos, para los procedimientos legales en materia de obligaciones de alimentos, pueden solicitar ayudas para el pago de las costas judiciales. El requisito es que las diligencias judiciales previstas o la defensa del caso puedan obtener un resultado satisfactorio y no parezcan intencionadas. Las ayudas para el pago de las costas judiciales abarcan, independientemente de los ingresos y el patrimonio del demandante, la totalidad o una parte de las costas judiciales y los costes del propio abogado.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

Los alimentos se abonan normalmente en forma de pensión. La cuantía de los alimentos se determina en función de la necesidad del alimentista y de la capacidad del alimentante.  Para ello, los tribunales de segunda instancia han desarrollado tablas y directrices que permiten estimar objetivamente los importes legales pertinentes en materia de obligaciones de alimentos. La más conocida es la tabla de Düsseldorf, con la que se calcula en gran medida la cuantía de los alimentos de los hijos.

Las resoluciones de los tribunales podrán adaptarse a petición del acreedor o el deudor de la manutención en caso de modificación de las circunstancias reales en las que se basan. Los alimentos para un hijo menor de edad podrán exigirse también de forma indizada como porcentaje de la prestación alimenticia mínima correspondiente en virtud del artículo 1612a, apartado 1, punto 1 del BGB. La pensión alimenticia mínima está regulada por el artículo 1612a, apartado 1, punto 2 y 3 del BGB y aumenta de forma escalonada en tres tramos a medida que aumenta la edad del hijo. Una resolución de un tribunal en la que los alimentos a pagar estén indizados no es necesario que sea adaptada al alcanzarse un nuevo tramo de edad.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

Los alimentos deberán hacerse efectivos mensualmente mediante el pago por adelantado de una pensión, que deberá abonarse al alimentista, al progenitor responsable en el caso de los menores de edad o al beneficiario en caso de embargo, si corresponde.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Una posibilidad es la ejecución forzosa de la demanda de cobro de alimentos titulada. Para la realización de la ejecución forzosa se siguen las normas generales.

En relación con la obligación del deudor de los alimentos, también se pondrá especial énfasis en el hecho de que el incumplimiento de dicha obligación se sanciona penalmente.

A las personas que incumplan la obligación de alimentos se les podrá imponer una pena de privación de libertad de hasta tres años o una sanción pecuniaria. En caso de que se imponga una pena de privación de libertad, pero se conceda la remisión condicional de la ejecución de la pena, el tribunal podrá ordenar al condenado que cumpla sus obligaciones de alimentos.  El tribunal revocará la remisión de la pena si el condenado incumple de forma grave y persistente dicha orden, y se considera que puede cometer un delito nuevamente, en particular un incumplimiento de la obligación de alimentos. En el caso de las personas que cometen el primer delito, en cambio, el fiscal podrá prescindir temporalmente de la demanda o el tribunal podrá suspender temporalmente el proceso penal si al acusado se le ordena al mismo tiempo que satisfaga sus obligaciones de alimentos por un importe determinado.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

El embargo de bienes muebles será efectuado por agentes judiciales (artículo 808, apartado 1 del ZPO). A este respecto, deberán tenerse en cuenta especialmente las disposiciones que limitan el embargo de los artículos 811 y 812 del ZPO. En virtud del artículo 811 de la ZPO, los bienes mencionados en dicho artículo no están sujetos a embargo. Existen excepciones para bienes adquiridos con reserva de dominio de conformidad con el artículo 8111, apartado 2 del ZPO. Los artículos 811a y 811b del ZPO incluyen reglamentaciones para el intercambio de objetos de valor no sujetos a embargo en virtud del artículo 811 del ZPO, por objetos de menor valor con la misma función.

Los registros de la vivienda del deudor podrán realizarse sin su autorización únicamente de conformidad con la orden de un juez, artículo 758a ZPO.

El embargo de deudas será efectuado por un tribunal de ejecución. Deberá tenerse en cuenta la inembargabilidad de los salarios. Se deriva del artículo 850 y siguientes del ZPO. La cuantía del salario inembargable, además de determinarse según la cuantía de los ingresos, se establecerá en función del número de personas a las que el deudor proporciona la prestación alimenticia legal. Para el cálculo, está disponible una tabla de límites para la exención de embargo como anexo al artículo 850c del ZPO. Se revisa regularmente, por lo que dispone el importe adaptado.

En caso de ejecución debido a demandas de cobro de alimentos o una deuda derivada de una acción dolosa no permitida, el tribunal de ejecución, en virtud del artículo 850d del ZPO o 850f del ZPO, a petición del acreedor, podrá establecer un importe exento de embargo divergente. Esto también es aplicable a la demanda de un deudor en caso de una necesidad personal especial de conformidad con el artículo 850f, apartado 1 del ZPO.

La exención de embargo de una cuenta del deudor permite tener una cuenta exenta de embargo de conformidad con el artículo 850k del ZPO. La cuenta exenta de embargo permite llevar un nivel de vida razonable al deudor y a los alimentistas. Automáticamente existirá en la cuenta exenta de embargo una exención de embargo para saldos acreedores por el importe de la renta mínima exenta actual de 1028,89 EUR por mes natural. Esta exención básica de embargo podrá aumentarse si se cumplen unos requisitos determinados, por ejemplo, debido a obligaciones de alimentos del deudor: La exención básica de embargo aumenta en 387,22 EUR para la primera persona y en 215,73 EUR por persona entre la segunda y la quinta persona. Asimismo, quedan exentos los subsidios familiares o determinadas prestaciones sociales. Normalmente bastará un certificado del banco. En casos especiales, por ejemplo, por necesidades extraordinarias del deudor debido a una enfermedad, la renta exenta mínima podrá ser adaptada individualmente por el tribunal de ejecución (artículo 850k, apartado 4, del ZPO).

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

El título de alimentos es un título de ejecución normal, por lo que el acreedor de los alimentos en principio debe cumplir las normas de ejecución normales y deberá lograr que se acepte su demanda.

De hecho los servicios sociales de menores colaboran en el cobro en caso de que estén prestando asistencia al niño. La asistencia se establece cuando el progenitor que presenta la demanda tiene la patria potestad única del niño o existe una patria potestad conjunta entre ambos progenitores, pero el progenitor que presenta la demanda tiene la guarda y custodia del niño.

Deben diferenciarse los casos en los que se facilitan determinadas prestaciones sociales (que cubren una demanda que de hecho quedaría cubierta por la pensión alimenticia) a un beneficiario de una pensión alimenticia. Si el destinatario de estas prestaciones sociales ha presentado una demanda de cobro de alimentos contra un alimentante y a ésta todavía no se le ha dado cumplimiento, en principio se producirá una transferencia de esta demanda de cobro de alimentos a la autoridad competente, que podrá reclamar el cobro de los alimentos en su propio nombre:

En determinados casos (si un niño es criado por un sólo progenitor y el otro progenitor no facilita los alimentos en efectivo), durante un período determinado están disponibles prestaciones de conformidad con la Ley alemana de anticipos de pensiones alimenticias (Unterhaltsvorschussgesetz, UVG). En esos casos, la caja de anticipos de pensiones alimenticias realiza las demandas de cobro de alimentos que le han sido transmitidas.

Generalmente, en caso de que el deudor de alimentos no pague los alimentos y (ante la existencia de otros requisitos de la demanda) deban prestarse ayudas sociales, las demandas para el cobro de alimentos (de forma comparable a las prestaciones de anticipo de pensiones alimenticias mencionadas anteriormente) se transfieren a los titulares de las ayudas sociales, que podrán reclamarlos. En el caso de las prestaciones de la protección social para desempleados la transmisión no se produce hasta la notificación por escrito del titular de la prestación a los alimentantes.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Las prestaciones mencionadas en la pregunta 12 de conformidad con la Ley alemana de anticipos de pensiones alimenticias y las prestaciones de las ayudas sociales y la protección social para desempleados son prestaciones sociales independientes con un alcance limitado y no representan prestaciones de alimentos en sí mismas. Las autoridades competentes las ofrecen directamente al titular de la demanda. Finalmente, tampoco dependen de que la demanda para el cobro de alimentos pueda realizarse. Las autoridades a las que se transfiere la demanda para el cobro de alimentos pueden presentarla en nombre propio.

A diferencia de las prestaciones de acuerdo con la Ley alemana de anticipos de pensiones alimenticias y las prestaciones de las ayudas sociales y la protección social para desempleados, el hecho de establecer una asistencia no justifica ninguna demanda de prestaciones contra las autoridades competentes. En este caso la actividad de las autoridades se limita al apoyo del titular en la presentación y la consecución de la demanda para el cobro de alimentos.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Si un acreedor quiere lograr el cobro de alimentos de un deudor que reside en el extranjero, podrá solicitar ayuda a la Oficina Federal de Justicia en Bonn. La República Federal de Alemania ha designado la Oficina Federal de Justicia como Administración central para los procedimientos de obligaciones de alimentos internacionales.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Las demandas en virtud del artículo 55 del Reglamento CE sobre obligaciones alimenticias, o el art. 2, apartado 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas de 1956, de un acreedor que reside en Alemania, se remitirán a la Administración central solicitada a través de la Oficina Federal de Justicia.

Los datos de la Administración central son los siguientes:
Bundesamt für Justiz
53094 Bonn
Deutschland

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanaauslandsunterhalt@bfj.bund.de

Tel.: 0228 99410 40

Fax: 0228 99410 5202

El enlace abre una nueva ventanahttps://www.bundesjustizamt.de/

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

De conformidad con el Reglamento CE sobre obligaciones alimenticias, una de las nuevas funciones de la Administración central es que esta también podrá tramitar determinadas demandas de los deudores de alimentos.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Las demandas deberán presentarse a la Administración central del estado de residencia. Desde ahí se remitirán a la Administración central de la República Federal de Alemania.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Por norma general, los procedimientos en materia de obligaciones de alimentos exigen el anticipo de las tasas. En el ámbito de aplicación del Reglamento sobre obligaciones alimenticias se autorizan ayudas para el pago de las costas judiciales de conformidad con los artículos 44 a 47 del Reglamento. La obligación de anticipo se suprime en circunstancias especiales, en particular también en caso de autorización de las ayudas para el pago de las costas judiciales.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Alemania ya ha dotado a la Administración central existente, la Oficina Federal de Justicia, de las facultades necesarias para garantizar el funcionamiento de las medidas descritas en el artículo 51.

Última actualización: 01/06/2017

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Pensiones alimenticias - Estonia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

De conformidad con la constitución de Estonia, la obligación de alimentos es el deber familiar a favor de aquellos miembros de la unidad familiar que necesitan ayuda.

La pensión alimenticia es un importe establecido por el juez para cubrir la obligación de alimentos que, por lo general, se paga en dinero con carácter periódico. A instancia del beneficiario, el tribunal puede en algunos casos resolver el pago de una pensión alimenticia en un único pago. La persona que debe pagar la pensión alimenticia al hijo menor puede, si existen razones válidas, solicitar que se le permita prestar alimentos de otro modo.

Por lo general, la obligación de pago de la pensión alimenticia a la persona que necesita ayuda es de los ascendientes y descendientes de primer y segundo grado, es decir, el hijo adulto, progenitor y abuelo se obligan mutuamente a mantener al otro. Los cónyuges también se obligan mutuamente a mantener a la familia por medio de trabajo y patrimonio, que incluye actividades destinadas a cubrir los gastos del hogar compartido y a satisfacer las necesidades comunes y extraordinarias de cualquiera de ellos y de los hijos. La obligación de alimentos en favor de la persona que necesita ayuda puede aplicarse al cónyuge divorciado o a la persona con la que no se ha contraído matrimonio pero con la que se tienen hijos.

Los alimentos los paga en forma de pensión el progenitor del hijo menor, en especial si el progenitor no vive con el hijo o no participa en su educación. El ex cónyuge divorciado de la persona que necesita ayuda tiene la obligación de pagar alimentos principalmente si, tras el divorcio y por la responsabilidad de hacerse cargo de un niño, esta persona es incapaz de hacer frente a sus necesidades o requiere apoyo por su edad o estado de salud. Quien tenga un hijo con la persona que necesita ayuda tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia durante 12 semanas tras el nacimiento del hijo, y también posteriormente si la persona necesitara ayuda como consecuencia de un problema de salud causado por la educación del hijo, el embarazo o el parto.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

La mayoría de edad se alcanza a los 18 años y la persona de menos de 18 años se considera menor. El hijo menor tiene derecho a una pensión alimenticia y, por encima de todo, los progenitores del menor tienen la obligación de prestar alimentos al mismo a partes iguales. El hijo que cumpla 18 años y continúe cursando estudios de primaria o secundaria en una escuela de educación primaria, un instituto de educación secundaria superior o un centro de formación profesional tiene derecho a una pensión alimenticia, pero solo hasta que alcance la edad de 21 años.

Otros ascendientes y descendientes que no sean capaces de hacer frente a sus necesidades tienen derecho a percibir alimentos si se establece que requieren apoyo.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Se puede obligar al progenitor del hijo menor a que cumpla con la obligación de alimentos. Si el progenitor no paga la pensión alimenticia de forma voluntaria, se puede interponer una demanda ante el tribunal para el pago de la misma. Se puede solicitar la pensión alimenticia bien mediante el procedimiento abreviado de requerimiento de pago relativo a la pensión alimenticia del menor, o bien mediante demanda (acción de pensión alimenticia) ante el tribunal. No se aplicarán tasas estatales en la demanda de pensión alimenticia para el hijo menor.

El procedimiento abreviado de requerimiento de pago es un procedimiento simplificado mediante el cual el pago de la pensión alimenticia solo puede ordenarse si se solicita la pensión para un hijo menor, el nombre del progenitor que debe pagar la pensión aparece en la partida de nacimiento del hijo, la pensión no supera los 200 EUR mensuales y el otro progenitor no impugna el pago de la pensión alimenticia. Si no se cumplen los requisitos del requerimiento de  pago, se debe presentar una demanda ante el tribunal del condado del lugar de residencia del hijo beneficiario.

Existe más información sobre el procedimiento abreviado en asuntos relativos a la orden de pago de una pensión alimenticia a favor del hijo menor El enlace abre una nueva ventanaaquí. El formulario para la demanda de pago de pensión alimenticia a favor del hijo menor está disponible El enlace abre una nueva ventanaaquí.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Los hijos menores tienen derecho a percibir una pensión alimenticia. En la medida en que los menores tengan capacidad jurídica limitada, el representante legal del menor, a saber, el progenitor que ejerce la patria potestad, será quien interponga la demanda ante el tribunal en nombre del niño. Si el niño tiene asignado un tutor legal, la demanda debe ser interpuesta por el tutor del niño en calidad de representante legal de este.

El adulto con capacidad jurídica interpone la demanda de pensión alimenticia de forma independiente.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

La demanda ante el tribunal para obligar a un progenitor a prestar alimentos a favor del menor se dirime como asunto de obligación de alimentos. La demanda relativa a la obligación de alimentos debe presentarse ante el tribunal del condado del lugar de residencia del hijo. Si el niño no reside en Estonia, la demanda se interpone en función del lugar de residencia del demandado. Si el demandado no reside en Estonia, la demanda se interpone en función del lugar de residencia del demandante.

Asimismo, se puede solicitar el pago de la pensión alimenticia mediante procedimiento abreviado de requerimiento de pago (véase la respuesta a la pregunta 3).

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

No es necesaria la asistencia jurídica profesional o los servicios de un intermediario para interponer una demanda de pago de pensión alimenticia a favor del menor ante el tribunal. El tribunal ordena el pago de la pensión alimenticia a partir de la fecha en que se interpuso la demanda, ahora bien, también puede, en base a la demanda, ordenar el pago de la pensión con carácter retroactivo hasta un máximo de un año antes de la interposición de la demanda.

El formulario de demanda para el pago de pensión alimenticia a favor del menor está disponible El enlace abre una nueva ventanaaquí.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

No se aplica una tasa estatal a las demandas de pensión de alimentos para un hijo menor ni a las solicitudes del procedimiento abreviado de requerimiento de pago de alimentos para un menor.

Es posible solicitar asistencia jurídica gratuita estatal o ayuda procesal para cubrir las costas procesales.

En el caso de asistencia jurídica gratuita estatal, se asignará un abogado del Colegio de abogados de Estonia. La función del abogado es representar y ofrecer asesoramiento a la persona durante el procedimiento. La asistencia jurídica gratuita estatal está disponible para personas que, debido a su situación económica, no puedan pagar los honorarios de los servicios jurídicos de un experto en el momento en que necesiten asistencia jurídica, o solo puedan pagar parcialmente o a plazos, o cuya situación económica imposibilite la subsistencia después de pagar los servicios jurídicos. Recibir asistencia jurídica gratuita estatal no exime de la obligación de asumir otras costas procesales.

La solicitud de asistencia procesal estatal para cubrir las costas procesales puede hacerla la persona que no puede cubrir los costes debido a su situación económica o que solo puede pagar parcialmente o a plazos. Deben existir motivos suficientes para asumir que la participación planificada en el procedimiento tendrá éxito.

El formulario de solicitud de asistencia procesal para personas físicas y la notificación relativa a la situación personal y económica del demandante y de los miembros de la unidad familiar está disponible El enlace abre una nueva ventanaaquí.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El tribunal puede ordenar el pago de una cantidad fija o variable como pensión alimenticia al hijo menor, especificando la base de cálculo de la cuantía de la pensión. Por norma general, los tribunales ordenan que se realice el pago mensualmente. Ahora bien, la pensión mensual a favor del hijo no puede ser inferior a la mitad del salario mínimo establecido por el Gobierno estonio (la pensión mínima era por tanto de 177,50 EUR por hijo en 2014 y 195 EUR en 2015). Sin embargo, el tribunal puede, si existen razones válidas, reducir la pensión por debajo del salario mínimo establecido por el Gobierno. Entre las razones válidas se incluyen la incapacidad para trabajar de un progenitor o la obligación del deudor de prestar alimentos a otros dependientes.

La persona que debe pagar la pensión puede, si existen razones válidas, solicitar que se le permita prestar alimentos de otro modo. Los progenitores pueden llegar a un acuerdo mutuo detallado sobre la obligación de alimentos con respecto al niño, y determinar cómo y en qué intervalos se pagará la pensión alimenticia.

El alcance de la pensión alimenticia se determina en función de las necesidades de los niños y de su modo de vida habitual. El modo de vida del niño depende de los recursos económicos a disposición de los progenitores. Si se modifican los motivos de pago de la pensión alimenticia, cualquiera de las partes puede interponer una demanda ante el tribunal para el incremento o la reducción de la pensión. La tasa estatal para presentar la demanda de modificación del importe de la pensión alimenticia se calcula en función del importe afectado en la demanda y el importe a incrementar.

Si se aprueba la modificación, el importe podrá cambiarse por norma general a partir de la fecha de la resolución, es decir, no se podrán modificar los pagos atrasados de pensión.

En Estonia, el importe de la pensión alimenticia se modifica de forma automática si la orden judicial de pago de alimentos está vinculada al salario mínimo establecido por el Gobierno y dicho mínimo se modificara. El salario mínimo mensual se puede consultar El enlace abre una nueva ventanaaquí.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

Por lo general, la pensión alimenticia es un pago en dinero con carácter periódico. La persona que tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia a favor del hijo menor puede, si existen razones válidas, solicitar que se le permita prestar alimentos de otro modo. El progenitor del hijo menor presta alimentos en forma de pensión alimenticia, especialmente si el progenitor no vive con el hijo o no participa en su educación. La pensión se paga por adelantado cada mes civil. Por lo general, la pensión alimenticia se pagará al otro progenitor aunque el beneficiario de la pensión sea el hijo. La pensión alimenticia debe pagarse directamente al hijo si los progenitores lo han acordado así, o si existe una resolución judicial al respecto.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si una resolución judicial entra en vigor o está sujeta a ejecución inmediata pero el otro progenitor no cumple con su obligación, se contactará a un agente judicial. Si el deudor no efectúa los pagos indicados en la resolución judicial en el plazo estipulado, el agente judicial organizará el embargo de los bienes del deudor a instancia de la persona que tomó las medidas para asegurar la demanda. El embargo de los bienes del deudor requiere la presentación de la resolución judicial al agente judicial acompañada de una solicitud de ejecución. La solicitud de ejecución debe indicar los datos del deudor y sus bienes: vivienda, datos de contacto, información de bienes conocida. Si el demandante desea que el agente judicial use todas las oportunidades previstas por la ley para cobrar la deuda, deberá anotarse en la solicitud de ejecución que reclama el pago mediante los bienes muebles e inmuebles registrados y por derecho de reclamación. Durante el procedimiento, la pensión alimenticia a favor del menor tiene prioridad sobre otras reclamaciones, y se pueden embargar cantidades mayores para satisfacer la reclamación de pago de alimentos.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Se exime de la obligación de alimentos a las personas que sean incapaces, en vista de las otras obligaciones y su estado patrimonial, de ofrecer pensión alimenticia a otra persona sin dañar su propia manutención habitual. A pesar de lo anterior, los progenitores no están exentos de la obligación de alimentos con respecto a los hijos menores. El tribunal puede eximir al deudor de su obligación de alimentos, limitar el periodo de tiempo durante el cual se debe pagar la pensión alimenticia o reducir el importe de la misma si es sumamente injusto exigir la ejecución de la obligación, por ejemplo si la persona que tiene derecho a percibir la pensión ha desarrollado necesidades especiales debido a sus propias acciones desacertadas.

La indemnización por daños y perjuicios debido al impago de la pensión alimenticia y el incumplimiento de la obligación puede exigirse con carácter retroactivo por un máximo de un año. El plazo de prescripción de pago de pensión alimenticia como obligación de alimentos es de tres años para cada obligación individual. El plazo de prescripción comienza al final del año natural en que la pensión correspondiente a la obligación se hace exigible. La obligación de alimentos es una obligación personal que se extingue al fallecer el beneficiario o el deudor, aunque existen excepciones aplicables a los pagos anticipados y compensados.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

La autoridad central para los casos de obligación de alimentos transfronterizos es el Ministerio de Justicia. La unidad del Ministerio de Justicia que se hace cargo de los litigios de obligación de alimentos transfronterizos es la División de cooperación judicial internacional del Departamento de política penal.

Se puede solicitar El enlace abre una nueva ventanaasistencia jurídica gratuita al presentar la demanda de pensión alimenticia ante el tribunal. No existen organizaciones o autoridades independientes que ofrezcan asistencia en casos de solicitud de pago de pensión alimenticia.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

El progenitor que se encarga de la educación del niño tiene derecho a solicitar una pensión alimenticia estatal al Consejo de Seguros Sociales (Sotsiaalkindlustusamet). Dicha prestación estatal es un subsidio temporal para el progenitor que se encarga de educar y mantener al hijo en solitario. El estado paga la pensión alimenticia en nombre del progenitor que no paga alimentos, cobrando después dinero del progenitor no pagador. La pensión alimenticia estatal se paga a la persona a tenor de los procedimientos judiciales de un caso de obligación de alimentos. El requisito para percibir la  pensión alimenticia estatal es que la persona debe solicitar al tribunal el pago de dicha pensión bien con arreglo a un procedimiento abreviado de requerimiento de pago, bien mediante la interposición de una demanda.

La pensión alimenticia estatal es una ayuda que se paga durante un máximo de 90 días. El importe diario de la pensión alimenticia estatal equivale a un tercio del subsidio por  hijo (3,20 EUR en 2014) y se paga solo una vez.

Para obtener más información sobre la solicitud de dicha ayuda, visitar esta El enlace abre una nueva ventanapágina.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Para obtener una pensión alimenticia en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, se puede solicitar ayuda a la División de cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia.

Para solicitar la pensión alimenticia en otro país, se debe presentar una solicitud para iniciar procedimiento en asuntos de alimentos a la División de cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia estonio y a la autoridad competente del otro país. Se debe adjuntar una copia de la partida de nacimiento de los hijos o una orden judicial de paternidad. Si no se ha resuelto la paternidad, deberá anotarse en la solicitud enviada al otro país.

El formulario de solicitud está disponible aquí.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Se puede contactar con la División de cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia estonio en los teléfonos: +372 6208183, +372 6208186 y +372 6208190, o por correo electrónico en: El enlace abre una nueva ventanacentral.authority@just.ee.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Para poder tomar en consideración la solicitud del demandante que reside en otro país, este demandante debe ponerse en contacto con la autoridad competente en el país de residencia, que por su parte se pondrá en contacto con el Ministerio de Justicia estonio.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Véase la respuesta a la pregunta 16.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

El Protocolo de La Haya de 2007 ha sido ratificado por la Unión Europea, de la que Estonia es miembro desde el 1 de mayo de 2004.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

Véase la respuesta a la pregunta 18.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

En los casos transfronterizos dentro de la Unión Europea que impliquen la demanda de pensión alimenticia, existe asistencia jurídica y procesal gratuita en virtud del Reglamento. Así se garantiza que la persona está representada en el procedimiento por alguien con pericia jurídica adecuada y que la persona tenga acceso a la justicia mediante el pago de las costas procesales. Las normas que rigen la asistencia jurídica y procesal gratuita estipulan que se aplicará el Derecho nacional, a menos que se disponga lo contrario en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo.

En teoría, las mismas garantías que se aplican a los residentes de Estonia se aplican a las personas que residen en otros Estados miembros. En casos transfronterizos de obligación de alimentos, existe asistencia y asesoramiento jurídico gratuitos, así como asistencia jurídica y procesal gratuita por parte de la autoridad central, es decir, de la División de cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia estonio en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo y, en cuanto a las partes no reguladas por el Reglamento, en virtud del Derecho nacional.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El Ministerio de Justicia se ha establecido como autoridad central para los casos transfronterizos de cooperación judicial. Para obtener una pensión alimenticia en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, se puede solicitar ayuda a la División de cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia, que lleva a cabo procedimientos relativos a la solicitud internacional de asistencia jurídica gratuita.

Última actualización: 16/10/2017

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Pensiones alimenticias - Irlanda

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Las resoluciones en materia de alimentos entre cónyuges establecen que uno de estos realice al otro pagos periódicos o pagos a tanto alzado para su manutención y, cuando proceda, realice también pagos periódicos en beneficio de la persona que se haya especificado en la resolución o de los miembros dependientes de la familia, en caso de haberlos.

Las resoluciones en materia de alimentos en favor de un hijo dependiente obligan a uno de los dos progenitores a realizar pagos periódicos o pagos a tanto alzado para la manutención del menor, en la forma especificada en la resolución, al otro progenitor o a cualquier otra persona que tenga la custodia y la patria potestad sobre el menor.

La obligación de alimentos exige la prestación de apoyo financiero a una persona y, cuando esta obligación se impone por vía ejecutiva judicial, es un requisito para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquier resolución judicial relativa a los alimentos.

Existen los siguientes tipos de obligación de alimentos:

  • La de los progenitores respecto de sus hijos: sí.
  • La de los hijos hacia sus progenitores: generalmente, no.
  • La del cónyuge divorciado al otro cónyuge: sí.

Otros tipos:

  • Entre parejas de hecho y convivientes a efectos de la Ley de uniones civiles y de determinados derechos y obligaciones de los convivientes, de 2010.
  • La del progenitor soltero al cuidador de su hijo.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Los hijos dependientes de menos de dieciocho años, los hijos dependientes menores de veintitrés años que cursan estudios a tiempo completo o los hijos de cualquier edad que sean dependientes debido a una incapacidad.

Los progenitores tienen la obligación de mantener económicamente a sus hijos, esto es, satisfacer sus necesidades económicas cotidianas y ocasionales.

Normalmente, no se puede obligar a los hijos a pagar una pensión de alimentos a sus padres, salvo en la circunstancia extraordinaria de que, con motivo de un divorcio, se transfieran a los hijos los bienes y derechos de un fideicomiso.

Se puede obligar a un cónyuge divorciado a prestar una pensión de alimentos al otro cónyuge si el cónyuge demandante demuestra que el otro no ha mantenido a la familia debidamente en vista de las circunstancias.

Se puede obligar a un miembro de una pareja de hecho o a un conviviente a los efectos de la Ley de uniones civiles y determinados derechos y obligaciones de los convivientes de 2010 a prestar una pensión de alimentos al otro miembro de la pareja o al otro conviviente cuando el demandante demuestre que la otra parte no ha mantenido a ambos debidamente en vista de las circunstancias.

Todo progenitor, esté o no casado, puede presentar una demanda para imponer al otro progenitor una pensión alimenticia respecto de sus hijos. Los tutores legales, los servicios de salud o cualquier otra persona facultada legalmente también la pueden solicitar en relación con un menor dependiente.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Normalmente, la persona dependiente presenta la demanda ante el órgano jurisdiccional mediante una acción civil contra la otra persona. En relación con la pensión de alimentos de los menores, la demanda generalmente la presenta el progenitor o cualquier otra persona que tenga la custodia y la patria potestad del menor.

Puede encontrarse información sobre los procedimientos relativos a las demandas de alimentos en el apartado de Derecho de familia de la página web de la Oficina Judicial (Courts Service) (www.courts.ie).

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Habitualmente, el demandante en los asuntos de alimentos es el progenitor que tiene la custodia del menor o de los menores. Los demandantes pueden ser excónyuges, así como los menores por derecho propio. Para poder contar con legitimación activa, o locus standi, en un proceso de alimentos las partes deben tener un interés legítimo suficiente en el asunto. En el caso de parientes o de la persona con quien se mantiene una relación estrecha, sería preciso que la parte demandante estuviera facultada legalmente para gestionar los asuntos de dicho pariente o persona cercana, por ejemplo, un poder de representación. Los progenitores y los tutores legales pueden demandar una pensión de alimentos en nombre de un niño menor de edad.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

El Juzgado de Distrito tiene competencia para establecer que cualquiera de los progenitores pague una pensión de alimentos de hasta 150 EUR a la semana en favor de su hijo menor y para establecer el pago de una pensión de alimentos de hasta 500 EUR a la semana al cónyuge o pareja de hecho. Si se pretenden cantidades mayores, se tiene que acudir a los Juzgados de Condado (Circuit Court) o al Tribunal Superior (High Court). Si ya se hubiese incoado un proceso en materia matrimonial, la acción judicial debe interponerse ante el Juzgado de Condado o el Tribunal Superior, independientemente de la suma reclamada.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

No. El interesado puede interponer la demanda personalmente si opta por no recurrir a los servicios de un abogado. Existe un sistema de asistencia jurídica gratuita en asuntos civiles para los litigantes en procedimientos de Derecho de familia que lo precisen atendiendo a sus medios.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

En Irlanda, todos los procedimientos de Derecho de familia están exentos de tasas judiciales. Los gastos derivados del asesoramiento y la representación jurídicos pueden ser variados; sin embargo, aquellos que no dispongan de suficientes medios pueden disfrutar de asistencia jurídica gratuita en asuntos civiles.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El Juzgado de Distrito tiene competencia para establecer que cualquiera de los progenitores pague una pensión de alimentos de hasta 150 EUR a la semana en favor de su hijo menor y para establecer el pago de una pensión de alimentos de hasta 500 EUR a la semana al cónyuge o pareja de hecho. Si se pretenden cantidades mayores, se tiene que acudir a los Juzgados de Condado o al Tribunal Superior.

A la hora de fijar las obligaciones de alimentos, el órgano jurisdiccional analizará las necesidades razonables del acreedor de alimentos (la persona con derecho a la pensión) en comparación con la capacidad económica del deudor de alimentos (la persona que debe pagar la pensión). Las partes pueden solicitar al órgano jurisdiccional la revisión de una resolución en materia de alimentos a raíz de cualquier cambio que se produzca en la situación económica de las partes.

Una resolución en materia de alimentos comenzará a producir efectos en la fecha que en ella se especifique, que podrá ser anterior o posterior a la fecha en la que se dicta la resolución pero que no podrá ser anterior a la fecha de presentación de la demanda de pensión alimenticia.

En los procedimientos de divorcio que se dirimen ante los Juzgados de Condado o el Tribunal Superior, las pensiones de alimentos no se podrán retrotraer más allá de la fecha de presentación de la demanda.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

En principio, las pensiones alimenticias se pagan directamente a la parte acreedora. No obstante, los acreedores tienen derecho a cobrar la pensión de alimentos a través de la secretaría del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional está facultado para dictar, si lo considera necesario, un embargo salarial contra el deudor y ordenar a su empleador que retenga ciertas cantidades para su transferencia al acreedor.

La pensión de alimentos se paga a la persona con derecho a alimentos y a aquellos que se encargan de administrarla en su beneficio, como un progenitor o un tutor legal.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si un deudor de alimentos no paga la pensión alimenticia, el acreedor puede incoar un proceso ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución en materia de alimentos o ante el Juzgado de Distrito, dependiendo de la reparación que se busque.

El órgano jurisdiccional puede acordar el embargo del sueldo del deudor del alimentos, tal y como se ha expuesto en el punto 1.

Si esta solución fallare, el órgano jurisdiccional puede ordenar que el deudor de alimentos pague al acreedor de alimentos la suma que le debe. Si el deudor de alimentos no cumple con esta orden, el órgano jurisdiccional puede establecer que el dinero que otra persona deba al deudor se pague al acreedor de alimentos. También puede ordenar la venta de bienes pertenecientes al deudor con el fin de satisfacer las cantidades adeudadas.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

El Juzgado de Distrito es el encargado de la ejecución de las resoluciones dictadas en otros Estados miembros y tiene competencia con respecto a la desobediencia de resoluciones civiles (contempt) (artículos 9A y 9B de la Ley 1976), pero solo en relación con las resoluciones que realmente haya dictado el Juzgado de Distrito. No tiene competencia para resolver sobre la desobediencia de una resolución dictada en otro lugar. En la práctica, el Juzgado de Distrito solo puede dictar órdenes de embargo de sueldo (cuando corresponda), órdenes de embargo de bienes o autos de subrogación crediticia (raramente proceden).

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Corresponde a los acreedores de alimentos solicitar al órgano jurisdiccional asistencia para el cobro de las pensiones alimenticias. Aunque existen otras soluciones, como la mediación, los órganos jurisdiccionales tienen competencia suficiente para tutelar los derechos vulnerados por el impago de la pensión alimenticia.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

No. El deudor es el único responsable del pago de los alimentos y los abonará directamente o se le deducirán de su salario.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

El Reglamento n.º 4/2009, comúnmente conocido como el Reglamento sobre obligaciones de alimentos, regula las demandas de alimentos transfronterizas derivadas de relaciones familiares, establece reglas comunes para toda la Unión Europea y pretende garantizar el cobro de reclamaciones de alimentos aunque el deudor o el acreedor estén en otro país de la UE.

La Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero (la Convención de Nueva York) entró en vigor en Irlanda en noviembre de 1995 mediante la Ley de pensiones alimenticias de 1994. Este Convenio está pensado para facilitar que una persona que resida en un Estado contratante pueda cobrar su pensión alimenticia de la parte deudora cuando esta resida en otro Estado contratante.

Los dos instrumentos establecen una red de autoridades centrales en todos los Estados contratantes y los solicitantes, acreedores o demandantes pueden remitir sus reclamaciones a la autoridad central, que a su vez las remitirá al órgano jurisdiccional competente y, en algunos casos, prestará asistencia jurídica. Los datos de contacto de la autoridad central irlandesa para el cobro de pensiones alimenticias en el extranjero son los siguientes:

Department of Justice and Equality (Ministerio de Justicia e Igualdad),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublín 2,

Irlanda.

Tel.: +353 (0)1 479 0200

Llamadas locales: 1890 555 509

Fax: +353 (0)1 479 0201

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanamainrecov_inbox@justice.ie

Un demandante puede solicitar ayuda del Secretario del Juzgado de Distrito (District Court Clerk) con respecto a las resoluciones dictadas en los Juzgados de Distrito (District Court). Los demandantes también pueden pedir la asistencia de un representante legal. Tienen que poder optar a asistencia jurídica gratuita y, a tal fin, deben ponerse en contacto con el centro de asesoría jurídica más cercano. Por último, el demandante puede pedir ayuda al Centro de Asistencia Jurídica Gratuita (FLAC o Free Legal Advice Centre), que es una organización de voluntarios independientes que gestiona una red de consultorios de asesoramiento jurídico por todo el país. Estos consultorios son confidenciales y gratuitos.

