Divorce and legal separation

When a married couple decide to separate permanently, one of the spouses, or both together, will generally institute divorce proceedings.

In most countries divorce is decided by a court, and that court's judgment dissolves the marriage.

If the couple has children, besides the separation of the spouses, the divorce will lead to a reorganisation of the relationship between each of them and the children they have in common.

It will also lead to a division of the assets owned in common by the spouses, and if necessary to the payment of a contribution or maintenance by one spouse to another, or to support the children.

In the European Union, there are rules for working out to which court an application for divorce must be filed when the couple separates. These rules are particularly useful for couples where the spouses are of different nationalities, or where the spouses have lived in different Member States during the marriage.

The rules also allow a divorce pronounced in one country of the European Union to be more easily recognised in another Member State and have effect there.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

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Divorcio - Bélgica

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En el Derecho belga hay dos tipos de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por diferencias irreconciliables.

El divorcio por diferencias irreconciliables puede obtenerse de dos formas:

  • Mediante prueba de las diferencias irreconciliables, que se puede aportar por todas las vías de Derecho (artículo 229, apartado 1 del Código civil). Existen diferencias irreconciliables cuando estas hacen imposible que los cónyuges continúen o retomen su vida en común.
  • Basándose en una separación de hecho que ha durado un determinado tiempo. Las diferencias irreconciliables se establecen cuando la solicitud la presentan conjuntamente los dos cónyuges después de más de seis meses de separación de hecho. Si la separación es inferior a seis meses y los cónyuges quieren presentar una demanda de divorcio conjunta, las diferencias irreconciliables se establecerán cuando los cónyuges hayan comparecido por segunda vez ante el tribunal, tras un periodo de reflexión, y hayan reiterado su voluntad de divorciarse (artículo 229, apartado 2, del Código Civil). Demanda unilateral después de un año de separación de hecho: las diferencias irreconciliables se establecen cuando la demanda la presenta un único cónyuge después de más de un año de separación de hecho. Si la separación es inferior a un año y uno de los cónyuges quiere presentar una demanda de divorcio unilateral, las diferencias irreconciliables se establecerán cuando el cónyuge demandante haya comparecido por segunda vez ante el tribunal, tras un periodo de reflexión, y haya reiterado su voluntad de divorciarse (artículo 229, apartado 3, del Código Civil).

Solo podrá obtenerse el divorcio por consentimiento mutuo si los cónyuges presentan un convenio previo global que regule todos los efectos del divorcio y manifiestan de manera persistente su voluntad de poner fin a la unión por consentimiento mutuo hasta que se decrete el divorcio. El convenio previo global se compone de un acuerdo transaccional mediante el cual los cónyuges llegan a un acuerdo en lo que respecta al respectivo patrimonio (artículo 1287 del Código Judicial) y de un convenio de divorcio que regula las cuestiones relativas a la residencia de los cónyuges durante el procedimiento, a la patria potestad y a la gestión de los bienes de los hijos comunes, así como el derecho a mantener el contracto durante y después del divorcio, la contribución de los cónyuges a su manutención y al importe de la posible pensión de alimentos entre ellos durante y después del divorcio (artículo 1288 del Código Judicial).

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En el Derecho belga hay dos tipos de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo (artículo 230 del Código Civil) y el divorcio por diferencias irreconciliables (artículo 229 del Código civil).

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio rompe el vínculo entre los cónyuges de cara al futuro. Los excónyuges dejan de ser herederos el uno del otro. Pueden volver a casarse. En Bélgica, el matrimonio no tiene ningún efecto en el apellido de los cónyuges. Sin embargo, un cónyuge tiene derecho a usar el apellido del otro. Tras el divorcio, ya no podrá usar ese apellido en su vida cotidiana y profesional, salvo como nombre comercial en determinadas circunstancias.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Se liquida el patrimonio común. En el caso de divorcio por diferencias irreconciliables, salvo que se estipule lo contrario, los cónyuges pierden todas las ventajas que se hubiesen otorgado mutuamente mediante las capitulaciones matrimoniales desde el momento en que contrajeron matrimonio, así como las ventajas otorgadas mediante disposiciones contractuales. En caso de divorcio por consentimiento mutuo, los cónyuges regulan de antemano sus derechos respectivos en el acuerdo previo global (véase pregunta 1).

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El divorcio no tiene ningún efecto en los derechos de los hijos fruto del matrimonio (artículo 304 del Código Civil). Una vez que se disuelve el matrimonio mediante divorcio, la autoridad sobre el menor y la administración de sus bienes las ejercen el padre y la madre conjuntamente o la persona a la que se han encomendado estas, ya sea por acuerdo de las partes debidamente refrendado o por orden del órgano jurisdiccional mediante resolución provisional (artículo 302 del Código Civil). Los cónyuges deben contribuir, en la medida de su capacidad financiera, a los gastos de alojamiento, manutención, vigilancia, educación y formación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta que concluyan sus estudios (artículo 203 del Código Civil) y, en proporción a su parte, a los gastos ordinarios y extraordinarios derivados de esta obligación (artículo 203 bis del Código Civil). Normalmente esta contribución se realiza como pensión de alimentos, fijada por el órgano jurisdiccional competente o por convenio entre las partes.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Divorcio por diferencias irreconciliables: los cónyuges pueden acordar una pensión de alimentos tras del divorcio, así como su cantidad y las condiciones para revisarla. A falta de convenio, el órgano jurisdiccional puede acordar, a instancia de parte en caso necesario, una pensión de alimentos a cargo del otro cónyuge. También puede denegar la solicitud de alimentos si el demandado prueba que el demandante ha cometido una falta grave que imposibilita que puedan seguir viviendo juntos. En ningún caso se puede conceder una pensión de alimentos a un cónyuge declarado culpable de actos de violencia física cometidos contra el otro cónyuge. Cuando el demandado pruebe que el estado de necesidad del demandante es resultado de su propia decisión, sin que esté justificado por las necesidades familiares, el juez puede decidir que quede exento de pagar la pensión o que pague una pensión reducida (artículo 301, apartados 1, 2 y 5 del Código Civil). El importe de la pensión de alimentos debe cubrir, como mínimo, el estado de necesidad del beneficiario, pero no puede ser superior a un tercio de los ingresos del cónyuge deudor. La duración de la pensión no puede ser superior a la del matrimonio. Este plazo puede ampliarse en circunstancias excepcionales (artículo 301, apartados 3, 4, 6, 8 y 9 del Código Civil).

Divorcio por consentimiento mutuo: los cónyuges regulan de antemano sus derechos respectivos en el acuerdo previo (véase pregunta 1). Puede llegar a un acuerdo sobre el importe de una posible pensión de alimentos durante el procedimiento y después del divorcio, así como sobre la fórmula de indización y las modalidades de revisión (artículo 1288, subapartado 1º, punto 4, del Código Judicial).

En todo caso, el juez puede aumentar, reducir o suprimir la pensión de alimentos si el importe ya no se adapta a las nuevas circunstancias, independientes de la voluntad de las partes. Solo en los divorcios por diferencias irreconciliables, el juez puede también adaptar el importe de la pensión si el divorcio implica una modificación de la situación financiera de los cónyuges.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal no da lugar a la disolución de los vínculos del matrimonio, pero debilita los derechos y deberes mutuos de los cónyuges: suprime el deber de cohabitar y divide el patrimonio.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las causas de la separación legal son las mismas que las que se aplican en materia de divorcio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal no da lugar a la disolución de los vínculos del matrimonio, pero debilita los derechos y deberes mutuos de los cónyuges. Con respecto a los cónyuges, suprime solo los deberes de cohabitación y asistencia, y subsisten las de fidelidad y socorro (artículo 308 del Código civil). En lo que respecta al patrimonio, la separación legal implica la separación de los bienes (artículo 311 del Código Civil). En cuanto a los hijos, los efectos son los mismos que los del divorcio. Los cónyuges que han obtenido la separación no pueden recibir una pensión de alimentos, pero pueden solicitar la aplicación del deber de socorro (artículo 213 del Código Civil).

Los efectos de la separación legal por consentimiento mutuo son los mismos que los del divorcio por consentimiento mutuo, y se regulan mediante convenios previos, a condición de que el vínculo conyugal no se rompa. Los deberes de fidelidad y socorro siguen existiendo.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La nulidad del matrimonio constituye una sanción en el Derecho civil, y se aplica cuando el matrimonio se celebra en incumplimiento de las disposiciones legales, a pesar del control preventivo efectuado por el secretario del registro civil.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las causas de nulidad absoluta del matrimonio son:

  • Uno de los cónyuges es menor de edad y no cuenta con ninguna dispensa en relación con la edad (artículo 144 del Código Civil): la edad mínima para contraer matrimonio se ha establecido en 18 años.
  • La ausencia de consentimiento (artículo 146 del Código Civil).
  • El matrimonio de conveniencia (artículo 146 bis del Código Civil). No existe matrimonio como resultado de una serie de circunstancias: que la intención de uno de los cónyuges no sea claramente crear una comunidad de vida duradera, sino simplemente obtener un beneficio en cuanto al derecho de residencia derivado del estado civil de casado.
  • El matrimonio forzado (artículo 146 ter del Código Civil). No existe matrimonio cuando este se constituye sin el libre consentimiento de los cónyuges, de modo que uno de ellos se haya consentido bajo violencia o amenazas.
  • La bigamia (artículo 147 del Código Civil).
  • Infringir una de las prohibiciones para contraer matrimonio debido a un vínculo de sangre o de parentesco, a una resolución según la cual un presunto progenitor debe pagar una pensión, o a una relación familiar de adopción (artículos 161 a 164; artículos 341 y 356, apartado 1, primer y segundo subapartado, y artículo 353, apartado 13, del Código Civil).
  • La incapacidad del funcionario público que celebró el matrimonio (artículo 191 del Código Civil) (nulidad absoluta facultativa).
  • El matrimonio clandestino (artículo 191 del Código Civil) (nulidad absoluta facultativa).

Las causas relativas a la nulidad del matrimonio son la falta de consentimiento de los cónyuges o de uno de ellos o que uno de ellos lo haga por error (artículos 180 y 181 del Código Civil).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La anulación significa que el matrimonio se la eliminado con carácter pasado y futuro. Se aplica retroactivamente hasta el día del matrimonio. Los efectos desaparecen, y se considera que nunca ha existido.

Cuando los cónyuges se casen de buena fe, es decir, que no consideren que pudiese haber alguna causa de nulidad, el órgano jurisdiccional puede decidir que se declare nulo solo de cara al futuro y que mantenga sus efectos en el pasado. Cuando solo uno de los cónyuges se case de buena fe, el matrimonio tendrá efecto únicamente en beneficio de esa persona.

Se mantienen los efectos a favor de los hijos, incluso aunque alguno de los cónyuges no actuase de buena fe. El padre de los hijos que nazcan durante el matrimonio o en los 300 días siguientes a la nulidad será el marido de su madre.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La ley contempla dos formas de mediación: la mediación voluntaria, en la que las partes contratan a un mediador, sin la intervención de un juez; y la mediación judicial, en el marco de un procedimiento judicial por iniciativa de las partes o de oficio, en cuyo caso se suspende el procedimiento judicial. La mediación se puede utilizar en litigios relativos a las obligaciones del matrimonio (artículos 201 y 203 del Código Civil), a los derechos y deberes de los cónyuges (artículos 221 a 224 del Código Civil), a los efectos del divorcio (artículos 295 a 307 bis del Código Civil), a la patria potestad (artículos 371 a 387 bis del Código Civil), al divorcio por diferencias irreconciliables (artículo 229 del Código Civil), al divorcio por consentimiento mutuo (artículos 1254 a 1310 del Código Judicial) y a la cohabitación de hecho. Las partes pueden proponer libremente recurrir a la mediación judicial (voluntaria) (artículo 1730 y siguientes del Código Judicial). El juez encargado del asunto también puede ordenar una mediación (judicial) en cualquier momento del procedimiento (artículo 1734 y siguientes del Código Judicial). En ambos casos, si las partes llegan a un acuerdo de mediación, se presentar ante el tribunal competente para que lo apruebe. El acuerdo solo se podrá rechazar si es contrario al orden público o al interés de los menores.

Es el órgano jurisdiccional competente el que debe pronunciar el divorcio.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

El órgano jurisdiccional competente para conocer una demanda de divorcio o separación legal por diferencias irreconciliables o una demanda de conversión de la separación legal en divorcio es el tribunal de primera instancia del último domicilio conyugal o del domicilio del demandado (artículo 628, subapartado 1, punto 1, del Código Judicial).

En caso de divorcio por consentimiento mutuo, los cónyuges deben dirigirse al Tribunal de Primera Instancia (artículo 1288 bis, subapartado 2, del Código Judicial).

La demanda de nulidad del matrimonio debe presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia del domicilio del demandado (artículo 624 del Código Judicial).

En caso de divorcio por diferencias irreconciliables, la solicitud se presenta: 1. con arreglo al artículo 229, apartado 1, del Código Civil, mediante agente judicial; 2. de manera conjunta, con arreglo al artículo 229, apartado 2, del Código Civil, mediante una demanda, con arreglo al artículo 1026 y siguientes del Código Judicial, firmado por los cónyuges o al menos por un abogado o un notario (artículo 1254, apartado 1, del Código Judicial); 3. unilateralmente, con arreglo al artículo 229, apartado 3, del Código Civil, mediante demanda contradictoria según los artículos 1034 bis à 1034 sexies del Código Judicial. En cualquier caso, el documento por el que se incoa el procedimiento, a parte de las referencias requeridas normalmente, debe contener una descripción detallada de los hechos invocados, así como la identidad de los hijos (artículo 1254, apartado 1, del Código Judicial). También se deben incluir un certificado del acta de matrimonio, un certificado de la partida de nacimiento de los hijos y una prueba de la identidad y de la nacionalidad de los cónyuges, salvo si están inscritos en el censo de población o en el registro de extranjería (artículo 1254, apartado 2, del Código Judicial).

En caso de divorcio por consentimiento mutuo, la solicitud se presenta mediante una demanda (artículo 1288 bis del Código Judicial). Se adjuntan, además de los documentos solicitados en el marco de un divorcio por diferencias irremediables, los convenios previos entre las partes y, si es el caso, un inventario de los bienes.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Se aplican las normas de Derecho común. Véase el apartado «Justicia gratuita".

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se puede presentar un recurso de apelación contra cualquier resolución mediante la que se pronuncie o rechace un divorcio o separación legal por diferencias irreconciliables o la nulidad del matrimonio, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución dictada en rebeldía o en un procedimiento contradictorio (artículo 1048, subapartado 1, y artículo 1051, subapartado 1, del Código Judicial).

La apelación contra una sentencia de divorcio solo se admitirá si se han incumplido las condiciones legales para pronunciar el divorcio o si los cónyuges se han reconciliado. La puede interponer la fiscalía en el mes siguiente al pronunciamiento de la sentencia. En tal caso, se le notificará a las dos partes. También la puede interponer uno de los cónyuges o ambos, de manera individual o conjunta, en el mes siguiente al pronunciamiento de la sentencia. En este caso, se le notificará al fiscal, así como al otro cónyuge si la presentase uno solo. Si la apelación se fundamenta en la reconciliación, deben presentarla ambos cónyuges en el mes siguiente al pronunciamiento. Esta apelación se le notifica al fiscal (artículo 1299 del Código Judicial). La apelación a la sentencia por la que que se ha rechazo el divorcio o la separación legal de consentimiento mutuo solo se admite si la interponen las dos partes, de manera individual o conjunta, en el mes siguiente al pronunciamiento (artículo 1300 del Código Judicial).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, (de aquí en adelante el «Reglamento Bruselas II bis») ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2005. Este reglamento se aplica dentro de la Unión Europea (salvo en Dinamarca). Las sentencias emitidas en un Estado miembro se reconocen automáticamente en el resto de Estados miembro, sin que sea necesario ningún procedimiento especial (artículo 21, punto 1, del Reglamento Bruselas II bis). No es necesario ningún procedimiento para actualizar los registros de estado civil de un Estado miembro si, en otro Estado miembro, se ha emitido una sentencia en materia de divorcio, separación legal o nulidad del matrimonio, que no se puede recurrir según la ley de ese país (artículo 21, punto 2, del Reglamento Bruselas II bis). No se reconocerá ninguna sentencia emitida en materia de divorcio, separación legal o nulidad del matrimonio si el hacerlo es claramente contrario al orden público, si el documento por el que se incoa el procedimiento o uno equivalente no se ha notificado al demandado con tiempo suficiente y de tal manera que pueda defenderse, o si es incompatible con una decisión dictada con anterioridad en un procedimiento entre las mismas partes (artículo 22 del Reglamento Bruselas II bis). Durante el examen, no se puede revisar la competencia de la jurisdicción de origen (artículo 24 del Reglamento Bruselas II bis) y, en ningún caso, se puede revisar una sentencia sobre el fondo (artículo 26 del Reglamento Bruselas II bis). Además, no puede rechazarse el reconocimiento de una sentencia alegando que el Derecho belga no permitiría el divorcio por los mismos hechos (artículo 25 del Reglamento Bruselas II bis). Los documentos que se deben aportar para el reconocimiento de una sentencia de una jurisdicción extranjera se enumeran en el artículo 37 del Reglamento Bruselas II bis.

Cuando no se aplique el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (de aquí en adelante el «Reglamento Bruselas II bis»), las decisiones posteriores al 1 de octubre de 2004 se someten a lo dispuesto en el Código de Derecho Internacional Privado (de aquí en adelante el Código D.I.P.). (artículo 126, apartado 2, del Código D.I.P.). Según el artículo 22 de este Código, el reconocimiento es de pleno derecho, sin que haya que incoar un procedimiento judicial. No se reconocerá ninguna sentencia extranjera si reconocerla va claramente en contra del orden público; si se han violado los derechos de defensa; si la demanda deriva de un incumplimiento de la ley; si se puede apelar; si es incompatible con una sentencia dictada en Bélgica o con una dictada con anterioridad en el extranjero y se pueda reconocer en Bélgica; si la demanda se ha presentado en el extranjero después de que se presentase en Bélgica una demanda aún pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto; si los órganos jurisdiccionales belgas son las únicos competentes para conocer de la demanda; si el órgano jurisdiccional extranjero tiene competencia únicamente porque el demandado o los bienes se encuentran en ese país, sin que haya una relación directa con el litigo en el Estado de dicho órgano jurisdiccional; si existe conflicto con uno de los motivos de rechazo enumerados exhaustivamente en el Código (en el área del derecho de las personas y de la familia, se trata únicamente del nombre, de la adopción o de la renuncia) (artículo 25, apartado 1, del Código D.I.P.). La sentencia judicial no puede, en ningún caso, revisarse sobre el fondo cuando se examine (artículo 25, apartado 2, del Código D.I.P.). Los documentos que se deben aportar para el reconocimiento de una sentencia judicial extranjera se enumeran en el artículo 24 del Código D.I.P.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El principio fundamental tanto del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental como del Código de Derecho Internacional Privado es el reconocimiento de pleno derecho, sin necesidad de procedimiento judicial. Sin embargo, si el reconocimiento se basa en el Reglamento Bruselas II bis, las partes interesadas pueden solicitar una resolución de que se reconozca o no la sentencia, según los procedimientos previstos en la sección 2, (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). Cuando no se aplique el Reglamento Bruselas II bis, las personas interesadas, así como el fiscal, pueden plantear, según el procedimiento contemplado en el artículo 23 del Código D.I.P., que se debe reconocer la resolución, en su totalidad o parcialmente (artículo 22, apartado 2, del Código D.I.P.).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El artículo 55, apartado 1, del Código D.I.P. incluye la normativa de referencia en los divorcio o separaciones legales con un aspecto internacional. El divorcio y la separación legal se regulan:

  1. Mediante el derecho del país en cuya jurisdicción los dos cónyuges tienen su residencia habitual en el momento de presentación de la demanda.
  2. En su defecto, mediante el Derecho del país del último domicilio de la residencia habitual común de los cónyuges, siempre y cuando uno de ellos tenga su residencia habitual en ese Estado en el momento de la presentación de la demanda.
  3. En su defecto, mediante el Derecho del Estado cuya nacionalidad tengan los dos cónyuges en el momento de la presentación de la demanda.
  4. En el resto de casos, por el Derecho belga.

El término «residencia habitual» se define en el artículo 4, apartado 2, del Código D.I.P. El término «residencia habitual común» no quiere decir necesariamente que ambos cónyuges residan en el mismo domicilio o municipio, sino en el mismo país. Se descarta la aplicación del Derecho nombrado en el artículo 55, apartado 1, del Código D.I.P. en la medida en que ese Derecho ignore la institución del divorcio. En ese caso, se aplica el Derecho designado en función del criterio establecido de manera alternativa en el apartado 1 (artículo 55, apartado 3, del Código D.I.P.).

Asimismo, los cónyuges tienen una oportunidad limitada de escoger ellos mismos el Derecho aplicable al divorcio o a la separación legal: el Derecho del Estado de su nacionalidad en el momento de presentación de la demanda o el Derecho belga (artículo 55, apartado 2, del Código D.I.P.). Esta elección debe expresarse a más tardar en la primera comparecencia ante el tribunal que conoce de la demanda de divorcio o de separación legal.

El Derecho aplicable designado en el artículo 55 del Código D.I.P determina las normas relativas a la admisibilidad de la separación legal; a las causas y condiciones del divorcio o de la separación legal o, en caso de demanda conjunta, a las condiciones del consentimiento, incluido el modo de expresión; a la obligación de un acuerdo entre los cónyuges sobre las medidas relacionadas con la persona, la manutención y los bienes de los cónyuges y de los hijos de los que son responsables; así como a la disolución de un vínculo matrimonial o, en caso de separación, al debilitamiento de ese vínculo (artículo 56 del Código D.I.P.).

Última actualización: 22/10/2019

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Divorcio - Bulgaria

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

La legislación búlgara reconoce las siguientes formas de divorcio:

  • divorcio por consentimiento mutuo con arreglo a los artículos 50 y 51 del Derecho de familia (Semeen kodeks),
  • divorcio a solicitud de parte fundamentado en la ruptura grave e irreparable del matrimonio con arreglo al articulo 49 del Derecho de familia,
  • divorcio no contencioso a instancia de las partes, fundamentado en la ruptura grave e irreparable del matrimonio previa presentación de un acuerdo entre los cónyuges con arreglo al artículo 49, apartado 4, del Derecho de familia.

En el caso del divorcio por consentimiento mutuo, ambos cónyuges deben presentar una solicitud conjunta al tribunal de distrito (rayonen sad), con la que aportarán un acuerdo en virtud del artículo 50 del Derecho de familia. En dicho acuerdo, los cónyuges deben resolver asuntos tales como el domicilio de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, el derecho de visita y la obligación de alimentos a los hijos, el reparto de bienes, el uso del domicilio familiar, los alimentos entre cónyuges y el apellido familiar. El acuerdo debe ratificarlo el juez previa comprobación de que se vela por los intereses de los menores. Si el juez determina que el acuerdo es deficiente, o que no se protegen de forma adecuada los intereses de los menores, se fijará un plazo para remediar tales vicios. Si no se remedian los vicios en el periodo de tiempo establecido, el juez desestimará la demanda de divorcio.

En el divorcio a solicitud de parte motivada por la ruptura grave e irreparable del matrimonio, la demanda debe interponerla uno de los cónyuges. La demanda la examina el tribunal de distrito (rayonen sad) competente en el lugar de residencia del demandado. El tribunal debe resolver de oficio sobre la existencia de culpa en el deterioro del matrimonio así como sobre el ejercicio de los derechos parentales, el derecho de visita y la obligación de alimentos a los hijos nacidos del matrimonio, el reparto de bienes, la utilización del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el uso del apellido del marido. Estas normas son de aplicación si las partes no han acordado capitulaciones matrimoniales que resuelvan lo anterior en caso de divorcio.

En el divorcio a instancia de los cónyuges, estos pueden declarar que han llegado a un acuerdo relativo al ejercicio de los derechos parentales, el derecho de visita y la obligación de alimentos a los hijos nacidos del matrimonio, el reparto de bienes, la utilización del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el uso del apellido del marido. El juez fallará en caso de contencioso, solo si una o ambas partes lo solicitan de forma expresa, pero tiene la obligación de determinar las causas de la disolución del matrimonio, a saber, la ruptura grave e irreparable.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En el divorcio de mutuo acuerdo:

Para conceder un divorcio de mutuo acuerdo, es requisito indispensable que los cónyuges declaren su compromiso firme e inquebrantable para disolver el matrimonio. El tribunal no examina los motivos que tienen los cónyuges para finalizar el matrimonio.

En el divorcio a instancia de una parte:

El fundamento para conceder un divorcio contencioso es la ruptura grave e irreparable del matrimonio. No existe definición jurídica de «ruptura grave e irreparable del matrimonio». Según la doctrina jurídica y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Casación (Varhoven kasatsionen sad), se produce una ruptura grave e irreparable cuando el matrimonio existe formalmente pero está completamente desprovisto de la sustancia que dictan la moral pública y la Ley. La ruptura grave e irreparable del matrimonio es un estado objetivo que debe establecerse según cada caso. Se admiten para ello toda clase de pruebas, incluido el interrogatorio de testigos. El Derecho no establece requisitos previos ineludibles para la ruptura grave e irreparable del matrimonio. La jurisprudencia alude, en una lista no exhaustiva, al adulterio, a una larga separación de hecho, al alcoholismo y a la adicción a otras sustancias tóxicas, a la crueldad física y mental y al descuido continuado de la familia. El nuevo Derecho de familia ya no exige que el juez emita fallos de oficio sobre las cuestiones relativas a los vicios que ocasionan la ruptura del matrimonio, salvo en los casos en que alguna de las partes, o ambas, hayan solicitado expresamente una sentencia sobre este asunto. No obstante, si no existe acuerdo, el asunto de la culpabilidad será decisivo a la hora de dictar sentencia en asuntos relativos al ejercicio de la patria potestad, el derecho de visitas y obligación de alimentos a los hijos nacidos dentro del matrimonio y la utilización del domicilio familiar.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tras el divorcio, el juez puede restablecer el apellido prematrimonial de uno los cónyuges.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El nuevo Derecho de familia establece diferentes regímenes económicos entre los contrayentes durante el matrimonio: régimen económico matrimonial legal, régimen legal de separación de bienes y régimen contractual.

1. El régimen económico matrimonial es la propiedad conjunta e indivisible de todos bienes, incluidos los depósitos en efectivo, adquiridos durante el matrimonio. Tales bienes se considerarán propiedad conjunta de ambos cónyuges, a pesar de que la adquisición se haya realizado a nombre de uno de ellos, siempre que la contribución haya sido conjunta. Se entiende por contribución conjunta de los cónyuges la inversión de fondos y trabajo, el cuidado de los niños y las labores domésticas. La contribución conjunta se presume salvo prueba en contrario.

Los bienes personales de cada cónyuge son los bienes adquiridos antes del matrimonio y las herencias y donaciones habidas durante el matrimonio. Los bienes muebles adquiridos por un cónyuge durante el matrimonio para un uso personal normal o el ejercicio de su profesión se consideran bienes personales.

Tras la concesión del divorcio, los bienes matrimoniales se convierten en propiedad normal.

2. Régimen de separación de bienes:

Los derechos adquiridos por cada uno de los cónyuges durante el matrimonio son disfrutados personalmente por ese cónyuge, pero cuando el matrimonio se disuelve por demanda, cada cónyuge tiene derecho a obtener una parte del valor de los derechos adquiridos por el otro cónyuge durante el matrimonio, en la medida en que el cónyuge demandante contribuyera con trabajo, recursos económicos propios, al hacerse cargo de los hijos, en labores domésticas o de otra forma. Los gastos de manutención de la familia correrán a cargo de ambos cónyuges, y estos contraerán responsabilidad compartida de las obligaciones que surjan de las necesidades familiares.

3. Régimen contractual:

En virtud del nuevo Derecho de familia, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo matrimonial, una opción nueva en la legislación búlgara. El contrato matrimonial puede celebrarse antes del matrimonio o durante la relación matrimonial. El acuerdo matrimonial está limitado por las disposiciones relativas al reparto de bienes entre las partes, tales como: los derechos de las partes a los bienes adquiridos durante el matrimonio, los derechos de las partes a los bienes de los que eran propietarios antes del matrimonio, la manera en que se gestionan y enajenan los bienes, incluido el domicilio familiar, la manera de compartir gastos y obligaciones entre las partes, las consecuencias relativas a la propiedad en caso de divorcio, la pensión alimenticia de los cónyuges durante el matrimonio y, en caso de divorcio, la obligación alimenticia con respecto a los hijos nacidos dentro del matrimonio. No se admiten disposiciones que transformen propiedad prematrimonial de una de las partes en propiedad mancomunada. El contrato matrimonial puede no incluir disposiciones testamentarias, salvo en el caso de las participaciones de los cónyuges en los bienes acordados en régimen de gananciales tras la disolución. El régimen matrimonial legal es de aplicación a cualquiera de las relaciones patrimoniales que no sean resueltas en el contrato matrimonial.

Con independencia del régimen elegido por los cónyuges, el régimen general se aplica a la enajenación del domicilio conyugal, lo que quiere decir que, cuando el domicilio conyugal es un bien personal de uno de los cónyuges, el otro cónyuge debe dar su consentimiento para la enajenación, a menos que ambos cónyuges sean propietarios o copropietarios de otra residencia. Si no existe consentimiento, la enajenación puede darse con la autorización del juez pedáneo si se establece que no va en detrimento de los hijos que no han alcanzado la mayoría de edad ni de la familia. Cuando se concede el divorcio, si los cónyuges no pueden residir en el domicilio conyugal por separado, el juez otorgará el uso de la vivienda a uno de ellos en caso de que así lo solicite y necesite una vivienda. Si existen hijos nacidos del matrimonio que no han alcanzado la mayoría de edad, el juez dictaminará de oficio a quién corresponde residir en el domicilio conyugal, que podrá ser, en este caso, el cónyuge a quien se le haya concedido la patria potestad, siempre y cuando ejerza tal derecho.

Tras el divorcio, los ex cónyuges dejan de ser herederos legales mutuos y pierden todos los beneficios otorgados por disposiciones testamentarias. Tras el divorcio, las donaciones de propiedades de valor significativo efectuadas con motivo del matrimonio o durante el mismo por un cónyuge o sus parientes próximos al otro cónyuge pueden revocarse, a menos que ello contravenga la moral pública. La solicitud para revocar un don puede presentarse en el plazo máximo de un año después de la sentencia de divorcio.

El régimen matrimonial legal se aplica cuando los contrayentes no han elegido un régimen económico para sus relaciones patrimoniales o si son menores o personas con capacidad jurídica limitada. El régimen económico matrimonial se inscribe en el Registro Civil, y puede modificarse durante el matrimonio. La modificación se anota en el acta del matrimonio civil y en el Registro. Los contratos matrimoniales y el régimen matrimonial legal de aplicación se inscriben en un registro electrónico central en la agencia del Registro. El Registro es de acceso público. Cuando uno o ambos cónyuges llevan a cabo una transacción con un tercero donde no hay un régimen matrimonial inscrito en el Registro, se aplicará el régimen económico matrimonial legal.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El término legal aceptado en Bulgaria es «ejercicio de derechos parentales».

En la resolución por la que pronuncia el divorcio y se disuelve el matrimonio, el tribunal debe resolver sobre las materias que afecten al ejercicio de los derechos parentales, al derecho de visita y a la obligación de alimentos s los niños nacidos dentro del matrimonio y a la utilización del domicilio familiar. Para ello, tendrá en cuenta los intereses de los hijos. El tribunal decide cuál de los cónyuges ejercerá los derechos parentales y dispone medidas relativas al ejercicio de dichos derechos, la comunicación entre hijos y progenitores y la obligación de alimentos a los niños. A la hora de determinar qué cónyuge va a ejercer los derechos parentales, el tribunal sopesa todas las circunstancias atendiendo a los intereses de los hijos, escuchando la opinión de los progenitores y la de los niños, si estos son mayores de diez años.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Con arreglo al artículo 83 del Derecho de familia, solo se concede pensión alimenticia a un cónyuge cuando no tiene culpa en el divorcio. La pensión se pagará durante un máximo de tres años después de finalizado el matrimonio, a menos que las partes convengan un plazo superior. El juez puede prorrogar este periodo de tiempo si el cónyuge que recibe la pensión alimenticia sufre dificultades gravosas y el otro cónyuge puede pagar la pensión sin dificultades. El derecho a pensión alimenticia de un ex cónyuge finaliza cuando vuelve a contraer matrimonio. En la práctica, raros son los casos en que a los ex cónyuges se les concede o se les ordena pagar pensión alimenticia.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El concepto de separación legal no existe en la legislación búlgara actual.

En la jurisprudencia, la «separación de hecho» indica simplemente que los cónyuges no viven juntos ni comparten domicilio. No tiene el mismo significado que «separación legal».

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase el apartado 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase el apartado 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación es uno de los medios de que dispone la legislación búlgara para dar fin a un matrimonio. El matrimonio nulo tiene todas las consecuencias jurídicas de un matrimonio válido antes de ser finalizado por procedimiento judicial. El matrimonio solo puede ser anulado por procedimiento judicial: la nulidad del matrimonio no puede invocarse hasta que la resuelva el tribunal.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Para que se anule un matrimonio, uno de los cónyuges deberá:

  • ser menor de dieciocho años de edad cuando se celebró el matrimonio,
  • estar casado/a con otra persona,
  • haber sido declarado jurídicamente incapacitado o padecer una enfermedad o discapacidad mental que motiven su declaración de incapacidad jurídica,
  • padecer una enfermedad que suponga un peligro grave para la vida y la salud de los hijos o del otro cónyuge, a menos que dicha enfermedad solamente sea peligrosa para el otro cónyuge y que este tenga conocimiento de ello,
  • ser ascendiente o descendiente directo del otro cónyuge,
  • ser hermano o hermana, sobrino, sobrina u otro pariente colateral hasta el cuarto grado, incluido el otro cónyuge,
  • ser padre adoptivo o hijo adoptado del otro cónyuge,
  • haber sido coaccionado para celebrar el matrimonio recibiendo amenazas de peligro grave e inminente para su vida, salud o reputación o para la de su familia.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

En función de la causa de nulidad, la demanda de anulación puede presentarla el cónyuge afectado por dicha causa; pueden presentarla asimismo el fiscal, el cónyuge del primer matrimonio o el fiscal y el cónyuge. El artículo 97 del Derecho de familia enumera explícita y exhaustivamente la lista de las personas con capacidad para interponer un recurso de nulidad y los plazos legales para hacerlo.

Los efectos de la nulidad del matrimonio son idénticos a los del divorcio en lo que se refiere a las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, así como a las relaciones entre estos y sus hijos. Para la nulidad de matrimonio, la mala fe equivale a la culpa en caso de divorcio. Los hijos concebidos o nacidos durante el matrimonio anulado se consideran nacidos dentro del matrimonio y disfrutan de la presunción de paternidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El único modo de finalizar un matrimonio mediante divorcio es presentando una demanda o solicitud ante un tribunal.

Si las partes optan por la mediación, el caso se considera cerrado.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

En tanto que tribunal de primera instancia, un tribunal de distrito (rayonen sad) tiene competencia natural en las demandas de divorcio contencioso y en las demandas de anulación. Dicho tribunal dirime igualmente las demandas de divorcio por acuerdo mutuo. Las demandas deben presentarse en el tribunal del lugar de residencia de la parte demandada. El tribunal no está obligado de oficio a verificar su propia competencia, pero si la parte demandada lo recusa dentro del plazo permitido para la respuesta, el tribunal deberá remitir el caso al tribunal competente.

La sentencia en rebeldía no es posible en materia matrimonial.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Las partes pueden obtener asistencia jurídica en los términos normales de la asistencia jurídica. Estos términos están previstos en la Ley de asistencia jurídica (Zakon za pravnata pomosht).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La decisión por la que se concede divorcio por mutuo acuerdo no admite recurso.

Al recibir la notificación de una sentencia relativa a una demanda de nulidad o de divorcio, la parte dispone de dos semanas para interponer un recurso ante la audiencia provincial. La resolución sobre divorcio se hará efectiva incluso en caso de que se haya interpuesto un recurso contra la parte en relación a la culpa.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En estos casos se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 según establece el articulo 621 del Código Civil (Grazhdanski protsesualen kodeks). El tribunal competente es la audiencia provincial con jurisdicción en el lugar en que la parte contraria tiene su residencia permanente, pero si dicha parte careciera de residencia permanente en el territorio de la República de Bulgaria, será competente el tribunal del lugar de residencia de la parte interesada, y si la parte interesada careciera de residencia en Bulgaria, será competente el Tribunal de la Ciudad de Sofía (Sofiyski Gradski Sad).

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En estos casos se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 según establecen los artículos 622 y 623 del Código Civil.

La parte contraria al reconocimiento de la decisión puede interponer un recurso contra la orden de reconocimiento o, cuando proceda, la orden que otorga la ejecución de la decisión. La orden es recurrible para su examen en apelación por parte del Tribunal de Apelación de Sofia (ofiyski apelativen sad), cuya decisión a su vez está sujeta a un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Casación.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La legislación aplicable en la anulación del matrimonio es la del lugar en el que se contrajo.

Las relaciones personales entre cónyuges están reguladas por su legislación nacional común. Si son de nacionalidades diferentes, sus relaciones se rigen por la legislación del Estado en que tengan su residencia común habitual. A falta de esta, sus relaciones estarán reguladas por la legislación del Estado en que ambos cónyuges tengan lazos más estrechos.

Las relaciones patrimoniales entre cónyuges están reguladas por la legislación aplicable a sus relaciones personales.

El divorcio entre cónyuges de una misma nacionalidad extranjera está regulado por la legislación del Estado del que sean nacionales en el momento de interponer la demanda de divorcio. El divorcio entre cónyuges de diferente nacionalidad está regulado por la legislación del Estado en que tenían su residencia común habitual en el momento de interponer la demanda de divorcio. Si los cónyuges carecieran de residencia común habitual, se aplicará la legislación búlgara.

Última actualización: 24/11/2015

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Divorcio - Chequia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El tribunal se pronuncia sobre la demanda de divorcio presentada por uno de los cónyuges. Durante el proceso judicial, el tribunal determina si existe causa de divorcio, es decir, si el matrimonio ha fracasado, y las causas de la ruptura.

Un matrimonio se considera fracasado de forma automática si ha durado como mínimo un año, si los cónyuges han estado separados durante al menos seis meses y si el otro cónyuge apoya la demanda de divorcio. El tribunal no comprueba las razones de la ruptura pero otorgará el divorcio si concluye que las declaraciones idénticas de los cónyuges relativas a la ruptura y su intención de obtener el divorcio son reales, y los cónyuges presentan:

una resolución judicial definitiva que apruebe el acuerdo sobre la custodia y el régimen de visitas de hijos menores de edad que no hayan alcanzado plena capacidad jurídica para el periodo de tiempo posterior al divorcio;

un acuerdo por escrito con firmas compulsadas oficialmente que resuelva asuntos económicos y derechos y deberes de la residencia compartida, así como la obligación de alimentos para el periodo posterior al divorcio.

Si los cónyuges tienen un hijo menor, el divorcio no se otorgará si motivos especiales dictan que va en contra de los intereses del hijo, por ejemplo por discapacidad física o mental. El divorcio no se otorgará hasta que exista una sentencia judicial definitiva sobre custodia y régimen de visitas del menor para el periodo posterior al divorcio.

El tribunal desestimará la demanda de divorcio si el cónyuge que no es el principal responsable de la ruptura del matrimonio por incumplimiento de sus obligaciones maritales y que sufra una pérdida importante como consecuencia del divorcio esté en desacuerdo con este, siempre que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen conservar el matrimonio. No obstante, el tribunal concederá el divorcio si los cónyuges no han llegado a convivir durante al menos tres años, siempre que se haya producido la ruptura del matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La causa para el divorcio es la ruptura rotunda, permanente e irreparable del matrimonio donde no se puede esperar que los cónyuges puedan convivir de nuevo.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge deberá notificar al registro dentro de un periodo de seis meses tras la sentencia definitiva de divorcio que desea restablecer su antiguo apellido y que no usará el apellido del otro cónyuge junto a su apellido original.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Los bienes conyugales dejan de ser propiedad conjunta al conceder el divorcio.

Si se liquida, destruye o reduce la propiedad conyugal, las obligaciones y derechos comunes previos se disuelven mediante un acuerdo. Dicho acuerdo debe hacerse por escrito si se celebra durante el matrimonio o si el objeto de este también requiere acuerdo por escrito según el contrato de transferencia de propiedad. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo, el tribunal decidirá sobre los bienes comunes a instancia de uno de los cónyuges. Al pronunciarse sobre los bienes comunes, el tribunal parte del supuesto de que los cónyuges poseen partes iguales de los bienes que constituyen la propiedad conjunta. Cada cónyuge tiene derecho a requerir el reembolso de su contribución a los bienes comunes y tiene la obligación de reembolsar cualquier cantidad transferida de los bienes comunes a sus bienes exclusivos. Durante el acuerdo, el objetivo principal son las necesidades de los hijos dependientes, la manera en que cada uno de los cónyuges se ha hecho cargo de la familia, en particular cómo se hicieron cargo de los hijos y de la residencia familiar, y su contribución a la adquisición y manutención de los bienes que constituyen el patrimonio conyugal.

Si tras los tres años posteriores al divorcio no se llega a un acuerdo o no se solicita una resolución judicial, se considera que los bienes muebles tangibles pertenecen a la persona que los usa como propietario exclusivo para sus propias necesidades, las necesidades de su familia o las necesidades de su hogar. Otros bienes muebles e inmuebles tangibles se consideran copropiedad en partes iguales. Lo mismo se aplica a otros derechos de propiedad, efectos a cobrar y deudas.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Antes de otorgar el divorcio a los progenitores de un menor que no ha alcanzado capacidad jurídica total, el tribunal determinará los derechos y las obligaciones de los cónyuges relativos al hijo para el periodo posterior al divorcio. En concreto, el tribunal designará al cónyuge que tendrá la custodia del hijo y de qué forma contribuirá cada progenitor a la pensión alimenticia de los hijos.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge divorciado tiene el deber de mantener al ex cónyuge si este no es capaz de hacerlo por sí mismo, cuando la incapacidad se origine en el matrimonio o esté relacionada con el mismo. Al determinar la pensión alimenticia se tienen en cuenta la edad, el estado de salud en el momento del divorcio y la terminación de la obligación de alimentos de los hijos del matrimonio. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la cuantía de la pensión alimenticia, el tribunal decidirá según la propuesta de uno de los cónyuges. La pensión alimenticia puede pagarse a tanto alzado o a plazos.

Si los ex cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la pensión alimenticia, el tribunal puede conceder la pensión según la propuesta del cónyuge que no sea el causante principal de la ruptura del matrimonio y que sufra una pérdida significativa como consecuencia del divorcio, pero solo por un periodo de tres años tras el divorcio.

El derecho a percibir una pensión cesa cuando el cónyuge vuelve a contraer matrimonio o celebra una unión de hecho.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El concepto de separación legal no existe en la República Checa.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase la pregunta 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase el apartado 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El tribunal anulará el matrimonio incluso sin demanda, si se contrajo con alguien que ya estaba casado que ya había celebrado una unión de hecho anteriormente o una unión similar en el extranjero, si el matrimonio, unión de hecho u otra unión similar todavía existe, o con un progenitor, un descendiente o un hermano o hermana, o entre personas emparentadas por adopción.

El tribunal anulará el matrimonio por demanda interpuesta por uno de los cónyuges cuyo consentimiento para celebrar matrimonio fuera obtenido mediante coacción por violencia o amenazas de violencia, o cuyo consentimiento para celebrar el matrimonio fuera resultado de un error relativo a la identidad del supuesto cónyuge o la naturaleza del acuerdo prematrimonial. La solicitud de anulación deberá presentarse en el plazo de un año a partir del día en que el cónyuge fuera capaz de contraer matrimonio conociendo las circunstancias, o cuando descubriera la situación real. El tribunal anulará el matrimonio por interposición de demanda por parte de alguien que tenga un interés legítimo si el matrimonio se celebró a pesar de algún obstáculo legal, por ejemplo, ser menor de edad o tener incapacidad jurídica; esto no se aplica en el caso de capacidad jurídica limitada.

El matrimonio es nulo si no se respetaron las condiciones que deben cumplirse sin reservas en el caso de al menos uno de los contrayentes a la hora de dar su consentimiento para el matrimonio o en la celebración del matrimonio o en casos relacionados con el mismo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Véase la pregunta 7.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio anulado por un tribunal se considera como si nunca se hubiera celebrado desde el mismo inicio (ex tunc). No obstante, el matrimonio se considera válido hasta el momento en que el tribunal lo declara nulo. En cuanto a los derechos y deberes de los cónyuges con respecto a los hijos y los bienes después de la anulación del matrimonio, se aplican las mismas disposiciones del divorcio. La resolución de anulación matrimonial también implica la anulación de la declaración de cambio de apellido de los supuestos cónyuges. Por tanto, ambos cónyuges vuelven a adoptar sus apellidos anteriores y no tienen derecho a elegir apellidos. Los apellidos de los hijos no cambian después de la anulación matrimonial. La presunción de paternidad del cónyuge de la primogenitora se mantiene a pesar de la declaración de nulidad matrimonial.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Hay varios servicios de asesoramiento familiar, matrimonial y de relaciones interpersonales. Otra opción es la mediación. Hay más información disponible en el sitio web de la Asociación de mediadores de la República Checa y de la Asociación de asesores matrimoniales y familiares de la República Checa. Véanse los enlaces más abajo. No obstante, la disolución del matrimonio por divorcio solo puede darse conforme a una sentencia judicial provisional.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Para iniciar los procedimientos de divorcio y de anulación se debe presentar una solicitud en el tribunal de distrito del último lugar de residencia de los cónyuges en la República Checa, siempre y cuando al menos uno de ellos sea residente en el distrito donde el tribunal tiene competencia. Si no existe tal tribunal, será competente el tribunal general del cónyuge que no interpuso la demanda para incoar el procedimiento, y, si no existiera dicho tribunal, será competente el tribunal general que interpuso la demanda para incoar el procedimiento. El tribunal general de una persona física es el tribunal de distrito donde tal persona resida, y si no tiene residencia, el distrito donde se aloje. La residencia se define como el lugar donde reside una persona con la intención de quedarse de forma permanente. Puede haber varios lugares con esta descripción, así que los tribunales correspondientes pueden funcionar como tribunal general. Para más información, véase la documentación sobre competencia judicial.

La demanda se debe interponer por escrito, y debe mostrar claramente a qué tribunal se dirige y quién es el autor de la demanda, además de nombrar a las partes (nombre completo, apellidos, edad o fecha de nacimiento, dirección de residencia permanente o dirección postal) y el matrimonio al que hace referencia (cuándo se celebró y en qué circunstancias, cómo se desarrolló y los motivos de su ruptura). La demanda debe estar firmada y fechada. En el caso de demanda de divorcio de mutuo acuerdo, deberá incluir la firma de ambos cónyuges. Los hechos alegados en la demanda deben ir acompañados de pruebas documentales.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En general, las partes no tienen derecho a compensación por gastos de procedimiento de divorcio, anulación matrimonial o declaración de validez del matrimonio. El tribunal puede conceder una compensación por la totalidad o parte de los gastos si las circunstancias del caso o la situación de las partes lo justifican. Durante la demanda, el presidente del tribunal podrá conceder a las partes la exención total o parcial de las costas judiciales si la situación de las partes lo exige y siempre que ello no suponga la alegación arbitraria de un derecho o la obstrucción del ejercicio de un derecho. Si fuera necesario para la protección de sus intereses en el procedimiento, una parte puede pedir al tribunal que designe a un abogado. El tribunal también puede asignar un abogado antes del inicio del procedimiento, pero la parte interesada deberá cumplir con los requisitos para la exención de pago de las costas judiciales. Esta parte deberá aportar pruebas de sus recursos y situación social ante el tribunal.

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley sobre abogados, también se puede solicitar al Colegio checo de abogados que ofrezca asesoramiento jurídico gratuito o por una tarifa reducida.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las resoluciones de concesión del divorcio o de anulación matrimonial pueden recurrirse en el plazo de quince días desde la recepción de la copia escrita de la decisión judicial. El recurso debe enviarse por escrito al tribunal ante el cual se presenta el mismo. Si se dicta una resolución que corrige la resolución original, el plazo de recurso se cuenta desde el momento en que la resolución correctiva entra en vigor. El recurso será admitido aunque se presente fuera del plazo de quince días si ello se debe a que se han seguido instrucciones erróneas impartidas por el tribunal. No se admitirá un recurso si se ha otorgado una demanda conjunta de divorcio.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Siempre que la decisión emitida en otro Estado miembro de la UE (salvo Dinamarca) esté comprendida dentro del ámbito temporal del Reglamento (CE) nº°2201/2003 (Bruselas II bis), la decisión será reconocida sin procedimiento especial alguno. La oficina del Registro simplemente tendrá en cuenta la decisión y hará una anotación en la inscripción adecuada de forma automática tras la presentación de los documentos requeridos, es decir, la resolución judicial definitiva del tribunal de otro Estado miembro o la copia compulsada relativa al divorcio, separación legal o anulación del matrimonio junto con una traducción oficial al checo y el certificado mencionado en el artículo 39 del Reglamento Bruselas II bis (o el artículo 33 de Bruselas II bis). El tribunal que dictó la resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio emitirá un certificado a instancia de una de las partes del proceso. No será obligatorio presentar dicho certificado si todos los hechos que de otra manera hubieran sido incluidos en el certificado pueden encontrarse en la resolución misma, o en otros documentos presentados, por ejemplo, si la resolución se aprueba como definitiva.

No obstante, la parte interesada podrá solicitar al tribunal de distrito competente que resuelva si una sentencia queda reconocida o no, por ejemplo, si es necesario aclarar la existencia del matrimonio (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). En ese caso, no obstante, solo concierne al derecho de la parte interesada y no es una obligación; este tipo de resolución judicial no es obligatoria para una inscripción normal en el registro.

Si la decisión fue emitida en otro Estado miembro de la UE antes del 1 de mayo de 2004, y al menos una de las partes del procedimiento es ciudadano de la República Checa, las decisiones sobre asuntos matrimoniales son reconocidas con arreglo a una decisión especial del Tribunal Supremo de la República Checa. Las resoluciones definitivas extranjeras u otros documentos requeridos (por ejemplo, el acta matrimonial) son presentados ante el Tribunal Supremo de la República Checa acompañadas de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se estipule lo contrario en un tratado internacional. Se puede consultar información adicional acerca de este proceso en el sitio web del Tribunal Superior de la República Checa. Véase el enlace más abajo.