En los asuntos transfronterizos en los que el deudor de los alimentos resida en otra jurisdicción, el demandante puede presentar su reclamación a través de la autoridad central para el cobro de pensiones alimenticias, que pertenece al Ministerio de Justicia e Igualdad.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Existen varias formas de contactar con la secretaría del órgano jurisdiccional o la organización pertinentes: por teléfono, por carta, por correo electrónico o en persona. Se recomienda a los demandantes que consulten la página web de cada organización para obtener una información más completa y localizada.

Los datos de contacto de las secretarías judiciales se pueden encontrar en la página web de la Oficina Judicial (Courts Service) (www.courts.ie).

Véase el punto 14.1 y la página web del Ministerio de Justicia e Igualdad (Department of Justice and Equality) (www.justice.ie) para consultar los datos de contacto de la autoridad central irlandesa para el cobro de pensiones alimenticias desde el extranjero.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Véase el punto 14.1.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Véase el punto 14.2.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El solicitante o demandante no tiene que pagar ninguna tasa por presentar una acción ante un órgano jurisdiccional. La asistencia jurídica gratuita se extiende a estos asuntos. Cuando la autoridad central irlandesa recibe una solicitud, se remite a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (Legal Aid Board) para que la examinen, si es necesario.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El artículo 51 hace referencia a las medidas que la autoridad central toma en relación con las solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento sobre obligaciones de alimentos. Por lo que se refiere a la petición de resoluciones ejecutorias, actualmente la autoridad central irlandesa las solicita a la Oficina del Master (figura judicial híbrida con competencia para la resolución de asuntos no contradictorios de menor importancia) del Tribunal Superior. La autoridad central irlandesa remite las demandas de ejecución directamente a los Juzgados de Distrito. En cuanto a la incoación de procesos judiciales, la autoridad central designará la defensa letrada del demandante a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Última actualización: 18/11/2019

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Pensiones alimenticias - Grecia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

El término «alimentos» se refiere a las necesidades básicas del ser humano para poder vivir, esencialmente a la comida, pero en la práctica cubre todas las necesidades vitales, ya sean relacionadas con el sostenimiento físico de la persona, su educación, su desarrollo o su recreo.

La obligación de alimentos tiene como objeto el pago de prestaciones —en principio monetarias— para cubrir las necesidades vitales del beneficiario.

Las personas obligadas a prestar alimentos sobre la base de su parentesco son:

a) el esposo incluso después del divorcio [siempre que exista obligación de alimentos después del divorcio]

b) los descendientes frente a los ascendientes según el orden de sucesión legítima,

b) los ascendientes [progenitores, abuelos: si no existen progenitores o no pueden asumirlo] frente a los hijos solteros (biológicos o adoptados), en principio, hasta la mayoría de edad,

b) los hermanos frente a los hermanos, mientras que

casos especiales de pensión de alimentos son:

c) la pensión durante la separación y después del divorcio o la anulación del matrimonio y

d) la pensión por hijos nacidos fuera de matrimonio antes del reconocimiento y la pensión de alimentos de la madre soltera.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Hasta la mayoría de edad -18 años- tiene derecho un hijo a percibir alimentos de sus ascendientes [padres o abuelos].

Después de la mayoría de edad, cuando estudie en el marco de la educación superior o profesional, siempre que debido a dichos estudios no pueda trabajar y siempre que no disponga de patrimonio propio a través del cual pueda cubrir las necesidades de su manutención.

En general, tiene derecho a percibir alimentos solamente quien no puede sostenerse a sí mismo con su propio patrimonio o con un trabajo adecuado a su edad, a su estado de salud, a sus condiciones de vida o teniendo en cuenta sus eventuales necesidades de educación, con la excepción del menor que, independientemente de que disponga de patrimonio, tiene derecho a recibir alimentos de sus padres siempre que los ingresos de su patrimonio o el objeto de su trabajo no sean suficientes para su manutención. No tiene obligación de prestar alimentos quien, teniendo en consideración el resto de sus obligaciones, no se encuentre en posición de dar sin poner en peligro su propio sustento, aunque esta norma no es aplicable cuando se trate de los alimentos de un hijo menor de edad por parte de su padre o madre, salvo que aquel pueda solicitarlos de otro deudor o pueda sustentarse mediante su patrimonio propio.

En el caso de los éxconyuges:

Cuando uno de ellos no puede asegurar su sustento mediante sus ingresos o su patrimonio, tiene derecho a solicitar una pensión de alimentos de la otra parte si, en el momento del divorcio se encuentra en una edad o condición de salud que no le permita verse obligado a comenzar o continuar el ejercicio de un trabajo adecuado que le asegure el sustento o si tiene la custodia de un hijo menor de edad que le obstaculiza el ejercicio de un trabajo adecuado o no encuentra un trabajo adecuado estable o necesita algún tipo de formación profesional y, en estos dos últimos casos, por un periodo que no puede superar los tres años desde la sentencia de divorcio, y en cualquier otro caso en que la concesión de alimentos en el momento del divorcio venga impuesta por razones de equidad.

Puede denegarse o limitarse la pensión si hay razones poderosas para ello, especialmente en caso de breve duración del vínculo matrimonial o si el beneficiario es responsable del divorcio o ha provocado voluntariamente su fracaso.

Ambos excónyuges están obligados a conceder al otro información precisa sobre su patrimonio e ingresos, pues esta información es útil para determinar la cuantía de la pensión. Asimismo, a petición de uno de los éxconyuges, que se transmite mediante el fiscal competente, el empresario, el servicio competente y el inspector fiscal competente están obligados a indicar toda la información útil sobre la situación patrimonial del otro excónyuge y sus ingresos.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Como norma, para obtener una pensión de alimentos del deudor, el demandante debe dirigirse a un órgano jurisdiccional.

En caso de aplicación del Convenio de Nueva York «Sobre la obtención de alimentos en el extranjero» (Decreto Ley nº 4421/1964), la administración responsable del traslado de la petición de alimentos de un beneficiario que resida en un Estado parte pide a la administración responsable de su recepción de otro Estado parte en el que viva el deudor de los alimentos y, en Grecia, al Ministerio de Justicia, que adopte todas las medidas que sean necesarias para que se materialice el pago de los alimentos al beneficiario. En la práctica, el Ministerio de Justicia asigna a un letrado el reconocimiento del derecho o la ejecución de una decisión judicial extranjera a favor del beneficiario extranjero, y este se encarga de ejercer todos los medios y vías de recurso correspondientes ante los órganos jurisdiccionales griegos.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Cuando se trate de un menor que no pueda, de conformidad con la ley [artículo 63 del Código de Procesamiento Civil], comparecer personalmente para solicitar el reconocimiento del derecho a pensión del deudor, interpondrá la demanda correspondiente su tutor [persona física: progenitor u otro o persona jurídica, por ejemplo, una institución].

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Los órganos jurisdiccionales competentes ratione materiae para conocer de una demanda de alimentos son los órganos jurisdiccionales unipersonales de primera instancia [artículos 17, punto 2, y 681-B del Código de Procesamiento Civil].

El órgano jurisdiccional competente ratione loci es el del lugar de residencia del alimentista [artículo 39A del Código de Procesamiento Civil] o del demandado y, si la demanda acompaña un litigio matrimonial o un litigio entre progenitores e hijos, también el órgano jurisdiccional de la última residencia común de los cónyuges.

En caso de urgencia o riesgo inminente, el alimentista puede pedir al órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente que dicte las oportunas medidas cautelares para que se le presten alimentos con carácter provisional, hasta que se dicte definitivamente su derecho mediante una demanda regular conforme a lo mencionado anteriormente.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Sí, tiene que nombrar a un letrado que interponga la demanda de alimentos.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Los gastos procesales del demandante beneficiario hasta la cantidad de 300 euros [artículo 173, apartado 4 del Código de Procedimiento Civil] deben ser abonados por adelantado por parte del demandado/deudor obligado a prestar la pensión alimenticia. La falta de pago de los gastos por parte del deudor en la demanda de alimentos, que deberá realizarse antes de la vista aportando los correspondientes recibos en la secretaría, se considera incomparecencia ficticia y el demandado es juzgado por tanto en rebeldía [artículo 175 del Código de Procedimiento Civil].

El demandante puede solicitar asistencia jurídica conforme a la Ley 3226/2004 siempre que disponga de ingresos insuficientes, aportando los correspondientes documentos probatorios, tras presentar una solicitud de medidas provisionales separada ante el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El cálculo para concretar la cuantía de los alimentos es efectuado por el órgano jurisdiccional competente teniendo en cuenta las necesidades de sostenimiento digno y de formación del beneficiario y las posibilidades económicas del deudor, estableciéndose por un plazo de dos años, al término del cual, o bien en el caso de que se hayan alterado los fundamentos que hayan servido para fijar dicha cuantía, cada una de las partes, es decir, tanto el beneficiario, como el deudor pueden pedir, en el primer caso, una nueva fijación de la misma para los dos años siguientes y, en el segundo caso, la revisión de la resolución y la fijación de una nueva cuantía.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

En principio, la pensión alimenticia se paga mensualmente en efectivo directamente al alimentista.

No se permite el pago único de la pensión alimenticia, salvo en el caso de la pensión posterior al divorcio [artículo 1443, punto b, del Código Civil].

Cuando el alimentista sea menor de edad o se halle bajo asistencia judicial, la pensión de alimentos se paga al tutor y representante del mismo o, en su lugar, a su asistente judicial, que interponen la correspondiente demanda en nombre del beneficiario.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

En caso de que el deudor no pague voluntariamente, el beneficiario intentará obtener satisfacción mediante el procedimiento de la ejecución forzosa a cargo de la fortuna del deudor, si la tiene.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

  • La obligación de alimentos se extingue cuando desaparecen las condiciones por las que se concedió, por la muerte del beneficiario o del deudor, mientras que la demanda del beneficiario contra el deudor prescribe transcurridos cinco años desde el inicio de su demanda.
  • Las demandas de quienes [por ejemplo, una institución] hayan prestado alimentos a un beneficiario presentadas contra el deudor inicial prescriben en el plazo de cinco años [artículo 250, punto 17 del Código Civil].
  • La madre soltera tiene derecho a solicitar al padre de su hijo los gastos del parto y alimentos por un periodo determinado [dos meses antes del parto y cuatro meses o como máximo un año, si se producen determinadas condiciones] tras el parto siempre que exista reconocimiento judicial de la paternidad y falta de medios económicos de la madre. La demanda de la madre soltera prescribe tres años después del parto y puede ser interpuesta contra los herederos del padre.
  • Se permite el embargo del sueldo del deudor por demandas de pensión alimenticia de hasta la mitad del salario abonado y puede producirse también en depósitos de la cantidad en entidades de crédito [artículo 982, apartado 2, punto d, y 3 del Código de Procedimiento Civil].

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

No, salvo en el caso de que el beneficiario sea extranjero y exija sus correspondientes derechos con ayuda del Ministerio de Justicia [véase la respuesta a la pregunta 3 anterior].

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

En Grecia, no.

[Se excluye el caso en el que alguna institución o persona jurídica de Derecho público o de Derecho privado asuma la custodia del menor, por lo que tendrá la obligación de alimentos en general y así se subroga de pleno Derecho [artículo 1490 del Código Civil] en los derechos del beneficiario. No obstante, en ningún caso se puede obligar a la liquidación de demandas de alimentos, incluso las reconocidas judicialmente, debidas al menor alimentista por parte de otro deudor.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Conforme a las disposiciones de los artículos 51 y 56 del Reglamento anterior, la autoridad central del Estado miembro del solicitante de los alimentos colabora con la autoridad central del Estado miembro del alimentante con el fin de que las autoridades transmitan y reciban las solicitudes y realicen o faciliten los trámites relacionados con dichas solicitudes. En lo que concierne a dichas solicitudes, las autoridades centrales tomarán todas las medidas apropiadas para: a) conceder o facilitar la concesión del beneficio de justicia gratuita, cuando las circunstancias lo requieran; b) ayudar a localizar al deudor o al acreedor, en particular en aplicación de los artículos 61, 62 y 63; c) facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso necesario, sobre el patrimonio del deudor o del acreedor, incluida la localización de sus bienes, en particular en aplicación de los artículos 61, 62 y 63; d) promover las soluciones amistosas a fin de obtener el pago voluntario de los alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, la conciliación o mecanismos análogos; e) facilitar la ejecución continuada de las resoluciones en materia de alimentos, incluido el pago de atrasos; f) facilitar el cobro y la transferencia rápida de los pagos de alimentos; g) facilitar la obtención de pruebas documentales y de otros tipos, sin perjuicio del Reglamento (CE) no 1206/2001; h) proporcionar asistencia para determinar la filiación cuando sea necesario para el cobro de los alimentos; i) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener las medidas provisionales necesarias de carácter territorial cuya finalidad sea asegurar el resultado de una solicitud de alimentos pendiente; j) facilitar la notificación y el traslado de documentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1393/2007.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Con el Servicio Central del Ministerio de Justicia, cuya dirección es L. Mesogeion 96, Atenas - Grecia, C.P. 11527, teléfono +30.210.7767322 civilunit@justice.gov.gr

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

Grecia está vinculada por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias. De conformidad con el Protocolo, las obligaciones de alimentos están reguladas en la legislación del Estado miembro en el que tenga su residencia habitual el alimentista, por lo que, si el beneficiario reside en Grecia, es aplicable el Derecho griego.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Conforme al capítulo V del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, se prevé derecho a justicia gratuita, que abarca el asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo antes de la presentación de la demanda; la asistencia jurídica y la representación ante los órganos jurisdiccionales; la exención de las costas procesales y los honorarios de las personas que actúen en el proceso a requerimiento del tribunal; en los Estados miembros en que pueda condenarse a la parte que pierde el proceso al pago de las costas de la parte contraria, en caso de que el beneficiario de la justicia gratuita perdiera el proceso, las costas de la parte contraria, a condición de que la justicia gratuita las hubiera cubierto igualmente si el beneficiario hubiera tenido su domicilio o su residencia habitual en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que haya conocido del asunto; los servicios de interpretación; la traducción de los documentos presentados por el beneficiario de la justicia gratuita a instancias del órgano jurisdiccional o de la autoridad competente que sean necesarios para resolver el asunto; los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del beneficiario de la justicia gratuita, cuando la ley o el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate requieran la comparecencia física, ante el órgano jurisdiccional, de las personas relacionadas con la defensa de las pretensiones del beneficiario, y el órgano jurisdiccional decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración a tales personas.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Las autoridades centrales, entre otras cosas, mantienen comunicación habitual con las autoridades competentes con el fin de a) ayudar a localizar al deudor o al acreedor, b) facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso necesario, sobre el patrimonio del deudor o del acreedor, incluida la localización de sus bienes, y c) promover el pago voluntario de los alimentos.

Última actualización: 12/09/2016

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Pensiones alimenticias - España

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. En caso de ruptura matrimonial, en el proceso de separación o divorcio, se pueden solicitar alimentos a favor de los hijos que convivan en el domicilio y no sean independientes económicamente.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión:

1º.- Los cónyuges.

2º.- Los ascendientes y descendientes.

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Para los niños hasta la mayoría de edad, que en España se alcanza a los 18 años, salvo en el caso el que el menor tuviese rentas propias suficientes. Después de la mayoría de edad, la obligación subsiste para los hijos, siempre que no tengan suficiencia económica, no hayan terminado su proceso de formación o carezcan de trabajo por causa que no les sea imputable. En caso de menores, habrá que tener también en cuenta los artículos del Código Civil relativos a los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio (arts. 90 y siguientes).

Durante la minoría de edad la pensión de alimentos tiene un carácter preferente, constituye una obligación prioritaria e ineludible.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

La petición debe presentarse ante los tribunales de justicia, siendo la competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia.

¿Cuáles son los principales elementos del procedimiento?

Se tramita a través de un juicio verbal. En caso de que se reclamen como medida complementaria a la separación o divorcio, o de medidas paterno - filiales en caso de ruptura de la pareja, se tramita conjuntamente con dicho procedimiento, a través de un juicio verbal con algunas especialidades.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

La reclamación debe ser presentada personalmente por el interesado, salvo que éste sea menor de edad, en cuyo caso tiene que realizar la petición la persona que tenga su representación legal, el Fiscal o la Entidad Pública de protección de menores. No obstante se puede presentar la solicitud por medio de representación, siempre que el representante disponga de un poder que pueda ser otorgado ante notario, ante un secretario judicial o ante un cónsul de cualquier delegación diplomática española en el extranjero.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

La regla general es que la competencia corresponde al juzgado del domicilio del deudor. Si hay varios deudores mancomunados (padre y madre), corresponde al domicilio de cualquiera de ellos. Si el deudor no tiene domicilio en España, corresponde al de su última residencia en este país. En ausencia de los anteriores criterios, la competencia corresponde al juzgado del domicilio del alimentista.

6 Como demandante, necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)? En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Deben asistir defendidos con Abogado y representados por Procurador.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

En España no está previsto el pago de tasas en las reclamaciones exclusivamente dirigidas a la prestación de alimentos, a excepción de los honorarios de los abogados, procuradores y peritos, en caso de que se utilicen.

Los honorarios de abogados y procuradores están en relación con la cuantía de la reclamación. Está prevista la ayuda económica para los gastos procesales cuando el demandante o el demandado carezcan de medios económicos y puedan tener derecho a la asistencia jurídica gratuita conforme a los baremos establecidos en el art. 3 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. La asistencia consiste en facilitar abogado y procurador del turno de oficio para efectuar la reclamación judicial y en asumir cualquier gasto procesal, como honorarios de peritos o gastos de publicación de edictos, por cuenta del Estado.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares? En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano )?

En la mayoría de los supuestos se establece una pensión periódica que, tal como determina la ley, debe ser de carácter mensual y su devengo se fija por mensualidades anticipadas. La fijación de una cantidad a tanto alzado y en pago único es extraordinaria: sólo se produce cuando es para pagar alimentos atrasados, cuando es aconsejable asegurar pagos futuros por falta de arraigo del deudor, o por acuerdo entre las partes El cálculo para concretar la cuantía de la pensión se realiza por el tribunal de conformidad con una regla legal abstracta que se basa en una triple proporcionalidad: las necesidades del alimentista; las posibilidades del alimentante, y las posibilidades de otras personas que estén también obligadas a contribuir a los alimentos (coalimentantes) en el mismo grado que el demandado. En la resolución judicial en la que se fijan se deben establecer las bases de actualización. Esta actualización se produce de forma automática por el mero transcurso del tiempo y es el obligado al pago el que debe aplicar la actualización. Si el alimentante no efectúa la actualización la realizará el juzgado, previa solicitud del alimentista. La cuantía de la pensión por alimentos se puede modificar (siempre previa petición de la parte interesada) cuando se alteran sustancialmente las bases que sirvieron para fijarla: procede revisarlas al alza cuando el alimentante mejora su posición económica o cuando el alimentista empeora y precisa una mayor prestación (por ejemplo, agravación de una enfermedad); procede rebajarla cuando el alimentista empeora su situación o cuando el alimentante mejora sus propios medios de vida. Por último, la pensión puede extinguirse cuando desaparece la causa que la motivó.

El CGPJ ha elaborado unas Tablas para el cálculo de las pensiones de alimentos. Son tablas orientadoras, basadas en las necesidades de los hijos, valorando los ingresos de los padres y el número de hijos en la familia. Se han extraído de la cuantificación el coste de la vivienda y el coste del colegio y por tanto la pensión final habrá de corregirse teniendo en cuenta en cada caso el coste de dichos conceptos. Se pueden consultar  en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La forma de pago habitual es en dinero. No obstante se prevén dos excepciones: el deudor puede optar por cumplir la obligación albergando y alimentando al acreedor en su propia casa, posibilidad ésta muy restringida por la jurisprudencia cuando no existe garantía de buenas relaciones; el pago mediante entrega de bienes o derechos es excepcional y sólo procede para liquidar atrasos, cuando existe riesgo de desaparición de los bienes o falta de arraigo. La pensión es pagada directamente al acreedor. La forma más habitual es el ingreso en cuenta bancaria. Cuando el alimentista es menor de edad o incapaz, el pago se realiza a su representante legal.

En procedimientos de ruptura matrimonial o de relaciones paterno-filiales, los Tribunales están admitiendo como formas de pago de los alimentos el pago directo al acreedor de algunos gastos del hijo menor de edad (ej. Colegios, seguros médicos...)

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

En ese caso el alimentista puede formular una demanda de ejecución de la resolución judicial que declara el derecho de alimentos. En España están implantados los siguientes medios de ejecución: retención del salario (a excepción del mínimo vital que señale el tribunal); retención de devoluciones de impuestos; embargo de cuentas bancarias; detracción de prestaciones de la Seguridad Social; embargo de bienes y venta pública de los mismos; El impago de la pensión puede integrar infracción penal y acarrear pena de prisión en determinados casos.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

En los supuestos de deudas de alimentos no hay límites cuantitativos a la hora de retener cuentas del deudor o embargar sus bienes, a diferencia de lo que ocurre con las deudas comunes. Las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes prescriben por el transcurso de cinco años.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

En los casos de reclamaciones de alimentos en beneficio de personas menores de edad o incapaces, en cuyo caso el Ministerio Fiscal puede ostentar su representación.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

El "Fondo de Garantía del Pago de Alimentos", creado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y regulado por el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, es un fondo carente de personalidad jurídica, que tiene como finalidad garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

Es imprescindible para acceder a los anticipos del Fondo que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Sí, conforme a los Reglamentos de la Unión Europea y Convenios Internacionales en materia de cobro de alimentos que España tiene ratificados el acreedor de alimentos puede solicitar el auxilio de la Autoridad Central Española, radicada en el Ministerio de Justicia.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Por cualquier medio, con la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. Calle San Bernardo nº 62 28071 Madrid Teléfono: 00 34 91 3902228/2295/4437 Fax: 00 34 91 3904457

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El acreedor domiciliado en otro Estado miembro puede dirigirse a la Autoridad Central del Estado en el que reside, acreditando que tiene reconocido un derecho de alimentos, al objeto de que dicha Autoridad Central se ponga en contacto con la Autoridad Central española y ésta última inicie un procedimiento de ejecución en España. Y ello, conforme a los Reglamentos de la Unión Europea y Convenios Internacionales en materia de cobro de alimentos que España tiene ratificados

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

En las condiciones previstas por las Autoridades del Estado correspondiente.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí, la Unión Europea (y por tanto España) ratificó dicho Protocolo en fecha 8 de abril de 2010.

17 Si no lo está, ¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Conforme al Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, las partes en un litigio contemplado en el presente Reglamento tendrán garantizado el acceso efectivo a la justicia en otro Estado miembro, también para los procedimientos de ejecución y recurso, en las condiciones establecidas en el presente capítulo. Por otra parte, el Estado miembro requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para todas las demandas relativas a obligaciones de alimentos a favor de una persona menor de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, que sean presentadas por un acreedor en virtud del artículo 56.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Se ha añadido a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita un Capítulo VIII titulado “ Asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos de la Unión Europea”, regulando dicho derecho respecto a las personas físicas, que sean ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros.

Última actualización: 30/05/2019

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Pensiones alimenticias - Francia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

En Derecho francés, se entiende por obligación de alimentos la obligación que impone la ley a quien dispone de medios de cubrir las necesidades de otra persona con la que tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad. Así, las personas que pueden recibir alimentos son, en particular, las siguientes:

  • los cónyuges, que se deben alimentos entre sí (artículos 212 y 214 del Código Civil),
  • los padres, que deben alimentos a sus hijos (artículos 203, 371-2 y 373-2-2 del Código Civil),
  • los hijos, que deben alimentos a sus padres y otros ascendientes (artículo 205 del Código Civil),
  • los yernos y nueras, que deben alimentos a sus suegros (artículo 206 del Código Civil),
  • el cónyuge supérstite que esté necesitado (artículo 767 del Código Civil).

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

En lo que respecta a los alimentos debidos a los hijos, la ley no impone un límite de edad: la obligación de manutención y de educación de los padres no se extingue de pleno derecho cuando el hijo alcanza la mayoría de edad (artículo 371-2 del Código Civil). Cabe distinguir dos períodos:

  • Mientras el hijo sea menor de edad o, una vez alcanzada la mayoría de edad, mientras no sea independiente económicamente, los padres tienen respecto de él una obligación de manutención y educación orientada a asegurarle las condiciones necesarias para su desarrollo y educación.
  • Una vez cesada la obligación de manutención y educación, si el demandante demuestra que se encuentra en situación de necesidad, se le aplica el régimen general de la obligación de alimentos (artículos 205 y 207 del Código Civil).

La contribución puede pagarse en todo o en parte directamente al hijo mayor de edad.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Si el deudor de los alimentos no paga voluntariamente, el acreedor, su representante o la persona que asuma la custodia principal del hijo deberá ejercitar una acción judicial para que se fije la cuantía de la pensión de alimentos y se obligue al deudor a su pago.

La reclamación de alimentos puede ser el objeto principal de la acción judicial o formularse, por ejemplo, en el marco de un procedimiento de divorcio o de determinación de los modos de ejercicio de la patria potestad.

En lo que respecta a la reclamación de alimentos entre adultos, el demandante debe probar que se encuentra en una situación de necesidad y que no está en condiciones de procurarse el sustento. Pero, cuando el acreedor hubiese incumplido gravemente sus obligaciones para con el deudor, el juez podrá dispensar a este último del pago de la totalidad o una parte de la deuda de alimentos (artículo 207 del Código Civil).

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

En Derecho francés, los menores de edad no se consideran acreedores de alimentos: solo los progenitores o los terceros que asuman la custodia principal de un menor pueden actuar como tales y demandar al otro progenitor o a ambos para que se fije una contribución a la educación y la manutención del menor.

Con arreglo al artículo 205 del Código Civil y al artículo L132-7 del Código de Acción Social y de la Familia (code de l’action sociale et des familles), ante la incomparecencia del acreedor, los servicios de ayuda social pueden actuar en su nombre y representación.

Con arreglo al artículo L6145-11 del Código de la Salud Pública (code de la santé publique), los hospitales y establecimientos públicos de salud/establecimientos de acogida disponen de vías de recurso directo contra los deudores de alimentos en favor de personas hospitalizadas.

El artículo 475 del Código Civil dispone que, si el acreedor se encuentra bajo tutela, el tutor deberá representarlo.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Según el artículo L. 213-3 del Código de la Función Judicial (code de l’organisation judiciaire), la demanda debe interponerse ante el juez de familia del tribunal de primera instancia (tribunal de grande instance).

Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el artículo 1070 del Código de Procedimiento Civil (code de procédure civile) dispone que el juez de familia competente es:

  • el del lugar de residencia de la familia;
  • si los progenitores no viven juntos y en caso de ejercicio compartido de la patria potestad, el del lugar de residencia habitual de los hijos menores o, si uno solo de los progenitores ejerce la patria potestad, el del lugar de residencia de dicho progenitor o, en los demás casos, el del lugar de residencia del que no interpuso la demanda.

En el caso de demanda conjunta, el juez competente será el del lugar de residencia de una u otra de las partes, a su discreción.

Sin embargo, si el litigio se refiere solamente a la pensión de alimentos, la contribución a la manutención y la educación de los hijos, la contribución a las cargas del matrimonio o la prestación compensatoria, el juez competente podrá ser el del lugar de residencia del cónyuge acreedor o del que asuma la responsabilidad principal de los hijos, aunque estos sean mayores de edad.

6 Como demandante, necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)? En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

El procedimiento es oral y no es obligatorio contar con la presencia de ningún representante; el propio demandante puede presentarse ante el juez con los documentos necesarios.

La demanda puede presentarse mediante notificación, para lo cual se requiere la intervención de un agente judicial (huissier de justice), o mediante simple solicitud dirigida al tribunal.

La reclamación de alimentos en el marco de un procedimiento de divorcio deberá hacerse por intermedio de un abogado.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

El procedimiento es gratuito en primera instancia. En fase de apelación, se cobrará una tasa de 225 EUR.

El demandante puede acogerse a la asistencia jurídica gratuita siempre que cumpla determinadas condiciones relativas a los recursos financieros de que dispone.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares? En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano )?

La contribución a la manutención y la educación de los hijos puede consistir en los siguientes tipos de ayuda:

  • el pago de una pensión mensual al padre o la madre beneficiarios (la forma más común);
  • el pago directo de los gastos realizados en favor de los hijos;
  • un derecho de uso y vivienda en un bien inmueble perteneciente al deudor, la cesión de bienes en usufructo o la asignación de bienes que generen rentas al acreedor.

La contribución se calcula en función de los recursos financieros de ambos padres y de las necesidades de los hijos. Desde 2010, el Ministerio de Justicia publica una tabla de referencia, a título meramente indicativo, que indica la cuantía de la contribución en función de los ingresos del deudor y del acreedor, al número de hijos a cargo y el régimen de comunicación y estancia. El juez establece sistemáticamente en su resolución la indexación de la contribución (por lo general, en función del índice de precios al consumo en zonas urbanas).

Otras pensiones de alimentos:

Para determinar la cuantía de la contribución de un cónyuge a las cargas del matrimonio, el juez debe tener en cuenta la totalidad de los gastos útiles y necesarios incurridos por el interesado. Dicha contribución puede consistir en una prestación económica, el reembolso de un préstamo o incluso la ocupación del domicilio conyugal.

En lo que respecta a la pensión de alimentos debida en virtud del deber de socorro entre cónyuges divorciados, puede incluir el pago de la totalidad o parte de las cuotas de un préstamo, aunque los tribunales suelen otorgar preferencia al pago de una mensualidad. Esta pensión se fija en función del nivel de vida al que puede aspirar el cónyuge que la solicita habida cuenta de las posibilidades del otro cónyuge.

Los alimentos debidos a los ascendientes y a los suegros solo se conceden en proporción de la necesidad de quien los reclama y de la fortuna de quien los debe. Con arreglo al artículo 208 del Código Civil, el juez, incluso de oficio y según las circunstancias del caso, puede acompañar la pensión de alimentos de una cláusula de variación permitida por las leyes vigentes.

Las pensiones de alimentos pueden ser objeto de revisión, siempre que quien solicite la revisión justifique que existen nuevas circunstancias que afectan a los recursos del acreedor o del deudor o las necesidades del hijo/alimentista.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

El Código Civil no privilegia ninguna modalidad de pago. Esta puede establecerse de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el juez determinará las modalidades de pago en su resolución.

La pensión de alimentos se paga directamente al acreedor o al servicio de ayuda social, hospital, establecimiento público de acogida o centro de salud que interpuso la demanda en nombre y representación del acreedor.

Cabe destacar respecto de la contribución a la manutención de los hijos que, con arreglo al artículo 373-2-3 del Código Civil, la pensión de alimentos puede reemplazarse, en todo o en parte, por el pago de una suma de dinero a un organismo acreditado que se encargará de conceder al niño, como contrapartida, una renta indizada. El juez puede asimismo decidir que la pensión de alimentos se pague directamente al hijo mayor de edad.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

El acreedor en poder de un título ejecutivo puede recurrir directamente a un agente judicial para que este aplique una medida de ejecución al patrimonio del deudor (a excepción del embargo de bienes inmuebles o salarios, para los cuales es necesaria una resolución judicial previa). El agente judicial cuenta con amplias facultades de investigación ante la administración para encontrar la información necesaria para localizar al deudor y sus bienes.

Los principales procedimientos de ejecución a disposición de los acreedores de alimentos son los siguientes:

  • Procedimiento de pago directo [artículos L 213-1 y R213-1 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil y Ejecución de Sentencias (code des procédures civiles d’exécution)]: permite el cobro de los últimos seis meses impagos y del mes en curso. El agente judicial notificará al tercero embargado (el empleador, la entidad bancaria o cualquier tercero deudor del deudor de alimentos) su obligación de pagar la cuantía de la pensión directamente al agente judicial.
  • Embargo de salarios [artículos L 3252-1 y R 3252-1 y siguientes del Código Laboral (code du travail)]: el embargo requiere la autorización del juez de primera instancia (juge d’instance).
  • Embargo de créditos líquidos de un deudor (saisie-attribution) (artículos L 211-1, L 162-1, R 211-1 y R 162-1 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil y Ejecución de Sentencias): permite el embargo de créditos del deudor (en general, cuentas bancarias).
  • Embargo ejecutivo de bienes muebles (saisie-vente) (artículos L 221-1 y R 221-1 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil y Ejecución de Sentencias): permite el embargo de bienes muebles corporales (televisiones, automóviles, etc.).
  • Ejecución de hipoteca (artículos L 311-1 y R 311-1 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil y Ejecución de Sentencias): se refiere a un bien inmueble sobre el cual el deudor tiene derechos de propiedad. La venta del bien debe ser autorizada por el juez responsable de la ejecución de la condena (juge de l’exécution).

Los honorarios del agente judicial correrán por cuenta exclusiva del deudor de los alimentos.

En lo relativo a la responsabilidad penal, el deudor puede ser condenado por abandono de familia, delito castigado con pena de prisión de dos años y multa de 15 000 EUR (artículo 227-3 del Código Penal).

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

En materia de alimentos, las acciones prescriben a los cinco años desde la fecha de vencimiento del pago (artículo 2224 del Código Civil).

El procedimiento de pago directo no puede aplicarse a deudas de más de seis meses. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de obtener el cobro de deudas más antiguas por medio de otras vías de ejecución.

Los procedimientos de ejecución deben limitarse a lo necesario para el cobro de la deuda y no deben emplearse de manera abusiva.

Algunos bienes son declarados inembargables por ley: las pensiones de alimentos, los bienes muebles necesarios para la vida y el trabajo del deudor, los objetos indispensables para las personas discapacitadas, y algunas prestaciones sociales y subsidios familiares mínimos. En las cuentas bancarias, solo pueden embargarse los importes que superan los ingresos mínimos (ingreso de solidaridad activa) de una persona sola. En caso de embargo de salarios, el importe embargable se determina en función de la cuantía de la remuneración y de las personas que el deudor tiene a cargo.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

En determinadas condiciones, los organismos encargados de pagar los subsidios familiares pueden subrogarse en los derechos del acreedor de alimentos e interponer la demanda en su nombre y por su cuenta. Además, cuando los procedimientos privados de ejecución no dan resultado, es posible dirigirse al fiscal para que se ejecute el procedimiento de cobro a través del Tesoro Público.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

En determinadas condiciones, los organismos encargados de pagar los subsidios familiares pueden abonar al acreedor de alimentos un subsidio de ayuda familiar en concepto de anticipo de los alimentos debidos.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Si el deudor reside en el extranjero y el acreedor reside en Francia, este último puede ponerse en contacto con el Servicio de Cobro de Obligaciones Alimenticias (bureau de recouvrement des créances alimentaires o RCA) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional. Este servicio se pondrá en contacto con la autoridad central del país de residencia del deudor a fin de proceder al cobro de la deuda.

El acreedor también puede ponerse en contacto con la Caja de Subsidios Familiares (Caisse d’Allocations Familiales o CAF), que podrá concederle una ayuda financiera en caso de incumplimiento del deudor, aunque este se encuentre en el extranjero.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Es posible ponerse en contacto con la autoridad central francesa por correo postal, por teléfono o por correo electrónico:

Ministère des affaires étrangères et du développement international

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tel.: + 33 (0)143179199

Fax: +33 (0)143178197

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanarecouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Si el deudor reside en Francia y el acreedor reside en el extranjero, este último deberá ponerse en contacto con la autoridad central de su país de residencia. Dicha autoridad central se pondrá en contacto con la autoridad central francesa (el Servicio de Cobro de Obligaciones Alimenticias del Ministerio de Asuntos Exteriores), que tomará las medidas necesarias para proceder al cobro de la deuda.

Los acreedores en poder de una resolución ejecutoria podrán, además, dirigirse directamente al agente judicial a fin de proceder al cobro de la deuda (sin que sea necesaria la intervención de las autoridades centrales). En ese caso, no podrán beneficiarse de la asistencia de la autoridad central.

Cabe destacar que, en ausencia de una resolución judicial que fije la pensión de alimentos, la autoridad central de un Estado miembro requirente puede transmitir al Servicio de Cobro de Obligaciones Alimenticias una solicitud de obtención de dicha resolución (anexo VII del Reglamento (UE) n.o 4/2009).

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Es posible ponerse en contacto con la autoridad central francesa por correo postal, por teléfono o por correo electrónico:

Ministère des affaires étrangères et du développement international

Bureau de recouvrement des créances alimentaires

27, rue de la Convention

CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Tel.: + 33 (0)143179199

Fax: +33 (0)143178197

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanarecouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Si el acreedor decide recurrir directamente a los servicios de un agente judicial, puede encontrar los datos de contacto de un profesional competente en el apartado «Encontrar un agente judicial» o en el sitio web de la Cámara Nacional de Agentes Judiciales (Chambre nationale des huissiers de justice).

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está, ¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

La asistencia jurídica gratuita puede ser total o parcial. Se concede de las siguientes formas:

  • de forma automática para los menores de veintiún años, en virtud del artículo 46 del Reglamento (CE) n.o 4/2009;
  • en los otros casos, si el demandante reúne las condiciones relativas a los recursos financieros establecidas por ley (Ley n.o 91-647, de 10 de julio de 1991, relativa a la asistencia jurídica y Decreto n.o 91-1266 de 19 de diciembre de 1991).

En Francia, la asistencia jurídica gratuita comprende los honorarios del abogado designado en la resolución de asistencia jurídica gratuita para el procedimiento judicial, así como los honorarios del agente judicial designado en la misma resolución para el procedimiento de cobro de la deuda.

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita relativas a obligaciones alimenticias siguen el mismo proceso que el de otros litigios transfronterizos, con arreglo a la Directiva 2003/8/CE del Consejo de 27 de enero de 2003.

El acreedor enviará la solicitud de asistencia jurídica gratuita en francés al Servicio de Acceso al Derecho y a la Justicia y de Asistencia a las Víctimas (Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes o SADJAV) a la siguiente dirección:

Ministère de la Justice

Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes

Bureau de l’aide juridictionnelle

13, Place Vendôme

75042 PARIS cedex 01

Tel.: 0144777186

Fax: 0144777050

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El Servicio de Cobro de Obligaciones Alimenticias (RCA) acusará recibo de la solicitud y de los documentos presentados por la autoridad central extranjera. Verificará que el expediente esté completo y que los documentos, en particular, los judiciales, sean exactos y pertinentes. A fin de anticipar posibles problemas de ejecución, el Servicio RCA solicitará a la autoridad expedidora precisiones y otros extractos o traducciones de extractos que sean necesarios. El Servicio RCA facilita la apertura de los procedimientos relativos a las solicitudes previstas en el artículo 56 del Reglamento transmitiendo dichas solicitudes a las autoridades judiciales con competencia territorial.

El Servicio RCA ayuda a localizar al deudor y facilita la búsqueda de información relativa a sus recursos financieros recurriendo al fiscal y a los servicios de la Dirección General de Finanzas Públicas (Direction Générale des Finances Publiques), en aplicación de los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento (CE) 4/2009.

La autoridad central facilita asimismo la resolución amistosa del conflicto al entrar directamente en contacto con el deudor y transmitiendo sus propuestas de pago voluntario al acreedor por intermedio de la autoridad central del país de residencia de este último.

Si el intento de cobro extrajudicial no da resultado, siempre se puede recurrir a la vía judicial, en la medida en que la resolución extranjera tenga fuerza ejecutiva en Francia. El Servicio RCA se comunicará con los agentes judiciales encargados del cobro para asegurarse del buen desarrollo del procedimiento de ejecución.

El Servicio RCA solicitará automáticamente que se efectúe una transferencia bancaria.

Cuando sea necesario establecer la filiación para poder cobrar los alimentos, el Servicio RCA indicará al acreedor cuál es la autoridad competente para dicho procedimiento.

Última actualización: 01/06/2018

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

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Pensiones alimenticias - Italia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

En el ordenamiento italiano, las prestaciones de asistencia familiar tienen denominaciones, condiciones y contenidos diferentes, dependiendo de la relación entre los obligados y los beneficiarios.

La «obligación de alimentos» es la prestación de asistencia material a favor de una persona incapaz de mantenerse a sí misma, y que recae sobre algunas personas señaladas por la ley en el marco de las obligaciones de solidaridad familiar.

La obligación de alimentos se rige por los artículos 433 y siguientes del Código Civil y presupone:

la existencia de una determinada relación jurídica entre la persona que debe cumplirla y el beneficiario;

la situación de necesidad del beneficiario que no puede garantizar por sí mismo su propio mantenimiento.

Las personas sujetas a la obligación de alimentos son, en el siguiente orden:

  • el cónyuge;
  • los hijos:
  • los padres y, en su defecto, los ascendientes próximos;
  • los yernos y las nueras;
  • los suegros;
  • los hermanos y hermanas.

La obligación corre a cargo de la persona con el grado más cercano de parentesco, según el orden antes citado. En caso de que existan varias personas con el mismo grado, la obligación se divide en proporción a sus situaciones económicas respectivas.

La cuantía de los alimentos es proporcional a la necesidad de quien los solicita y a la situación económica de quién debe suministrarlos. No obstante, los alimentos no deben superar lo necesario para la vida de la persona que debe recibirlos, habida cuenta de su posición social.

Sin embargo, la pensión de manutención es la prestación de asistencia económica que un cónyuge concede al otro en caso de separación o divorcio, y tiene la finalidad de garantizar a quien la recibe el mantenimiento del mismo tren de vida del que gozaba durante el matrimonio. La pensión de manutención es independiente del estado de necesidad del beneficiario, puede solicitarse incluso si el derechohabiente trabaja y se puede renunciar a ella y sustituirse por un pago único.

Puesto que la pensión de manutención pretende asegurar al cónyuge un nivel de vida similar al anterior a la separación, normalmente es mayor que la pensión de alimentos. No obstante, la pensión de manutención no se debe al cónyuge al que se haya atribuido la responsabilidad de la separación.

Se denomina igualmente pensión de manutención a la prestación económica que los progenitores deben pagar a sus hijos menores en caso de separación o divorcio.

El hijo tiene derecho a manutención por parte de los progenitores en proporción al patrimonio respectivo de los mismos y según su capacidad de trabajo profesional o doméstico. En caso de separación o divorcio, el órgano jurisdiccional establece el pago de una pensión periódica, así como la cuantía de la misma, teniendo en cuenta las necesidades del hijo, el nivel de vida del que gozaba éste durante la convivencia con ambos progenitores, el tiempo que pasa con cada uno de ellos, los recursos económicos de ambos progenitores y el valor económico de las tareas domésticas y de cuidado que realizan cada uno de ellos.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Hasta el momento en que alcanza la mayoría de edad, el hijo tiene derecho a ser mantenido por sus progenitores en proporción a sus patrimonios respectivos y según su capacidad de trabajo profesional o doméstico. En caso de separación o divorcio, el órgano jurisdiccional establece el pago de una pensión de manutención periódica (véase el punto anterior).

Si, al alcanzar la mayoría de edad, el hijo todavía no es autosuficiente económicamente, el órgano jurisdiccional puede ordenar a uno de los progenitores (o a ambos) el pago de una pensión periódica, que normalmente deberán abonar directamente al hijo. Una vez alcanzada la autosuficiencia económica, si el hizo mayor de edad se encuentra de nuevo en situación de dificultad económica, los progenitores solo tendrán una obligación de alimentos.

Por último, si el hijo mayor de edad sufre una discapacidad grave, se aplica lo previsto para los hijos menores de edad.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Para obtener los alimentos, el demandante debe presentar la solicitud correspondiente (instrumento de citación) al Tribunal de su lugar de residencia, adjuntando cualquier documento que demuestre su estado de necesidad.

Se puede pedir al Tribunal que ordene una pensión provisional, tras el inicio del procedimiento y antes de que se dicte la sentencia definitiva.

La pensión de manutención a favor de los hijos o del cónyuge puede solicitarse en un procedimiento autónomo o en el marco del procedimiento de separación o divorcio. El Tribunal puede establecer la pensión incluso en la primera vista del procedimiento.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

De conformidad con el Reglamento nº 4/2009, serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:

a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o

b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, o

c) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa al estado de las personas, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes, o

d) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

La solicitud de prestación de alimentos debe presentarse mediante la intervención de un abogado, que representa a la parte en el procedimiento.

No es necesaria la asistencia de un abogado, si la pensión de manutención se define en el acuerdo de separación entre los cónyuges. En este caso, el acuerdo se presenta al Tribunal que, después de verificarlo, lo homologa.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

La persona que presenta una demanda judicial civil debe pagar una tasa denominada «contribución unificada de inscripción en el registro», cuyo importe varía según el tipo y el valor del asunto. Además, las medidas dictadas por el órgano jurisdiccional son objeto de una tasa de registro.

No obstante, los procedimientos relativos a la manutención de los hijos están exentos tanto de la obligación de pago de la contribución unificada en el momento de la inscripción en el registro del asunto, como de la obligación de registro de las medidas dictadas por el Tribunal.

Cada parte debe sufragar el coste de la asistencia jurídica del abogado que la represente en el procedimiento.

Las personas sin recursos pueden solicitar el nombramiento de un abogado para que las asista gratuitamente, cuyo coste es sufragado por el Estado (= justicia gratuita).

Para obtener la admisión a la justicia gratuita es necesario que el solicitante perciba ingresos anuales imponibles no superiores a 10 766,33 euros. Si el interesado vive con su cónyuge o con otros familiares, los ingresos se calculan sumando los ingresos obtenidos durante dicho período por todos los componentes de la familia, incluido el solicitante. En ese caso, el límite de los ingresos por debajo de los cuales se tiene derecho a la justicia gratuita aumenta en 1 032,91 euros por cada familiar que conviva con el solicitante.

La solicitud de admisión a la justicia gratuita se presenta al Colegio de Abogados del lugar donde se encuentre el Tribunal competente para conocer del asunto, utilizando los formularios disponibles en la secretaría de dicho Colegio y en su sitio Internet, y presentando la documentación indicada en dicho formulario.

En la solicitud es necesario indicar las razones de hecho y de derecho en que se basa la pretensión, y presentar las pruebas documentales correspondientes, ya que el Colegio de Abogados solo puede conceder dicho beneficio si las pretensiones que se quiere hacer valer en el procedimiento no son manifiestamente infundadas.

Si el Colegio de Abogados admite la solicitud, el interesado puede nombrar un defensor escogiéndolo de entre la lista de abogados autorizados a realizar prestaciones de justicia gratuita. Algunos Colegio designan directamente al abogado que intervendrá en el procedimiento.

La admisión puede solicitarse en cualquier etapa o fase del procedimiento y es válida para todas las fases posteriores. La falta de recursos debe continuar a lo largo de todo el proceso

Si no se acepta la solicitud de admisión a la justicia gratuita, el interesado puede volver a solicitarla al Tribunal competente para el juicio.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

La medida judicial que determina el contenido de la obligación de alimentos o de la pensión de manutención y ordena su pago es una sentencia condenatoria con carácter ejecutivo.

La sentencia que establece el derecho a alimentos impone al obligado el deber de hacer todo lo necesario para que el beneficiario pueda satisfacer sus necesidades de vida esenciales (gastos de alimentación, de vivienda, de ropa y para los productos y servicios necesarios para mantener un nivel de vida mínimamente digno). Al determinar el contenido de la obligación de alimentos, el Tribunal debe tener en cuenta asimismo la situación económica del obligado.

La sentencia que determina la pensión de manutención a favor del cónyuge separado también tiene en cuenta el nivel de vida durante el matrimonio.

La sentencia que determina la pensión de manutención a favor de los hijos menores, o incluso mayores, pero no autosuficientes, tiene en cuenta las necesidades en materia de educación e instrucción.

La pensión se adapta automáticamente a los índices del ISTAT (Instituto Nacional de Estadística italiano), o a otros posibles parámetros acordados por las partes o previstos en la sentencia.

La medida de concesión de la pensión puede modificarse posteriormente, a instancias del interesado o del obligado, extremo que deberá solicitarse exclusivamente al tribunal competente (en general, el que pronunció la primera sentencia).

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

El Tribunal establece la forma y modalidades de pago de los alimentos.

En materia de separación judicial, el Tribunal también puede ordenar a terceros que deban pagar periódicamente cantidades de dinero al obligado (por ejemplo, el empleador) que transfieran una parte de dichas cantidades directamente al cónyuge separado.

La pensión debe pagarse al acreedor.

La pensión de manutención a favor del hijo menor normalmente se abona al cónyuge que tiene la custodia de este último.

La pensión establecida por el Tribunal en favor del hijo que haya alcanzado la mayoría de edad, pero no sea independiente económicamente, se abona directamente al derechohabiente.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si el deudor no paga espontáneamente la pensión de alimentos o de manutención, el beneficiario tiene a su disposición los medios normales para exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras (ejecución forzosa).

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

El derecho a alimentos, como tal, no prescribe. Sin embargo, las cuotas vencidas y no pagadas están sometidas a la prescripción quinquenal (artículo 2948, apartado 2, del Código Civil). Por otra parte, la prescripción se suspende entre los cónyuges y entre la persona que ejerce la responsabilidad parental y las personas sujetas a ésta.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

En Italia no existe una organización o autoridad que pueda ayudar a los derechohabientes a percibir su pensión. El interesado, personalmente si es mayor de edad, o mediante su representante legal si es menor de 18 años, debe interponer una acción ante la autoridad judicial competente, con la asistencia de un abogado.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

No

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Las personas que tienen derecho a recibir una pensión de alimentos de un deudor que resida en otro país pueden dirigirse a la Autoridad Central italiana y presentar para su tramitación, en el Estado miembro en que el deudor tenga su residencia habitual, una solicitud de reconocimiento, otorgamiento de ejecución y ejecución de la resolución que reconoce su derecho a una pensión de alimentos, en aplicación del sistema de cooperación establecido por el Capítulo VII del Reglamento (CE) nº 4/2009.

El Ministerio de Justicia (Departamento de Justicia de Menores) es la Autoridad Central italiana designada en aplicación del artículo 49 del Reglamento (CE) n° 4/2009 para el cobro de los créditos alimenticios en los litigios transfronterizos en el espacio judicial europeo.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

La Autoridad Central italiana se encuentra disponible en la siguiente dirección:

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile

Via Damiano Chiesa 23

00136 Roma

Tel.: 0668188325

Fax: 0668808085

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanaacitalia0409. dgm@giustizia.it

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El acreedor residente en el extranjero que pretende ejecutar en Italia la resolución que reconoce su derecho a una pensión de alimentos puede dirigirse a la Autoridad Central de su Estado miembro de residencia y, a través de la misma, presentar una solicitud conforme al artículo 56, utilizando el sistema de cooperación establecido por el Capítulo VII del Reglamento (CE) nº 4/2009.

Por consiguiente, la solicitud no puede dirigirse directamente a la Autoridad Central o a otras autoridades u organizaciones privadas en Italia.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

En lo que se refiere al acceso a la justicia, en el marco de los conflictos transfronterizos, se aplica directamente el sistema previsto en el Capítulo V del Reglamento (CE) nº 4/2009:

En resumen, para las solicitudes relativas a obligaciones de alimentos introducidas a través del sistema del Capítulo VII, y que se derivan de una relación de filiación, se procede del siguiente modo:

En los litigios relativos al reconocimiento o reconocimiento y otorgamiento de la ejecución de resoluciones y a la ejecución de una resolución dictada en el Estado o ya reconocida, si el beneficiario es menor de 21 años, el reconocimiento de la justicia gratuita a cargo del Estado es automático, independientemente de los requisitos de ingresos y del fundamento de la solicitud previstos en la normativa general (véase el punto 7);

Si se trata de otro tipo de litigio (solicitudes de obtención y modificación de una resolución) y la solicitud se refiere a una persona menor de 21 años, para la concesión de la justicia gratuita a cargo del Estado es necesario evaluar el fundamento manifiesto de la pretensión, pero no verificar asimismo los ingresos de la persona;

El solicitante mayor de 21 años puede beneficiarse de la justicia gratuita a cargo del Estado sobre la base de los requisitos normales de ingresos y fundamento de la solicitud, de conformidad con la normativa nacional (véase el punto 7).

Para las solicitudes relativas a obligaciones de alimentos no derivadas de una relación de filiación (y, por tanto, las solicitudes presentadas por el cónyuge u otras personas que tienen una relación de parentesco o afinidad), la justicia gratuita a cargo del Estado se concede si se cumplen los requisitos habituales de ingresos y fundamento de la solicitud, de conformidad con la normativa nacional (véase el punto 7).

En todos los casos se aplica el criterio de continuidad: el solicitante que ha gozado, total o parcialmente, de la justicia gratuita a cargo del Estado de origen también tiene derecho a la justicia gratuita a cargo del Estado en el procedimiento para solicitar en Italia el reconocimiento, el otorgamiento de la ejecución o la ejecución de la resolución.

Cuando se cumplen las condiciones antes mencionadas, la Autoridad Central italiana transmite la solicitud de admisión a la justicia gratuita a cargo del Estado al Colegio de Abogados competente, junto con toda la documentación necesaria presentada por el interesado.

El Colegio de Abogados delibera sobre la admisión a la justicia gratuita a cargo del Estado según las hipótesis descritas anteriormente.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Para tratar las solicitudes de cooperación transmitida en aplicación del Capítulo VII, la Autoridad Central italiana ha adoptado la siguiente metodología:

  • Promueve la solución amistosa de los litigios mediante el envío al deudor de una comunicación, invitándolo a que cumpla la obligación que le incumbe.
  • Solicita al deudor que se ponga en contacto con la Autoridad Central para acordar las modalidades de resolución del litigio.
  • Localiza al deudor por medio de la base de datos del Índice Nacional de Municipios Italianos y de la base de datos del Departamento de Administración Penitenciaria, o bien recurriendo a las oficinas locales de datos personales.
  • Recopila información sobre los ingresos y bienes del deudor por medio de la policía tributaria.
  • Facilita la obtención de pruebas documentales en el marco de la medida específica prevista en el artículo 51, apartado 2, letra g), del Reglamento, en colaboración con la autoridad judicial.
  • Interviene con vistas a la concesión de la justicia gratuita a cargo del Estado, de acuerdo con lo expuesto en los puntos 7 y 18.
Última actualización: 22/01/2018

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Pensiones alimenticias - Chipre

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Se refieren a la obligación de los progenitores de sustentar a su hijo menor en común, en función de sus posibilidades económicas, tanto si están juntos como separados. La obligación de alimentos se extiende además al excónyuge cuando este sea incapaz de asegurar su propio sostenimiento mediante sus recursos económicos propios.

Las personas obligadas a prestar alimentos son los padres a los hijos y a los excónyuges y los hijos mayores de edad a sus padres siempre que estos sean incapaces de asegurarse su propio sustento mediante su patrimonio o ingresos propios.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

La obligación de alimentos cesa con la mayoría de edad del hijo, es decir, a la edad de 18 años, salvo que tras la mayoría de edad el hijo no sea capaz de sostenerse a sí mismo. Esto es aplicable a los casos en los que el hijo sufra una enfermedad física o mental o no trabaje por estar estudiando en instituciones de enseñanza superior o profesional o cuando se trate de un hijo varón que cumpla su servicio militar obligatorio.

Conforme al Derecho chipriota y, especialmente, el artículo 34 de la Ley

216/90 sobre relaciones entre padres e hijos, también los hijos mayores de edad están obligados a prestar alimentos a sus padres.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Debe solicitarla a un órgano jurisdiccional y, concretamente, al Juzgado de Familia del distrito donde resida.

El procedimiento se inicia con una demanda de pensión de alimentos acompañada de una declaración jurada del solicitante, que se registra en el Archivo Judicial del órgano jurisdiccional. La demanda se notifica al demandado o solicitado (deudor) que tiene derecho a ser oído y a presentar recursos. En caso de mutuo acuerdo entre las partes, se decide la orden de pensión alimenticia de mutuo acuerdo. En caso contrario, se admite a trámite la demanda y el órgano jurisdiccional decide sobre la base de las declaraciones de las dos partes implicadas.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Cuando el beneficiario es menor de edad (es decir, hijo menor de 18 años), la solicitud es presentada por la persona que ostenta su custodia (por ejemplo, la madre), en nombre y a favor del beneficiario.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Conforme al artículo 12 de la Ley 23/90 sobre litigios familiares (modificada), cuando el beneficiario sea menor de edad, el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar de residencia del beneficiario o del deudor (artículo 12, apartado 1, letra b). En los demás casos (es decir, cuando el beneficiario es mayor de edad), el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar de residencia o de trabajo del solicitante (beneficiario) o del deudor (artículo 12, apartado 1, letra a).

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

El solicitante puede someter el asunto a los tribunales personalmente o mediante

un abogado.

En lo concerniente al procedimiento, consúltese el apartado 3 anterior.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

El procedimiento conlleva el pago de las costas en forma de honorarios de abogados (si el solicitante está representado por un abogado) y los gastos reales del juicio. Los importes vienen determinados por los reglamentos que dicta el Tribunal Supremo de Chipre. El importe exacto de los gastos viene determinado por la duración y la complejidad del procedimiento. En caso de que el solicitante no disponga de medios económicos suficientes, puede solicitar el beneficio de justicia gratuita en aplicación de la Ley 165(I)/2002 y sus modificaciones.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El tipo de pensión de alimentos que puede conceder el órgano jurisdiccional es de progenitor a hijo, de hijo a progenitor y de excónyuge a éxconyuge. El importe de la pensión de alimentos se calcula teniendo en cuenta las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del deudor. La pensión de alimentos incluye todo lo necesario para el sostenimiento y bienestar del beneficiario, además de los gastos de educación, en función del caso (artículo 37 de la Ley 216/90).

La orden de alimentos puede ser revisada por el órgano jurisdiccional previa solicitud del solicitante (o de su representante) si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares del beneficiario o si cambian las condiciones del deudor (artículo 38, apartado 1, de la Ley 216/90).

La Ley (artículo 38, apartado 2, de la Ley 216/90) prevé, independientemente del cambio de las condiciones y de los costes, un aumento automático del importe de la pensión de alimentos del diez por ciento (10 %) cada veinticuatro (24) meses, salvo que el órgano jurisdiccional dicte lo contrario.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La pensión de alimentos se paga al beneficiario, al tutor del beneficiario o al abogado de los anteriores de forma mensual mediante orden bancaria, cheque o efectivo.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

En caso de que la persona obligada por decreto a prestar alimentos se niegue a pagar, la pensión de alimentos se cobra de forma similar al cobro de multas coercitivas. El procedimiento incluye la emisión de orden de encarcelamiento (artículo 40, Ley 216/90).

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

De conformidad con la Ley 232/91, artículo 9, apartado 3, se exime al alimentante de la obligación de abonar cualquier cantidad debida en concepto de pensión de alimentos durante un periodo superior a dos años.

Del cálculo de este plazo se excluye cualquier periodo de ausencia del alimentante de la República de Chipre.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

No existe ninguna autoridad u organización de este tipo a nivel nacional.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Véase la respuesta anterior.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Sí, en este caso el solicitante/beneficiario puede solicitar ayuda a la autoridad central de la República, es decir, el Ministerio de Justicia y Orden Público.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

La persona interesada o su abogado pueden dirigirse a la autoridad central por teléfono, por escrito (mediante carta, fax o correo electrónico) o en persona.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

En el caso de que el solicitante/beneficiario se encuentre en otro país y el alimentante se encuentre en Chipre, el solicitante puede solicitar ayuda al Ministerio de Justicia y Orden Público, como autoridad central, a través de la correspondiente autoridad central del Estado en el que se encuentre, pero no directamente.

De forma alternativa, puede dirigirse directamente al órgano jurisdiccional a través de su abogado.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

En este caso concreto, se puede poner en contacto con la autoridad central chipriota por teléfono o por escrito (mediante carta, fax o correo electrónico) para solicitar asistencia para enviar una demanda de pensión de alimentos al órgano jurisdiccional nacional competente.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí, Chipre está vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No se aplica en el presente caso.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Conforme al nuevo Reglamento (CE) nº 4/2009 sobre las obligaciones de alimentos, las solicitudes deben enviarse directamente al órgano jurisdiccional competente de la República de Chipre a través de la autoridad central chipriota.

El acceso a la justicia se facilita además con la posibilidad de concesión de justicia gratuita tanto de conformidad con la legislación nacional, Ley 165(I)/2002, como en el marco de la correspondiente Directiva de la UE sobre la justicia gratuita en los litigios transfronterizos.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Para asegurar la correcta aplicación del artículo 51, la autoridad central colabora estrechamente con todas las autoridades competentes del Estado con el fin, entre otras cosas, de garantizar las informaciones solicitadas, como la dirección de residencia o trabajo del deudor, sus ingresos, etc., su localización y notificación al mismo de los documentos judiciales garantizando y prestando a las autoridades judiciales una dirección de notificación válida.

A pesar de la posibilidad de acceder a justicia gratuita, todo lo anterior, además del envío de la solicitud conforme al Reglamento (CE) nº 4/2009, se facilita a los solicitantes a través de la autoridad central, por lo que no se plantea la cuestión de la justicia gratuita.

Última actualización: 15/10/2019

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Pensiones alimenticias - Letonia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

La legislación de Letonia no ofrece una definición exhaustiva del término «alimentos», pero hay un concepto común que engloba las distintas cuestiones relativas a esta materia. Por ejemplo, se entiende por «alimentos a favor de los hijos» los gastos que los padres están obligados a atender a favor de los hijos, independientemente de su situación económica. La cuantía mínima de los alimentos a favor de los hijos ha sido establecida por el Consejo de Ministros (Ministru kabinets,). Este concepto de alimentos a favor de los hijos se define en la Ley del Fondo de Garantía de Alimentos.

El concepto común de alimentos, que aparece con distintos nombres, como el de «alimentos» propiamente dichos (uzturlīdzekļi) o el de «recursos para garantizar el nivel previo de bienestar» (līdzekļi iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai), se basa en la jurisprudencia. Por ejemplo, se entiende en general como alimentos entre cónyuges la ayuda económica a largo plazo que debe prestar un cónyuge a otro cuyas circunstancias económicas hayan empeorado.

Personas sujetas a la obligación de alimentos:

Obligación de los padres frente a los hijos

Los padres tienen obligación de alimentos frente a los hijos hasta que estos sean capaces de mantenerse por sí mismos. La obligación no termina, por tanto, con la mayoría de edad de los hijos. No obstante, se remite a los tribunales la determinación de si hay obligación de alimentos frente a un hijo mayor de edad que abandona la educación o la formación profesional y puede mantenerse con su propio trabajo pero no lo hace. Debe tenerse en cuenta que la obligación de alimentos de los padres debe ser proporcionada a su situación económica. En cualquier caso, les incumbe siempre la obligación de proporcionar los alimentos mínimos establecidos por el Estado, con independencia de su situación económica. La obligación es independiente de que los hijos residan con alguno de los padres o vivan por su cuenta.

La obligación incluye la alimentación, vestido, vivienda, asistencia sanitaria, cuidado personal, educación y crianza (asegurando su desarrollo físico y mental con debida atención a su personalidad, capacidades e intereses y su preparación para trabajar de forma útil en la sociedad).

Obligación de los hijos frente a los padres

Los hijos tienen también la obligación de alimentos frente a los padres en la misma medida. Si la situación financiera de los hijos es desigual, corresponde a los tribunales concretar su obligación de alimentos frente a los padres de forma proporcionada a su respectiva situación económica.

Obligación de los cónyuges entre sí

En caso de anulación del matrimonio, si uno de los cónyuges tenía conocimiento de la posibilidad de tal anulación en el momento de su celebración, el otro cónyuge puede exigirle recursos que sean proporcionados a su situación económica para garantizar el nivel previo de bienestar. En caso de divorcio, del mismo modo, cualquiera de los cónyuges puede exigirle al otro recursos que sean proporcionados a su situación económica para garantizar el nivel previo de bienestar.

No hay obligación de alimentos frente al cónyuge si:

  1. el tiempo transcurrido desde el divorcio o la anulación es igual al tiempo de duración del matrimonio o la cohabitación,
  2. el otro cónyuge se ha casado de nuevo,
  3. el otro cónyuge tiene ingresos que cubran su mantenimiento,
  4. el otro cónyuge renuncia a los alimentos con su propio trabajo,
  5. el cónyuge obligado a alimentos no dispone de medios suficientes de subsistencia o está incapacitado para trabajar,
  6. el otro cónyuge ha cometido una infracción penal contra el cónyuge obligado a alimentos o contra la vida, la salud, la libertad, los bienes o el honor de los parientes del mismo en línea ascendente o descendente,
  7. el otro cónyuge ha dejado desasistido al cónyuge obligado a alimentos pese a tener la posibilidad de prestarle asistencia,
  8. el otro cónyuge ha presentado deliberadamente una acusación falsa de infracción penal contra las personas citadas en el punto 6,
  9. el otro cónyuge ha vivido de forma inmoral o despilfarradora,
  10. ha fallecido o se considera fallecido cualquiera de los cónyuges, o
  11. concurren otros motivos de peso.

Obligación de los abuelos frente a los nietos

En ausencia de padres o si estos no son capaces de mantener al hijo, la obligación corresponde a los abuelos en igual medida. Si la situación económica de los abuelos es desigual, corresponde a los tribunales concretar su obligación de alimentos de forma proporcionada a su respectiva situación.

Obligación de los nietos frente a los abuelos

Los nietos tienen asimismo por igual la obligación de alimentos frente a los abuelos, en caso necesario. Si la situación económica de los nietos es desigual, corresponde a los tribunales concretar su obligación de alimentos de forma proporcionada a su respectiva situación.

Obligación de alimentos en virtud de contrato previo

Las partes pueden otorgar un contrato de alimentos. En virtud de este contrato, una parte se obliga a entregar a la otra una determinada prestación material en efectivo o en especie y esta última se obliga a mantener a aquella hasta el final de su vida o durante un período determinado. A menos que se convenga otra cosa, la obligación de alimentos incluye la alimentación, vivienda, vestido y cuidados; si el destinatario es un menor, incluye también su crianza y su educación en un centro de enseñanza primaria.

Obligación de alimentos derivada de lesiones

Si una persona obligada a pagar alimentos a otra fallece a consecuencia de lesiones, la obligación se transmite al responsable del fallecimiento. La cuantía queda a discreción del tribunal, teniendo en cuenta la edad del fallecido, su capacidad de mantenerse a sí mismo antes del fallecimiento y las necesidades del perceptor de los alimentos. No existe tal obligación si este último dispone de medios suficientes de subsistencia.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Los padres tienen obligación de alimentos frente a los hijos hasta que estos sean capaces de mantenerse por sí mismos. La obligación no termina, por tanto, con la mayoría de edad de los hijos. No obstante, se remite a los tribunales la determinación de si hay obligación de alimentos frente a un hijo mayor de edad que abandona la educación o la formación profesional y puede mantenerse con su propio trabajo pero no lo hace.

La legislación letona no define cuáles son los recursos que garantizan el nivel de bienestar previo del otro cónyuge, ni el contenido de la obligación frente a los padres o los abuelos.

Sí define la obligación de alimentos frente a los hijos, que incluye la alimentación, vestido, vivienda, asistencia sanitaria, cuidado personal, educación y crianza de los niños (asegurando su desarrollo físico y mental con debida atención a su personalidad, capacidades e intereses y su preparación para trabajar de forma útil en la sociedad). La cuantía de los alimentos está supeditada al derecho del hijo a unas condiciones de vida adecuadas y a sus necesidades efectivas.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Para exigir los alimentos, el solicitante ha de acudir a los tribunales siguiendo un procedimiento establecido en la Ley de enjuiciamiento civil, que exige la presentación de una demanda y otros documentos.

Los padres pueden otorgar asimismo un contrato, formalizado ante notario (notarial akts), en el que se establezca el pago mensual de alimentos. Este tipo de contrato, de carácter civil, tiene efectos jurídicos para ambas partes. En caso de incumplimiento por uno de los padres de la obligación contractual de realizar pagos fijos o periódicos de alimentos, se puede exigir su cumplimiento ante el agente judicial competente (tiesu izpildītājs).

Letonia ha establecido un Fondo de Garantía de Alimentos (Uzturlīdzekļu garantiju fonds) para cubrir el pago de alimentos frente a los hijos, en su caso, con cargo al presupuesto del gobierno central. El tenedor de los activos es la Administración del Fondo (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), que depende directamente del Ministerio de Justicia.

El Fondo de Garantía de Alimentos atiende las peticiones de alimentos del acreedor previa reclamación judicial infructuosa al obligado inicial.

La Administración del Fondo de Garantía de Alimentos sólo adelanta el pago de los alimentos una vez que los tribunales han declarado imposible la ejecución de una resolución de pago de alimentos o si el deudor cumple dicha resolución pero no paga la cuantía mínima establecida por el Estado.

La Administración del Fondo está obligada a exigir el cobro al deudor, sin necesidad de resolución judicial especial, por la cuantía de los alimentos que haya desembolsado.

El procedimiento general que debe seguirse ante la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos es el siguiente:

El solicitante (el hijo acreedor de los alimentos) presenta la solicitud directamente a la Administración del Fondo, adjuntando los siguientes documentos:

  • copia de la resolución judicial por la que se declare la obligación de pago de alimentos;
  • certificado emitido por un agente judicial competente en el que se acredite la imposibilidad de ejecución de la resolución de pago de alimentos o el cumplimiento por el deudor de dicha resolución pero sin pagar la cantidad mínima de alimentos establecida por el Estado; el certificado debe presentarse a la Administración del Fondo en el plazo de un mes desde su emisión;
  • si la solicitud se presenta mediante representante autorizado, documento que certifique tal autorización.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Sí, la demanda puede ser presentada por un representante autorizado en nombre de un pariente o un familiar cercano. En el caso de los hijos menores, la demanda puede ser presentada por sus representantes legales, es decir, los padres o tutores.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Las normas de procedimiento declaran competente en materia de alimentos al tribunal de distrito o de la ciudad (rajona (pilsētas) tiesa).

La competencia de los tribunales de Letonia está reconocida en:

  • Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos («Reglamento sobre obligaciones de alimentos»);
  • los tratados bilaterales y multilaterales vinculantes para la República de Letonia;
  • la Ley de enjuiciamiento civil, si no son de aplicación las disposiciones del Reglamento sobre obligaciones de alimentos o de los tratados.

La Ley de enjuiciamiento civil establece las reglas sobre competencia territorial en materia de alimentos:

  • la demanda puede presentarse ante el tribunal del lugar de residencia del demandado;
  • si se desconoce su lugar de residencia o no tiene residencia permanente en el país, puede presentarse ante el tribunal del lugar donde tenga bienes inmuebles o de su última residencia conocida;
  • la demanda de cobro de alimentos a favor de un hijo o un padre puede presentarse también ante el tribunal del lugar de residencia del demandante;
  • las demandas relativas a obligaciones de alimentos por lesiones pueden presentarse también en el lugar de residencia del demandante o en el lugar de producción de las lesiones.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Para interponer la demanda, el demandante no necesita abogado u otro intermediario. Tampoco ha de acudir previamente a un acto de conciliación.

No obstante, el juez debe tratar de conciliar a las partes durante la preparación del juicio, procurando que lleguen a un acuerdo antes de examinar el fondo.

Debe resaltarse que las partes pueden llegar a un acuerdo sobre las obligaciones de alimentos antes de acudir a los tribunales.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de enjuiciamiento civil, están exentas del pago de las costas judiciales al Estado (tasas administrativas [valsts nodeva], tasas judiciales [kancelejas nodeva] y costas procesales [ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi]) las siguientes personas:

  • los demandantes, en las demandas de cobro de alimentos a favor de los hijos o los padres y en las demandas de determinación de la paternidad si se presentan conjuntamente con las de cobro de alimentos a favor de los hijos;
  • los solicitantes del reconocimiento, o del reconocimiento y la ejecución, de resoluciones de tribunales extranjeros en materia de pago de alimentos a favor de los hijos o los padres;
  • los demandantes en caso de lesiones con resultado de mutilación o de otros daños a la salud o fallecimiento;
  • los demandados en caso de reducción de los pagos de alimentos a favor de los hijos o los padres en virtud de resolución judicial.