Algunos acuerdos bilaterales sobre asistencia jurídica vinculantes en la República Checa (con Eslovaquia, Hungría y Polonia) incluyen disposiciones que reconocen resoluciones en asuntos distintos a los de la propiedad emitidas por las autoridades de la otra parte (que también incluye resoluciones de divorcio/separación legal/anulación) y que son reconocidas por la República Checa sin procedimiento especial y que solo se tienen en cuenta en la oficina del Registro. En dichos casos, la oficina del Registro hace una anotación tras la presentación de la resolución extranjera definitiva, acompañada de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se especifique lo contrario en un tratado internacional. El proceso descrito anteriormente obviamente solo se aplica en casos en que la resolución fue emitida antes del 1 de mayo de 2004. En caso contrario, se aplica el proceso descrito en el Reglamento Bruselas II bis. Véase la información proporcionada anteriormente.

La República Checa es signataria del Convenio sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales (La Haya, 1 de junio de 1970). Si la resolución cumple con las condiciones descritas en dicho Convenio, en la República Checa no existe la necesidad de elevar procedimientos especiales al Tribunal Supremo de la República Checa para el reconocimiento, siempre y cuando la resolución entrase en vigor después del 11 de julio de 1976, es decir, el día en que la Convención de la Haya entró en vigor en la República Checa. Se debe presentar la resolución extranjera definitiva en la oficina del Registro acompañada de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se estipule lo contrario en un tratado internacional.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se puede recurrir una resolución con arreglo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Bruselas II bis. En ese caso, se puede interponer una demanda en el tribunal de distrito competente, que es el tribunal general de la persona física contra la que se interpone la demanda.

El reconocimiento automático de la resolución por parte de la oficina del Registro en virtud del acuerdo bilateral de la Convención sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales (La Haya, 1 de junio 1970) puede impedirse en procesos administrativos con la presentación de un recurso posterior al tribunal regional competente en virtud del sistema jurídico-administrativo.

No hay posibilidad de recurso contra el reconocimiento de la resolución por parte del Tribunal Supremo de la República Checa.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En la República Checa, la disolución del matrimonio por divorcio está regulada por la legislación del país del que eran nacionales los cónyuges en el momento en que se incoa el procedimiento de divorcio. Si los cónyuges son nacionales de países diferentes, la disolución del matrimonio por divorcio se rige en virtud de la legislación del país en que ambos tengan su residencia habitual o, en su defecto, según el ordenamiento jurídico de la República Checa.

En los casos en que el ordenamiento jurídico extranjero no permita poner fin al matrimonio por divorcio o solo lo admita en circunstancias especialmente difíciles, y si al menos un cónyuge es ciudadano checo o tiene su residencia habitual en la República Checa, se aplicará la legislación checa.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Mediadores de la República Checa

El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Asesores Matrimoniales y Familiares de la República Checa

El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo de la Republica Checa – Reconocimiento de resoluciones extranjeras

Última actualización: 17/09/2019

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Divorcio - Estonia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Un divorcio puede concederlo una Oficina del Registro Civil o un notario, previo acuerdo de los cónyuges sobre la base de una solicitud conjunta por escrito, o puede concederlo un órgano jurisdiccional sobre la base de una acción legal emprendida por uno de los cónyuges contra el otro. El último supuesto es aplicable si los cónyuges no están de acuerdo respecto del divorcio o de las circunstancias relativas al mismo, o si la Oficina del Registro Civil no tiene la competencia para conceder un divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Una Oficina del Registro Civil o un notario pueden conceder un divorcio, previo acuerdo de los cónyuges sobre la base de una solicitud conjunta por escrito, y siempre que ambos cónyuges residan en Estonia.

Un divorcio puede concederlo un órgano jurisdiccional sobre la base de una acción legal emprendida por uno de los cónyuges contra el otro.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio no afecta a las relaciones personales entre los cónyuges. Tras el divorcio, el órgano jurisdiccional o la Oficina del Registro Civil pueden restablecer el apellido anterior de una persona, si esta lo solicita, y en caso contrario se mantendrá el apellido adquirido con el matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Tras el divorcio, el patrimonio de los cónyuges se divide según lo previsto en el régimen económico matrimonial. En caso de comunidad de bienes gananciales, generalmente estos se dividen en partes iguales entre los cónyuges según lo dispuesto sobre el fin de la comunidad de bienes. La composición de los lotes se fija cuando finaliza el régimen económico matrimonial. No existe obligación de que los cónyuges dividan su patrimonio tras el divorcio. Hasta la división de los bienes comunes, los cónyuges ejercerán conjuntamente los derechos y cumplirán conjuntamente las obligaciones relativas a tales bienes. Asimismo, los cónyuges tienen el derecho de poseer conjuntamente cualquier bien que forme parte de su patrimonio común. Cuando el régimen económico de la comunidad de bienes llegue a su término, se determinarán cuáles han sido los bienes adquiridos por ambos cónyuges y se fijarán los derechos económicos derivados de los bienes adquiridos en común.

Si los cónyuges desean dividir sus bienes tras el divorcio, estos se dividirán de acuerdo con el régimen económico matrimonial elegido o con arreglo a las capitulaciones matrimoniales. Si los cónyuges han firmado unas capitulaciones matrimoniales, estas se rescinden en el momento del divorcio. Tras la rescisión de las capitulaciones matrimoniales en caso de divorcio, se termina cualquier derecho y obligación que surja de las mismas. Los bienes se distribuyen de conformidad con las capitulaciones matrimoniales.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El divorcio, como tal, no afecta a la responsabilidad parental y los padres mantienen la guarda y custodia compartida.

En general, los padres deben ponerse de acuerdo sobre con quién vivirá el menor, quién se ocupará del menor y en qué medida, así como de qué forma y por cuánto tiempo se prestarán los alimentos. El pago mensual de alimentos para un menor no debe ser inferior a la mitad del salario mínimo mensual establecido por el Gobierno de Estonia.

Si los padres no desean o no pueden ejercer el derecho de guarda y custodia compartida, cada padre tiene el derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional que se le transfiera a él o ella, parcial o totalmente, el derecho de guarda y custodia del menor.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Un cónyuge divorciado tiene derecho a recibir alimentos:

1)          hasta que el menor alcance la edad de tres años si, tras el divorcio, el cónyuge divorciado no puede mantenerse a sí mismo/a debido a que debe ocuparse del menor en común;

2)          si, tras el divorcio, el cónyuge divorciado no puede mantenerse a sí mismo/a debido a su edad o a su estado de salud, y si ya existía la necesidad de asistencia debido a su edad o estado de salud en el momento del divorcio. Los alimentos necesarios por la edad o el estado de salud también podrán reclamarse al cónyuge divorciado si tal necesidad ya existía en el momento en que el cónyuge reclamante perdió el derecho a alimentos frente al otro cónyuge por otros motivos previstos en la ley. Los alimentos deben pagarse mientras que la persona con derecho a recibirlos no tenga perspectiva de obtener ingresos.

El padre del menor debe proporcionar el pago de alimentos a la madre del menor durante las ocho semanas anteriores y las doce posteriores al nacimiento del menor.

Un órgano jurisdiccional puede liberar al cónyuge divorciado de la obligación de prestar el pago de alimentos por las razones previstas en la ley.

Un cónyuge divorciado con derecho a recibir el pago de alimentos solo puede solicitar que se cumpla la obligación legal de prestar alimentos tras haber presentado una acción legal al respecto.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Se considera que los cónyuges están legalmente separados cuando no comparten un hogar común o no hay convivencia matrimonial y al menos uno de los cónyuges claramente no tiene intención de crearlo o de restaurarla.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Los cónyuges viven separados.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Si los cónyuges están legalmente separados, cada cónyuge puede:

1)          Reclamar del otro cónyuge cualquier bien que fuese usado en interés de la familia si el cónyuge necesita los bienes en su hogar independiente, y tiene un interés legítimo en continuar usándolo. Todos los enseres familiares domésticos normales que sean propiedad conjunta de los cónyuges se dividen entre ellos sobre la base del principio de equidad. En general, ambos cónyuges pueden presentar una demanda para obtener los objetos personales que sean de su propiedad individual. Cualquier bien de propiedad común (a saber, en particular, propiedad común de los cónyuges) se divide de manera equitativa y teniendo en cuenta el interés de cada cónyuge y de los menores.

2)          Reclamar al otro cónyuge que transfiera el alojamiento compartido de la familia, o parte del mismo, para su uso individual, si ello es necesario para evitar conflictos personales importantes. Sin embargo, aunque deben primar los derechos preferenciales del propietario, el órgano jurisdiccional puede otorgar el uso de la vivienda al cónyuge que no es propietario si lo considera necesario al tener en cuenta los medios de ambos cónyuges y los intereses de los menores.

Si los cónyuges están legalmente separados, cada cónyuge debe proporcionar alimentos en la forma de pagos de dinero regulares para cubrir los gastos ocasionados por el otro cónyuge en interés de la familia.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio implica que el matrimonio se considera nulo desde el primer momento. Un matrimonio solo puede anularlo un órgano jurisdiccional.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La anulación del matrimonio debe basarse exclusivamente en la fundamentación de la invalidez del matrimonio que especifica la Ley de derecho de familia (perekonnaseadus), esto es, que un órgano jurisdiccional puede anular un matrimonio mediante una acción legal si:

1)          se violó el requisito relativo a la edad mínima para el matrimonio, o el requisito relativo a la capacidad legal activa, en el momento del matrimonio;

2)          se violó la prohibición de matrimonio establecida en la Ley en el momento del matrimonio;

3)          se violaron los requisitos formales establecidos en la Ley en el momento del matrimonio;

4)          al menos uno de los cónyuges padecía un trastorno mental transitorio, o no era capaz de ejercer su voluntad por cualquier otra razón, en el momento en el que contrajo matrimonio;

5)          el matrimonio se contrajo de manera fraudulenta o bajo coacción, incluido el ocultamiento del estado de salud u otros detalles personales de un cónyuge, cuando estos sean relevantes para la validez del matrimonio;

6)          uno o ambos cónyuges no tenían intención de cumplir las obligaciones dimanantes del estatus de casados y se contrajo el matrimonio con otros fines, en particular con la intención de obtener el permiso de residencia estonio (matrimonio de conveniencia);

7)          los cónyuges son del mismo sexo como consecuencia de un cambio de sexo realizada durante el matrimonio.

Además de lo anterior, se considera que un matrimonio es nulo si:

1)          el matrimonio se produce entre personas del mismo sexo;

2)          una persona sin la competencia de un registrador confirmó que se contrajo el matrimonio, o

3)          al menos una parte no ha expresado su deseo de contraer matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Tras la anulación de un matrimonio, este se considera nulo desde el primer momento. Las personas cuyo matrimonio ha sido anulado dejan de tener derechos y obligaciones relacionadas con el matrimonio uno respecto del otro (incluidas aquellas relacionadas con las capitulaciones matrimoniales, que se consideran nulas).

Si un matrimonio se anula porque uno de los posibles cónyuges ocultó al otro posible cónyuge que ya estaba casado, o influenció al otro cónyuge para que se casara de manera fraudulenta o bajo coacción, un órgano jurisdiccional puede ordenar que la persona en cuestión pague una pensión al otro cónyuge del matrimonio nulo, según las mismas normas que son aplicables para conceder alimentos al cónyuge. A petición de la parte que fue inducida ilegalmente a casarse, un órgano jurisdiccional puede aplicar las disposiciones relativas a los bienes matrimoniales al régimen económico matrimonial de las partes (es decir, el patrimonio común de los cónyuges).

Los menores fruto de un matrimonio anulado tienen los mismos derechos y obligaciones que los menores fruto de un matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Una Oficina del Registro Civil o un notario pueden conceder un divorcio previo acuerdo de los cónyuges. Las consecuencias legales de un divorcio (por ejemplo, en relación con la división de los bienes matrimoniales) pueden establecerse en un acuerdo entre los cónyuges implicados.

En el caso de que los cónyuges tengan algún conflicto respecto de las circunstancias del divorcio, no existen medios extrajudiciales para poder encontrar una solución.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Puede presentarse una solicitud de divorcio ante:

1)          la Oficina del Registro Civil del lugar de residencia de uno de los cónyuges (si la residencia de ambos cónyuges está en Estonia);

2)          un notario;

3)          el juzgado de primera instancia cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia del demandado (un juzgado comarcal).

Una solicitud de anulación del matrimonio debe presentarse ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia del demandado.

Una Oficina del Registro Civil concede un divorcio sobre la base de una solicitud personal conjunta por escrito realizada por los cónyuges. Los cónyuges deben confirmar en la solicitud que no tienen conflictos en relación con los menores, con la división del patrimonio común o con las resoluciones en materia de alimentos. Las solicitudes de divorcio deben ir acompañadas de un documento que certifique el matrimonio. Si un cónyuge no puede comparecer personalmente, por razones justificadas, ante la Oficina del Registro Civil para poder entregar la solicitud conjunta, puede entregar una solicitud por separado que haya sido certificada por un notario. Los documentos que estén en una lengua extranjera deben entregarse a la Oficina del Registro Civil con una traducción jurada de un notario, un funcionario consular o un traductor jurado. Cualquier documento que certifique el matrimonio y que haya sido expedido en un país extranjero debe estar legalizado o portar una apostilla, salvo que un acuerdo internacional disponga lo contrario.

Un notario concede un divorcio sobre la base de una solicitud personal conjunta por escrito realizada por los cónyuges. Las solicitudes de divorcio deben ir acompañadas de un documento que certifique el matrimonio. Si un cónyuge no puede comparecer personalmente, por razones justificadas, ante la Notaría para entregar la solicitud conjunta, puede entregar una solicitud por separado que haya sido certificada por un notario. Los documentos que estén en una lengua extranjera deben entregarse a la Oficina del Registro Civil con una traducción jurada de un notario, un funcionario consular o un traductor jurado. Cualquier documento que certifique el matrimonio y que haya sido expedido en un país extranjero debe estar legalizado o portar una apostilla, salvo que un acuerdo internacional disponga lo contrario.

En un asunto matrimonial que tenga que juzgarse en un órgano jurisdiccional estonio, se emprende una acción legal ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia común de los cónyuges o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia del demandado. Si el lugar de residencia del demandado no se encuentra en Estonia, la acción legal se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia de un hijo menor en común de las partes y, en caso de no existir un hijo común menor de edad, se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia del demandante. A la hora de emprender una acción legal de divorcio, separación legal o anulación de un matrimonio ante un órgano jurisdiccional, el escrito de pretensiones debe cumplir con todos los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Civil (tsiviilkohtumenetluse seadustik) en referencia a las acciones civiles. Los escritos de pretensiones y cualquier prueba documental deben presentarse ante el órgano jurisdiccional en estonio, por escrito o electrónicamente, y en formato A4.

En el escrito de pretensiones debe indicarse el nombre del órgano jurisdiccional, así como los datos personales relativos al demandante y al demandado (cónyuges) y a sus hijos. Además, el escrito de pretensiones debe expresar claramente cuál es la demanda del demandante. Asimismo, también deben indicarse las circunstancias objetivas que constituyen la base de la acción legal. El demandante debe también presentar y hacer una relación de las pruebas que posee.

Además de lo anterior, si se divide el patrimonio común, debe indicarse en el escrito de pretensiones qué comprende y cuál es su ubicación, debe determinarse el valor de todas las pertenencias del demandante y debe realizarse una propuesta para la división del patrimonio común. Si los cónyuges han firmado unas capitulaciones matrimoniales, deben adjuntarse al escrito de pretensiones.

El escrito de pretensiones debe estar firmado por el demandante o por su representante. En caso de que lo firme su representante, debe incluirse un documento de autorización o algún documento similar que certifique cuáles son los poderes del representante.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Si la persona que solicita el beneficio de asistencia jurídica no puede pagar las costas judiciales por causa de su situación económica, o si puede pagarlas solo en parte o a plazos, y si existe razón suficiente para pensar que su participación prevista en el procedimiento tendrá éxito, el órgano jurisdiccional puede eximirle de su obligación de pagar las costas judiciales en parte o en su totalidad, y dejar que el Estado asuma esos gastos.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se puede presentar un recurso contra una sentencia de divorcio, una sentencia de separación legal o de anulación del matrimonio, en virtud de las disposiciones generales que rigen los procedimientos de recurso, si el recurrente considera que la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia se basa en un error de derecho (por ejemplo, si el órgano jurisdiccional de primera instancia ha aplicado incorrectamente una disposición legal del derecho sustantivo o del derecho procesal).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, una sentencia de divorcio dictada en un Estado miembro es reconocida automáticamente en otros Estados miembros de la Unión Europea (a excepción de Dinamarca), sin que sea necesario ningún procedimiento especial.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Para poder impugnar el reconocimiento de una sentencia de divorcio, de separación legal o de anulación del matrimonio, debe hacerse ante el tribunal de apelación del Estado miembro que corresponda, tal y como se indica en la lista publicada en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

En Estonia, una audiencia es quien realiza esta función.

El procedimiento y plazo para recurrir una sentencia judicial se establecerá en la propia sentencia.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En caso de divorcio, debe aplicarse la legislación del país en el que se encuentra el lugar de residencia de los cónyuges. Si los cónyuges residen en países diferentes pero tienen la misma nacionalidad, las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se definen por la legislación del país de ciudadanía. Si los cónyuges residen en países diferentes y tienen nacionalidades distintas, las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se determinan en función del derecho del país de su última residencia común, siempre que uno de los cónyuges resida en ese país. Si, sobre la base de lo anterior, el derecho aplicado a las consecuencias jurídicas generales del matrimonio no puede determinarse, se aplica el derecho del país con el que los cónyuges tengan un mayor vínculo por cualquier otra circunstancia.

Si el divorcio no se permite en el derecho mencionado anteriormente, o si solo se permite en condiciones muy restringidas, se aplica el derecho estonio en su lugar si uno de los cónyuges reside en Estonia o tiene la ciudadanía estonia, o si era residente en Estonia o tenía la ciudadanía estonia en el momento en el que se contrajo el matrimonio.

Última actualización: 23/10/2017

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Divorcio - Irlanda

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Que cualquiera de los cónyuges afectados tenga su domicilio en Irlanda en la fecha en que se interpone la demanda.

O BIEN

Que cualquiera de los cónyuges haya tenido su residencia habitual en Irlanda durante un año hasta dicha fecha.

[Sección 39, apartado 1, letras a) y b), de la Ley irlandesa de Derecho de familia (Divorcio) de 1996 (El enlace abre una nueva ventanaFamily Law (Divorce) Act, 1996)]

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El tribunal (el Juzgado de Condado, en paralelo con el Tribunal Superior; artículo 38, apartado 1) debe tener constancia de que:

En la fecha en que se interpone la demanda, los cónyuges han vivido separados durante un periodo continuado de al menos cuatro años, o durante períodos temporales que sumen cuatro años en total, durante los cinco años previos.

Y

No existe ninguna posibilidad de reconciliación entre los cónyuges.

Y

Tal disposición, según el tribunal estime conveniente, habida cuenta de las circunstancias, existe o se contemplará para los cónyuges y cualquier otro familiar dependiente.

(Artículo 5, apartado 1, de la Ley)

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El matrimonio, objeto de la resolución, queda disuelto y cualquiera de las partes contrayentes puede volver a contraer matrimonio (artículo 10, apartado 1).

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Al dictar una sentencia de divorcio, el tribunal podrá decretar una resolución de reparto de bienes, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, de la Ley; los bienes podrán venderse, repartirse de manera equitativa o individualmente o transferirse a nombre de una de las partes.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Tras la sentencia de divorcio, el tribunal podrá dictar las órdenes que estime convenientes en relación con el bienestar, la custodia o el derecho de visita de cualquier hijo menor que dependa de la unidad familiar objeto de la sentencia (véase el artículo 5, apartado 2, de la Ley). Siempre se velará por el bienestar de los hijos.

(Para obtener más información, véase la ficha informativa sobre responsabilidad parental en Irlanda).

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al dictar una sentencia de divorcio, el tribunal podrá emitir una resolución sobre la pensión alimenticia a favor de cualquiera de los cónyuges, que cesará en el momento en que el beneficiario vuelva a contraer matrimonio (véase el artículo 13 de la Ley).

El tribunal también podrá emitir una resolución sobre la revisión de las rentas a favor de cualquiera de los cónyuges (véase el artículo 17 de la Ley).

(Para obtener más información, véase la ficha informativa sobre créditos alimenticios en Irlanda).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Una separación legal (judicial) permite a los ex cónyuges poder rehacer su vidas por separado permanentemente.

En el marco de una sentencia de separación judicial, el tribunal competente puede emitir resoluciones complementarias en relación con los hijos, los pagos de manutención, los pagos de capital, los derechos de pensiones, el domicilio conyugal y otros bienes. Una sentencia de separación judicial no implica la disolución del matrimonio. Por tanto, aquellos ex cónyuges que obtengan una resolución de «separación legal» y deseen volver a contraer matrimonio, primero deberán obtener una sentencia de divorcio.

Véase el artículo 8 de la Ley irlandesa de reforma en materia de separación judicial y Derecho de familia de 1989 (El enlace abre una nueva ventanaJudicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Deben darse uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Adulterio por parte de uno de los cónyuges.

2. Comportamiento indebido o violento por parte del cónyuge.

3. Abandono del hogar conyugal durante un año.

4. Que los cónyuges hayan vivido separados durante un año y que ambos cónyuges estén de acuerdo con la demanda.

5. Que los cónyuges hayan vivido separados durante tres años.

6. Que el matrimonio se haya degradado hasta tal punto que el tribunal tenga constancia de que no ha existido una relación conyugal normal durante un año como mínimo.

Véase el artículo 2 de la Ley irlandesa de reforma en materia de separación judicial y Derecho de familia de 1989 (El enlace abre una nueva ventanaJudicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación judicial conlleva el cese de la obligación de convivencia sin que ello implique la disolución del matrimonio. La esposa podrá continuar utilizando el apellido de su esposo.

En términos económicos, se mantiene el deber de socorro para con el otro cónyuge y se podrá conceder el derecho a percibir una pensión alimenticia, si bien no puede tenerse en cuenta la imputación de culpa. No obstante, como en el caso de un divorcio, la sentencia conlleva la disolución y liquidación del régimen matrimonial.

Se mantienen los derechos sucesorios, salvo en el caso de separación conyugal por culpa exclusiva de alguno de los cónyuges.

Las partes podrán solicitar al tribunal la anulación de la sentencia. En su caso, el tribunal la anulará siempre que tenga constancia de que se ha producido una reconciliación y de que las partes pretenden reanudar la convivencia.

Conversión de la separación judicial en divorcio:

A petición de uno de los cónyuges, una sentencia de separación judicial puede convertirse ipso jure en divorcio si la separación judicial ha durado tres años. En este caso, el juez concede el divorcio y establece disposiciones sobre sus consecuencias.

Si la separación judicial se concede tras una petición conjunta, esta podrá convertirse en divorcio solo si se realiza otra petición conjunta.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Implica considerar que las partes nunca han estado casadas.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Es necesario que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

  • que cualquiera de los cónyuges tenga su domicilio en Irlanda en la fecha en que se interpone la demanda;
  • que cualquiera de los cónyuges haya tenido su residencia habitual en Irlanda durante un año hasta dicha fecha;
  • que cualquiera de los cónyuges haya fallecido antes de dicha fecha;

y

  • tuviera su domicilio en Irlanda en la fecha de su fallecimiento; o bien
  • tuviera su residencia habitual en Irlanda durante un año hasta ese momento.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Se considerará que el matrimonio nunca ha existido. Cada una de las partes puede volver a contraer matrimonio libremente. Ninguna de las partes tiene derechos de sucesión sobre la otra ni tampoco obligación alguna de alimentos o manutención para con la otra. Todos los hijos de la pareja nacidos durante el matrimonio se considerarán fruto de una pareja de hecho.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Las cuestiones económicas y relativas a los bienes y a la descendencia dependiente podrán resolverse por mediación sin recurrir a los tribunales, pero solo un tribunal es competente para dictar una sentencia de una separación judicial o de divorcio.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

El Juzgado de Condado, en paralelo con el Tribunal Superior, es competente para resolver demandas de divorcio, separación judicial o anulación.

Las peticiones de divorcio o separación judicial presentadas en el Juzgado de Condado se incoan con una demanda civil en la oficina del Juzgado de Condado competente, y el procedimiento se rige por el Decreto 59, Reglamento 4, de los Reglamentos de los Juzgados de Condado de 2001.

En cambio, una demanda de divorcio o separación judicial presentada en el Tribunal Superior se incoa mediante citaciones especiales emitidas desde la oficina central. El procedimiento se rige por el Decreto 70A de los Reglamentos de los tribunales superiores (S.1. n.º 343 de 1997). Una demanda de nulidad ante el Tribunal Superior se inicia mediante la presentación de una demanda en la oficina central. El procedimiento se rige con arreglo al Decreto 70 de los Reglamentos de los tribunales superiores.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, a través del El enlace abre una nueva ventanaConsejo de asistencia jurídica gratuita, previo estudio de recursos económicos.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

El fallo del Tribunal Superior en cuanto a la apelación de una sentencia dictada por un Juzgado de Condado en relación con procedimientos de divorcio, separación judicial o nulidad es definitiva, concluyente e inapelable; véase el artículo 39 de la Ley de tribunales de justicia de 1936 (El enlace abre una nueva ventanaCourts of Justice Act, 1936).

Todos los fallos del Tribunal Superior pueden apelarse ante el Tribunal Supremo en relación con los procedimientos de divorcio, separación judicial o nulidad que se hayan incoado en el Tribunal Superior.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Recurrir ante el órgano jurisdiccional (bien al Juzgado de Condado o al Tribunal Superior) en Irlanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 1, letras d) y e), de la Ley irlandesa de Derecho de familia de 1995 (El enlace abre una nueva ventanaFamily Law Act 1995) para la declaración particular. La demanda ante el Juzgado de Condado se presenta por la vía civil. En cambio, en el Tribunal Superior, el procedimiento parte de una demanda especial.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Los tribunales irlandeses, habida cuenta de la situación constitucional del divorcio, determinarán si un divorcio concedido en el extranjero puede reconocerse en Irlanda, por ejemplo, en el Tribunal Superior o en un Juzgado de Condado.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Las condiciones que han de cumplirse para obtener el divorcio en Irlanda se establecen en el artículo 38 de la Ley irlandesa de Derecho de familia (Divorcio) de 1996 (Family Law (Divorce) Act, 1996).

Un cónyuge que no viva en Irlanda o que no tenga nacionalidad irlandesa puede interponer una demanda de divorcio en Irlanda si se dan las condiciones contempladas en el artículo 39, apartado 1, letras a) y b), de la Ley irlandesa sobre Derecho de familia (Divorcio) de 1996. La competencia irlandesa en materia de divorcio se basa en la residencia y no en la nacionalidad.

Enlaces relacionados

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Última actualización: 18/11/2019

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Divorcio - Grecia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Para obtener el divorcio debe mediar una sentencia judicial firme (artículos 1438 y ss. del Código Civil).

Concretamente, el matrimonio se disuelve:

  1. De mutuo acuerdo, cuando ambos cónyuges deciden disolver su vínculo matrimonial, cuya duración debe haber sido de por lo menos seis meses, interponiendo una demanda conjunta firmada por ambos y por sus letrados o solamente por los letrados provistos de un poder especial. Si no existen hijos menores, la disolución del matrimonio se produce de forma extrajudicial, con la simple presentación de dicha demanda conjunta. Si existen hijos menores de edad, para disolver el matrimonio, la mencionada demanda conjunta de los cónyuges debe acompañarse de otro acuerdo por escrito firmado por ambos en el que se regule la custodia y la comunicación con los hijos, y todos estos acuerdos deben presentarse en el órgano jurisdiccional colegiado de primera instancia competente que, con arreglo al procedimiento de jurisdicción voluntaria, valida los acuerdos y dicta la sentencia de divorcio.
  2. Mediante procedimiento contencioso, en el que por razones determinantes del fracaso matrimonial, uno de los cónyuges interpone una demanda, o ambos sendas demandas por separado, ante el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente solicitando la disolución de su matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Son causas de divorcio (art. 1439 del Código Civil), además del mutuo acuerdo:

  1. El fracaso matrimonial causado por el demandado o por ambos cónyuges que imposibilite para el demandante la prolongación de la vida común. Cuando el demandado no aporte pruebas en contrario, dicho fracaso se evidencia en caso de bigamia, adulterio, abandono del demandante o atentado contra su vida por el demandado, o en caso de ejercicio de violencia doméstica por parte del demandado contra el demandante.

    También constituye una prueba irrefutable del fracaso matrimonial el cese efectivo de la vida común durante al menos dos años, en cuyo caso puede solicitarse el divorcio incluso si el causante del mismo ha sido el propio demandante.
  2. La desaparición o ausencia de uno de los cónyuges, declarada por sentencia firme, en cuyo caso el divorcio es solicitado por el otro.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La disolución del vínculo matrimonial produce la extinción de la obligación de vivir juntos y tomar decisiones en común e implica que el cónyuge que hubiera adoptado el apellido de su esposo o esposa recupera por lo general el suyo a menos que lo desee mantener por razones profesionales o artísticas, que cesa cualquier responsabilidad de los cónyuges de ejecutar sus obligaciones mutuas, que se remueve cualquier impedimento de bigamia y que cesa la suspensión de la prescripción de los derechos exigibles entre los cónyuges. Sin embargo, la disolución del vínculo matrimonial no invalida el parentesco político producido con la celebración del matrimonio entre los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges y los del otro.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio ambos cónyuges tienen derecho a quedarse con los bienes muebles que les pertenezcan o se presuma que les pertenecen, aunque ambos o sólo uno de ellos haga uso de dichos bienes, salvo que el otro demuestre la falsedad de la presunción a pesar de no necesitarlos. Si el cónyuge que esté en posesión del bien se niega a restituírselo a su dueño, éste puede ejercitar una acción para recuperar la posesión de hecho, de Derecho o para exigir una obligación. Por lo que se refiere a la vivienda familiar tras la disolución del vínculo matrimonial, el cónyuge que sea el dueño de la misma tiene derecho a reclamársela al cónyuge que viva en ella. En caso de que ambos sean propietarios de la vivienda en régimen de gananciales, este deja de existir como consecuencia del divorcio y cada uno de los cónyuges obtiene la parte que le corresponde según las disposiciones sobre liquidación de la sociedad conyugal y reparto de bienes comunes. Por último, ambos cónyuges tienen derecho a reclamar una parte de los bienes gananciales obtenidos por el otro durante el matrimonio.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En caso de divorcio compete al juez regular el ejercicio de la responsabilidad parental con arreglo a las siguientes modalidades:

a) asignación del ejercicio de la responsabilidad parental o patria potestad a uno de los padres,

b) asignación del ejercicio de la responsabilidad parental o patria potestad a ambos padres conjuntamente,

c) división del ejercicio de la patria potestad entre ambos padres separadamente,

d) asignación del ejercicio de la patria potestad a un tercero.

La sentencia de divorcio no exime a los padres de la obligación de mantener a sus hijos menores sin trabajo, no emancipados o con recursos insuficientes, y dicha obligación es determinada por los padres o, en caso de contencioso, por un órgano jurisdiccional.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Si tras la sentencia de divorcio uno de los cónyuges se ve incapaz de asegurar su propio sostenimiento con sus propios ingresos o recursos, tiene derecho a percibir alimentos del cónyuge en los casos siguientes:

  1. si, al dictarse la sentencia o con posterioridad a la misma, la edad o la salud le impide empezar a ejercer o seguir ejerciendo una profesión que le garantice el sostenimiento,
  2. si la custodia de un hijo menor le impide ejercer un trabajo adecuado,
  3. si, por un lapso de tiempo que no puede superar los tres años a contar de la sentencia de divorcio, no encuentra trabajo estable o requiere una formación profesional,
  4. en cualquier otro caso en que la concesión de alimentos en el momento del divorcio venga impuesta por razones de equidad.

Puede denegarse o limitarse la pensión si hay razones poderosas para ello, especialmente en caso de breve duración del vínculo matrimonial o si el beneficiario es responsable del divorcio o ha provocado voluntariamente su fracaso. El derecho a percibir alimentos prescribe en caso de que el beneficiario vuelva a contraer matrimonio o conviva permanentemente con otra persona en unión libre. El derecho a percibir alimentos no prescribe en caso de defunción del deudor, pero prescribe en caso de defunción del beneficiario, salvo que se refiera a tiempo pasado o cuotas pagaderas en el momento de la defunción.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Por nulidad matrimonial se entiende que cualquier matrimonio, que por adolecer de defectos se declare nulo mediante decisión judicial firme, deja de producir efectos jurídicos sin que por ello los hijos nacidos del mismo pierdan su condición de hijos fruto del matrimonio disuelto. En cuanto a la anulación de un matrimonio anulable o nulo, serán aplicables las normas vigentes para la anulación de cualquier acto jurídico anulable (artículos 1372 y ss. del Código Civil).

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Para que se pueda declarar nulo un matrimonio es necesario que los contrayentes hayan incumplido algún requisito para contraerlo, que exista algún impedimento de carácter dirimente o bien que haya habido error o coacción.

Existe incumplimiento de un requisito para contraer matrimonio cuando las declaraciones de los futuros esposos no se realizan personalmente o bien son condicionales o provisionales, cuando éstos son menores y no disponen de la dispensa del órgano jurisdiccional, cuando alguno de ellos está incapacitado judicialmente o actúa bajo asistencia judicial y el asistente judicial no da su consentimiento, o no concede su dispensa el juzgado o tribunal competente, o cuando alguno de ellos no haya sido consciente de sus actos en el momento de contraer matrimonio o no esté en su cabal juicio por enfermedad mental. Existe impedimento dirimente en caso de bigamia, en caso de adopción o en caso de consanguinidad por línea recta a todos los niveles o consanguinidad colateral hasta el cuarto grado, o cuando los contrayentes sean parientes políticos por línea recta a todos los niveles o parientes políticos colaterales hasta el tercer grado.

La nulidad se revoca si, tras la celebración del matrimonio, los contrayentes expresan su total y libre consentimiento, si los cónyuges menores obtienen posteriormente la dispensa del juez o si el cónyuge menor reconoce el matrimonio al cumplir los 18 años de edad, si lo reconoce el cónyuge incapaz cuando recupere la capacidad, si aprueban el matrimonio el tutor, o el juez, o el cónyuge bajo tutela judicial que recupere la capacidad jurídica, o si así lo reconoce también el cónyuge víctima de error o coacción. Por otro lado, se considera inexistente todo matrimonio que se celebre sin la intervención del alcalde y sin la de los correspondientes testigos en el caso del matrimonio civil o, en el caso del religioso, cuando este no haya sido consagrado por un oficiante de la Iglesia Ortodoxa Oriental o por uno de otro credo o religión reconocidos en Grecia, en cuyo caso el matrimonio carece de efecto jurídico y su inexistencia puede ser reconocida mediante la correspondiente demanda interpuesta por quienquiera tenga interés legítimo.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

En principio, los efectos jurídicos de la nulidad matrimonial tienen carácter retroactivo. Esta retroactividad afecta a todas las relaciones de los cónyuges tanto si se trata de relaciones personales, como familiares o económicas. La nulidad del matrimonio causa la anulación ex tunc de los derechos sucesorios que un cónyuge tiene sobre los bienes del otro, en el caso solamente de la herencia ab intestato. Quedan también anuladas todas las transacciones de los cónyuges con terceros realizadas en su condición de cónyuges bien con el fin de cubrir las necesidades de la vida común o bien con el fin de gestionar el patrimonio de uno u otro cónyuge salvo si las aprueban los terceros. Por otra parte, si durante la celebración del matrimonio ambos cónyuges o uno de ellos desconociera el carácter nulo del mismo, la nulidad surte efectos futuros. Asimismo, el cónyuge que en el momento de celebrarse el matrimonio desconozca su nulidad tiene derecho a una pensión del cónyuge conocedor desde el principio de la nulidad del mismo, y de sus herederos si dicho cónyuge muere con posterioridad a la anulación, de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de divorcio. Goza del mismo derecho a pensión el cónyuge que haya sido coaccionado para contraer matrimonio de modo ilegal o contrario a la moral aunque se anule el matrimonio o se disuelva por el fallecimiento del cónyuge (artículo 1383 del Código Civil).

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

No.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Es competente para conocer de una demanda de divorcio por fracaso producido por uno o ambos cónyuges o por desaparición o ausencia de uno de ellos, así como para anular un matrimonio nulo o anulable o para reconocer su inexistencia, el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia (artículo 17, número 1, del Código de Procedimiento Civil) con arreglo al procedimiento de los litigios matrimoniales (vigente desde la promulgación de la Ley 4055/2012).

En caso de divorcio por mutuo acuerdo es competente el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia con arreglo al procedimiento de la jurisdicción voluntaria. Es competente el juzgado o tribunal bajo cuya jurisdicción se halle la última residencia común de los litigantes (artículo 39 del Código de Procedimiento Civil), o su residencia habitual si uno de los cónyuges aún reside allí, o bien la residencia habitual del demandado (artículo 22 del Código de Procedimiento Civil), o bien en caso de demanda conjunta la residencia habitual de cada uno de los cónyuges, o la residencia habitual del demandante si en el momento de presentarse la demanda este lleva residiendo en ella por lo menos un año, o seis meses si es ciudadano griego o si ambos cónyuges tienen nacionalidad griega. La réplica se presenta ante el mismo juzgado o tribunal. Además, a la demanda de divorcio, de nulidad o de reconocimiento de la inexistencia de un matrimonio se puede acumular la de alimentos, que será conocida por el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente con arreglo al procedimiento de los litigios matrimoniales en los límites del mismo. Por último, las demandas relativas a la patria potestad y a la comunicación de los progenitores con sus hijos se pueden acumular a la de divorcio y presentarse conjuntamente ante el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia, que dictaminará con arreglo al procedimiento especial de los artículos 681B y ss. del Código de Procedimiento Civil.

La demanda debe presentarse en la secretaría del juzgado o tribunal para su admisión a trámite y determinación de la fecha del juicio, que se asentará en el escrito de la demanda para que el letrado del demandante (o del solicitante en caso de medidas provisionales) pueda encomendar al agente judicial competente que remita al demandado o solicitado copia de la misma con la fecha de la vista y la citación del juez. Finalmente, el agente judicial notifica la demanda al demandado o solicitado. Al demandado que viva o resida en Grecia se le debe dar notificación de la demanda sesenta (60) días antes de la fecha del juicio y, si vive o reside en el extranjero o se halla en ignorado paradero, noventa (90) días antes. Si se trata de una notificación en persona en el extranjero, en un domicilio conocido, son de aplicación las disposiciones sobre notificación de la demanda del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, o bien, cuando proceda, el Convenio de La Haya de 15.11.1965, o bien los convenios bilaterales o multilaterales vigentes sobre transmisión de documentos.

La ley aplicable a las relaciones personales y al régimen económico de los cónyuges, al divorcio y a la separación legal (artículos 14, 15 y 16 del Código Civil) es, por orden de prelación, la siguiente:

  1. la ley de su última nacionalidad durante el matrimonio si uno de los dos la mantiene,
  2. la ley de su última residencia habitual común durante el matrimonio y
  3. la ley del país con el que los cónyuges guarden mayor relación.

Las relaciones entre padres e hijos (artículos 18 y 19 del Código Civil) se regulan por el siguiente orden de prelación:

a) la ley de la última nacionalidad de los cónyuges,

b) la ley de la última residencia habitual común de los cónyuges,

c) la ley de la nacionalidad del hijo; si este tiene doble nacionalidad griega y extranjera se aplica la ley griega de ciudadanía y, si tiene múltiple nacionalidad extranjera, se aplica la ley del país con el que guarde mayor relación.

De acuerdo con la lex fori, la ley de enjuiciamiento aplicable es la griega, sobre la que prevalecen, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, el Derecho comunitario europeo y las disposiciones de los convenios internacionales. El letrado que represente al litigante deberá tener poderes para comparecer ante el juez en compañía del litigante al que representa, aportar el certificado de matrimonio y de estado civil, así como el resto de los documentos probatorios, examinar a los testigos y presentar propuestas durante la vista. En caso de divorcio por mutuo acuerdo se requiere la declaración por escrito firmada por ambos litigantes o por sus letrados acerca de la disolución de su matrimonio, así como un acuerdo por escrito sobre la custodia de sus hijos y el régimen de comunicación con ellos. El acuerdo es validado por el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia que declara la disolución del matrimonio. Las declaraciones de los litigantes se aprecian con toda libertad. Están prohibidos la declaración jurada, el examen de los hijos como testigos y la renuncia a prestar juramento de testigos y peritos. El juez intenta reconciliar a las partes. La no comparecencia del demandado no puede influir en la resolución del caso y, en caso de fallecimiento de una de las partes antes de que el juez dicte sentencia, se anula el juicio. Por otro lado, en caso de demanda de nulidad matrimonial, que también puede presentar el fiscal, se requiere la presencia de este y, en caso de fallecimiento de una de las partes, se interrumpe el juicio para que lo puedan proseguir los herederos. En el caso de que la demanda de nulidad o reconocimiento de la inexistencia de un matrimonio sea interpuesta por el Ministerio Fiscal, será contra ambos cónyuges y, si uno de ellos hubiera fallecido, contra sus herederos.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, bajo determinadas condiciones. Concretamente se concede asistencia jurídica gratuita a quien demuestre que no puede sufragar las costas del juicio sin que se vean mermados sus recursos y con ellos su propio sostenimiento y el de su familia, siempre que se demuestre que la demanda no es infundada ni improcedente. Se solicita la asistencia jurídica gratuita al juez, que conoce del asunto, o, si se trata de un órgano colegiado, a su presidente. Si la asistencia jurídica gratuita solicitada no guarda relación con el proceso, ésta se solicita al juez de paz del lugar de residencia del solicitante (artículos 194 y ss. del Código de Procedimiento Civil).

En la solicitud debe indicarse sucintamente el objeto de la acción judicial, deben aportarse los documentos probatorios del caso y los que certifican la concurrencia de los requisitos exigidos, así como adjuntarse a la misma los siguientes documentos:

  1. certificado expedido gratuitamente por el alcalde o presidente del partido judicial en el que se halle el domicilio o residencia permanente del solicitante, en el que se certifiquen su profesión, estado civil y situación económica;
  2. certificado expedido gratuitamente por el inspector de hacienda del lugar de residencia permanente del solicitante, en el que se certifique si el solicitante ha presentando durante el último trienio la correspondiente declaración de la renta o de cualquier otro impuesto directo, así como su correspondiente comprobación y

El juez conoce del caso tras convocar gratuitamente a la parte contraria del solicitante sin que sea necesaria la comparecencia del letrado y, una vez considere que se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, concede la asistencia jurídica gratuita, que se otorga para cada juicio por separado y en todas las instancias e incluye la ejecución forzosa de la resolución. El beneficiario de la misma queda provisionalmente exento de la obligación de abonar los gastos del juicio, es decir, la remuneración de notarios y agentes judiciales, testigos y peritos y los honorarios de abogados y demás letrados, así como de la obligación de prestar fianza por las costas. También puede quedar provisionalmente exento únicamente del pago de una parte de las mismas.

La concesión de dicho beneficio no exime de la obligación de pagar las costas de la parte contraria. Previa solicitud y con el fin de que defiendan a la persona sin medios económicos, el órgano jurisdiccional puede nombrar, desde el primer momento o bien posteriormente, a un abogado, a un notario y a un agente judicial, que están obligados a aceptar la misión. La resolución del juez tiene carácter de designación de un letrado de oficio.

La asistencia jurídica gratuita se extingue con la muerte de su beneficiario si bien en virtud de dicho beneficio pueden también ejercitarse posteriormente acciones que no admitan dilación. Asimismo, se puede anular o limitar dicho beneficio mediante decisión judicial ex officio o a propuesta del fiscal si se demuestra que los requisitos de su concesión nunca han existido, han dejado de existir o han sufrido una modificación. La liquidación de los gastos se realiza con arreglo a los artículos 190 a 193 del Código de Procedimiento Civil.

Si el juez obliga a pagar las costas a la parte contraria a la persona sin medios económicos, el cobro de los derechos de timbre, los depósitos y las demás tasas se realiza conforme a las disposiciones en materia de cobro de gastos públicos, mientras que los gastos debidos a la persona sin recursos, los abogados y demás letrados y funcionarios de la Administración de Justicia se cobran con arreglo a las disposiciones vigentes en materia de ejecución forzosa. De igual modo se deben cobrar las costas cuando estas se le imputen a la persona sin medios económicos y se comprueba que han dejado de existir todos o una parte de los requisitos necesarios para la concesión del mencionado beneficio. Si las partes hubieran obtenido la concesión de dicho beneficio mediante declaraciones y documentos falsos, el juez que decide la anulación del beneficio las condena al pago de una multa de 100 a 200 euros, que se ingresa en el Colegio de Abogados. Ello no excluye que se les imponga también la obligación de abonar los importes de cuyo pago fueron eximidas ni que se incoe contra ellas una acción penal.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. La parte perdedora dispone, a contar de la fecha de notificación de la sentencia, de un plazo de treinta (30) días si vive o reside en el territorio nacional, o de sesenta (60) si vive o reside en el extranjero o se halla en ignorado paradero, para recurrir ante el tribunal de apelación competente una sentencia de divorcio, de nulidad de un matrimonio nulo o anulable o de reconocimiento de su inexistencia. En caso de imposibilidad de notificación del fallo, dispone la parte perdedora de un plazo de tres (3) años a contar de la publicación del mismo. En caso de fallecimiento de la parte con derecho a recurrir, el plazo del recurso comienza en la fecha de la decisión final y obtienen dicho derecho sus herederos directos o sus legatarios.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En principio, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, las decisiones judiciales dictadas en un Estado miembro de la UE son reconocidas en el resto de los Estados sin que sea necesario ningún procedimiento especial. Si alguien desea que se reconozca en Grecia una sentencia de divorcio, separación o nulidad tiene que presentar la correspondiente solicitud en el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente del lugar de residencia habitual de la persona contra la cual se pide la ejecución de la sentencia, o en el del lugar de su ejecución.

Cuando se le notifica a un litigante la fecha del juicio, este tiene que remitir a la parte contraria copia de la solicitud de reconocimiento de la sentencia, así como la notificación de la fecha de la vista y la citación del juez. Reconoce la sentencia el órgano jurisdiccional competente, que no puede impugnar la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de la UE que haya dictado la sentencia tras haber comprobado que el reconocimiento de dicha sentencia no infringe el orden público, que la demanda ha sido notificada al litigante rebelde con la suficiente antelación para que este haya podido defenderse o que este ha aceptado la sentencia, y que esta no contradice ninguna otra que afecte a los mismos cónyuges dictada con anterioridad en el Estado miembro en el que se solicita su reconocimiento o en otro Estado miembro o país tercero.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Para oponerse al reconocimiento de una decisión dictada en otro Estado miembro de la UE, el interesado debe dirigirse al tribunal de apelación, que dictaminará con arreglo a la jurisdicción contenciosa. El plazo para interponer un recurso es de un mes a contar del instante en que se dicte la sentencia, pero si la parte contraria tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya declarado la ejecutabilidad de la sentencia, el plazo es de dos meses. Dicho plazo no es prorrogable por razones de distancia. Si no comparece la parte contraria, el órgano jurisdiccional está obligado a suspender el proceso hasta que se verifique que la parte contraria ha sido efectivamente citada a su debido tiempo y con arreglo a la legislación vigente o que se ha hecho todo lo posible en este sentido. Cualquier decisión del tribunal de apelación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El divorcio de los cónyuges se rige por el orden de prelación siguiente:

  1. la ley de su última nacionalidad común durante el matrimonio si uno de ellos la mantiene,
  2. la ley de su última residencia habitual común durante el matrimonio,
  3. la ley del país con el que los cónyuges guarden mayor relación.

La ley de enjuiciamiento aplicable de conformidad con la lex fori es la griega y la comunitaria, que prevalece frente a la nacional según el artículo 28 de la Constitución.

Última actualización: 26/11/2015

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Divorcio - España

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El divorcio en España tras la reforma operada por la Ley 15/2005 no requiere de una previa separación ni de la concurrencia de unas causas legalmente determinadas al poderse instar el mismo directamente de la autoridad judicial (el divorcio ha de ser decretado judicialmente por medio de sentencia firme).

El procedimiento de divorcio se puede iniciar a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno de ellos con el consentimiento del otro bastando para que se pueda decretar con la concurrencia de los siguientes requisitos y circunstancias:

  1. Transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, si el divorcio se interesa a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro.
  2. Transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio si el divorcio se insta a petición de uno solo de los cónyuges.
  3. No es preciso el transcurso de plazo alguno desde la celebración del matrimonio para interesar el divorcio cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

De lo anterior se deriva que basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que se pueda demandar y decretar el divorcio sin que el demandado se pueda oponer por motivos materiales bastando con el transcurso del plazo antes mencionado e incluso en el último caso sin necesidad de esperar al mismo.

Junto con el divorcio cabe que los cónyuges opten por la separación matrimonial que precisa de los mismos requisitos si bien la misma mantiene el vínculo matrimonial al comportar la suspensión de la vida en común mas no la disolución del matrimonio que es el efecto asociado a una declaración de divorcio.

Como se ha indicado anteriormente la acción de divorcio (y asimismo la de separación matrimonial), cabe que se interponga:

  • A petición de uno solo de los cónyuges
  • A petición de ambos o de uno de ellos con el consentimiento del otro

En el primer caso a la demanda se acompaña una propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del divorcio o de la separación y que será objeto de debate durante el proceso decidiendo la autoridad judicial en caso de no llegarse a un acuerdo entre los cónyuges.

En el segundo supuesto a la demanda se adjunta un convenio regulador que recoja los acuerdos que hayan alcanzado sobre las medidas que han de ser adoptadas en relación con el domicilio conyugal, el cuidado y el sostenimiento de los hijos, la división de los bienes comunes, y las eventuales pensiones entre los esposos.La tramitación se lleva a cabo ante los tribunales decidiendo el juez si hay hijos menores no emancipados. Si no los hay, existen dos posibilidades de tramitación: ante los tribunales si bien la la decisión le corresponde al Letrado de la Administración de Justicia o por vía notarial mediante el otorgamiento de escritura pública.

La regulación de la separación y el divorcio es plenamente operativa respecto de todos los matrimonios estén integrados por personas del mismo o de diferente sexo ya que desde la Ley 13/2005 se reconoce que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, teniendo éste los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Tras la reforma operada por la Ley 15/2005 el divorcio en España no requiere de la concurrencia de causa al entenderse que el mantenimiento del vínculo matrimonial es una manifestación de la libertad de los cónyuges.

Lo único que se exige es el respeto de un plazo mínimo a contar desde la celebración del matrimonio antes de interponer la acción de divorcio (salvo en determinados casos). Este plazo es el siguiente:

  1. Tres meses desde la celebración del matrimonio si el divorcio se interesa a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro.
  2. Tres meses desde la celebración del matrimonio si el divorcio se insta a petición de uno solo de los cónyuges.
  3. No es preciso el transcurso de plazo alguno desde la celebración del matrimonio para interesar el divorcio cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El primer efecto del divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. En consecuencia, produce la extinción de la obligación de convivencia y socorro mutuo que se deriva de él, y los cónyuges vuelven a ser libres para contraer nuevo matrimonio.