El escrito de demanda (prasības pieteikumu) puede ser una demanda inicial o una reconvención, una solicitud presentada en un caso ya pendiente por un tercero con un derecho independiente en relación con el objeto del conflicto, una solicitud en un procedimiento especial u otra solicitud presentada ante el tribunal conforme a la legislación aplicable; en cualquier caso, al presentar el escrito deben abonarse las tasas siguientes:

  • hasta 2 134 €: 15 % de la cuantía demandada, con un mínimo de 71,14 €;
  • entre 2 135 y 7 114 €; 320,10 € más el 4 % de la cuantía demandada que exceda de 2 134 €;
  • entre 7 115 y 28 457 €: 519,30 € más el 3,2 % de la cuantía demandada que exceda de 7 114 €;
  • entre 28 458 y 142 287 €: 1 202,28 € más el 1,6 % de la cuantía demandada que exceda de 28 457 €;
  • entre 142 288 y 711 435 €: 3 023,56 € más el 1 % de la cuantía demandada que exceda de 142 287 €;
  • más de 711 435 €: 8 715,04 € más el 0,6 % de la cuantía demandada que exceda de 711 435 €.

En los casos de alimentos, se considera como cuantía demandada el total anual.

En Letonia, la asistencia jurídica a los demandantes o solicitantes que tengan derecho a ella conforme al Reglamento sobre obligaciones de alimentos corre a cargo de la autoridad central competente, que es la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos. Esta Administración presta asistencia jurídica y garantiza la representación ante los tribunales y órganos de ejecución letones de los acreedores por alimentos nacionales y de los acreedores extranjeros que tengan derecho a asistencia jurídica conforme al Reglamento.

En los casos no previstos en el Reglamento sobre obligaciones de alimentos, el Estado presta asistencia jurídica a las personas cuya situación especial o cuyos bienes e ingresos les impidan exigir el cumplimiento sus derechos. La asistencia jurídica está regulada en la Ley de asistencia jurídica del Estado.

En estos casos, la asistencia jurídica cubre los gastos de elaboración de los documentos procesales, las consultas jurídicas durante el procedimiento y la representación ante los tribunales. En los conflictos transfronterizos, además de la asistencia propiamente dicha se incluyen el derecho a recibir los servicios de un intérprete, la traducción de ciertos documentos judiciales y extrajudiciales y de documentos presentados por el demandante necesarios para resolver el caso y, en ciertos supuestos, el pago de los gastos de viaje a las vistas del juicio. El Estado no cubre las costas judiciales, que incluyen las tasas administrativas, las tasas judiciales y las costas procesales (por ejemplo, las cantidades que deben pagarse a testigos y peritos, los gastos de interrogatorio de testigos, los gastos de traslado de la demanda y citación al demandado, etc.) No obstante, el tribunal puede eximir total o parcialmente de las costas o permitir su pago a plazos atendiendo a las circunstancias materiales de la persona.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

Cuando el tribunal reconoce a un hijo el derecho a percibir alimentos, puede hacerlo fijando su cuantía, o declarando que han de cubrirse los gastos, por ejemplo, de alimentación, vestido, vivienda, etc., o bien ambas cosas a la vez.

Para determinar la cuantía de los alimentos, el tribunal tendrá en primer lugar en cuenta la situación material de las partes, sus condiciones de vida y familiares, con la debida consideración a las pruebas que aporten.

En los casos de alimentos a favor de un hijo, el tribunal valorará todas las circunstancias y pruebas del caso y determinará la cuantía. La cuantía mínima de los alimentos que los padres deben pagar mensualmente con arreglo a las normas establecidas por el Estado desde el nacimiento del niño hasta que alcanza los 7 años de edad es el 25 % del salario mínimo mensual; y entre 7 y 18 años, el 30 % del salario mínimo mensual.

Una vez declarada la obligación de alimentos, cualquier cambio en su cuantía y periodicidad o la exención del pago requieren la presentación de una nueva solicitud del interesado. El tribunal revisará la cuantía al alza o a la baja en un nuevo procedimiento atendiendo a los cambios en la situación material y las circunstancias familiares de las partes.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

El deudor de los alimentos debe pagarlos al acreedor. Si la demanda es presentada por los padres o tutores en nombre de un hijo menor, los alimentos se le abonan a ellos, en lugar de al menor. Tradicionalmente, los alimentos se pagan periódicamente en cantidades fijas, por ejemplo en forma de retenciones del salario; existen también otras modalidades menos frecuentes.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si el deudor no paga los alimentos voluntariamente, el acreedor debe obtener un mandamiento de ejecución (izpildu raksts) del tribunal que impuso la obligación. El mandamiento de ejecución de dicho tribunal o el mandamiento dictado en otro Estado miembro de la UE debe presentarse para su ejecución al agente judicial competente (tiesu izpildītājs) dentro de los 10 años siguientes a aquel en que surtió efecto la resolución judicial, a menos que se apliquen otros plazos de prescripción. (Si los alimentos se hacen efectivos en forma de pagos periódicos, el mandamiento de ejecución estará vigente durante todo el período para el que se haya declarado la obligación, y el plazo de prescripción empezará a contarse desde el último día de cada pago). La ejecución forzosa será iniciada por el agente judicial previa solicitud escrita del interesado. El agente judicial aceptará el mandamiento de ejecución si tiene competencia territorial sobre el lugar de residencia del deudor o de ubicación de sus bienes o su lugar de trabajo (iecirknis). Podrá aceptar también los mandamientos de ejecución que deban ejecutarse en el territorio de otro tribunal regional (apgabaltiesa) al que esté asignado.

Entre las medidas de ejecución forzosa pueden citarse el cobro contra bienes muebles pertenecientes al deudor, incluidos los que se hallen en poder de otras personas, y contra bienes intangibles del deudor, mediante su venta; el cobro contra deudas de otras personas a favor del deudor (salario o pagos equivalentes y otros ingresos del deudor o depósitos en entidades de crédito); el cobro contra bienes inmuebles del deudor, mediante su venta; y otras medidas establecidas en la resolución judicial.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Conforme al artículo 570 de la Ley de enjuiciamiento civil, no puede procederse al cobro contra los bienes del deudor cuando este trabaja o recibe una pensión o una beca y la cantidad a cobrar no excede de la parte de los ingresos mensuales ejecutables con arreglo a la ley. La Ley establece ciertas clases de bienes contra los que no puede procederse, como determinados electrodomésticos y equipos del hogar o el vestido necesario del deudor y de los familiares a su cargo. De acuerdo con el artículo 594 de la Ley, se retendrán las cantidades oportunas del salario o de otras percepciones equivalentes con arreglo a los documentos de ejecución, hasta el cobro total de la deuda, con sujeción a las reglas siguiente:

  • en los casos de alimentos en concepto de alimentación de un hijo menor o a favor de la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos, se respetará una porción del salario o de otras percepciones equivalentes del deudor igual al 50 % del salario mínimo mensual, y por cada hijo menor a cargo se respetarán recursos equivalentes al importe de la prestación de seguridad social del Estado;
  • en los demás casos de alimentos, la cantidad que se retenga del salario o de otras percepciones equivalentes del deudor podrá ascender al 50 %, pero se respetará el salario mínimo mensual, y por cada hijo menor a cargo se respetarán recursos equivalentes al importe de la prestación de seguridad social del Estado.

Conforme al artículo 632 de la Ley de enjuiciamiento civil, el acreedor o deudor en virtud de una resolución judicial puede impugnar, alegando los motivos, los actos realizados por el agente judicial en ejecución de la resolución o su negativa a realizarlos, excepto en ciertos casos; la impugnación debe presentarse ante el tribunal de distrito o de la ciudad en que tenga su sede el agente judicial en el plazo de 10 días desde la realización de los actos o, si el reclamante no hubiera sido notificado del lugar y el momento de su realización, desde la fecha en que tuviera conocimiento de ellos. El artículo 634 establece que si una resolución judicial ya ejecutada se revoca posteriormente y se dicta una nueva resolución desestimatoria de la demanda o por la que se suspenda el procedimiento o se deje sin resolver la cuestión, se revocará también la ejecución de la resolución y deberán devolverse al demandado todas las cantidades cobradas por el demandante.

Conforme al artículo 546 de la Ley, los documentos ejecutivos mantienen su vigencia durante los 10 años siguientes a aquel en que haya entrado en vigor la resolución judicial, a menos que la ley establezca otro plazo de prescripción. Si se perciben pagos periódicos en virtud de una resolución judicial, el documento de ejecución estará vigente durante todo el período para el que se haya declarado la obligación, y el plazo de prescripción empezará a contarse desde el último día de cada pago.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Puede solicitarse a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos el pago de los alimentos a favor del hijo una vez que los tribunales hayan declarado imposible la ejecución de la resolución de pago de los mismos o si el deudor cumple dicha resolución pero no paga la cuantía mínima de alimentos.

De acuerdo con el Reglamento sobre obligaciones de alimentos, puede solicitarse a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos el pago de los alimentos de un deudor que ya no se encuentre en Letonia. La Administración del Fondo desempeña la función de autoridad central de Letonia a los efectos del Reglamento.

De acuerdo con el Reglamento, la persona con derecho a alimentos puede presentar ante la Administración del Fondo una solicitud dirigida a otro Estado miembro de la UE para:

  1. obtener una resolución por la que se ordene el pago de los alimentos en el país de residencia del demandado;
  2. ajustar la cuantía de los alimentos (al alza o a la baja);
  3. obtener una resolución por la que se ordene el pago de los alimentos y la determinación de la paternidad del niño en el país de residencia del demandado;
  4. obtener el reconocimiento de una resolución de un tribunal letón por la que se ordene el pago de alimentos, para que se declare ejecutable o se disponga su ejecución.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

La Administración del Fondo de Garantía de Alimentos puede pagar los alimentos a favor de un hijo en lugar del deudor si ha sido declarada imposible la ejecución de la resolución judicial de pago de los mismos o si el deudor cumple dicha resolución pero no paga la cuantía mínima establecida por el Estado. Si la Administración del Fondo paga los alimentos, puede reclamar la cantidad que haya pagado más los intereses legales (véase el artículo 3).

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Si el demandante y el menor tienen residencia permanente en Letonia pero el deudor de los alimentos reside en otro país, el demandante puede acudir a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos si se ha declarado imposible la ejecución de la resolución judicial de pago de los mismos o si el deudor cumple dicha resolución pero no paga la cuantía mínima de alimentos.

Si el deudor reside en otro país y no tiene bienes ejecutables en Letonia, el demandante debe solicitar el reconocimiento y la ejecución de la resolución judicial en el país en cuestión antes de acudir a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos. Si la ejecución de la resolución en el otro país resulta imposible, el demandante puede solicitar a la Administración del Fondo que ocupe el lugar del deudor en relación con los alimentos en cuestión.

La Administración del Fondo desempeña el papel de autoridad central a efectos del Reglamento sobre obligaciones de alimentos (véanse los apartados 3 y 13) y puede solicitarse su ayuda en el marco de dicho Reglamento.

Si un tribunal letón dicta una resolución sobre la ejecución de una obligación de alimentos y una persona residente en Letonia desea que esa resolución se reconozca o ejecute en otro Estado miembro de la UE, o que se dicte una resolución judicial contra un deudor residente en otro Estado miembro, la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos puede ayudarle, conforme al Reglamento sobre obligaciones de alimentos, a remitir la resolución del tribunal letón al país en cuestión para su reconocimiento o ejecución o para que se dicte la resolución solicitada.

La Administración del Fondo puede actuar en lugar del deudor y pagar los alimentos a un hijo menor, así como proporcionar información en materia de alimentos

(véanse los apartados 3 y 13).

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Administración del Fondo de Garantía de Alimentos (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija)

Dirección: Pulkveža Brieža iela 15, Riga

LV-1010, Letonia

Teléfono: +371 67830626

Fax: +371 67830636

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanapasts@ugf.gov.lv

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Si el acreedor de alimentos se encuentra en otro Estado miembro de la UE y el deudor en Letonia, aquel puede presentar su solicitud conforme al Reglamento sobre obligaciones de alimentos a la autoridad central del país en que resida. En la solicitud puede pedir que se dicte una resolución por la que se ordene el pago de los alimentos en Letonia, donde reside el deudor; una resolución por la que se ordene el pago de alimentos simultáneamente a la determinación de la paternidad en Letonia o una resolución en la que se declare ejecutable en Letonia una resolución extranjera por la que se ordene el pago o una resolución de ejecución de una resolución extranjera. Conforme al Reglamento, la autoridad central del otro país realizará los trámites necesarios y remitirá la solicitud del acreedor a la autoridad central letona. La autoridad central letona (la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos) ayudará al demandante extranjero a presentar una resolución judicial extranjera para su ejecución, o para su reconocimiento y ejecución, en Letonia o a presentar una solicitud de cobro de alimentos ante un tribunal letón del lugar de residencia del deudor o una solicitud de cobro de alimentos simultáneamente a la determinación de la paternidad en Letonia.

Si se declara imposible la ejecución de una resolución judicial de pago de alimentos o si el deudor la cumple pero no paga la cuantía mínima de alimentos, la persona que resida permanentemente con su hijo en Letonia, ambos con residencia declarada en el país, puede solicitar el pago de los alimentos a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos.

Conforme al Reglamento sobre obligaciones de alimentos, cada persona debe acudir a la autoridad central del país en que resida. La persona que resida en Letonia puede acudir a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos para:

  1. obtener una resolución por la que se ordene el pago de los alimentos en otro Estado miembro de la Unión Europea en que tenga su residencia el demandado;
  2. obtener una resolución por la que se ordene el pago de los alimentos junto con la determinación de la paternidad en otro Estado miembro de la Unión Europea en que tenga su residencia el demandado;
  3. si ya se ha dictado una resolución de pago de alimentos, obtener el reconocimiento de la misma y que se declare ejecutable y se ejecute en otro Estado miembro de la UE en el que resida el demandado.

Si se declara imposible la ejecución de una resolución judicial de pago de alimentos o si el deudor la cumple pero no paga la cuantía mínima de alimentos, la persona que resida permanentemente con su hijo en Letonia, ambos con residencia declarada en el país, puede solicitar el pago de los alimentos a la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos.

Administración del Fondo de Garantía de Alimentos (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija)

Dirección: Pulkveža Brieža iela. 15, Riga

LV-1010, Letonia

Teléfono: +371 67830626

Fax: +371 67830636

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanapasts@ugf.gov.lv

Conforme al Reglamento sobre obligaciones de alimentos, la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos desempeña las funciones de autoridad central en Letonia.

La Administración del Fondo de Garantía de Alimentos adelanta el pago de alimentos al acreedor en lugar del deudor si ha sido declarada imposible la ejecución de una resolución judicial de pago de alimentos o si el deudor cumple dicha resolución pero no paga la cuantía mínima de alimentos.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Letonia está sujeta al Protocolo de La Haya de 2007.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

Letonia está sujeta al Protocolo de La Haya de 2007.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Conforme al artículo 43 de la Ley de enjuiciamiento civil, están exentas del pago de las costas judiciales al Estado las siguientes personas:

  • los demandantes, en las demandas de cobro de alimentos a favor de los hijos o los padres y en las demandas de determinación de la paternidad si se presentan conjuntamente con las de cobro de alimentos de los hijos;
  • los solicitantes del reconocimiento, o del reconocimiento y la ejecución, de resoluciones de tribunales extranjeros en materia de pago de alimentos a favor de los hijos o los padres;
  • los demandados, en las demandas de reducción de los pagos de alimentos a favor de los hijos o los padres en virtud de resolución judicial.

Si un antiguo cónyuge o un demandante que reclame el reconocimiento únicamente, o bien el reconocimiento y la ejecución, de una resolución de un tribunal extranjero sobre el pago de alimentos a su favor solicita el cobro de los recursos para garantizar el nivel previo de bienestar, conforme al artículo 43, artículo 4, podrá ser eximido total o parcialmente por el tribunal del pago de las costas judiciales al Estado o beneficiarse del aplazamiento o la división en plazos de su pago atendiendo a su situación económica.

En Letonia, la asistencia jurídica a los demandantes o solicitantes que tengan derecho a la misma conforme al Reglamento sobre obligaciones de alimentos corre a cargo de la autoridad central creada con arreglo al mismo, que es la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos. Dicha Administración presta asistencia jurídica y garantiza la representación ante los tribunales y órganos de ejecución letones a los acreedores de alimentos nacionales y a los acreedores extranjeros que tengan derecho a asistencia jurídica conforme al Reglamento.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Letonia ha modificado varias leyes y reglamentos nacionales para que la autoridad central establecida con arreglo al Reglamento sobre obligaciones de alimentos desempeñe las funciones previstas en el artículo 51. Dichas leyes y reglamentos garantizan la asistencia jurídica a los acreedores o solicitantes transfronterizos que tengan derecho a ella conforme al Reglamento, incluida la representación ante los tribunales y los órganos de ejecución. Para identificar el lugar de residencia del deudor o del acreedor en Letonia y obtener información sobre sus ingresos y sobre la ubicación de sus bienes en el país, la autoridad central de Letonia, es decir, la Administración del Fondo de Garantía de Alimentos, tiene acceso directo a diversos registros de Letonia que poseen tal información. La información a la que la autoridad central tiene acceso en los respectivos registros puede permitirle obtener documentos y pruebas. La Administración del Fondo de Garantía de Alimentos puede acudir a los tribunales de Letonia en nombre de los demandantes o solicitantes para iniciar o facilitar los procedimientos, obtener las medidas provisionales necesarias y reunir pruebas. La Administración del Fondo de Garantía de Alimentos puede presentar ante los tribunales en nombre del demandante una demanda de determinación de la paternidad del menor si lo hace junto con la demanda de cobro de alimentos.

Última actualización: 07/02/2019

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Pensiones alimenticias - Luxemburgo

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

La obligación de alimentos se impone por ley a quien tenga los medios para atender las necesidades de otra persona con la cual está unida por un relación de parentesco o unión. Así, las personas que pueden recibir alimentos son, en particular, las siguientes:

  • un cónyuge por parte del otro o de su excónyuge (artículos 212, 214 y 246 del Código civil) o una pareja por parte de la otra, siempre que estén unidos en el sentido de la Ley (modificada) de 9 de julio de 2004 sobre los efectos jurídicos de ciertas parejas de hecho, o de su expareja bajo determinadas condiciones;
  • los hijos por parte de sus padres (artículos 203, 372 ter, 376 ter, 376 quater y 376 quinquies del Código civil);
  • los padres y otros ascendientes por parte de sus hijos (artículo 205 del Código Civil);
  • los suegros por parte de sus yernos y nueras (artículo 206 del Código Civil).

«Los alimentos solamente se deben desde que se reclaman»: esta máxima refleja el principio de que los alimentos están destinados a cubrir las necesidades actuales y futuras, no a reembolsar gastos del pasado. Se trata de una regla que tiene el valor jurídico de una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario, ya que el acreedor puede demostrar, por ejemplo, que ha tenido que contraer deudas para subsistir o que no se ha mantenido inactivo o no ha podido actuar.

Las deudas alimenticias no son compensables, salvo con otras deudas que tengan también el carácter de alimentos.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

En materia de custodia compartida, cada uno de los padres, estén casados, solteros, separados o divorciados, tiene la obligación de contribuir al mantenimiento y educación de los hijos de manera proporcional a sus recursos, a los del otro padre, así como a las necesidades del hijo. Si los padres están divorciados o separados, tanto si la custodia es compartida como si no lo es, deben seguir contribuyendo conjuntamente a los gastos de mantenimiento y educación del hijo, salvo que haya una sentencia que diga lo contrario. Esta contribución adopta la forma de una pensión alimenticia y no cesa automáticamente cuando el hijo es mayor de edad. Si el hijo es mayor de edad, se le puede entregar directamente, además puede revisarse en función de sus necesidades y de la evolución de los recursos y gastos de cada uno de los padres.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

El juez de familia del tribunal del distrito es el competente en materia de pensiones alimenticias, de ejercicio de la patria potestad y de divorcios y separaciones.

Para reclamar los alimentos, el alimentista debe dirigirse al juez de familia. Si se presenta la demanda de alimentos en un proceso de divorcio o de separación, es el tribunal de familia, al resolver la demanda de divorcio o de separación, el que decide sobre ella.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

En caso de tutela o de curatela, la demanda puede ser presentada por el tutor o curador en nombre de un padre o un menor.

En el caso de los menores bajo la patria potestad de un padre, puede ser presentada por estos en su nombre.

El menor no tiene capacidad de obrar y no está legitimado para presentar por sí mismo la demanda, excepto si el menor tiene uso de razón, tal y como se establece en el artículo 1007 unquinquagies del nuevo Código de procedimiento civil. En este contexto, el menor con uso de razón puede dirigirse al juez de familia, mediante un escrito de demanda presentado ante el tribunal del distrito, para solicitar la modificación de la patria potestad, la custodia o el derecho de visita. En tal caso, el órgano jurisdiccional asigna, mediante auto, un abogado al menor en el plazo de quince días.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

El tribunal de distrito competente es:

1.º el del lugar de residencia de la familia;

2.º si los padres viven separados, el del domicilio del padre con el que vive normalmente el menor si la custodia es compartida, o el del domicilio del padre que tenga la custodia si esta es exclusiva;

3.º en el resto de casos, el órgano jurisdiccional del domicilio donde reside el padre que no ha iniciado el proceso.

En el caso de demanda conjunta, el órgano jurisdiccional competente será el del lugar de residencia de una u otra de las partes, a su discreción.

Sin embargo, si el litigio se refiere solamente a la pensión de alimentos entre cónyuges, la contribución a la manutención y la educación de los hijos, la contribución a las cargas del matrimonio, o las medidas urgentes y provisionales en caso de cese de una unión registrada, el órgano jurisdiccional competente podrá ser el del lugar de residencia del cónyuge o ex pareja en posición acreedora o el que asuma la responsabilidad principal de los hijos, aunque estos sean mayores de edad.

La competencia territorial la determina el domicilio en el día de la demanda o, en materia de divorcio, el día en el que se presenta la solicitud inicial.

Cuando se soliciten los «alimentos» en el marco de un proceso de divorcio, el órgano jurisdiccional competente será el que se ocupe de la demanda de divorcio.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

El demandante puede someter el asunto al juez de familia presentando la demanda en la secretaría del tribunal del distrito, que la notifica a la parte contraria. Las partes en el litigio no requieren de la asistencia de un abogado en el tribunal, salvo si los «alimentos» se solicitan en el marco de un procedimiento de divorcio debido a la ruptura irreparable de las relaciones conyugales o de un procedimiento de separación. En estos últimos casos, es obligatoria la intervención de abogado.

En todos los casos, el demandante debe aportar al juez todos los documentos que acrediten su estado de necesidad. Puede tratarse de nóminas, de certificados de no tributación, de desempleo o de incapacidad laboral permanente, de alquiler, de créditos de hijos a cargo, de gastos de mantenimiento y educación, etc.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

En caso de proceso, hay que considerar, entre otros gastos, las tasas judiciales y las costas que puedan imponerse a la parte que sea condenada en todo o en parte. Hay que prever además, en su caso, los honorarios del abogado.

Las personas cuyos ingresos se consideran insuficientes según la legislación luxemburguesa pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita. Para ello, deben cumplimentar un cuestionario que se les facilitará en el servicio central de asistencia social y remitirlo al decano del Colegio de Abogados competente en el territorio, que decidirá al respecto.

Si el decano del Colegio de Abogados concede la asistencia jurídica gratuita, esta cubrirá todos los gastos relativos a los trámites, los procedimientos o las actuaciones para los que se haya concedido; en particular, a los derechos de timbre y de registro, los gastos de secretaría, los honorarios de los abogados, los derechos y gastos de los agentes judiciales, los gastos y honorarios de los notarios, los gastos y honorarios de los peritos, las tasas de los testigos, los honorarios de los traductores e intérpretes, los gastos de los dictámenes de ley, los gastos de desplazamiento, los derechos y gastos de los trámites de inscripción de hipotecas y prendas, así como los gastos de publicación en la prensa, en su caso.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

  • Sobre el tipo de pensión

Durante el proceso y una vez dictada la sentencia de divorcio o de separación, los alimentos se pagan habitualmente en forma de pensión de periodicidad mensual. No obstante, puede revestir también la forma de un capital pagado en una sola vez o mediante cesión de bienes en especie.

En cuanto a la contribución al mantenimiento y educación de los hijos, puede revestir la forma de una pensión de periodicidad mensual o de una asunción directa de la totalidad o parte de los gastos correspondientes en beneficio de los hijos. Puede hacerse efectiva, por último, en forma de un derecho de uso o de habitación.

Si el obligado al pago de los alimentos justifica la imposibilidad de pagar la pensión, puede obligársele a albergar en su casa, alimentar y mantener al beneficiario.

  • Sobre la fijación de la pensión

No hay ningún baremo de referencia. La cuantía de la pensión se fija en función de los recursos del deudor y las necesidades del acreedor.

  • Sobre la actualización

Con objeto de adaptar la pensión a la evolución del coste de la vida, el juez puede decidir, incluso de oficio, su actualización aplicando una cláusula de variación prevista legalmente.

  • Sobre la revisión

En caso de cambio de las circunstancias, salvo que se haya abonado en un pago fijo en el marco de un divorcio, la pensión de alimentos puede revisarse, al alza o a la baja, o incluso suprimirse. A falta de acuerdo entre las partes, la supresión o reducción debe ser decidida por el órgano jurisdiccional.

Asimismo, puede modificar la cuantía de la pensión que haya sido fijada de común acuerdo por las partes. Esa facultad no se puede ejercer solamente si cambian las circunstancias respectivas del acreedor y del deudor, sino también, incluso en ausencia de cambio, si el juez entiende que la cuantía de la pensión es insuficiente o resulta excesiva.

La duración de la atribución de una pensión alimenticia otorgada a un cónyuge en caso de divorcio por ruptura irreparable de las relaciones conyugales no puede ser superior a la duración del matrimonio, salvo en circunstancias excepcionales.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

Durante el proceso y una vez dictada la sentencia de divorcio o de separación, la pensión de alimentos se paga al cónyuge beneficiario.

La contribución al mantenimiento y la educación de los hijos ha de ser abonada por uno de los padres al otro o a la persona a la que los hijos se hayan confiado. Al alcanzar los hijos la mayoría de edad, el juez puede decidir o los padres acordar que se les pague a ellos directamente, en todo o en parte.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

El acreedor dispone de varios medios para obligar al deudor reacio a pagar la pensión:

Por la vía civil:

El acreedor tiene a su alcance varias posibilidades:

  • En caso de divorcio, puede someter el asunto al juez de familia mediante una demanda ante el tribunal del distrito para que le autorice a percibir, a excepción de su excónyuge y sin perjuicio de los derechos de terceros, los ingresos y los productos del trabajo de dicho deudor, como las pensiones y rentas que le correspondan y cualesquiera otras cantidades que le sean debidas por terceros, en las proporciones y condiciones que determine el propio juez. Esta resolución se puede revisar en caso de cambio de las circunstancias.
  • Puede recurrir también a los medios de ejecución de derecho común, es decir, la retención (por ejemplo, en una cuenta bancaria) o el embargo de bienes muebles (automóvil, joyas, etc.) o de bienes inmuebles (casa, terreno, etc.), en virtud de una resolución judicial o de un título ejecutivo.

Por la vía penal:

El acreedor puede interponer una querella por comisión de los delitos que se indican seguidamente:

  • El abandono de familia se castiga con una pena de privación de libertad de un mes y una multa de 251 a 2 500 EUR, o una de esas dos penas solamente (artículo 391 bis del Código penal). Se comete este delito cuando el deudor incumple, en todo o en parte, las obligaciones de alimentos que le incumben en virtud de la ley, bien negándose a cumplirlas cuando está en condiciones de hacerlo, bien porque se coloca, por su propia culpa, en una situación que le impide atenderlas.

Está establecida legalmente la obligación de alimentos de los padres respecto de sus hijos, de los cónyuges entre ellos y de los padres adoptivos respecto de los hijos adoptados.

El procedimiento se inicia, como paso previo al procesamiento, por el requerimiento al deudor por parte de un agente de la policía y el levantamiento del acta correspondiente. No es preciso el requerimiento si el deudor no tiene residencia conocida.

  • La insolvencia fraudulenta se castiga con una pena de privación de libertad de seis mes a tres años y una multa de 500 a 12 500 EUR, o una de esas dos penas solamente (artículo 391 ter del Código penal). Se comete este delito cuando el deudor, antes incluso de haberse dictado la resolución judicial, ha provocado o agravado su insolvencia, bien aumentando el pasivo o disminuyendo el activo de su patrimonio, bien ocultando parte de sus bienes, para sustraerse al cumplimiento de una condena al pago de alimentos pronunciada por un órgano jurisdiccional civil.

Por aplicación del artículo 391 ter del Código penal, se asimilan a una condena de este tipo las resoluciones judiciales y los convenios homologados judicialmente que impongan la obligación de pagar prestaciones, subsidios o contribuciones para sufragar las cargas del matrimonio y las estipulaciones de alimentos incluidas en los convenios previos a un divorcio por consentimiento mutuo.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Las acciones para reclamar el cobro de los atrasos de rentas perpetuas y rentas vitalicias y de pensiones de alimentos prescriben a los cinco años.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

A solicitud del acreedor, el Fondo Nacional de Solidaridad (Fonds national de solidarité) puede proceder al cobro de toda pensión de alimentos debida a un cónyuge, ascendiente o descendiente. En tales casos, el Fondo se subroga en las acciones y garantías de que disponga el acreedor para el cobro de la pensión. A partir de la notificación al deudor de las sumas vencidas, este ha de abonarlas directamente al presidente del Fondo.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

En determinadas condiciones, el propio Fondo puede pagar la pensión en lugar del deudor. La solicitud correspondiente debe ser dirigida por el acreedor o su representante legal al presidente del Fondo,

quien la admite a trámite, personalmente o a través de su delegado, si el acreedor justifica:

a) que tiene su domicilio legal en el país y que él mismo o su representante legal tiene su residencia en él desde hace al menos cinco años;

b) que su pensión de alimentos ha sido fijada por resolución judicial ejecutoria en el Gran Ducado de Luxemburgo;

c) que no ha podido cobrar total o parcialmente la pensión por una vía ejecutiva de Derecho privado ejercida efectivamente;

d) que se encuentra en una difícil situación económica.

La solicitud se admite a trámite, aunque no se cumpla la condición c), cuando no se considere viable el uso de la vía ejecutiva o el deudor resida en el extranjero. Contra la decisión del presidente cabe impugnación ante el juez de paz del domicilio del acreedor, presentada dentro de los cuarenta días siguientes a la notificación de la misma.

Los acreedores tienen pleno derecho a asistencia jurídica gratuita. Desde la admisión de la solicitud hasta el cese de los pagos por parte del Fondo, el acreedor no puede ejercer ninguna acción contra el deudor para el cobro de su pensión.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

En virtud del Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 y del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el solicitante que se encuentre en Luxemburgo puede dirigirse, cuando el deudor se encuentre en el extranjero, al procurador general del Estado.

Este, en su condición de autoridad central, remitirá la solicitud y los documentos anexos a la autoridad central del país en el que resida el deudor, para que tal autoridad ayude al solicitante a conseguir el cobro de los alimentos debidos.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El acreedor de los alimentos debe dirigir la solicitud a la autoridad expedidora, es decir, el procurador general del Estado, utilizando los formularios previstos en el mencionado Reglamento (CE) n.º 4/2009.

Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxemburgo

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El solicitante que se encuentre en un país distinto de Luxemburgo deberá dirigirse a la autoridad central de ese país. No puede dirigirse directamente a ningún organismo o Administración de Luxemburgo.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

No procede.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Así es.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

En caso de demanda basada en dicho Reglamento, los acreedores de alimentos menores de 21 años tienen pleno derecho a asistencia jurídica gratuita, independientemente de lo que establezca la ley nacional.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Para que la autoridad central pueda prestar la asistencia prevista en el artículo 51 del Reglamento sobre las obligaciones de alimentos, Luxemburgo aprobó una ley el 3 de agosto de 2011 de ejecución del Reglamento de la UE y un reglamento para el desarrollo de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de dicha ley (Boletín Oficial A n.º 175, de 12 agosto 2011).

Estas disposiciones legales conceden al procurador general del Estado acceso directo a determinadas bases de datos.

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Última actualización: 24/09/2019

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Pensiones alimenticias - Hungría

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Por normal general, la obligación de alimentos vincula a los parientes directos entre sí:

– el progenitor tiene obligación de alimentos hacia el hijo, y el hijo tiene obligación de alimentos hacia el progenitor;

– si el hijo tiene derecho a una pensión alimenticia pero no tiene un progenitor con la obligación de pagarla, dicha obligación se transmitirá a parientes más lejanos;

– si la persona que tiene derecho a una pensión alimenticia no tiene hijos, los descendientes más lejanos tendrán la obligación de prestarle alimentos (artículo 4:196, apartados 1 a 4, del Código Civil).

El hermano mayor prestará alimentos a los hermanos menores sin parientes directos con obligación de alimentos hacia ellos, siempre y cuando este pueda cumplir con la obligación de alimentos sin poner en peligro la capacidad de hacer frente a sus necesidades, las de su cónyuge o pareja o las de sus parientes directos dependientes (artículo 4:197 del Código Civil).

Los cónyuges que conviven tienen la obligación de prestar alimentos a los menores dependientes del otro cónyuge (hijastros) que vivan en el hogar común con el consentimiento del cónyuge que lo tiene a su cargo (artículo 4:198, apartado 1, del Código Civil).

Los hijastros tienen obligación de prestar alimentos a los padrastros dependientes si estos les prestaron alimentos durante un largo periodo de tiempo (artículo 4:199, apartado 1, del Código Civil).

Los hijos de acogida tienen obligación de prestar alimentos a la persona que se hizo cargo de ellos en su hogar durante un periodo largo de tiempo sin pedir compensación económica, y que no sean su padre biológico, padre adoptivo o padrastro (padre de acogida) (artículo 4:199, apartado 2, del Código Civil).

El cónyuge puede demandar la pensión alimenticia al cónyuge en caso de separación legal, o al ex cónyuge en caso de divorcio, si el primero no es capaz de hacer frente a sus necesidades por razones ajenas a su voluntad(artículo 4:29, apartado 1, del Código Civil).

En casos de separación legal, el cónyuge que no es capaz de hacer frente a sus necesidades por razones ajenas a su voluntad puede demandar una pensión alimenticia a su ex cónyuge, siempre y cuando la relación durase al menos un año y naciese un hijo fruto de ella (artículo 4:86, apartado 1, del Código Civil).

Existen dos tipos de pensión alimenticia, en especie y en efectivo.

En el caso de menores, la «obligación de alimentos» significa que el progenitor tiene derecho y obligación de hacer frente a las necesidades del hijo en la unidad familiar, educarlo y ofrecerle las condiciones necesarias para su desarrollo físico, cognitivo, emocional y moral, en particular, habitación, sustento y vestido, así como el acceso del hijo a la educación y a la asistencia médica.

El progenitor que cuida del hijo y convive con él cubre las necesidades de este en especie y, por su parte, el progenitor que vive por separado, o en el mismo hogar pero sin contribuir a la manutención del hijo, presta alimentos principalmente pagando la pensión alimenticia.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Los menores de 18 años tienen derecho a la pensión alimenticia con arreglo a la presunción de necesidad establecida por la ley. Los hijos menores de 20 años también tienen derecho a la pensión alimenticia, siempre y cuando cursen educación secundaria.

Los hijos en edad laboral de 18 años o más que cursen estudios superiores tienen derecho a pensión alimenticia, con independencia de la presunción de necesidad, si requieren apoyo para ser capaces de cursar sus estudios durante un periodo razonable de tiempo. El hijo debe informar al progenitor de su intención de cursar estudios sin demora (artículo 4:220, apartado 1, del Código Civil).

Por estudios se entiende cualquier curso o formación necesarios para obtener un certificado en preparación para la carrera profesional, así como programas universitarios de grado, máster o de formación profesional superior, cursados de forma continuada.

En casos excepcionales justificados, los progenitores pueden estar obligados a pagar la pensión alimenticia del hijo de 25 años o más (artículo 4:220, apartado 5, del Código Civil).

No obstante, los progenitores no tienen obligación de alimentos hacia los hijos adultos que cursen estudios si se considera que el hijo no es merecedor de pensión alimenticia, no cumple con sus obligaciones académicas por negligencia, o si el pago de la pensión alimenticia supone un riesgo para la capacidad del progenitor de hacer frente a sus necesidades o las de un hijo menor del progenitor. Se considera que el hijo adulto no tiene derecho a pensión alimenticia si, por motivos no justificados, no conserva la relación con el progenitor que tiene la obligación de prestar alimentos (artículo 4:220, apartados 3 y 4, del Código Civil).

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Con respecto al importe y al método de pago de la pensión alimenticia, se aplica el acuerdo entre la persona con derecho a percibir alimentos y la persona con la obligación de prestarlos, que en caso de la pensión alimenticia a favor de los hijos, recae sobre los progenitores. Si no existe acuerdo, la persona con derecho a alimentos puede solicitar una resolución judicial sobre la pensión alimenticia. Si no existe acuerdo entre los progenitores, el tribunal resolverá sobre la pensión alimenticia del hijo.

Podrán incoar procedimientos judiciales la autoridad tutelar, en el caso de pensión alimenticia a favor de un menor, y la autoridad competente del distrito, en el caso de pensión alimenticia a favor del progenitor, con su consentimiento. Los parientes con obligación de alimentos que hacen frente a las necesidades de la persona con derecho a la pensión alimenticia pueden incoar procedimiento judicial por derecho propio contra las otras partes que tienen obligación de alimentos.

El progenitor u otro representante legal del menor que tiene derecho a percibir una pensión alimenticia puede presentar una demanda para pedir el pago por adelantado de la pensión de la autoridad tutelar, siempre y cuando la pensión alimenticia no pudiera cobrarse durante al menos los 6 meses anteriores.

En la demanda se debe exponer que no existen motivos para la denegación del pago por adelantado, así como las razones y hechos que justifican la demanda.

Se deberán adjuntar los siguientes documentos a la demanda: las declaraciones pertinentes de ingresos, la resolución definitiva que establece la pensión alimenticia a favor del hijo o el documento que pruebe la matriculación en un centro de educación secundaria a tiempo completo, cuando proceda, y un informe fechado en los últimos seis meses tras el embargo de la propiedad que indique la suspensión del procedimiento ejecutivo, o el documento que haga constar la incoación del procedimiento de cobro de pensión alimenticia.

La autoridad tutelar debe determinar que la pensión alimenticia era temporalmente irrecuperable, durante al menos los seis meses anteriores a la interposición de la demanda.

Se puede conceder el pago por adelantado de la pensión alimenticia si la persona que tiene derecho a percibir una pensión alimenticia ha solicitado la ejecución de la pensión establecida en la resolución judicial, y la ejecución del salario, otros ingresos regulares u otros bienes del deudor han fallado, o la ejecución se ha suspendido, o si la suma parcial o la suma cobrada no supera el 50 % del importe de la pensión alimenticia establecida por el tribunal.

Si surgiera la necesidad, la autoridad tutelar requerirá información sobre el resultado del procedimiento ejecutivo incoado por el demandante al tribunal o al agente judicial independiente. La autoridad tutelar solicitará los datos de embargo al empleador si es necesario para aclarar los hechos.

En la notificación de incoación de procedimiento, la autoridad tutelar solicitará al deudor el pago de la pensión alimenticia sin demora y una declaración a tal efecto.

La autoridad tutelar notificará su decisión al empleador del deudor, al tribunal de ejecución, al agente judicial independiente, a la oficina del fiscal competente en el lugar de residencia del acreedor y del deudor, al notario competente en el lugar de residencia del deudor, a la agencia tributaria y a la oficina de gobierno de Budapest o del condado que ofrece el pago por adelantado de la pensión alimenticia.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Sí, el progenitor o el representante legal del niño con derecho a pensión alimenticia puede solicitar el pago por adelantado de la pensión alimenticia a la autoridad tutelar.

Los parientes con obligación de alimentos que hacen frente a las necesidades de la persona con derecho a la pensión alimenticia pueden incoar procedimiento judicial por derecho propio contra las otras partes que tienen obligación de alimentos.

Podrán incoar procedimientos judiciales la autoridad tutelar, en el caso de pensión alimenticia a favor de un menor, y la autoridad competente del distrito, en el caso de pensión alimenticia a favor del progenitor, con su consentimiento.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

De conformidad con la normativa en materia de competencia territorial, esta corresponde al tribunal del lugar de residencia del demandado o deudor.

Si carece de dirección en Hungría, la competencia se rige por el lugar de residencia del demandado. Si el lugar de residencia del demandado es desconocido o está en el extranjero, se tendrá en cuenta su último domicilio en Hungría. Si no se puede establecer dicho domicilio, o el demandado carece de uno, la competencia se establecerá en función del domicilio del demandante o, en su defecto, de su lugar de residencia.

Si el lugar de trabajo y la residencia del demandado no están en la misma zona, el tribunal, a instancia del demandado presentada antes de la primera vista del caso, podrá someter el asunto al tribunal competente del lugar de trabajo del demandado, para celebrar la vista y dictar sentencia (artículo 29 del Código Civil).

Asimismo, se puede incoar un procedimiento para obtener pensión alimenticia ante el tribunal competente del lugar de residencia del demandante (artículo 34, apartado 1, del Código Civil).

Se pueden consultar los tribunales competentes El enlace abre una nueva ventanaaquí.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

El demandante que quiere llevar el caso ante el tribunal no necesita de intermediarios. El demandante puede llevar el caso ante el tribunal directamente sin obligación de representantes (véanse las preguntas 3, 4 y 5).

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Con independencia de su situación económica e ingresos, las partes, a menos que estén exentas de pagar las costas procesales en virtud de una ley, de una norma de la UE de aplicación directa y general o de un tratado internacional, tendrán derecho al aplazamiento de las costas procesales de procedimiento incoado para pensión alimenticia, incluidos aquellos costes por el cobro de la pensión del organismo que paga la remuneración del deudor o de otra persona, cancelando o modificando el importe de la pensión de alimentos, cesando o limitando la ejecución de la pensión alimenticia y, en casos transfronterizos de pensión alimenticia, obteniendo los datos personales del deudor.

En el caso de aplazamiento de costas procesales:

a) el Estado paga los gastos generados durante el procedimiento judicial: honorarios de los testigos y peritos, de los intérpretes, del administrador y del abogado, los costes del juicio y de la inspección en el lugar de los hechos, entre otros, salvo los costes no cubiertos por el aplazamiento y, por tanto, pagaderos por adelantado por la parte;

b) se concede el aplazamiento del pago de las tasas judiciales a la parte.

Incluso en ausencia de un tratado internacional de reciprocidad, los extranjeros también tienen derecho al aplazamiento de las costas procesales.

Si, en el caso de aplazamiento de las costas procesales, el juez ordena que la parte corra con los gastos, la parte debe correr con las costas pagadas por adelantado por el Estado y los honorarios registrados al Estado.

Las costas procesales son del 6 %, o un mínimo de 15 000 HUF y un máximo de 1 500 000 HUF. En casos de procedimiento por demanda de pensión alimenticia, la base de las costas es la pensión alimenticia que resta por pagar, pero no excederá el año de pensión alimenticia.

Si la parte no dispone de los recursos económicos suficientes para pagar las costas procesales, puede presentar una solicitud de exención ante el tribunal.

Para facilitar la ejecución de sus derechos, las personas físicas, incluidos los coadyuvantes, que no puedan cubrir las costas procesales debido a sus ingresos o situación económica, disfrutarán de una exención total o parcial, a instancia de la parte, del pago de dichas costas.

Si los ingresos de la parte, ya sea el salario, pensión u otros subsidios económicos regulares, no exceden el importe mínimo actual de la pensión de jubilación determinada en proporción al número de años en empleo activo, y la parte no tiene bienes, salvo las necesidades habituales del hogar, muebles y enseres, la parte debe estar exenta del pago de las costas. Se debe conceder la exención del pago de las costas, sin examinar los ingresos ni la situación económica, a las partes que tengan derecho a prestaciones para personas en edad laboral o que convivan con un pariente cercano en el mismo domicilio que tenga derecho a prestaciones para personas en edad laboral.

La exención del pago de las costas viene acompañada de los siguientes beneficios:

a) exención del pago de las tasas judiciales;

b) exención del pago de los gastos generados durante el procedimiento: honorarios de los testigos y peritos, de los intérpretes, del administrador y del abogado, costas del juicio y de investigación en el lugar de los hechos, entre otros, por adelantado y, a menos que la ley pertinente disponga lo contrario, su pago en general;

c) exención de la obligación de efectuar un depósito para las costas procesales;

d) solicitud de aprobación de representación letrada, si lo permite la ley.

La exención del pago de las costas, a instancia de parte, será aprobada por el tribunal, que también resolverá sobre la retirada de tal exención.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

Si no existe acuerdo entre los progenitores, el tribunal resolverá sobre la pensión alimenticia.

A la hora de determinar el importe de la pensión alimenticia, se tendrán en cuenta:

a) las necesidades justificadas del hijo, es decir gastos regulares necesarios para hacer frente a sus necesidades, atención médica y educación;

b) la situación económica y los ingresos de ambos progenitores;

c) los otros hijos que convivan en el mismo domicilio que los progenitores, ya sean sus propios hijos, hijastros o niños de acogida, y los hijos hacia los que tienen obligación de alimentos los progenitores;

d) los ingresos propios del hijo;

e) las prestaciones de protección de menores, ayuda a la familia, seguridad social y bienestar social que se ofrecen a los progenitores que cuidan del hijo (artículo 4:218, apartado 2, del Código Civil).

La pensión alimenticia debe pagarse como cantidad fija. El tribunal puede resolver que el importe de la pensión alimenticia pagadera se ajuste de forma automática cada año, con arreglo al incremento del índice de precios de consumo publicado anualmente por la agencia nacional de estadísticas húngara, desde el 1 de enero hasta el año siguiente (artículo 4:207 del Código Civil). El importe de la pensión alimenticia pagadera por hijo se fija generalmente en un 15-25 % del salario medio del deudor. En general, a la hora de determinar el salario medio del deudor, se deben incluir los ingresos totales anuales del año anterior al inicio del procedimiento de obligación de alimentos (artículo 4:218, apartado 4, del Código Civil).

Si se modifica el acuerdo entre las partes o cambian las circunstancias que dieron lugar a la resolución del tribunal sobre la obligación de alimentos y tales cambios ponen en peligro el interés jurídico vital de cualquiera de las partes, si la parte continúa pagando la pensión alimenticia en las mismas condiciones, tal parte puede solicitar una modificación del importe o de las condiciones de pago. La parte que debería haber comunicado de antemano un cambio en sus circunstancias al celebrar el acuerdo de obligación de alimentos, o que sea personalmente responsable de tal cambio, no puede solicitar la modificación de la pensión alimenticia acordada.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La persona con obligación de prestar alimentos debe pagar la pensión alimenticia a la persona que tiene derecho a recibir alimentos con carácter periódico, por ejemplo mensualmente, y por adelantado.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si el deudor incumple con la obligación de pagar la pensión alimenticia de forma voluntaria, el acreedor puede interponer una demanda ante el tribunal para que ordene la ejecución. La pensión alimenticia de más de seis meses de antigüedad puede ser ejecutada con carácter retroactivo si el acreedor tiene buenas razones para el retraso de la demanda de ejecución. La pensión alimenticia de más de seis meses de antigüedad no puede ser ejecutada por la vía judicial (artículo 4:208, apartado 3, del Código Civil).

Podrán incoar procedimientos judiciales la autoridad tutelar, en el caso de pensión alimenticia a favor de un menor, y la autoridad competente del distrito, en el caso de pensión alimenticia a favor del progenitor, con el consentimiento de este (artículo 4:208, apartado 1, del Código Civil).

Los parientes con obligación de alimentos que hacen frente a las necesidades de la persona con derecho a la pensión alimenticia pueden incoar un procedimiento judicial por derecho propio contra las otras partes que tienen obligación de alimentos (artículo 4:208, apartado 2, del Código Civil).

A la hora de dictar la obligación de la persona que percibe un salario de pagar una pensión alimenticia, el tribunal puede, a instancia del acreedor, solicitar al empleador directamente la deducción de la cantidad expuesta en la resolución y pagarla al acreedor.

Si el tribunal no contacta directamente con el empleador, pero después la parte interpone una demanda de ejecución basada en la resoluciones del tribunal o en el acuerdo entre las partes aprobado por resolución judicial, el tribunal ordenará la ejecución de la obligación de alimentos emitiendo una orden de embargo, siempre y cuando el salario deducido cubra la cantidad en cuestión.

La cantidad deducida no puede exceder el 50 % del salario del empleado. Se puede deducir un máximo del 33 % del subsidio por desempleo: prestación de paro, prestación de jubilación anticipada por desempleo, suplemento de renta y ayuda a los solicitantes de empleo.

Si el deudor no dispone de ingresos regulares, o la cantidad a deducir de sus ingresos no cubre la cantidad a pagar, el tribunal ordenará la ejecución emitiendo el documento de ejecución. En tal caso, la ejecución cubre no solo el salario, sino también otros bienes estipulados en la Ley de ejecuciones.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Para obtener más información sobre procedimientos de ejecución de sentencias, visitar la página web.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Véase la respuesta a la pregunta 10.

El progenitor u otro representante legal del menor que tiene derecho a percibir una pensión alimenticia puede solicitar el pago por adelantado de la pensión de la autoridad tutelar, siempre y cuando la pensión alimenticia no pudiera cobrarse durante al menos los 6 meses anteriores.

En la notificación de incoación de procedimiento, la autoridad tutelar solicitará al deudor el pago de la pensión alimenticia sin demora y una declaración a tal efecto.

La autoridad tutelar notificará su decisión al empleador del deudor, al tribunal de ejecución, al agente judicial independiente, a la oficina del fiscal competente en el lugar de residencia del acreedor y del deudor, al notario competente en el lugar de residencia del deudor, a la agencia tributaria y a la oficina de gobierno de Budapest o del condado que ofrece el pago por adelantado de la pensión alimenticia.

El incumplimiento de pago de la pensión alimenticia es una infracción penal. Aquel que incumpla por negligencia con la obligación de prestar alimentos determinada por resolución ejecutable de una autoridad será condenado a dos años de prisión.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Sí, véase la pregunta 3.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

El Ministerio de Justicia de Hungría ofrece ayuda a instancia de los demandantes que residan en Hungría de conformidad con el Reglamento (CE) nº 4/2009 y de tratados internacionales, cooperando con la autoridad central responsable de asuntos de obligación de alimentos en otros Estados miembros afectados. El demandante puede solicitar que la resolución sobre la pensión alimenticia sea dictada por el tribunal húngaro para su ejecución en el extranjero y, en ausencia de tal resolución, que la obligación de pago de pensión alimenticia se establezca en el extranjero, o que el importe de la pensión alimenticia a pagar en el extranjero se incremente. La demanda formal no la recibe el Ministerio de Justicia, sino el tribunal de distrito determinado con arreglo al domicilio, el lugar de residencia o el lugar de trabajo del demandante, o el tribunal del distrito que dictó la resolución para la que se exige ejecución en primera instancia. No es necesario un abogado para interponer la demanda o para los procedimientos en el extranjero. Más bien, el tribunal asistirá a la parte que no cuente con representación legal a interponer la demanda. El tribunal enviará la demanda y los anexos necesarios al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia remitirá la demanda traducida a la autoridad central responsable en materia de obligación de alimentos del otro Estado miembro. La autoridad central tomará las medidas necesarias para incoar procedimientos contra el deudor. El Ministerio de Justicia mantendrá informado al demandante sobre el progreso del procedimiento, basándose en la información que recibe desde el extranjero.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Ministerio de Justicia, Departamento de Derecho Internacional Privado (Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Dirección: H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Dirección postal: H-1357 Budapest Pf. 2.

Tel. +36 17954846;

Fax +36 17950463;

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventananmfo@im.gov.hu

Página web: El enlace abre una nueva ventanahttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/nemzetkozi-gyermekelviteli-es-tartasdijjal-kapcsolatos-ugyek

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

No, la demanda debe interponerse a través de la autoridad central responsable en materia de obligación de alimentos en el Estado miembro donde reside el demandante.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Se pueden consultar las autoridades centrales de los Estados miembros aquí.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

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18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Con respecto a las demandas recibidas, el Ministerio de Justicia se pondrá en contacto con el servicio competente en la prestación de asistencia jurídica gratuita para asignar un abogado al demandante que reside en el extranjero. En el caso previsto en el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, se garantiza la exención total de las costas, y los honorarios del abogado también los paga el Estado. En los casos previstos en el artículo 47, las partes tienen derecho al aplazamiento de las costas materiales según lo dispuesto por el Derecho húngaro. Con arreglo a este derecho, el Estado paga los gastos generados durante el procedimiento, por ejemplo, las tasas judiciales y los honorarios del abogado, por anticipado, con independencia de la situación económica de la parte implicada, ahora bien, si la parte pierde el caso, el tribunal puede ordenarle que pague dichos gastos. Si el demandante prueba que, debido a su situación económica, tiene derecho a la exención total de los gastos con arreglo al Derecho húngaro, no tendrá que pagar los gastos incluso aunque pierda el caso.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

La aplicación del Reglamento de obligaciones de alimentos se rige por la El enlace abre una nueva ventanaLey LXVII de 2011.

Última actualización: 05/10/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Pensiones alimenticias - Países Bajos

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

La pensión alimenticia es una obligación de contribuir al coste de la vida de su acreedor. La obligación de pagarla se deriva del parentesco por consanguinidad y afinidad, y de un lazo matrimonial (previo).

Personas que deben pagar una pensión alimenticia a otra:

- los progenitores a sus hijos;

- los hijos a sus progenitores;

- un cónyuge divorciado al otro cónyuge (ex parejas registradas);

La obligación de alimentos que existe entre cónyuges durante el matrimonio prosigue tras la disolución de este. Durante el procedimiento de divorcio o un procedimiento posterior, el órgano jurisdiccional puede conceder una pensión alimenticia a cargo de uno de los antiguos cónyuges para el otro si este último carece de ingresos suficientes para sufragar sus costes de vida (y no está en condiciones de adquirirlos, dentro de lo que cabe esperar) a solicitud de este último. Al establecer la pensión alimenticia, el juez tiene en cuenta las necesidades de uno de los antiguos cónyuges y los medios (recursos financieros) del otro. Algunos factores no financieros también pueden desempeñar un papel a la hora de determinar la pensión alimenticia, como la duración del matrimonio o de la cohabitación. Si el órgano jurisdiccional no especifica un límite temporal para la obligación de alimentos, esta se extingue automáticamente al cabo de 12 años. El órgano jurisdiccional puede conceder una prórroga de este período al antiguo cónyuge que necesita la pensión en caso de que este se encuentre en graves dificultades financieras. Tras un matrimonio breve (hasta un máximo de cinco años) sin hijos, la duración de la obligación de alimentos no puede ser, en principio, superior a la duración del matrimonio.

Esta disposición se aplica igualmente a la obligación de alimentos entre ex parejas registradas.

Los antiguos cónyuges pueden llegar a un acuerdo extrajudicial entre ellos sobre la obligación de alimentos. Por lo general, estos se establecen en el convenio de divorcio. En la práctica, este convenio es confirmado por el órgano jurisdiccional durante el procedimiento de divorcio. Esta confirmación concede mayor seguridad jurídica al acreedor de la obligación.

Otras categorías de obligación de alimentos:

Cónyuges/parejas registradas

Los cónyuges y parejas registradas deben contribuir, salvo en circunstancias excepcionales, a los gastos del hogar. A este respecto pueden celebrar otros acuerdos en el marco de las capitulaciones matrimoniales o del contrato de pareja de hecho.

Padre natural/ pareja de la madre

El padre natural tiene la obligación de contribuir a la manutención de los hijos (no reconocidos) que ha procreado, siempre que el menor no tenga un parentesco familiar legal con este hombre u otro (en otras palabras, mientras no haya padre legal). La misma obligación incumbe a la pareja de la madre que haya consentido un acto que pueda haber resultado en la procreación del menor.

Custodia compartida

La persona que no sea uno de los progenitores que tenga la custodia compartida sobre un menor conjuntamente con el progenitor tiene una obligación de alimentos para con el menor (artículo 1:253w del Código Civil). La obligación de alimentos continúa hasta que el menor cumple 21 años, momento en que finaliza la custodia compartida con la mayoría de edad del menor.

¿En qué casos?

Por lo general, la obligación de pagar una pensión alimenticia solo existe en caso de indigencia. Se considera que una persona sufre necesidad si carece de ingresos suficientes para mantenerse y, en la medida que puede esperarse, no es capaz de obtenerlos por sí misma.

Excepción

Una excepción a esta norma es el caso de las obligaciones de alimentos de los progenitores y padres naturales para con sus hijos menores y adultos jóvenes (hasta los 21 años de edad). En estos casos se aplica la obligación de alimentos incluso si los acreedores no están en situación de necesidad.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

En el caso de los menores de 18 años (hijos menores), los progenitores deben pagar los gastos de cuidado y educación. Estos gastos se refieren al coste de la vida y otros gastos asociados a la crianza del menor, como actividades educativas y recreativas. Los progenitores tienen la obligación de sufragar los gastos de cuidado y educación de acuerdo con sus medios. Esta obligación es de aplicación incluso si el menor tiene sus propios medios o ingresos.

En el caso de personas de 18, 19 o 20 años de edad (los «adultos jóvenes»), los progenitores tienen la responsabilidad de pagar el coste de la vida y los gastos de educación. Se considera que el coste de la vida y los gastos de educación equivalen a los gastos de cuidado y educación durante la infancia. Esta obligación de alimentos es independiente de las necesidades de sus acreedores.

También existe una obligación de alimentos extendida para esta categoría de menores, incluso si tienen ingresos por trabajo o capital, o si están casados. Sin embargo, los ingresos que obtiene el menor determinan hasta qué punto necesita una pensión alimenticia.

En el caso de los hijos de 21 años o más, los progenitores solo tienen una obligación de alimentos si los primeros tienen necesidad y no pueden mantenerse por sí mismos. Por ejemplo, si sufren discapacidades físicas o mentales.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

La cantidad que el deudor debe pagar puede ser determinada por las propias partes y recogerse en un acuerdo o mediante resolución judicial.

En los procedimientos de divorcio a menudo se pide al órgano jurisdiccional que se pronuncie sobre la obligación de alimentos para el antiguo cónyuge o un menor.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

No, el abogado del acreedor debe presentar la solicitud. Los acreedores de la obligación no pueden presentar solicitudes sin un abogado. Los hijos menores de edad son representados por su representante legal (por lo general, uno de los progenitores).

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Se hace una distinción entre la competencia internacional (¿es competente el órgano jurisdiccional neerlandés?) y la competencia nacional (¿qué órgano jurisdiccional neerlandés es competente?).

Competencia internacional dentro de la Unión Europea

Por lo que hace a la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales neerlandeses, en el contexto de la Unión Europea es de aplicación el Reglamento denominado El enlace abre una nueva ventana«Bruselas I». Este Reglamento recoge normas sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales en relación con demandas de alimentos.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, en principio el acreedor (demandante) cita al deudor de alimentos (demandado) que reside en los Países Bajos para que comparezca ante el órgano jurisdiccional neerlandés.

El Reglamento «Bruselas I» recoge igualmente una norma alternativa en relación con las obligaciones de alimentos. El artículo 5, apartado 2, dispone que los demandados residentes en el territorio de un Estado miembro pueden ser citados a comparecer en otro Estado miembro:

  • ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que tenga su domicilio o residencia habitual la persona con derecho a una pensión alimenticia,
  • o, si se trata de un requisito adicional de una demanda relativa a la situación jurídica familiar de las personas, es decir, el juez del tribunal de divorcio o, por ejemplo, el juez encargado de pronunciarse sobre la filiación, ante el tribunal competente en la materia, a menos que la competencia se base exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.

Con arreglo al primer guion, un acreedor de alimentos que resida en los Países Bajos puede citar a un deudor que resida en Francia, por ejemplo, para que comparezca ante el órgano jurisdiccional neerlandés que tenga la competencia internacional con arreglo al artículo 5, apartado 2. Es competente el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandante.

Por otra parte, en relación con las obligaciones de alimentos dentro de la Unión Europea, el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos entró en vigor el 18 de junio de 2011.

Las normas en materia de competencia del Reglamento sobre obligaciones de alimentos coinciden en gran parte con las del Reglamento «Bruselas I». De acuerdo con la norma general, el órgano jurisdiccional del lugar de residencia habitual del demandado o del acreedor de la obligación es competente en los casos relativos a obligaciones de alimentos. A diferencia de lo dispuesto en el Reglamento «Bruselas I», para la aplicación del Reglamento en materia de obligaciones de alimentos no es necesario que el lugar de residencia habitual del demandado se encuentre en el territorio de un Estado miembro.

Competencia internacional fuera de la Unión Europea

Por lo que hace a la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales neerlandeses fuera del contexto de la Unión Europea, se aplica lo siguiente. Si el demandado (sea el acreedor o el deudor) vive fuera de la Unión Europea, no es aplicable el Reglamento «Bruselas I» antes mencionado y el órgano jurisdiccional neerlandés deriva su competencia del Código de Procedimiento Civil (Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering). En tales casos, los tribunales de divorcio están facultados para adoptar medidas provisionales respecto al divorcio o resoluciones accesorias, como la concesión de una pensión alimenticia o la continuación de la ocupación del domicilio conyugal. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional neerlandés es competente para pronunciarse sobre una solicitud independiente de pensión alimenticia si el demandante o una o más de las partes interesadas indicadas en la solicitud viven en los Países Bajos o bien, si el caso está suficientemente relacionado con el ámbito jurídico de este país, si decidieron que el órgano jurisdiccional neerlandés fuera competente o si la parte interesada comparece durante el procedimiento y no alega falta de competencia.

Competencia nacional

Por lo que se refiere a la competencia nacional del órgano jurisdiccional neerlandés, la norma relativa al tipo de órgano jurisdiccional (juzgado ordinario, tribunal de apelación, Tribunal Supremo de los Países Bajos) establece que el juzgado ordinario es competente en los casos de obligación de alimentos. El Código de Procedimiento Civil determina qué juzgado ordinario es competente. La competencia recae en el juzgado ordinario del lugar de residencia del demandante (o uno de los demandantes) o de una de las partes interesadas que figuran en la demanda o, a falta de un lugar de residencia de una de estas partes, el juzgado del lugar de residencia habitual de una de ellas.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Las solicitudes de establecimiento, modificación o supresión de una pensión alimenticia deben ser presentadas por un abogado. El abogado representa al demandante en la vista. Los nombres de los abogados y su dirección pueden consultarse en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanacolegio nacional de abogados.

Existe una El enlace abre una nueva ventanaSociedad de Abogados de Familia y Mediadores de Divorcio, cuyos miembros están especializados en asuntos relativos al divorcio y obligaciones de alimentos, entre otros aspectos. Asimismo, son expertos en mediación en casos de divorcio y todo lo que ello implica.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

El procedimiento judicial requiere el pago de una contribución a los gastos de la administración de justicia. Se trata de la tasa judicial de registro. Aparte de ello también deben pagarse los honorarios de abogados y las tasas de agentes judiciales.

Si el litigante no puede pagar (la totalidad de) los honorarios de un abogado, en ciertas circunstancias puede acogerse a asistencia jurídica. A esto se le denomina «asunto con derecho a asistencia jurídica». El Estado paga parte de los gastos y el litigante sufraga una «contribución personal». La cuantía de esta «contribución personal» depende de los ingresos y medios financieros del litigante. El El enlace abre una nueva ventanaConsejo de Asistencia Jurídica concede la asistencia jurídica. El litigante debe presentar una solicitud de asistencia jurídica al Consejo de la jurisdicción (competencia territorial de un tribunal de apelación) en la que se encuentre el despacho del abogado. En la práctica, suele ser el abogado quien presenta la solicitud si ha sido consultado antes de la solicitud de asistencia jurídica.

También debe presentarse una «Declaración de ingresos y activos» (que puede obtenerse en la autoridad municipal del lugar de residencia). Esta declaración debe enviarse junto con la solicitud al Consejo de Asistencia Jurídica, el cual investiga si el litigante puede acogerse a dicha asistencia. Si es así, se expide un certificado de derecho a asistencia jurídica. En estos casos se reduce igualmente la tasa judicial de registro.

El derecho a recibir asistencia jurídica también se aplica a las controversias transfronterizas, es decir, si el demandante reside fuera de los Países Bajos, como se contempla en la El enlace abre una nueva ventanaDirectiva relativa al acceso a la justicia en los litigios transfronterizos. La asistencia jurídica se puede solicitar invocando los artículos 23A a 23K de la Ley de asistencia jurídica (Wet op de rechtsbijstand), a través del Consejo de Asistencia Jurídica de La Haya, utilizando el formulario normalizado adjunto a esta Directiva, que es idéntico en todos los Estados miembros.

En caso necesario, el El enlace abre una nueva ventanaConsejo de Asistencia Jurídica puede ayudar a elegir un abogado. La dirección del Consejo figura en la respuesta a la pregunta 14.2.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

En su resolución, el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta las necesidades de la persona que solicita o recibe la pensión alimenticia y los medios (recursos financieros) de la persona que debe pagarla o ya la esté pagando. Las necesidades y los medios son conceptos relativos. El órgano jurisdiccional ostenta cierto grado de discrecionalidad para adoptar una resolución conforme a las circunstancias de cada caso. El poder judicial ha desarrollado directrices (las denominadas normas Trema), aunque no son vinculantes para el órgano jurisdiccional.

Los siguientes ingresos y gastos son importantes para la resolución judicial:

  • ingresos en concepto de trabajo;
  • ingresos en concepto de trabajo secundario;
  • becas de estudio;
  • prestaciones sociales;
  • pensiones;
  • ingresos por arriendos y subarriendos;
  • intereses y otros ingresos procedentes de activos;
  • contribuciones al hogar de otras personas con las que se convive;
  • posibilidades reales de aumentar los ingresos (capacidad de obtención de ingresos);
  • declaraciones de activos;
  • pagos de alquileres;
  • rembolso de hipotecas e intereses, así como gastos fijos. La parte de la hipoteca aún sin rembolsar también debe declararse en este apartado;
  • pólizas de seguros;
  • gastos de viaje periódicos necesarios;
  • obligaciones financieras con otras personas;
  • gastos de atención médica especial para el acreedor y sus familiares;
  • gastos relacionados con la generación de ingresos;
  • declaración de deudas.

Indexación legal

Cada año, el Ministro de Justicia determina el porcentaje de aumento anual de las pensiones alimenticias concedidas por los órganos jurisdiccionales y de las pensiones establecidas de mutuo acuerdo. Para calcular este aumento porcentual, se tiene en cuenta la evolución de los salarios en el sector privado y el sector público, así como en otros sectores. Este porcentaje se publica en la Staatscourant [Boletín del Estado].

Existen varias excepciones a este ajuste automático de las pensiones alimenticias. Las partes y el órgano jurisdiccional pueden excluir la indexación legal o establecer otro método de indexación.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La obligación de alimentos para antiguos cónyuges se paga directamente a su acreedor. Las pensiones alimenticias establecidas por el órgano jurisdiccional para hijos menores de edad se pagan directamente al progenitor (o tutor) que se ocupa de ellos.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si la obligación de alimentos se establece mediante resolución judicial y el deudor se retrasa en el pago de la pensión alimenticia para un hijo o cónyuge, se puede exigir su pago a través de la El enlace abre una nueva ventanaOficina Nacional para el Cobro de Pensiones Alimenticias (LBIO, por sus siglas en neerlandés) con sede en Róterdam. El agente judicial también puede exigir el pago. Si no existe resolución judicial, el asunto debe presentarse ante el órgano jurisdiccional. Para ello debe recurrirse a un abogado.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

En caso de retención de prestaciones o salarios, debe tenerse en cuenta el umbral exento de tal retención. El plazo de prescripción del impago de una pensión alimenticia mensual es de cinco años. Si existe una sentencia en la que se registren los pagos atrasados, es decir, si se ha indicado una cantidad fija, el período de prescripción es de veinte años. Para evitar que expire una demanda es necesario suspender el período de prescripción.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

En el caso de los retrasos en el pago de pensiones alimenticias para menores o cónyuges, la autoridad encargada de ello es la El enlace abre una nueva ventanaOficina Nacional para el Cobro de Pensiones Alimenticias (LBIO).
El acreedor de la obligación debe autorizar a la LBIO a hacerlo. De ser necesario, la LBIO puede proceder al cobro mediante ejecución forzosa. Por ejemplo, la LBIO puede embargar el salario, las prestaciones o los bienes inmuebles o muebles del deudor de la obligación.

Los servicios de la LBIO son gratuitos para el acreedor de la obligación si ambas partes residen en los Países Bajos. Tras recibir una solicitud de cobro, primero se intenta una breve mediación o se presenta una explicación a fin de evitar incurrir en gastos; en casi tres cuartas partes de los casos se alcanza un acuerdo de esta manera. Sin embargo, si la LBIO se hace cargo del cobro, el deudor de la obligación debe rembolsarle los gastos de cobro. La LBIO impone un recargo por dicho cobro. Este recargo es del 15 % de las mensualidades adeudadas y la pensión alimenticia atrasada. Los gastos de ejecución también se cobran al deudor de la obligación.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

A pesar de que la LBIO es una institución pública, no adelanta el pago de las pensiones alimenticias. El Estado puede hacerlo si se trata de una pensión alimenticia para menores o en caso de asistencia jurídica.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

La LBIO también actúa en el ámbito del cobro internacional de obligaciones de alimentos. Estas tareas se derivan de los acuerdos y convenios en los que son parte los Países Bajos.

Los Países Bajos son parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre la obtención de alimentos en el extranjero, firmada en Nueva York el 20 de junio de 1956. Se trata de un convenio de asistencia jurídica mutua, cuya finalidad es facilitar el cobro de una pensión alimenticia en casos internacionales. A tal fin, la Convención ha establecido un sistema de instituciones emisoras y receptoras, que prestan asistencia al acreedor de la obligación para que este obtenga respuesta a sus reivindicaciones. La LBIO es la institución emisora y receptora en el caso de los Países Bajos.

Cualquier persona que resida en los Países Bajos y tenga problemas para cobrar la pensión alimenticia de un deudor que resida en el extranjero (es decir, en un país que sea parte en la Convención de Nueva York) puede invocar dicha Convención. La Convención se refiere a las pensiones alimenticias para menores y para cónyuges.

El Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, de 23 de noviembre de 2007, entró en vigor el 1 de agosto de 2014 entre la Unión Europa (salvo Dinamarca) y otros países signatarios. Aparte de los Estados miembros de la UE, este Convenio está vigente en Albania, Bosnia y Herzegovina, Noruega y Ucrania. El Reglamento (CE) n.º 4/2009 en materia de obligaciones de alimentos tiene precedencia en las relaciones entre los Estados miembros de la UE.

El Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos es aplicable a los menores de 21 años. Puede ampliarse para incluir a otros familiares, si los dos Estados signatarios interesados adoptan una declaración en este sentido.

Para poder utilizar los servicios de la LBIO debe presentarse el formulario de solicitud «El enlace abre una nueva ventanacobro de pensiones alimenticias internacionales». Este formulario puede descargase del sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaLBIO.

En principio, las actividades que llevan a cabo la LBIO y las instituciones extranjeras en el marco de la Convención de Nueva York y el Tratado con los Estados Unidos son gratuitas. Pueden generarse gastos en relación con los procedimientos legales en el extranjero o el cobro de la pensión alimenticia.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

En el caso de las pensiones alimenticias para menores y cónyuges:

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (El enlace abre una nueva ventanaLBIO)

Postbus 8901
3009 AX Rotterdam

En el caso de asistencia jurídica:

El enlace abre una nueva ventanaRaad voor Rechtsbijstand,

Postbus 450,

2501 CL Den Haag

Teléfono: (+31) 703 70 14 14

En el caso de asistencia jurídica en casos transfronterizos:

Raad voor Rechtsbijstand,

Regiokantoor Den Haag

A la atención de: Jan Ouwehand

Laan van Meerdervoort 51B

2517 AE Den Haag

Teléfono: (+31) (0)88 787 1320

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanaj.ouwehand@rvr.org

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

La LBIO también cobra pensiones alimenticias a deudores residentes en los Países Bajos a solicitud de acreedores que residan en el extranjero. Si el acreedor de la obligación domiciliado en otro Estado miembro desea reclamar una pensión alimenticia al deudor de la obligación que reside en los Países Bajos, puede invocar el sistema del Convenio. A continuación debe presentar una solicitud a la institución emisora de su país, que se pondrá en contacto con la institución receptora en los Países Bajos (la LBIO). Posteriormente, la institución receptora adopta las medidas necesarias para obtener la pensión alimenticia.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

La información de contacto figura en la respuesta a la pregunta 14.2.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El procedimiento judicial requiere el pago de una contribución a los gastos de la administración de justicia. Se trata de la tasa judicial de registro. Aparte de ello también deben pagarse los honorarios de abogados y las tasas de agentes judiciales. Si el litigante no puede pagar (la totalidad de) los honorarios de un abogado, en ciertas circunstancias puede tener derecho a recibir asistencia jurídica. A esto se le denomina «asunto con derecho a asistencia jurídica». El Estado paga parte de los gastos y el litigante sufraga una «contribución personal». La cuantía de esta «contribución personal» depende de los ingresos y medios financieros del litigante.