La legislación española no prevé que la mujer adquiera el apellido del marido como consecuencia del matrimonio, tal y como ocurre en otros países

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El divorcio da lugar a la disolución del régimen económico matrimonial y abre la liquidación del haber común que pudieran haber formado, que culmina con la distribución entre ellos de los bienes comunes, proceso que vendrá determinado por el régimen económico que haya regido el matrimonio.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

La sentencia de divorcio no altera las relaciones paterno filiales para con los hijos comunes, salvo en lo que se refiere a la potestad de guarda, sobre la que ha de pronunciarse el tribunal que declare el divorcio, bien atribuyéndola a uno de los cónyuges con el establecimiento de un régimen de visitas para el otro, bien estatuyendo un régimen de guarda y custodia compartida por ambos esposos.

Puede acordarse la guarda y custodia compartida mediante acuerdo de los padres (alcanzado bien en la propuesta inicial de convenio regulador, bien en el trascurso del procedimiento), judicialmente homologado . A falta de acuerdo puede establecerse judicialmente dicha guarda y custodia compartida,   a instancia de una de las partes , previo informe del Ministerio Fiscal, fundamentándola la adecuada  protección del interés superior del menor, existiendo algunas Comunidades Autónomas en España en las que el régimen de guarda y custodia compartida es de aplicación preferente lo que implica que de entrada se parte de la misma debiéndose analizar si existen circunstancias para no hacerla operativa (es el caso de Aragón, País Vasco y en cierta medida Cataluña). De igual manera, y siempre teniendo en cuenta el superior interés de los menores, se puede acordar la guarda y custodia monoparental e incluso sistemas mixtos o híbridos (los hijos están bajo la custodia de disitinto progenitor o unos en régimen monoparental y otros con una guarda y custodia compartida).

El principio es que el divorcio no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos, por lo que ambos habrán de contribuir a su sostenimiento, ejerciendo conjuntamente la patria potestad sobre los referidos hijos.

Ello conlleva de ordinario que el cónyuge no custodio haya de abonar una pensión al que los tiene en su compañía hasta que alcancen la independencia económica o se hallen en situación tal que pueda entenderse que no la han alcanzado por causa que les es imputable. De fijarse un régimen de guarda y custodia compartida lo ordinario es que cada progenitor abone los gastos ordinarios de los hijos durante el periodo en que los tiene en su compañía (vestido, alimentación o vivienda), mientras que para los restantes gastos se abre una cuenta común con aportaciones mensuales de cada progenitor. No obstante lo anterior, de ser la capacidad económica de ambos progenitores muy diferente, nada impide que uno entregue una cantidad al otro para que éste pueda atender a los gastos de los hijos durante el tiempo que los tiene en su compañía.

3.4 a obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge

El divorcio provoca la extinción de la obligación de convivencia y socorro mutuo, por lo que ninguno de los cónyuges tiene la obligación de sostener al otro. Sin embargo, en el caso de que el divorcio provoque un desequilibrio económico para un cónyuge en relación con la posición en la que quede el otro que implique un empobrecimiento en su situación anterior en el matrimonio, el que resultare perjudicado tiene derecho a percibir del otro una compensación que compense tal desequilibrio.

Algunos territorios tienen especialidades en esta materia.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación significa la suspensión de la vida en común de los esposos, esto es el cese de la obligación de convivencia pero manteniéndose la vigencia del vínculo matrimonial, sin perjuicio del establecimiento de pensión que pueda ser estimada procedente por razón de desequilibrio. Asimismo cesa la posibilidad que ambos tenían de comprometer los bienes del otro por los gastos necesarios para el levantamiento de las cargas del matrimonio. De igual manera con la separación legal (e incluso con la de hecho) cesa la presunción de filiación matrimonial que entiende hijos del marido los nacidos antes de los 300 días de la separación.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Al igual que ocurre con el divorcio, tras la reforma operada por la Ley 15/2005 la separación en España no requiere de la concurrencia de causa al entenderse que el mantenimiento de la convivencia matrimonial es una manifestación de la libertad de los cónyuges.

Lo único que se exige es el respeto de un plazo mínimo a contar desde la celebración del matrimonio antes de interponer la acción de separación (salvo en determinados casos). Este plazo es el siguiente:

  1. Tres meses desde la celebración del matrimonio si la separación se interesa a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro.
  2. Tres meses desde la celebración del matrimonio si la separación se insta a petición de uno solo de los cónyuges
  3. No es preciso el transcurso de plazo alguno desde la celebración del matrimonio para interesar la separación cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Los efectos jurídicos de la separación son comunes a los del divorcio, con la única diferencia de que no se produce la ruptura del vínculo matrimonial. Por tanto es posible una reconciliación con pleno restablecimiento del matrimonio sin necesidad de que los cónyuges lo contraigan de nuevo, siendo necesario que la reconciliación se ponga en conocimiento del Juzgado o Tribunal para que produzca efectos jurídicos. Junto a ello y en caso de tener los cónyuges un régimen económico matrimonial de comunidad (como la sociedad de gananciales), con ocasión de la separación el mismo se disuelve y se ve sustituido por el de separación de bienes.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio (aplicable a todos los matrimonios estén integrados por personas del mismo o de diferente sexo) significa la declaración judicial de que el matrimonio contraído adolecía de defectos que lo hacen ineficaz desde el principio, lo que implica la declaración judicial de que el matrimonio nunca existió y que por tanto nunca ha producido efectos. Por ello los cónyuges recuperan la condición de solteros.

Supone la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial y el cese de la obligación de convivencia y socorro mutuo.

A diferencia de lo que sucede en los casos de separación y divorcio, la inexistencia de matrimonio impide que pueda ser otorgada la pensión compensatoria, que exige que haya existido un matrimonio válido, situación que se es paliada por la posibilidad de que se atribuya una indemnización al cónyuge que hubiera obrado de buena fe cuando el otro hubiera obrado con mala fe al contraerlo.

Por lo que se refiere a los hijos, se conservan respecto a ellos los efectos jurídicos ya producidos durante el tiempo anterior a la sentencia que declare la nulidad matrimonial, por ello son los mismos que los producidos por la separación o divorcio.

Junto a la declaración de nulidad que efectúan los tribunales civiles, en España asimismo cabe reconocer los efectos civiles de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado que requieren de un proceso de validación (semejante a uno de exequátur) que tramitan los Juzgados de 1ª Instancia (en los lugares en donde los haya, los especializados en materia de familia). El fundamento de ello se encuentra en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Son causas que dan lugar a la nulidad del matrimonio:

1. Que alguno de los cónyuges no hubieren prestado su consentimiento para contraerlo.

2. Que el matrimonio se hubiere contraído concurriendo alguno de los impedimentos matrimoniales. A saber:

1. Que alguno de los contrayentes sea menor de edad no emancipado, salvo que se tratara de mayores de 14 años que hubieran obtenido dispensa judicial (impedimento de edad).

2. Que alguno de los cónyuges estuviera ligado ya por vínculo matrimonial al tiempo de contraerlo (bigamia).

3. Que los contrayentes sean entre sí ascendientes o descendientes, o uno de ellos hijo adoptivo del otro (impedimento de parentesco).

4. Que los contrayentes sean parientes por consaguinidad hasta el tercer grado - tío con sobrino - salvo que hubieran obtenido dispensa judicial (impedimento de parentesco).

3. Que alguno de los cónyuges hubiere sido condenado como autores o cómplices de la muerte de cualquiera de ellos, salvo que hubiera mediado dispensa por parte del Ministerio de Justicia.

4. Que el matrimonio se hubiere celebrado sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse o sin la intervención de testigos. Sin embargo, la validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legitimo del autorizante, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquél ejerciera sus funciones públicamente.

5. Que alguno de los cónyuges hubiera contraído el matrimonio padeciendo error en la identidad del otro o en aquellas de sus cualidades personales que hubieran sido determinantes para prestar su consentimiento para contraerlo.

6. Que alguno de los cónyuges lo hubiere contraído bajo coacción o miedo grave.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La nulidad del matrimonio determina su falta de validez desde su celebración. Ello motiva que los esposos recuperan su situación de soltería.

No obstante, se mantiene la validez de los efectos ya producidos en un matrimonio nulo desde su celebración hasta la declaración de nulidad respecto de los hijos y del esposo o esposos que actuaron de buena fe.

El consorte de mala fe no participa en las ganancias del consorte de buena fe cuando se liquida el régimen matrimonial aparente.

Asimismo el cónyuge de buena fe puede obtener una indemnización, si existió convivencia, para así solucionar el desequilibrio económico que la declaración de nulidad pueda producir.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En España la mediación familiar se regula a nivel  estatal , en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles:  Ley 5/2012, de 6 julio, mediante la que se  incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,  sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Los principios que rigen la mediación en general son los :  de voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador.

En la expresada Ley 5/2012, se regula la  “ Mediación en conflictos transfronterizos “ , considerando como tales, aquellos en los que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquel en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También tienen esta consideración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determina de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 ( Bruselas I )

La mediación familiar, se concibe en el  Derecho Español como una   modalidad alternativa a la estrictamente judicial,  de resolución de conflictos en el ámbito familiar .

Las Comunidades Autónomas de  Andalucía - Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía - ;  Aragón - Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón - ; Asturias - Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar - ; Canarias -  Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar - ; Cantabria -  Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria - ; Castilla La Mancha - Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar - ; Castilla y León- Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León - ; , Catalunya (en ésta con una especial relevancia , pues ha desarrollado su  competencia legislativa en esta materia, disponiendo el Art. 233.6 del Código Civil de Cataluña , que la autoridad judicial puede remitir a los cónyuges a una sesión informativa sobre mediación , si considera que dadas las circunstancias de caso aún es posible llegar a un acuerdo) ; Comunitat Valenciana - Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana - ; Galicia - Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar - ; Illes Baleares- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears - ; Madrid - Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid – y País Vasco - Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar -,  a través de los respectivos Parlamentos Autonómicos, han aprobado Leyes en materia de mediación familiar, generalmente , con la excepción antes anotada, como una prestación promovida por las entidades públicas de fomento del bienestar social.

En el ámbito Estatal , la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modificó el Código Civil  y la Ley de Enjuiciamiento Civil , en materia de separación y divorcio, introdujo una nueva regla 7ª en el art. 770 de esta última Ley , regulador de los procedimientos de separación y divorcio (excepto los de «mutuo acuerdo») y de nulidad, con arreglo a la cual las partes podrán solicitar de común acuerdo la suspensión del proceso, con arreglo al régimen general que para el proceso civil se establece en el art. 19.4 LECiv, para someterse a mediación.

En los procesos matrimoniales transfronterizos , es de aplicación el  Art. 55 del Reglamento ( CE ) 2201/2003 ( Bruselas II bis ) , con arreglo al cual, a petición de una autoridad central o de un titular de la responsabilidad parental, las autoridades centrales cooperaran en asuntos concretos con el fin de cumplir los objetivos del Reglamento y que a tal efecto adoptaran las medidas adecuadas para, entre otras cosas, facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o por otros medios.

En los procesos civiles en el ámbito del derecho de familia, competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, está vedada la mediación .

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

a) Dónde debo presentar mi demanda

Una vez determinada la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer el caso (que viene fijada en el Reglamento 2101/2003 - nulidad, separación, divorcio y responsabilidad parental, Reglamento 4/2009 - alimentos -, desde el 29.01.2019 el reglamento (UE) 2016/1103 en cuanto a regímenes económico matrimoniales y art. 22 quáter LOPJ - lo no previsto en los Reglamentos o donde éstos hacen remisión a normas internas, dentro del territorio español, la demanda de divorcio, separación y nulidad matrimonial (salvo cuando se acuda a la vía notarial en los casos de separación o divorcio de mutuo acuerdo sin la existencia de hijos menores) se ha de presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, existiendo en algunos partidos judiciales Juzgados de 1ª Instancia especializados en Derecho de Familia. En concreto al Juzgado de primera instancia de:

  • El lugar del domicilio conyugal
  • Si los esposos residen en distintos partidos judiciales, a elección del demandante, el del:
    • último domicilio del matrimonio,
    • o residencia del demandado,
    • o si el demandado no tiene domicilio ni residencia fijos puede ser demandado en el lugar en que se halle o en el de su última residencia, a elección del demandante
  • A falta de todos estos criterios la demanda deberá presentarse ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del demandante.
  • Cuando la demanda de divorcio o de separación se presenta de mutuo acuerdo por ambos esposos, ello lo pueden hacer ante:
    • El Juez del último domicilio común,
    • O el Juez del domicilio de cualquiera de los solicitantes.
  • La adopción de medidas provisionales previas pueden ser pedidas ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante.

Para conocer la planta judicial española puede consultar  El enlace abre una nueva ventanahttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-justicia/organizacion-juzgados

De acudirse a la vía notarial (alternativa a la que se sigue ante los juzgados cuando las partes no tengan hijos menores no emancipados - si bien en tal caso la decisión la adopta no el Juez sino el Letrado de la Administración de Justicia), la escritura pública correspondiente se ha de otorgar ante el Notario del úlitmo domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

b) Formalidades y documentos

Cuando se acude a los tribunales, la solicitud de nulidad, separación o divorcio ha de ser presentada mediante demanda por escrito con firma de Letrado que asista al que la presente y Procurador que le represente. Tales profesionales podrán ser comunes cuando los esposos soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo.

A la demanda de separación, nulidad y divorcio deberá acompañarse obligatoriamente:

  • la certificación de la inscripción del matrimonio y en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil -no pueden ser suplidas por la mera aportación del libro de familia-.
  • los documentos en que el esposo o esposos solicitantes funden su derecho
  • documentos que permitan valorar la situación económica de los esposos y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales, en el caso de que las partes pidan medidas de carácter patrimonial.
  • propuesta de convenio regulador si la separación o el divorcio se solicitan de mutuo acuerdo.

Caso de seguirse la vía notarial (separación o divorcio d emutuo acuerdo sin hijos menores no emancipados), para el otorgamiento de la escritura son necesarios los documentos anteriores destacándose que no obstante la presencia del notario, los cónyuges deben estar asistidos en el otorgamiento de la escritura pública de Letrado en ejercicio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

España reconoce el derecho a la justicia gratuita a Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples ( IPREM )  vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros.

Cálculo del IPREM

La solicitud ha de ser presentada ante el Colegio de Abogados del lugar en que se encuentre el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio, en este último caso el órgano judicial dará traslado de la petición al colegio de abogados territorialmente competente.

Los Colegios de Abogados son los designados como autoridad receptora de las solicitudes cuando se trate de litigios trasfronterizos. En ellos la autoridad expedidora de la solicitud es el Colegio de Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del solicitante.

El ciudadano europeo cuyo Estado sea parte del Convenio del Consejo de Europa sobre Transmisión de Solicitudes de asistencia jurídica gratuita, podrá dirigir la solicitud a la Autoridad central designada por su país para la aplicación de dicho convenio.

La solicitud deberá presentarse antes de iniciar el proceso o, si la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita es el demandado, antes de contestar a la demanda. No obstante, tanto el demandante como el demandado pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita con posterioridad siempre que acrediten que sus circunstancias económicas se han modificado.

Cuando no existan bienes comunes suficientes y un cónyuge no pueda obtener el beneficio de la justicia gratuita porque la posición económica del otro se lo impide, puede obligar a éste a que le costee los gastos judiciales solicitándole “litis expensas”.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las sentencias que se dictan en España en los procesos de separación, divorcio y nulidad, son recurribles en apelación. El recurso de apelación se interpone en plazo de veinte días ante el Juzgado de Primera Instancia que ha dictado la resolución apelada, ante el que se formaliza el recurso, siendo competente para resolverlo la Audiencia Provincial correspondiente.En determinados supuestos, también cabe interponer, con posterioridad a la resolución del recurso de apelación, recurso de casación y en su caso recurso extraordinario  por infracción procesal, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

En España, las sentencias dictadas en los procesos sobre nulidad, separación y divorcio, no son susceptibles de ejecución provisional cuando son apeladas (salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso), si bien el recurso de apelación no suspende la eficacia de las medidas que adopta la sentencia y que son directamente ejecutivas pese a que la sentencia sea recurrida. Además, si el recurso de apelación afecta sólo a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio, pese a la interposición del recurso de apelación.

En el proceso de separación y divorcio instado de mutuo acuerdo por los esposos, la sentencia o la resolución judicial que da lugar a la separación y al divorcio y aprueba en su totalidad la propuesta de convenio regulador presentado al Juez para su aprobación, no es susceptible de recurso de apelación, salvo para el Ministerio Fiscal, si interviene, que la puede recurrir en interés de los hijos menores o incapacitados. En estos procesos de mutuo acuerdo, la resolución judicial denegatoria del divorcio y la separación o de las medidas o de alguna de las medidas propuestas por los esposos, es recurrible en apelación. En estos casos, el recurso contra la resolución que decide sobre las medidas, no suspenderá la eficacia de éstas ni afectara a la firmeza de la sentencia en lo relativo a la separación y al divorcio.

En lo que se refiere a medidas provisionales y previas que puedan adoptarse por el Juez antes y a lo largo del proceso de separación, nulidad y divorcio, debe indicarse que las resoluciones que se dicten acordando la adopción de tales medidas, son irrecurribles, si bien los pronunciamientos que se dictan, no generan cosa juzgada y no adquieren firmeza. La revisión de las resoluciones sobre medidas provisionales se hace, no por vía de recurso sino a través de la sentencia que pone fin al proceso de separación, nulidad o divorcio

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En esta materia, es de aplicación el Reglamento ( CE )  nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes ( Bruselas II bis ), en vigor para todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, País con respecto al cuál , es aplicable en la materia el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento , la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños .

Si solo se pretende la actualización de los datos del Registro Civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad de matrimonio dictadas en otro Estado miembro y que, con arreglo a la legislación de este último, ya no admitan recurso, basta la mera presentación al encargado del registro civil de cada país de una solicitud en tal sentido, acompañada de:

  • una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad según la Ley del país que la ha dictado,
  • un certificado conforme a modelo reglamentario normalizado expedido por el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro en el que se hubiere dictado la resolución,
  • un documento que acredite la regularidad del emplazamiento que se hizo al demandado o acreditativo de que éste aceptó la resolución si se trata de una resolución dictada en rebeldía.

Si se trata de obtener el reconocimiento en España de una sentencia de divorcio, nulidad y separación, que ha sido dictada en un Estado miembro, excepto Dinamarca, se presentará una solicitud de reconocimiento, sin que sea preciso que la resolución a reconocer sea firme en el Estado donde se dictó, ante el Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o la declaración de no reconocimiento. Si el demandado no reside en España puede ser demandado en el lugar en que se encuentre en España o en el de su última residencia en España y a falta de tales elementos, en el lugar del domicilio del actor.

La solicitud deberá ser presentada por escrito con abogado y procurador y acompañada de los mismos documentos que en caso anterior.

El reconocimiento en España de las resoluciones dictadas en Dinamarca, se rige por las normas españolas. El trámite procesal se inicia con la formulación de demanda presentada directamente ante el Juzgado de 1ª Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea?

El procedimiento para solicitar que una resolución no deba ser reconocida, es el mismo que para solicitar que se decida que sí debe serlo. Si la resolución ha sido reconocida con base en el Reglamento nº 2201/2003, la oposición sólo se puede formular tras ser notificado de la decisión que concede el reconocimiento y en el plazo fijado legalmente, presentando recurso ante la Audiencia Provincial correspondiente.

Si se trata de una resolución dictada en Dinamarca, la oposición la debo formular cuando sea emplazado ante el Juzgado de 1ª Instancia en un proceso en el que se la parte contraria ha pedido su reconocimiento. En todos los casos se necesita letrado y procurador para formalizar la oposición.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Tras la entrada en vigor del Reglamento 1259/2010, el 21 de junio de 2012, y conforme a los artículos 5 y 8, los cónyuges pueden elegir la ley aplicable a su separación o divorcio siempre que se trate de alguna de las previstas en el reglamento. En defecto de ley acordada por ellos, estarán sujetos a la ley del Estado:

a) en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,

b) a la ley del Estado en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto;

c) la de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,

d) la correspondiente a los órganos jurisdiccionales ante la se interponga la demanda.

La anterior es la legislación aplicable al divorcio, si bien en cuanto a los efectos que éste produce, la ley aplicable puede ser diferente:

En lo que es el régimen económico matrimonial y hasta el 29.01.2019 (momento en que será de aplicación el Reglamento 1103/2016) es (en defecto de fijación del régimen económico matrimonial en capitulaciones), el de la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraer el matrimonio (nacionalidad común). En su defecto a la ley personal (de su nacionalidad) o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio. En defecto de ello opera la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración. Finalmente a falta de dicha residencia común el régimen económico supletorio es el del lugar de celebración del matrimonio. Desde el 29.01.2019 será de plena aplicación el Reglamento 1103/2016 lo que supone que en defecto de elección operará el régimen económico matrimonial de la ley del estado: a) de la primera residencia habitual común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio, o en su defecto, b) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio o, en su defecto, c) con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Si los cónyuges tienen más de una nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio, no se aplica el criterio de la ley de la nacionalidad común.

Las cuestiones referentes a la guarda de los hijos se rigen conforme se fija en el Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996 por la ley de la autoridad que resuelve.

En materia de medidas provisionales y cautelares, debe aplicarse, con lógica, la misma ley que rija la separación, la nulidad y el divorcio en cada caso, salvo para las urgentes que pueden adoptarse en relación a las personas o bienes presentes en España, aun cuando no se tuviere competencia para conocer el caso.

Respecto de los alimentos (incluyendo uso del domicilio famililar y en su caso pensión compensatoria), en defecto de acuerdo de elección de ley aplicable se aplica la referente a la residencia habitual del acreedor.

En lo referente a la acreditación y prueba del derecho extranjero en España, si éste fuera el caso concreto, deberá probarse su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal español, además, de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.

Finalmente debe recalcarse, que los procesos sustanciados en España, se rigen siempre por la ley procesal española, con independencia de la ley que se aplique al divorcio, la separación y la nulidad.

Última actualización: 05/04/2019

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Divorcio - Francia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Existe un supuesto de divorcio extrajudicial:

  • el divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado refrendado por abogados y sujeto a protocolización notarial

Existen cuatro supuestos de divorcio:

  • divorcio por consentimiento mutuo;
  • divorcio por aceptación del principio de ruptura del matrimonio, o divorcio aceptado,
  • divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal y
  • divorcio culposo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

  • Los cónyuges pueden optar por el divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado, refrendado por abogados y sujeto a protocolización notarial si están de acuerdo en cuanto al principio de la ruptura y a la totalidad de sus consecuencias. Para ello, deben elaborar con sus abogados un convenio que han de suscribir ambas partes y sus respectivos abogados al término de un periodo de reflexión. Si tienen uno o varios hijos, estos deben ser informados de su derecho a ser oídos. Si al menos uno de ellos presenta una solicitud de audiencia, las partes deben interponer ante el juez de familia una demanda de divorcio por consentimiento mutuo, de forma que el menor pueda ser oído.
  • El divorcio por consentimiento mutuo por la vía judicial solo puede ser solicitado por los cónyuges cuando un menor con discernimiento solicite ser oído y cuando dichos cónyuges estén de acuerdo sobre el principio de la ruptura y sobre todas sus consecuencias. En tal caso, no tienen que comunicar la causa del divorcio, sino que han de presentar al juez, para que lo homologue, un proyecto de convenio en el que se regulen las consecuencias del divorcio. El juez solo puede denegar la homologación cuando el convenio no preserve en la medida suficiente los intereses de los hijos o de uno de los cónyuges.
  • El divorcio aceptado puede ser solicitado por uno de los cónyuges y aceptado por el otro o ser solicitado por ambos cónyuges. A diferencia del divorcio por consentimiento mutuo, los cónyuges aceptan en este caso el principio del divorcio, pero no consiguen llegar a un acuerdo sobre sus consecuencias. Incumbe, pues, al juez regularlas.
  • El divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges en caso de cese de la comunidad de vida durante un periodo de dos años desde la demanda de divorcio, lo que implica falta de convivencia y voluntad de ruptura.
  • El divorcio culposo puede ser solicitado por uno de los cónyuges por hechos imputables al otro que supongan una violación grave o reiterada de los deberes y obligaciones del matrimonio y hagan intolerable el mantenimiento de la vida en común.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

  • Las obligaciones de fidelidad, comunidad de vida y asistencia se extinguen cuando la resolución judicial por la que se declare el divorcio haya adquirido fuerza de cosa juzgada, es decir, cuando ya no quepa recurso contra ella.
  • Cada uno de los cónyuges recupera la libertad de contraer nuevo matrimonio.
  • Tras el divorcio, cada uno de los cónyuges pierde el derecho a utilizar el apellido del otro. No obstante, puede mantener el uso del apellido del otro cónyuge con el acuerdo de este o mediante autorización judicial si justifica la existencia de un interés particular suyo o de sus hijos.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

  • El divorcio implica la disolución del régimen económico matrimonial y, en su caso, el reparto de los bienes.
  • El divorcio carece de incidencia en los beneficios matrimoniales que hayan surtido efecto durante el matrimonio y en las donaciones de bienes presentes. Supone, en cambio, la revocación de pleno derecho de los beneficios matrimoniales que surtan efecto con la disolución del régimen económico matrimonial o el fallecimiento de uno de los cónyuges o de las disposiciones por causa de muerte.
  • En caso de divorcio por mutuo acuerdo judicial o extrajudicial, el acuerdo de los cónyuges sobre la liquidación de sus intereses pecuniarios es condición para la pronunciación del divorcio. En las otras formas de divorcio, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo sobre esa liquidación antes de la declaración del divorcio, pero no están obligados a ello. En tal caso, la liquidación se produce con posterioridad.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El divorcio no tiene ninguna consecuencia específica sobre las normas relativas al ejercicio de la patria potestad, que en principio sigue atribuida conjuntamente a los progenitores. El juez puede, no obstante, decidir confiarla a uno de los progenitores si así lo exige el interés de los hijos. Deben fijarse las modalidades del ejercicio de la patria potestad (residencia habitual, derecho de visita, etc.).

Ambos progenitores deben seguir contribuyendo al mantenimiento y a la educación de los hijos. Esa contribución reviste la forma de pensión de alimentos abonada por un progenitor al otro, pero puede configurarse también, en todo o en parte, como la asunción directa de los gastos desembolsados para los hijos. Por último, puede efectuarse asimismo en forma de derecho de uso o de habitación.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Nota: las pensiones de alimentos a cargo de uno de los cónyuges constituyen una medida provisional, en el sentido de que se conceden siempre con carácter previo a la declaración del divorcio. Una vez declarado este, ninguno de los cónyuges puede pretender del otro más que el pago de una prestación compensatoria o de una indemnización por daños y perjuicios. Su cuantía puede fijarse amistosamente en los divorcios por consentimiento mutuo por vía judicial o extrajudicial y la determina el juez en todos los demás casos.

  • La prestación compensatoria tiene por objeto subsanar la disparidad creada por la ruptura del matrimonio en las condiciones de vida de los cónyuges. Su cuantía es fijada por el juez en función de los ingresos y las necesidades respectivas de estos.. Se trata de una cantidad a tanto alzado que se abona, en principio, en forma de capital:
    • bien en metálico, con sujeción, en su caso, a determinadas condiciones de pago;
    • bien mediante la asignación de bienes en propiedad o de un derecho temporal o vitalicio de uso, de habitación o de usufructo.

Con carácter excepcional, la prestación compensatoria puede fijarse en forma de renta vitalicia, sujeta a revisión a la baja en caso de cambios en los recursos o en las necesidades de los cónyuges.

  • Puede concederse una indemnización por daños y perjuicios al cónyuge para quien el divorcio tenga consecuencias de especial gravedad:
    • si es el demandado en caso de divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal y no ha presentado, por su parte, ninguna demanda de divorcio
    • o si el divorcio se ha pronunciado por culpa imputable exclusivamente al otro cónyuge

(Véase «Pensiones alimenticias — Francia»).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal es una separación regulada por un órgano jurisdiccional que pone fin a ciertas obligaciones del matrimonio, como el deber de cohabitación de los cónyuges, sin que se disuelva, no obstante, el vínculo matrimonial. Los cónyuges no pueden por lo tanto volver a contraer matrimonio y subsiste el deber de socorro.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

  • Los supuestos y el procedimiento son los mismos que los establecidos para el divorcio por vía judicial, pero no puede establecerse por acuerdo mutuo extrajudicial.
  • En principio, el cónyuge contra el que se presenta una demanda de separación judicial puede formular una reconvención de divorcio o de separación judicial y, a la inversa, el cónyuge contra el que se presenta una demanda de divorcio puede interponer una demanda de divorcio o de separación judicial.
  • En caso de demanda de divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal, el otro cónyuge no puede formular reconvención de separación judicial, sino únicamente demanda de divorcio.
  • El juez que ha de examinar simultáneamente una demanda de divorcio y otra de separación judicial empieza por la demanda de divorcio. Únicamente si la desestima pasa a examinar la de separación. Cuando ambas demandas se basan en la culpa, el juez las examina simultáneamente y, si las estima, declara el divorcio por causas imputables a ambos cónyuges.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Efectos de la separación judicial.

  • La separación judicial pone fin al deber de cohabitación, pero se mantienen los deberes de asistencia, de fidelidad y de socorro. Además, salvo resolución judicial en contrario, la mujer conserva el derecho al uso del apellido del marido. En virtud del deber de socorro, puede obligarse a uno de los cónyuges a pagar una pensión de alimentos al otro si este se encuentra en estado de necesidad. La cuantía de esta pensión se fija sin consideración a la posible culpa de los cónyuges, salvo que el cónyuge acreedor haya faltado gravemente a sus obligaciones durante el matrimonio. El pago de la pensión de alimentos puede sustituirse por la constitución de un capital, si se presta a ello el patrimonio del cónyuge deudor.
  • En la esfera patrimonial, la sentencia implica la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, como en caso de divorcio.
  • En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, se mantienen inalterados los derechos sucesorios del otro, al que se aplican las disposiciones legales en favor del cónyuge supérstite. En cambio, si la separación judicial se ha adoptado por consentimiento mutuo por vía judicial, los cónyuges pueden incluir en el convenio una renuncia a los derechos sucesorios.

Conversión de una separación judicial en divorcio

A instancia de uno de los cónyuges, a los dos años de la separación judicial la sentencia correspondiente se convierte, de pleno derecho, en sentencia de divorcio. El juez pronuncia entonces el divorcio y determina sus consecuencias. La causa de la separación judicial pasa a ser la causa del divorcio. No puede modificarse la atribución de culpabilidad.

Todos los casos de separación judicial pueden convertirse en divorcio por consentimiento mutuo a petición de ambos cónyuges. Ahora bien, la separación judicial por consentimiento mutuo pronunciada por vía judicial puede convertirse solo en divorcio por consentimiento mutuo.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio declarada judicialmente determina la supresión retroactiva de todos sus efectos, como si el matrimonio no hubiera existido.

Se distingue así del divorcio y de la separación judicial, que surten efectos solamente para el futuro.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las causas de anulación del matrimonio varían según se trate de una nulidad relativa (cuando se invoca vicio de consentimiento o falta de autorización de las personas que deberían haber autorizado el matrimonio) o de una nulidad absoluta (por incumplimiento de una condición de orden público).

Causas de nulidad relativa

Son tres:

  • error en la persona o sobre las cualidades esenciales de la misma
  • coacción
  • falta de autorización de las personas cuya autorización era necesaria

Únicamente pueden presentar una demanda de nulidad determinadas personas taxativamente enumeradas: el cónyuge cuyo consentimiento estuviera viciado o que fuera jurídicamente incapaz en el momento de la celebración del matrimonio, las personas que habrían debido consentir la unión o el Ministerio Fiscal.

La demanda de nulidad debe presentarse en un plazo de cinco años a partir de la fecha de celebración del matrimonio (plazo que puede ampliarse a los cinco años siguientes a la fecha en que el interesado haya cumplido la edad preceptiva para consentir al matrimonio).

Causas de nulidad absoluta

Falta total de consentimiento, edad impúber, bigamia, incesto, ausencia de uno de los cónyuges en el momento de la celebración, falta de competencia del funcionario del registro civil y clandestinidad.

La demanda puede presentarse en un plazo de treinta años a partir de la fecha de celebración del matrimonio por cualquier persona que tenga interés en interponer esa acción o por el Ministerio Fiscal (plazo ampliado en cinco años a partir de la fecha en la que el interesado haya cumplido la edad preceptiva para consentir al matrimonio).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Los efectos son los mismos en los casos de nulidad relativa y de nulidad absoluta.

  • Desaparecen los efectos tanto personales como patrimoniales del matrimonio, al considerarse que no ha habido vínculo matrimonial. Por ejemplo, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro queda privado de todos los derechos sucesorios.

    Cabe, no obstante, una atenuación de este principio en caso de buena fe de uno de ellos, o de ambos, en el momento de la celebración del matrimonio. En tal caso, el matrimonio «putativo» sigue siendo nulo, pero se tratará como si se hubiera simplemente disuelto. En consecuencia, se mantienen todos los efectos de orden civil, personal o pecuniario, producidos antes de la sentencia de anulación.
  • En lo que respecta a los hijos, la anulación del matrimonio de sus padres no produce efectos jurídicos y su situación se equipara a la que se da en caso de divorcio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El divorcio y sus consecuencias pueden resolverse mediante el procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo extrajudicial que implica la intervención de dos abogados y de un notario, pero no del juez, excepto en los casos en que un menor con discernimiento solicite ser oído.

En todos los demás casos, es obligatorio acudir al juez, pero las partes pueden recurrir a una mediación familiar antes de someterle el asunto o en paralelo a su intervención.

La mediación también puede ser propuesta por el juez. Se encomienda a una persona física o a una asociación que oiga a las partes, que confronte sus puntos de vista y que les ayude a encontrar una solución al conflicto que les opone.

Si las partes consiguen llegar a un acuerdo como consecuencia de la mediación, pueden presentarlo al juez para su homologación u optar por el procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo extrajudicial.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Dónde debe presentarse la demanda

  • Demanda de divorcio por vía judicial o de separación judicial

La demanda debe presentarse, mediante abogado, en la secretaría del tribunal de primera instancia.

El tribunal competente por razón del territorio es el siguiente:

  • el del lugar de residencia de la familia;
  • si los cónyuges residen en lugares distintos y ejercen la patria potestad en común, el del lugar de residencia del cónyuge con el que vivan los hijos menores;
  • si los cónyuges residen en lugares distintos y solo uno de ellos ejerce la patria potestad, el del lugar de residencia de este;
  • en los demás casos, el del lugar de residencia del cónyuge que no presente la demanda;
  • en caso de demanda conjunta, tribunal competente es, a elección de los cónyuges, el del lugar de residencia de uno u otro.
  • Demanda de anulación
    La demanda de anulación del matrimonio debe presentarse ante el tribunal de primera instancia del lugar de residencia del demandado. Su presentación se notifica a este mediante agente judicial.
  • Divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado refrendado por abogados:
    El convenio, firmado por ambas partes y ambos abogados, debe protocolizarse ante un notario que ejerza en Francia.

Documentación que debe presentarse

  • Demanda de divorcio por vía judicial o de separación judicial

En todos los casos de divorcio, los cónyuges deben proporcionar todos los datos necesarios para su identificación, su seguro de enfermedad y los datos relativos a los servicios y órganos que les concedan prestaciones, pensiones o cualesquiera otras ventajas.

En caso de solicitud judicial de una prestación compensatoria, los cónyuges deben hacer una declaración jurada de sus ingresos, recursos, patrimonio y condiciones de vida.

En caso de divorcio por consentimiento mutuo, la demanda no ha de indicar las causas del divorcio, sino que debe incluir en un anexo un convenio fechado y firmado por los cónyuges y por su abogado o sus abogados que regule íntegramente los efectos del divorcio y que incluya, si procede, un estado de liquidación del régimen económico matrimonial.

En los demás casos, la demanda no debe mencionar ni el fundamento jurídico ni las causas del divorcio, pero sí, cuando proceda, las medidas provisionales que se soliciten.

  • Demanda de anulación

No se exige ningún documento concreto, pero es necesario que el demandante presente documentos que puedan demostrar que el motivo o los motivos invocados pueden acarrear la anulación del matrimonio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Puede obtenerse la asistencia jurídica gratuita total o parcial previa demostración de la insuficiencia de recursos (véase «Asistencia jurídica gratuita - Francia»).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Contra las resoluciones judiciales correspondientes pueden utilizarse los medios de recurso habituales.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las resoluciones en materia de divorcio se reconocen de pleno derecho, sin necesidad de seguir ningún procedimiento concreto.

Lo mismo sucede en el caso de las resoluciones de anulación de matrimonio.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Para oponerse a al reconocimiento de una de esas resoluciones, puede presentarse una demanda de inoponibilidad ante el tribunal de primera instancia. Si la demanda se resuelve favorablemente, quien la haya presentado puede oponerse a la petición de exequatur que presente posteriormente la otra parte (es decir, a la petición de que se declare ejecutoria en Francia una resolución de otro Estado) (y, a la inversa, si se rechaza la demanda, se concede el exequatur).

El procedimiento es el previsto para una acción de exequatur.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del divorcio y de la separación judicial, la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial será la que convengan los cónyuges.

A falta de convenio, será:

  • la ley del lugar en el que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
  • la ley del lugar en el que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual común, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
  • la ley del Estado cuya nacionalidad tengan ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
  • la ley del foro.

No obstante, si la demanda solicita la conversión de una separación judicial en divorcio, la ley aplicable al divorcio será la que se haya aplicado a la separación judicial, salvo acuerdo en contrario de los cónyuges.

Estas reglas se aplican asimismo a los cónyuges en caso de divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado refrendado por abogados y sujeto a protocolización notarial; no obstante, los cónyuges no pueden utilizar el concepto de «ley del foro» puesto que no acuden a ningún órgano jurisdiccional.

Enlaces relacionados

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Última actualización: 22/10/2019

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Divorcio - Croacia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

La condición previa necesaria para obtener una resolución judicial de divorcio es el inicio del procedimiento judicial adecuado para el divorcio (civil o no contencioso) por parte de la persona o personas autorizadas (locus standi), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 369 y 453 de la Ley de Procedimientos Familiares (Obiteljski zakon) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 103/15]. Si los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común, la petición de divorcio por mutuo acuerdo debe ir acompañada de los documentos correspondientes (informe sobre la consulta obligatoria y plan de custodia compartida — artículos 55 y 456 de la Ley de Procedimientos Familiares). Se aplican normas similares cuando los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común y solo uno de ellos pide el divorcio (informe sobre la consulta obligatoria y prueba de participación en la primera reunión de mediación familiar — artículos 57 y 379 de la Ley de Procedimientos Familiares).

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Las condiciones previas necesarias para el divorcio se rigen por lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares. En virtud de las disposiciones legales previamente mencionadas, el órgano jurisdiccional disuelve un matrimonio:

1. si existe un acuerdo entre los cónyuges con respecto al divorcio;

2. si se ha determinado que la relación entre los cónyuges se ha roto de forma grave y permanente;

3. si ha transcurrido un año desde la «disolución de la unión matrimonial».

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Una de las consecuencias legales de la disolución del matrimonio es el cese de los derechos individuales y de los deberes de los cónyuges (artículos 30 a 33 de la Ley de Procedimientos Familiares). La Ley de Procedimientos Familiares establece expresamente que, en el caso de disolución matrimonial (por anulación o divorcio), cada uno de los excónyuges podrá conservar el apellido que tenía al disolverse el matrimonio (artículo 48 de la Ley de Procedimientos Familiares).

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Antes de la liquidación de los bienes conyugales (de común acuerdo o por resolución judicial, en procedimientos no contenciosos), el problema más frecuente es el de diferenciar los derechos y bienes que forman parte de los bienes conyugales de los derechos y bienes que constituyen el patrimonio individual de un cónyuge o del otro (diferenciando los tres tipos de bienes). Estos problemas se resuelven iniciando un procedimiento civil basado en las disposiciones de la Ley de Procedimientos Familiares (artículos 34 al 39 y artículos 43 al 46), en caso de que los cónyuges no puedan alcanzar un acuerdo sobre la división de las relaciones de bienes comunes (capitulaciones matrimoniales, artículos 40 al 42 de la Ley de Procedimientos Familiares), con la aplicación alternativa de la Ley sobre Propiedad y Otros Derechos Reales, la Ley de Obligaciones Civiles, la Ley de Registro de Tierras, la Ley de Sociedades, la Ley de Ejecución y la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 38, 45 y 346 de la Ley de Procedimientos Familiares).

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Entre las consecuencias jurídicas de la disolución de un matrimonio que afectan a los hijos menores de edad, hay algunos asuntos importantes: con qué progenitor residirá el menor una vez que el matrimonio se haya disuelto, el establecimiento de acuerdos con el otro progenitor, la obligación de alimentos, cómo se organizarán el resto de ámbitos de la guarda y custodia (representación del menor, ejecución de actos jurídicos, gestión y disposición de los bienes del menor, educación y salud del menor, etc.). Los cónyuges pueden llegar a un acuerdo en relación con estas consecuencias jurídicas del divorcio (acuerdo sobre custodia compartida) y, por lo tanto, elegir un procedimiento de divorcio no judicial más rápido y sencillo, (artículos 52, 54 y 55, 106, 453 a 460 de la Ley de Procedimientos Familiares). Si los cónyuges no llegan a un acuerdo de custodia compartida que contenga un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas relevantes del divorcio, el órgano jurisdiccional dictará una resolución sobre estos asuntos de forma automática en un procedimiento judicial iniciado mediante una demanda de divorcio (artículos 53-54, 56-57 y 413 de la Ley de Procedimientos Familiares). No obstante, existe la posibilidad de que los progenitores lleguen a un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del divorcio durante el procedimiento judicial relativo al mismo. En tal caso, el órgano jurisdiccional tomará una decisión sobre la base del acuerdo entre los progenitores, si considera que este es acorde con el interés superior del menor (artículos 104, apartado 3, y 420 de la Ley de Procedimientos Familiares).

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

La Ley de Procedimientos Familiares prevé la posibilidad de que el cónyuge solicite la pensión de alimentos antes de la conclusión del juicio de divorcio. En caso de que no se presente ninguna solicitud de alimentos durante el juicio de divorcio, el ex cónyuge dispone de un plazo de seis meses desde la disolución definitiva del matrimonio para presentar una demanda con el fin de solicitar dicha pensión, siempre que las condiciones para tal prestación se cumplan cuando termine el juicio de divorcio y sigan cumpliéndose hasta que termine el juicio relativo a los alimentos (artículos 295 a 301, 423 a 432 de la Ley de Procedimientos Familiares). Las condiciones legales para la pensión de alimentos son que el demandante no tenga suficientes medios para mantenerse a sí mismo o no pueda mantenerse a partir de sus bienes, y que no pueda trabajar o encontrar un trabajo, siempre que el cónyuge que paga los alimentos tenga suficientes medios y capacidades para cumplir este compromiso (artículo 295 de la Ley de Procedimientos Familiares). La pensión se fija para un período determinado de tiempo. El artículo 298 de la Ley de Procedimientos Familiares dispone que la pensión de alimentos de un cónyuge puede durar hasta un año, en función de la duración del matrimonio y de la posibilidad del demandante de conseguir otro medio de vida adecuado en un futuro previsible. Esta ley también establece las modalidades de pago de la pensión de alimentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la Ley de Procedimientos Familiares, la pensión se determina en una suma mensual regular que se paga por adelantado. Sin embargo, es posible que el órgano jurisdiccional, a petición de uno o de ambos cónyuges, ordene el pago de una suma única, en función de las circunstancias del caso. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Procedimientos Familiares, los cónyuges podrán suscribir un acuerdo de alimentos en caso de divorcio (artículos 302, 470-473 de la Ley de Procedimientos Familiares).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). La «disolución de una unión matrimonial» sucede si los cónyuges terminan todas las relaciones mutuas que normalmente se dan en una convivencia, es decir, si ya no desean vivir como cónyuges y compartir y cumplir el contenido de tal relación. La disolución de una unión matrimonial tiene sentido en el ámbito del derecho matrimonial puesto que, en virtud del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares, uno de los fundamentos jurídicos de la disolución matrimonial es que haya pasado un año desde la disolución de la unión matrimonial. La disolución de la unión matrimonial también tiene un sentido específico al definir las relaciones de propiedad entre los cónyuges, puesto que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Familiares, los bienes que los cónyuges han adquirido mediante el trabajo durante la unión matrimonial (contraponiendo ese concepto a «durante el matrimonio»), o que se origina de este bien, se consideran bienes matrimoniales.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). La Ley de Procedimientos Familiares no establece las condiciones para la «disolución de la unión matrimonial», puesto que la unión matrimonial es un concepto jurídico y representa el contenido de la vida conyugal. La disolución de la unión matrimonial sucede si los cónyuges terminan todos las relaciones mutuas que de otro modo constituyen la vida conyugal, es decir, si ya no desean vivir como una pareja casada y cumplir el contenido de tal relación (p. ej., si dejan de comunicarse, etc.). La disolución de una unión matrimonial se suele manifestar en la práctica cuando uno de los cónyuges deja el hogar común y abandona al otro cónyuge.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). «Disolución de la unión matrimonial» tiene sentido en este ámbito del derecho matrimonial puesto que, en virtud del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares, uno de los fundamentos jurídicos de la disolución matrimonial es que haya pasado más de un año desde la «disolución de la unión matrimonial». La «disolución de la unión matrimonial» también tiene un sentido específico al definir las relaciones de propiedad de los cónyuges, ya que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Familiares, los bienes que los cónyuges han adquirido mediante el trabajo durante la unión matrimonial (contraponiendo ese concepto a «durante el matrimonio»), o que se originen de esos bienes, se consideran bienes matrimoniales. La lógica que rige tal legislación es que la duración de la unión matrimonial no tiene que coincidir exactamente con la duración del matrimonio, especialmente cuando el matrimonio acaba en divorcio. Por regla general, la disolución de la unión matrimonial ocurre antes que se inicie el procedimiento de divorcio. El procedimiento de divorcio, por lo tanto, puede seguir en curso tras la «disolución de la unión matrimonial», y por lo general eso es lo que ocurre (sobre todo si se ha hecho uso de la vía judicial en el procedimiento).

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La «anulación matrimonial» (poništaj braka) es uno de los motivos para la disolución del matrimonio (artículo 47 de la Ley de Procedimientos Familiares) y constituye uno de los tres litigios matrimoniales que el ordenamiento jurídico croata regula (artículo 369 de la Ley de Procedimientos Familiares). La «anulación matrimonial» representa una sanción de derecho de familia sobre un matrimonio que se haya contraído en contra de las disposiciones que regulan la validez matrimonial (artículos 25 al 29 de la Ley de Procedimientos Familiares), y se lleva a cabo en procedimientos judiciales iniciados mediante una demanda (artículo 369 de la Ley de Procedimientos Familiares). Las disposiciones sobre «anulación matrimonial» se aplican cuando un matrimonio no es válido (artículos 29, 49 y 369 a 378 de la Ley de Procedimientos Familiares).

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio contraído en contra de las disposiciones de los artículos 25 a 28 de la Ley de Procedimientos Familiares (si el matrimonio fue contraído por parte de personas menores de edad, personas sin la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, personas privadas de la capacidad jurídica para hacer declaraciones relativas a su situación personal, personas que son parientes consanguíneos o que han sido adoptadas, o si entre la novia o el novio existe previamente un matrimonio o una relación estable) es inválido y se le aplican las disposiciones sobre «anulación matrimonial» (artículo 29 de la Ley de Procedimientos Familiares).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Las consecuencias jurídicas de la «anulación matrimonial» se regulan de la misma forma que la disolución del matrimonio por divorcio (véase la respuesta a la pregunta 3).

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En el ordenamiento jurídico croata, el divorcio está regulado como un procedimiento judicial y no existe la posibilidad de un procedimiento de divorcio no judicial. No obstante, uno de los principios fundamentales del derecho de familia, que resulta especialmente importante en los procedimientos de divorcio, es el principio de resolución consensuada de las relaciones familiares, que, además de fomentar la propia resolución consensuada de las relaciones familiares, hace hincapié en que se trata de una obligación de todos los organismos que prestan ayuda profesional a la familia o deciden sobre las relaciones familiares (artículo 9 de la Ley de Procedimientos Familiares). El derecho de familia, por lo tanto, contempla dos tipos de procedimientos no judiciales, cuyo objetivo comprende la resolución consensuada de los asuntos relativos al divorcio: el asesoramiento obligatorio (artículos 321 a 330 de la Ley de Procedimientos Familiares) y la mediación familiar (artículos 331 a 344 de la Ley de Procedimientos Familiares). Lleva a cabo el asesoramiento obligatorio un equipo de expertos del Departamento de Servicios Sociales. Se trata de una forma de apoyo a los miembros de una familia (p. ej., cónyuges con intención de iniciar un procedimiento de divorcio y que tienen un hijo menor de edad en común) para llegar a decisiones consensuadas sobre las relaciones familiares, prestando especial atención a la protección de las relaciones familiares en las que haya un menor implicado (p. ej., mediante la elaboración de un plan para la custodia compartida, un acuerdo relativo a las consecuencias jurídicas del divorcio que debe establecer en detalle: el lugar y la dirección de la residencia del menor, el tiempo que el menor pasará con cada uno de los progenitores, cómo se compartirá la información relativa al consentimiento para decisiones importantes, cómo se compartirá la información relevante sobre el menor, el importe de la pensión de alimentos como obligación del progenitor con el que el menor no reside, y también cómo se resolverán los futuros problemas), y sobre las consecuencias jurídicas de no llegar a un acuerdo y de iniciar procedimientos judiciales para determinar los derechos personales del menor. La mediación familiar es un proceso en el que las partes intentan resolver de forma consensuada los conflictos familiares con la ayuda de uno o más mediadores familiares. El principal objetivo del proceso es establecer un plan sobre la custodia compartida y otros acuerdos relativos al menor, así como con otros asuntos de naturaleza material y no material.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los cónyuges sin un hijo menor de edad en común pueden iniciar una acción judicial mediante la presentación por parte de uno de los cónyuges de una solicitud de divorcio, o mediante la presentación por parte de los dos cónyuges de una solicitud de divorcio por mutuo acuerdo (artículo 50 de la Ley de Procedimientos Familiares). En ambos casos, el procedimiento no judicial de asesoramiento obligatorio (un tipo de ayuda especializada que presta un equipo de expertos del Departamentos de Servicios Sociales a los miembros de las familias para que lleguen a decisiones consensuadas sobre relaciones familiares) no se aplica (artículos 321 y 322 de la Ley de Procedimientos Familiares) y los cónyuges entran en un proceso de divorcio ante un órgano jurisdiccional (judicial o no judicial), que es relativamente sencillo y rápido. Todo lo anterior se aplica según corresponda a los procesos judiciales de anulación matrimonial cuando los cónyuges no tienen un hijo menor de edad en común.

Los cónyuges que tengan un hijo menor de edad en común pueden entablar un proceso judicial mediante la iniciación por parte de uno de los cónyuges de una acción o mediante la presentación por parte de ambos cónyuges de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 50 de la Ley de Procedimientos Familiares). Sin embargo, antes de iniciar un procedimiento de divorcio (por acción o mediante la presentación de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo) cuando hay un hijo menor de edad en común, los cónyuges están obligados a participar en el procedimiento no judicial de asesoramiento obligatorio (un tipo de ayuda especializada que presta un equipo de expertos del Departamentos de Servicios Sociales a los miembros de las familias para que lleguen a decisiones consensuadas sobre relaciones familiares, artículos 321 y 322 de la Ley de Procedimientos Familiares). El propósito de estos procesos es proporcionar a los cónyuges una ayuda profesional que incluya la elaboración de un acuerdo de custodia compartida (un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del divorcio, que debe establecer en detalle: el lugar y la dirección de la residencia del menor, el tiempo que el menor pasará con cada uno de los progenitores, cómo se compartirá la información relativa al consentimiento para decisiones importantes, cómo se compartirá la información relevante sobre el menor, el importe de la pensión de alimentos como obligación del progenitor con el que el menor no reside, y también cómo se resolverán los futuros problemas). Los progenitores pueden llegar a un acuerdo de custodia compartida durante el proceso de asesoramiento obligatorio, si bien también lo pueden alcanzar de forma independiente o durante el proceso de mediación familiar (proceso no judicial en el que las partes tratan de resolver de manera consensuada los conflictos derivados de las relaciones familiares con la ayuda de uno o más mediadores familiares, artículo 331 de la Ley de Procedimientos Familiares). Al llegar a un acuerdo de custodia compartida, los cónyuges pueden iniciar un procedimiento de divorcio no judicial más sencillo y rápido, que se inicia mediante la presentación de una solicitud (artículos 52, 54-55, 106 y 453 a 460 de la Ley de Procedimientos Familiares). Los cónyuges con un hijo menor de edad en común están obligados a presentar un informe sobre el asesoramiento obligatorio al que hace referencia el artículo 324 de la Ley de Procedimientos Familiares con su solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, así como un acuerdo de custodia compartida, tal como indica el artículo 106 de la misma ley (artículo 456 de la Ley de Procedimientos Familiares).

Si los cónyuges no llegan a un acuerdo de custodia compartida que contenga un acuerdo relativo a las consecuencias jurídicas del divorcio mencionado anteriormente, el órgano jurisdiccional emitirá la resolución sobre estos asuntos de oficio en un procedimiento judicial iniciado mediante una demanda de divorcio (artículos 53-54, 56-57 y 413 de la Ley de Procedimientos Familiares). Si los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común, están obligados a adjuntar a su demanda de divorcio un informe sobre el asesoramiento obligatorio, según establece el artículo 324 de la Ley de Procedimientos Familiares, así como una prueba de participación en la primera reunión de mediación familiar (artículo 379 de la Ley de Procedimientos Familiares).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En Croacia, la asistencia jurídica y la posibilidad de exención de pago de los procedimientos judiciales y la exención de pago de tasas judiciales se regulan por medio de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 143/2013]. Algunas personas pueden tener derecho a asistencia jurídica primaria en todos los procedimientos de derecho de familia, incluidos los litigios matrimoniales y otros procedimientos de Derecho de familia, siempre que cumplan los requisitos legales (artículos 9 a 11 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Algunas personas pueden tener derecho a asistencia jurídica secundaria en todos los procedimientos de derecho de familia y en otros procedimientos establecidos en la ley, siempre que cumplan los requisitos legales (artículos 12 al 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). La cuestión de la obtención de la resolución por la que se concede una exención de pago de procedimientos judiciales para procedimientos específicos, incluidos aquellos relativos al Derecho de familia, se rige por lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La cuestión de la obtención de la resolución por la que se concede una exención de pago de tasas judiciales para todo tipo de procedimientos, incluidos los procedimientos de Derecho de familia, se rige por lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Debe prestarse especial atención a las disposiciones: a) que regulan la prestación de asistencia jurídica secundaria sin determinar la situación financiera de la persona en cuestión (artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); b) que regulan el proceso de obtención de asistencia jurídica secundaria (artículos 16 al 18 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); c) que regulan el alcance de la asistencia jurídica secundaria (artículo 19 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); d) que regulan las cuestiones de procedimiento y otras cuestiones importantes para la obtención de asistencia jurídica gratuita (artículos 20 al 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Al mismo tiempo, se debe prestar atención al artículo 6 de la Ley de Tasas Judiciales (Zakon o sudskim pristojbama) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.os 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15], con relación a las partes que están siempre exentas del pago de tasas judiciales.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las resoluciones en materia de divorcio o nulidad matrimonial admiten recurso. Todas las partes tienen este derecho durante el proceso. La Ley de Procedimientos Familiares no regula de forma específica la apelación en pleitos matrimoniales, pero el artículo 346 establece la aplicación alternativa de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 y 89/14].

En el artículo 348, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los recursos contra una sentencia, mientras que el artículo 378 regula los recursos contra una resolución. En cuanto a los recursos jurídicos, la Ley de Procedimientos Familiares estipula en su artículo 373 que no se permite una revisión contra las sentencias en segunda instancia dictadas en un litigio matrimonial.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Consejo (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis), las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento especial (artículo 21, apartado 1). Sin embargo, según el artículo 21, apartado 3, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. En tal caso, las solicitudes de reconocimiento o no reconocimiento están sujetas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 en la forma determinada en el artículo 31 del Reglamento Bruselas II bis. Además, cabe señalar que, sin perjuicio del artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las solicitudes de reconocimiento o no reconocimiento (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis) están sujetas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista, tal como se establece en la respuesta a la pregunta 14. En tal caso, se aplica el proceso descrito en la sección 2 del capítulo III del Reglamento Bruselas II bis.

El recurso jurídico, es decir, un recurso en virtud del artículo 33 del Reglamento Bruselas II bis, se presenta a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia (provinciales) a través del tribunal de primera instancia que adoptó la decisión (órgano jurisdiccional de competencia territorial de la lista anterior).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La legislación aplicable en caso de divorcio es la del país del que son ciudadanos los cónyuges en el momento en el que se presenta la demanda.

Si en el momento de presentación de la demanda, los cónyuges son ciudadanos de países distintos, se aplican las legislaciones acumulativas de los países de los que son ciudadanos, según el artículo 35, apartado 2, de la Ley sobre la Resolución de Conflictos de Leyes con Normativas de Otros Países en Determinadas Relaciones (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.ºs 53/91, 88/01]. Si, en virtud de la legislación de los países de los que los cónyuges son ciudadanos, un matrimonio no pudiera disolverse, se aplicará la legislación croata a dicha disolución, siempre que uno de los cónyuges tuviera su residencia permanente en Croacia en el momento de la presentación de la demanda.

Si uno de los cónyuges es ciudadano croata sin residencia permanente en Croacia y el matrimonio no puede disolverse en virtud de lo que dispone el artículo 35, apartado 2, de la Ley sobre la Resolución de Conflictos de Leyes con Normativas de Otros Países en Determinadas Relaciones, se aplicará la legislación croata.

Última actualización: 20/11/2019

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Divorcio - Italia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

La legislación establece los requisitos legales para el divorcio (véase el apartado 2). El órgano jurisdiccional debe comprobar que se cumplen los requisitos legales para dictar una sentencia de divorcio.

Estas comprobaciones deben realizarse incluso si ambos cónyuges presentan una demanda conjunta de divorcio. El acuerdo de los cónyuges no supone un motivo de divorcio en sí mismo, por lo que en realidad, en Italia no existe un divorcio de mutuo acuerdo como tal: el órgano jurisdiccional debe siempre establecer los hechos que subyacen a la demanda antes de conceder el divorcio.

Si el matrimonio se contrajo con arreglo al Código Civil, el divorcio lo disuelve, y si las partes se casaron por la Iglesia y registraron debidamente el matrimonio en el registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones, el divorcio finaliza los efectos civiles del matrimonio. El fiscal toma parte en el procedimiento.

Fuentes: Ley nº 898 de 1 de diciembre de 1970, modificada por la Ley nº 436 de 1 de agosto de 1978 y por la Ley nº 74 de 6 de marzo de 1987.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Cada cónyuge puede solicitar el divorcio en cualquiera de los siguientes supuestos:

1) cuando, después de que el matrimonio haya tenido lugar, el otro cónyuge sea condenado mediante sentencia firme por un delito especialmente grave, ya fuera cometido antes o después de la boda, en particular:

si es condenado a cadena perpetua o a una pena de prisión de más de 15 años, que puede ser la suma de varias sentencias, por delitos dolosos, a excepción de los delitos políticos o de los delitos cometidos por «motivos de especial relevancia moral y social» (motivi di particolare valore morale e sociale);

si es condenado a una pena privativa de libertad por incesto (artículo 564 del Código Penal) o por delitos sexuales, en virtud de los artículos 609 bis (abusos sexuales), 609 quater, 609 quinquies, o 609 octies (que fueron añadidos por la Ley nº 66 de 1996);

si es condenado a pena privativa de libertad por filicidio, o por intento de asesinato del cónyuge o de un hijo o una hija;

si es condenado a pena privativa de libertad, tras haber sido declarado culpable por dos o más delitos de lesiones graves, incumplimiento de las obligaciones de manutención familiar, malos tratos en el ámbito familiar o de menores, o influencia indebida sobre personas sin capacidad de juicio, excepto cuando el demandante de divorcio también haya sido condenado como cómplice del delito o cuando la pareja haya reanudado la convivencia;

2) en los casos en los que:

el otro cónyuge haya sido absuelto de los delitos de incesto o abusos sexuales mencionados en las letras b) y c) del apartado 1, si el órgano jurisdiccional establece que el demandado no está en condiciones de proseguir o reanudar su convivencia con la familia;

la pareja haya estado legalmente separada, bien de mutuo acuerdo o a solicitud de una de las partes, durante al menos tres años desde su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el proceso de separación;

el proceso penal en relación con uno de los delitos mencionados en las letras b) y c) del apartado 1 se hayan interrumpido porque el delito haya prescrito, pero el órgano jurisdiccional que conoce del divorcio establezca que el delito en sí mismo habría originado igualmente responsabilidad penal;

el proceso penal en relación con el delito de incesto cese por descubrirse que no había responsabilidad penal porque el acto no generó «escándalo público»;

el otro cónyuge, en su condición de ciudadano extranjero, haya obtenido la nulidad o disolución del matrimonio en el extranjero, o se haya casado de nuevo;

el matrimonio no se haya consumado;

uno de los cónyuges se haya cambiado oficialmente de sexo: en este caso, la demanda de divorcio puede ser presentada tanto por la persona que ha cambiado de sexo como por el otro cónyuge.

En resumen, aparte de los supuestos englobados en el «Derecho penal» (que incluyen, además de las condenas por delitos graves, aquellos casos en los que la persona haya sido absuelta argumentando responsabilidad atenuada, los casos en los que el delito haya prescrito y los casos de incesto en los que falte el requerimiento objetivo de responsabilidad penal), los posibles motivos para el divorcio son: la separación judicial, la nulidad, la disolución del matrimonio o un nuevo matrimonio por parte del otro cónyuge en el extranjero, así como que el matrimonio no haya sido consumado o que uno de los cónyuges haya cambiado de sexo.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La concesión del divorcio implica los siguientes aspectos.

En primer lugar, la relación matrimonial queda disuelta: cada parte vuelve a su estado de soltero y es libre de volver a casarse.

La mujer pierde el apellido del marido si lo ha añadido al suyo propio. Sin embargo, previa solicitud, el órgano jurisdiccional puede permitirle mantener el apellido de su marido además del suyo, cuando se demuestre que redunda en beneficio de ella o de sus hijos en asuntos que deban ser protegidos.

El divorcio no rompe los lazos de afinidad, y en particular no excluye el impedimento al matrimonio por afinidad en línea directa (artículo 87, apartado 4, del Código Civil).

Los cónyuges extranjeros no pierden la ciudadanía que adquirieron a través del matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El divorcio disuelve la sociedad de gananciales establecida por Ley (comunione legale, que incluye todas las compras realizadas por los cónyuges conjunta o independientemente durante el matrimonio, aparte de los enseres personales que se enumeran en el artículo 179 del Código Civil), así como cualquier fondo reservado para las necesidades de la familia (fondo patrimoniale). Sin embargo, dicho fondo continúa existiendo hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. El divorcio no tiene efecto alguno sobre el patrimonio común regido por otros acuerdos (comunione ordinaria; por ejemplo, los bienes adquiridos antes del matrimonio pro rata, o adquiridos durante el matrimonio cuando en el momento de casarse se estableció una separación de bienes [separazione dei beni]): la relación respecto del patrimonio común de este tipo puede disolverse a petición de uno de los cónyuges.

Puede concedérsele a un progenitor que viva con un hijo o hija menor el derecho a continuar viviendo en el antiguo domicilio conyugal, siempre que sea beneficioso para el menor permanecer en ese hogar.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El órgano jurisdiccional que concede el divorcio otorgará la custodia compartida de los hijos e hijas menores. Solo se concederá la custodia exclusiva de los menores a uno de los padres en casos excepcionales. El órgano jurisdiccional también establece las reglas sobre el tiempo que debe pasar con ellos el padre o madre que no convive con los hijos e hijas menores. Asimismo, da instrucciones sobre cómo administrar los bienes de los menores y establece la pensión en concepto de alimentos de los hijos e hijas menores que debe abonarse al padre o madre con quien conviven.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Cuando se concede el divorcio, el órgano jurisdiccional, a petición de una de las partes, ordena el pago periódico de alimentos a la parte que no cuenta con medios suficientes o que es incapaz de obtener recursos por razones objetivas. La obligación de pagar alimentos cesa si el receptor vuelve a casarse. Cuando ambas partes estén de acuerdo, la manutención puede abonarse también de una sola vez, mediante la transferencia de los derechos de propiedad sobre un inmueble al cónyuge beneficiario (para más detalles, véase «Obligación de alimentos - Italia»).

Los cónyuges que incumplan el pago de alimentos en caso de separación o tras el divorcio cometen el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (artículo 570 del Código Penal).

Se producen otros efectos. Un cónyuge que se haya divorciado, pero que no se haya vuelto a casar y tenga derecho a alimentos, tiene también derecho a compartir cualquier indemnización que reciba el otro cónyuge. En caso de muerte de un cónyuge anterior, el excónyuge superviviente tiene derecho a recibir cualquier pensión de viudedad, o a compartir tal pensión con cualquier cónyuge posterior, así como a recibir un pago de la herencia del difunto si se encuentra en una situación económica comprometida. La legislación también permite que un cónyuge con derecho a alimentos registre una hipoteca judicial o solicite el embargo de bienes del cónyuge que debe pagar los alimentos.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación judicial significa que la Ley ya no requiere a los cónyuges que vivan juntos. La simple separación de facto no tiene efecto alguno (excepto en las situaciones que hubieran surgido con anterioridad a la Ley de Reforma nº 151 de 1975).

La separación judicial no cancela la relación matrimonial, pero la debilita.

La separación judicial puede realizarse por orden de un órgano jurisdiccional o de mutuo acuerdo.

Fuentes: las reglas sustantivas están recogidas en el Código Civil (artículos 150 y siguientes; para cuestiones relativas a la herencia, véanse los artículos 548 y 585).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La separación judicial requiere que se compruebe que los cónyuges son incapaces de seguir viviendo juntos.

Cuando se cumple esta condición, el órgano jurisdiccional dicta una orden de separación, a petición de uno de los dos cónyuges, incluso si es en contra de la voluntad del otro cónyuge.

En casos excepcionales, el órgano jurisdiccional también puede hacer recaer la responsabilidad de la separación en uno de los cónyuges: esto conlleva implicaciones a la hora de asignar el pago de alimentos durante la separación y tras el divorcio, así como en los derechos de sucesión. El fiscal toma parte en el procedimiento.

La separación judicial de mutuo acuerdo se basa sobre el pacto entre los cónyuges, pero se hace efectiva solo tras su aprobación por un órgano jurisdiccional, que es responsable de asegurar que los acuerdos alcanzados por los cónyuges cumplan con los intereses principales de la familia. En particular, cuando se alcance un acuerdo respecto de la custodia y manutención de los menores que no respete sus intereses, el órgano jurisdiccional convocará de nuevo a las partes y solicitará que se realicen los cambios necesarios. Si las partes no cumplen lo acordado, el órgano jurisdiccional puede rechazar la aprobación de la separación.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Relaciones personales: la separación judicial (por orden de un órgano jurisdiccional o de mutuo acuerdo) anula todos los requisitos relacionados con los distintos tipos de asistencia asociados a la convivencia. También elimina la presunción de paternidad. La mujer no pierde el apellido del marido si lo ha añadido al suyo propio, pero el órgano jurisdiccional, a petición del marido, puede prohibirle a la mujer usarlo cuando esto pudiera perjudicar al marido gravemente. Asimismo, el órgano jurisdiccional puede permitir a la mujer abstenerse de emplear el apellido del marido cuando la perjudique a ella.

Propiedad del patrimonio común: la separación disuelve la sociedad de gananciales establecida por Ley (comunione legale).

Patria potestad: el órgano jurisdiccional que determina las normas de la separación respecto de la custodia de cualquier menor, también establece el importe de la pensión de alimentos que ha de pagar el padre/madre que no conviva con el menor (o, en casos excepcionales de custodia única, el padre/madre a quien no se asigne la custodia). A la hora de decidir a quién corresponde residir en el domicilio familiar, se dará prioridad al padre/madre que viva con el menor (para más detalles, véase «Custodia de los menores y derecho de visitas»).

Obligación de pagar pensión alimenticia: el órgano jurisdiccional, si este lo solicita, otorgará al cónyuge que no sea responsable de la separación el derecho a recibir alimentos del otro cónyuge si no dispone de recursos propios suficientes. Un cónyuge que esté en situación de necesidad sigue teniendo derecho a recibir alimentos, es decir, el pago de una suma periódica necesaria para la subsistencia, incluso si es la persona responsable de la separación (para más detalles, véase «Obligación de alimentos - Italia»).

La revisión automática de los pagos por alimentos con arreglo a la inflación se prevé expresamente para las parejas divorciadas, y la jurisprudencia ha ampliado esta revisión al caso de las parejas separadas.

Las medidas establecidas en el auto relativo a la custodia de los menores y al cálculo de los pagos por alimentos para los menores y para el cónyuge pueden ser objeto de posteriores revisiones. El incumplimiento del pago por alimentos es un delito en virtud del artículo 570 del Código Penal.

Separación con y sin responsabilidad: los cónyuges separados que no sean considerados responsables de la separación, continúan disfrutando de los mismos derechos de sucesión que los cónyuges no separados.

Los cónyuges considerados responsables de la separación solamente tienen derecho a percibir pagos por alimentos a partir de la herencia del cónyuge fallecido, y solo si en el momento en el que tiene lugar el procedimiento sucesorio tenían derecho a pagos por alimentos por parte del cónyuge fallecido (artículos 548 y 585 del Código Civil).

Otros efectos: en caso de incumplimiento, la orden de separación da derecho a registrar una hipoteca judicial y, a petición del titular de ese derecho, el órgano jurisdiccional puede ordenar el embargo de los bienes del cónyuge responsable, o puede dictar una orden de embargo salarial.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Al amparo del artículo 117 y siguientes del Código Civil, un matrimonio puede declararse nulo por darse alguno de los diversos supuestos allí previstos. Es preferible considerar el asunto en términos de invalidez, teniendo en cuenta los motivos que dan lugar a la misma y la legislación aplicable en cada caso.

Un matrimonio es inválido si se encuentra viciado por uno de los defectos previstos en la legislación, pero dicho vicio debe ponerse de manifiesto presentando una acción legal ante un órgano jurisdiccional.

Una acción de nulidad matrimonial no se transmite a los herederos salvo que la sentencia ya se encuentre pendiente. El fiscal toma parte en el procedimiento.

Fuentes: las normas sustantivas se encuentran en los artículos 117–129 bis del Código Civil.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio puede ser considerado inválido por cualquiera de las siguientes razones (artículos 117 y siguientes del Código Civil):

  1. Uno de los cónyuges ya estaba previamente casado: la invalidez es absoluta e imprescriptible; pueden presentar una demanda al respecto uno de los cónyuges, un familiar directo en la línea ascendiente, el fiscal o cualquiera con un interés legítimo.
  2. Impedimentum criminis: han contraído matrimonio dos personas, una de las cuales ha sido condenada por asesinato o por tentativa de asesinato del o de la que era cónyuge de su pareja. La invalidez es absoluta e irremediable, y puede ser denunciada por cualquiera de los cónyuges, por el fiscal o por cualquiera con un interés legítimo al respecto.
  3. Uno de los cónyuges padece un trastorno mental, por lo que no puede contraer matrimonio. El auto que declara tal trastorno mental puede dictarse incluso tras haberse celebrado la boda, siempre que se demuestre que el trastorno existía en el momento de la boda. El matrimonio puede ser impugnado por un tutor legal, por el fiscal o por cualquiera con un interés legítimo.
  4. Uno de los cónyuges no poseía capacidad de juicio (incapacità naturale): el matrimonio puede ser impugnado por uno de los cónyuges que, a pesar de no estar incapacitado oficialmente demuestre no haber estado en su sano juicio en el momento de contraer matrimonio. La demanda no puede presentarse si la pareja ha convivido durante más de un año desde que el demandante recuperase sus facultades mentales.
  5. Uno de los cónyuges era menor de edad; puede presentar una demanda al respecto tanto uno de los cónyuges, como el fiscal o los padres. El derecho del menor a presentar la demanda expira una vez transcurrido un año desde el momento en que alcanzó la mayoría de edad.
  6. Existían lazos de parentesco, afinidad, adopción o filiación: este motivo de invalidez puede alegarlo cualquiera de los cónyuges, el fiscal o cualquiera con un interés legítimo, excepto que haya pasado un año o más desde la boda y se trate de un caso en el que podría haberse buscado una autorización para el matrimonio a pesar de los lazos existentes.
  7. Coacción, miedo o error: el consentimiento se obtuvo mediante coacción, por un gran y excepcional temor a eventos ajenos al control del cónyuge, porque hubo una equivocación respecto de la identidad o porque hubo un error respecto de un requisito previo personal esencial del otro cónyuge, conforme al artículo 122 del Código Civil. La demanda debe presentarla el cónyuge cuyo consentimiento estaba viciado por alguno de los motivos anteriores, salvo que los cónyuges hayan convivido durante un año tras la amenaza de violencia, desde que dejase de existir la causa del temor, o desde que se descubrió el error.
  8. Simulación: cualquiera de los cónyuges puede impugnar el matrimonio cuando este se contrajera habiendo acordado no cumplir las obligaciones o ejercer los derechos que derivan de él. La demanda de nulidad debe presentarse dentro del plazo de un año a partir de la boda. No puede presentarse si los cónyuges han convivido como marido y mujer tras la boda, incluso por un periodo de tiempo corto.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si los cónyuges actuaron de buena fe (es decir, si no eran conscientes del vicio cuando se casaron), el matrimonio se considera válido hasta que sea anulado, y la nulidad es efectiva solo desde el momento en que se declara (principio del «matrimonio putativo» [matrimonio putativo]). Los menores nacidos o concebidos durante el matrimonio se consideran legítimos y, por lo tanto, están amparados por las normas que rigen la separación de parejas con hijos menores.

El órgano jurisdiccional puede requerir también que uno de los cónyuges realice pagos periódicos al otro cónyuge, por un periodo no superior a tres años, cuando el otro cónyuge no tenga medios suficientes y no se haya vuelto a casar.

Cuando solo uno de los cónyuges actuó de buena fe, el matrimonio tiene efectos en beneficio de ese mismo cónyuge y de cualquier hijo menor. Se requiere que el cónyuge que actuó de mala fe pague una indemnización correspondiente a los alimentos durante tres años, y pague también alimentos posteriormente si no existen otras personas con obligación de prestarle alimentos.

Cuando ambos cónyuges actuaran de mala fe, el matrimonio tiene efectos respecto de los hijos menores nacidos o concebidos durante el matrimonio, salvo que la nulidad se produzca porque exista bigamia o incesto. Los hijos menores nacidos dentro de un matrimonio que ha sido anulado por bigamia pueden obtener el estado de hijos naturales mediante el reconocimiento de la paternidad.

Se presupone la buena fe, aunque solo fuera en el momento del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

No existen disposiciones que permitan recurrir a métodos alternativos de resolución de asuntos relativos al divorcio (o la separación). Las partes tienen acceso libre a los servicios de mediación familiar para ayudarles a alcanzar un acuerdo sobre la custodia de los menores.

También pueden realizar acuerdos económicos conjuntos para la manutención de los menores y de cualquiera de los cónyuges.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las normas que rigen los procedimientos de divorcio son también aplicables a la separación judicial, mutatis mutandis. En menor grado se aplican los artículos 706 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El proceso adopta la forma de procedimiento especial de instrucción regido por normas distintas a aquellas que se aplican en los procesos ordinarios, particularmente en la fase preliminar (se trata básicamente de un proceso dual: la fase de conciliación y la fase de instrucción y litigio).

Jurisdicción: el órgano jurisdiccional competente es el órgano jurisdiccional general (tribunale), en su formación colegiada, del último lugar de residencia común de los cónyuges, o de cualquier otro lugar especificado por la legislación (artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cuando el demandado no pueda ser contactado o resida en el extranjero, el órgano jurisdiccional competente será el órgano jurisdiccional general (tribunale) del lugar de residencia o domicilio del demandante, y cuando ambos residan en el extranjero, cualquier órgano jurisdiccional del país podrá conocer del asunto. Cuando el divorcio se produzca de mutuo acuerdo, los cónyuges pueden elegir el lugar de residencia o domicilio de cualquiera de los dos.

Procedimiento: la demanda de separación o divorcio adopta la forma de demanda ante el órgano jurisdiccional (ricorso) que se presenta en la oficina del secretario judicial del órgano jurisdiccional competente. Cualquier documentación acreditativa debe adjuntarse a la demanda, sin perjuicio de que pueda aportarse también durante la audiencia. El demandante es responsable de asegurar que se notifican al otro cónyuge tanto la demanda como la orden del presidente del tribunal, en la que se fija la fecha de la declaración de los cónyuges. Si se recurre sin éxito a la conciliación durante la primera audiencia, el presidente del tribunal dictará medidas provisionales en interés de los cónyuges y de sus hijos, y fijará una fecha para una audiencia posterior ante un órgano jurisdiccional de primera instancia, que revisará el caso de acuerdo con las normas ordinarias relativas a las pruebas.

Divorcio por solicitud conjunta: la solicitud conjunta requiere que los cónyuges estén de acuerdo respecto del divorcio y de las condiciones relativas a sus relaciones económicas y a sus hijos. El procedimiento se simplifica.

Fuentes: Ley nº 898 de 1970 modificada; en caso de separación judicial también son aplicables los artículos 706–711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Es posible obtener asistencia jurídica gratuita (patrocinio a spese dello Stato) y, por lo tanto, tener representación legal sin tener que abonar los honorarios de los abogados y otras tasas judiciales. La asistencia jurídica gratuita también está disponible para los ciudadanos extranjeros que residan legalmente en Italia. Las condiciones que se deben reunir para obtener la asistencia jurídica gratuita pueden encontrarse en la Ley nº 1990/217 y en la ficha sobre asistencia jurídica gratuita. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita deben entregarse ante el colegio de abogados que corresponda (consiglio dell’ordine degli avvocati); véanse las páginas web de los colegios de abogados (por ejemplo, el colegio de abogados de Roma) y del Ministerio de Justicia.

Fuentes: Ley nº 217 de 1990, modificada por la Ley nº 134 de 2001.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Es posible recurrir una sentencia de separación judicial, divorcio o anulación de matrimonio. Las sentencias recurribles en los procesos de divorcio (por ejemplo, las sentencias sobre el estatus de los cónyuges) o en los procesos de separación (por ejemplo, sentencias que dirimen la responsabilidad o los pagos de la manutención) no pueden recurrirse en una fase posterior, es decir, junto con un recurso contra la sentencia definitiva: deben recurrirse dentro de los plazos procesales ordinarios.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En este caso se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003. Este reglamento contempla un procedimiento normalizado en todos los Estados miembros de la UE.

El reconocimiento es automático. Por lo tanto, no es necesario llevar a cabo ningún procedimiento especial para actualizar el registro civil de un Estado miembro tras una sentencia definitiva de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio.

Sin embargo, cualquier parte interesada puede solicitar una declaración a efectos de que la sentencia extranjera debe ser no reconocida o no. Los motivos específicos para no reconocer una sentencia aparecen recogidos en el Reglamento. La acción legal, en forma de recurso ante el órgano jurisdiccional (ricorso), debe presentarse ante un tribunal de apelación (corte di appello) con competencia territorial en el lugar de ejecución de la sentencia, tal y como prevé la legislación interna italiana. El órgano jurisdiccional sentencia sin demora, habiendo o no tomado declaración a la otra parte, y la sentencia se notifica al demandante.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Cada parte puede recurrir la resolución sobre el reconocimiento ante el tribunal de apelación que dictó dicha resolución, dentro del plazo de un mes a partir de su notificación (dos meses si la otra parte reside en otro país). En esta segunda fase debe tomarse declaración a ambas partes, de acuerdo con el principio ordinario contradictorio, y se aplican las normas ordinarias del proceso contencioso.

La sentencia dictada sobre esta alegación puede recurrirse, a su vez, ante el Tribunal Supremo (véanse los anexos al Reglamento).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La separación judicial y el divorcio se rigen por la legislación nacional común a ambos cónyuges en el momento en el que se presenta la demanda de separación o divorcio. En el caso de cónyuges de diferentes nacionalidades, el órgano jurisdiccional tratará de determinar qué legislación es aplicable en función del país en el que la pareja haya pasado el mayor tiempo de su vida matrimonial. El órgano jurisdiccional es libre de ejercer una medida a su discreción respecto de esta cuestión.

Cuando la legislación extranjera aplicable no prevea la separación judicial o el divorcio, será aplicable la legislación italiana (artículo 31 de la Ley nº 218 de 1995), es decir, en tales casos prevalece la lex fori. Debe tenerse en cuenta que la legislación italiana es aplicable con independencia de si el demandante es un ciudadano italiano, y que puede reclamar que se aplique la legislación italiana también un ciudadano no italiano que forme parte de un matrimonio mixto o de un matrimonio entre dos ciudadanos no italianos.

Los cónyuges italianos que hayan presentado la demanda de separación judicial o de divorcio en Italia están sujetos a la legislación italiana, incluso si no residen en Italia. Los cónyuges de nacionalidades diferentes están sujetos a la legislación del país en el que pasaron la mayor parte de su vida matrimonial. No obstante, cuando la legislación del país en cuestión no prevea la separación judicial o el divorcio, el órgano jurisdiccional italiano aplicará la legislación italiana.

Última actualización: 15/10/2018

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Divorcio - Chipre

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Un requisito previo imprescindible para el inicio de un procedimiento de divorcio, cuando el matrimonio ha sido religioso, es el envío de una notificación al obispo de la región en la que reside el o la demandante. La demanda de divorcio puede presentarse una vez que hayan transcurrido tres meses desde el envío de la notificación al obispo correspondiente.  No se exige el envío de esta notificación cuando el motivo del divorcio es desaparición o enfermedad mental.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

  • Adulterio.
  • Conducta inmoral o deshonrosa u otro comportamiento inexcusable repetido que acarree un deterioro grave de la relación conyugal haciéndola insoportable para el demandante.
  • Ataque contra la vida, por ejemplo por abusos físicos.
  • Enfermedad mental durante al menos tres años que haga la convivencia insoportable.
  • Sentencia firme de privación de libertad de más de siete años.
  • Desaparición.
  • Incapacidad sexual en el momento de contraer matrimonio que se prolonga durante seis meses y existe cuando se presenta la demanda.
  • Abandono injustificado durante dos años. Prolongados períodos de ausencia que en total suman más de dos años. Debe haberse enviado una invitación a regresar.
  • Cambio de religión o doctrina, ejercicio de violencia moral o intento de conversión del cónyuge a una secta.
  • Rechazo persistente a tener hijos, contra la voluntad del otro cónyuge.
  • Conmoción grave.
  • Separación durante cinco años.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio conlleva la disolución del matrimonio pero no implica un cambio automático de apellidos. Corresponde a la parte interesada hacer una declaración jurada de su cambio de apellido.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El divorcio no tiene repercusión en los conflictos patrimoniales. Para este asunto debe presentarse una demanda por separado, ya que constituye un procedimiento diferente.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

No hay repercusiones, puesto que el procedimiento de divorcio constituye un procedimiento separado e independiente del relativo a la custodia de los hijos, a menos que el divorcio se concediera por razones relacionadas con un ataque contra la vida de los hijos o abuso físico contra ellos.

El divorcio no tiene consecuencias para las cuestiones relacionadas con los hijos menores de edad de los cónyuges (por ejemplo, pensión alimenticia, tutela o comunicación). Para estas cuestiones debe presentarse demanda por separado.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El divorcio no conlleva automáticamente la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge. Una vez que se haya interrumpido la convivencia deberá presentarse una demanda por separado al respecto.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En el Derecho de familia chipriota no existe el término «separación legal » (legal separation).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

No aplicable.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

No aplicable.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Significa que, desde la fecha en que se publica la decisión de anulación, el matrimonio se declara nulo y sin efectos legales.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

De conformidad con el artículo 17 de la Ley del matrimonio, Ley 104(Ι)/2003, modificada por la Ley 66(Ι)/2009, el matrimonio es nulo si se celebró:

a) antes de que se hubiese disuelto o anulado irrevocablemente cualquier matrimonio anterior de cualquiera de las partes, incluidos el matrimonio religioso y el civil;

b) entre parientes con una relación de consanguinidad directa o colateral hasta el quinto grado;

c) entre parientes políticos en línea directa o colateral hasta el tercer grado;

d) entre un adoptante y un adoptado o sus descendientes;

e) entre un hijo nacido fuera del matrimonio y el padre que lo reconoció o sus parientes consanguíneos.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio que se anula o se declara nulo mediante sentencia judicial irrevocable deja de tener cualquier efecto desde la fecha en que se publica la sentencia.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En la actualidad no existen tales medios. El comisario responsable de la legislación prepara actualmente un proyecto de ley sobre mediación en los litigios familiares.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda para la disolución o anulación del matrimonio debe presentarse en el tribunal de familia del distrito en el que residan las partes o una de ellas. Para su presentación debe utilizarse el formulario 1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Supremo de 1990.  El comprobante del envío por correo certificado de la notificación al obispo, o el acuse de recibo de la carta certificada correspondiente, así como el certificado de matrimonio de las partes, deben adjuntarse como justificantes a la demanda.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Así es. Debe presentarse la solicitud correspondiente en el tribunal de familia competente.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, existe la posibilidad de recurrir una sentencia de divorcio o de anulación de un matrimonio en el tribunal de familia de segunda instancia.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Debe presentarse una demanda ante el tribunal de familia competente de la República de Chipre conforme al Reglamento 44/2001.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

La contestación debe presentarse ante el tribunal de familia en el que se presenta la demanda de reconocimiento y se registra la decisión del otro Estado miembro.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los tribunales de familia de la República de Chipre son competentes para decidir sobre la disolución o anulación de un matrimonio solo en los casos en que las partes hayan residido en Chipre al menos tres meses. El tribunal aplicará el Derecho chipriota.

Última actualización: 13/05/2019

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Divorcio - Letonia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Los casos en que un matrimonio puede disolverse se detallan en las normas de Derecho de familia que forman parte del Derecho civil de Letonia y en el apartado P de la Ley de Notarios. El marco general de la institución del matrimonio se estipula en las normas de Derecho de familia que forma parte del Derecho civil.

En Letonia, el matrimonio solamente puede quedar disuelto por un tribunal o un notario (notārs). Un tribunal puede disolver un matrimonio previa solicitud de uno o de los dos cónyuges. Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Uno de los requisitos previos para un divorcio de este tipo, en consecuencia, es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Si un matrimonio va a ser disuelto por un tribunal, el tribunal debe llegar a la conclusión de que el matrimonio ha fracasado. Se considera que un matrimonio ha fracasado cuando los cónyuges han cesado su vida en común y no se espera que puedan restablecerla.

Uno de los requisitos previos para la disolución por parte de un notario es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no consiguen llegar a un acuerdo, estas cuestiones serán dirimidas por el tribunal junto con la demanda de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Disolución del matrimonio por parte de un notario

Un matrimonio puede disolverse si ha fracasado y los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución, y si un notario recibe una solicitud conjunta firmada por ambos cónyuges. Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la solicitud deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, su sustento, los derechos de visita y el reparto de los bienes comunes.

Disolución del matrimonio por parte de un tribunal

Un matrimonio puede ser disuelto por un tribunal en aquellos casos en que los cónyuges no hayan alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y se cumpla una de las siguientes condiciones:

Los cónyuges han vivido separados durante más de tres años: los cónyuges viven separados, carecen de una vivienda común y uno de ellos se opone claramente a restablecer la convivencia, lo que impide la posibilidad de la convivencia conyugal. Aunque los cónyuges residan en una propiedad compartida, no puede hablarse de hogar común.

Si los cónyuges han vivido separados durante más de tres años, el tribunal puede disolver el matrimonio solamente si:

el motivo del divorcio es la violencia física, sexual, psicológica o económica ejercida por uno de los cónyuges contra el otro cónyuge, que es quien solicita la disolución del matrimonio; o contra un hijo de este o un hijo común de los cónyuges;

uno de los cónyuges da su consentimiento a la demanda del otro cónyuge para la disolución del matrimonio;

uno de los cónyuges ha comenzado a convivir con otra persona, y de esa relación ha nacido o va a nacer un hijo.

Cuando, en las circunstancias indicadas, el tribunal considere que el matrimonio todavía puede ser preservado, el procedimiento de divorcio puede ser pospuesto hasta un máximo de seis meses con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Cuando, antes de haber vivido separados durante tres años, uno de los cónyuges solicita el divorcio por motivos distintos a los indicados anteriormente, el tribunal no puede disolver el matrimonio antes del plazo obligatorio de tres años de separación y deberá posponer el análisis del caso con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Si los cónyuges han vivido separados durante más de tres años, un notario puede disolver el matrimonio solamente si ambos cónyuges acuerdan la disolución del mismo y si han presentado una solicitud de disolución ante el notario de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Notarios.

Un tribunal no puede disolver el matrimonio aunque haya fracasado, en la medida en que, en circunstancias excepcionales, el mantenimiento del matrimonio sea necesario en interés de los hijos menores en común de los cónyuges.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tan pronto como la sentencia que concede el divorcio surte efecto, o en cuanto un notario expide un certificado de divorcio, dejan de existir los derechos y las obligaciones derivados de la relación jurídica entre los cónyuges. El divorcio puede acarrear nuevos derechos y obligaciones a los ex cónyuges. Una vez disuelto el matrimonio, ambas partes pueden celebrar otro matrimonio.

De conformidad con el Derecho civil, un cónyuge que cambió sus apellidos al casarse tiene derecho a utilizar su nombre de casado tras la disolución del matrimonio, o, de manera alternativa, si así lo solicita, un tribunal o un notario le autorizará a utilizar sus apellidos de soltero.

Si el otro cónyuge lo solicita, un tribunal puede prohibir al cónyuge que contribuyó a la ruptura del matrimonio que conserve sus apellidos de casado, siempre que esto no perjudique a los intereses de los hijos.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo previo por escrito sobre el reparto de los bienes comunes y si se adjunta el acuerdo a la solicitud de divorcio.

Cuando un matrimonio es disuelto por un tribunal, los cónyuges pueden acordar un reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no alcanzan un acuerdo, sus reclamaciones serán dirimidas por el tribunal sobre la base del Derecho Civil o las disposiciones del contrato matrimonial. El Derecho Civil contempla dos tipos de relación patrimonial, concretamente relaciones determinadas por la legislación y relaciones determinadas por el contrato matrimonial, que definen el procedimiento para el reparto de los bienes en caso de divorcio.

Cuando las relaciones patrimoniales están determinadas por la legislación, en caso de  reparto de los bienes cada cónyuge tiene derecho a conservar las propiedades que le pertenecían antes del matrimonio, así como cualquier otro bien adquirido durante el matrimonio. Todo lo adquirido durante el matrimonio por los cónyuges de manera conjunta, o por uno de ellos utilizando los recursos de ambos, constituye un bien común de los cónyuges. Se supone que los bienes comunes pertenecen a ambos cónyuges por igual, a menos que uno de ellos pueda justificar y demostrar que deben ser repartidos en una proporción diferente.

Cuando las relaciones patrimoniales estén determinadas por el contrato matrimonial, este contrato puede contemplar una propiedad separada o conjunta de todos los bienes de los cónyuges, por lo que el reparto de los bienes se decidirá de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación para la relación patrimonial contractual correspondiente.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En asuntos de divorcio, las cuestiones derivadas de las relaciones jurídicas en el seno de la familia que se describen anteriormente, y en especial las derivadas de las relaciones jurídicas entre progenitores e hijos, no pueden ser consideradas por separado.

Si el matrimonio es disuelto por un notario, los cónyuges deben ponerse de acuerdo no solamente acerca del divorcio sino también sobre la custodia, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Es necesario presentar un acuerdo escrito previo sobre la custodia de hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos, acompañado por una demanda de divorcio.

Si el matrimonio es disuelto por un tribunal, los cónyuges deben alcanzar un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Si no se ha firmado dicho acuerdo, a menos que las demandas hayan sido ya dirimidas, deberán ser presentadas junto con una solicitud de divorcio; de lo contrario, el tribunal no podrá conceder el divorcio.

Consecuencias del divorcio en relación con la responsabilidad parental

La responsabilidad de cuidar a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos.

Si los progenitores viven por separado, mantienen su responsabilidad común. El cuidado y la supervisión de los hijos debe ser garantizado por el progenitor con el que los hijos residen.

Los progenitores adoptarán decisiones de manera conjunta sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa en el desarrollo de sus hijos. Los litigios entre los progenitores son dirimidos por el tribunal de familia (bāriņtiesa), a menos que la legislación disponga lo contrario.

La custodia conjunta de los progenitores finaliza cuando un acuerdo entre los progenitores o una resolución judicial establece la custodia por separado de unos de los progenitores.

Si el hijo se encuentra bajo custodia por separado de uno de los progenitores, ese progenitor tendrá los derechos y las obligaciones derivados de la custodia. El otro progenitor deberá tener derechos de visita (el derecho a mantener contacto y relaciones privadas con los hijos).

Consecuencias del divorcio en relación con los alimentos de los hijos

La cuestión los alimentos de los hijos debe determinarse durante el procedimientos de divorcio. Los progenitores están obligados a proporcionar los alimentos de los hijos de manera acorde a su capacidad y a sus circunstancias financieras. El padre y la madre tienen el deber de sufragar las necesidades de sus hijos hasta que sean capaces de valerse por sí mismos. La responsabilidad de proporcionar los alimentos a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos. Cuando disuelven su matrimonio, los progenitores pueden acordar mutuamente los alimentos de los hijos, pero si los progenitores no alcanzan un acuerdo ese litigio será dirimido por el tribunal durante el procedimiento de divorcio.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El Derecho Civil estipula que en el momento en que se disuelve un matrimonio, o incluso con posterioridad, un ex cónyuge puede reclamar al otro cónyuge pagos proporcionales a las circunstancias financieras de ese cónyuge con el fin de mantener el nivel de vida anterior del primer cónyuge. El deber de mantener el nivel de vida anterior de un ex cónyuge finaliza cuando:

  • el tiempo transcurrido desde el divorcio o la anulación del matrimonio es el mismo que la duración del matrimonio disuelto, o, en el caso de un matrimonio anulado, la duración de la convivencia;
  • el ex cónyuge contrae matrimonio de nuevo;
  • los ingresos del ex cónyuge garantizan su sustento;
  • el ex cónyuge evita mantenerse a sí mismo con sus propios ingresos;
  • el ex cónyuge al que se exigió mantener al otro ex cónyuge no cuenta con suficientes medios de subsistencia o ha quedado incapacitado para trabajar;
  • el ex cónyuge que debe ser mantenido ha cometido un delito contra el otro ex cónyuge o contra la vida, la salud, la libertad, la propiedad o el honor del otro cónyuge o de uno de los familiares del ex cónyuge en línea ascendente o descendente;
  • el ex cónyuge ha abandonado al otro ex cónyuge en un estado de desamparo cuando le era posible prestar ayuda;
  • el ex cónyuge ha presentado deliberadamente una acusación falsa de delito contra el otro cónyuge o uno de sus familiares en línea ascendente o descendente;
  • el ex cónyuge lleva una vida de excesos o inmoral;
  • el ex cónyuge al que se exigió mantener al otro ex cónyuge fallece o es declarado muerto/a, o bien el otro ex cónyuge fallece o es declarado muerto/a;
  • existen otras razones de peso para dar por terminado este deber.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio puede ser anulado si se contrajo incumpliendo disposiciones legislativas, lo que impide que su celebración fuese legítima.

Tras dictarse la sentencia de anulación del matrimonio, se considera que las personas en cuestión nunca estuvieron casadas; el matrimonio se considera nulo y sin validez en el momento en que la sentencia judicial que declara la nulidad surte efecto.

Hay que señalar que un matrimonio puede ser anulado incluso después de un divorcio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio solamente puede ser anulado en los siguientes casos estipulados por la legislación:

  • el matrimonio no ha sido registrado por un funcionario del registro civil o por una autoridad de las confesiones religiosas enumeradas por el Derecho Civil;
  • el matrimonio se celebró de manera ficticia, sin la intención de crear una familia;
  • el matrimonio se celebró antes de que ambos cónyuges hubieran alcanzado la edad de 18 años, o en determinados casos antes de que uno de los cónyuges hubiera alcanzado la edad de 16 años, momento a partir del cual el matrimonio puede ser válido si es contraído con un adulto y cuenta con la autorización de los progenitores o los tutores; sin embargo, este matrimonio no puede ser anulado si tras el matrimonio se ha concebido un hijo o si ambos cónyuges han alcanzado la edad mínima necesaria en el momento de la sentencia;
  • cuando contrajo matrimonio, uno de los cónyuges se encontraba en unas condiciones que le impedían comprender el significado de sus actos o ser responsable de dichos actos;
  • el matrimonio se celebró entre personas situadas en grados de parentesco prohibidos, en particular, ascendientes o descendientes directos, hermanos y hermanas, o hermanastros y hermanastras;
  • el matrimonio se celebró entre un progenitor adoptivo y un hijo adoptado, excepto cuando hayan concluido las relaciones legales establecidas por la adopción;
  • el matrimonio se celebró entre un tutor y un menor de edad, o entre un administrador fiduciario y la persona a la que administra, antes de la conclusión de las relaciones de custodia o de administración fiduciaria;
  • uno de los cónyuges ya estaba casado.

En todos estos casos, cualquier parte interesada o el fiscal puede presentar una solicitud para obtener la anulación del matrimonio, en cualquier momento y sin limitación alguna. Si el matrimonio ha concluido debido a un fallecimiento o a un divorcio, solamente las personas cuyos derechos están afectados pueden presentar una solicitud de anulación. Si ambos cónyuges han fallecido, no es posible presentar una solicitud para anular su matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Un cónyuge cuyo matrimonio ha sido anulado recuperará su apellido de soltero o soltera. Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges no era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, puede solicitar al tribunal que se le permita conservar su nombre de casado o casada.

Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges era conocedor de que podía ser anulado, el otro cónyuge tiene derecho a reclamar a su ex cónyuge no solamente los medios necesarios para mantener su nivel de vida anterior, sino también una compensación por daños morales.

Cuando un matrimonio es anulado, las circunstancias en que un ex cónyuge es eximido de la obligación de garantizar al otro ex cónyuge su nivel de vida anterior son las mismas que en el caso de un divorcio (véase la pregunta 3.4).

En lo que concierne al reparto de los bienes al producirse la anulación del matrimonio, cada uno de los ex cónyuges tiene derecho a conservar sus bienes premaritales y cualquier bien adquirido durante la convivencia. Los bienes adquiridos de manera conjunta deberán ser repartidos equitativamente entre los ex cónyuges.

Si en el momento de celebrarse el matrimonio ninguno de los cónyuges era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, los bienes serán repartidos de conformidad con las disposiciones del Derecho Civil que rigen el reparto de bienes adquiridos durante un matrimonio legítimo. Si, no obstante, solamente uno de los cónyuges no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado, el procedimiento relativo al reparto de los bienes adquiridos de manera conjunta durante un matrimonio legítimo en caso de divorcio se aplica únicamente al cónyuge que no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En Letonia el matrimonio puede ser disuelto por un notario por medio de una solicitud conjunta de ambos cónyuges. El procedimiento para la disolución del matrimonio por parte de un notario se recoge en el apartado P de la Ley de Notarios. Un notario autorizado disolverá el matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre el divorcio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tengan hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Disolución del matrimonio por parte de un notario

En los casos en que un matrimonio queda disuelto por un notario, no existe una competencia territorial específica: las partes pueden recurrir a cualquier notario del país. No se incluyen aquí los asuntos transfronterizos, cuya competencia se rige por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Si, en virtud de la legislación de la Unión Europea o de otra legislación internacional, un divorcio transfronterizo no compete a las autoridades judiciales letonas, un notario autorizado no podrá iniciar los trámites de divorcio y deberá informar a los cónyuges sobre este hecho.

En los asuntos de divorcio transfronterizos, la legislación aplicable es determinada de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Una demanda de divorcio presentada ante un notario debe indicar lo siguiente:

  • el nombre, los apellidos y el número de identidad personal de cada cónyuge (si uno de ellos no dispone de dicho número, el día, mes y año de nacimiento);
  • el día, mes y año de la boda y el número de inscripción en el registro civil;
  • el país en que se registró el matrimonio y la autoridad, o la confesión y la autoridad religiosa ante la que se fue celebrado;
  • si los cónyuges tienen hijos menores en común y si han llegado a un acuerdo sobre la custodia de los mismos, los derechos de visita y los alimentos;
  • si los cónyuges poseen bienes comunes, y si han alcanzado un acuerdo relativo al reparto de dichos bienes;
  • los apellidos de los cónyuges después del divorcio.

La demanda debe incluir un certificado de matrimonio original, o bien una copia o un extracto expedido por un registro civil, o una declaración de un registro civil.

Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la solicitud deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, su sustento, los derechos de visita y el reparto de los bienes comunes.

Disolución del matrimonio por parte de un tribunal

Una demanda de divorcio o de anulación de matrimonio debe ser presentada ante el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa) que tenga competencia; habitualmente, el tribunal del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto el lugar de residencia de facto del demandado. La demanda puede ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado del demandante, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandante, si:

  • hay hijos menores residiendo con el demandante;
  • el matrimonio que se va a disolver es con una persona que cumple una pena de cárcel;
  • el matrimonio que se va a disolver es con una persona que no tiene un lugar de residencia declarado y cuyo lugar de residencia de facto es desconocido, o que reside en el extranjero.

Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio, separación legal y anulación del matrimonio cuando uno de los cónyuges reside habitualmente en otro Estado miembro, o es ciudadano de otro Estado miembro, se establecen en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el  reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.

Una vez determinado cuál es el Estado miembro apropiado, se aplica el procedimiento civil de dicho Estado.

Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio también se establecen en acuerdos bilaterales internacionales sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas que se han firmado con países no pertenecientes a la UE y que son vinculantes para Letonia.

En aplicación del artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solicitud al tribunal debe indicar lo siguiente:

  • el nombre del tribunal ante el que se presenta la demanda;
  • el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y el lugar de residencia declarado del demandante (si el demandante no ha declarado su lugar de residencia, el lugar de residencia de facto del demandante); en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; el demandante puede indicar asimismo otra dirección para entablar correspondencia con el tribunal;
  • el nombre, los apellidos, el número de identidad personal, el lugar de residencia declarado y cualquier dirección adicional del demandado o de una parte interesada, o en su defecto el lugar de residencia de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; en caso de ser conocido, se debe indicar el número de identidad personal o el número de registro del demandado;
  • el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y la dirección para correspondencia con el tribunal del representante del demandante, si la demanda es interpuesta por un representante, o, en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
  • en una demanda para recuperar dinero, el nombre de la institución de crédito y el número de cuenta en el que se puede realizar el pago, de haberlo;
  • el objeto de la demanda;
  • la cantidad que reclama la demanda, si dicha demanda puede ser evaluada en términos pecuniarios, mostrando el método de cálculo de la cantidad reclamada o en litigio;
  • los hechos sobre los que el demandante fundamenta su demanda, y las pruebas que los corroboran;
  • la ley en que se basa la demanda;
  • las reclamaciones del demandante;
  • una lista de los documentos que se adjuntan;
  • la fecha de redacción de la demanda, así como cualquier otra información que pueda resultar pertinente.

En aplicación del artículo 235.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una demanda de divorcio debe indicar asimismo lo siguiente:

  • desde cuándo han vivido separadas las partes;
  • si el otro cónyuge ha aceptado divorciarse;
  • si las partes han alcanzado un acuerdo relativo a la custodia de los hijos, los procedimientos para ejercer los derechos de visita del otro progenitor, los alimentos y el reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio; o si presentan reclamaciones ante el tribunal sobre estos aspectos.

La demanda debe ir firmada por el demandante o por su representante. En un asunto de divorcio o de anulación, el representante de una parte debe tener autorización específica para tramitar el asunto. La autorización para actuar en un asunto de divorcio o de anulación también incluye cualquier otra demanda relacionada.

Será necesario adjuntar lo siguiente a la demanda:

  • una copia certificada de la demanda, que será enviada al demandado
  • un documento que pruebe que se han pagado la tasa estatal y los otros gastos judiciales de conformidad con el procedimiento y con la cantidad fijada por ley;
  • un documento o documentos que certifiquen las circunstancias en que se basa la demanda (por ejemplo, un certificado de registro matrimonial).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En general, el Estado proporciona justicia gratuita si los medios o el nivel de ingresos de una persona le impiden costearse la protección de sus derechos, o si repentinamente se encuentra en una situación y en una circunstancia financiera que le impide hacerlo (por ejemplo, debido a un desastre natural, a causas de fuerza mayor o a otras circunstancias ajenas a su control), o si la persona depende completamente del Estado o de la autoridad local, lo que objetivamente dificulta que la persona proteja sus derechos. La justicia gratuita se presta de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre justicia gratuita del Estado (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums).

Habitualmente, la justicia gratuita abarca el gasto relacionado con la preparación de los documentos procesales, la consulta jurídica durante los procedimientos, la representación ante el tribunal y la ejecución de una sentencia judicial.

En Letonia también se presta justicia gratuita de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

En primera instancia, un asunto es tramitado por el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa). Una resolución puede ser apelada ante el tribunal regional (apgabaltiesa), pero también es posible interponer un recurso de apelación (kasācija).

Si un matrimonio va a ser disuelto por un notario, es oportuno señalar que no es posible cuestionar la veracidad de los documentos certificados de conformidad con el procedimiento legal. Es posible recurrirlos interponiendo una demanda por separado.

Cualquier queja sobre una actuación incorrecta de un notario autorizado en el desempeño de sus obligaciones, o sobre su negativa a desempeñarlas, debe ser dirigida al tribunal regional a cuya supervisión está sujeto el notario en un plazo de un mes a partir de día en que el notario realizó la acción motivo de queja o se negó a realizar la acción demandada.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las sentencias sobre divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en otro Estado miembro deben ser reconocidas en Letonia en virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Este reglamento estipula que una sentencia dictada en un Estado miembro debe ser reconocida en los otros Estados miembros sin que sean necesarios procedimientos especiales.

Con el fin de garantizar el reconocimiento en Letonia de una sentencia sobre divorcio, separación legal o anulación matrimonial dictada en otro Estado miembro, cualquier parte interesada puede, en observancia de los procedimientos contemplados por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, pedir una resolución para que la sentencia sea reconocida, o para que no sea reconocida, por medio de una petición de reconocimiento (atzīšana) o de reconocimiento y ejecución (atzīšana un izpildīšana) de la sentencia extranjera ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde se va a ejecutar la sentencia, o del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandado.

Una resolución sobre el reconocimiento o el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal extranjero será adoptada por un juez como órgano unipersonal, sobre la base de la solicitud presentada y de los documentos adjuntos, en un plazo de 10 días a partir del día de la presentación de la solicitud, sin citar a las partes. El juez puede negarse a reconocer la sentencia en Letonia con arreglo solamente a uno de los motivos de no reconocimiento enumerados en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Estos motivos permiten denegar el reconocimiento en Letonia a una sentencia dictada en otro Estado miembro, en los siguientes casos:

  • si este reconocimiento es manifiestamente contrario a la política pública de Letonia;
  • si la sentencia fue dictada en rebeldía, si al demandado no se le notificó el documento que iniciaba el procedimiento o un documento equivalente con el tiempo suficiente y de un modo que le permitiera preparar su defensa, a menos que se determine que el demandado ha aceptado la sentencia incondicionalmente;
  • si la sentencia es incompatible con una resolución judicial dictada en Letonia sobre las mismas partes;
  • si la sentencia es incompatible con una resolución judicial anterior dictada en otro Estado miembro o en un tercer Estado entre las mismas partes, siempre que la primera resolución cumpla las condiciones necesarias para su reconocimiento en Letonia.

En aplicación del artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una solicitud de reconocimiento de una sentencia debe indicar

  • el nombre del tribunal ante el que se presenta la solicitud;
  • el nombre, los apellidos y el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) del solicitante, así como una dirección para la correspondencia con el tribunal; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
  • el nombre, los apellidos y el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) del demandado, así como su lugar de residencia declarado, o en su defecto su lugar de residencia de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
  • el asunto de la solicitud y las circunstancias en que se basa la solicitud;
  • la petición del solicitante de que la sentencia dictada por el tribunal extranjero sea reconocida, o reconocida y ejecutada, en parte o en su totalidad;
  • el representante autorizado y su dirección, si se ha designado un representante para tramitar el asunto en Letonia;
  • una lista de los documentos que se adjuntan;
  • la fecha y la hora en que se redactó la solicitud.

En aplicación del artículo 37 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, una solicitud relativa al reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro debe ir acompañada por los siguientes elementos:

  • una copia de la sentencia que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad;
  • si la sentencia se dictó en rebeldía, un documento que establezca que se notificó al demandado el documento que iniciaba el procedimiento (de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio); de manera alternativa, el solicitante puede presentar un documento que indique que el demandado ha aceptado incondicionalmente la sentencia dictada en rebeldía;
  • un certificado expedido por una autoridad competente o un tribunal del Estado miembro de origen de la sentencia, en aplicación del artículo 39 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, existen dos vías para que una parte interesada pueda oponerse al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro relativa al divorcio, la separación legal o la anulación del matrimonio.

En primer lugar, en aplicación del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede solicitar a un tribunal una resolución por la que una sentencia dictada en otro Estado miembro no será reconocida en Letonia.

Por otra parte, el demandado en un asunto relativo al reconocimiento de una sentencia puede impugnar el reconocimiento de la sentencia en Letonia incluso si otra persona ya ha presentado una solicitud de reconocimiento de la sentencia, y cuando sobre la base de dicha solicitud el tribunal de distrito o municipal ya ha reconocido la sentencia. El demandado puede plantear objeciones al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro, impugnando la resolución del tribunal de distrito o municipal que reconoce la sentencia. En aplicación del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la resolución de un tribunal de distrito o municipal por la que se reconoce una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro puede ser impugnada ante un tribunal regional presentando una objeción subsidiaria (blakus sūdzība) contra el tribunal que adoptó la resolución, y enviando la solicitud al tribunal regional correspondiente. El demandado o el solicitante pueden llevar la resolución de un tribunal regional sobre el reconocimiento de una sentencia hasta el Senado del Tribunal Supremo (Augstākās tiesas Senāts) presentando una objeción subsidiaria contra el tribunal que adoptó la resolución y enviando la solicitud al Departamento de Asuntos Civiles del Senado del Tribunal Supremo.

El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia dictada en otro Estado miembro solamente sobre la base de uno de los motivos de no reconocimiento establecidos en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo (véase la pregunta 14).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El procedimiento para determinar el Derecho aplicable se recoge en el El enlace abre una nueva ventanaReglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Reglamento Roma III).

Enlaces

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.tiesas.lv/

http://www.llrx.com/features/latvia.htm El enlace abre una nueva ventanaInglés

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.vvc.gov.lv/

El enlace abre una nueva ventanahttp://www.tm.gov.lv/

Última actualización: 07/02/2019

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Divorcio - Lituania

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El matrimonio puede disolverse por mutuo acuerdo entre los cónyuges siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  1. ha transcurrido al menos un año desde que se celebró el matrimonio,
  2. los cónyuges han firmado un acuerdo de divorcio (reparto de bienes, obligación de alimentos, etc.),
  3. ambos cónyuges tienen plena capacidad jurídica.

En los casos previstos en este artículo, el divorcio se obtiene mediante procedimiento simplificado.

Se puede disolver un matrimonio si ambos cónyuges interponen una demanda ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) de su lugar de residencia, siempre y cuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

  1. los cónyuges han estado separados durante más de un año,
  2. uno de los cónyuges ha sido declarado jurídicamente incapacitado en virtud de una resolución judicial después de la celebración del matrimonio,
  3. el paradero de uno de los cónyuges se reconoce como desconocido por resolución judicial,
  4. uno de los cónyuges cumple condena en prisión durante más de un año por cometer un delito no premeditado.

Divorcio por culpa de uno o ambos cónyuges. Un cónyuge puede interponer una demanda de divorcio si el matrimonio ha fracasado por culpa del otro cónyuge. A un cónyuge se le declara culpable de la ruptura del matrimonio si ha incumplido de manera sustancial sus obligaciones matrimoniales tal y como se especifica en el libro III (Derecho de familia) del Código Civil de Lituania (Civilinis kodeksas), haciendo imposible, como resultado, la vida en común.

Se asume que un matrimonio ha fracasado por culpa del otro cónyuge si este ha sido condenado por un delito premeditado, o ha cometido adulterio, o se muestra violento con el otro cónyuge u otros miembros de la unidad familiar, o ha abandonado la unidad familiar y no se ha hecho cargo de ella durante más de un año.

El demandado en el proceso de divorcio puede negar su culpa y presentar pruebas que demuestren que el demandante es responsable de la ruptura del matrimonio. Una vez examinadas las circunstancias del caso, el tribunal puede declarar a los dos cónyuges culpables de la ruptura del matrimonio. Si el tribunal considera que ambos cónyuges son culpables de la ruptura del matrimonio, los efectos serán los mismos que en el caso de la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El matrimonio termina por fallecimiento de uno de los cónyuges o por ley. Se puede disolver un matrimonio por mutuo acuerdo entre ambos cónyuges, por interposición de demanda de uno de los cónyuges o por culpa de uno de ellos o de ambos.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

El matrimonio se considera disuelto desde el día en que entra en vigor la sentencia de divorcio. Durante los tres días laborales siguientes a la entrada en vigor de la sentencia de divorcio, el tribunal debe enviar una copia de la sentencia a la oficina del registro civil local, que se encarga de hacer la inscripción de divorcio.

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tras el divorcio, los cónyuges podrán mantener su apellido matrimonial, o retomar el apellido que usaban antes de celebrar el matrimonio. Cuando el matrimonio se disuelve por culpa de uno de los cónyuges, el tribunal puede, a instancia del otro cónyuge, prohibir al cónyuge culpable mantener el apellido matrimonial, salvo cuando los cónyuges tienen hijos en común.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El reparto de la propiedad conyugal depende del régimen económico matrimonial, que puede ser establecido por ley o por contrato. En caso de que no exista contrato matrimonial, los bienes conyugales se regirán conforme al régimen económico legal. Los regímenes económicos matrimoniales se rigen por el capítulo VI de la parte III del libro III del Código Civil (Civilinis kodeksas).

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Si la residencia matrimonial es propiedad de uno de los cónyuges, el tribunal puede determinar usufructo y permitir al otro cónyuge permanecer en dicho domicilio si los hijos menores siguen viviendo con él o ella tras el divorcio. El usufructo tiene validez hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Si la residencia matrimonial es alquilada, el tribunal puede trasladar la tenencia al cónyuge con el que los hijos vivirán, o al cónyuge que no está capacitado para trabajar, y puede desahuciar al otro cónyuge si se ha emitido una orden para vivir separados.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al dictar sentencia en un caso de divorcio, el tribunal puede resolver también pagos de alimentos a un ex cónyuge que necesite ayuda, a menos que la obligación de alimentos haya sido resuelta en el acuerdo de divorcio redactado entre los cónyuges. Los cónyuges no tienen derecho a una pensión alimenticia si sus bienes o ingresos son suficientes para su plena manutención. El cónyuge necesita pensión alimenticia si se encarga de criar a un hijo menor del matrimonio, o si no está capacitado para trabajar, bien por edad o por motivos de salud. El cónyuge que no pudo obtener una titulación (acabar los estudios) debido al matrimonio y los intereses comunes de la familia o las necesidades de los hijos, tiene derecho a solicitar al ex cónyuge que sufrague los gastos necesarios para terminar sus estudios o para cursar formación de reconversión profesional.

El cónyuge culpable del divorcio no tiene derecho a pensión alimenticia.

A la hora de conceder la pensión alimenticia y determinar su cuantía, el tribunal debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la necesidad de manutención, los bienes de ambos cónyuges, su estado de salud, edad o capacidad para trabajar, hasta qué punto un cónyuge desempleado es probable que encuentre empleo y otras circunstancias importantes.

Los pagos de la pensión se reducirán, solo se concederán por un tiempo limitado o serán rechazados en cualquiera de las siguientes circunstancias:

  1. el matrimonio duró menos de un año,
  2. el cónyuge que tiene derecho a manutención ha cometido un delito contra el otro cónyuge o sus familiares más próximos,
  3. el cónyuge que tiene derecho a manutención atraviesa dificultades económicas como resultado de su propia conducta ilícita,
  4. el cónyuge que solicita la pensión no contribuyó al crecimiento de los bienes comunes o dañó de forma deliberada los intereses del otro cónyuge o de la familia durante el matrimonio.

El tribunal puede exigir al ex cónyuge el pago de una pensión alimenticia al otro cónyuge, a fin de garantizar que cumplirá su obligación. La pensión se puede abonar a tanto alzado, en pagos mensuales regulares (plazos) o mediante transmisión de bienes.

Si un cónyuge interpone una demanda de divorcio por la incapacidad del otro cónyuge, el cónyuge que inicia el divorcio debe pagar el tratamiento y los cuidados del ex cónyuge incapacitado, a menos que estén cubiertos por las administraciones estatales de seguridad social.

La resolución en materia de alimentos será motivo de pignoración forzada (hipoteca) de los bienes del demandado. Si el ex cónyuge incumple su obligación de pago de alimentos, se podrán usar sus bienes para efectuar los pagos según el procedimiento legal.

En caso de fallecimiento del ex cónyuge que debe pagar la pensión, la obligación se traspasa a sus sucesores en la medida en que los bienes heredados lo permitan, con independencia de la forma de aceptación de los bienes.

Cuando el ex cónyuge que ha recibido la pensión fallece o vuelve a contraer matrimonio, el pago de la pensión alimenticia cesa. En caso de fallecimiento, el derecho a reclamar atrasos o impagos se transfiere a los sucesores del difunto. Si se disuelve el nuevo matrimonio, el ex cónyuge puede solicitar la renovación de los pagos de pensión alimenticia, siempre y cuando esté educando a un hijo o cuidando de un hijo con discapacidad de su anterior matrimonio. En los demás casos, el deber del cónyuge del posterior matrimonio de pagar pensión alimenticia prevalece sobre el deber del ex cónyuge del anterior matrimonio.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Cuando el tribunal dicta sentencia concediendo la separación legal, los cónyuges ya no conviven; no obstante, sus otros derechos y obligaciones no se extinguen. La separación legal puede ser el primer paso hacia el divorcio. Ahora bien, no significa que los cónyuges no pueden volver a convivir. Al contrario que en el caso del divorcio, los cónyuges que están separados no pueden volver a contraer matrimonio, ya que no están divorciados formalmente.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Uno de los cónyuges puede solicitar al tribunal la separación legal en caso de darse determinadas circunstancias, que pueden no depender del otro cónyuge, que revelan que su vida conyugal se ha vuelto intolerable o pudiera de forma sustancial dañar los intereses de los hijos menores, o si los cónyuges no tienen interés en convivir. Los cónyuges pueden solicitar al tribunal la separación legal de forma conjunta si han firmado un acuerdo de separación que resuelva el asunto de la vivienda, la pensión alimenticia y la educación de los hijos menores, el reparto de bienes y la manutención mutua.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación no afecta a los derechos y obligaciones de los cónyuges respecto a los hijos menores; los cónyuges tan solo viven separados. Al dictar una sentencia de separación, el tribunal debe siempre emitir un auto de separación de bienes, a menos que dichos asuntos hayan sido resueltos entre los cónyuges en el contrato matrimonial. Los efectos jurídicos de la separación en cuanto a derechos de propiedad de los cónyuges surten efecto desde el inicio del procedimiento. No obstante, a menos que el cónyuge sea considerado culpable de la separación, puede solicitar al tribunal que haga los efectos jurídicos de la separación relativos a los derechos de propiedad de los cónyuges retroactivos desde la fecha real en que los cónyuges dejaron de convivir. Si uno de los cónyuges separados fallece tras el pronunciamiento de la resolución de separación, el superviviente conserva todos los derechos jurídicos de un cónyuge supérstite, a menos que el juez haya declarado culpable de la separación al cónyuge supérstite. Se aplicará la misma norma en los casos en los que el tribunal otorgue la separación basándose en una solicitud conjunta, a menos que un acuerdo de separación entre los cónyuges disponga lo contrario. No obstante, el cónyuge supérstite no puede heredar la propiedad del cónyuge fallecido.

Al dictar una resolución de separación, el tribunal puede exigir al cónyuge culpable de la separación el pago de pensión alimenticia al otro cónyuge si dicho cónyuge necesita ayuda, a menos que el asunto de la manutención haya sido resuelto en el acuerdo de separación entre los cónyuges.

La separación finaliza si los cónyuges comienzan a convivir de nuevo y su vida en común confirma su intención de vivir juntos de forma permanente. La separación finaliza cuando el tribunal emite una resolución que concede la solicitud conjunta de los cónyuges de terminar la separación y revoca la anterior resolución de separación.

Al reanudar la vida en común, la propiedad de los cónyuges permanece separada hasta que estos celebren un nuevo contrato matrimonial y elijan un nuevo régimen económico matrimonial. El fin de la separación legal produce efectos jurídicos para terceros solo si los cónyuges celebran un nuevo contrato matrimonial y lo inscriben según el procedimiento estipulado en el articulo 3.103 del Código Civil (Civilinis kodeksas).

Si lo cónyuges han estado separados durante más de un año desde la entrada en vigor de la resolución judicial, cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Solo los tribunales pueden anular el matrimonio. El matrimonio declarado nulo por un tribunal es nulo ab initio. Los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio (véase apartado 9) dependen de si los cónyuges, o al menos uno de ellos, actuaron de buena fe al contraer matrimonio. No obstante, en cualquier caso, la ley defiende los derechos de los hijos de un matrimonio que ha sido anulado (se consideran nacidos dentro del matrimonio). Tras la anulación del matrimonio, las partes pueden contraer matrimonio de nuevo o formalizar una unión civil.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El matrimonio puede declararse nulo si no se cumplen los siguientes requisitos a la hora de contraerlo:

Solo se puede contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto.

Un hombre y una mujer deben contraer matrimonio por voluntad propia. Cualquier amenaza, coacción, engaño u otro tipo de ausencia de voluntad propia será motivo de anulación del matrimonio.

Solo pueden contraer matrimonio las personas que, el día en que vayan a contraerlo matrimonio, tengan 18 años o más. A instancia de la persona que quiere contraer matrimonio antes de cumplir 18 años, el tribunal puede reducir la edad de consentimiento por procedimiento simplificado, pero no en más de dos años. El embarazo es una razón de peso para reducir la edad mínima para contraer matrimonio. Si la contrayente está embarazada, el tribunal puede permitir el matrimonio antes de los 16 años de edad.

La persona que ha sido declarada jurídicamente incapacitada por sentencia judicial que ha entrado en vigor no puede contraer matrimonio. Si se tiene conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento judicial en el que uno de los contrayentes ha sido declarado jurídicamente incapacitado, se debe posponer la inscripción del matrimonio hasta la entrada en vigor de la sentencia en ese caso.

La persona que ha contraído matrimonio y no ha obtenido el divorcio según el procedimiento estipulado por ley no podrá contraer matrimonio de nuevo.

El matrimonio entre padres e hijos, padres adoptivos e hijos adoptivos, abuelos y nietos, hermanos y hermanastros, primos, tíos y sobrinas, y tías y sobrinos está prohibido.

También se puede anular un matrimonio simulado. El matrimonio de conveniencia y sin intención de crear una relación familiar legal puede ser anulado a instancia de cualquiera de los cónyuges o de un fiscal público.

Se puede anular el matrimonio si no se contrajo libremente. Un cónyuge puede solicitar la anulación si tiene pruebas de que, en el momento del matrimonio, era incapaz de comprender el significado de sus acciones, o si no tenía control sobre ellas. Un cónyuge puede solicitar la anulación si fue inducido a contraer matrimonio mediante amenazas, coacción o fraude.

Si un cónyuge dio su consentimiento para contraer matrimonio debido a un error sustancial, puede solicitar la anulación del matrimonio. El error es sustancial cuando, al conocer las circunstancias del otro, el contrayente hubiera sido disuadido de contraer matrimonio. El error se considera sustancial si es sobre: i) la salud de la otra parte o una anomalía sexual que hace imposible una vida familiar normal; o ii) un delito grave cometido por la otra parte.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Los hijos del matrimonio anulado a posteriori son considerados nacidos dentro del matrimonio. Si ambos cónyuges actuaron de buena fe, es decir, desconocían y no podían conocer los impedimentos al matrimonio, los efectos jurídicos del matrimonio, incluso si se declara nulo, son los mismos que los de un matrimonio válido, salvo el derecho de sucesión. Deben aportarse pruebas de que los cónyuges actuaron de buena fe ante el tribunal.

Efectos jurídicos de la anulación en la que uno o ambos cónyuges actuaron de mala fe: si solo una de las partes actuó de buena fe, los derechos conferidos por un matrimonio nulo son los de una persona casada. Si ambas partes actuaron de mala fe, el matrimonio nulo no confiere ningún derecho u obligación de personas casadas a ningún cónyuge. Los cónyuges tienen derecho a recuperar su propiedad, incluidos los regalos de la otra parte. Si el cónyuge que actuó de buena fe precisa de pensión alimenticia, tiene derecho a reclamarla al cónyuge que actuó de mala fe por un período máximo de tres años. La cuantía la determinará el tribunal, previa consideración de la situación económica de ambas partes. El tribunal puede exigir el pago de una cuantía a tanto alzado o por mensualidades. Si la situación económica de una de las partes cambia, la parte interesada puede solicitar al tribunal que se incrementen, reduzcan o finalicen los pagos de la pensión alimenticia. Una resolución de pago de pensión al cónyuge que actuó de buena fe finaliza de forma automática si el cónyuge contrae matrimonio de nuevo o tras el periodo de tres años durante el que se debe pagar la pensión alimenticia.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La legislación lituana no prevé alternativas extrajudiciales para resolver asuntos relativos al divorcio; por tanto, solo podrán resolverse ante un tribunal.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda de divorcio de mutuo acuerdo se debe interponer ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) del lugar de residencia de uno de los cónyuges. En la demanda deben constar de manera detallada los motivos del divorcio y la forma en que el demandante cumplirá con sus obligaciones para con el otro cónyuge y los hijos menores y, asimismo, debe contener otros detalles estipulados en el artículo 384 del Código Civil (Civilinio proceso kodeksas).

La demanda de divorcio interpuesta por uno de los cónyuges debe presentarse ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandante.

La demanda de divorcio interpuesta por motivo de culpa de uno de los cónyuges debe presentarse ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandado. Si hay hijos menores viviendo con el demandante, la demanda de divorcio puede interponerse también ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandante.

La solicitud de anulación del matrimonio debe presentarse ante el tribunal del lugar de residencia de los demandados o de uno de los demandados.

Las solicitudes de separación legal las examina el tribunal del lugar de residencia del demandado.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

La ley de la República de Lituania en materia de asistencia jurídica garantizada por el Estado (Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas) rige las disposiciones de la asistencia jurídica gratuita a personas con ingresos bajos. Dicha asistencia jurídica también se ocupa de asuntos de familia.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. Se puede presentar un recurso para apelar una resolución relativa a un divorcio/anulación del matrimonio según las disposiciones generales que rigen los procedimientos de apelación.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Una sentencia en materia de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada en otro Estado miembro es reconocida por la República de Lituania con arreglo al Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. En virtud del Reglamento, las sentencias dictadas en un Estado miembro son reconocidas en otros Estados miembros sin necesidad de seguir procedimientos especiales.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la parte interesada puede oponerse al reconocimiento en la República de Lituania de una resolución en materia de divorcio, separación legal o anulación matrimonial emitida en otro Estado miembro.

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº°2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede interponer una demanda ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) para que una sentencia emitida en otro Estado miembro no sea reconocida en Lituania.

La parte de la que se busca reconocimiento de una sentencia también puede oponerse a su reconocimiento en Lituania en vista del proceso de reconocimiento que ya está en marcha y de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito de reconocer la resolución. En consecuencia, el demandado puede oponerse al reconocimiento de la sentencia en Lituania apelando contra la decisión de reconocimiento del tribunal de distrito. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la decisión del tribunal de distrito de reconocer la sentencia emitida en otro Estado miembro puede recurrirse ante el tribunal regional (apygardos teismas).

El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia emitida por un tribunal de otro Estado miembro basándose en el no reconocimiento estipulado en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La separación legal y el divorcio están sujetos a la legislación del lugar de residencia habitual de los cónyuges. Si los cónyuges carecen de un lugar de residencia habitual, se aplicará la legislación del país en el cual hayan residido en común por última vez, o en su defecto, la legislación del país del tribunal. Si las leyes del país donde ambos cónyuges son ciudadanos no permiten el divorcio o imponen condiciones especiales para el divorcio, este puede obtenerse con arreglo a la legislación de la República de Lituania si uno de los cónyuges es también ciudadano lituano o residente habitual en la República de Lituania.

Última actualización: 21/10/2019

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Divorcio - Luxemburgo

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El Derecho luxemburgués contempla dos formas de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales.

  • Divorcio por consentimiento mutuo

El divorcio por consentimiento mutuo pueden solicitarlo conjuntamente los cónyuges cuando se ponen de acuerdo sobre la ruptura del matrimonio y sus consecuencias.

Si los cónyuges tienen bienes comunes, un notario los debe inventariar y tasar. A continuación, los cónyuges se ponen libremente de acuerdo acerca de sus derechos sobre los bienes en cuestión. Si no hay bienes que inventariar, no se requiere la intervención del notario.

Los cónyuges también deben ponerse de acuerdo sobre su residencia durante el proceso de divorcio, la situación de sus hijos durante y después del proceso, la contribución que deberá hacer cada uno de ellos a la educación y la manutención de los hijos antes y después del divorcio y, por último, sobre el importe de la pensión alimenticia que, llegado el caso, uno de ellos tendrá que pagar al otro durante el proceso y una vez dictada la sentencia de divorcio. Este acuerdo se deberá documentar mediante un escrito («el convenio») que redacte un abogado y remita al tribunal o a un notario. El convenio debe ser ratificado por el tribunal, que comprobará que protege el interés superior del menor y que no lesiona de manera claramente desproporcionada los intereses de uno de los cónyuges. El convenio homologado forma parte integrante de la sentencia de divorcio.

  • Divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales

El divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales puede solicitarlo uno de los cónyuges o, si hay acuerdo sobre el principio del divorcio, pero no sobre sus consecuencias, pueden solicitarlo conjuntamente los dos.

La ruptura irremediable se determina mediante el acuerdo de los cónyuges respecto del principio del divorcio o mediante la demanda de uno de los cónyuges, tras un período de reflexión que no sea superior a tres meses, renovable una vez.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El Derecho luxemburgués contempla dos formas de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La sentencia de divorcio disuelve el matrimonio. Los respectivos deberes, es decir, las obligaciones de fidelidad, socorro y asistencia, cesan.

La legislación luxemburguesa dispone que ningún ciudadano puede usar un nombre o apellido distinto de los que figuran en su partida de nacimiento: las personas que se los hubiesen cambiado deberán recuperarlos. Un cambio de estado civil, por ejemplo por el matrimonio, no conlleva por tanto un cambio de apellido de uno de los esposos. Usar el apellido del cónyuge no es un derecho adquirido. El cónyuge debe dar su consentimiento para el uso de su apellido.

Los jueces luxemburgueses se han pronunciado en alguna ocasión sobre el efecto del divorcio sobre el apellido tomado:

La esposa divorciada solo podrá seguir usando el apellido de su exmarido si cuenta con la autorización, siempre revocable, de este. El derecho del exmarido a oponerse al uso de su apellido es discrecional; tampoco corresponde a los tribunales autorizar a la esposa divorciada, ni siquiera para las necesidades de su actividad profesional, a seguir usando el apellido de su marido durante un tiempo ilimitado en caso de que este se oponga. Los tribunales podrán, no obstante, considerando la notoriedad que la esposa haya logrado en su actividad profesional con el apellido de su marido y con el fin de evitarle un perjuicio económico, concederle un plazo para darse a conocer a su clientela con su propio apellido. – Tribunal, 24 de mayo de 2006, p. 33, 258.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

  • La sentencia de divorcio obliga a la liquidación y el reparto del régimen matrimonial de los cónyuges. Si no se han realizado las capitulaciones matrimoniales, se considerará que los cónyuges están sujetos al régimen de comunidad de bienes reducida a los gananciales. El divorcio disuelve la comunidad. Al repartirse los bienes, pueden distinguirse dos fases principales:
    • En la primera fase, cada uno de los cónyuges recupera los bienes en especie que no hayan entrado en comunidad o, si no los hubiera, los bienes subrogados.
    • En la segunda fase se liquida la masa común, activa y pasiva y se establece en nombre de cada uno de los cónyuges una cuenta de las indemnizaciones y reintegros que la comunidad debe a cada cónyuge y de las que cada cónyuge debe a la comunidad.
  • Cuando un cónyuge sea condenado mediante una sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 y 409 del Código Penal (abusos sexuales, violación, golpes y lesiones voluntarias, homicidio y lesiones corporales voluntarias, asesinato, infanticidio y envenenamiento), cometido durante el matrimonio en contra del otro cónyuge o de un hijo que viva en el mismo hogar, o por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 y 405 del Código Penal en grado de tentativa contra esas mismas personas durante el matrimonio, perderá, previa demanda del otro cónyuge, los beneficios matrimoniales que ese le hubiese concedido. En cambio, la parte inocente conservará los beneficios que le haya concedido su cónyuge, incluso si dichos beneficios debían ser recíprocos y esta condición no se cumple.
  • Cuando un cónyuge haya abandonado o reducido su actividad profesional durante el matrimonio, puede hacer una cotización con carácter retroactivo al régimen general de seguro de pensiones, con arreglo a las condiciones y criterios establecidos por las leyes aplicables en materia civil y de seguridad social. A tal fin, antes de la sentencia de divorcio y siempre que en el momento de la solicitud el cónyuge no haya superado la edad de sesenta y cinco años, este podrá solicitar al tribunal que conozca del divorcio que calcule un «importe de referencia» según la diferencia entre los respectivos ingresos de los cónyuges durante la fase de abandono o reducción de la actividad profesional. Las modalidades para calcular dicho importe se definen en el Reglamento del Gran Ducado, de 11 de septiembre de 2018, relativo al cálculo del importe de referencia y las modalidades de pago y entrega de los importes a que se refiere el artículo 252 del Código Civil. Con miras a la adquisición retroactiva, el cónyuge que haya abandonado o reducido su actividad goza frente al otro cónyuge de un crédito de hasta cincuenta por ciento del importe de referencia, en los límites del activo constituido por los bienes comunes o el indiviso disponible después de la liquidación del pasivo. Un importe equivalente a dicho crédito corre por cuenta del cónyuge acreedor.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Normalmente, el divorcio de los progenitores no incide en las condiciones de ejercicio de la patria potestad, que sigue siendo ejercida conjuntamente por los dos. Ambos deben adoptar conjuntamente cualquier decisión importante relativa a la vida del hijo (manutención, educación, orientación escolar, etc.).

Solo cuando el interés superior del menor así lo exija, el tribunal debe confiar el ejercicio de la patria potestad a uno solo de los progenitores. En ese caso, el progenitor designado para asumirla toma en exclusiva las decisiones que afecten al menor. No obstante, el otro progenitor conserva el derecho a ser informado y a supervisar la manutención y la educación de los hijos. Salvo excepciones por motivos graves, dispone también de un derecho de visita y de alojamiento. Así, en caso de separación de los progenitores, cada uno de ellos deberá mantener relaciones personales con el hijo y respetar su vínculo con el otro progenitor.

En los casos de divorcio, deben seguir contribuyendo conjuntamente a los gastos de manutención y educación del menor, salvo resolución contraria. Esta contribución consistirá en una pensión alimenticia que no cesa automáticamente cuando el hijo alcance la mayoría de edad. Podrá abonarse directamente al hijo mayor de edad y se podrá revisar en función de las necesidades del hijo y de la evolución de los recursos y de las cargas de cada uno de los progenitores.

En cuanto a la residencia del hijo, pueden darse dos supuestos (excepto en el caso excepcional de que el tribunal decida confiar al hijo a un tercero):

  • La residencia del menor es el domicilio de uno de los progenitores. En este caso, se le concederá al otro progenitor un derecho de visita y de alojamiento, salvo cuando lo impidan motivos graves.
  • La residencia se fija de forma alterna en el domicilio de cada uno de los progenitores. En tal caso, el juez comprueba que el régimen de residencia compartida redunda efectivamente en interés del menor. La residencia compartida no exige necesariamente un reparto estrictamente equilibrado del tiempo que resida el menor en el domicilio de cada uno de los progenitores.

Cuando los cónyuges acuerden las modalidades de ejercicio de la patria potestad, el domicilio y la residencia del menor, el derecho de visita y de alojamiento, así como la contribución a la manutención y a la educación del menor, podrán someter dicho acuerdo al juez en el marco del procedimiento de divorcio. El tribunal puede tener en cuenta en su sentencia si considera que el acuerdo protege suficientemente el interés del menor y que el consentimiento de los cónyuges se ha dado libremente.

El divorcio no priva a los hijos de los beneficios que, de no haberse producido este, les hubieran correspondido. A este respecto, están totalmente asimilados a los hijos de progenitores no divorciados.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El tribunal puede imponer a uno de los cónyuges la obligación de pagar al otro una pensión de alimentos. Esta se fijará según las necesidades del cónyuge al que se le paga y dentro de los límites de la capacidad contributiva del otro. En caso de acuerdo de los cónyuges, el juez puede decidir que la pensión se abone en capital, y deberá fijar el importe y las modalidades.

Para determinar las necesidades y la capacidad contributiva, el juez tiene en cuenta los siguientes factores:

1.º La edad y el estado de salud de los cónyuges

2.º La duración del matrimonio

3.º El tiempo dedicado o que tendrán que dedicar a la educación de los hijos

4.º Sus cualificaciones y situación profesional en el mercado laboral

5.º La disponibilidad para nuevos empleos

6.º Sus derechos existentes y previsibles

7.º Su patrimonio, tanto en capital como en ingresos, tras la liquidación del régimen económico matrimonial

La duración de la pensión alimenticia no podrá ser superior a la duración del matrimonio, salvo en

circunstancias excepcionales.

La pensión, salvo cuando se pague en capital, se puede revisar y revocar.

Cuando un cónyuge sea condenado mediante una sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 y 409 del Código Penal (abusos sexuales, violación, golpes y lesiones voluntarias, homicidio y lesiones corporales voluntarias, asesinato, infanticidio y envenenamiento) cometido durante el matrimonio en contra del otro cónyuge o de un hijo que viva en el mismo hogar, o por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 y 405 del Código Penal en grado de tentativa contra las mismas personas durante el matrimonio, perderá, previa demanda del otro cónyuge, cualquier derecho de pensión de alimentos.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal modifica el matrimonio, pero no lo disuelve. Extingue la obligación de convivencia, pero mantiene el deber de fidelidad y el de socorro entre los cónyuges.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las causas de separación legal son las mismas que las del divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal implica siempre la separación de los bienes. Si la separación legal ha durado tres años, ambos cónyuges pueden pedir el divorcio en los tribunales. Si el cónyuge demandado no consiente en que la separación cese inmediatamente, el tribunal dictará sentencia de divorcio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La nulidad del matrimonio es la declaración de la anulación del matrimonio por una resolución judicial. En otras palabras, se considera que el matrimonio no existió nunca.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La nulidad se puede obtener por diferentes causas:

  • Si el matrimonio se contrajo sin el libre consentimiento de los cónyuges, es decir, si hubo coerción o error en relación con las cualidades esenciales de la persona.
  • Si el matrimonio se contrajo sin el consentimiento de los progenitores (o sin la autorización de un juez) cuando uno de los contrayentes no hubiera alcanzado la mayoría de edad en el momento del matrimonio.
  • Si hay bigamia, es decir, si uno de los cónyuges está casado simultáneamente con varias personas.
  • Si los cónyuges tienen cierto grado de parentesco.
  • Si el matrimonio es de conveniencia con el objetivo de obtener una ventaja en materia de residencia.
  • Si no se cumplen los requisitos de forma del matrimonio, es decir, si el matrimonio no se contrajo públicamente o si el funcionario público que lo celebró no estaba capacitado para hacerlo.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio declarado nulo surte efectos (teoría del matrimonio putativo) en:

  • Ambos cónyuges, si al contraerlo obraron de buena fe.
  • El cónyuge que obró de buena fe.
  • Los hijos del matrimonio, aunque ambos progenitores obrasen de mala fe.

Por lo tanto, el matrimonio declarado nulo no surtirá efectos jurídicos en el cónyuge que actúa de mala fe.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En el Gran Ducado el matrimonio solo se puede disolver por resolución judicial, en ningún caso por medios alternativos extrajudiciales o por mediación. En cambio, se puede recurrir a la mediación familiar para cuestiones relacionadas con la liquidación y el reparto de la comunidad de bienes, así como con la propiedad en régimen de proindiviso, las obligaciones de alimentos y de contribución a los gastos del matrimonio, el deber de mantener a los hijos y el ejercicio de la patria potestad.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Instancia de presentación de la demanda

  • La demanda de divorcio o de separación debe presentarse ante el tribunal de distrito bajo cuya jurisdicción los cónyuges tengan su domicilio común o, en su defecto, en el que tenga su domicilio la parte demandada o, en caso de divorcio por consentimiento mutuo, en el que tenga su domicilio una de las partes, siempre que se cumplan las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.
  • La solicitud de nulidad del matrimonio debe presentarse en el tribunal de distrito del lugar en el que se encuentre el domicilio de la familia o, si los progenitores viven separados, el domicilio del progenitor con el que reside de manera habitual el menor en caso de ejercicio en común de la patria potestad, o el domicilio del progenitor que la ejerza solo o, en los demás casos, el domicilio donde resida la parte que no inició el procedimiento. En caso de demanda conjunta, el tribunal de distrito competente es el del domicilio de una de las partes, a elección de estas. Dichas reglas se aplican siempre que se cumplan las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003.

Las demandas las tramita un «juez de familia».

Formalidades y documentos

  • En cuanto al divorcio por consentimiento mutuo, conviene distinguir diversas fases del procedimiento: si existen bienes comunes, un notario deberá hacer un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles y los tasará. Los cónyuges pueden ponerse libremente de acuerdo acerca de sus derechos respectivos sobre dichos bienes. Además, deberán ponerse de acuerdo sobre diversas cuestiones y reflejarlas en un convenio, a saber, su residencia durante el procedimiento, la administración de la persona y los bienes de los hijos, el derecho de visita, la contribución que hará cada uno de ellos a la manutención y la educación de los hijos y la pensión alimenticia que eventualmente uno de ellos tendrá que abonar al otro. Tal convenio deberá ser redactado por un abogado ante un tribunal o un notario.

    A continuación, los cónyuges presentarán una demanda conjunta ante el tribunal en la Secretaría. Para acudir al tribunal no es necesario un abogado.

La demanda deberá contener:

1.º la fecha;

2.º los nombres, apellidos, profesión y domicilios de los cónyuges;

3.º las fechas y lugares de nacimiento de los cónyuges;

4.º cuando proceda, la identidad de los hijos comunes;

5.º el objeto de la demanda;

6.º la exposición sumaria de los hechos y motivos invocados.

Además del citado convenio, los siguientes documentos deberán adjuntarse a la solicitud:

1.º un extracto del acta de matrimonio;

2.º un extracto de las partidas de nacimiento de los cónyuges;

3.º un extracto de las partidas de nacimiento de los hijos comunes;

4.º prueba de la nacionalidad de los cónyuges;

5.º en caso necesario, el convenio de designación de la ley aplicable al divorcio de los cónyuges en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, y según las modalidades previstas en dicho Reglamento. Los cónyuges también podrán designar la ley aplicable al divorcio en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 y según las formas previstas por dicho Reglamento en el convenio de divorcio por consentimiento mutuo;

6.º cualquier otro documento que deseen utilizar los cónyuges.

Cuando los actos y documentos que aporten las partes con la demanda procedan de una autoridad pública extranjera deberán legalizarse en caso necesario.

  • En caso de divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales o separación judicial, es obligatorio utilizar los servicios de un abogado ante el tribunal. El tribunal de distrito será llamado a pronunciarse tras la presentación de un escrito de demanda en la Secretaría.

La demanda deberá contener:

1.º la fecha;

2.º los nombres, apellidos, profesión y domicilio(s) de los cónyuges;

3.º las fechas y lugares de nacimiento de los cónyuges;

4.º cuando proceda, la identidad de los hijos comunes;

5.º el objeto de la demanda;

6.º la exposición sumaria de los hechos y los motivos invocados.

La demanda podrá incluir asimismo las pretensiones relativas a las medidas provisionales referentes a la persona, los bienes y los alimentos de los cónyuges y de los hijos.

Los siguientes documentos deberán adjuntarse a la demanda:

1.º un extracto del acta de matrimonio;

2.º un extracto de las partidas de nacimiento de los cónyuges en lo que respecta al demandante;

3.º un extracto de las actas de nacimiento de los hijos comunes;

4.º prueba de la nacionalidad de los cónyuges en lo que respecta al demandante;

5.º en caso necesario, el convenio de designación de la ley aplicable al divorcio de los cónyuges en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, y según las modalidades previstas en mencionado Reglamento;

6.º cuando proceda, un proyecto que regule los efectos del divorcio sobre n los que existe acuerdo entre los cónyuges;

7.º en su caso, una copia de la resolución condenatoria de un cónyuge por cualquiera de las infracciones contempladas en los puntos 3.2 y 3.4;

8.º cualquier otro documento que deseen utilizar los demandantes.

Cuando los actos y documentos que aporten las partes con la demanda procedan de una autoridad pública extranjera deberán legalizarse en caso necesario.

  • En caso de demanda de nulidad del matrimonio, el tribunal será llamado a pronunciarse mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría. Para acudir al tribunal no es necesario un abogado. La demanda deberá contener:

1.º la fecha;

2.º los nombres, apellidos y domicilios de las partes;

3.º las fechas y lugares de nacimiento de las partes;

4.º el objeto de la demanda;

5.º la exposición sumaria de los hechos y los motivos invocados.

Cuando los actos y documentos que aporten las partes con la demanda procedan de una autoridad pública extranjera deberán legalizarse en caso necesario.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Las personas cuyos ingresos se consideren insuficientes según la legislación luxemburguesa podrán acceder a la asistencia jurídica gratuita. Para ello, deben rellenar un cuestionario que se les facilitará en el Colegio de Abogados de Luxemburgo y remitirlo al Decano del Colegio de Abogados competente en el territorio, que decidirá al respecto.

La asistencia jurídica gratuita cubre todos los gastos relativos a los trámites, los procedimientos o los actos para los que se haya concedido y, en particular, los derechos de timbre y de registro, los gastos de secretaría, los honorarios de los abogados, los derechos y gastos de los agentes judiciales, los gastos y honorarios de los notarios, los gastos y honorarios de los peritos, las tasas de los testigos, los honorarios de los traductores e intérpretes, los gastos de los dictámenes periciales, los gastos de desplazamiento, los derechos y gastos de los trámites de inscripción, hipotecas y embargos, así como los gastos de publicación en la prensa, en su caso.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

En el Gran Ducado se puede interponer recurso contra estas sentencias. El plazo para recurrir es, en principio, de cuarenta días, pero puede ampliarse si el recurrente reside en el extranjero. El órgano jurisdiccional de apelación es el Tribunal Superior de Justicia.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En el Gran Ducado de Luxemburgo, una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea se puede reconocer de pleno derecho, en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. Esto significa que el reconocimiento de la sentencia no requiere ningún procedimiento.

También está prevista la actualización sin procedimientos previos de los datos del registro civil en el Gran Ducado como consecuencia de una sentencia declarada firme y dictada por un tribunal de un país de la Unión Europea. La sentencia de divorcio dictada por el tribunal constará en el margen del acta de matrimonio y las partidas de nacimiento de los cónyuges. Si el matrimonio se celebró en el extranjero, la sentencia del tribunal se deberá transcribir en los registros de estado civil del municipio en el que se haya inscrito el acta de matrimonio, o bien en los de la ciudad de Luxemburgo, y constará además en el margen de las partidas de nacimiento de ambos cónyuges.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

La parte interesada podrá solicitar mediante escrito de demanda al presidente del tribunal de distrito que adopte una resolución de no reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea.

El presidente del tribunal de distrito se pronunciará en un plazo breve, sin que la persona contra la que se haya solicitado el no reconocimiento pueda, en esta fase del procedimiento, formular observaciones. La demanda solo se podrá desestimar por los siguientes motivos:

  • por ser manifiestamente contraria al orden público;
  • por atentar contra los derechos de la defensa;
  • por incompatibilidad con otra sentencia dictada en un litigio conexo.

Ambas partes podrán presentar ante el tribunal de apelación un recurso contra la resolución del presidente del tribunal de distrito. Dicho recurso se examinará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio. La sentencia del tribunal de apelación podrá ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (Cour de Cassation).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El Gran Ducado de Luxemburgo aplica el Reglamento (CE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, aplicable a partir del 21 de junio de 2012 entre Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Estonia (desde el 11 de febrero de 2018), Francia, Grecia (desde el 29 de julio de 2015), Italia, Letonia, Lituania (desde el 22 de mayo de 2014), Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia, que establece que los cónyuges podrán convenir en designar la ley aplicable al proceso de divorcio y de separación judicial, siempre que se trate de una de las siguientes leyes:

  • la ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del convenio;
  • la ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre el convenio;
  • la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento en que se celebre el convenio; o
  • la ley del foro.

En virtud del mismo Reglamento, a falta de elección con arreglo al apartado anterior, el divorcio y la separación estarán sujetos a la ley del Estado:

  • en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
  • en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto;
  • de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
  • de presentación de la demanda.

Cuando el Reglamento (CE) n.º 1259/2010 no sea aplicable, el divorcio y la separación judicial se regularán, en Derecho luxemburgués:

  • por la ley nacional de los cónyuges, cuando tengan la misma nacionalidad;
  • por la ley del domicilio efectivo común, cuando tengan diferentes nacionalidades;
  • por la ley del foro cuando los cónyuges de distinta nacionalidad carezcan de domicilio efectivo común.

Enlaces relacionados

Prospecto: El enlace abre una nueva ventanaLe divorce au Grand-Duché de Luxembourg;

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Última actualización: 28/05/2019

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Divorcio - Hungría

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El tribunal podrá conceder el divorcio a petición de uno o ambos cónyuges si se ha producido una ruptura total e irremediable del matrimonio. Cuando se concede el divorcio, el interés superior de los hijos menores comunes de los cónyuges deberá ser una consideración primordial.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El divorcio puede concederse por motivos de una ruptura total e irremediable del matrimonio. El tribunal practicará las pruebas pertinentes en este sentido y también podrá ordenar la práctica de las pruebas necesarias de oficio. La declaración común y definitiva de intenciones de los cónyuges (su mutuo acuerdo) de divorciarse, libre de influencias indebidas, es indicativa de la ruptura total e irremediable de su matrimonio. Puede determinarse que el matrimonio ha fracasado total e irremediablemente especialmente si los cónyuges ya no viven juntos como pareja y ―en razón del proceso que ha conducido a la separación de la pareja y del tiempo en que han estado viviendo separados— su unión es improbable.

La declaración común y definitiva de intenciones de los cónyuges de divorciarse, libre de influencias indebidas, se considera prueba suficiente de la ruptura del matrimonio. Por tanto, en el caso de que exista dicha declaración común, no es necesario un examen detallado de los motivos anteriormente mencionados conducentes a la separación.

La decisión de los cónyuges puede considerarse definitiva si han llegado a un acuerdo respecto al ejercicio de la responsabilidad parental sobre sus hijos en común, el mantenimiento del contacto entre el progenitor ausente y el hijo, la pensión de alimentos, la utilización del hogar familiar y —si se solicitara— la pensión compensatoria (su acuerdo debe ser aprobado por el tribunal). Si los cónyuges acuerdan ejercer la responsabilidad parental conjuntamente, no tienen que convenir las condiciones de mantenimiento de contacto con el niño. No obstante, tienen que decidir cuál será el lugar de residencia del menor. Como consecuencia, el ámbito de las cuestiones que deben acordar los cónyuges que se divorcian de mutuo acuerdo depende de si optan por ejercer la responsabilidad parental conjuntamente o no.