El Consejo de Asistencia Jurídica concede la asistencia jurídica. El litigante debe presentar una solicitud de asistencia jurídica al Consejo de la jurisdicción (competencia territorial de un tribunal de apelación) en la que se encuentre el despacho del abogado. En la práctica, suele ser el abogado quien presenta la solicitud si ha sido consultado antes de la solicitud de asistencia jurídica. También debe presentarse una «Declaración de ingresos y activos» (que puede obtenerse en la autoridad municipal del lugar de residencia). Esta declaración debe enviarse junto con la solicitud al Consejo de Asistencia Jurídica, el cual investiga si el litigante puede acogerse a dicha asistencia. Si es así, se expide un certificado de derecho a asistencia jurídica. En estos casos se reduce igualmente la tasa judicial de registro. El derecho a recibir asistencia jurídica se aplica igualmente a las controversias transfronterizas, es decir, si el demandante reside fuera de los Países Bajos, como se establece en la Directiva relativa al acceso a la justicia en los litigios transfronterizos. La asistencia jurídica se puede solicitar invocando los artículos 23A a 23K de la Ley de asistencia jurídica, a través del Consejo de Asistencia Jurídica de La Haya, utilizando el formulario normalizado adjunto a esta Directiva, que es idéntico en todos los Estados miembros. En caso necesario, el Consejo de Asistencia Jurídica puede ayudar a elegir un abogado.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

No se han realizado modificaciones en virtud del artículo 51 del Reglamento.

Última actualización: 01/10/2019

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Pensiones alimenticias - Polonia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Código de familia y tutela, la obligación de alimentos es la que contraen los parientes consanguíneos en línea directa y los hermanos, y que consiste en facilitar medios de subsistencia, como pueden ser vestido, sustento, habitación, combustible y asistencia médica, así como, en caso necesario, medios de educación, incluidos los medios para el desarrollo físico e intelectual, y las posibilidades de acceso a la educación y la cultura.

Por «pensión alimenticia» se entiende el pago en efectivo o en especie. En el caso de los hijos, también incluye una aportación personal para su formación y una contribución a la economía doméstica compartida con arreglo a la obligación de alimentos.

Por «créditos de alimentos» se entiende el derecho de una persona a reclamar a otra el cumplimiento de la obligación de alimentos.

Como norma general, la obligación de alimentos surge de diferentes vínculos familiares. El Derecho polaco distingue los siguientes tipos de obligación de alimentos, en función del grado de parentesco:

1. Obligación de alimentos entre parientes (la pensión alimenticia a los hijos es una variante específica de esta obligación). En el caso de los parientes, solo tendrán derecho a percibir alimentos los que atraviesen dificultades económicas. No obstante, los progenitores están obligados a prestar alimentos a los hijos que no puedan hacer frente a sus necesidades, a menos que las rentas de los menores sean suficientes para cubrir sus costes de alimentación y educación. Una vez cumplidos los 18 años, los hijos pierden su derecho a recibir alimentos, a menos que deseen continuar su educación y las calificaciones que hayan obtenido hasta ese momento justifiquen tal opción, o la obligación de alimentos deba continuarse debido a la salud o situación personal del hijo. Asimismo, los progenitores no están obligados a pagar una pensión alimenticia a los hijos que, cumplidos los 18 años y preparados para ocupar un puesto de trabajo, decidan continuar sus estudios, pero los descuiden, no logren un progreso satisfactorio, no aprueben los exámenes o no se presenten a las convocatorias y no los completen en el plazo previsto en los planes de estudio.

Si es imposible obtener la pensión alimenticia, o si obtenerla conlleva dificultades excesivas, se puede obligar a otros parientes a prestar alimentos, por ejemplo, a los abuelos del niño que son progenitores del deudor que se encuentra en paradero desconocido.

2. Obligación de alimentos originada por adopción. Si los efectos de la adopción consisten exclusivamente en la relación del adoptante y el adoptado, la obligación de alimentos del primero respecto del segundo prima sobre la obligación de alimentos de los parientes en línea ascendente y los hermanos de la persona adoptada, ya que la obligación de alimentos de los parientes en línea ascendente y los hermanos viene en último lugar. En cualquier otro caso, se aplicarán a la persona adoptada las normas establecidas en el punto 1.

3. Obligación entre personas emparentadas por afinidad (madrastra, padrastro, hijastros): Solo tienen derecho a la pensión alimenticia las personas que atraviesan dificultades económicas siempre y cuando, en una situación determinada, la imposición de la obligación de alimentos esté en consonancia con las normas sociales aceptadas. En la legislación y la jurisprudencia polacas, por «dificultades económicas» se entiende la imposibilidad de hacer frente a las propias necesidades básicas con los recursos propios y con el propio esfuerzo.

4. Obligación entre los cónyuges mientras dura el matrimonio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Código de familia y tutela, los miembros de la familia pueden reclamar el derecho al «mismo nivel de vida».

5. Obligación entre los cónyuges tras la disolución del matrimonio. Si solo uno de los cónyuges ha sido considerado responsable de la disolución del matrimonio y el divorcio implica un deterioro sustancial de la situación económica del otro cónyuge, este último puede solicitar que se cubran sus necesidades razonables, aunque no atraviese dificultades económicas. En los demás casos, el cónyuge que atraviesa dificultades económicas puede solicitar una pensión alimenticia al ex cónyuge para cubrir sus necesidades razonables en proporción a la capacidad de ingresos y a la situación económica de su ex cónyuge. La obligación de alimentos hacia el cónyuge se extingue cuando dicho cónyuge vuelve a contraer matrimonio. No obstante, en caso de que la obligación recaiga sobre el cónyuge divorciado que no haya sido declarado responsable de la disolución del matrimonio, la obligación también se extingue transcurridos cinco años a partir de la sentencia de divorcio, a menos que el tribunal decida que se prolongue el periodo de cinco años a instancia del cónyuge con derecho a recibir alimentos, en circunstancias excepcionales.

6. Obligación del progenitor de un hijo nacido fuera del matrimonio respecto a la madre de este último. Un padre que no sea el cónyuge de la madre debe contribuir de acuerdo con sus circunstancias a sufragar los costes generados por el embarazo y el parto, así como los costes de tres meses de pensión alimenticia para la madre en el periodo de parto. Cuando existan razones importantes, la madre puede solicitar una pensión alimenticia a dicho progenitor para hacer frente a sus necesidades durante un periodo superior a los tres meses.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

Los progenitores deben cumplir la obligación de alimentos respecto de los hijos que no puedan hacer frente a sus propias necesidades. Dado que los hijos tienen la obligación de continuar con sus estudios hasta cumplir los 18 años, por norma general tienen derecho a recibir una pensión alimenticia hasta alcanzar la mayoría de edad o incluso hasta completar estudios de máster o formación profesional superior.

Los subsidios del fondo de pensiones alimenticias del Estado se pagan a menores que tienen derecho a recibirlos hasta que cumplan los 18 años. Asimismo, tienen derecho al subsidio hasta cumplir los 25 años si continúan con sus estudios en escuelas o instituciones de educación superior, o por un periodo indefinido de tiempo si se ha declarado que padecen una discapacidad grave.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Sí, se pueden dar las siguientes situaciones:

1. cumplimiento voluntario de la obligación de alimentos,

2. celebración de un acuerdo sobre la obligación entre las partes,

3. si la persona a la que corresponde la obligación de alimentos no la satisface, se interpone una demanda ante el tribunal de distrito (sąd rejonowy) competente en el lugar de residencia de la persona que tiene derecho a pensión alimenticia (artículo 32 del Código Civil) o del demandado (artículo 27, apartado 1, del Código Civil), o se presenta tal demanda durante el proceso de divorcio o separación ante un tribunal regional (sąd okręgowy).

La demanda está exenta del pago de tasas judiciales. Ahora bien, debe cumplir con todos los requisitos de un escrito procesal, es decir, debe incluir el nombre del tribunal al que se presenta, los nombres y apellidos de las partes, sus representantes legales y abogados, el tipo de escrito procesal, una clara descripción de la demanda, el importe de la reclamación, una descripción de los hechos justificativos de la demanda y, cuando proceda, también justificante del tribunal competente, la firma de la parte o de sus representante legal o abogado (debe adjuntarse el poder notarial), una lista de anexos, el lugar de residencia o el domicilio social de las partes y sus representantes legales y abogados, y una descripción de la demanda. Los escritos procesales posteriores deben incluir el número de la demanda.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Podrán interponer una demanda de pensión alimenticia en nombre de la persona que tiene derecho a percibirla:

– un apoderado, que, además de un abogado o asesor legal, puede ser un progenitor, un cónyuge, un hermano, un pariente en línea ascendente o una persona que tenga una relación de adopción con el beneficiario, así como el encargado de administrar el patrimonio del mismo;

– el representante de la administración local responsable de la asistencia social, de conformidad con la Ley de Asistencia Social de 12 de marzo de 2004 [Boletín Oficial (Dziennik Ustaw) de 2004, nº 64, punto 593], como el director de un centro municipal de asistencia social o de un centro de distrito de apoyo a la familia;

– el representante de una organización social que tenga como objetivo asistir a las familias. En el Reglamento del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 2000 (Boletín Oficial de 2000, nº 100, punto 1080) se incluye una lista de estas organizaciones;

– el fiscal, si ello fuera necesario con vistas a proteger el Estado de Derecho y el interés público.

El representante legal actúa en nombre de los menores con derecho a pensión alimenticia. No obstante, cuando los menores alcancen la mayoría de edad deberán actuar por cuenta propia.

A menos que la persona con la que se convive o un conocido de la persona con derecho a la pensión alimenticia sea uno de los mencionados anteriormente, no podrá actuar en nombre del beneficiario.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

De conformidad con el Código Penal, el órgano jurisdiccional competente en materia de derechos de alimentos es el tribunal de distrito. La competencia viene determinada por el lugar de residencia del demandante o del demandado. El Reglamento del Ministerio de Justicia de 25 de octubre de 2012 en materia de determinación de sedes y competencia de los tribunales de apelación, tribunales regionales y tribunales de distrito (Boletín Oficial de 2012, punto 1223) establece los tribunales competentes en determinados municipios.

Los tribunales regionales tienen competencia en los casos relativos al reconocimiento de las resoluciones judiciales de los Estados miembros de la UE en Polonia (artículo 11511, apartado 1, del Código Civil) si la resolución se emite ante un Estado que esté vinculado por el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones de alimentos (DO, L 331 de 16.12.2009, p. 17).

Las resoluciones extranjeras emitidas después del 18 de junio de 2001 en países europeos, a excepción de Croacia, Dinamarca y Reino Unido, deben declararse ejecutables por el tribunal del distrito de conformidad con el artículo 115311 del Código Civil.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

En los casos de obligación de alimentos no es necesaria la representación por un abogado. El demandante puede optar por actuar en nombre propio o a través de un representante profesional.

En las preguntas 7 y 20 puede consultarse información sobre la posibilidad de que el tribunal designe a un abogado de oficio para que actúe en nombre del demandante.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

De conformidad con la legislación polaca, la persona que solicita una pensión alimenticia y el demandado en un asunto de reducción de la pensión alimenticia están exentos del pago de las tasas judiciales [artículo 96, apartados 1 y 2, de la Ley de 28 de julio de 2005, sobre tasas judiciales en procedimientos civiles (Boletín Oficial de 2005, nº 167, punto 1398, en su versión modificada)]. Esta exención es total, es decir, dichas personas no han de abonar tasas judiciales, tasas de recurso ni tasas de ejecución.

Asimismo, toda persona que esté exenta del pago de las tasas judiciales puede solicitar asistencia jurídica gratuita en forma de un abogado designado de oficio por el tribunal. Si se accede a designar un abogado, sus honorarios serán abonados por la parte contraria a aquella para la cual haya sido designado. Si esta última pierde el caso, los honorarios del abogado serán sufragados por la Tesorería del Estado.

Los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros en este contexto se rigen por la Ley relativa al derecho de asistencia en procedimientos civiles llevados a cabo en los Estados miembros de la Unión Europea. (Boletín Oficial de 2005, nº 10, punto 67, en su versión modificada). Se puede consultar más información sobre esta Ley en los datos facilitados por las autoridades polacas en materia de asistencia jurídica gratuita.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El importe de la pensión alimenticia depende de la capacidad económica y de ingresos de la persona que debe pagarla y de las necesidades razonables del demandante. Por necesidades razonables se entiende todo lo que es esencial para el sustento del demandante, no sólo en términos materiales sino también en otros aspectos, como culturales y espirituales. Las necesidades de los menores abarcan el coste de su educación. A la hora de determinar la capacidad económica y de ingresos de la persona que debe pagar la pensión alimenticia, no se tiene en cuenta la renta que percibe realmente sino la que podría percibir en caso de que aprovechara todo su potencial. De aquí trasciende que toda persona desempleada que no perciba ingresos regulares puede tener la obligación de pagar pensión alimenticia, y los pagos serán ejecutables.

En caso de que se produzca un cambio en las circunstancias, se podrá solicitar que se modifique la resolución judicial o el acuerdo de obligación de alimentos. Cualquiera de las partes de la relación de alimentos puede solicitar dicha modificación. Dependiendo de las circunstancias, las partes pueden solicitar la cancelación de la obligación de alimentos o el incremento o la reducción del importe de la pensión alimenticia. Se podrá modificar el importe de la pensión si aumentan o disminuyen las necesidades razonables de la persona a la que corresponden los alimentos o la capacidad de ingresos de la persona que debe pagar la pensión.

No existe una cuantía fija del importe de la pensión alimenticia en Polonia, y la pensión no se calcula según un porcentaje fijo de las ganancias de la persona que tiene la obligación de pagarla. En 2014, el salario mínimo era de 1 680 PLN brutos (400 EUR aproximadamente). En 2013, el salario mínimo era de 3 650 PLN brutos mensuales (900 EUR aproximadamente). En la práctica, se otorga una pensión alimenticia de entre 300 PLN y 1 000 PLN al mes por hijo en la mayoría de casos. El importe de la pensión alimenticia no está sujeto a la indexación automática dependiendo de la edad del hijo o del nivel de inflación.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La persona considerada deudora en la resolución de ejecución debe pagar la pensión alimenticia. Por normal general, la pensión alimenticia establecida en Polonia se paga mensualmente en eslotis al representante legal del menor, en efectivo o mediante transferencia bancaria, normalmente el día 10 de cada mes. En caso de retraso en los pagos, existen sentencias que dictan el interés legal, una tasa anual del 13 % desde 2008, sobre la cantidad debida (véase la información proporcionada por Polonia en materia de interés legal).

El principio consiste en que el importe de la pensión alimenticia ha de ser pagado exclusivamente por el deudor. Si dicha persona no paga de forma voluntaria, la parte que tiene derecho a la pensión alimenticia puede incoar procedimientos de ejecución ante la autoridad ejecutiva competente, que suele ser un agente judicial. La ejecución también puede incoarse de oficio a petición del tribunal de primera instancia que emitió la resolución que determinaba el importe de la pensión alimenticia. La parte que tiene derecho a la pensión alimenticia también puede presentar la orden de ejecución en el lugar de trabajo del deudor o en la institución que paga la pensión del deudor y demandar que la pensión alimenticia adeudada se deduzca de la cantidad que se abona al deudor. Tal demanda es vinculante para la agencia que paga.

La ejecución contra los bienes del deudor requiere de una demanda por separado.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Si la persona obligada a abonar la pensión alimenticia incumple la obligación de realizar el pago voluntariamente, se le podrá forzar a hacerlo. Véase la respuesta a la pregunta 9.

Asimismo, con arreglo al artículo 209 del Código Penal, el incumplimiento reincidente del pago de la pensión alimenticia constituirá infracción punible con multas, penas no privativas de libertad o prisión por un máximo de dos años.

El artículo 5, apartado 3, párrafo 3, de la Ley de 7 de septiembre de 2007 sobre asistencia a personas que tienen derecho a la pensión alimenticia (Boletín Oficial de 2009, nº 1, punto 7, en su versión modificada) establece que la autoridad competente puede presentar recurso para la suspensión del permiso de conducir del deudor.

Si fracasa la ejecución, el agente judicial puede solicitar que el deudor sea inscrito en el registro de deudores insolventes.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

De conformidad con el artículo 1083, apartado 2, del Código Civil, los pagos pendientes de pensión alimenticia pueden cobrarse mediante embargo de la cuenta bancaria.

De conformidad con el artículo 833, apartado 1, del Código Civil, la remuneración por empleo está sujeta a ejecución en la medida estipulada en el Código del Trabajo. Como norma general, se puede embargar el 60 % del salario. Asimismo, se pueden embargar hasta tres quintas partes de la cantidad concedida por la Tesorería del Estado para fines especiales, sobre todo becas y subsidios (artículo 831, apartado 1, párrafo 2, del Código Civil).

De conformidad con el artículo 829 del Código Civil, no están sujetos a ejecución, en particular:

– los artículos del hogar y de ropa básicos para el deudor y los miembros de la unidad familiar dependientes, así como la ropa necesaria para el desempeño de un servicio o del trabajo profesional;

– las herramientas u otros objetos necesarios para el deudor en su trabajo remunerado, salvo los vehículos a motor;

– el sustento y combustible necesarios para el deudor y los miembros de la unidad familiar dependientes durante un mes;

– el dinero necesario para mantener al deudor y a su familia durante dos semanas;

– los objetos necesarios para estudiar, documentos personales, decoración, objetos usados para prácticas religiosas y objetos cotidianos que solo puedan venderse muy por debajo de su valor pero que son valiosos para el deudor.

Asimismo, el artículo 831 del Código Civil estipula que no están sujetas a ejecución las prestaciones sociales en virtud de la Ley de 12 de marzo de 2004 en materia de asistencia social (Boletín Oficial de 2013, punto 182, en su versión modificada) ni los créditos del deudor con cargo al presupuesto del Estado o al Fondo Nacional de Salud (Narodowy Fundusz Zdrowia) para prestaciones médicas a tenor de lo dispuesto en la Ley de 27 de agosto de 2004 en materia de prestaciones médicas financiadas con cargo a fondos públicos (Boletín Oficial de 2008, nº 164, punto 1027, en su versión modificada) antes de la provisión de dichas prestaciones, hasta un 75 % de cada pago.

El artículo 137, apartado 1, del Código de familia y tutela dispone que el pago de la pensión alimenticia está sujeto a un plazo de prescripción de tres años.

El artículo 121, apartado 1, del Código Civil estipula que el plazo de prescripción no comienza a correr y, si ha comenzado a correr se suspende, en caso de demanda del hijo contra los progenitores durante el transcurso del ejercicio de la responsabilidad parental.

Si el deudor cuestiona la validez de la obligación de alimentos a favor de un hijo adulto, el agente judicial puede solicitar al demandante que presente un certificado que confirme que continúa cursando estudios, que no tiene ingresos o que está bajo tratamiento médico y, por tanto, todavía necesita el apoyo económico del deudor.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Tal como se apunta en la pregunta 4, pueden presentar una demanda de obligación de alimentos en nombre de la persona que tenga derecho a percibir alimentos, entre otros, los directores de centros de asistencia social, determinadas organizaciones sociales, representantes de autoridades gubernamentales responsables de asistencia social y en algunos casos, fiscales públicos. Dichas entidades también pueden ayudar al demandante participando en los procedimientos sobre obligación de alimentos que ya están en marcha. Su papel es, por tanto, apoyar a la persona que tiene derecho a percibir pensión alimenticia en los procedimientos judiciales.

Los tribunales regionales ayudan a la persona que tiene derecho a percibir pensión alimenticia a cobrar la pensión desde el extranjero.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

La Ley de 7 de septiembre de 2007 sobre asistencia a personas que tienen derecho a percibir pensión alimenticia (Boletín Oficial de 2009, nº 1, punto 7, en su versión modificada) establece las normas de ayuda estatal a personas que tienen derecho a percibir pensión alimenticia en casos donde fracase la ejecución.

Las pensiones pagadas desde un fondo de pensiones alimenticias se pueden obtener solo si el ingreso de la familia no excede los 725 PLN mensuales per cápita (aproximadamente 170 EUR). La demanda se presenta en la oficina municipal a la que corresponde la competencia del lugar de residencia de la persona con derecho a percibir alimentos.

Ahora bien, si la persona con derecho a percibir alimentos vive en una institución que ofrece cuidados las 24 horas, por ejemplo, un centro de asistencia social, un centro docente asistencial, un centro de detención de menores o un centro de prisión preventiva, o bien con una familia de acogida, ha contraído matrimonio o tiene un hijo y tiene derecho a una prestación familiar, no se le concederá el pago anticipado.

Esta Ley es de aplicación solo si la persona con derecho a percibir alimentos reside en Polonia durante el periodo por el que se conceden los pagos anticipados.

Puede encontrarse más información en la siguiente dirección: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

Si el deudor reside en el extranjero y la persona con derecho a percibir alimentos reside en Polonia, el tribunal regional competente en el lugar de residencia de la persona con derecho a percibir alimentos ayuda a dicha persona a presentar la demanda de pensión alimenticia facilitándole la información y asistencia necesarias para cumplimentar los documentos requeridos y comprobando que es formalmente correcta.

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Sí.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El tribunal regional cumplimenta la Parte A de la demanda presentada en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

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15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

El artículo 55 del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos no requiere que las demandas se presenten mediante la autoridad central del Estado en el que residen los demandantes. Las demandas deben presentarse directamente ante el tribunal polaco competente de conformidad con los requisitos formales estipulados en los capítulos IV y VI del Reglamento y en el Código Civil.

Los datos de los organismos transmisores están disponibles aquí:

El enlace abre una nueva ventanahttp://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

Las organismos transmisores de los países extranjeros previstos en las declaraciones adjuntas al Reglamento facilitan a la persona con derecho a percibir alimentos toda la información necesaria, la ayudan a cumplimentar los documentos requeridos, comprueban que la demanda es formalmente correcta y la envían al extranjero.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Si el tribunal otorga la pensión alimenticia y el caso entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 4/2009, el demandante que resida en el extranjero puede usar el procedimiento estipulado en dicho Reglamento y dirigirse al organismo transmisor competente del país en el que reside o presentar una demanda de reconocimiento de ejecución de una resolución extranjera al tribunal competente (véase la pregunta 5). La demanda de ejecución se presenta en la oficina de cualquier agente judicial.

Si Polonia y el país de residencia del demandante son signatarios de un convenio o un acuerdo bilateral relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones en casos de obligaciones de alimentos, tal asistencia se facilitará en la medida en que se estipule en dicho acuerdo. Como norma general, los acuerdos bilaterales prevén la demanda directa ante un tribunal polaco o la demanda a tal tribunal mediante un tribunal del país en que se emitió la resolución. En este último caso, la demandas se transmiten mediante la autoridad central, que es normalmente el Ministerio de Justicia o las autoridades previstas en el Convenio de Nueva York:

El enlace abre una nueva ventanahttp://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XX/XX-1.en.pdf

Los datos de los tribunales están disponibles aquí:

El enlace abre una nueva ventanahttp://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

y los datos de los agentes judiciales están disponibles aquí: El enlace abre una nueva ventanahttp://komornik.pl/

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí, desde el 18 de junio de 2011.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

La normativa aplicable en Polonia son las disposiciones de la Ley de 17 de diciembre en materia de derecho a asistencia en procedimientos civiles dirimidos en los Estados miembros de la Unión Europea (Boletín Oficial de 2005, nº 10, punto 67, en su versión modificada) y la Directiva del Consejo 2003/8/CE, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DO L 26/41 de 31.1.2003, p. 90), que complementan las disposiciones del Código Civil y la Ley sobre costas procesales en materia civil. La parte que espera obtener una forma de asistencia determinada, por ejemplo, asistencia letrada, traducción de documentos o reembolso de gastos de viaje, debe informar de forma clara al tribunal sobre ello mediante un formulario de la UE (https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-es.do) o de Polonia (El enlace abre una nueva ventanahttp://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/obywatel-w-postepowaniu-cywilnym/).

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

La Ley por la que se modifica el Código Civil y otras leyes (Boletín Oficial de 2011, nº 129, punto 735), a tenor de la cual la autoridad central polaca puede ordenar a la autoridad competente del deudor a llevar a cabo una investigación sobre obligación de alimentos, se adoptó el 28 de abril de 2011. Si el deudor o demandado no puede ser localizado, el Ministerio de Justicia consulta con los registros civiles locales y centrales para determinar el tribunal o agente judicial competentes o dar respuesta a una solicitud de medidas determinadas. En la actualidad, no se han planificado cambios de las bases legales, la financiación o la estructura del personal de la autoridad central con vistas a garantizar el funcionamiento de las actividades descritas en el artículo 51.

Última actualización: 04/10/2016

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Pensiones alimenticias - Rumania

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

La obligación jurídica de proporcionar alimentos es un deber impuesto por ley, que obliga a una persona a suministrar a otra los medios de subsistencia necesarios, incluidos los requeridos para la satisfacción de sus necesidades espirituales, y, cuando un progenitor tenga la obligación de proporcionar alimentos a los hijos menores de edad, los medios requeridos para su educación, su acceso a la enseñanza y su formación profesional.

La obligación de alimentos existe entre cónyuges, parientes en línea directa, hermanos y hermanas, así como entre otras personas definidas específicamente por ley (artículo 516 del Código Civil rumano).

La obligación de alimentos existe entre ex cónyuges (artículo 398 del Código Civil). No debe confundirse con la indemnización compensatoria o compensación por daños.

El cónyuge que ha contribuido a la manutención del hijo del otro cónyuge es considerado responsable de pagar alimentos al hijo que sea menor de edad, pero solo si los progenitores naturales del hijo han fallecido, están desaparecidos o atraviesan dificultades económicas (artículo 517, apartado 1, del Código Civil). Por su parte, el hijo puede tener la obligación de pagar una pensión alimenticia a la persona que lo haya mantenido durante 10 años (artículo 517, apartado 2, del Código Civil).

Los herederos de la persona responsable de mantener al menor o quien lo mantuvo sin obligación legal están obligados, dependiendo del valor de los bienes heredados, a continuar manteniendo al hijo, si los progenitores del mismo han fallecido, están desaparecidos o atraviesan dificultades económicas, pero solo mientras el beneficiario de la pensión alimenticia sea menor.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

La obligación de alimentos entre progenitores e hijos está regulada por los artículos 499 y 525 del Código Civil. Los menores que solicitan pensión alimenticia a los progenitores se consideran necesitados si no pueden hacer frente a sus necesidades con los rendimientos de su trabajo, aunque posean bienes. No obstante, si los progenitores no están en posición de ofrecer una pensión alimenticia sin poner en peligro su propia existencia, el tribunal de familia puede acceder a conceder la pensión mediante la venta de bienes del hijo, salvo los bienes estrictamente necesarios.

Los progenitores deben pagar la pensión alimenticia al hijo hasta que alcance la mayoría de edad, que suele suceder a los 18 años, si su educación está aún en curso, hasta que finalice los estudios, con un límite de 26 años.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

El demandante o acreedor debe presentar su solicitud al tribunal competente de su lugar de residencia permanente o del lugar de residencia del demandado o deudor. El emplazamiento judicial para determinar la pensión alimenticia puede emitirse por separado o durante el transcurso del procedimiento de divorcio, de determinación de la paternidad, de ejercicio de la responsabilidad parental de un menor o de establecimiento de la dirección permanente del menor. El tribunal puede requerir, a instancia de su presidente, medidas cautelares válidas únicamente hasta que se emita la resolución relativa a los procedimientos sustanciales de la disolución del matrimonio. El procedimiento de primera instancia consta de varias fases. En la fase escrita se presentan la citación, la demanda y la reconvención; se pueden ordenar medidas cautelares como retención o embargo, se cita a las partes y se les envían los documentos procesales. La fase oral comprende la audiencia judicial, donde pueden surgir excepciones procesales y se procesan las pruebas. Después viene la etapa de deliberación y la emisión del fallo judicial.

En el caso de divorcio de mutuo acuerdo, que puede declararse ante un notario público, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo sobre los efectos del divorcio, entre ellos la determinación de la contribución de cada cónyuge a los gastos de crianza, educación, estudios y formación profesional del hijo.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

En principio, las partes involucradas en el procedimiento de obligación de alimentos pueden estar representadas. No obstante, cuando se interponga una demanda de pensión alimenticia durante el procedimiento de divorcio, los cónyuges pueden ser representados en la demanda de divorcio solo en algunos casos contemplados expresamente en el artículo 920 del Código Civil.

Si se presenta una demanda de determinación, incremento o reducción de la pensión alimenticia por separado, las partes pueden ser representadas del modo convencional por un abogado u otro representante. Si son representados por alguien que no sea abogado, este no podrá presentar alegaciones finales en el juicio oral. El menor es representado por su representante legal (progenitor, o en casos excepcionales, otras personas que ejerzan la patria potestad). La demanda relativa al hijo que ha alcanzado la mayoría de edad es presentada por el hijo en persona.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

El tribunal con competencia territorial (del lugar de residencia del acreedor o del deudor) puede ser determinado mediante el atlas judicial rumano, que se publica en el sitio web del Ministerio de Justicia en el portal judicial El enlace abre una nueva ventanahttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

No, porque el demandante no tiene la obligación de ser representado o asistido por un abogado.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Las solicitudes para determinar o modificar la pensión alimenticia están exentas de derechos de timbre. La asistencia o representación de un abogado entrañan gastos, pero estos no son obligatorios. Si la parte interesada no tiene ingresos insuficientes, puede solicitar asistencia jurídica gratuita para cubrir los honorarios del abogado u otros costes derivados del juicio.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

La pensión alimenticia se concede según las necesidades del demandante y los recursos del deudor. En principio, la pensión alimenticia se concede en especie y proporciona medios de subsistencia plenos. No obstante, en la mayoría de casos y en la práctica, el tribunal determina la pensión alimenticia en efectivo, bien como cantidad fija, bien como porcentaje de los ingresos mensuales del deudor (artículo 530 del Código Civil). La pensión alimenticia en forma de cantidad fija se ajusta con la inflación, por ley, con carácter trimestral.

Si la pensión alimenticia debe pagarla uno de los progenitores, se establece en una cuarta parte de los ingresos netos mensuales por hijo del progenitor, un tercio en caso de dos hijos y la mitad para tres hijos o más. La ley establece que la cuantía de la pensión alimenticia a favor de los hijos, junto con la pensión alimenticia debida a otras personas, no puede exceder la mitad de los ingresos netos mensuales del deudor (artículo 529 del Código Civil).

Si los medios de la persona que paga la pensión o las necesidades del beneficiario cambian, el tribunal de familia puede, mediante una nueva acción, incrementar o reducir la pensión alimenticia, u ordenar la terminación del pago, según proceda (artículo 531 del Código Civil).

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La pensión se concede en especie de tal modo que ofrezca medios plenos de subsistencia y, según proceda, cubra los gastos de educación, estudios y formación profesional (artículo 530 del Código Civil). Si no se cumple con la obligación de alimentos en especie de forma voluntaria, el tribunal de familia ordenará que se pague en efectivo. Se puede determinar la pensión alimenticia, bien como una cantidad fija, bien como un porcentaje de los ingresos mensuales netos del deudor.

La pensión alimenticia se paga en plazos regulares en la fecha acordada entre las partes o, en ausencia de tal acuerdo, en la fecha determinada por la resolución judicial. Las partes pueden acordar o, si existen motivos razonables, el tribunal de familia puede resolver, que se pague la pensión alimenticia por adelantado como una cantidad única que cubra las necesidades de manutención del beneficiario durante un periodo de tiempo más largo o durante el periodo total en que se deba pagar pensión alimenticia, siempre y cuando el deudor disponga de los medios necesarios para cumplir con la obligación (artículo 533 del Código Civil).

La pensión alimenticia determinada a favor del menor se paga al representante legal del mismo.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Dado que en la mayoría de casos la pensión se determina en efectivo, el método de ejecución mas común es el embargo del salario (ingresos mensuales). La venta forzosa de los bienes muebles e inmuebles del deudor es un método menos habitual.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

En cuanto a la reclamación de cobro de pensiones alimenticias, el artículo 728 del Código Civil establece que solo la mitad de los ingresos netos mensuales del deudor podrán estar sujetos a ejecución para la cantidad debida como alimentos. Si existen diversos procedimientos de cobro por la misma cantidad, la cantidad ejecutable no superará la mitad de los ingresos netos mensuales, con independencia de la naturaleza de las reclamaciones.

Si el acreedor presenta solicitudes simultáneas para el embargo de varios bienes muebles e inmuebles cuyo valor exceda de forma clara la reclamación a pagar, el tribunal ejecutivo puede limitar la ejecución a algunos bienes (artículo 701 del Código Civil).

El cobro coercitivo finalizará, por ejemplo, cuando la obligación indicada en la orden de ejecución se ha cumplido totalmente y las tasas de ejecución han sido abonadas, si la ejecución no puede llevarse a cabo o continuarse debido a la ausencia de bienes ejecutables o la imposibilidad de liquidar los bienes o si la ejecución ha sido cancelada (artículo 702 del Código Civil).

El derecho a obtener el cobro coercitivo está sujeto a un plazo límite de tres años. Se puede presentar un recurso contra el cobro coercitivo ante el tribunal ejecutivo. El tribunal competente puede suspender la ejecución hasta que se tome una decisión sobre el recurso contra el cobro coercitivo (artículo 711 y siguientes del Código Civil).

Si se cancela la orden de ejecución o el cobro coercitivo, la parte interesada tiene derecho a revertir la ejecución restableciendo la situación que existía anteriormente (artículo 722 y siguientes del Código Civil).

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

No procede.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

No procede.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 4/2009, el Convenio de La Haya de 2007 y el Convenio de Nueva York de 1956, el demandante puede presentar la demanda de pensión alimenticia a través del Ministerio de Justicia rumano si el deudor reside en uno de los Estados miembros signatarios del Convenio de La Haya de 2007 o del Convenio de Nueva York de 1956.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Ministerio de Justicia de Rumanía.

17 Str. Apolodor, Sector 5

Bucarest 050741

Dirección de Derecho Internacional y Tratados – Servicio para la cooperación judicial internacional en materia civil.

(Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Fax +40 372041077

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanaddit@just.ro

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

No, el demandante debe ponerse en contacto con la autoridad central de su país, designada en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009, el Convenio de La Haya de 2007 o el Convenio de Nueva York de 1956.

La autoridad central del país del deudor puede, por tanto, ponerse en contacto con la autoridad receptora central de Rumanía:

  • el Ministerio de Justicia de Rumanía, para solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento (CE) nº 4/2009 y el Convenio de La Haya de 2007 o,
  • el colegio de abogados de Bucarest (Baroul Bucureşti), para las solicitudes presentadas con arreglo al Convenio de Nueva York de 1956.

La solicitud se envía después al tribunal competente.

El deudor que resida en el extranjero puede dirigir su solicitud directamente, en persona o mediante un abogado, al tribunal rumano con competencia en el lugar de residencia del demandado o deudor.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

El deudor que resida en el extranjero puede dirigir su solicitud directamente, en persona o mediante un abogado, al tribunal rumano con competencia en el lugar de residencia del demandado o deudor. Los datos del tribunal rumano competente están disponibles en el portal de justicia El enlace abre una nueva ventanahttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx en función del lugar de residencia del demandado o deudor.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Si, de conformidad con el artículo 2612 del Código Civil rumano, la legislación aplicable en materia de obligación de alimentos está determinada en virtud del Derecho de la Unión Europea, es decir, el Protocolo de La Haya de 23 noviembre de 2007 sobre la ley aplicable en materia de obligación de alimentos.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

No procede.