Cabe destacar que, al contrario que en la legislación precedente, en el Código Civil ya no está previsto un acuerdo entre los cónyuges sobre la división de los bienes gananciales.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

El matrimonio finaliza con el divorcio de los cónyuges. Cuando se obtiene el divorcio, el derecho de custodia y mantenimiento del hijo en común, el contacto entre el progenitor y el menor, la pensión de cualquiera de los cónyuges, la utilización del hogar familiar y, en el caso de responsabilidad parental conjunta, el domicilio del menor, quedarán regulados mediante acuerdo judicial si las partes llegan a un acuerdo —que cumpla los requisitos legales— o, en ausencia de un acuerdo entre los cónyuges, mediante una sentencia judicial. No es necesario que los cónyuges lleguen a un acuerdo sobre la división de los bienes gananciales para que el tribunal dicte el divorcio.

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tras el divorcio o la anulación del matrimonio, los ex cónyuges continuarán utilizando los mismos nombres que utilizaron durante el matrimonio. Si desean que se disponga lo contrario, pueden informar de ello al encargado del registro tras el divorcio o la anulación del matrimonio. No obstante, la ex esposa no podrá utilizar nunca el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada si lo no utilizó durante su matrimonio. A petición del ex marido, el tribunal podrá prohibir a su ex esposa que utilice su nombre de una manera en la que se le pueda identificar, en el caso de que la esposa haya sido condenada a pena de prisión por una infracción penal dolosa. Si la ex esposa se vuelve a casar, ya no podrá utilizar el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada. No podrá recuperar este derecho aun cuando se divorcie de nuevo.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio, los ex cónyuges ya no estarán en posesión de un patrimonio común y cualquiera de ellos podrá solicitar la división de los bienes gananciales. Podrán solicitar compensación por inversiones de activos comunes en sus activos separados o por inversiones de sus activos separados en activos comunes, así como por los costes de mantenimiento y gestión. No se podrá solicitar compensación por gastos si los cónyuges renuncian a sus derechos en relación con los fondos en cuestión. La compensación por activos separados utilizados o completamente utilizados en virtud de la relación matrimonial solo se podrá conceder en casos excepcionales y debidamente justificados. La parte del patrimonio conjunto de los ex cónyuges en el momento del divorcio se les deberá asignar en especie, si es posible. Los activos separados en el momento del divorcio deberán asignarse también en especie. Si, por cualquier razón, no fuera posible o diera lugar a una pérdida significativa del valor de los activos, en caso de conflicto, el tribunal determinará el método de la división. No se podrá solicitar compensación por activos comunes y separados perdidos, si los cónyuges no poseen bienes gananciales en el momento del divorcio y la parte deudora no tiene tampoco activos separados.

En el supuesto de que los bienes gananciales se dividan en razón de un contrato celebrado entre los cónyuges, dicho contrato se considerará válido solamente si está consignado por escrito en un documento público o en un documento privado refrendado por un abogado. Esta disposición no será de aplicación a la división de bienes muebles que formen parte de los bienes gananciales de los cónyuges si dicha división se realizó mediante ejecución.

Si los cónyuges no celebran un contrato sobre la división de activos comunes o el contrato celebrado no regula todas las reclamaciones que puedan surgir del divorcio, se podrá solicitar al tribunal que decida sobre la división de los bienes gananciales y la resolución de las reclamaciones. El tribunal deberá garantizar que no se concede a ninguno de los cónyuges ventajas económicas indebidas cuando se resuelvan las reclamaciones relativas a la propiedad.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Los padres están obligados a compartir con sus hijos menores los recursos disponibles para el mantenimiento de ambos, incluso a expensas de sus propios recursos. Esta norma no es de aplicación si el menor puede cubrir sus necesidades razonables mediante un salario obtenido de un trabajo o de la renta de los activos del menor, o en el caso de que el menor tenga un familiar directo que pueda estar obligado a pagar su manutención. El progenitor que tenga el derecho de custodia proveerá el mantenimiento en especie, mientras que el progenitor ausente lo proveerá principalmente en efectivo (pensión de alimentos).

Si se concede una pensión de alimentos por orden del tribunal, se fijará el importe pagadero como pensión. El tribunal podrá prever en su sentencia que la cantidad de pensión pagadera deba ajustarse automáticamente de acuerdo con el índice de precios al consumo publicado anualmente por la Oficina Central de Estadística de Hungría desde el 1 de enero del siguiente año.

En la medida en que sea posible, los asuntos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental sobre los menores deberán decidirse por común acuerdo entre los padres.

Si los padres no consiguen llegar a un acuerdo sobre estos asuntos, el tribunal concederá los derechos de custodia al progenitor que, según el criterio del tribunal, pueda fomentar mejor el desarrollo físico, mental y moral del menor. Si la entrega del menor a cualquiera de los padres pusiera su interés superior en riesgo, el tribunal podrá conceder el derecho de custodia a una tercera persona, siempre que dicha persona desee ejercerlo.

El menor tiene el derecho de mantener el contacto personal directo con el progenitor ausente. El progenitor ausente tiene el derecho y el deber de mantener una relación personal y un contacto directo con el menor de manera regular (derecho de visita). El progenitor u otra persona que tenga el derecho de custodia no deberá infringir el derecho de visita.

El progenitor que tenga el derecho de custodia y el progenitor ausente deberán cooperar mutuamente —respetando la vida familiar y el derecho a la paz de la otra parte— para garantizar el desarrollo equilibrado del niño. El progenitor que tenga el derecho de custodia deberá facilitar información al progenitor ausente sobre el desarrollo, la salud y los estudios del menor de manera regular y no podrá retener dicha información si el progenitor ausente la solicita.

Los padres que vivan por separado ejercerán sus derechos conjuntamente en relación con las cuestiones esenciales relativas al futuro del menor, aun cuando el derecho de custodia se conceda a uno de ellos en razón de su acuerdo común o de la resolución adoptada por el tribunal, excepto si el tribunal restringe o suprime la responsabilidad parental del progenitor ausente. Las cuestiones esenciales relativas al futuro del menor comprenden el uso o cambio de nombre del hijo menor, el lugar de residencia que sea diferente al lugar de residencia compartido con el progenitor que tenga la custodia, el lugar de estancia en el extranjero, tanto como estancia temporal o residencia permanente, así como la nacionalidad, la educación y la carrera profesional del menor.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Un cónyuge podrá solicitar una pensión compensatoria del otro cónyuge tras la separación legal o, en el caso de divorcio, un ex cónyuge podrá solicitar dicha pensión del otro ex cónyuge si la necesita, sin negligencia por su parte, a menos que el (ex) cónyuge que solicita la pensión no sea digno de ella debido a su conducta durante el matrimonio. El pago de la pensión no deberá poner en peligro de ningún modo el sustento del ex cónyuge obligado a pagar la pensión, ni el de la persona o personas que este último deba mantener conjuntamente con el ex cónyuge que solicite la pensión. La obligación del pago de pensión compensatoria puede tener un plazo concreto si puede suponerse que la parte que solicita dicha pensión ya no la necesitará tras la expiración de dicho plazo.

Si el cónyuge o el ex cónyuge solicita una pensión compensatoria a causa del deterioro de su situación más de cinco años después de la separación legal, dicha solicitud se concederá solo por motivos equitativos y en casos excepcionales. Si los cónyuges viven juntos como pareja durante menos de un año y no tienen hijos comunes nacidos del matrimonio, el ex cónyuge que necesite la pensión tendrá derecho a la misma solo durante un período equivalente a la duración de su vida en común. Por motivos equitativos y en casos excepcionales, el tribunal podrá ordenar el pago de una pensión compensatoria durante un período más largo.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal de los cónyuges determina el final de su vida conyugal. Una vez que este se produzca se podrá, entre otros, solicitar al tribunal la división de los bienes gananciales.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El comienzo y el fin de la vida en común de los cónyuges como pareja y, como consecuencia, del período durante el que tengan un patrimonio común, se determinarán a discreción del tribunal. Al ejercer su potestad discrecional, el tribunal deberá examinar los diversos aspectos de la vida de los cónyuges como pareja casada (la relación sexual, la interdependencia económica, el hogar familiar común, los testimonios de unidad de la pareja, los hijos comunes, los familiares, el cuidado del hijo de cualquiera de los cónyuges, etc.). Por tanto, el tribunal determinará si la vida en común de los cónyuges como pareja casada continúa o ha finalizado mediante un análisis conjunto de todos los factores económicos, familiares, emocionales e intencionales implicados. El hecho de que cualquiera de estos factores o algunos de ellos estén ausentes no significa necesariamente que la vida común de los cónyuges como pareja casada haya finalizado, especialmente si existe una causa objetiva para dicha carencia.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Como resultado de la separación legal, que determina el final de su vida matrimonial en común, los cónyuges son libres de solicitar la división de los bienes gananciales. En este estadio, el matrimonio no ha sido todavía anulado legalmente pero los cónyuges pueden adquirir activos independientemente, excepto bienes comunes ya existentes. En relación con estos últimos, los cónyuges podrán decidir solo conjuntamente, puesto que la presunción de consentimiento ya no prevalece. Si los cónyuges tienen hijos en común, deberán acordar el modo de compartir la responsabilidad parental.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio solo podrá considerarse anulado si ha sido declarado nulo en una sentencia pronunciada por el tribunal en un procedimiento de anulación. El fallo que declare nulo el matrimonio se aplicará a todas las personas implicadas. Las consecuencias legales del matrimonio nulo se estipulan en la legislación.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El matrimonio será nulo si existe todavía un matrimonio anterior o una relación de pareja de hecho registrada de cualquiera de las partes. Además, el matrimonio será nulo si las partes del mismo son parientes en línea directa o hermanos, si cualquiera de las partes es descendiente por nacimiento del hermano de la otra parte, o si cualquiera de las partes ha adoptado a la otra parte. En el caso de que cualquiera de las partes celebrara el matrimonio como persona incapacitada a causa de una declaración de incapacidad, el matrimonio será nulo. También será nulo si, aunque la incapacidad no hubiera sido declarada en relación con la parte en cuestión en el momento del matrimonio, esta se encontrara en cualquier caso en dicha situación de completa incapacidad. El matrimonio será nulo si las partes del mismo no estaban presentes ambas cuando declararon su intención de casarse. Si cualquiera de las partes es un menor, el matrimonio también será nulo. Como excepción, los menores podrán casarse con la aprobación previa de la autoridad encargada de la custodia y de la protección del menor. Esta podrá conceder dicha aprobación solo en casos debidamente justificados y únicamente si el menor en cuestión tiene al menos dieciséis años de edad.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si ambos cónyuges celebraron de buena fe el matrimonio que fue posteriormente anulado, las consecuencias legales del matrimonio en relación con los bienes serán las mismas que en el caso de un matrimonio válido. Cuando se anule el matrimonio, los cónyuges podrán ejecutar sus reclamaciones relativas a la propiedad de acuerdo con las mismas normas que se aplican en el caso del divorcio concedido por el tribunal. Si solo uno de los cónyuges celebró el matrimonio de buena fe, estas normas se aplicarán únicamente a petición suya.

Tras la anulación del matrimonio, los cónyuges mantendrán el nombre que utilizaron durante su matrimonio. Si desean que se disponga lo contrario, pueden informar de ello al encargado del registro tras la anulación. No obstante, la ex esposa no podrá utilizar el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada si no lo utilizó durante el matrimonio.

La anulación del matrimonio no afectará a la presunción de paternidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En los asuntos de anulación del matrimonio y de divorcio los tribunales tienen la competencia exclusiva.

Si se anula un matrimonio o se concede el divorcio, el tribunal deberá decidir sobre la custodia y el mantenimiento de los hijos menores nacidos del matrimonio, incluso en ausencia de cualquier solicitud al respecto, si procede. El tribunal adoptará una resolución sobre las cuestiones secundarias (por ejemplo, la pensión compensatoria, la utilización del hogar familiar, la división de los bienes gananciales) si se presenta una solicitud a tal efecto. En ausencia de solicitud, el tribunal no decidirá sobre estas cuestiones, que podrán resolverse por las partes extrajudicialmente en un contrato.

Antes o durante el procedimiento de divorcio los cónyuges podrán solicitar mediación por iniciativa propia o podrá ser solicitada por el tribunal de oficio con el fin de alcanzar un acuerdo sobre los asuntos en litigio relativos a la relación y a la disolución del matrimonio. El acuerdo negociado por las partes como resultado de la mediación podrá ser incluido en la resolución judicial.

Si fuera necesario, el tribunal podrá obligar a los padres que solicitan el divorcio a que recurran a la mediación en relación con las cuestiones secundarias, para garantizar un acuerdo apropiado en términos de responsabilidad parental y la necesaria cooperación entre las partes.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Con el fin de obtener el divorcio, un cónyuge deberá presentar una demanda de divorcio contra el otro cónyuge. El procedimiento de anulación debe ser incoado por un cónyuge contra el otro, por el fiscal u otra tercera parte con derecho a incoar procedimientos contra ambos cónyuges. Si la parte contra la que incoa el procedimiento ya no está viva, el procedimiento se incoará contra un administrador judicial designado por el tribunal.

El procedimiento se incoará presentando una demanda que incluirá lo siguiente: el tribunal competente; los nombres, lugares de residencia y condición de las partes en el procedimiento y su representante o representantes si los hubiere; el derecho invocado y los hechos completos con las pruebas en las que se fundamente dicho derecho; los detalles a partir de los cuales se pueda determinar el ámbito de la autoridad y la competencia del tribunal; y una petición explícita (solicitud) de fallo por parte del tribunal. La demanda que incoe el procedimiento de divorcio deberá incluir detalles relativos al matrimonio, al nacimiento de cualesquiera hijos vivos nacidos del matrimonio y, si se exige, cualesquiera datos a partir de los cuales pueda determinarse el derecho a interponer una demanda. Como anexos, la demanda también deberá incluir documentos justificativos de los datos anteriores, así como el documento (o su copia o extracto) en el que se describan los hechos a los haga referencia el demandante como prueba y los documentos a partir de los cuales pueda determinarse el ámbito de autoridad y la competencia del tribunal, así como otras circunstancias que deban tenerse en consideración de manera automática, con la excepción de los datos que puedan verificarse con un documento de identidad. En este último caso, esto deberá indicarse en la demanda.

De acuerdo con las normas generales sobre la competencia, el tribunal competente en el procedimiento de divorcio será aquel con competencia en el domicilio del demandado. Si el demandado no tiene su domicilio en Hungría, será competente el tribunal de su lugar de residencia. Si dicho lugar se desconoce o está en el extranjero, será competente el tribunal de su último domicilio en Hungría. Si dicho extremo no puede confirmarse o si el demandado no tuvo domicilio alguno, será competente el tribunal del domicilio del demandante o, en su defecto, el tribunal de su lugar de residencia. Además, el tribunal competente en la zona en la que se ubique el domicilio común de los cónyuges también será competente en el caso. Esto significa que el demandante podrá optar libremente por presentar la demanda tanto ante el tribunal que sea competente de acuerdo con las normas generales sobre la competencia como ante el tribunal competente según el último lugar de residencia común de los cónyuges.

Si no puede designarse competente a ningún tribunal nacional para proceder en el caso de divorcio de acuerdo con las normas anteriores, será competente el Tribunal del distrito central de Pest.

Una vez que se incoa el procedimiento matrimonial ante un tribunal determinado, este tribunal tendrá la competencia exclusiva en cualquier nuevo procedimiento incoado en relación con el mismo matrimonio sobre los derechos de propiedad derivados de la relación matrimonial.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Véase la ficha «Asistencia jurídica gratuita».

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se podrá presentar un recurso contra la resolución. No obstante, no se podrá interponer demanda de revisión judicial o de revisión de una sentencia que anule el matrimonio o conceda el divorcio en cuanto a la propia anulación o al propio divorcio.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, una resolución dictada en un Estado miembro será reconocida automáticamente en los demás Estados miembros; por tanto, como norma general, no es necesario recurrir a ningún procedimiento especial para su reconocimiento. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento, la parte que solicite el reconocimiento deberá presentar los siguientes documentos:

  • una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad;
  • el certificado contemplado en el artículo 39 del Reglamento, expedido por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen conforme al formulario que figura en el anexo I del Reglamento; y
  • además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía del demandado, el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o el traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte en rebeldía o cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha recibido la resolución.

De conformidad con el artículo 38 del Reglamento, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrá dispensar la presentación de los últimos dos documentos si considerase que dispone de suficiente información. Si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente lo exigiera se presentará una traducción de los documentos anexa a los mismos, que los tribunales y las autoridades húngaras puedan, en general, obtener.

De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. En este caso, la parte que solicite el reconocimiento deberá presentar su solicitud, junto con los documentos anteriormente mencionados adjuntos, ante el tribunal competente, que será el tribunal de distrito (járásbíróság) competente en la sede del tribunal regional (törvényszék) del lugar de residencia o en la residencia habitual de la parte contraria en Hungría (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest) o, si la parte contraria no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría, el tribunal de distrito competente en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o residencia habitual en Hungría de la parte que solicite el reconocimiento (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest). Si la parte que solicita el reconocimiento no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría tampoco, la demanda podrá presentarse ante el Tribunal del distrito central de Buda. El órgano jurisdiccional aplicará las disposiciones de los artículos 28 a 36 del Reglamento en el procedimiento, según proceda.

Si el reconocimiento de la sentencia es necesario para la inscripción de una entrada en el registro civil húngaro, de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, del Reglamento, deberá presentarse al encargado del registro la solicitud de reconocimiento junto con los documentos enumerados anteriormente.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el no reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. En este caso, la parte que impugne el reconocimiento deberá adjuntar a su solicitud una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, así como el certificado contemplado en el artículo 39 del Reglamento, expedido por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen conforme al modelo de formulario que figura en el anexo I del Reglamento. El tribunal competente será el tribunal de distrito con competencia en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o de la residencia habitual en Hungría de la parte contraria (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest) o, si la parte contraria no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría, el tribunal de distrito competente en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o residencia habitual en Hungría de la parte que impugne el reconocimiento (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest). Si la parte que impugna el reconocimiento no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría tampoco, la demanda podrá presentarse ante el Tribunal del distrito central de Buda. El órgano jurisdiccional aplicará las disposiciones de los artículos 28 a 36 del Reglamento al procedimiento, según proceda.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la legislación aplicable al divorcio y a la separación judicial es de aplicación en Hungría. Por tanto, en todos los casos con un componente internacional la legislación aplicada por los tribunales de Hungría será la ley especificada en el Reglamento. El Reglamento —sujeto a limitaciones— concede a los cónyuges libertad de elección de la legislación aplicable (artículos 5 a 7) y establece criterios de vinculación para determinar la ley aplicable solo en ausencia de una elección válida por las partes (artículos 8 a 10).

Última actualización: 04/07/2016

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Divorcio - Malta

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Para poder obtener el divorcio en Malta, una pareja casada debe presentar una solicitud conjunta, o uno de los cónyuges debe presentar una solicitud de divorcio del otro cónyuge. En el momento en que comienza el procedimiento de divorcio, los cónyuges deben haber vivido separados por un periodo o periodos que conjuntamente sumen al menos cuatro años a lo largo de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o al menos deben haber pasado cuatro años desde la fecha de la separación judicial. El órgano jurisdiccional debe también considerar que no hay perspectiva razonable de reconciliación de los cónyuges. Otra condición es que los cónyuges y todos sus hijos deben recibir alimentos de forma adecuada cuando proceda, pero las partes pueden renunciar a este derecho a recibir alimentos en cualquier momento. Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes, salvo los efectos que resultan del divorcio, de conformidad con la ley. Debe tenerse en cuenta que no es necesario que los cónyuges hayan estado separados por un acuerdo o mediante una sentencia antes de solicitar el divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La legislación no se refiere a los motivos del divorcio. Sin embargo, ya se ha mencionado en la respuesta relacionada con las condiciones, que en el momento en que comienza el procedimiento de divorcio los cónyuges deben haber vivido separados por un periodo o periodos que conjuntamente sumen al menos cuatro años a lo largo de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o al menos deben haber pasado cuatro años desde la fecha de la separación judicial.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes, salvo los efectos que resultan del divorcio, de conformidad con la ley. La Ley de separación se aplica también respecto de los apellidos y, por tanto, la mujer puede elegir recuperar su nombre de soltera tras la separación, pero esta elección debe hacerse mediante una declaración en la escritura pública de separación y, en el caso de una separación legal, la mujer debe realizar esta declaración a través de un escrito archivado en el expediente del caso antes de la sentencia. Cuando se declara el divorcio, todos los efectos civiles junto con la obligación de las partes de vivir juntas cesan. Asimismo, los derechos sucesorios de los cónyuges también cesan, con efecto a partir de la fecha en la que tiene lugar la sentencia de divorcio en la que se convierte en res iudicata.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes. El artículo 66D, apartado 5, del Código Civil maltés prevé que cuando cese la comunidad de bienes en régimen de gananciales (community of acquests) o en régimen de separación (community of residue under separate administration) las partes tendrán derecho, en cualquier caso y si están de acuerdo, a divorciarse sin liquidar los activos que tengan en común.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Cuando se declara el divorcio, ello no supone ningún cambio en lo que concierne a los derechos y obligaciones parentales respecto de los hijos menores en común, o en lo relativo a cualquier acuerdo alcanzado entre las partes sobre la guardia y custodia de los menores. Sin embargo, una de las partes puede reclamar que la otra parte no es apta para tener la custodia de los menores, y cuando un órgano jurisdiccional realiza una declaración de esta naturaleza la parte declarada como no apta no podrá, en caso de fallecimiento de la otra parte, recuperar la custodia de los hijos menores sin una autorización judicial. Los alimentos a favor de los menores continúan estando vigentes hasta que cumplan los dieciocho años, aunque en el caso de que el hijo continúe estudiando, la obligación de alimentos continuará hasta los 23 años salvo que se acuerde lo contrario.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Un divorcio declarado entre cónyuges separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes. Por lo tanto, la obligación de prestar alimentos no cesa con el divorcio, salvo que las partes decidan lo contrario. El órgano jurisdiccional en la resolución que acepta la solicitud de divorcio puede, a petición de la parte a quien le corresponde recibir los alimentos (para ella misma o para sus hijos) durante la vista, ordenar que el pago de alimentos por la otra parte se garantice a través de una garantía apropiada y razonable, de conformidad con las circunstancias de las partes. El importe de la garantía no podrá superar el de los alimentos durante cinco años. Esta solicitud también puede realizarse en cualquier momento tras la sentencia mencionada anteriormente, cuando exista obligación de prestar alimentos.

Cuando se presente una solicitud de divorcio ante el órgano jurisdiccional civil competente por parte de cualquiera de los cónyuges o por ambos tras haber acordado que su matrimonio debe disolverse, y cuando los cónyuges no estén separados a través de un acuerdo o de una sentencia judicial, antes de autorizar el divorcio, el órgano jurisdiccional citará a las partes para que comparezcan ante un mediador, designado por el propio órgano jurisdiccional o por las partes de mutuo acuerdo. El objetivo será intentar que los cónyuges se reconcilien y, en caso de que no sea posible y de que los cónyuges no hayan acordado todavía las condiciones del divorcio, el mediador intervendrá para que las partes se divorcien sobre la base de un acuerdo. Dicho acuerdo deberá alcanzarse respecto de algunos o todos los elementos siguientes:

  • guardia y custodia de los menores;
  • acceso de ambas partes a los menores;
  • alimentos de los cónyuges o de uno de ellos, y de cada menor;
  • residencia en el hogar matrimonial;
  • reparto de la comunidad de bienes en régimen de gananciales (community of acquests) o en régimen de separación (community of residue under separate administration).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación judicial se refiere a la presentación, por parte de uno de los cónyuges, de la acción legal pertinente contra el otro cónyuge, sobre la cual dicta sentencia el órgano jurisdiccional determinando los derechos y obligaciones de los cónyuges una vez separados legalmente.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las condiciones para otorgar la separación judicial son una o varias de las siguientes:

  • adulterio;
  • actos de violencia doméstica;
  • excesos, crueldad, amenazas o agresión con lesiones graves ejercidos por una de las partes contra el demandante o contra cualquiera de sus hijos/as;
  • imposibilidad de mantener la convivencia conyugal ya que el matrimonio se ha roto irremediablemente;
  • abandono o ruptura de la convivencia conyugal.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

En relación con los alimentos, el cónyuge contra quien se dicta la separación debe proporcionar alimentos a la otra parte y a los hijos hasta que alcancen los dieciocho años, o hasta los veintitrés si continúan estudiando o formándose a tiempo completo. La cantidad que debe proporcionarse a la otra parte y a los hijos se determina teniendo en cuenta todas las circunstancias de los cónyuges y de los hijos, incluidas las siguientes:

  • necesidades de los hijos, tras tomar en consideración todas las circunstancias;
  • cualquier discapacidad, ya sea física o mental;
  • enfermedades cuya gravedad comprometa la habilidad de los cónyuges o de los hijos para mantenerse a sí mismos;
  • si la capacidad de obtener ingresos de la parte a quien se conceden los alimentos se vio menguada porque durante el matrimonio tuvo que ocuparse del hogar familiar, de la otra parte y de la cría de los hijos del matrimonio;
  • todos los ingresos o prestaciones que los cónyuges, o que uno de ellos, reciba/n de conformidad con la ley;
  • las necesidades de alojamiento de los cónyuges y de los hijos;
  • la cantidad que se debería a cada una de las partes en concepto de prestación, incluidas, entre otras, las prestaciones por un plan de pensiones, ya que debido a de la separación una de las partes perderá el derecho o la posibilidad de adquirirla.

El órgano jurisdiccional puede conceder el domicilio conyugal a una de las partes a petición de esta, lo que supondría la exclusión de la otra arte, durante el periodo y bajo las circunstancias que el órgano jurisdiccional considere oportuno. El órgano jurisdiccional puede también ordenar que el domicilio conyugal sea vendido cuando esté pagado y cuando ambas partes y sus hijos tengan un alojamiento apropiado y alternativo. El órgano jurisdiccional también decidirá a quién asigna las ganancias de la venta según considere oportuno y, si el domicilio conyugal pertenece a ambas partes, lo asignará a una parte y esta parte tendrá que compensar a la otra parte por la pérdida económica.

Al dictar la sentencia de separación, el órgano jurisdiccional también debe decidir a cuál de los cónyuges le confía la custodia de los hijos menores, teniendo como máxima prioridad el bienestar de los mismos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede, a petición de una de las partes, solicitar que se declare a la otra parte no apta para tener la custodia de los hijos menores, y cuando un órgano jurisdiccional realiza una declaración de esta naturaleza, la parte declarada como no apta no tendrá derecho en caso de fallecimiento de la otra parte, a recuperar la custodia de los hijos menores sin una autorización judicial.

A la hora de separarse, la mujer puede elegir recuperar su apellido de soltera tras la separación, pero esta elección debe hacerse mediante una declaración en la escritura pública de separación y, en el caso de una separación legal, la mujer debe realizar esta declaración a través de un escrito incorporado al expediente del caso antes de la sentencia.

En todos los casos, los efectos personales de la separación no cesarán con respecto a terceros, hasta el día en que la escritura se registre en el Registro Civil.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio implica que el matrimonio no tiene efecto alguno. Ese matrimonio se declara como nulo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio es nulo si:

  • no se cumplen los requisitos formales para que sea válido según el derecho del país en el que se celebra el matrimonio;
  • el consentimiento de cualquiera de las partes se consigue por medio de la violencia, física o moral, o del miedo;
  • si el consentimiento de cualquiera de las partes no se considera válido por razones de un error en relación con la identidad de la otra parte;
  • si el consentimiento de cualquiera de las partes se obtiene mediante el fraude en relación con alguna cualidad de la otra parte que, debido a su naturaleza, podría entorpecer seriamente la vida matrimonial;
  • si el consentimiento de cualquiera de las partes no se considera válido por causa de una grave falta de discreción de juicio sobre la vida matrimonial o sobre sus derechos y deberes esenciales, o por una patología psíquica grave que haga imposible que esa parte cumpla con las obligaciones esenciales del matrimonio;
  • si cualquiera de las partes es impotente, ya sea absoluta o parcialmente, pero solo si dicha impotencia era anterior al matrimonio;
  • si el consentimiento de cualquiera de las partes se obtiene con vistas a la exclusión positiva del matrimonio en sí, o de uno o varios elementos esenciales de la vida matrimonial o el acto conyugal en sí;
  • si cualquiera de las partes somete su consentimiento a una condición referida al futuro;
  • si cualquiera de las partes, aún teniendo una capacidad cognitiva adecuada, en el momento de contraer matrimonio carecía de las facultades cognitivas o de la capacidad volitiva suficiente para dar el consentimiento matrimonial, incluso como fruto de una razón transitoria;
  • si el matrimonio no ha sido consumado.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Se considerará que los efectos de un matrimonio válido siempre han existido en relación con los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio que se haya declarado nulo, así como en referencia a los hijos nacidos antes de dicho matrimonio y reconocidos antes de la sentencia de nulidad. Si uno de los cónyuges actuó de buena fe, dichos efectos serán aplicables a su favor y a favor de los hijos. Si ambos actuaron de mala fe, los efectos de un matrimonio válido serán aplicables solo a favor de los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio declarado nulo. El cónyuge responsable de la nulidad del matrimonio debe pagar alimentos al otro cónyuge de buena fe por un periodo de cinco años: esta obligación cesará si la parte que actuó de buena fe se casa durante ese periodo.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

No, no existen otras alternativas puesto que solo puede hacerse ante un órgano jurisdiccional.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Una solicitud de divorcio, de separación judicial o de anulación de un matrimonio civil debe presentarse ante el Tribunal Civil (Sección de Familia), mientras que el registro de una nulidad matrimonial otorgada por un Tribunal Eclesiástico en Malta debe presentarse ante el Tribunal de Apelación. La solicitud de divorcio, separación y nulidad de un matrimonio civil debe presentarse bajo juramento. La solicitud debe resolverse en los veinte días siguientes. Los documentos que deben adjuntarse a la solicitud varían en función de lo que se quiera probar. Sin embargo, en el caso del registro de una nulidad declarada por un Tribunal Eclesiástico, debe adjuntarse una copia de la sentencia dictada por el Tribunal Metropolitano de Malta, la sentencia del Tribunal Regional de Segunda Instancia, la sentencia de ejecución y un certificado de matrimonio.

En cualquier momento del procedimiento, salvo cuando el asunto esté visto para sentencia, cada parte en una acción legal de separación puede pedir a través de una solicitud que la demanda de separación realizada se considere como una demanda de divorcio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, puede concederse el beneficio de asistencia jurídica gratuita siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 912 del Código de Organización y Procedimiento Civil.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, es posible recurrir una sentencia de divorcio, de separación judicial o de nulidad. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia para el registro de una nulidad otorgada por el Tribunal Eclesiástico de Malta no puede recurrirse.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Derecho maltés reconoce a todos los efectos una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero en relación con el estatus de una persona casada si la sentencia la dicta el órgano jurisdiccional competente en el país en el que una de las partes del procedimiento tiene su residencia o del que es nacional. Esto se realiza en el Registro Civil de Malta (Evans Building, Merchant’s Street, Valletta VLT 2000).

Además del Derecho maltés, también es de aplicación el Derecho europeo, en particular el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo. El artículo 22 de este Reglamento se refiere a los motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación o nulidad, que son:

«a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución;

c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, o bien

d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.».

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El Tribunal Civil (Sección de Familia) es el órgano jurisdiccional donde debe manifestarse la oposición al reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad. El procedimiento aplicable es el que establece el Capítulo 12 de la Legislación de Malta.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los órganos jurisdiccionales del orden civil tienen competencia para conocer y juzgar las demandas de divorcio solo si se cumple al menos uno de los dos requisitos siguientes:

  • al menos uno de los cónyuges tiene su domicilio en Malta en el momento de presentar la petición de divorcio ante el órgano jurisdiccional civil competente; o
  • al menos uno de los cónyuges tuvo su residencia habitual en Malta durante un periodo de un año con anterioridad inmediata a la presentación de la demanda de divorcio.
Última actualización: 22/03/2017

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Divorcio - Países Bajos

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges (demanda unilateral) o ambos (demanda conjunta) pueden interponer una demanda de divorcio. El procedimiento es el mismo (véase la pregunta 11).

En cualquier caso, las partes deberán estar representadas por un abogado durante el proceso. La demanda de divorcio se resuelve en el tribunal de distrito (rechtbank) del lugar de residencia del demandante o donde resida uno de los demandantes. Se puede interponer una demanda de divorcio en cualquier momento desde la celebración del matrimonio; las partes no tienen la obligación de haber estado casadas por un periodo determinado de tiempo. El divorcio se hace efectivo con la inscripción de la resolución judicial en el Registro Civil (burgerlijke stand). La inscripción solo puede efectuarse cuando la resolución de divorcio es firme (y ha adquirido fuerza de cosa juzgada). El divorcio debe inscribirse en el registro en el plazo de seis meses desde que adquiere fuerza de cosa juzgada, de lo contrario la sentencia pierde su efecto y no podrá inscribirse en el registro. Si el matrimonio se celebra en el extranjero y el acta matrimonial no se ha inscrito en un registro civil de los Países Bajos, la sentencia de divorcio neerlandesa se inscribirá en el Registro Civil especial de la localidad de La Haya.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Según el Derecho de los Países Bajos, la única causa por la que puede concederse el divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. Un matrimonio se considera deteriorado de forma irreparable si la convivencia entre los cónyuges es insostenible y no hay posibilidad de retomar las relaciones conyugales de forma adecuada. Si la demanda la interpone solo uno de los cónyuges, el demandante debe declarar que el matrimonio se ha deteriorado de forma irreparable y, si el otro cónyuge lo niega, deberá presentar pruebas. El tribunal determinará si la ruptura del matrimonio es irreparable. Si se trata de una demanda conjunta, la sentencia de divorcio será otorgada basándose en el hecho de que ambos cónyuges creen que su matrimonio se ha deteriorado de forma irreparable.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio puede tener consecuencias en el uso de los apellidos del ex cónyuge. Una vez el divorcio es definitivo, el ex cónyuge puede volver a contraer matrimonio o formalizar una unión civil.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Régimen legal (comunidad de bienes)

Los Países Bajos tienen un régimen bastante peculiar en cuestiones de ingresos y bienes matrimoniales. El sistema ordinario previsto por la ley es la comunidad de bienes (algehele gemeenschap van goederen). En teoría, toda la propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges antes o durante el transcurso del matrimonio forma parte de la comunidad de bienes. Los bienes de ambos cónyuges se ponen en común. En teoría, todas las deudas contraídas antes o durante el matrimonio son responsabilidad conjunta, con independencia del cónyuge que las haya contraído. Un acreedor puede recuperar la deuda de la comunidad de bienes matrimonial. Esta se disuelve en el momento del divorcio, es decir, cuando la sentencia de divorcio es inscrita en el Registro Civil. En ese momento, los bienes dejan de ser comunes, y la comunidad de bienes debe repartirse. Se debe establecer qué cónyuge tiene derecho a los bienes comunes. La norma general es que cada cónyuge tiene derecho a la mitad de dichos bienes. Los cónyuges pueden decidir apartarse de esta norma y alcanzar otros acuerdos, bien en un acuerdo de divorcio (echtscheidingsconvenant) o en el momento del reparto de bienes (verdeling).

Capitulaciones matrimoniales

Los contrayentes pueden optar por un régimen distinto al previsto por la ley si llegan a un acuerdo antes o (en raras ocasiones) después de la celebración del matrimonio. Dichos acuerdos también establecen las normas para el reparto de bienes en caso de divorcio.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Custodia

Tras el divorcio, ambos progenitores continúan disfrutando de la custodia compartida de los hijos, tal y como hacían durante el matrimonio. Se puede solicitar al tribunal la concesión de la patria potestad a un progenitor solo en casos excepcionales. Ambos progenitores pueden solicitar la patria potestad exclusiva. Si un progenitor no obtiene la patria potestad tiene derecho a visitar a los hijos. Cualquier progenitor o ambos pueden solicitar al tribunal que determine las normas que rijan el derecho de visitas.

Obligación de alimentos para los hijos

Si los progenitores siguen ejerciendo la custodia compartida tras el divorcio, la intención es que alcancen un acuerdo sobre cómo compartir la carga económica de educar a los hijos. Además, pueden solicitar al tribunal que registre lo que han acordado. Si no consiguen llegar a un acuerdo, el tribunal puede determinar la cantidad a pagar en concepto de pensión alimenticia. Si se otorga la custodia exclusiva a uno de los progenitores, éste podrá solicitar al tribunal que establezca en qué medida el otro progenitor deberá contribuir a los gastos diarios de los hijos. Como norma general, se espera que los padres organicen los pagos entre ellos. Para mas información al respecto, consúltese el sitio web de la Agencia Nacional de cobro de pensiones alimenticias (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (El enlace abre una nueva ventanahttp://www.lbio.nl/).

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

La obligación de alimentos con respecto al otro cónyuge persiste tras la disolución del matrimonio. Si los ingresos de un ex cónyuge no son suficientes para sufragar sus gastos, o no puede obtenerlos de forma razonable, puede solicitar al tribunal una resolución para que el otro ex cónyuge le pague una pensión alimenticia para cubrir sus gastos. El tribunal puede resolver la cuestión en una sentencia de divorcio o en una sentencia posterior. A la hora de calcular los pagos de la pensión, el tribunal tendrá en cuenta las necesidades del cónyuge que percibirá el pago y los recursos económicos del otro cónyuge. También se considerarán factores no económicos, tales como la duración del matrimonio o de la convivencia entre los cónyuges. Si el tribunal no fija un límite en la duración del pago de la pensión, el deber de pagar cesará en doce años. En aquellos casos en los que el cónyuge que precisa de pensión alimenticia atraviese dificultades económicas, podrá solicitar al tribunal una prórroga de este plazo. En teoría, si un matrimonio ha durado poco (menos de cinco años) y no produjo descendencia, el periodo de tiempo de obligación de alimentos no excederá la duración del matrimonio. Si los cónyuges o ex cónyuges alcanzan un acuerdo sobre los pagos de la pensión, pueden incluir dicho acuerdo en el acuerdo de divorcio.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal (scheiding van tafel en bed: separación de mesa y lecho) es un medio legal por el cual los cónyuges cesan la convivencia sin disolver realmente el matrimonio. La separación legal interesa a aquellos cónyuges que desean separarse y abordar los efectos jurídicos de hacerlo, pero que prefieren continuar casados, quizá por motivos religiosos o económicos. La separación legal deja la vía abierta a la reconciliación, pero también puede ser el primer paso hacia la disolución del matrimonio. La separación legal entra en vigor a partir de la inscripción de la sentencia judicial en el Registro de la Propiedad. Como en el caso del divorcio, deberá hacerse en un plazo de seis meses.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El único motivo para la separación legal es la ruptura irreparable del matrimonio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Las consecuencias de una separación legal para los bienes matrimoniales, la responsabilidad parental (régimen de visitas), la obligación de alimentos y las pensiones son las mismas que en el caso del divorcio. El matrimonio sigue existiendo. La ley estipula que los cónyuges que son parte de una separación legal no heredan la propiedad del otro en caso de defunción. Si, tras la separación legal, los cónyuges decidiesen que desean separarse totalmente, pueden interponer una demanda de divorcio. Las partes de una separación legal pueden vivir con la nueva pareja y rehacer su vida, pero no pueden contraer matrimonio de nuevo ni formalizar una unión de hecho.

Si tras la separación legal se interpone una demanda de divorcio de forma unilateral, se aplicarán ciertas restricciones. Las demandas unilaterales están sujetas a un periodo de espera de tres años. El tribunal puede reducir el periodo a un año en algunos casos. El periodo de tres años comienza a partir de la fecha de inscripción de la separación legal en el registro. Si se interpone una demanda de divorcio de forma conjunta tras una separación legal, no existe ningún periodo de espera. La disolución del matrimonio se hace efectiva con la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El matrimonio solo puede anularse mediante resolución judicial. El proceso de anulación debe comenzar con la interposición de una demanda. Por lo tanto, un matrimonio contraído por las partes nunca es nulo de pleno derecho de manera automática; de hecho, el matrimonio sigue siendo válido hasta su anulación. La ley prescribe los motivos para la anulación y las personas que pueden solicitarla.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La ley establece los siguientes motivos para la demanda de anulación: las partes contrajeron matrimonio a pesar de la existencia de:

  • impedimentos al matrimonio (requisitos de edad mínima, falta de consentimiento de un menor, bigamia, grado de parentesco prohibido),
  • amenaza o error,
  • matrimonio simulado,
  • trastorno mental de uno de los cónyuges,
  • falta de competencia del funcionario del registro,
  • falta de testigos.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La anulación tiene efecto retroactivo y se aplica desde el momento de la celebración del matrimonio. Esto significa que después de la anulación por resolución judicial se considera que el matrimonio nunca existió. Se hará una excepción en determinadas circunstancias, en cuyo caso la anulación tiene los mismos efectos que el divorcio. Por ejemplo, los hijos nacidos en un matrimonio anulado siguen manteniendo relaciones jurídicas con ambos progenitores. Otra excepción hace referencia al matrimonio putativo, es decir, cuando un cónyuge desconocía que el matrimonio era defectuoso. Véanse también las condiciones para la anulación del matrimonio en la pregunta 8. Un cónyuge de buena fe puede, por ejemplo, solicitar al otro cónyuge el pago de pensión alimenticia.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La mediación es común en casos de divorcio en los Países Bajos. Con la ayuda de un mediador y, cuando sea necesario, de sus abogados, los cónyuges pueden intentar alcanzar un acuerdo relativo al divorcio y sus efectos. Este acuerdo se recogerá por escrito en un acuerdo de divorcio (echtscheidingsconvenant). Este puede abordar asuntos tales como el reparto de bienes, las obligaciones de alimentos entre cónyuges y un plan de cuidado de los hijos. El tribunal puede incluir el acuerdo que se redacte durante el proceso de mediación en su sentencia.

Existe la Asociación de abogados especializados en Derecho de familia y de mediadores del divorcio (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars), cuyos miembros son especialistas en campos como el divorcio y el pago de alimentos. Además, son especialistas en mediación de divorcios y todo aquello que conlleva. Se puede encontrar información adicional en: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.vas-scheidingsbemiddeling.nl/.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Demanda

El proceso de divorcio siempre se inicia con una demanda ante el tribunal (verzoekschrift). Esta demanda debe incluir los apellidos, nombres y dirección o lugar de residencia de los cónyuges. Si existen hijos menores afectados por el divorcio, los mismos datos deberán ser incluidos. El demandante puede solicitar medidas de compensación secundarias (nevenvoorzieningen). La demanda está relacionada con el divorcio. El tribunal puede conceder medidas de compensación secundarias en los siguientes casos, entre otros:

  • la responsabilidad parental respecto de los menores y el derecho de visita,
  • la obligación de alimentos respecto de un ex cónyuge o los hijos,
  • el reparto de bienes conyugales o la imposición del régimen acordado en capitulaciones matrimoniales,
  • el uso de la residencia conyugal,
  • la compensación de pensiones.

El abogado del demandante (advocaat) deberá interponer la demanda ante el tribunal de distrito (rechtbank). Si el demandante reside en los Países Bajos, la demanda se puede interponer ante el tribunal de distrito donde reside el demandante. Si el demandante no reside en los Países Bajos pero el otro cónyuge sí, la demanda deberá interponerse ante el tribunal de distrito donde reside el otro cónyuge. Si ambos cónyuges residen fuera de los Países Bajos, la demanda deberá interponerse ante el tribunal de distrito de La Haya.

Documentos que deben presentarse:

  • extractos originales (emitidos en los últimos tres meses) del Registro Civil sobre ambos cónyuges, indicando nacionalidad, estado civil y, en el caso de ciudadanos no neerlandeses, la fecha de entrada a los Países Bajos; si uno de los cónyuges es ciudadano neerlandés y el otro no, la fecha de asentamiento en los Países Bajos deberá especificarse,
  • extractos originales de las inscripciones de nacimientos (emitidos en los últimos tres meses) de los hijos menores,
  • extracto original del acta matrimonial (que puede obtenerse en el ayuntamiento del lugar de celebración del matrimonio, y que deberá haber sido emitido en los últimos tres meses); si el matrimonio se celebró en el extranjero, el acta de matrimonio original o un extracto anterior serán suficientes,
  • si existen hijos menores, un plan de cuidados que especifique los acuerdos entre los progenitores relativos a sus hijos y contemple el cuidado diario de los niños, su educación, participación en eventos deportivos, atención médica, vacaciones, días festivos, finanzas y otros asuntos prácticos (recogida y transporte).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Si el demandante no puede sufragar los costes de un abogado o mediador, puede recibir asistencia jurídica gratuita, sujeta a determinadas condiciones. La Junta de asistencia jurídica (Raad voor de rechtsbijstand) ofrece asistencia jurídica solo a través de mediadores registrados con la Junta. Se puede obtener información adicional sobre los requisitos de elegibilidad en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rvr.org/.

El derecho a la asistencia jurídica también se aplica en disputas transfronterizas si el demandante reside fuera de los Países Bajos pero en la Unión Europea, en virtud de la Directiva europea en materia de asistencia jurídica transfronteriza (DO L 26 de 31.1.2003). Se puede presentar una solicitud de asistencia jurídica a la Junta de asistencia jurídica de La Haya mediante un formulario estándar establecido en la citada Directiva, que es idéntico en todos los Estados miembros. En caso necesario, la Junta de asistencia jurídica puede ayudar a los demandantes a elegir un abogado. Se puede encontrar información adicional en: El enlace abre una nueva ventanahttp://www.rvr.org/.

En determinados casos, y si existe un tratado, el demandante que reside fuera de la Unión Europea puede obtener asistencia jurídica en los Países Bajos. En este sentido, los siguientes tratados son pertinentes: el Convenio de La Haya sobre procedimiento civil (1954), el Acuerdo europeo sobre transmisión de solicitudes de asistencia jurídica (1977) y la Convención de La Haya sobre acceso internacional a la justicia (1980). Estos tratados incluyen una disposición que estipula que los ciudadanos de los Estados firmantes pueden acceder a la asistencia jurídica de otros Estados firmantes, bajo las mismas condiciones que los ciudadanos de esos Estados. Cuando se dan tales casos en los Países Bajos, una declaración de falta de recursos económicos (verklaring van onvermogen) debe solicitarse a la autoridad competente en el lugar de residencia habitual del demandante. La solicitud de asistencia jurídica y la declaración de recursos insuficientes las enviará tal autoridad a las autoridades competentes del país donde se conceda la asistencia jurídica. Estas últimas evaluarán si el demandante tiene derecho a asistencia jurídica.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, se puede presentar un recurso en el registro del tribunal de apelación (gerechtshof) durante los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de divorcio. La sentencia del tribunal de apelación, por norma general, puede recurrirse de derecho en el Tribunal Supremo (Hoge Raad der Nederlanden). Las partes litigantes también precisan de representación legal en estos procesos.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El 1 de marzo de 2005 entró en vigor en los Estados miembros el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, conocido como Reglamento Bruselas II bis (o el Reglamento Bruselas II). El Reglamento Bruselas II bis es de aplicación en divorcios, separaciones y anulación de matrimonio. En virtud de este Reglamento, las resoluciones de divorcio dictadas en un Estado miembro (salvo Dinamarca) serán reconocidas en los Países Bajos sin necesidad de recurrir a un procedimiento especial (artículo 21, apartado 1). Del mismo modo, no hay necesidad de recurrir a procedimientos especiales para actualizar los registros de estado civil, por ejemplo, cuando debe añadirse una anotación a un acta de matrimonio.

Cualquier parte interesada puede iniciar procedimientos legales para determinar si es necesario reconocer o no una sentencia de divorcio emitida en otro país. El Reglamento Bruselas II bis prevé una lista de motivos de denegación del reconocimiento de la resolución de divorcio. Por ejemplo, si el reconocimiento contraviene el orden público. También se tendrá en cuenta si el demandado (la parte que no interpuso la demanda) fue debidamente informado del procedimiento. No obstante, la resolución no puede ser revisada. De conformidad con el Reglamento Bruselas II bis, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen de la sentencia expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado de dicha sentencia conforme al modelo de formulario estándar. El certificado incluirá información relativa al país de origen de la sentencia, los datos personales de las partes, si la decisión se adoptó por defecto de aparición, el tipo de sentencia, por ejemplo si es de divorcio o de separación legal, la fecha de la sentencia y el órgano jurisdiccional que la dictó.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Si una parte interesada desea oponerse al reconocimiento de una sentencia de divorcio extranjera en los Países Bajos, podrá presentar una solicitud de no reconocimiento ante el juez de medidas provisionales (voorzieningenrechter) del tribunal de distrito de su lugar de residencia habitual.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El 1 de enero de 2012 entró en vigor el Libro 10 del Código Civil neerlandés (Burgerlijk Wetboek). El Libro 10 del Código Civil incluye las normas de conflicto de leyes que determinan la legislación aplicable.

La norma principal es que los tribunales siempre aplicarán la ley de divorcio de los Países Bajos, con independencia de la nacionalidad y residencia habitual de los cónyuges. Si, por ejemplo, una pareja casada interpone una demanda de divorcio en los Países Bajos y ambos son ciudadanos neerlandeses que residen en este país, la ley de divorcio de los Países Bajos se aplicará de forma automática. El único caso en que no se aplica esto es cuando los cónyuges eligen la ley que se aplicará en el divorcio. Los cónyuges pueden optar específicamente por la ley nacional de aplicación durante el proceso de divorcio, en sustitución de la ley neerlandesa. Por consiguiente, una pareja belga puede elegir ampararse en la legislación belga en materia de divorcio.

Última actualización: 27/11/2019

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Divorcio - Austria

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El Derecho austriaco distingue tres tipos de divorcio: el divorcio motivado por el incumplimiento de un deber matrimonial, el ocasionado por el cese de la convivencia conyugal desde al menos tres años y el divorcio de mutuo acuerdo.

Uno de los cónyuges puede solicitar el divorcio si el otro ha incumplido gravemente un deber matrimonial o ha incurrido en un comportamiento deshonroso e inmoral que ha desestabilizado el matrimonio, de modo que no quepa esperar de forma razonable que pueda restablecerse la convivencia inherente a la vida conyugal.

Si la convivencia conyugal ha cesado desde hace tres años, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio alegando la ruptura irreparable del matrimonio.

Los cónyuges pueden solicitar de forma conjunta el divorcio, siempre y cuando el cese de la convivencia conyugal haya tenido lugar al menos seis meses antes y ambos reconozcan que la ruptura matrimonial es inevitable y se muestren plenamente de acuerdo en iniciar los trámites de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El principal motivo de divorcio es la existencia de desavenencias irreparables en la convivencia conyugal. Dichas desavenencias pueden estar motivadas por el incumplimiento grave de alguno de los deberes matrimoniales por parte de uno de los cónyuges, sobre todo adulterio o malos tratos físicos o psicológicos graves. También puede ser causa de divorcio el propio comportamiento, aun cuando no pueda considerarse una falta si es resultado de una alteración psíquica que haya desestabilizado el matrimonio del tal modo que no quepa esperar de forma razonable que pueda restablecerse la convivencia conyugal. Del mismo modo, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio si su pareja padece una enfermedad mental, contagiosa o que le genere rechazo. En cualquiera de los casos expuestos, el cónyuge que solicita el divorcio tiene la obligación de demostrar la veracidad de los motivos alegados. Si el cese de la convivencia conyugal se ha producido hace más de tres años, no es preciso alegar o probar la existencia de una falta.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

En principio, ambos cónyuges pueden conservar el apellido que han utilizado durante el matrimonio. No obstante, si uno de los cónyuges ha adoptado el apellido del otro, tiene la posibilidad de recuperar su apellido de soltero/a.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Los cónyuges poseen, en principio, plena libertad para determinar por consenso qué destino desean dar a su patrimonio. En este contexto, cabe la posibilidad de que se produzca una renuncia mutua (en cuyo caso, el régimen de separación de bienes vigente durante el matrimonio queda intacto tras su disolución), de que se distribuyan los bienes comunes ocasionales en función de lo establecido por el régimen económico correspondiente, o de que parte del patrimonio se transmita de un cónyuge a otro.

Siempre y cuando no se haya concertado nada al respecto, cualquiera de los cónyuges puede solicitar a un órgano jurisdiccional que proceda al reparto de determinados bienes. Son objeto de este reparto tanto los bienes gananciales como los ahorros realizados por el matrimonio. Entre los bienes gananciales se encuentran el domicilio conyugal, el mobiliario y menaje y los objetos restantes que puedan haber sido de utilidad para los cónyuges durante el periodo de convivencia. Por ahorros realizados por el matrimonio se entienden todos aquellos ahorros o inversiones realizadas por el matrimonio a lo largo de su vida en común.

Quedan excluidos del reparto, por ejemplo, el patrimonio que los cónyuges aportaran al matrimonio, así como el adquirido por herencia o donación. Tampoco pueden ser objeto del reparto los bienes que hayan servido para el uso exclusivo profesional o personal de uno de los cónyuges, así como las empresas o participaciones, siempre y cuando estas no representen simplemente un valor económico.

El órgano jurisdiccional ha de distribuir equitativamente el patrimonio tras considerar todas las circunstancias relevantes, prestando especial atención a la medida en que cada cónyuge haya contribuido a la adquisición de los bienes comunes y a la acumulación de los bienes gananciales y teniendo en cuenta asimismo el bienestar de los hijos. Se consideran también contribuciones el pago de la manutención, la aportación de ganancias, la llevanza del hogar común, el cuidado y educación de los hijos comunes y cualquier otra prestación matrimonial.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Desde la entrada en vigor, el 1 de Julio de 2001, de las modificaciones de la Ley sobre los derechos de la infancia, los padres separados disfrutan de amplias posibilidades para determinar el ejercicio de la patria potestad. En caso de divorcio, la patria potestad sobre un hijo matrimonial sigue correspondiendo en principio a los dos progenitores. No obstante, si ambos quieren conservar la patria potestad a todos los efectos como si continuaran casados, es preciso que remitan al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo razonable, un acuerdo sobre el lugar de residencia habitual del niño. Los progenitores también pueden llegar a un acuerdo ante el órgano jurisdiccional, en virtud del cual la patria potestad exclusiva del menor se asigna a uno de los progenitores o la patria potestad de uno de los progenitores se limita a determinadas cuestiones.

Desde la aprobación de la Ley austriaca de 2013 sobre la infancia y la modificación del nombre, el órgano jurisdiccional también puede disponer la patria potestad compartida en contra de la voluntad de uno de los progenitores o incluso de los dos, si considera que la patria potestad compartida garantiza en mayor medida el bienestar del menor en comparación con la patria potestad exclusiva de un progenitor. Los progenitores también deben llegar a un acuerdo acerca de cuál va a ser el hogar principal del menor. En caso de que la patria potestad compartida no contribuya al bienestar del menor, el órgano jurisdiccional debe decidir cuál de los progenitores debe ejercer la patria potestad exclusiva en el futuro.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge responsable, total o parcialmente, de la ruptura matrimonial debe pagar al otro una pensión ajustada al nivel de vida de los cónyuges, siempre y cuando los ingresos patrimoniales y profesionales que cabe esperar que este último perciba en función de las circunstancias resulten insuficientes. Si la responsabilidad del divorcio es compartida por ambos cónyuges y no pesa sobre ninguno la responsabilidad principal de la ruptura, se podrá conceder al que no pueda mantenerse por sí mismo una contribución a su manutención equitativa en función de las necesidades y la situación económica del otro cónyuge. La obligación de pago puede tener un límite temporal. Si el divorcio es de mutuo acuerdo, los cónyuges pueden decidir libremente si alguno debe percibir una pensión o si ambos están dispuestos a renunciar a esta.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El sistema jurídico austriaco desconoce el concepto jurídico de «separación sin disolución del vínculo matrimonial».

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El Derecho matrimonial austriaco prevé la nulidad del matrimonio. Se considera que un matrimonio es nulo si no se ha celebrado respetando las formas establecidas o si en el momento del enlace uno de los cónyuges carecía de capacidad jurídica, no era plenamente consciente de sus actos o se encontraba en un estado de enajenación transitoria. Asimismo, es nulo todo matrimonio contraído con el propósito exclusivo o fundamental de facilitar que uno de los cónyuges adopte el apellido o la nacionalidad del otro, sin que sea posible justificar la existencia de convivencia marital. Por último, se considera que un matrimonio es nulo si uno de los cónyuges está unido por vínculo matrimonial a un tercero en el momento del enlace o si el matrimonio se ha celebrado de forma ilegal entre parientes por consanguineidad.

Es posible solicitar la anulación por sentencia judicial de un matrimonio si en el momento de su celebración uno de los cónyuges carecía de capacidad jurídica plena y su representante legal no consintió dicha celebración, o si alguno de los contrayentes desconocía que se tratara de un acto matrimonial o, aún sabiéndolo, no quiso declararse deliberadamente dispuesto a celebrarlo. Asimismo, un cónyuge puede solicitar la anulación si cometió un error con respecto a la identidad del otro contrayente o con respecto a las circunstancias que lo rodeaban, de modo que, de haber conocido la verdadera situación o de haber apreciado correctamente la naturaleza del matrimonio, no hubiera prestado su consentimiento. La anulación también es posible si ha mediado un engaño intencionado sobre las circunstancias reales en las que se celebraba el matrimonio o si alguno de los contrayentes estaba sometido a coacción.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 7.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si se declara la nulidad de un matrimonio, se considerará a todos los efectos que este nunca se ha celebrado. En caso de que solo uno de los contrayentes desconociera en el momento de la celebración que el matrimonio era nulo, la relación patrimonial entre los cónyuges estará regulada por las mismas disposiciones aplicables a los casos de divorcio. Tras la declaración de nulidad, los hijos que hayan nacido en el seno de este matrimonio seguirán considerándose del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El divorcio, la anulación o la nulidad de un matrimonio solo pueden ser declarados por un órgano jurisdiccional. No obstante, cualquier problema relacionado con el divorcio puede resolverse también por vía extrajudicial (por ejemplo, mediante un acto de conciliación).

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los litigios relacionados con el divorcio, la anulación o la nulidad de un matrimonio, así como las controversias relativas a su existencia, son competencia de los tribunales de distrito (Bezirksgerichte). La resolución de todos estos asuntos corresponde exclusivamente al tribunal de distrito en cuya jurisdicción se encuentre o se encontrara por última vez el domicilio habitual común de los cónyuges. En caso de que en el momento de la interposición de la demanda ninguno de los cónyuges tenga su domicilio habitual en esa jurisdicción o no posea un domicilio habitual común en territorio nacional, conocerá de la causa el tribunal del domicilio habitual del demandado. Si este no tiene su domicilio habitual en Austria, será competente el tribunal del domicilio habitual del demandante y, en su defecto, el Bezirksgericht Innere Stadt Wien. Los órganos jurisdiccionales austriacos tienen competencia jurisdiccional en este tipo de litigios si alguno de los cónyuges posee nacionalidad austriaca o si el demandado (al menos uno de los litigantes en caso de tratarse de una demanda de nulidad) tiene su domicilio habitual en Austria, si el demandante tiene su domicilio habitual en este país, si ambos cónyuges tuvieron su último domicilio habitual común en territorio austriaco, o si el demandante es apátrida o en el momento de la celebración del matrimonio era ciudadano austriaco. Aunque esta competencia jurisdiccional es exclusiva, cabe la posibilidad de acordar otra alternativa.

La interposición de una demanda de divorcio se atiene a las disposiciones generales que rigen la incoación de acciones civiles. Si el divorcio es de mutuo acuerdo (en cuyo caso, se tramita por el procedimiento de jurisdicción voluntaria), los cónyuges presentan una solicitud firmada por ambos. En cualquier caso, es preciso adjuntar un certificado de matrimonio, si bien siempre resulta conveniente presentar cualquier otro documento que respalde la solicitud.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En los procesos de divorcio es posible obtener asistencia jurídica gratuita, conforme a lo establecido en las disposiciones generales relativas a esta materia (véase «Justicia gratuita - Austria»). En los procedimientos de divorcio suele exigirse que la defensa sea asumida por un letrado, lo que implica que la parte litigante que no quiera intervenir personalmente ante el órgano jurisdiccional solo podrá estar representada por un abogado.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las partes pueden recurrir las sentencias de divorcio, anulación o nulidad, así como las relativas a la existencia del matrimonio, que hayan sido dictadas por un tribunal de primera instancia. El recurso de apelación correspondiente se interpone ante la audiencia regional (Landesgericht) a la que esté subordinado el tribunal de distrito competente.

La sentencia de este tribunal de segunda instancia solo es recurrible en caso de que el fallo dependa de la resolución de una cuestión jurídica sobre Derecho sustantivo o procesal que resulte esencial para la salvaguardia de la unidad, la seguridad o la evolución jurídicas, por ejemplo, porque el tribunal de apelación se desvíe de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof) austriaco, o porque esta no exista o no sea uniforme.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las sentencias que declaren la disolución del matrimonio se reconocerán en los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el El enlace abre una nueva ventanaReglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, publicado en el DO L 160 de 2000, página 19, y que entró en vigor el 1 de marzo de 2001 (en lo sucesivo, Reglamento Bruselas II). En virtud de este Reglamento, ya no se precisa una resolución judicial expresa que reconozca las sentencias de disolución de matrimonio dictadas en otros Estados miembros, sino que el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente planteará el reconocimiento como una cuestión prejudicial en el marco del procedimiento pendiente que corresponda. Este extremo es de aplicación fundamentalmente en el contexto del examen que ha de efectuar el registro civil para determinar si un divorcio obtenido en el extranjero permite la celebración de un nuevo matrimonio.

Cualquier parte que posea un interés jurídico puede solicitar que se constate si es posible o no reconocer una sentencia de disolución de matrimonio dictada en el extranjero. Los procedimientos relativos al reconocimiento de sentencias extranjeras en materia matrimonial suelen ser instruidos por un tribunal de distrito. El procedimiento de reconocimiento de una sentencia extranjera de disolución del matrimonio debe incoarse ante el tribunal de distrito en cuya jurisdicción tenga su residencia habitual el solicitante. En caso de que esta no se halle en el territorio nacional, la competencia corresponderá al tribunal en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio habitual de la parte contraria y, en su defecto, al Bezirksgericht Innere Stadt Wien.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 14. El artículo 32 del Reglamento Bruselas II recoge una relación de los documentos que es preciso presentar.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La jurisdicción según la cual se rigen los requisitos del divorcio se determina en virtud del Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Roma III), DO L 343 de 29.12.2010. La aplicación de la jurisdicción elegida por los cónyuges tiene prioridad. Pueden optar por la jurisdicción del Estado en el que tenían su domicilio habitual en el momento de elegir la jurisdicción, o la jurisdicción del Estado en el que tuvieron su último domicilio habitual, siempre y cuando uno de los cónyuges tenga todavía su domicilio habitual en dicho Estado en el momento de elegir la jurisdicción, tenga la nacionalidad del Estado en cuestión en el momento de elegir la jurisdicción o acuda a un órgano jurisdiccional de dicho Estado. En caso de que los cónyuges no hayan elegido ninguna jurisdicción, la jurisdicción del domicilio habitual de los cónyuges en el momento de acudir al órgano jurisdiccional será determinante; en caso de que este no exista, la jurisdicción del último domicilio habitual de los cónyuges, siempre y cuando los cónyuges no hayan dejado dicho domicilio más de un año antes de comparecer ante el órgano jurisdiccional y uno de los cónyuges todavía tenga su domicilio habitual allí, o, en caso contrario, la jurisdicción del Estado en el que vivan los dos cónyuges en el momento de acudir al órgano jurisdiccional o la jurisdicción del Estado donde se encuentra el órgano jurisdiccional al que se ha acudido.

Última actualización: 16/10/2019

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Ya se ha traducido a las siguientes lenguas.

Divorcio - Polonia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El tribunal dicta una sentencia de divorcio que determina si uno de los cónyuges es responsable de la ruptura del matrimonio y, de ser así, cuál de ellos. Si ambos cónyuges lo solicitan, el tribunal no se pronuncia sobre la responsabilidad de la ruptura.

La separación previa no es requisito indispensable para el divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Es causa de divorcio la ruptura total e irreparable del matrimonio. Ambas condiciones deben cumplirse (artículo 56, apartado 1, del Código de familia y tutela).

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

En el plazo de tres meses a partir de que se dicte la sentencia de divorcio en firme, todo cónyuge divorciado que hubiera cambiado su apellido al contraer matrimonio puede retomar el apellido que tuviera con anterioridad a contraer nupcias, presentando una solicitud al responsable del registro civil.

Un cónyuge divorciado puede volver a contraer matrimonio libremente.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

A partir de la celebración del matrimonio se establece el régimen económico matrimonial, que comprende los bienes adquiridos por ambos (comunidad de bienes). Este régimen se extingue cuando el matrimonio se disuelve, es decir, cuando se dicta la sentencia firme de divorcio.

A instancia de uno de los cónyuges, el tribunal puede repartir la propiedad conjunta en la sentencia de divorcio. La propiedad adquirida por los cónyuges se compone de los bienes adquiridos por uno de ellos o por ambos mientras era de aplicación el régimen de comunidad de bienes.

A cada cónyuge le corresponde la mitad de la propiedad conjunta.

Por razones de peso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar al tribunal que reparta la propiedad en razón de lo que cada cónyuge haya contribuido a la adquisición de dichos bienes.

Además, si los cónyuges comparten vivienda, el tribunal determinará en la sentencia de divorcio el uso de la vivienda si los ex cónyuges siguen compartiéndola. A instancia de ambos cónyuges, el tribunal puede dividir la vivienda compartida o conceder la vivienda a uno de los cónyuges si el otro accede a abandonar la vivienda sin que se le facilite alojamiento alternativo.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En la sentencia de divorcio el tribunal decide sobre la patria potestad de los hijos menores de ambos cónyuges y sobre el régimen de visitas entre progenitores e hijos. También determina la cantidad a pagar por cada cónyuge para cubrir los gastos de manutención y educación de los hijos (artículo 56, apartado 1, del Código de familia y tutela).

El tribunal puede confiar el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, limitando la responsabilidad parental del otro progenitor a obligaciones y derechos específicos relativos a los hijos.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El ex cónyuge a quien no se considere responsable único de la ruptura del matrimonio y que atraviese dificultades económicas puede solicitar el pago de una pensión alimenticia por parte del otro cónyuge, dependiendo de sus necesidades razonables y la capacidad de percibir ingresos y económica del otro cónyuge (artículo 60, apartado 1, del Código de familia y tutela).

Si el divorcio conlleva un deterioro sustancial de la situación económica de uno de los cónyuges que no sea responsable de la ruptura del matrimonio, el cónyuge considerado como único responsable de la ruptura del matrimonio tiene la obligación de aportar recursos para cubrir las necesidades del otro cónyuge, incluso aunque este otro no atraviese dificultades económicas (artículo 60, apartado 2, del Código de familia y tutela).

La obligación de pago de pensión alimenticia cesa cuando el cónyuge que recibe tal pensión vuelve a contraer matrimonio. En el caso de que el cónyuge obligado a pagar una pensión alimenticia no fuera considerado responsable único de la ruptura del matrimonio, dicha obligación se extingue cinco años después de la sentencia de divorcio (artículo 60, apartado 3, del Código de familia y tutela).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Se trata de una separación formal, es decir, que la dicta el tribunal en virtud del artículo 61, apartados 1 a 6, del Código de familia y tutela.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La condición para la separación es la constatación de la ruptura total del matrimonio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Los efectos jurídicos de una separación son los mismos que en caso de divorcio. No obstante, el cónyuge separado no puede volver a contraer matrimonio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Por anulación del matrimonio se entiende la cancelación de todos los efectos del matrimonio con carácter retroactivo, salvo el estatus de los hijos del matrimonio anulado, quienes conservan su condición de hijos nacidos dentro del matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las causas para anular un matrimonio se enumeran en el Código de familia y tutela:

  • un contrayente es menor de la edad legal para poder contraer matrimonio (artículo 10 del Código de familia y tutela),
  • un contrayente tiene incapacidad jurídica total (artículo 11 del Código de familia y tutela),
  • el contrayente padece una enfermedad o discapacidad mental (artículo 12 del Código de familia y tutela),
  • el contrayente tiene un vínculo matrimonial con otra persona (artículo 13 del Código de familia y tutela),
  • los contrayentes están emparentados en línea de consanguinidad directa, colateral (hermanos y hermanas, incluyendo hermanastros y hermanastras, y hermanos y hermanas nacidos fuera del matrimonio) o afinidad lineal (artículo 14 del Código de familia y tutela),
  • los contrayentes están emparentados por adopción (artículo 15 del Código de familia y tutela),
  • se ha presentado una declaración en la que se alega que, al contraer matrimonio, el cónyuge era incapaz de expresar su propia voluntad, por cualquier motivo, o desconocía la identidad de la otra parte o se encontraba bajo la influencia de una amenaza ilícita (artículo 15, apartado 1, del Código de familia y tutela).

Cualquiera de los motivos citados anteriormente debe surgir en el momento de contraer matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Las resoluciones de anulación del matrimonio tienen carácter constitutivo y surten efectos frente a terceros (erga omnes). Existen dos clases de efecto:

  • ex tunc, es decir, efectos que se remontan a la fecha en que se contrajo matrimonio; por ejemplo, cuando los cónyuges restablecen el estado civil que tenían antes del matrimonio y retoman el apellido anterior; el cónyuge y la familia del otro cónyuge ya no están emparentados por afinidad y la herencia forzosa es imposible,
  • ex nunc, es decir, efectos que surgen cuando la resolución de anulación del matrimonio es definitiva; por ejemplo, respecto a las relaciones patrimoniales.

Los efectos de la anulación del matrimonio en la relación entre los cónyuges y los hijos fruto del matrimonio y las relaciones patrimoniales entre los cónyuges se rigen por las leyes de divorcio pertinentes. Cabe señalar que el cónyuge que contrajera matrimonio de mala fe es considerado responsable de la ruptura del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En Polonia, se pueden usar los servicios de mediación familiar. Su objetivo fundamental es resolver conflictos entre los cónyuges de manera que se evite el divorcio o la separación, y determinar las condiciones del divorcio (en materia de patrimonio o cuidado de los hijos) de manera amistosa. Los servicios de mediación se ofrecen principalmente a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y la Iglesia.

Los cónyuges que atraviesen conflictos matrimoniales pueden beneficiarse de varias formas de terapia familiar y recurrir a psicólogos, psicoterapeutas, grupos de apoyo, etc.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas de divorcio, separación o anulación del matrimonio deberán interponerse ante el tribunal regional (sąd okręgowy) que tenga competencia en el último lugar de residencia común de los cónyuges. En ausencia de tal tribunal, las demandas deberán interponerse ante un órgano jurisdiccional regional que tenga competencia en el lugar de residencia del demandante.

Se aplica una tasa judicial en tales demandas. No obstante, si la situación económica de una de las partes no le permite pagar dicha tasa, puede solicitar al tribunal la exención total o parcial de las costas procesales, y también puede solicitar al tribunal la asignación de un abogado ex officio.

Se deberán adjuntar los siguientes documentos a la demanda: copias de los documentos del estado civil (acta matrimonial y partida de nacimiento de los hijos), prueba de ingresos (renta), poder que autorice a un abogado a representar a una parte (si esa parte ha optado por elegir su propio letrado) y otros certificados que sean pertinentes al caso (certificados médicos, decisiones administrativas, etc.)

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Véase el apartado 11.

La persona que solicite la exención total o parcial de las costas procesales o la asignación de un abogado ex officio debe adjuntar a la demanda una declaración de su situación económica (en el correspondiente formulario disponible en el tribunal).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, en todos estos casos es posible presentar un recurso al tribunal de segunda instancia. Los cónyuges pueden recurrir ante tribunales de apelación contra las decisiones del tribunal regional.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo, el «Reglamento Bruselas II bis»), tales decisiones son reconocidas en Polonia de forma automática sin procedimiento especial de reconocimiento alguno (artículo 21 del Reglamento Bruselas II bis).

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Cualquiera de las partes interesadas puede solicitar una resolución en la que se reconozca o no una sentencia (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). En Polonia, tales solicitudes se presentan en los tribunales regionales. La jurisdicción local viene determinada por la referencia al lugar de residencia habitual de la persona contra la que se interpone la solicitud para resolver el reconocimiento o no de una sentencia. Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo anterior se encuentre en Polonia, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución (artículo 29, apartado 2, del Reglamento Bruselas II bis).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Polonia es un país signatario de muchos acuerdos internacionales que rigen el asunto citado anteriormente. Tales acuerdos prevalecen sobre el Derecho internacional privado de Polonia. Por tanto, se aplicarán normativas diferentes en función de si los cónyuges tienen diferente nacionalidad. Si no existe un acuerdo internacional, será de aplicación la Ley de 14 de febrero de 2011 relativa al Derecho internacional privado. De conformidad con el artículo 54 de dicha Ley, un matrimonio se disuelve en virtud de la legislación nacional de los cónyuges de aplicación en el momento en que se presenta la solicitud de disolución del matrimonio. Si no existe una legislación nacional común aplicable a los cónyuges, se aplicará la del país en que ambos cónyuges residan en el momento en que se presenta la solicitud de disolución del matrimonio. Si los cónyuges no comparten lugar de residencia en el momento en que se presenta tal solicitud, la legislación aplicable se corresponderá con la del último país en que ambos cónyuges compartían domicilio, siempre que se trate del lugar de residencia habitual de uno de ellos. En los demás casos, la disolución del matrimonio se rige de conformidad con la legislación polaca.

Última actualización: 30/11/2015

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Divorcio - Portugal

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Portugal, el divorcio puede obtenerse por mutuo consentimiento o por vía judicial.

La primera modalidad presupone el acuerdo entre ambos cónyuges sobre la disolución del vínculo matrimonial y, en principio, la prestación de alimentos al cónyuge que lo necesite, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores y la atribución de la vivienda familiar.

El divorcio por vía judicial lo solicita al tribunal uno de los cónyuges contra el otro, basándose en los hechos establecidos legalmente que, con independencia de la culpa atribuida a los cónyuges, demuestren la ruptura irreparable del matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En el caso del divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges no tienen que revelar la causa de la demanda de divorcio.

Son causas de divorcio por vía judicial:

a) La separación de hecho durante un año. Se entiende que existe separación de hecho, a los fines mencionados, cuando no subsiste ninguna vida en común entre los cónyuges y cuando uno o ambos cónyuges no tienen intención de reanudarla.

b) La alteración de las facultades mentales de un cónyuge cuando dure más de tres años y, por su gravedad, pueda poner en peligro la convivencia.

c) La ausencia, sin noticias del ausente, durante al menos un año.

d) Cualquier otro hecho que, con independencia de la culpa atribuida a los cónyuges, demuestre la ruptura irreparable del matrimonio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio disuelve el matrimonio y, jurídicamente, tiene los mismos efectos que la disolución por fallecimiento, con las excepciones previstas en la ley.

Los efectos del divorcio se producen desde el momento en que la sentencia correspondiente se dicta como definitiva e inapelable, pero tienen carácter retroactivo desde la fecha en que se presentó la demanda en cuanto a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges.

Si el proceso prueba la separación de hecho de los cónyuges, cualquiera de ellos podrá solicitar que los efectos del divorcio tengan carácter retroactivo desde la fecha en que se inició la separación, conforme se resolvió en la sentencia.

A pesar del divorcio, un cónyuge que haya adoptado el apellido del otro podrá conservarlo siempre que cuente con el consentimiento de la otra parte y que el tribunal otorgue su autorización, teniendo en cuenta los motivos alegados. El consentimiento del ex cónyuge podrá extenderse en un documento notarial, un documento redactado en el tribunal (dejar constancia por escrito, en el procedimiento, de la declaración de intenciones de la parte de que se trate) o una declaración ante un funcionario del registro. La solicitud de la autorización judicial para usar el apellido del ex cónyuge podrá presentarse en el marco del proceso de divorcio o en otro distinto, incluso después de que se haya dictado la sentencia de divorcio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio, ninguno de los cónyuges puede recibir más de lo que habría recibido si el matrimonio se hubiese celebrado en régimen de comunidad de bienes adquiridos después del matrimonio.

Cada cónyuge pierde todas los beneficios percibidos o que deba percibir del otro cónyuge o de un tercero en razón del matrimonio o en consideración del estado de casado, con independencia de que se hayan estipulado antes o después de la celebración del matrimonio. El donante podrá determinar que los beneficios los perciban los hijos del matrimonio.

Los efectos del divorcio, en lo que respecta a las relaciones patrimoniales de los cónyuges, surgen en el momento en que se dicta la sentencia de divorcio definitiva e inapelable, pero son retroactivos desde la fecha de interposición de la demanda.

Si la separación de hecho de los cónyuges se prueba en el proceso, cualquiera de ellos podrá solicitar que los efectos del divorcio tengan carácter retroactivo desde la fecha en que se inició la separación, conforme se resolvió en la sentencia.

El tribunal, a instancia de parte, puede dar en arrendamiento a cualquiera de los cónyuges la vivienda familiar, con independencia de que sea común o propiedad del otro cónyuge, considerando, en particular, las necesidades de cada uno de los cónyuges y el interés de los hijos. El referido arrendamiento queda sujeto a las normas de arrendamiento de viviendas, si bien el tribunal puede definir las condiciones del contrato, oídos los cónyuges, y poner fin al arrendamiento a petición del propietario cuando circunstancias posteriores lo justifiquen. Los convenios aprobados de mutuo acuerdo entre las partes o por sentencia judicial pueden modificarse de conformidad con las disposiciones generales de la jurisdicción voluntaria.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En caso de divorcio, separación legal, declaración de nulidad o anulación del matrimonio, el régimen de los hijos, las obligaciones de alimentos debidos a éstos y la forma de prestarlos se regularán por acuerdo entre los padres, que deberá ser reconocido por el tribunal (o por el registrador público en caso de separación o divorcio de mutuo acuerdo).

En caso de desacuerdo, el tribunal decidirá en función de los intereses del menor, incluido el de mantener una relación estrecha con ambos progenitores, fomentando y aceptando acuerdos o tomando decisiones que promuevan amplias oportunidades de contacto con ambos progenitores y la responsabilidad compartida entre ellos. La custodia se puede conceder a cualquiera de los padres, a un tercero o a un establecimiento de reeducación o asistencia.

Para obtener información adicional, véase la ficha informativa relativa a la «Responsabilidad parental».

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Cada cónyuge debe garantizarse su sustento tras el divorcio. Asimismo, ambos tienen derecho a alimentos, con independencia del tipo de divorcio de que se trate. Por razones obvias de equidad, podrá denegarse el derecho a alimentos.

Para fijar la cuantía de los alimentos, el tribunal debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la contribución a la renta familiar, la edad y el estado de salud de los cónyuges, sus cualificaciones profesionales y las posibilidades de acceso a un empleo, el tiempo que tendrán que dedicar, eventualmente, a educar a los hijos comunes, sus ingresos y rentas y, en general, todas las circunstancias que influyan en las necesidades del beneficiario de los alimentos y en las posibilidades de la persona que los presta.

El tribunal dará prioridad a las obligaciones de alimentos relacionadas con un hijo del cónyuge deudor con respecto a la obligación ante el ex cónyuge derivada del divorcio.

El cónyuge acreedor no tiene ningún derecho a exigir que se mantenga el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio.

Para obtener información adicional, véase la ficha informativa sobre «Alimentos».

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación judicial no disuelve el vínculo matrimonial, pero suprime los deberes de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho a alimentos.

En lo que respecta a los bienes, la separación produce los mismos efectos que la disolución del matrimonio.

La separación judicial termina con la reconciliación de los cónyuges o con la disolución del matrimonio.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Los motivos de separación judicial, ya sea de mutuo acuerdo o por vía judicial, son los mismos que los del divorcio por vía judicial, mutatis mutandis.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Como se indica en la respuesta a la pregunta 4, la separación judicial supone la extinción de los deberes de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho a alimentos. En lo que respecta a los bienes, surte los mismos efectos que la disolución del matrimonio.

Las disposiciones sobre el divorcio se aplican, mutatis mutandis, a la separación judicial.

La separación judicial puede convertirse en divorcio, aunque no constituye una condición ni una fase del procedimiento de divorcio.

De hecho, si los cónyuges no se reconcilian un año después de la sentencia sobre la separación judicial (ya sea de mutuo acuerdo o por vía judicial) definitiva e inapelable, cualquiera de ellos puede solicitar la conversión de la separación en divorcio. Si la conversión la solicitan ambos cónyuges, no es necesario que transcurra el plazo referido y se dicta sentencia directamente.

Si la conversión la solicita solo uno de los cónyuges, el otro será notificado personalmente o a través de su representante legal de la posibilidad de interponer un recurso —que solo podrá basarse en la reconciliación de los cónyuges— en el plazo de 15 días. Tras presentar las pruebas, el juez resolverá el recurso en el plazo de 15 días.

La conversión de la separación judicial en divorcio podrá demandarse también en cualquier registro civil. La demanda, fundamentada de hecho y de Derecho, debe presentarse en el registro civil aportando las pruebas y la documentación justificativa complementaria.

Se emplazará a la parte demandada a interponer un recurso en el plazo de 15 días, para aportar pruebas y presentar documentos justificativos.

Si no se interpone ningún recurso y se estiman reconocidos los hechos alegados por el demandante, el registrador, tras haber comprobado la conformidad de los requisitos legales, declarará la demanda como resuelta.

Si, por el contrario, se presenta un recurso, el registrador programará un intento de reconciliación, en el plazo de 15 días, y podrá requerir la ejecución de actos jurídicos y la presentación de las pruebas necesarias para verificar los requisitos legales.

Si el demandado interpone un recurso y resulta imposible llegar a un acuerdo, se emplazará a las partes a presentar alegaciones y se solicitará la presentación de nuevas pruebas en el plazo de ocho días. El caso se remite entonces al tribunal de primera instancia con jurisdicción sobre el asunto dentro de la circunscripción a la que pertenece la oficina del registro.

Cuando el caso se remite al tribunal, el juez ordena la presentación de pruebas y programa la vista.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La «anulación del matrimonio» significa la supresión de los efectos jurídicos del matrimonio por adolecer este de un vicio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Puede anularse el matrimonio contraído:

a) si hay algún impedimento que lo invalide (absoluto o relativo);

b) por falta de consentimiento o debido al consentimiento invalidado por un error o por coacción de uno o ambos cónyuges;

c) sin la presencia de testigos, cuando así lo estipule la ley.

A continuación, se citan los impedimentos de invalidación absolutos, que impiden que la persona en cuestión pueda contraer matrimonio con otra persona:

a) menor de 16 años;

b) declarada demente, aunque tenga períodos de lucidez, e inhabilitada o impedida por un trastorno mental;

c) vinculada a un matrimonio anterior no disuelto, ya sea por vía religiosa o civil, aunque el acto no se haya inscrito en el registro civil.

A continuación, se citan impedimentos de invalidación relativos, que impiden que la persona en cuestión pueda contraer matrimonio con otra persona:

a) que tiene una relación de parentesco en línea directa;

b) que tiene una relación de parentesco en segundo grado de línea colateral;

c) que tiene una relación de afinidad en línea directa;

d) condenada anteriormente por ser autor o cómplice de homicidio voluntario del cónyuge del otro, aunque el homicidio no se haya consumado.

El matrimonio podrá anularse por falta de consentimiento en los siguientes casos:

a) si en el momento en que se celebró el matrimonio, una de las partes no era consciente de sus acciones debido a una discapacidad accidental o a otras causas;

b) si una de las partes ha sido engañada con respecto a la identidad física de la otra parte;

c) si la declaración de consentimiento fue exigida mediante coacción física;

d) si el consentimiento se ha simulado.

El consentimiento viciado por error solo es pertinente a los efectos de anulación cuando se basa en las cualidades personales básicas del otro cónyuge y se demuestra que el matrimonio no se hubiera celebrado razonablemente sin él.

Los matrimonios celebrados bajo coacción moral podrán anulase si una de las partes se siente grave e ilegalmente amenazada y su temor a consumar el matrimonio está justificado.

Si alguien, a sabiendas e ilegítimamente, obliga a la otra parte a firmar la declaración de consentimiento con la promesa de liberarla de perjuicios imprevisibles o de daños ocasionados por terceros, ello equivale a una amenaza ilícita.

La declaración de consentimiento, en el acto de la celebración, constituye la presunción no solo de que los cónyuges desean contraer matrimonio, sino también que su consentimiento no está viciado por error o coacción.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La anulación de un matrimonio civil, cuando ambos cónyuges lo contraen de buena fe, surte efecto en relación con ellos y con terceros cuando se dicta la sentencia definitiva e inapelable correspondiente.

Si solo uno de los cónyuges suscribe las capitulaciones de buena fe, solo esta parte podrá reclamar los beneficios del estado civil y negárselos a terceros, siempre que solo se trate de un reflejo de la relación entre los cónyuges.

Se considerará que el cónyuge ha contraído matrimonio de buena fe si firma las capitulaciones con desconocimiento excusable del vicio que causa la nulidad o anulación o si su declaración se ha obtenido con coacción física o moral.

Los tribunales nacionales son los únicos responsables del conocimiento judicial de buena fe. Se asume que los cónyuges actúan de buena fe.

Una vez que el matrimonio se ha declarado nulo o se ha anulado, el cónyuge conserva de buena fe el derecho a los alimentos una vez dictada la sentencia definitiva e inapelable o después de que la sentencia se registre.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Antes de iniciar el proceso de divorcio, la oficina del Registro Civil o el tribunal deben informar a los cónyuges de la existencia y los objetivos de los servicios de mediación familiar.

La mediación familiar es un método extrajudicial para resolver conflictos derivados de las relaciones familiares, donde las partes, con su participación personal y directa y guiados por el mediador de conflictos, tratan de llegar a un acuerdo.

El uso de estos métodos alternativos de resolución de litigios puede resolver conflictos derivados de la regulación, la modificación y la falta de conformidad con el ejercicio de la responsabilidad parental, el divorcio y la separación judicial, la conversión de la separación judicial en divorcio, la reconciliación de los cónyuges separados, la asignación y modificación de los alimentos provisionales o definitivos, la asignación de la vivienda familiar, la denegación del derecho a usar el apellido del otro cónyuge y la autorización para usar el apellido del ex cónyuge.

El mediador familiar es un profesional certificado por el Ministerio de Justicia competente para celebrar reuniones con independencia e imparcialidad a fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.

El divorcio de mutuo acuerdo puede demandarse en la oficina del Registro Civil, salvo en las situaciones derivadas de un acuerdo obtenido en el marco de un proceso judicial de divorcio y siempre que la demanda de divorcio de mutuo acuerdo vaya acompañada de una lista pormenorizada de los bienes comunes de la pareja, el acuerdo sobre la disposición del hogar conyugal, un acuerdo sobre el pago de los alimentos al cónyuge que tenga necesidad de ello y un certificado de la sentencia dictada por el tribunal en la que se regula el ejercicio de la responsabilidad parental o un acuerdo sobre el ejercicio de dicha responsabilidad con respecto a los hijos menores, en caso de que ningún tribunal haya fallado anteriormente sobre este asunto.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Separación y divorcio de mutuo acuerdo

La separación y el divorcio por consentimiento mutuo deben solicitarlos ambos cónyuges, de mutuo acuerdo. La demanda irá acompañada de los siguientes documentos:

a) una relación detallada de los bienes comunes y sus respectivos valores o, si el cónyuge decide compartir tales bienes, un convenio sobre el reparto o una solicitud para elaborar dicho convenio;

b) una copia de la resolución judicial que regule el ejercicio de la patria potestad o un acuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad en relación con los hijos menores, siempre que ningún otro tribunal haya fallado anteriormente sobre el asunto;

c) un acuerdo sobre la prestación de alimentos al cónyuge que los necesite;

d) un acuerdo sobre el destino de la asignación de la vivienda familiar;

e) un certificado de las capitulaciones matrimoniales, si las hubiere.

En el caso de que no se deduzca otra cosa de los documentos presentados, se entiende que los acuerdos son válidos tanto durante el procedimiento como posteriormente.

Los procedimientos de separación judicial o divorcio de mutuo acuerdo se incoan mediante la presentación de una demanda firmada por los cónyuges o sus representantes en la oficina del Registro Civil. La demanda se presenta acompañada de los documentos anteriormente mencionados y de un certificado que contenga una copia completa del acta de matrimonio.

Tras haber recibido la demanda, el registrador emplaza a los cónyuges a una reunión durante la cual debe comprobar que se cumplen los requisitos legales. En dicha reunión, se informa a los cónyuges de la existencia de servicios de mediación familiar; no obstante, si los cónyuges mantienen el propósito de divorciarse, se tienen en cuenta los acuerdos y se insta a los cónyuges a modificarlos si no protegen debidamente los intereses de uno de ellos o de los hijos. Podrán celebrarse actos jurídicos y recopilar pruebas para tal fin. Si se cumplen los requisitos legales y se observan los procedimientos anteriormente mencionados, el registrador admitirá la demanda.

Cuando se presenta un convenio sobre el ejercicio de la patria potestad en relación con hijos menores, el procedimiento se remite al fiscal del tribunal de primera instancia competente de la circunscripción a la que pertenezca el registro, para que éste se pronuncie sobre el acuerdo en el plazo de 30 días.

En el caso de que el ministerio fiscal considere que el convenio no protege debidamente los intereses de los menores, los demandantes podrán modificarlo en consecuencia o presentar un nuevo convenio, y en este último caso, lo enviarán al fiscal para su aprobación. Si el fiscal considera que el acuerdo protege debidamente los intereses de los menores o si los cónyuges han modificado el acuerdo en los términos indicados por el ministerio fiscal, se pronunciará el divorcio.

En los casos en que los demandantes no estén de acuerdo con las alteraciones indicadas por el ministerio fiscal y mantengan el propósito de divorciarse o los acuerdos presentados no protejan debidamente los intereses de uno de los cónyuges, no se pronunciará el divorcio y el procedimiento se remitirá al tribunal del distrito donde se ubica la oficina del Registro Civil.

Tras recibir el caso, el juez estudiará los acuerdos presentados por los cónyuges y les instará a modificarlos en caso de que no velen por los intereses de alguno de ellos o de sus hijos.

El juez determinará entonces las consecuencias del divorcio en relación con los elementos que los cónyuges no han modificado. Si alguno de los acuerdos no protege debidamente los intereses de cualquiera de los cónyuges, podrán, para este propósito y a efectos de considerar los acuerdos propuestos, solicitar la ejecución de los actos y la presentación de las pruebas necesarias. Para determinar las consecuencias del divorcio, el juez no solo instará a los cónyuges a llegar a un acuerdo, sino que también tendrá en cuenta el acuerdo al que hayan llegado.

A continuación, se decretará el divorcio de mutuo acuerdo y se inscribirá en el registro correspondiente.

Las demandas de separación judicial o divorcio de mutuo acuerdo se presentan ante el tribunal, siempre que las partes no adjunten los acuerdos anteriormente citados.

En este caso, la demanda de divorcio se interpone ante un tribunal. Tras recibir la demanda, el juez estudiará los acuerdos presentados por los cónyuges y les instará a modificarlos en caso de que no velen por los intereses de alguno de ellos o de sus hijos. El juez determinará las consecuencias del divorcio en relación con los elementos sobre los cuales los cónyuges no han llegado a ningún acuerdo y, para este propósito y a efectos de considerar los acuerdos presentados, podrá solicitar la ejecución de actos y la presentación de las pruebas necesarias. Para determinar las consecuencias del divorcio, el juez no solo instará a los cónyuges a llegar a un acuerdo, sino que también tendrá en cuenta el acuerdo al que hayan llegado. A continuación, se decretará el divorcio de mutuo acuerdo y se inscribirá en el registro correspondiente.

Separación o divorcio impugnados

Las demandas de separación o divorcio impugnadas se presentan en el juzgado de familia o, en las zonas donde no exista, en el juzgado de primera instancia con competencia territorial. La competencia territorial se define en función del domicilio o la residencia del demandante (la persona que presenta la demanda).

Las disposiciones sobre el divorcio se aplican, mutatis mutandis, a la separación judicial.

La separación judicial termina con la reconciliación de los cónyuges o con la disolución del matrimonio.

Cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio impugnado alegando la separación de hecho durante un año entero; un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge que haya durado más de un año y que, por su gravedad, comprometa la posibilidad de convivir; la ausencia, sin noticias del ausente durante al menos un año, y otros hechos que, con independencia de la falta atribuida a los cónyuges, demuestren la ruptura irreparable del matrimonio.

El cónyuge agraviado tiene el derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el otro cónyuge de conformidad con los términos generales de la responsabilidad civil y ante los tribunales ordinarios.

El cónyuge que demande el divorcio alegando un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge deberá indemnizarlo por los daños personales ocasionados por la disolución del matrimonio; la demanda deberá presentarse en el proceso de divorcio.

Si el divorcio se fundamenta en un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge por una duración superior a un año y que, por su gravedad, compromete la posibilidad de convivir, y la ausencia, sin noticias del ausente, durante un período de al menos un año, solo el cónyuge que invoca el cambio de las facultades mentales o la ausencia del otro cónyuge podrá solicitar el divorcio.

Donde al cónyuge habilitado para presentar una demanda de divorcio se le prohíba hacerlo, dicha demanda podrá interponerla su representante legal, autorizado por el consejo de familia; si el representante legal es el otro cónyuge, la demanda la interpondrá, en nombre del titular del derecho a intervenir, cualquier otro ascendiente en línea recta o hasta el tercer grado de consanguinidad en línea colateral, siempre que el consejo de familia dé su autorización para tal fin.

El derecho al divorcio no se transfiere por deceso, pero los herederos del demandante podrán proseguir con la acción a los efectos de los bienes si el demandante fallece durante los procedimientos judiciales; de la misma forma, la acción podrá proseguir contra los herederos del demandado.

Tras haber presentado la demanda, si la acción puede proseguir, el juez designará una fecha para la reconciliación y se emplazará al demandado y al demandante a comparecer personalmente.

Si no se logra la reconciliación, el tribunal buscará el acuerdo de los cónyuges para celebrar un divorcio de mutuo acuerdo; si se alcanza un acuerdo o si los cónyuges optan por el divorcio de mutuo acuerdo en alguna fase del proceso, este seguirá el curso de dicho tipo de divorcio, mutatis mutandis.

Si el juez no logra que los cónyuges lleguen a un acuerdo en lo tocante al divorcio o la separación de mutuo acuerdo, tratará de conseguir el acuerdo de las partes en relación con los alimentos y la regulación del ejercicio de la patria potestad. El juez también tratará de obtener el acuerdo de los cónyuges en relación con el uso de la vivienda familiar durante el tiempo que dure el proceso, cuando proceda.

Con la intención de reconciliarse o en cualquier otra fase del procedimiento, las partes podrán acordar celebrar un divorcio o una separación judicial de mutuo acuerdo, siempre que se cumplan los requisitos previos necesarios.

Si las otra parte no está de acuerdo o si la reconciliación resulta imposible, el juez solicitará al demandado que presente su defensa en el plazo de 30 días; en el momento de la notificación, se entregará al demandado un duplicado de la demanda original.

Si se desconoce el paradero del demandado, si se han aplicado todas las medidas previstas en el derecho procesal para localizarlo y ninguna de ellas ha resultado satisfactoria, se anulará el día fijado para la reconciliación y se emplazará al demandado mediante bando para que presente su defensa.

Tras la expiración del plazo para presentar la defensa, el proceso sigue los términos del procedimiento común. Durante dicho procedimiento, se identifica el objeto del litigio y los fundamentos de las pruebas presentadas. La vista definitiva se celebra en este proceso junto con la presentación de pruebas. Al término de la vista final, se cierra el caso y se remite al juez, quien dictará sentencia en el plazo de 30 días.

La separación judicial podrá solicitarse en una reconvención, incluso si el demandante ha presentado una demanda de divorcio; si el demandante ha presentado una demanda de separación judicial, el demandante también podrá solicitar el divorcio en una reconvención. En estos casos, el divorcio se decretará si se admiten la demanda y la reconvención.

Nulidad del matrimonio

La nulidad del matrimonio no podrá invocarse bajo ningún concepto, ya sea con carácter judicial o extrajudicial, hasta que no se haya ratificado en una sentencia dictada con motivo de una demanda interpuesta específicamente para este fin.

Esta demanda se interpondrá ante un tribunal de familia y menores con la presentación de una demanda inicial que, en forma de escrito procesal, identificará a las partes, describirá los hechos pertinentes y concluirá con una solicitud.

El derecho legal a presentar dicha demanda varía en función de los motivos en que se base (véase la respuesta a la pregunta 8).

Los cónyuges o cualquier persona con una relación de parentesco en línea directa o hasta el cuarto grado en línea colateral, los herederos y los progenitores adoptivos de los cónyuges y el ministerio fiscal están legitimados para proseguir o interponer la acción de nulidad por un impedimento invalidante. También podrán proseguir o interponer una acción el tutor o curador en caso de minoría de edad, prohibición o incapacitación por trastorno psíquico, y el primer cónyuge del infractor en caso de bigamia.

La anulación por simulación puede ser solicitada por los propios cónyuges o por cualquier persona perjudicada por el matrimonio. En los demás casos de matrimonio sin consentimiento, la acción de anulación sólo puede ser interpuesta por el cónyuge que no haya dado su consentimiento para la celebración del matrimonio. No obstante, los padres, los parientes políticos directos, los herederos y los progenitores adoptivos pueden proseguir el procedimiento en caso de fallecimiento del actor durante la tramitación de la causa.

La acción de anulación basada en un vicio de consentimiento sólo puede ser interpuesta por el cónyuge víctima del error o la coacción, y en caso de fallecimiento del autor durante la tramitación de la causa, la podrán proseguir sus padres, los parientes políticos directos, los herederos y los progenitores adoptivos.

La acción de anulación por falta de testigos solo puede ser iniciada por el ministerio fiscal.

Las demandas judiciales de nulidad basados en un impedimento de invalidación deben interponerse:

a) en los casos de minoría de edad, prohibición o incapacitación por anomalía psíquica o demencia notoria, si la demanda es interpuesta por la propia persona incapaz, hasta seis meses después de haber alcanzado la mayoría de edad, de haberle sido levantada la prohibición o la incapacitación o del fin de la demencia; cuando la interpone otra persona, en los tres años siguientes a la celebración del matrimonio, pero nunca después de haber alcanzado la mayoría de edad, de la retirada de la incapacitación o del cese de la demencia;

b) en caso de condena por homicidio contra el cónyuge del otro contrayente, en el plazo de tres años a partir de la celebración del matrimonio;

c) en los demás casos, hasta seis meses después de la disolución del matrimonio.

Solo el ministerio fiscal puede interponer la acción antes de la disolución del matrimonio.

No se puede interponer ni proseguir una acción de nulidad basada en la existencia de un matrimonio anterior no disuelto mientras esté pendiente la acción de declaración de nulidad o anulación del primer matrimonio del bígamo.

La acción de anulación por falta de consentimiento de uno o de ambos contrayentes sólo se puede interponer en los tres años siguientes a la celebración del matrimonio o, si el demandante ignoraba la existencia del matrimonio, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de ello.

La acción de nulidad basada en un vicio de consentimiento prescribe si no se interpone en los seis meses siguientes al cese del vicio.

La acción de nulidad por falta de testigos solo se puede interponer en el año siguiente a la celebración del matrimonio.

La demanda inicial debe ir acompañada del certificado de matrimonio y, eventualmente (si la edad fuera el fundamento de la demanda) , de la partida de nacimiento del contrayente de que se trate.

Tras la expiración del plazo para presentar la defensa, el proceso continúa en los términos anteriormente citados del procedimiento común.

La nulidad se considerará resuelta y el matrimonio se estimará válido a partir del momento en que se celebre si se da alguno de los siguientes supuestos antes de dictar una sentencia de nulidad definitiva e inapelable:

a) si un menor que no tenga la edad legal para contraer matrimonio ratifica el acto ante un funcionario del Registro Civil y dos testigos, después de haber alcanzado la mayoría de edad;

b) si una persona legalmente incapacitada o inhabilitada por un trastorno psíquico ratifica su matrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, después de haberse levantado dicha incapacidad o inhabilitación o, en el caso de demencia, después de que la persona demente haya verificado a efectos judiciales su estado de salud mental;

c) si el primer matrimonio de un bígamo se declara nulo o anulado;

d) si la falta de testigos se debe a circunstancias justificadas, como las reconocidas por el registrador, siempre que no haya ninguna duda acerca de la celebración del acto.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, el régimen de asistencia judicial se aplica en todos los juzgados y tribunales, independientemente del procedimiento.

Para obtener información adicional, véase la ficha informativa sobre «Asistencia jurídica».

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. En el marco de estas acciones, siempre es posible recurrir.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Si la decisión en cuestión ha sido dictada en un Estado de la Unión Europea distinto de Dinamarca, dicha decisión será reconocida en los demás Estados miembros de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

Si la decisión se ha dictado en Dinamarca, se aplica al procedimiento especial de revisión de sentencia extranjera.

En la tramitación de este procedimiento, la demanda inicial debe presentarse junto con el documento en el que conste la decisión a examinar, y se citará a la parte contraria, en un plazo de 15 días, para que presente su escrito de oposición. El demandante podrá responder en los 10 días siguientes a la notificación de la presentación del escrito de oposición. Cuando las partes hayan presentado todos los escritos procesales y después de haber realizado todas las diligencias que se consideren indispensables, todos los documentos se remitirán a las partes y al ministerio fiscal para que presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días cada uno.