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

De conformidad con la Ley nº 36/2012 sobre determinadas medidas para la aplicación de determinados reglamentos del Consejo de la Unión Europea e instrumentos de derecho privado internacional en el ámbito de la obligación de alimentos, tras recibir la solicitud de pensión alimenticia o medidas especificas, el Ministerio de Justicia la envía para celebración de acuerdo a la autoridad competente u organismo que tiene los datos personales, al colegio de abogados local competente, a la Cámara de Ejecutores Judiciales o, si procede, al tribunal competente.

En el caso de las solicitudes presentadas a través de la autoridad central, con arreglo a las condiciones dispuestas en el artículo 46 del Reglamento, se puede conceder asistencia jurídica gratuita a demandantes de pensión alimenticia que no hayan cumplido 18 años o que continúen su formación académica, pero no mayores de 21 años, y a demandantes de pensión alimenticia que sean vulnerables.

El Ministerio de Justicia envía las solicitudes recibidas desde el extranjero directamente al colegio de abogados local competente. El decano del colegio de abogados emite una resolución de oficio obligatoria de forma inmediata para asignar a un abogado. El abogado asignado solicita la asistencia jurídica, incluido el método de pago de los honorarios del secretario judicial.

Tras la obtención de la orden de ejecución, el abogado asignado solicita al tribunal la concesión de asistencia jurídica gratuita en forma de pago de los honorarios del secretario judicial. El abogado envía la demanda de cobro coercitivo, la orden de ejecución y la resolución del decano del colegio de abogados al secretario judicial local competente.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Rumanía ha adoptado la Ley nº 36/2012 sobre determinadas medidas para la aplicación de determinados reglamentos del Consejo de la Unión Europea e instrumentos de derecho privado internacional en el ámbito de la obligación de alimentos.

El Ministerio de Justicia rumano es la autoridad transmisora central de Rumanía, que envía las demandas previstas en los artículos 53 y 56 del Reglamento. Tras recibir la documentación justificativa del acreedor o del deudor, el Ministerio de Justicia cumplimenta la Parte A de la solicitud y puede ayudar al acreedor o al deudor a cumplimentar la Parte B de la misma.

El Ministerio de Justicia es la autoridad central designada para recibir las solicitudes para medidas concretas y para obligación de alimentos. Una vez ha recibido las solicitudes, las envía para la celebración de un acuerdo a la autoridad competente o al organismo que tiene los datos personales, al colegio de abogados local competente, a la Cámara de Ejecutores Judiciales o, si procede, al tribunal competente.

Última actualización: 07/01/2016

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Pensiones alimenticias - Eslovaquia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

La obligación de alimentos emana directamente de la Ley n° 36/2005, que regula la institución familiar y modifica otras leyes («Ley de familia»). De conformidad con la Ley de familia, existen los siguientes tipos de obligación de alimentos:

a) la de los progenitores hacia sus hijos,

b) la de los hijos hacia sus progenitores,

c) la que obliga a otros parientes entre sí,

d) la que obliga a los cónyuges entre sí,

e) la de pensión alimenticia entre cónyuges,

f) la ayuda prestada a las madres solteras, destinada a satisfacer sus necesidades y otros gastos determinados.

En teoría, el concepto de obligación de alimentos, en su sentido más amplio, sitúa a las relaciones económicas en la familia entre las áreas específicas del Derecho de familia. Por tanto, es evidente que dicha obligación depende de la existencia de una relación personal regulada por el Derecho de familia.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

La obligación de alimentos de los padres hacia a los hijos es un deber impuesto por la ley que se aplica hasta que los hijos sean capaces de hacer frente a sus necesidades. Que el hijo haya completado la educación obligatoria no implica necesariamente que haya adquirido la capacidad de hacer frente a sus necesidades. La obligación de alimentos de los padres hacia a los hijos dependerá de la capacidad, las oportunidades y los recursos económicos del hijo durante su educación para el futuro empleo, como por ejemplo la educación universitaria a tiempo completo. La mayoría de edad no produce efectos jurídicos respecto a la duración de la obligación de alimentos. El momento en que el niño es capaz de hacer frente a sus necesidades legalmente es diferente según el caso. El tribunal examina cada caso de forma individual, en función de sus propios méritos. La capacidad de hacer frente a las necesidades de uno mismo se entiende por lo general como la capacidad de cubrir todas las necesidades y los gastos relativos para vivir solo, es decir, usando el propio dinero. Tal capacidad debe ser sostenible. Los ingresos ocasionales no se consideran un medio para establecer la capacidad de hacer frente a las propias necesidades.

En la práctica, el tribunal se apoya en el hecho de que la obligación de alimentos de los progenitores es flexible porque los lazos de sangre no están limitados por el tiempo, y por tanto, la obligación puede prorrogarse si, por ejemplo, el hijo decide estudiar en una fecha posterior o no es admitido en la universidad directamente tras acabar la educación secundaria. Con arreglo a la jurisprudencia, habida cuenta de la actual escasez de oportunidades de empleo para los recién graduados y los que han terminado la escuela, se considera formación profesional continua aquellos cursos adicionales que les permitan encontrar trabajo en otro ámbito distinto del que han estudiado hasta ese momento.

Cuando el hijo comienza a obtener ingresos regulares gracias al trabajo, una iniciativa empresarial u otros, la tarea de resolver cuando se extingue la obligación de alimentos es más sencilla. Dada la situación actual del mercado laboral, la existencia de diferentes formas de estudio y la variedad de instituciones educativas, la necesidad de aprender idiomas para poner la educación en práctica, los cursos de reciclaje laboral, la formación continua, las estancias académicas en el extranjero y la necesidad de mejores calificaciones, será más difícil para los tribunales establecer el momento en que el hijo es capaz de hacer frente a sus necesidades. Si el progenitor que paga la pensión alimenticia dispone de medios suficientes, se pueden justificar ciertas formas de formación continua. Al mismo tiempo, los intereses del hijo, que se reflejan es sus habilidades y talentos, deben tomarse en cuenta para que el hijo elija la formación adecuada para su futuro empleo. Ahora bien, es legítimo exigir que se adquiera la formación en una fase temprana para evitar abusos en la obligación de alimentos que puedan surgir de una aversión al trabajo, por ejemplo, si el hijo pierde el empleo por voluntad propia.

La edad límite de 18 años adquiere importancia desde un punto de vista procesal. Hasta que el niño alcance la mayoría de edad, el tribunal puede incoar procedimientos de obligación de alimentos por iniciativa propia, después de esa edad solo pueden iniciarse interponiendo una demanda. La demanda, presentada por el hijo adulto, debe dirigirse a uno o ambos progenitores y debe indicar el importe de la pensión alimenticia que se solicita y el periodo durante el que debe pagarse. El tribunal debe ceñirse de forma estricta a los límites de la demanda de pensión alimenticia a favor del hijo adulto puesto que, en este caso, no aborda un caso de protección de menores con arreglo al artículo 176 y siguientes del Código Civil, sino un procedimiento contencioso ordinario.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Si el deudor y el beneficiario no llegan a un acuerdo, el tribunal del distrito competente resolverá sobre la obligación de alimentos. Salvo en casos de obligación de alimentos de progenitores hacia los hijos menores, el tribunal incoa procedimientos tras la demanda presentada por el beneficiario o demandante contra el deudor o demandado. Los procedimientos relativos a los alimentos del hijo menor deben ser incoados por un tribunal por iniciativa propia (de oficio) (artículo 81, apartado 1, del Código Civil) porque en tales casos el tribunal tiene el deber de velar por los intereses de los menores.

Cualquiera puede actuar ante un tribunal de forma autónoma como parte de un procedimiento, es decir, tiene legitimación procesal, en la medida en que tenga la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones mediante sus propios actos. Las personas físicas que no tengan capacidad de presentarse ante el juez por sí mismos, por ejemplo los hijos menores, deben ser representados por el tutor legal (artículo 22 del Código Civil).

Además de la representación legal, el Código Civil distingue entre la representación de las partes en los procedimientos por poder notarial y la representación por resolución judicial.

El hijo menor no puede ser representado por el progenitor en casos relativos a actos jurídicos que puedan ocasionar un conflicto entre los intereses de los progenitores y los de los hijos menores, o entre los intereses de varios hijos menores representados por el mismo progenitor. En estos casos, el juez asigna un tutor ad litem para representar al niño durante el procedimiento o durante un acto jurídico concreto.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

Véase la respuesta a la pregunta 3.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Los artículos 84 a 89, letra b), del Código Civil definen la competencia territorial. La competencia material está regida por los artículos 9 a 12 del Código Civil. Los tribunales del distrito siempre tienen competencia territorial en primera instancia. Las excepciones a esta regla se estipulan en el Código Civil. En general, el tribunal competente es el del lugar de residencia del demandado, que es la persona contra la que se interpone la demanda, es decir, se aplica la competencia territorial en función del tribunal ordinario del demandado. El tribunal ordinario competente del demandado es el tribunal con competencia en su lugar de residencia o, en caso de no ser residente, el tribunal con competencia en el lugar donde se aloja. El Código Civil define expresamente el ámbito especial donde no se aplica esta norma. La competencia en materia de demanda de pensión alimenticia corresponde al tribunal donde reside el hijo menor, ya sea por decisión de los progenitores o por sentencia judicial, o donde reside el menor a tenor de otros motivos pertinentes. Lo anterior se conoce como competencia territorial exclusiva con arreglo al artículo 88, apartado 1, letra c), del Código Civil.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

Véanse las respuestas a las preguntas 3 y 4.

El demandante o beneficiario que tiene capacidad procesal puede interponer una demanda para incoar procedimientos judiciales directamente, es decir, sin representación, al tribunal competente.

El artículo 42, apartado 3, del Código Civil establece los requisitos de la demanda para incoar procedimientos judiciales, a saber, el tribunal receptor, el demandante, el caso al que se refiere y lo que busca el demandante, la descripción y la fecha.

Además de los requisitos generales, la demanda para incoar procedimientos judiciales debe contener información específica según lo estipulado en el artículo 79 del Código Civil. La demanda para incoar procedimientos judiciales también debe especificar el importe de la pensión alimenticia y el periodo de tiempo durante el que se debe pagar. La demanda de pensión alimenticia relativa a un adulto es vinculante en el tribunal porque no se trata de un caso de protección de menores según lo estipulado en el artículo 176 y siguientes, del Código Civil, sino de un procedimiento contencioso ordinario.

La demanda puede interponerse por escrito, oralmente para su grabación en la secretaría del tribunal o por medios de comunicación electrónicos, incluido el fax. Las demandas relativas al fondo del asunto interpuestas por medios electrónicos deberán registrarse en papel o presentarse oralmente para su grabación en la secretaría del tribunal en un plazo de tres días. Esta obligación no se aplica a demandas con firma electrónica avanzada. Debe presentarse el original de la demanda enviado por fax en un plazo de tres días. Las demandas que no se presenten en el plazo citado serán desestimadas.

Debe presentarse el número requerido de copias de la demanda, incluidos los anexos, a fin de que el tribunal conserve un ejemplar original y cada parte reciba una copia original, incluidos los anexos, cuando proceda. Si una parte no suministra el número requerido de copias y anexos, el tribunal hará copias a cargo de la parte.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Las tasas para actos individuales o procedimientos judiciales se rigen por la Ley nº 71/1992 del Consejo nacional eslovaco en materia de tasas judiciales y copias de inscripciones en el registro de penados. Las tasas se cobran con arreglo a un baremo de tasas judiciales. La legislación también define las exenciones de tasas judiciales en función de la situación personal o en la materia.

En el contexto de la obligación de alimentos, las siguientes disposiciones son relevantes:

Los procedimientos sobre protección judicial de menores están exentos por materia. Esto significa que los procedimientos sobre demanda de pensión alimenticia de hijos menores también están exentos de tasas judiciales.

Según el criterio de la situación personal, la exención de tasas judiciales se aplica a:

  • demandantes en procedimientos de orden de pago de pensión alimenticia, procedimientos de incremento de la pensión alimenticia, procedimientos para el pago de atrasos de la pensión alimenticia y procedimientos para el reconocimiento o otorgamiento de la ejecución de una orden de pago internacional de la pensión alimenticia;
  • madres solteras en procedimientos de pensión alimenticia y para el pago de ciertos gastos relativos al embarazo y al parto.

El punto 8 del baremo de tasas judiciales cita de forma explícita las tasas para los procedimientos relativos a la obligación de alimentos entre cónyuges y las demandas de pensión compensatoria entre cónyuges:

Punto 8


a) para demandas de pensión alimenticia entre cónyuges, de pensión compensatoria y de pensión alimenticia entre otros parientes, y para demandas de incremento de la pensión alimenticia:

2 % del valor de la demanda, con un mínimo de 16,50 EUR.

b) para demandas de reducción o cancelación de la pensión alimenticia entre cónyuges, pensión conyugal o demanda de pensión alimenticia entre otros parientes:

2 % del valor de la demanda, con un mínimo de 16,50 EUR.

Si la lista de tasas no estipula un importe determinado y el caso no entra en la categoría ni de situación personal ni de materia, se aplican las tasas descritas en el punto 1 de la lista de tasas judiciales:

Punto 1


Para demandas de incoación de procedimiento judicial, a menos que se estipule un importe determinado:


a) 6 % del valor (pago) de la pensión alimenticia o del valor del objeto de litigio,

con un mínimo de 16,50 EUR, un máximo de 16 596,50 EUR y un máximo de 33 193,50 EUR en casos comerciales.

El tribunal remite a cualquier parte que solicite asistencia jurídica gratuita y que cumpla los requisitos para la exención de tasas judiciales al Centro de asistencia jurídica (Centrum právnej pomoci). El tribunal también instruye a la parte de tal posibilidad (artículo 30 del Código Civil). De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Código Civil, el tribunal puede otorgar la exención total o parcial de las tasas judiciales a una parte si lo justifica la situación de dicha parte, siempre y cuando la acción iniciada no sea arbitraria y la parte no ejerce o defiende un derecho que es manifiestamente infundado. A menos que el tribunal resuelva lo contrario, se aplica la exención en todo el procedimiento con carácter retroactivo, ahora bien, no se reembolsarán las tasas pagadas antes de dicha resolución.

Artículo 138, apartados 2 y 6, del Código Civil:

2) Se adjuntarán los siguientes documentos a la demanda para probar la situación de la parte:

a) formulario cumplimentado cuyo modelo se publica en la página web del Ministerio de Justicia, o
b) una resolución de penuria económica de conformidad con la legislación especial.
3) El juez presidente, o un juez individual, informará a las partes de la exención de tasas judiciales en la siguiente audiencia.
4) Si una parte disfruta de asistencia jurídica gratuita de conformidad con la legislación especial, tal resolución implica una exención de las tasas judiciales en la medida en que se otorga asistencia jurídica gratuita.
5) El tribunal puede revocar el otorgamiento de exención de tasas judiciales en cualquier momento durante el procedimiento, incluso con carácter retroactivo, si es obvio que antes de que concluya el procedimiento la situación de dicha parte no justifica la exención.
6) Si la parte que disfruta de la exención de tasas judiciales tiene un representante asignado, la exención se aplicará, en la medida de lo otorgado, a los gastos y los honorarios del representante.

El mecanismo que facilita la asistencia jurídica gratuita y el método para prestarla por parte del Centro de asistencia jurídica a personas físicas que atraviesan dificultades económicas y no pueden usar servicios jurídicos para ejercer debidamente sus derechos, en la medida en que se facilita la asistencia jurídica gratuita, se rigen por la Ley nº 327/2005 en materia de provisión de asistencia jurídica gratuita a personas que atraviesan dificultades económicas que modifica la Ley nº 586/2003 sobre profesiones jurídicas y que modifica la Ley nº 455/1991 sobre profesiones colegiadas (Ley de profesiones), en su versión modificada por la Ley nº 8/2005. La ley citada anteriormente también define los criterios de provisión de asistencia jurídica gratuita, el procedimiento que deben seguir las personas físicas y las autoridades competentes en los procedimientos relativos a la aplicación de asistencia jurídica gratuita y la organización institucional que presta dicha asistencia.

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

En Eslovaquia, la legislación no especifica el importe específico de la pensión alimenticia.

En materia de familia, los tribunales siempre deben tener en cuenta cada caso de forma individual, en función de las circunstancias concretas y, por lo tanto, no se estipula un importe específico de la pensión alimenticia. De hecho, en materia de familia, mucho más que en otros asuntos, un texto legislativo no puede contener de forma explícita y eficaz la plena diversidad de la vida.

De conformidad con el artículo 75, apartado 1, de la Ley de familia, el tribunal, a la hora de determinar el importe de la pensión alimenticia, tiene en cuenta las necesidades legítimas del beneficiario, así como la capacidad, las oportunidades y la situación económica del deudor. El tribunal también toma en consideración la capacidad, las oportunidades y la situación económica del deudor en los casos en que, sin razón material, el deudor deja un buen empleo, o abandona una fuente constante de ingresos, asimismo tiene en cuenta los riesgos económicos no razonables que asume el deudor.

Con respecto a la obligación de alimentos entre progenitores e hijos, ambos progenitores deben contribuir a cubrir las necesidades de los hijos en función de su capacidad, oportunidades y situación económica. El hijo tiene derecho a compartir el nivel de vida del progenitor. A la hora de determinar el importe de la pensión alimenticia, el tribunal tiene en cuenta qué progenitor se hace cargo personalmente del hijo y en qué medida. Si los progenitores comparten la custodia del hijo menor, el tribunal también tiene en cuenta el periodo de tiempo que este reside con cada progenitor a la hora de determinar el importe de la pensión alimenticia o, por el contrario, el tribunal puede resolver que mientras el hijo alterne la residencia con ambos progenitores, no se concederá pensión alimenticia.

El artículo 62, apartado 3, de la Ley de Familia establece una pensión alimenticia mínima (actualmente de 27 EUR): Con independencia de su capacidad, oportunidades y situación económica, cada progenitor tiene la obligación de cumplir una obligación de alimentos mínima, que es el 30 % del importe que necesita el hijo menor dependiente o el hijo dependiente para hacer frente a sus necesidades según la ley pertinente.

De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Familia, se pueden revisar los acuerdos y las resoluciones judiciales con respecto a la demanda de pensión alimenticia si cambian las circunstancias. Al margen de la pensión alimenticia a favor del hijo menor (véase el artículo 163, apartado 2, del Código Civil), las resoluciones en materia de alimentos solo pueden modificarse o cancelarse en virtud de demanda. Si se cancela o se reduce la pensión alimenticia del hijo menor con carácter retroactivo durante un periodo pasado determinado, la pensión abonada no se reembolsa. Si las circunstancias cambian, siempre se tiene en cuenta el coste del nivel de vida.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

Por lo general, la parte deudora paga la pensión alimenticia a la parte acreedora.

Con arreglo al artículo 76 de la Ley de familia, la pensión alimenticia se paga en cantidades regulares con carácter periódico un mes por adelantado. Las deudas mutuas solo pueden deducirse por acuerdo de las pensiones alimenticias adeudadas. Las deudas de alimentos de menores no pueden cancelarse. Si el deudor se retrasa en el pago de la pensión alimenticia ordenada por el juez, el beneficiario tiene derecho a requerir el pago de recargos por demora sobre la cantidad debida según las disposiciones del Derecho civil. Cualquier pago en concepto de pensión alimenticia se asigna en primer lugar a la cantidad principal y, una vez la cantidad principal está cubierta en su totalidad, se asigna a los cargos por demora.

Con respecto a las pensiones alimenticias a favor de los hijos menores, los tribunales han definido jurisprudencia que obliga al progenitor que no ejerce la responsabilidad parental a pagar pensión alimenticia al progenitor que se hace cargo del hijo personalmente, y para hacerlo fija una fecha cada mes.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

El agente judicial lleva a cabo medidas de ejecución para el pago de la pensión alimenticia. El procedimiento de ejecución se inicia con una demanda de ejecución. El procedimiento se rige por la Ley nº 233/1995 del Consejo nacional de la República de Eslovaquia en materia de agentes judiciales y actividades de embargo (Ley de procedimiento ejecutivo) y que modifica otras leyes específicas, según su versión modificada. En la mayoría de casos, el pago pensión de alimenticia se recupera con el embargo de los ingresos del deudor. Si se dicta una resolución que impone el pago de una cantidad de dinero, existen opciones adicionales además del embargo de ingresos para cobrar la pensión adeudada: orden de deuda a terceros, venta de bienes muebles, venta de valores, venta de propiedad inmueble, venta de empresas u orden de suspensión del permiso de conducir. La última opción es de especial relevancia en el contexto del cobro de la pensión alimenticia. El agente judicial puede ordenar la suspensión del permiso de conducir de aquel que no cumpla con la resolución judicial de pago de pensión alimenticia. El agente judicial también presenta la orden de ejecución para la suspensión del permiso de conducir ante el cuerpo policial competente. Una vez desaparecen las causas para la ejecución, el agente judicial emite de forma inmediata una orden para restablecer el permiso de conducir.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

El artículo 77 de la Ley de familia establece que no existe plazo de prescripción para el cobro de la pensión alimenticia. No obstante, la pensión alimenticia solo puede otorgarse a partir de la fecha en que se incoan los procedimientos judiciales. La pensión alimenticia a favor de los hijos menores puede ordenarse por un periodo máximo de tres años con carácter retroactivo a partir de la fecha del inicio del procedimiento, pero deben existir razones que justifiquen dicha consideración especial. Existe un plazo de prescripción para los derechos de pago de pensión alimenticia recurrente individual.

El artículo 101 del Código Civil (Ley nº 40/1964) establece el plazo de prescripción de la siguiente manera:

1) El derecho otorgado por sentencia judicial definitiva prescribirá a los diez años a partir de la fecha en que la parte responsable debía ejecutar la sentencia. El derecho reconocido por el deudor por escrito relativo a las causas y al importe prescribirá a los diez años a partir de la fecha del reconocimiento; ahora bien, si se especifica un plazo límite para la ejecución en el reconocimiento, el plazo de prescripción comenzará cuando venza dicho plazo límite.
2) Se aplicará el mismo plazo de prescripción a los plazos individuales en que se divide el pago en la resolución o en el reconocimiento; el plazo de prescripción de los pagos individuales comenzará a partir de la fecha de vencimiento. Si la deuda vence en su totalidad debido al impago de un plazo, el plazo de prescripción de diez años comenzará en la fecha de vencimiento del plazo impagado.
3) La tasa de interés y el rendimiento prescribirán a los tres años, ahora bien, si se otorga con finalidad o se reconoce por escrito, el plazo de prescripción se aplicará solo a la tasa de interés y al rendimiento que venzan después de que la sentencia se considere definitiva, o después del reconocimiento.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

No existe una autoridad especial para la provisión de asistencia o ayuda para el cobro de pensión alimenticia en casos nacionales.

En casos internacionales, el Centro para la protección jurídica internacional de la infancia y la juventud (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) ofrece ayuda. El Centro ayuda a cobrar la pensión alimenticia en casos donde el responsable del pago de la pensión alimenticia del hijo resida en el extranjero y el beneficiario resida, por su parte, en Eslovaquia o viceversa, es decir, si el beneficiario reside en el extranjero y pretende cobrar la pensión alimenticia del deudor que reside habitualmente en Eslovaquia.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

La Ley nº 201/2008 sobre pago sustitutorio de la pensión alimenticia que modifica la Ley nº 36/2005 en materia de familia y que modifica otras leyes, en virtud de lo dispuesto en la Decisión nº 615/2007 del Tribunal Constitucional de la República de Eslovaquia (Ústavný súd), establece un mecanismo que permite el adelanto del pago sustitutorio de la pensión alimenticia por parte del Estado (Oficina de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a los beneficiarios. El pago sustitutorio de la pensión alimenticia contribuye a cubrir las necesidades del hijo dependiente cuando el deudor incumpla el pago ordenado por sentencia judicial definitiva o con arreglo a un acuerdo aprobado por el tribunal.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Sí.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

El Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia eslovaco creó el Centro para la protección jurídica internacional de la infancia y la juventud y lo gestiona de forma directa porque se trata de una organización financiada por el Estado que ofrece protección jurídica a los niños y jóvenes en casos internacionales. El centro abarca todo el territorio eslovaco y lleva en funcionamiento desde el 1 de febrero de 1993.

De conformidad con la Ley nº 195/1998 sobre asistencia social, en su versión modificada, el centro ha sido clasificado como autoridad gubernamental de asistencia social desde el 1 de julio de 1998.

Datos de contacto:

Špitálska 8, P. O. BOX 57, 814 99 Bratislava,

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanacipc@cipc.gov.sk, El enlace abre una nueva ventanainfo@cipc.gov.sk,

Tel. +421 220463208, +421 220463248

Fax +421 220463258, 24 horas (solo emergencias) +421 915405954.

En la República de Eslovaquia, el Centro es la autoridad central en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (el «Reglamento de obligaciones de alimentos») y en virtud del Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

No se puede dirigir una demanda al centro desde el extranjero directamente. La persona que demanda la pensión alimenticia y reside en el extranjero debe contactar a las autoridades competentes del país en el que reside, que remitirán su demanda al centro eslovaco.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

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16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

La República de Eslovaquia está vinculada por el Protocolo de La Haya sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias de 23 de noviembre de 2007.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

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18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

En casos transfronterizos de obligación de alimentos, la provisión de asistencia jurídica gratuita depende de la aplicación del artículo 44, apartado 3, del Reglamento de obligaciones de alimentos. La autoridad central eslovaca, el Centro para la protección jurídica internacional de la infancia y la juventud, ofrece sus servicios de forma gratuita y no es necesario contar con asistencia letrada en procedimientos ordinarios de orden de pago de pensión alimenticia o modificación de la misma en Eslovaquia.

En los procedimientos donde es necesaria la asistencia letrada, se ofrece asistencia jurídica gratuita a las personas físicas menores de 21 años, de conformidad con el artículo 46. El Centro de Asistencia Jurídica facilita este tipo de asistencia jurídica que se ofrece en virtud de la Ley nº 327/2005 sobre la provisión de asistencia jurídica a personas que atraviesan dificultades económicas, según su versión modificada.

En los casos no previstos en el artículo 46, la asistencia jurídica gratuita se facilita en consonancia con la ley citada anteriormente, sujeta al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del demandante para recibir asistencia jurídica gratuita, tal como se estipula en dicha ley.

Los demandantes que no cumplan los requisitos deberán pagar las tasas judiciales con arreglo a la Ley nº 71/1992 sobre tasas judiciales y copias de inscripciones en el registro de penados. Los casos de obligación de alimentos entre hijos y progenitores están exentos del pago de las tasas con arreglo a dicha ley. También están exentos de las tasas judiciales los demandantes que deseen solicitar en persona el pago de pensión alimenticia o el incremento de la misma. Asimismo, los demandantes deben pagar las costas procesales y los gastos generados por sus representantes. Las partes comparten los gastos comunes de los procedimientos prorrateados según su implicación en el caso y en el procedimiento. En casos de pensión alimenticia a favor de adultos, el tribunal concede a los demandantes que cumplan los requisitos el pago de los costes necesarios para ejercer o defender un derecho contra la parte que pierde el procedimiento.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El Centro para la protección jurídica internacional de la infancia y la juventud, creado el 1 de febrero de 1993, es la autoridad central en virtud del artículo 49, apartado 1, del Reglamento de obligaciones de alimentos. Con anterioridad a la aplicación del Reglamento de obligaciones de alimentos, no existía la necesidad de adoptar medidas determinadas respecto a las actividades estipuladas en el artículo 51 del dicho Reglamento porque el Centro actuaba como organismo transmisor y receptor de conformidad con los tratados internacionales, en especial el Convenio del cobro de pensión alimenticia en el extranjero de 20 de junio de 1956, por lo que solo fueron necesarios pequeños cambios de personal en la organización del Centro.

Última actualización: 14/01/2019

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Pensiones alimenticias - Finlandia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

Esta materia está regulada en Finlandia por la Ley sobre alimentos del menor (704/1975).

En ella se establece que el menor tiene derecho a alimentos suficientes. El concepto de «alimentos suficientes» engloba la satisfacción de las necesidades físicas y psicológicas según la fase de desarrollo del menor y abarca los costes de los cuidados y la educación que necesite y los demás relacionados.

Tienen la obligación de alimentos frente al menor sus padres, en función de sus capacidades. Si uno de los padres no cumple esa obligación, o si el hijo no vive con él de manera permanente, puede imponérsele su cumplimiento.

Los padres no tienen derecho a alimentos de su hijo.

La obligación de alimentos en favor del cónyuge está regulada en la Ley sobre el matrimonio (234/1929).

Durante el matrimonio, cada cónyuge debe contribuir, en la medida de su capacidad, a los gastos comunes del hogar y a satisfacer las necesidades del otro.

Si uno de los cónyuges no cumple esa obligación, o si los cónyuges no conviven, puede imponérsele su cumplimiento.

En caso de divorcio, tendrá la obligación de alimentos uno de los excónyuges cuando así se prevea en un convenio otorgado al efecto y lo ratifique el órgano competente de los servicios sociales municipales. También deberá pagar alimentos el excónyuge a quien se le obligue por resolución judicial. Sin embargo, son infrecuentes las resoluciones de este tipo. En general, los excónyuges se sostienen por sí mismos.

El derecho a recibir alimentos del excónyuge se extingue en caso de nuevo matrimonio.

Las disposiciones aplicables a las personas casadas son también válidas para las partes que hayan celebrado un «contrato de convivencia registrado».

No hay obligación de alimentos en ningún otro tipo de relaciones personales.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

El derecho del menor a recibir alimentos de sus padres se extingue al cumplir los 18 años.

No obstante, los padres deben seguir asumiendo los gastos de educación del hijo una vez que este haya cumplido los 18 años cuando se considere razonable mediante resolución judicial. Sin embargo, también son infrecuentes las resoluciones de este tipo.

Véase también la respuesta a la pregunta 1.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

Tanto el beneficiario de los alimentos como el obligado a pagarlos pueden dirigirse a los servicios sociales municipales para que les ayuden a redactar un convenio de alimentos. El convenio ratificado por los servicios sociales municipales es directamente ejecutable, como lo sería la sentencia de un tribunal.

El artículo 8, letra a), de la Ley sobre alimentos del menor dispone que, incluso si este o el obligado a pagar alimentos no tienen domicilio en Finlandia, podrán ratificar el convenio los servicios sociales municipales siempre que tenga competencia sobre el asunto un órgano jurisdiccional finlandés de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 o 6 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del y las partes hayan acordado que la obligación de alimentos se rija por la legislación finlandesa, con arreglo al artículo 7 del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias.

En caso de conflicto sobre la obligación de alimentos, tanto el beneficiario como el obligado podrán dirigirse al órgano jurisdiccional competente para resolverlo. También los cónyuges pueden celebrar un convenio escrito sobre la obligación de alimentos y pedir al órgano competente de los servicios sociales municipales que lo ratifique.

Si así se lo solicita, dicho órgano ayudará a las partes a redactarlo.

Del mismo modo, en caso de conflicto sobre la obligación de alimentos entre cónyuges las partes pueden dirigirse al órgano jurisdiccional competente para resolverlo.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

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5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

En los asuntos transfronterizos sobre obligación de alimentos se aplican el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo y sus reglas sobre competencia.

En concreto, serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:

  1. el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o
  2. el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, o
  3. el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para determinar el estado de las personas, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes, o
  4. el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.

Si el asunto no tiene carácter transfronterizo, las reglas sobre competencia aplicables son las recogidas en el Código de enjuiciamiento finlandés (4/1734).

En virtud del artículo 1 del capítulo 10 de dicho Código, la competencia para el examen de una demanda contra una persona física corresponde al tribunal de primera instancia del territorio en el que esa persona tenga su domicilio o residencia permanente. Con arreglo al capítulo 10, artículo 9, las demandas sobre obligación de alimentos pueden ser examinadas también por el tribunal de primera instancia del territorio en el que tenga su domicilio o residencia permanente la parte que demande o reciba la pensión.

En caso de divorcio o fin de la convivencia pueden plantearse también cuestiones relacionadas con el convenio de alimentos, con la custodia de los hijos o con los derechos de acceso, así como con cualquier otro aspecto relacionado. En tal supuesto, el órgano jurisdiccional competente será el tribunal del divorcio.

Si la solicitud de alimentos se presenta en un procedimiento relativo a la custodia del hijo o a la paternidad, podrá ser examinada por el tribunal competente para la acción principal.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

No se requiere la intervención de abogado. Sin embargo, en los procedimientos judiciales suele requerirse la ayuda de expertos, por lo que es recomendable utilizar los servicios de un abogado.

En los asuntos transfronterizos sobre la obligación de alimentos, las partes pueden someter la cuestión a una autoridad central.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

Los procedimientos judiciales están sujetos al pago de tasas. El importe de las tasas judiciales (86-200 euros) depende del tipo de tribunal y de las necesidades del examen del caso (El enlace abre una nueva ventanaTasas de los tribunales de primera instancia).

El derecho de los demandantes a asistencia jurídica gratuita está regulado por la Ley de asistencia jurídica gratuita (257/2002) y por la Ley sobre la autoridad central de Finlandia en determinados asuntos internacionales relativos a obligaciones alimenticias (1076/2010). Los demandantes que residan en el extranjero también podrán beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita en asuntos relativos a obligaciones de alimentos cuando haya un convenio de asistencia recíproca. Finlandia ha firmado este tipo de convenios con determinados estados de los Estados Unidos y con algunas provincias de Canadá.

Se ofrece información adicional sobre la asistencia jurídica gratuita en Finlandia en: El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El régimen legal de alimentos en favor del menor está contenido en la Ley sobre alimentos del menor (704/1975).

Como regla general, la pensión debe pagarse mensualmente, en efectivo y por anticipado, salvo que se acuerde o establezca otra cosa. Excepcionalmente, puede disponerse su abono en un único pago, o mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles.

La cuantía no está sujeta en Finlandia a ningún baremo, sino que se fija en cada caso concreto. Según el artículo 1 de la Ley, la pensión de alimentos ha de ser suficiente. El concepto de «alimentos suficientes» engloba la satisfacción de las necesidades físicas y psicológicas según la fase de desarrollo del menor y abarca los costes de los cuidados y la educación que necesite y los demás relacionados. Según el artículo 2, tienen la obligación de alimentos frente al menor sus padres, en función de sus capacidades. Estas capacidades vienen determinadas por su edad, su aptitud para trabajar, sus posibilidades de conseguir un trabajo remunerado, los activos y recursos de que dispongan y cualesquiera otros aspectos de su obligación legal de alimentos. Para determinar el alcance de esta obligación han de tenerse en cuenta además las capacidades del menor, sus posibilidades de atender por sí mismo a sus necesidades y los posibles factores que determinen la exclusión o reducción de la obligación de los padres.

La cuantía de la pensión se incrementa automáticamente, a intervalos regulares, en función del aumento del coste de la vida. Estos incrementos automáticos están regulados en detalle en la Ley sobre vinculación de la obligación de alimentos al coste de la vida (583/2008).

En todo caso, la cuantía fijada y la forma de pago pueden modificarse por convenio o por resolución judicial si cambian sustancialmente las circunstancias, atendiendo a la situación del menor y del padre obligado al pago.

La obligación de alimentos en favor del cónyuge está regulada en Finlandia por la Ley sobre el matrimonio. En todo caso, son infrecuentes las resoluciones judiciales sobre esta materia. En general, después del divorcio los excónyuges se sostienen por sí mismos.

Puede disponerse el pago de la pensión por tiempo indefinido o hasta que se cumpla la fecha límite fijada en el convenio, decisión o resolución judicial. También puede disponerse el pago de una sola vez, si la situación financiera del deudor y otras circunstancias lo justifican. Puede disponerse asimismo el pago de la pensión mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles.

Para tener en cuenta el aumento del coste de la vida, la cuantía de la pensión se incrementa automáticamente, a intervalos regulares. Estos incrementos automáticos están regulados en detalle en la Ley sobre vinculación de la obligación de alimentos al coste de la vida (583/2008).

La decisión, resolución judicial o convenio celebrado entre los cónyuges pueden revisarse si lo aconseja el cambio de las circunstancias. Sin embargo, no cabe la revisión cuando se haya dispuesto el pago de una sola vez y se haya llevado a efecto este. Puede procederse a la revisión del convenio celebrado entre los cónyuges si se considera que sus condiciones son exorbitantes. Cuando la obligación de alimentos frente al excónyuge reviste la forma de pagos periódicos, se extingue en caso de nuevo matrimonio del beneficiario.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La pensión de alimentos al menor se paga al titular de la responsabilidad parental (en la cuenta bancaria que este indique).

La pensión de alimentos al excónyuge se paga a este (en la cuenta bancaria que este indique).

Por regla general, la pensión de alimentos debe pagarse mensualmente, en efectivo y por anticipado, salvo que se acuerde o establezca otra cosa. Excepcionalmente, puede disponerse su abono en un único pago, o mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

El beneficiario de la pensión de alimentos o, cumpliéndose determinadas condiciones, el Instituto de la Seguridad Social de Finlandia (Kela) (véase el apartado 12) pueden solicitar la ejecución forzosa si el obligado al pago de la misma en virtud de resolución judicial o de convenio no cumple su obligación.

La solicitud debe presentarse al agente judicial, en la forma prevista en la Ley sobre ejecución forzosa. También el órgano competente de los servicios sociales municipales puede prestar asesoramiento en asuntos relacionados con el Derecho de familia.

Si el excónyuge obligado al pago de alimentos no cumple esta obligación de acuerdo con el convenio ratificado por el órgano competente de los servicios sociales municipales o con la decisión o resolución judicial pertinentes, el beneficiario puede solicitar la ejecución forzosa al agente judicial, en la forma prevista en la Ley sobre ejecución forzosa.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Ejecución y normas sobre protección del deudor

En caso de ejecución, primero se notifica el procedimiento al deudor y se le entrega un recordatorio de pago. Normalmente, se le concede un plazo a partir de entonces para que realice el pago.

Si el deudor no paga tras recibir el recordatorio o no se pone en contacto de forma voluntaria con el organismo de ejecución en relación con el pago, dicho organismo inicia una investigación de sus ingresos y activos mediante las consultas registrales oportunas.

Tanto esa investigación como cualquiera posterior están reguladas de forma estricta.

En la mayoría de los casos, se embargan los ingresos del deudor y sus saldos bancarios. En general, puede embargarse hasta un tercio del salario, de la pensión, de la prestación por desempleo o de la prestación por maternidad. Se consideran también ingresos las pagas extraordinarias, las prestaciones complementarias, las comisiones, los honorarios y las demás percepciones. Los importes embargados se calculan sobre la base de los ingresos netos. Son inembargables las ayudas y prestaciones sociales, como las ayudas para vivienda y la prestación por hijos. También es posible acordar un plan de pago como alternativa al embargo periódico de los ingresos.

Las medidas de ejecución forzosa y los planes de pago han de tener en cuenta, en todo caso, la parte de los activos del deudor protegida por la ley, es decir, la correspondiente a lo que necesita para sobrevivir. Esta parte protegida, fijada en forma de porcentaje, se revisa con arreglo al índice aplicable a las pensiones nacionales. Esos porcentajes, acompañados de ejemplos, pueden consultarse en: El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/ulosotto/en/index/velallisenaulosotossa/palkanulosmittaus.html

El deudor puede recurrir contra las medidas de ejecución, si bien la presentación del recurso no suspenderá la ejecución, salvo que así lo disponga un órgano jurisdiccional mediante una resolución al efecto.

Plazo de prescripción de las deudas por alimentos

Según el artículo 16, letra c), de la Ley sobre alimentos del menor, toda pensión de alimentos periódica, junto con los posibles intereses de demora devengados sobre ella, deberá cobrarse en el plazo de cinco años a partir del primer día del año siguiente a aquel en que debiera haberse pagado. En caso contrario, prescribirá el derecho a la pensión. La pensión de alimentos en un único pago, junto con los intereses de demora devengados por ella, deberá cobrarse en el plazo de cinco años a partir de la fecha de vencimiento de la obligación y, a más tardar, en el plazo de cinco años a partir de la fecha en que el beneficiario de la pensión cumpla la mayoría de edad.

Análogamente, el Instituto de la Seguridad Social de Finlandia deberá recuperar del deudor toda ayuda de alimentos en favor de un menor que haya abonado como consecuencia del impago de una pensión de alimentos en el plazo de cinco años a contar desde el primer día del año siguiente a aquel en el que debiera haberse pagado esta. En caso contrario, prescribirá el derecho a la pensión, según el artículo 22 de la Ley sobre alimentos del menor (580/2008).

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

Si el obligado a pagar alimentos no hace el pago, el beneficiario podrá solicitar la ejecución forzosa al agente judicial. El organismo de ejecución orientará al beneficiario sobre el modo de presentar la solicitud. También el órgano competente de los servicios sociales municipales puede prestar asesoramiento en asuntos de Derecho de familia. Véanse los apartados 13 y 14. Los organismos de ejecución no cobran ninguna tasa por la ejecución forzosa de las obligaciones de alimentos. Puede consultarse información adicional sobre el procedimiento en: El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/ulosotto/en/index.html

Si el beneficiario de una pensión de alimentos percibe una ayuda del Instituto de la Seguridad Social de Finlandia (Kela) por impago de la pensión por parte del deudor, no podrá proceder contra este último reclamando el pago. Es el Instituto de la Seguridad Social quien podrá actuar entonces contra el deudor para recuperar de él el importe de la ayuda que haya concedido (derecho de repetición) (artículo 19 de la Ley 580/2008 sobre alimentos del menor). Si la cuantía de la pensión de alimentos es superior a la ayuda concedida por el Instituto de la Seguridad Social y el obligado no cumple su obligación de pago, el Instituto de la Seguridad Social abonará la cuantía íntegra de la pensión y podrá dirigirse contra el deudor para recuperarla. Si la recupera, pagará la diferencia entre la cuantía de la pensión y la ayuda al progenitor que tenga la custodia del menor.

En los asuntos transfronterizos relativos al cobro de pensiones de alimentos, las partes podrán someter la cuestión al Ministerio de Justicia, en su condición de autoridad central.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

Si el obligado a pagar alimentos no hace los pagos correspondientes resultantes de un convenio de alimentos o de una resolución judicial en relación con un menor residente en Finlandia, este tiene derecho a una ayuda para alimentos del Instituto de la Seguridad Social de Finlandia (Kela). Puede consultarse información sobre las ayudas para menores que abona el Instituto de la Seguridad Social en su sitio web: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.kela.fi/elatustuki (Ley 583/2008, sobre vinculación de la obligación de alimentos al índice del coste de la vida)

El menor tiene derecho asimismo a una ayuda para alimentos si la pensión que se le reconoce en el convenio o en la resolución judicial es en ese momento, como consecuencia de las dificultades económicas del progenitor obligado al pago, inferior a la cuantía de la ayuda que se conceda. En tales casos, el Instituto de la Seguridad Social abonará la diferencia entre la ayuda y la pensión. Por su parte, el deudor le pagará la pensión especificada en el convenio o la resolución judicial. Si el obligado a pagar alimentos no puede atender los pagos, podrá fijarse la cuantía de la pensión en 0 euros. En tal caso, el Instituto de la Seguridad Social desembolsará el importe íntegro de la ayuda para alimentos.

Los requisitos para la percepción de la ayuda están recogidos en la Ley sobre alimentos del menor (580/2008). Pueden solicitar la ayuda el titular de la responsabilidad parental, o su representante legal, o quien tenga su custodia de buena fe. También puede solicitarla el menor que haya cumplido 15 años y viva de forma independiente. El pago de la ayuda de alimentos al menor por parte del Instituto de la Seguridad Social no exime al deudor de su obligación de pagar íntegramente la pensión. Cuando el Instituto de la Seguridad Social conceda al menor una ayuda de alimentos como consecuencia del impago de la pensión por parte del obligado, tendrá el derecho —y la obligación— de recuperar de este la totalidad de las cantidades pendientes de pago.

En el caso de las pensiones de alimentos a favor del cónyuge, no se concede en caso de impago ninguna ayuda pública.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

El Ministerio de Justicia es la autoridad central en Finlandia en relación con la normativa internacional sobre el cobro de las pensiones de alimentos (véanse, por ejemplo, el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, y el Convenio de La Haya de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y otros Miembros de la Familia). Sus obligaciones comprenden la recepción de las solicitudes de alimentos, su remisión a las autoridades competentes y la iniciación de los procedimientos correspondientes.

Si el obligado al pago de alimentos reside en un país con el que exista un convenio internacional para el cobro de las obligaciones de alimentos, el solicitante podrá ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para cobrar la pensión en ese país. En caso necesario, se aconseja a los solicitantes que se pongan en contacto con su oficina local de asistencia jurídica gratuita o con un abogado privado (por ejemplo, para obtener asesoramiento sobre el modo preparar la documentación de la solicitud). También el órgano competente de los servicios sociales municipales puede prestar asesoramiento en asuntos de Derecho de familia.

Si el beneficiario de una pensión de alimentos percibe una ayuda del Kela por impago de la pensión por parte del deudor, el Instituto podrá actuar entonces contra el deudor para recuperar de él el importe de la ayuda que haya concedido (derecho de repetición) (artículo 19 de la Ley 580/2008 sobre alimentos del menor). En tal caso, el Instituto cobrará los pagos pendientes de la pensión de alimentos en nombre del beneficiario, que no podrá tomar ninguna medida para cobrar la deuda. Si la cuantía de la pensión es superior a la de la ayuda pagada por el Instituto de la Seguridad Social, este abonará el importe íntegro de la ayuda y tratará de recuperar del obligado la pensión de alimentos impagada en su totalidad. Si logra recuperarla, pagará la diferencia entre el importe de la pensión y la ayuda al progenitor que tenga la custodia del menor.

El cónyuge con derecho a una pensión de alimentos solo puede recibirla del otro cónyuge. El cónyuge beneficiario de la pensión podrá ponerse en contacto con un agente judicial para averiguar si el cónyuge residente en el extranjero tiene activos en Finlandia que puedan embargarse con arreglo a la Ley sobre ejecución forzosa. También puede solicitarse asistencia al Ministerio de Justicia para el cobro de pensiones de alimentos en el extranjero.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Los datos de contacto del Ministerio de Justicia (autoridad central) son los siguientes:

Dirección: Ministerio de Justicia
PO BOX 25
00023 Gobierno

Teléfono: +358 29516001
Fax: +358 9 1606 7524
Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanamaintenance.ca@om.fi

El sitio web del Ministerio de Justicia puede consultarse en: El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeusministerio.fi/en/frontpage

Los datos de contacto del Instituto de la Seguridad Social de Finlandia (Kela) son los siguientes:
Dirección: Kansaneläkelaitos,
Perintäkeskus
PO BOX 50
00601 Helsinki

Teléfono: +35820 634 4940 (particulares), +35820 634 4942 (organismos del sector público) 
Fax: +358 20 635 3330

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanamaintenance@kela.fi

El sitio web del Instituto de la Seguridad Social (Kela) puede consultarse en: El enlace abre una nueva ventanahttps://www.kela.fi/web/en

Los sitios web de las oficinas de asistencia jurídica gratuita pueden consultarse en: El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/oikeusapu/en/index/yhteystiedot.html

Los datos de contacto de los órganos competentes de los servicios sociales municipales pueden encontrarse en la guía telefónica o llamando al servicio de información telefónica de Finlandia, en cuyo caso deberá indicar con qué órgano desea ponerse en contacto. Finlandia tiene unos 320 municipios.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Los solicitantes de otros países recibirán una mejor atención si se dirigen a la autoridad central competente de su país, que se pondrá en contacto con el Ministerio de Justicia de Finlandia. (Véanse los apartados 13, 14 y 15).

Los solicitantes también pueden ponerse en contacto directamente con las autoridades finlandesas.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Véase la respuesta a la pregunta 15.

Si el beneficiario de una pensión de alimentos (un menor o un cónyuge) y el obligado a abonarla viven en países distintos, el Ministerio de Justicia podrá prestar asistencia a cualquiera de ellos, así como a las autoridades competentes del otro país. El solicitante (el menor o el cónyuge con derecho a pensión) puede dirigirse al Ministerio pidiéndole que vele por la ejecución en Finlandia de una decisión, resolución judicial o convenio sobre alimentos dictados u otorgados en un país extranjero y por que la pensión obtenida por el procedimiento de ejecución forzosa se abone en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario. No obstante, el Ministerio de Justicia no puede sustituir al deudor en el pago de la pensión de alimentos.

En aplicación de varios regímenes internacionales, las funciones del Ministerio de Justicia en calidad de autoridad central abarcan también, por ejemplo, la asistencia para dar con el paradero de un deudor o acreedor, la búsqueda de información sobre los ingresos de un deudor o acreedor y la asistencia para determinar el parentesco, si fuera necesario para cobrar las pensiones de alimentos.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

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18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Si el Ministerio de Justicia o una persona autorizada por este, en virtud de sus funciones en calidad de autoridad central en el marco de los regímenes internacionales en vigor, representa a un solicitante ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad en Finlandia, el solicitante tendrá derecho a asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales sobre la materia. Este principio será aplicable a los asuntos relativos a:

  1. la determinación de la necesidad de reconocimiento o la posibilidad de ejecución en Finlandia de una resolución sobre alimentos dictada en otro país;
  2. la declaración de paternidad;
  3. la imposición a un progenitor de la obligación de alimentos frente a su hijo menor;
  4. la modificación de una pensión de alimentos concedida a un menor, a solicitud de este o de su representante.

No obstante, lo dispuesto en los apartados 2 a 4 solo será aplicable si el menor no ha cumplido los 21 años al iniciarse el procedimiento.

Si el Ministerio de Justicia o una persona autorizada por este, en virtud de sus funciones en calidad de autoridad central en el marco de los regímenes internacionales en vigor, representa a un solicitante en la ejecución de una resolución sobre alimentos, el solicitante no tendrá que hacer frente a los costes de la ejecución.

En los demás casos, el solicitante podrá pedir que se le conceda asistencia jurídica pública. El término «asistencia jurídica gratuita» designa la utilización por el solicitante de los servicios de un abogado para resolver un asunto judicial cuyos costes son sufragados total o parcialmente por el Estado. Puede solicitarse asistencia jurídica gratuita para todo tipo de asuntos. En general, se restringe a los asuntos de los que conoce un órgano jurisdiccional finlandés. Puede solicitarse en cualquiera de las oficinas de asistencia jurídica gratuita, con independencia del lugar de residencia del solicitante, aunque, como es lógico, lo más cómodo es dirigirse a la oficina más próxima. El solicitante debe presentar un desglose de sus ingresos, los gastos para los que solicita financiación, y sus activos y deudas. Asimismo debe adjuntar una descripción del asunto para el que solicita la asistencia e información sobre el seguro de defensa jurídica que, en su caso, tenga contratado. Encontrará más información en: El enlace abre una nueva ventanahttps://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html

Las autoridades finlandesas competentes en materia de ejecución no cobran ninguna tasa por sus servicios.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

El Ministerio de Justicia es la autoridad central designada, con arreglo al artículo 51 del Reglamento. Sus funciones están reguladas también en otras disposiciones de la legislación nacional, como la Ley sobre la autoridad central en Finlandia en determinados asuntos internacionales en materia de alimentos (1076/2010).

Última actualización: 04/12/2019

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Pensiones alimenticias - Suecia

1 ¿Qué significan, en términos prácticos, los términos «alimentos» y «obligación de alimentos»? ¿Quiénes están obligados a pagar una pensión de alimentos?

El Derecho sueco regula la obligación de alimentos para hijos, cónyuges y cónyuges divorciados. Las disposiciones sobre la obligación de alimentos entre cónyuges son también aplicables a las parejas de hecho registradas.

Hijos

Los progenitores deben prestar alimentos a sus hijos en condiciones razonables, habida cuenta de las necesidades del menor y la capacidad económica de ambos progenitores. Si un progenitor no tiene la capacidad necesaria para contribuir a la manutención del hijo, no está obligado a prestar alimentos.

El progenitor que no tiene la custodia y no vive de forma permanente con el hijo cumplirá sus obligaciones de alimentos mediante el pago de una pensión. El progenitor que comparte la custodia también puede estar obligado a pagar una pensión alimenticia. Así sucede en el caso de que el menor viva de forma permanente con el otro progenitor, independientemente de que éste esté soltero o viva con otra persona.

La persona que vive de forma permanente con el hijo de otra persona y con el progenitor que tiene la custodia del hijo también es responsable de la manutención del niño si las partes están casadas o tienen un hijo en común. Por otra parte, el padrastro solo es responsable de la manutención en la medida en que el hijo no pueda obtener alimentos del otro progenitor, es decir del progenitor con el que el padrastro no convive. Los pagos de la pensión alimenticia se fijarán por resolución judicial o por acuerdo.

Los pagos se harán por adelantado para cada mes natural. El tribunal puede decidir fijar otra forma de pago si hay razones especiales para ello.

Las partes también pueden acordar que los alimentos futuros se paguen mediante una cantidad fija o por períodos superiores a tres meses Estos acuerdos solo serán válidos si se hacen por escrito y ante dos testigos. Si el hijo es menor de dieciocho años de edad, el acuerdo deberá ser aprobado por el comité de asistencia social.

Si el hijo es menor de dieciocho años de edad, los alimentos se pagarán mediante una cantidad fija al comité de asistencia social. La cantidad pagada al comité se utilizará, a través de una compañía de seguros, para obtener una pensión adecuada para mantener al menor, a menos que el acuerdo disponga lo contrario o que el comité considere que la cantidad citada puede ser utilizada de otra forma que sea adecuada para la manutención del menor.

La solicitud para fijar la pensión de alimentos deberá referirse al periodo de los tres años anteriores a la fecha de comienzo del procedimiento, a menos que el deudor de alimentos acepte otro periodo.

La reclamación de pago de pensión alimenticia prescribe a los cinco años desde la fecha de vencimiento del pago.

Cónyuges

Durante el matrimonio, cada uno de los cónyuges es responsable de la manutención de ambos. Si alguno de ellos no pudiera mantenerse de forma suficiente, el otro cónyuge está obligado a contribuir a satisfacer las necesidades personales de este.

Según la norma general, tras el divorcio cada cónyuge es responsable de su propia manutención. No obstante, si uno de los cónyuges necesita dinero para su manutención durante un periodo transitorio, tiene derecho a recibir una pensión del otro cónyuge que se fija en función de la capacidad económica de este y de otras circunstancias. En casos excepcionales, dicha pensión puede concederse para un período más largo de tiempo.

Si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la obligación de alimentos, el asunto debe resolverlo un tribunal.

Tras el divorcio, la pensión alimenticia se abonará en plazos periódicos. No obstante, podrá fijarse una cantidad fija por motivos especiales como, por ejemplo, que el cónyuge deba contribuir a un régimen de pensión.

La solicitud para fijar la pensión de alimentos deberá referirse al periodo de los tres años anteriores a la fecha de comienzo del procedimiento, a menos que el deudor de alimentos acepte otro periodo.

La reclamación de pago de pensión alimenticia prescribe a los tres años desde la fecha de vencimiento del pago.

2 ¿Hasta qué edad puede un hijo recibir una pensión de alimentos? Las normas aplicables en la materia ¿difieren según si los alimentistas son menores o adultos?

La obligación de alimentos de los progenitores cesa, como norma general, cuando el menor cumple los 18 años. No obstante, si el hijo no ha completado la educación secundaria, la obligación de alimentos será de aplicación mientras el hijo vaya a la escuela o hasta que cumpla 21 años. Por escuela se entiende la educación obligatoria o la educación secundaria o cualquier otro tipo de educación del mismo nivel.

3 Para obtener una pensión de alimentos, ¿debo solicitarla a una autoridad competente o a un órgano jurisdiccional?

No existe una autoridad gubernamental específica en Suecia para determinar o ayudar a determinar la obligación de alimentos. Los pagos de alimentos se fijarán por acuerdo o por resolución judicial. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el solicitante debe dirigirse al tribunal del distrito y presentar una solicitud de citación.

4 ¿Puede presentarse una demanda en nombre de un pariente (en caso afirmativo, en qué grado) o de un menor?

El progenitor que tiene la custodia puede solicitar una pensión alimenticia en nombre del hijo menor de edad. Si existe un tutor especial asignado, este puede actuar en nombre del menor.

5 Si me propongo presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional, ¿cómo puedo saber cuál es competente?

Las normas sobre competencia figuran en el Código de familia, en el Código de matrimonio y en el Código Civil. También se puede solicitar información al tribunal del distrito.

El procedimiento de obligación de alimentos a menores se dirime en el lugar de residencia habitual del demandado. Si no existe otro tribunal competente, el caso se tramita en el tribunal de distrito de Estocolmo.

Durante la audiencia de divorcio se podrán resolver asuntos de pago de alimentos. Los casos matrimoniales se resuelven ante el tribunal del distrito del lugar de residencia habitual de uno de los cónyuges. Si ninguno de los cónyuges reside en Suecia, el tribunal de distrito de Estocolmo resolverá el caso. Si no se inicia un procedimiento de obligación de alimentos con respecto al cónyuge al tiempo que se inicia el caso matrimonial, se aplicará la normativa sobre competencia del capítulo 10 del Código Penal.

El Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (en adelante, el «Reglamento de obligación de alimentos») estipula la normativa sobre competencia en casos transfronterizos.

6 Como demandante, ¿necesito de algún intermediario para someter el asunto a los tribunales (por ejemplo, abogado, autoridad central o local, etc.)?En caso negativo, ¿qué procedimientos debo seguir?

No. Para someter un asunto a un tribunal, se debe solicitar una citación al tribunal de distrito competente.

7 Si acudo a los tribunales, ¿debo pagar alguna tasa? En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía probable? Si mis medios económicos son insuficientes, ¿puedo obtener asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes del proceso?

En Suecia, los procedimientos judiciales son gratuitos a excepción de una tasa judicial de tramitación que actualmente es de 900 SEK. La utilización de los servicios de un asesor jurídico o un abogado por parte de un demandante genera gastos. También pueden existir gastos derivados de las pruebas y los testigos.

No es posible calcular estos costes durante el procedimiento, ya que varían según los casos.

En algunas ocasiones determinadas se puede conceder asistencia jurídica gratuita. Son necesarias razones específicas para la concesión de asistencia jurídica gratuita en casos de obligación de alimentos. Existen tales motivos cuando, por ejemplo, las circunstancias son más complicadas de lo normal y es necesaria la asistencia jurídica durante un periodo más largo de tiempo.

Si se concede asistencia jurídica gratuita, el demandante dispone de asesoramiento jurídico y el Estado paga los honorarios si él no los puede pagar. La asistencia jurídica gratuita también incluye los costes de presentación de pruebas, indagación, interpretación y traducción y de mediación. Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita también están exentos de algunas tasas pagaderas al tribunal y al Servicio de Ejecución (Kronofogdemyndigheten).

Aquellos que no sean ciudadanos suecos o no hayan residido en el país pueden recibir asistencia jurídica gratuita para acciones incoadas en Suecia, a menos que existan razones especiales para lo contrario. Si el asunto se juzga en el extranjero, la asistencia jurídica gratuita solo se concederá a las personas residentes en Suecia. Los nacionales de todos los Estados miembros de la UE tendrán los mismos derechos que los ciudadanos suecos a recibir asistencia jurídica gratuita. Los nacionales de otros países concretos también disfrutan de los mismos derechos conforme a una disposición especial que exige la existencia de un acuerdo de tratamiento recíproco en vigor.

Existen ciertas disposiciones especiales en materia de asistencia jurídica gratuita aplicable en disputas transfronterizas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, para garantizar que se ofrece asistencia jurídica de forma gratuita en casos específicos cubiertos por el Reglamento de obligación de alimentos relativos al pago de pensión alimenticia de progenitores a hijos menores de 21 años.

Se puede obtener más información sobre asistencia jurídica gratuita a través de la autoridad de asistencia jurídica gratuita (Rättshjälpsmyndigheten) (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rattshjalp.se/).

8 ¿Qué tipo de pensión de alimentos puede concederme el órgano jurisdiccional y cómo se calcula? ¿La decisión judicial puede revisarse si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares?En caso afirmativo, ¿con qué método (por ejemplo, con un sistema de indexación automática)?

El cálculo de la pensión alimenticia se basa en criterios legales. El progenitor tiene derecho a retener de sus ingresos libres de impuestos una cantidad destinada a su propia manutención. También se tienen en cuenta los gastos de la vivienda, que se calculan por separado según se estime razonable. Además, existen otros gastos de manutención que se calculan sobre la base de un importe estándar sujeto a un índice. El progenitor también puede reservar una cantidad para la manutención de un cónyuge con el que convive cuando existen razones especiales para ello. Por último, el progenitor que debe pagar la pensión puede reservar una cantidad para mantener a los hijos que viven con él. La cantidad que deberá reclamarse para la pensión alimenticia depende, entre otras cosas, de las necesidades del hijo y de la capacidad del otro progenitor para sufragar los gastos de manutención. En cierta medida, los gastos derivados del ejercicio del derecho de acceso y visita también pueden dar lugar a deducciones.

No existen criterios legales para la obligación de alimentos con respecto al cónyuge. No obstante, algunos de los criterios de cálculo expuestos anteriormente pueden servir de orientación.

La pensión se adapta continuamente a las variaciones del coste de la vida según los cambios experimentados por la cantidad de base. El indice refleja los cambios en el precio base según el Código de Seguros Sociales, a menos que se incluya una disposición o índice diferente en la resolución judicial o en el acuerdo que resuelve la pensión alimenticia. La Agencia Nacional de Seguridad Social decide anualmente si es necesario modificar la pensión alimenticia y, en su caso, en qué porcentaje. La modificación, que generalmente se adopta el 1 de febrero, se aplica a las pensiones alimenticias fijadas antes del 1 de noviembre del año anterior.

Si ambas partes lo acuerdan, se puede modificar la cuantía de la pensión por escrito en un nuevo acuerdo incluso si la pensión fue determinada anteriormente por una resolución judicial. El tribunal puede ajustar una resolución o un acuerdo sobre alimentos si así lo exigen los cambios de circunstancias. Durante el periodo previo al comienzo del procedimiento, si una parte se opone al ajuste, este deberá limitarse a una reducción o anulación de los pagos aún no desembolsados. Para que un tribunal, como consecuencia de un cambio de circunstancias, aumente la pensión de un cónyuge divorciado, es necesario que existan motivos excepcionales.

El tribunal puede también modificar un acuerdo sobre alimentos si este no resulta razonable en vista de las circunstancias en el momento de su creación y de otras condiciones. Sin embargo, el reembolso de la pensión alimenticia ya recibida solo se decidirá si existen motivos especiales para ello.

Si durante un periodo de seis años el importe de la pensión de alimentos de un hijo solo se ha modificado mediante ajustes automáticos, el tribunal podrá modificar la pensión alimenticia fijada con anterioridad, sin aplicar los criterios de ajuste antes mencionados.

9 ¿Cómo y a quién se pagan los alimentos?

La pensión alimenticia se pagará a la parte dependiente. Si dicha parte es un hijo menor de dieciocho años, la pensión se pagará al progenitor que tenga la custodia y viva con el hijo.

Si el hijo es menor de dieciocho años de edad, los alimentos se pagarán mediante una cantidad fija al comité de asistencia social.

10 ¿Si el alimentante (deudor) no paga voluntariamente, qué acciones pueden emprenderse para obligarle/a a ello?

Se puede dirigir la demanda de ejecución judicial al Servicio de Ejecución (Kronofogdemyndigheten). La demanda puede ser oral o escrita. La decisión de ejecución se adjuntará a la demanda. Los acuerdos escritos, celebrados ante dos testigos, relativos a la pensión alimenticia con arreglo al Código de matrimonio o al Código de familia, se ejecutan como las sentencia firme con validez jurídica.

11 Le rogamos describa sucintamente las limitaciones que, en el sistema de su país, puedan dificultar el cumplimiento de esta obligación, especialmente las normas de protección de deudores o los plazos de prescripción.

Con respecto a la manutención de los hijos, no se puede conceder una pensión alimenticia de forma retroactiva para un periodo de más de tres años a partir de la fecha de interposición de la demanda de alimentos, a menos que el deudor lo acepte. La reclamación de pago de pensión alimenticia prescribe a los cinco años desde la fecha de vencimiento del pago.

Con respecto a la manutención de los cónyuges, no se puede conceder una pensión alimenticia de forma retroactiva para un periodo de más de tres años a partir de la fecha de interposición de la demanda de alimentos, a menos que el deudor lo acepte. La reclamación de pago de pensión alimenticia prescribe a los tres años desde la fecha de vencimiento del pago.

En cuanto a la ejecución, existen varias excepciones para el embargo. Por ejemplo, la ropa y otros elementos de uso exclusivo del deudor hasta un punto razonable, y algunas pertenencias necesarias en el hogar y su cuidado están exentas de embargo. Si el deudor tiene familia, los elementos usados por la familia para sus necesidades se tienen en cuenta a la hora de determinar las excepciones de embargo.

Solo se puede embargar la parte del salario del deudor que exceda las necesidades de su propia manutención o de su familia. La parte del salario del deudor que no puede embargarse (conocida como förbehållsbeloppet o parte protegida) se determina con respecto a la cantidad estándar. La cantidad estándar incluye los gastos de vida normales, salvo los costes de vivienda, que se determinan por separado y se añaden a la cantidad estándar. El Servicio de Ejecución establece anualmente la cantidad estándar.

12 ¿Existe alguna organización o autoridad que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión de alimentos?

En Suecia, el Servicio de Ejecución ofrece ayuda para cobrar la pensión de alimentos. Si el caso tiene elementos transfronterizos, la Agencia Nacional de Seguridad Social (Försäkringskassa) puede prestar asistencia administrativa para presentar la solicitud de cobro al Servicio de Ejecución.

13 ¿Puede algún organismo (público o privado) anticipar total o parcialmente el pago de alimentos en lugar del deudor?

La pensión alimenticia de un hijo cuyos progenitores están separados la paga la Agencia Nacional de Seguridad Social al progenitor que tiene la custodia y asciende a 1 273 SEK mensuales. La pensión se abona al progenitor que tenga la patria potestad del hijo, que viva con él y que esté empadronado en el mismo domicilio. La resolución sobre pensión alimenticia surge tras una solicitud a la Agencia Nacional de Seguridad Social, autoridad que administra la seguridad social. La pensión alimenticia es una manera que la sociedad tiene para garantizar que un hijo con progenitores separados reciba un cierto grado de manutención incluso cuando el progenitor responsable de ello incumple su obligación. La ayuda de manutención puede ofrecerse como ayuda total, pago complementario o ayudas en casos de custodia compartida. El progenitor responsable de la manutención tiene que pagar al Estado, según sus ingresos, y el número de hijos de los que es responsable. La obligación de reembolso se establece a través de un proceso administrativo. Si la pensión alimenticia se paga directamente al progenitor que tiene la patria potestad, la cantidad pagada por la Agencia Nacional de Seguridad Social se reducirá en consecuencia (esto se conoce como una asignación complementaria).

Si el progenitor responsable de pagar la pensión reside en el extranjero o reside en Suecia pero percibe un salario u otros ingresos desde el extranjero, la Agencia Nacional de Seguridad Social puede ordenar al progenitor que tiene la custodia del hijo y vive con él que tome medidas para garantizar que se puede determinar la obligación de alimentos. En tales casos, la Agencia Nacional de Seguridad Social se hace cargo de la pensión alimenticia del hijo hasta la cantidad que se pagó en concepto de ayuda de manutención.

Un cónyuge no puede obtener ayuda de manutención de la Agencia Nacional de Seguridad Social.

14 Si estoy en este Estado miembro y el deudor tiene fijada su residencia en otro país:

En casos transfronterizos, el demandante puede obtener asistencia administrativa de la Agencia Nacional de Seguridad Social. La Agencia Nacional de Seguridad Social (Försäkringskassa) es la autoridad central con arreglo al Reglamento de obligación de alimentos de la UE y el Convenio La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia (en lo sucesivo, el Convenio de La Haya de 2007), y también es la entidad transmisora/receptora en virtud del Convenio de Nueva York de 1956 en materia de cobro de alimentos a escala internacional.

14.1 ¿Puedo obtener la asistencia de alguna autoridad u organismo privado en este Estado miembro?

Véase la respuesta a la pregunta 14.

14.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado?

Los datos de contacto de la Agencia Nacional de Seguridad Social son los siguientes:

Agencia Nacional de Seguridad Social

PO Box 1164

SE-621 22 Visby

Suecia

Tel. +46 0771179000

Fax +46 01120411

Correo electrónico: El enlace abre una nueva ventanacentralmyndigheten@forsakringskassan.se

La Agencia Nacional de Seguridad Social tomará las medidas necesarias para facilitar el cobro internacional de la pensión alimenticia. Sus tareas como autoridad central con arreglo al Reglamento de obligación de alimentos y al Convenio de La Haya de 2007 se derivan del Reglamento y del Convenio. Por ejemplo, presta asistencia a los beneficiarios de la pensión a la hora de presentar una solicitud, que puede presentarse mediante la autoridad, como por ejemplo la solicitud para una resolución sobre pensión alimenticia en el extranjero. Para más información sobre la ayuda disponible para solicitantes, contactar con la Agencia Nacional de Seguridad Social.

15 Si estoy en otro país y el deudor está en este Estado miembro:

Los demandantes que deseen cobrar la pensión alimenticia con arreglo al Convenio de Nueva York de 1956 sobre el cobro de pensiones alimenticias en el extranjero deben presentar una solicitud a la entidad transmisora de su país de origen, que a su vez, presentará la solicitud a la entidad receptora en Suecia (Agencia Nacional de Seguridad Social).

Se aplica lo mismo a los demandantes que desean obtener asistencia de las autoridades centrales en virtud de los dispuesto en el Reglamento de obligación de alimentos o el Convenio de La Haya de 2007: deberán enviar la solicitud a la autoridad central en Suecia (Agencia Nacional de Seguridad Social).

15.1 ¿Puedo presentar una reclamación directamente a esa autoridad u organismo privado de este Estado miembro?

Véase la respuesta a la pregunta 17. Con respecto a las solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento de obligación de alimentos o el Convenio de La Haya de 2007, los solicitantes pueden dirigirse directamente a una autoridad competente.

15.2 En caso afirmativo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con esa autoridad u organismo privado y qué tipo de asistencia me puede dispensar?

Véase la respuesta a la pregunta 16.

16 ¿Está este Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007?

Sí. Suecia está vinculada por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, sobre la legislación aplicable a la obligación de alimentos (Protocolo de La Haya), cuyas disposiciones son de aplicación en la UE desde el 18 de junio de 2011. La norma general a tenor del Protocolo de La Haya es que el Derecho del país en que tiene su lugar de residencia habitual la parte dependiente será de aplicación. Por el bien del niño, en especial, es posible aplicar la legislación del país del que el hijo y el deudor sean nacionales, si la aplicación de la legislación del país de residencia habitual contraviene los intereses del niño. Las partes también pueden alcanzar un acuerdo sobre qué legislación se aplicará, pero el alcance de dicho acuerdo está limitado en caso de pensión alimenticia para hijos menores de 18 años, por ejemplo.

17 Si no lo está,¿qué leyes son aplicables a las demandas de alimentos conforme a sus normas de Derecho privado internacional?¿Cuáles son las normas de Derecho privado internacional correspondientes?

Suecia está vinculada por el Protocolo de La Haya de 2007 (véase la respuesta a la pregunta 20).

18 ¿Cuáles son las normas de acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos dentro de la UE conforme a la estructura del capítulo V del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

Véase la respuesta a la pregunta 7 para los requisitos generales de asistencia jurídica gratuita.

Para las disputas transfronterizas dentro de la Unión Europea existen disposiciones especiales de asistencia jurídica gratuita. Si se cumplen los requisitos de asistencia jurídica gratuita contenidos en el Reglamento de obligación de alimentos, se debe conceder asistencia jurídica gratuita si el demandante necesita asesoramiento legal y no puede obtenerlo por otros medios.

19 ¿Qué medidas ha adoptado este Estado miembro para asegurar el funcionamiento de las actividades que se describen en el artículo 51 del Reglamento sobre obligaciones de alimentos?

No se han previsto medidas específicas.

Última actualización: 12/10/2016

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.