Para que la sentencia sea firme, es necesario:

a) que no existan dudas sobre la autenticidad del documento en el que conste la sentencia ni sobre la validez de la sentencia;

b) que se haya dictado según las leyes del país en el que se interpuso;

c) que haya sido dictada por un tribunal extranjero cuya competencia haya sido establecida por ley y que no trate de una materia de competencia exclusiva de los tribunales portugueses;

d) que no pueda invocarse la excepción de litispendencia o de cosa juzgada por una causa ante un tribunal portugués, excepto si ha sido el tribunal extranjero el que ha impedido incoar el procedimiento;

e) que el demandado haya sido citado de forma regular en el proceso, en las condiciones previstas por la ley del país del tribunal de origen y que, en el proceso, se cumplan los principios de derecho a ser oído y de protección en igualdad de condiciones entre las partes;

f) que no contenga ninguna decisión cuyo reconocimiento conduzca a un resultado manifiestamente incompatible con los principios de orden público internacional de Portugal.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En los Estados pertenecientes a la Unión Europea, con excepción de Dinamarca, si la parte interesada opta por solicitar el reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación o nulidad, la demanda se deberá presentar en el juzgado de familia. El tribunal territorialmente competente se determina según las leyes internas del Estado miembro en el que se presenta la demanda de reconocimiento.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En virtud de las normas nacionales de conflicto de leyes, en los casos de divorcio y separación judicial, se aplica la legislación nacional común. Si no son de la misma nacionalidad, se aplica la legislación de su domicilio habitual común y, en su defecto, la legislación del país al que esté más estrechamente vinculada la vida familiar.

Sin embargo, si durante el matrimonio cambia la ley aplicable, el divorcio o la separación judicial solo podrán fundamentarse en un hecho relevante que se haya producido durante su realización.

Información complementaria

Puede obtenerse más información en los siguientes sitios web:

Última actualización: 30/04/2018

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Divorcio - Rumania

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Se puede obtener el divorcio por mutuo acuerdo, mediante procedimientos judiciales, administrativos o notariales. Si no existe acuerdo mutuo de los cónyuges, se puede obtener el divorcio por resolución judicial.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

De conformidad con el articulo 373 del Código Civil, se puede obtener el divorcio en los casos siguientes:

  • por mutuo acuerdo entre los cónyuges,
  • cuando la relación entre los cónyuges se ha deteriorado gravemente y no es posible continuar con el matrimonio,
  • a instancia de uno de los cónyuges, tras una separación de facto de al menos dos años,
  • a instancia del cónyuge cuyo estado de salud no permita la continuación del matrimonio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

  • Los partes pierden la condición de cónyuges y pueden volver a contraer matrimonio.
  • Al disolverse el matrimonio mediante divorcio, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo para mantener los apellidos usados durante el matrimonio. Si no existe acuerdo, el tribunal puede, en casos debidamente justificados, permitir a los cónyuges conservar los apellidos usados durante el matrimonio. Si no existe acuerdo o resolución judicial, cada cónyuge recuperará el apellido que usaba antes de contraer matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

A causa del divorcio, el régimen económico matrimonial se extingue entre los cónyuges a partir de la fecha en que se interpone la demanda de divorcio. No obstante, ya sea por separado o de forma conjunta en caso de divorcio por mutuo acuerdo, los cónyuges pueden solicitar al tribunal que declare la extinción del régimen económico matrimonial a partir de la fecha de la separación de facto.

Si el régimen de comunidad de bienes se extingue por disolución del matrimonio, los antiguos cónyuges seguirán siendo propietarios conjuntos de los bienes comunes hasta que se determine la parte que les corresponde.

Durante la extinción de la comunidad conyugal, cada cónyuge asume el control de sus bienes, y después se reparten los bienes comunes y se pagan las deudas. A tal fin, la parte correspondiente a cada cónyuge se determina en primer lugar en proporción a su contribución a la adquisición de los bienes comunes y teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones conjuntas por parte de los cónyuges. A menos que se demuestre lo contrario, se considera que los cónyuges han contribuido de forma equitativa.

Con independencia de las obligaciones de alimentos entre los antiguos cónyuges y del pago de compensación, el cónyuge que no sea culpable y sufra daños y perjuicios a causa de la disolución del matrimonio puede solicitar al cónyuge culpable que lo indemnice. El tribunal de familia decidirá sobre tal solicitud en la sentencia de divorcio.

Asimismo, tras un divorcio se pierden los derechos sucesorios mutuos.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Una vez dictada la sentencia de divorcio, el tribunal de familia decide sobre la relación entre los progenitores divorciados y los hijos menores. Por normal general, tras un divorcio, los cónyuges ejercen la responsabilidad parental conjunta sobre los hijos. El tribunal de familia establece como domicilio del hijo menor la vivienda del progenitor con el que éste resida de forma habitual, y por su parte, el otro progenitor tiene derecho a mantener contacto con el menor. El tribunal determina la contribución que debe aportar cada progenitor a los gastos de crianza, educación, estudios y formación profesional de los hijos menores.

Si las circunstancias cambian, el tribunal de familia puede modificar las medidas relativas a los derechos y las obligaciones de los progenitores divorciados respecto al hijo menor a instancia de cualquiera de los cónyuges u otro miembro de la familia, el hijo, la autoridad tutelar, la institución pública de protección de menores o el fiscal.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

La obligación de pagar una pensión alimenticia entre cónyuges se extingue a causa de la disolución del matrimonio. El antiguo cónyuge tiene derecho a pensión alimenticia si atraviesa dificultades económicas a raíz de una incapacidad laboral surgida antes del matrimonio, durante el mismo o en el año siguiente a la disolución siempre que se deba a circunstancias relacionadas con éste.

El cónyuge que solicite pensión alimenticia no puede pedir también una indemnización. Si el divorcio ha sido otorgado por culpa exclusiva del cónyuge demandado, el demandante puede recibir una indemnización. Solo se concederá esta si el matrimonio ha durado como mínimo veinte años.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El Derecho rumano no contempla el concepto de separación legal pero sí el de separación de facto y el reparto de bienes judicial. Se trata de una situación que ha de demostrarse ante el tribunal. Una separación de facto de al menos dos años de duración será motivo de una sentencia judicial de divorcio.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio se anula por incumplimiento de algunas disposiciones legales relativas al contrato de matrimonio. El matrimonio solo puede anularse mediante resolución judicial. La anulación tiene efectos retroactivos y futuros, y es como si el matrimonio nunca hubiera existido.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El incumplimiento de las disposiciones legales relativas al contrato de matrimonio, como las siguientes, constituyen motivos absolutos para la anulación:

  • el matrimonio se celebró sin consentimiento,
  • los contrayentes eran personas del mismo sexo,
  • uno de los contrayentes ya estaba casado,
  • los contrayentes guardaban una relación de parentesco de línea directa o línea colateral hasta el cuarto grado,
  • uno de los contrayentes padecía una enfermedad o discapacidad mental,
  • los contrayentes no dieron su consentimiento, o dicho consentimiento no fue dado con arreglo al procedimiento legal establecido,
  • uno de los contrayentes era menor de 16 años,
  • el matrimonio fue contraído con fines distintos a la creación de una familia.

Las causas relativas para anular un matrimonio son:

  • el contrayente es menor de 16 años según dictamen médico y no tiene el consentimiento de sus progenitores o tutores legales o la autorización de la persona encargada de su guardia y custodia para celebrar el matrimonio,
  • existen vicios en el consentimiento: error (relativo a la identidad física del otro cónyuge), fraude o violencia,
  • uno de los contrayentes carece de juicio temporalmente,
  • los contrayentes son un tutor y un menor bajo su tutela.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Hasta que se dicta la sentencia definitiva, el cónyuge que contrajo matrimonio de buena fe en un matrimonio no válido o anulado conserva su condición de cónyuge de un matrimonio válido, y las relaciones patrimoniales entre los antiguos cónyuges están sujetas, por analogía, a las disposiciones en materia de divorcio.

La anulación del matrimonio no afecta a los hijos, que mantienen su condición de hijos nacidos dentro del matrimonio. En lo que respecta a los derechos y las obligaciones entre progenitores e hijos, se aplican las disposiciones en materia de divorcio, por analogía.

Una resolución judicial que declare un matrimonio como no válido o lo anule es ejecutable contra terceros. Las disposiciones relativas a los trámites del régimen económico matrimonial, el carácter público del contrato de matrimonio y la inoponibilidad del contrato de matrimonio son aplicables en la misma medida.

La invalidez del matrimonio no es ejecutable contra un tercero respecto a un acto concluido con anterioridad con uno de los cónyuges, a menos que los trámites de divulgación establecidos por ley en cuanto a la acción de declarar la invalidez o la acción de anulación hayan sido completados, o la tercera parte no fuera de otro modo consciente de los motivos de invalidez antes de concluir el acto.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La mediación es opcional antes de incoar un procedimiento judicial. Durante el procedimiento judicial, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de informar a las partes de la posibilidad y los beneficios de usar servicios de mediación.

Mediante la mediación se pueden resolver malentendidos entre los cónyuges relativos a la continuación del matrimonio, el ejercicio de los derechos parentales, el establecimiento del domicilio de los hijos, la contribución de los progenitores a la pensión alimenticia de los mismos, y cualquier malentendido que surgiese de la relación entre los cónyuges respecto a los derechos de los que disfrutan por ley. El mediador velará por que el resultado de la medicación no se oponga al interés superior del hijo y alentará a los progenitores a centrarse principalmente en las necesidades de este, así como en asumir la responsabilidad parental para garantizar que la separación de facto o el divorcio no impidan la crianza y el desarrollo del niño.

El acuerdo de mediación que incluya el acuerdo de las partes respecto a la patria potestad, a la contribución de los progenitores a la manutención de los hijos y el domicilio de estos debe estar sujeto al permiso del tribunal, que tiene la obligación de comprobar si el acuerdo respeta los intereses del hijo.

Si los cónyuges aceptan el divorcio y no tienen hijos menores nacidos o adoptados dentro o fuera del matrimonio, el responsable del registro civil o notario público del lugar donde se celebró el matrimonio o de la última residencia en común de los cónyuges puede declarar el matrimonio como disuelto mediante el acuerdo de los cónyuges y emitir un acta de divorcio.

El divorcio de mutuo acuerdo también puede ser declarado por el notario público en el caso de que existan hijos menores nacidos dentro o fuera del matrimonio o adoptados, si los cónyuges están de acuerdo en todos los aspectos relativos a los apellidos, al ejercicio de la patria potestad, al domicilio del menor, a la forma de mantener las relaciones personales, a la contribución de los progenitores a los gastos relativos a la crianza, educación, escolarización y formación profesional de los hijos.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda de divorcio es competencia del tribunal.

Desde un punto de vista territorial, la competencia pertenece al órgano jurisdiccional del último domicilio común de los cónyuges. Si los cónyuges no compartían residencia, o ninguno de ellos reside en el último domicilio común, la demanda debe interponerse ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado. No obstante, si el demandado carece de domicilio en Rumanía, y los tribunales rumanos tienen competencia internacional, la demanda debe interponerse ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandante. Si ni el demandante ni el demandado tienen domicilio en Rumanía, las partes pueden acordar interponer la demanda de divorcio ante cualquier tribunal de Rumanía. En caso que no exista tal acuerdo, la demanda de divorcio debe interponerse ante el Tribunal del Sector 5 de Bucarest.

La demanda de divorcio incluirá, además de los comentarios de la citación, los nombres de los hijos menores. La solicitud deberá ir acompañada del acta matrimonial, de la copia de la partida de nacimiento de los hijos menores y, si procede, del acuerdo de los cónyuges tras la mediación.

Cuando la demanda de divorcio se base en el acuerdo entre las partes, deberá ir firmada por ambos cónyuges o por un representante conjunto autorizado mediante un poder notarial especial autenticado. Si el representante autorizado es un abogado, compulsará las firmas de los cónyuges, de conformidad con la ley.

Las partes deben comparecer en persona ante el juzgado de primera instancia, a menos que uno de los cónyuges cumpla pena de privación de libertad, sufra una enfermedad grave que se lo impida, se encuentre bajo orden judicial, su lugar de residencia está en el extranjero, u otra situación que le impida comparecer en persona. En tales casos, la persona en cuestión puede ser representada por un abogado, un representante autorizado o, cuando proceda, un tutor o representante registrado (curador). Si en la fecha de la vista oral ante el juez de primera instancia el demandante se ausenta de forma injustificada y solo comparece el demandado, la demanda será rechazada por no tener fundamento.

El tribunal de divorcio decidirá, incluso sin ser solicitado en la demanda de divorcio, sobre el ejercicio de la patria potestad, la contribución de los progenitores a los gastos relativos a la crianza y educación de los hijos, el lugar de residencia de los hijos y los derechos de los progenitores a mantener una relación personal con ellos.

La demanda para declarar inválido un matrimonio por motivos absolutos puede ser interpuesta por cualquiera de las partes interesadas. La demanda de anulación de matrimonio es de carácter personal y, por ello, sus efectos no se transmiten a los herederos. No obstante, si la demanda fue interpuesta por uno de los cónyuges, puede ser continuada por uno de sus herederos.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

La asistencia jurídica gratuita puede obtenerse de conformidad con las condiciones dispuestas en el Decreto de Urgencia nº 51/2008 en materia de asistencia jurídica en asuntos civiles, aprobado con enmiendas y adiciones por la Ley nº 193/2008, modificada posteriormente.

Se puede ofrecer asistencia jurídica, bien por separado o de manera acumulativa, en forma de asistencia letrada, pago de honorarios de profesionales, traductores o intérpretes, pago de honorarios de funcionarios judiciales y mediante exenciones, descuentos, plazos o aplazamientos de pago de las costas judiciales.

Para poder acceder a la asistencia jurídica completa, los ingresos medios netos mensuales por miembro de la unidad familiar deben ser inferiores a 300 RON en los dos meses previos a la interposición de la demanda. Si los ingresos son inferiores a 600 RON, la proporción de asistencia jurídica ofrecida es del 50 %. También se puede asignar asistencia jurídica en proporción a las necesidades del demandante en situaciones es las que es probable que las tasas judiciales reales o calculadas impidan el acceso efectivo a la justicia debido, por ejemplo, a la diferencia del coste de la vida entre el Estado miembro donde reside el demandante y el coste en Rumanía.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el plazo de recurso es de 30 días a partir de la notificación de la sentencia.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

La legislación aplicable en materia de reconocimiento de la sentencia de divorcio es el Reglamento (CE) n° 2201/2003. Las demandas deben interponerse en el tribunal competente del lugar en que el demandado tenga su domicilio o residencia en Rumanía. Si se desconoce la residencia del demandado, la demanda debe interponerse ante el tribunal competente del lugar en que el demandante tenga su domicilio o residencia.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se puede recurrir al tribunal de apelación competente para apelar una decisión de reconocimiento o al Tribunal Supremo de Casación y Justicia.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

A fin de determinar la legislación aplicable en las relaciones en materia de Derecho internacional privado, el tribunal de Rumanía aplicará el Reglamento (UE) nº 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial o los artículos 2957 y siguientes del Código Civil.

Los cónyuges pueden elegir la legislación del Estado en que tengan su domicilio habitual en común o de su última residencia habitual en común (si al menos uno de ellos vive allí en la fecha de elección de la legislación aplicable), la legislación del Estado del que uno de los cónyuges es nacional, la legislación del país en que los cónyuges han vivido durante al menos tres años o el Derecho rumano.

Si los cónyuges no eligen el Derecho en el que ampararse, este será el del Estado donde ambos tengan su domicilio común habitual, o en su ausencia, el Derecho del Estado donde los cónyuges hubieran tenido su último domicilio común (si al menos uno de los cónyuges todavía reside en dicho Estado en la fecha de interposición de la demanda de divorcio); si uno de los cónyuges todavía no tiene lugar de residencia habitual, se aplica el Derecho del Estado del que ambos tuvieran la nacionalidad en la fecha de la interposición de la demanda de divorcio; o, si los cónyuges tienen distinta nacionalidad, se aplica el Derecho del Estado del último país del que ambos hubieran tenido la nacionalidad (si al menos uno de ellos ha conservado esta nacionalidad, en la fecha de la interposición de la demanda de divorcio). En los demás casos, el Derecho aplicable será el de Rumanía.

Última actualización: 03/12/2015

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Divorcio - Eslovenia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

La ley eslovena admite el divorcio: a) en virtud de un acuerdo entre los cónyuges y b) mediante la presentación de una demanda de divorcio.

a) En el caso del divorcio de mutuo acuerdo entre los cónyuges, el órgano jurisdiccional acuerda el divorcio en virtud del artículo 64 de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR), siempre que las partes hayan alcanzado un acuerdo sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los padres (respecto a lo cual debe solicitarse la opinión de un centro de asistencia social) y presenten un acuerdo notarial de división de los bienes comunes, de uso de la vivienda común y de pensión del cónyuge que carezca de medios de subsistencia y se halle desempleado sin mediar culpa de su parte.

b) Si el matrimonio deviene por cualquier motivo «insostenible», cualquiera de los cónyuges puede solicitar su disolución mediante la presentación de una demanda de divorcio. En este caso, el órgano jurisdiccional decide también sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los padres. Antes de adoptar una decisión, el órgano jurisdiccional debe solicitar la opinión de un centro de asistencia social.

En ambos casos, una vez recibida una demanda de divorcio, el órgano jurisdiccional ordena al centro de asistencia social competente la realización de una entrevista de asesoramiento, a la que ambos cónyuges están obligados a asistir en persona, sin representantes. El centro de asistencia social informa al órgano jurisdiccional del resultado de la entrevista de asesoramiento.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

  • La Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares solo admite un motivo de divorcio: que el matrimonio haya devenido insostenible. Esto significa que el matrimonio se ha roto de forma tan profunda e irreversible que no puede ya salvarse. El matrimonio solo se considera «insostenible» cuando las relaciones entre los cónyuges se han roto no de modo temporal, sino profunda e irreversiblemente por motivos graves. La insostenibilidad del matrimonio se evalúa atendiendo a la situación en el momento del juicio, teniendo en cuenta las circunstancias que han conducido a esa situación. El órgano jurisdiccional aprecia también la insostenibilidad cuando el cónyuge demandado acepta el divorcio.
  • El matrimonio puede extinguirse a instancia de cualquiera de los cónyuges, sin que sea preciso que ambos lo consideren insostenible.
  • No se plantea la cuestión de la responsabilidad del hecho de que el matrimonio haya devenido insostenible, y el órgano jurisdiccional no la determina tampoco en el curso del juicio. El matrimonio puede disolverse también a instancia del cónyuge responsable del hecho de que el matrimonio haya devenido insostenible.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

Los efectos jurídicos del divorcio son los siguientes:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Las personas que han cambiado su apellido por el matrimonio pueden presentar en el plazo de seis meses desde la sentencia firme de divorcio o disolución del matrimonio una declaración para solicitar la recuperación de su apellido de solteras. Solo pueden presentar la declaración las personas que no hayan cambiado nuevamente su apellido durante el matrimonio (artículo 17 de la Ley de Nombres Personales/Zakon o osebnem imenu, ZOI-1). La cuestión del cambio de apellido es de carácter administrativo y la resuelve un órgano administrativo, no judicial.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Para la división de los bienes comunes, se presume legalmente que pertenecen a partes iguales a los dos cónyuges; no obstante, si uno de ellos considera que en tal caso quedaría en desventaja, puede solicitar el reparto en proporción a su contribución al patrimonio común. Para ello, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta no solo la renta de cada cónyuge, sino otras circunstancias, como la asistencia prestada por uno al otro, el cuidado y la educación de los hijos, la realización del trabajo doméstico, el mantenimiento del patrimonio y cualquier otra forma de trabajo y participación en la administración, el mantenimiento y el acrecentamiento del patrimonio común.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

En caso de divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges deben acordar la educación y el cuidado de los hijos, y el órgano jurisdiccional evalúa si el acuerdo responde al interés de los hijos. Los cónyuges pueden acordar

  • asumir o continuar ambos encargándose del cuidado y educación de los hijos;
  • confiar la educación y el cuidado de todos ellos a uno de los padres;
  • confiar alguno de ellos a un progenitor y de los restantes al otro progenitor.

Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión, les ayudará a alcanzarlo un centro de asistencia social.

Si los padres llegan a un acuerdo sobre el cuidado y la educación, pueden proponer al órgano jurisdiccional que adopte una resolución al respecto en un procedimiento no contencioso.

Si no alcanzan un acuerdo o este no es en interés de los hijos, el órgano jurisdiccional no disolverá el matrimonio basándose en dicho acuerdo y será precisa una demanda de divorcio.

Si los padres no alcanzan un acuerdo sobre el cuidado y la educación de los hijos ni siquiera con la ayuda de un centro de asistencia social, el órgano jurisdiccional decidirá a petición de uno o de ambos padres

  • confiar la educación y el cuidado de todos ellos a uno de los padres;
  • confiar alguno de ellos a un progenitor y de los restantes al otro progenitor.
  • En casos excepcionales, el órgano jurisdiccional puede decidir confiar la educación y el cuidado de todos o alguno de ellos a un tercero,

Previo dictamen de un centro de asistencia social y, al formar la decisión, oyendo al niño directamente o a través de una persona de su confianza elegida por el propio niño, si este es capaz de entender el significado y las consecuencias del acto.

En caso de divorcio mediante presentación de una demanda y con el fin de regular las relaciones entre los cónyuges y sus hijos menores comunes, el órgano jurisdiccional decidirá sobre el cuidado y la educación de los hijos una vez determinado el mejor modo de defender el interés de estos. También en este caso, los padres pueden acordar el cuidado y la educación de los hijos comunes en interés de estos; se aplican las mismas reglas, mutatis mutandis, al cuidado y la educación de los hijos que en el caso de divorcio de mutuo acuerdo. La sentencia de divorcio establece con quién vivirán los menores tras el divorcio, el régimen de visitas del otro progenitor y la manutención de los menores.

RÉGIMEN DE VISITAS

  • Los padres deben tratar de llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas.
  • Si alcanzan un acuerdo, pueden proponer al órgano jurisdiccional que adopte una resolución al respecto en un procedimiento no litigioso; el órgano jurisdiccional rechazará el acuerdo si considera que no responde al interés de los hijos.
  • Si los padres no logran alcanzar un acuerdo, el órgano jurisdiccional decidirá a propuesta de uno de ellos (en caso de divorcio en virtud de un acuerdo entre los cónyuges, estos deben aportar un acuerdo sobre el régimen de visitas, que el órgano jurisdiccional incluirá en la sentencia de divorcio), que deberá acreditar la intervención del centro de asistencia social para demostrar que han tratado previamente de alcanzarlo.
  • El órgano jurisdiccional decide de oficio sobre el régimen de visitas únicamente cuando la cuestión afecta al régimen de visitas tras una demanda de divorcio o la disolución del matrimonio de los padres.
    • El régimen de visitas se establece en primera instancia ante los juzgados de distrito (okrožna sodišča) en un procedimiento no litigioso, a menos que decidan conjuntamente el cuidado y la educación de los hijos, en cuyo caso la cuestión se determina en un procedimiento civil.
    • Para determinar el régimen de visitas se tiene principalmente en cuenta el interés del menor: se considera que el régimen de visitas no defiende el interés del menor si le impone presiones psicológicas o pone en peligro su desarrollo físico y mental.
    • Para adoptar su decisión, el órgano jurisdiccional tiene también en cuenta la opinión del menor, si la expresa el propio niño o una persona de su confianza elegida por él, siempre que sea capaz de entender el significado y las consecuencias de ello.
    • El niño tiene también derecho al contacto con otros familiares que tengan vínculos estrechos con él (como sus abuelos y sus medio hermanos).

MANUTENCIÓN del cónyuge y los hijos

  • Los cónyuges pueden alcanzar un acuerdo sobre la manutención de los hijos, que deberán firmar ante el órgano jurisdiccional; en tal caso, el tribunal dicta una resolución especial en un procedimiento no litigioso. Si el acuerdo no responde al interés de los hijos, el órgano jurisdiccional denegará su aprobación.
  • Si los cónyuges no han alcanzado un acuerdo por sí mismos o con la ayuda de un centro de asistencia social, pueden solicitar al órgano jurisdiccional que adopte una decisión. Antes de hacerlo, el órgano jurisdiccional debe solicitar la opinión de un centro de asistencia social y tener en cuenta la opinión del niño, si este la ha expresado y es capaz de entender su importancia y sus consecuencias.
  • Los padres están obligados a mantener sus hijos hasta que alcanzan la mayoría de edad y, posteriormente, hasta que terminan su educación ordinaria y alcanzan los 26 años de edad, en la medida en que su capacidad material y su renta lo permitan, con el fin de proteger el interés del menor (su desarrollo general).
  • La manutención de los hijos se determina en función de las necesidades del menor y la capacidad material y de renta de la persona responsable. A tal efecto, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta el interés del niño, de modo que su manutención sea adecuada para asegurar su desarrollo físico y mental. La manutención de los hijos se revisa anualmente en función del índice de precios al consumo de Eslovenia.
  • El cónyuge o pareja extramatrimonial está obligado a mantener a los hijos menores de su pareja con los que convivan si los padres no pueden hacerlo.
  • Los hijos mayores de edad están obligados a mantener a sus padres si estos carecen de medios suficientes y no pueden adquirirlos ni recibir tal manutención del otro cónyuge.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

  • El cónyuge que carece de medios de vida y está desempleado sin mediar culpa de su parte tiene derecho a manutención.
  • La manutención puede solicitarse durante el procedimiento de divorcio o mediante una demanda específica en el plazo de un año desde la disolución definitiva del matrimonio si las condiciones para recibirlo existían en el momento del divorcio y continúan existiendo en el momento de su solicitud.
  • Los cónyuges pueden alcanzar un acuerdo sobre la manutención en caso de divorcio mediante un acuerdo de manutención ante notario público en forma de documento notarial ejecutivo.
  • La manutención puede establecerse por tiempo indefinido o por un plazo determinado para que el cónyuge pueda situarse en una nueva posición y organizar sus asuntos.
    • La manutención se establece en función de las necesidades del solicitante y las capacidades de la persona que lo paga. Es una cantidad mensual que se abona por anticipado y puede solicitarse desde el momento de la presentación de la demanda de solicitud de manutención. En casos excepcionales, puede pagarse de una sola vez.
    • El tribunal deniega las demandas de manutención si su pago resultaría injusto para el obligado a la luz de los motivos que hicieron insostenible el matrimonio o si la persona con derecho a manutención hubiera cometido un delito contra el obligado a pagarlo o sus familiares cercanos antes o después del procedimiento de divorcio.
    • Un cónyuge no está obligado a mantener al otro si ello pondría en peligro su capacidad de mantenerse a sí mismo o de mantener a los menores a su cargo.
    • La manutención de los hijos se revisa anualmente en función del índice de precios al consumo de Eslovenia.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La «cohabitación» (življenjska skupnost) es un elemento esencial del matrimonio (artículo 3 de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares). La desaparición de la cohabitación (prenehanje življenjske skupnosti) o separación legal supone la desaparición definitiva de los elementos esenciales de la relación mutua entre los cónyuges. Al concluir la cohabitación, desaparece la unión económica y los vínculos íntimos y afectivos entre los cónyuges, como puede ser el caso del hogar común, etc.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La ley no especifica las condiciones de la separación legal. Los órganos jurisdiccionales deciden sobre la separación legal en cada caso en función de sus circunstancias y características concretas.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal no afecta a la existencia del matrimonio, únicamente supone la desaparición de la cohabitación. Para disolver el matrimonio es precisa una demanda sin acuerdo o una propuesta de disolución de mutuo acuerdo. Con la separación legal, los cónyuges ponen fin a la creación de un patrimonio común. El cónyuge dependiente puede solicitar la manutención mediante una demanda en el plazo de un año desde la separación legal.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio supone que en el momento de su celebración no se dieron las condiciones legalmente exigidas para su validez (es decir, no se contrajo voluntariamente, el consentimiento se prestó bajo coacción o por error, no se celebró con arreglo al procedimiento establecido, los contrayentes eran parientes cercanos o alguno de ellos padecía una enfermedad mental grave o actuó sin suficiente reflexión previa). Los efectos jurídicos del matrimonio desaparecen desde el día en que adquiere firmeza la sentencia de nulidad.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Ø El matrimonio no deviene nulo ipso iure, solo puede anularse mediante una sentencia.

Ø La ley eslovena distingue entre la nulidad relativa y absoluta del matrimonio. La distinción hace referencia a las distintas personas que pueden demandar la nulidad.

a) Los motivos de nulidad relativa son:

  • discapacidad mental grave o incapacidad de juicio en el momento de la celebración del matrimonio (a instancia de uno de los cónyuges, pero solo una vez finalizada la situación);
  • consentimiento prestado bajo coacción o error (a instancia del contrayente bajo coacción o por error);
  • matrimonio celebrado por persona menor de 18 años de edad (a instancia de los padres o del tutor).

b) Los motivos de nulidad absoluta son los siguientes [las personas legitimadas para presentar una demanda son, además de ambos cónyuges, otras personas que se beneficien de modo directo de la nulidad del matrimonio (por ejemplo, otros herederos del cónyuge fallecido pueden demandar la nulidad del matrimonio para que el cónyuge superviviente pierda sus derechos hereditarios); los beneficiarios pueden presentar también una demanda tras la anulación del matrimonio; y también la fiscalía puede instar la nulidad]:

  • discapacidad mental grave o incapacidad de juicio de un cónyuge persistente en el momento en que se demande la nulidad;
  • si uno de los cónyuges estaba ya casado en el momento de celebrarse el matrimonio;
  • si los cónyuges son parientes en línea directa o en línea colateral hasta cuarto grado;
  • si en el momento de contraer matrimonio no estaban presentes los cónyuges o un cónyuge y un representante del otro;
  • si los cónyuges no celebraron el matrimonio con el propósito de mantener un hogar común.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio se producen desde el día en que adquiere firmeza la sentencia de nulidad. En cuanto a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, la manutención del cónyuge dependiente, la devolución de los obsequios entre los cónyuges y las relaciones de estos con sus hijos comunes, los efectos jurídicos son iguales en la anulación que en el divorcio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah), que entró en vigor en junio de 2008, regula la mediación en los litigios sobre relaciones de derecho civil, mercantiles, laborales, familiares y otras relaciones patrimoniales respecto de las cuales las partes pueden libremente negociar y transigir, salvo disposición en contrario de una ley específica. El matrimonio no puede disolverse en sí mismo sin la intervención de un órgano jurisdiccional, ante el que debe interponerse una demanda sin acuerdo o una propuesta de disolución de mutuo acuerdo.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

  • El artículo 32 de la Ley de Procedimiento Civil (Zakon o pravdnem postopku) asigna a los juzgados de distrito el conocimiento de los litigios matrimoniales (en materia de nulidad o divorcio; la ley eslovena no contempla una demanda específica de separación legal).

La demanda o propuesta de disolución debe ir acompañada de una certificación del registro matrimonial y del registro de nacimientos, y en la vista debe presentarse el documento personal de identidad.

  • Los cónyuges deben adjuntar lo siguiente a la propuesta de disolución del matrimonio de mutuo acuerdo:
    • un acuerdo sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los padres (con el dictamen de un centro de asistencia social);
    • un acuerdo sobre la división del patrimonio común en forma de documento notarial ejecutivo;
    • un acuerdo sobre quién conservará o adquirirá el uso del último domicilio común;
    • un acuerdo sobre la manutención del cónyuge que carece de medios de vida y está desempleado sin mediar culpa de su parte.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

El tribunal exime del pago de las tasas judiciales si estas reducirían notablemente la renta disponible para la manutención propia o la de los familiares. Los extranjeros a los que sean de aplicación un tratado internacional o condiciones de reciprocidad están exentos del pago de las tasas judiciales (artículos 10 y 11 de la Ley de Tasas Judiciales/Zakon o sodnih taksah, ZST-1).

Las partes pueden solicitar asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes de abogados y peritos; la decisión de conceder o no la asistencia jurídica gratuita corresponde al órgano jurisdiccional de distrito del lugar de residencia permanente del solicitante. En este procedimiento, el tribunal evalúa los criterios (sustantivos, económicos) en relación con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Zakon o brezplačni pravni pomoči).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La sentencia de divorcio o anulación del matrimonio puede recurrirse ante un tribunal superior (višje sodišče), generalmente en un plazo de 15 días. La sentencia de divorcio basada en una propuesta de los cónyuges de mutuo acuerdo puede recurrirse:

  • si se han producido infracciones graves del procedimiento civil;
  • si la parte presentó la propuesta por error o bajo coacción o engaño;
  • si no se cumplen los requisitos legales del divorcio de mutuo acuerdo.

El recurso extraordinario de revisión no cabe en los litigios matrimoniales.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 2210/2003, las resoluciones judiciales emitidas en otro Estado miembro se reconocen sin necesidad de iniciar un procedimiento especial al efecto.

Las partes interesadas pueden solicitar una decisión sobre el reconocimiento o no de una resolución judicial. Para ello, deben presentar una solicitud de declaración de reconocimiento de la sentencia ante el órgano jurisdiccional de distrito competente de Eslovenia.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

La presentación de la demanda se rige por la ley eslovena.

La parte que solicita o se opone al reconocimiento de una resolución judicial o presenta una demanda de declaración de reconocimiento de sentencia debe aportar:

  • copia de la resolución judicial que reúna los requisitos necesarios para confirmar su autenticidad;
  • confirmación, en un formato normalizado, de la resolución judicial en el litigio matrimonial.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2201/2003 (Bruselas II bis) se aplica principal y directamente a los asuntos de jurisdicción internacional que afecten a nacionales o residentes de Estados miembros de la UE.

Si ambos cónyuges son nacionales de distintos países en el momento de la presentación de la demanda, se aplican las leyes acumuladas de dichos países con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional eslovena (artículo 37, apartado 2, de la Ley de Derecho y Procedimiento Internacional Privado/Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).

Si el matrimonio no puede disolverse con arreglo a la ley de los países de nacionalidad de los cónyuges, se aplica la ley eslovena si uno de los cónyuges tenía residencia permanente en este país en el momento de presentación de la demanda.

Si uno de los cónyuges es de nacionalidad eslovena pero no tiene residencia permanente en este país y el matrimonio no puede disolverse con arreglo a lo establecido en el citado artículo 37, apartado 2, la disolución se regirá por el derecho esloveno.

Enlaces relacionados

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Última actualización: 05/03/2018

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Divorcio - Eslovaquia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Eslovaquia, el matrimonio solo puede disolverse por resolución judicial.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El tribunal puede disolver un matrimonio como respuesta a la demanda interpuesta por uno de los cónyuges, siempre y cuando la relación entre los mismos sufra tal deterioro permanente que el matrimonio ya no pueda cumplir con los fines que le son propios y los cónyuges no puedan reanudar la convivencia conyugal.

El tribunal determina la causa de la ruptura de la relación entre los cónyuges y la tiene en cuenta al adoptar la sentencia de divorcio. Al dictar una sentencia de divorcio, el tribunal siempre tiene en cuenta los intereses de los hijos menores.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge al contraer matrimonio puede notificar al Registro Civil que volverá a adoptar su apellido anterior en un plazo de tres meses tras el pronunciamiento de la sentencia definitiva de divorcio.

El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge al contraer matrimonio y haya conservado el suyo propio como segundo apellido puede notificar al registro civil, en un plazo de tres meses tras el pronunciamiento de la sentencia de divorcio definitiva, que dejará de usar el apellido del cónyuge.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El régimen de comunidad de bienes se disuelve en el momento del divorcio, y los asuntos relacionados con el mismo se resuelven según los principios estipulados en el artículo 150 del Código Civil (Občiansky zákonník). El régimen de comunidad de bienes puede resolverse mediante: a) acuerdo; b) resolución judicial; c) transcurso de un periodo de tiempo.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En la sentencia de divorcio de los progenitores de un menor, el juez especifica los derechos y las obligaciones de los progenitores con respecto al menor para el período posterior al divorcio, y determina, en particular, a qué progenitor se le concede la custodia, la tutela legal del menor y la administración de sus bienes. La decisión sobre los derechos y las obligaciones parentales puede ser sustituida por un acuerdo entre los progenitores.

Cuando los progenitores no lleguen a un acuerdo sobre los derechos de visita al menor, el tribunal los determinará en la sentencia de divorcio. Cuando proceda, habida cuenta de los intereses del menor, el tribunal prohibirá o limitará los derechos de visita de un progenitor.

El tribunal también estipula de qué manera el progenitor al que no se le concede la custodia del niño contribuirá a su manutención, o aprobará el acuerdo de los progenitores sobre la cuantía de la pensión alimenticia.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge divorciado que no pueda subsistir por sí solo, podrá solicitar a la otra parte una pensión en concepto de alimentos, que será proporcional a las posibilidades económicas del ex cónyuge. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo, el tribunal, a instancia de una de las partes, resolverá la cuantía de dicha contribución.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La legislación eslovaca no contempla la separación legal.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Además del divorcio, el matrimonio puede ser declarado no válido por decisión judicial. En este caso, el matrimonio es considerado no celebrado desde un principio (matrimonium nullum). El tribunal también puede declarar que el matrimonio nunca existió (non matrimonium).

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

a. Las causas por las que se puede anular un matrimonio son:

  • la existencia de otro matrimonio,
  • la consanguinidad entre ascendentes y descendientes directos, y entre hermanos y hermanas, incluido el parentesco por adopción,
  • la minoría de edad, si se trata de de menores de entre 16 y 18 años de edad,
  • un trastorno mental que implique limitación de la capacidad jurídica,
  • una declaración que concluya que el matrimonio no se contrajo de manera libre, seria, determinada y comprensible.

Si se celebra el matrimonio a pesar de ser nulo por una de las causas citadas anteriormente, se considera que existe hasta que una decisión judicial de anulación sea definitiva.

b. El matrimonio es nulo si:

  • se contrajo bajo coacción,
  • fue contraído por un menor de 16 años de edad,
  • se celebró ante una oficina de registro no autorizada, salvo en los casos especificados en el artículo 4, apartados 2 y 3, o ante un alcalde o un miembro de un gobierno municipal sin competencia para celebrar matrimonios,
  • se celebró ante una autoridad eclesiástica o una comunidad religiosa no registrada de conformidad con una disposición específica, o ante una persona no autorizada a actuar como clérigo en una iglesia o comunidad religiosa registrada,
  • se celebró en el extranjero ante una autoridad sin competencia para tal fin,
  • se celebró por poderes sin una autorización válida, o bien la autorización fue revocada de conformidad con la ley pertinente.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio declarado no válido por el tribunal se considera no celebrado.

Tras la decisión judicial que anula el matrimonio, las relaciones patrimoniales de los cónyuges, y sus derechos y obligaciones con respecto a los hijos comunes, se rigen por las disposiciones sobre los derechos y deberes de los progenitores divorciados con respecto a los hijos comunes y sobre sus relaciones patrimoniales. Tras la decisión judicial que anula el matrimonio, la declaración de los cónyuges sobre su apellido común también se anula y los ex cónyuges tienen la obligación de volver a adoptar sus apellidos originales.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El matrimonio solo puede disolverse por resolución judicial. Las cuestiones relacionadas con el matrimonio pueden resolverse mediante la aplicación de la Ley de mediación n°420/2004 (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas de divorcio, anulación de matrimonio o declaraciones de nulidad de matrimonio se presentan ante el tribunal de distrito (okresný súd).

El tribunal competente es el del lugar de la última residencia de los cónyuges en Eslovaquia, siempre y cuando al menos uno de los ex cónyuges resida en el distrito del tribunal. En caso de que no exista tal tribunal, será competente el tribunal general (všeobecný súd) del demandado, o si no existe tal tribunal, al tribunal general del demandante.

La demanda debe incluir los detalles estipulados en el artículo 42, apartado 3, y en el artículo 79, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Občiansky súdny poriadok).

En la demanda hay que indicar a qué tribunal se dirige, los datos del demandante, el objeto de la demanda y el fin que se persigue y, además, debe estar firmada y fechada. También debe incluir los nombres, los apellidos y el lugar de residencia de las partes (y de sus representantes, si es el caso), su nacionalidad, una descripción fiel de los hechos principales y una lista de las pruebas en las que se basa el demandante. La demanda también debe exponer de forma clara la finalidad que persigue el demandante.

El demandante debe adjuntar las pruebas documentales en que se basa, salvo aquellas que no pueda presentar por motivos ajenos a su voluntad.

La demanda debe interponerse acompañada del número requerido de duplicados y anexos para que el tribunal conserve una copia y cada parte reciba otra, según proceda. Si el demandante no suministra el número requerido de duplicados y anexos, éste correrá con los gastos de las copias que realice el tribunal.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

La prestación de asistencia jurídica está regulada por la Ley n° 327/2005 sobre la prestación de asistencia jurídica a las personas necesitadas (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

El procedimiento de divorcio implica afrontar costas judiciales. Las partes del procedimiento pueden solicitar la exención de pago de dichas tasas.

En virtud de una demanda, el tribunal puede conceder la exención de pago de las costas judiciales a una parte total o parcialmente, si las circunstancias de la parte lo justifican, siempre y cuando no se refiera a una aplicación arbitraria o manifiestamente infundada de un derecho. Salvo disposición contraria del tribunal, la exención se aplica al procedimiento completo y tiene efectos retroactivos. No obstante, no se reembolsarán las costas pagadas antes de la decisión que concedió la exención.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se puede presentar un recurso contra la decisión en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Es necesario presentar una solicitud de reconocimiento de la decisión. El Tribunal Regional (Krajský súd) de Bratislava es el tribunal competente en esta materia.

Las decisiones definitivas en materia de asuntos matrimoniales en otros Estados miembro (salvo Dinamarca) después del 1 de mayo de 2004 son reconocidos en virtud del Reglamento (CE) nº° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000. Las decisiones son reconocidas sin procedimiento especial alguno; en particular no existe procedimiento especial para modificar una inscripción en la oficina del Registro Civil. No obstante, la parte interesada puede solicitar que se dicte una decisión especial sobre el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro en materia matrimonial. El tribunal regional de Bratislava es competente para reconocer las resoluciones extranjeras.

Respecto a las decisiones dictadas en Dinamarca, o en otros Estados miembros antes del 1 de mayo de 2004, es preciso presentar una solicitud de reconocimiento de la resolución definitiva extranjera en materia matrimonial cuando una de las partes sea nacional de Eslovaquia. Este procedimiento se incoa con la presentación de la solicitud por la persona designada como parte en la resolución dictada en otro Estado miembro. El tribunal regional de Bratislava es competente para reconocer las resoluciones de otros Estados miembros.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se puede recurrir la decisión de reconocimiento o de no reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. El recurso se interpone ante el tribunal regional de Bratislava y lo resuelve el Tribunal Supremo (Najvyšší súd).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La disolución del matrimonio por divorcio se rige en virtud de la legislación del Estado del que los cónyuges eran nacionales cuando se incoó el procedimiento. Si los cónyuges tienen nacionalidades diferentes, se aplica el Derecho eslovaco en materia de divorcio.

Última actualización: 14/01/2019

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Nota: la versión original de esta página finés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas.

Divorcio - Finlandia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Las demandas de divorcio son competencia de los juzgados de distrito (käräjäoikeus). Pueden solicitarlo ambos cónyuges o uno de ellos por separado.

El divorcio puede concederse después de un período de reflexión de seis meses. No se requiere un período de reflexión si los cónyuges han vivido separados durante al menos dos años antes de la demanda de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

No es necesario alegar motivos para solicitar el divorcio. Los juzgados de distrito no analizan las relaciones personales entre los cónyuges ni los motivos de la solicitud. Véase la pregunta 1.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Los cónyuges conservan su apellido de casados tras el divorcio. Si el apellido de un cónyuge cambió a causa del matrimonio, el cónyuge en cuestión puede solicitar nuevamente su cambio tras el divorcio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El otorgamiento del divorcio y el reparto de los bienes son cuestiones separadas. Una vez disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden acordar el reparto de los bienes o solicitar al juzgado la designación de una persona encargada de realizarlo. La regla general es el reparto a partes iguales de todos los bienes de los cónyuges. Esta regla general puede cambiarse mediante un acuerdo prematrimonial. El reparto puede modificarse también si da lugar aun resultado injustificado. Los bienes comunes pueden repartirse en cuanto se inicia el período de reflexión.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Cuestiones como la custodia, la residencia, la pensión de alimentos y el derecho de visita de los hijos menores comunes pueden organizarse junto con la solicitud de divorcio. Véanse los apartados de «Custodia de menores - Finlandia» y «Pensiones alimenticias - Finlandia».

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al otorgar el divorcio, el órgano jurisdiccional puede ordenar, previa solicitud, que un cónyuge pague alimentos al otro, si lo considera razonable (véase el apartado de «Pensiones alimenticias - Finlandia»). No obstante, esto es infrecuente.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La legislación finlandesa no contempla la separación judicial. En la práctica, la separación significa que los cónyuges viven separados, en casas distintas.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase la pregunta 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase la pregunta 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La legislación finlandesa no contempla la anulación del matrimonio. No obstante, el fiscal debe promover el divorcio inmediato de los cónyuges si se descubre que son parientes cercanos o que uno de ellos estaba ya legalmente casado en el momento de celebrar el matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Véase la pregunta 7.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Véase la pregunta 7.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La demanda de divorcio debe presentarse en todo caso ante el juzgado de distrito. No obstante, la ley dispone que los cónyuges deben tratar siempre previamente de resolver los conflictos familiares mediante un acuerdo, para lo cual pueden solicitar la ayuda de los mediadores familiares en su centro de servicios sociales local (sosiaalilautakunta). Los juzgados de distrito tienen también la obligación de informar a los cónyuges de la existencia de un servicio de mediación. Los mediadores tratan de ayudar a los cónyuges a alcanzar un acuerdo sobre el modo de resolver los conflictos familiares de forma satisfactoria para todos los miembros de la familia. Los mediadores pueden ayudarles también a elaborar el acuerdo y a iniciar otros procedimientos de resolución de conflictos. Los mediadores tienen la obligación especial de velar por los intereses de los menores en la familia. La mediación es siempre voluntaria.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los cónyuges pueden solicitar el divorcio conjuntamente o por separado. La demanda de divorcio debe presentarse ante el juzgado de distrito del lugar de residencia de uno de los cónyuges. La demanda puede presentarse en persona o a través de un representante autorizado, y puede hacerse por correo postal, fax o correo electrónico.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Se presta asistencia jurídica gratuita para los casos de divorcio (véase el apartado de «Asistencia jurídica gratuita - Finlandia»).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las sentencias de divorcio pueden recurrirse ante el tribunal de apelación (hovioikeus).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Normalmente, el reconocimiento de las sentencias de divorcio dictadas en otros Estados miembros de la UE se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo (CE) n.º 2201/2003. Véase el apartado de «Divorcio – Legislación comunitaria».

De acuerdo con este Reglamento, las sentencias dictadas en un Estado miembro se reconocen en otro Estado miembro sin necesidad de seguir ningún procedimiento especial. No obstante, el interesado puede solicitar una resolución en la que se reconozca o no se reconozca una sentencia.

Las solicitudes de reconocimiento de sentencia son competencia de los juzgados de distrito.

No obstante, en el caso de los divorcios solicitados en los países nórdicos se aplica el Convenio Nórdico sobre el Matrimonio de 1931. Entre los Estados miembros de la Unión Europea, son partes de este Convenio Finlandia, Suecia y Dinamarca. Las sentencias de divorcio dictadas con arreglo al Convenio son válidas en todos los países nórdicos sin necesidad de confirmación.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El procedimiento es el mismo descrito en la pregunta 14.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La ley finlandesa se aplica a todos los casos de divorcio iniciados en Finlandia.

Última actualización: 02/03/2018

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Divorcio - Suecia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges o ambos conjuntamente pueden solicitar el divorcio. El divorcio debe ir precedido de un período de reflexión de seis meses en determinadas circunstancias. Esto ocurre cuando:

  • ambos cónyuges así lo soliciten;
  • uno de los cónyuges viva permanentemente con su hijo menor de 16 años del que tenga la custodia, o
  • solo uno de los cónyuges desee la disolución del matrimonio.

En determinados casos excepcionales, sin embargo, las parejas a las que se refieren los puntos anteriores pueden también divorciarse sin un período de reflexión. Esto ocurre cuando la pareja ha estado separada durante dos años. Uno de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin un período previo de reflexión si se descubre que es probable que fuera forzado a celebrar el matrimonio o si dicho cónyuge contrajo matrimonio antes de la edad de 18 años sin la correspondiente licencia oficial. Si se celebró el matrimonio a pesar de que los cónyuges tuvieran estrechos vínculos familiares, o si se celebró aunque uno de ellos estuviera todavía ligado por vínculo matrimonial o unión de hecho registrada, cada uno de los cónyuges tendrá derecho a solicitar el divorcio sin un período previo de reflexión.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Un cónyuge siempre tiene el derecho de obtener el divorcio sin que se requiera una causa concreta.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Si uno de los cónyuges hubiera adoptado el apellido del otro, tiene el derecho a recobrar al apellido que utilizó en último lugar antes de su matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Después de un divorcio, los bienes de la pareja han de repartirse entre ambos cónyuges. El principio general es que los bienes se dividen en partes iguales. Cabe destacar que la cuestión de cuál de los cónyuges es culpable de la disolución del matrimonio es irrelevante por lo que se refiere al reparto de los bienes de la pareja.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Tras el divorcio, la pareja continúa automáticamente teniendo la custodia compartida de sus hijos. Sin embargo, un tribunal puede poner fin a la custodia compartida:

  • de oficio, si el tribunal considera que existen pruebas de que la custodia compartida es manifiestamente incompatible con el bienestar del menor, o
  • a petición de uno de los cónyuges, si el tribunal estima que lo mejor para el interés del menor es la custodia exclusiva de uno de ellos.

Si ambos cónyuges formulan una petición de cese de la custodia compartida, el tribunal deberá acceder a ella.

Ambos progenitores son responsables del mantenimiento de su hijo. El progenitor que no conviva con su hijo cumplirá su obligación de alimentos mediante el pago al otro cónyuge de una pensión de alimentos para el menor.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Después del divorcio, los cónyuges son responsables de sus propias necesidades. Solo se prevén excepciones en determinadas circunstancias especiales como, por ejemplo, si uno de ellos tiene dificultades para subsistir cuando se haya puesto fin a un largo matrimonio o si hubiera razones específicas.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La legislación sueca no contempla la separación judicial.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La legislación sueca no contempla la separación judicial.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La legislación sueca no contempla la separación judicial.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La legislación sueca no contempla la anulación del matrimonio. Un matrimonio puede disolverse de dos maneras: por fallecimiento de uno de los cónyuges o por sentencia judicial de divorcio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La legislación sueca no contempla la anulación del matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La legislación sueca no contempla la anulación del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Solamente un tribunal puede decidir disolver un matrimonio mediante el divorcio. Existen, sin embargo, opciones alternativas para resolver los diversos problemas que puedan surgir en relación con un divorcio.

La pareja puede obtener asesoramiento familiar, que trata los conflictos de convivencia. De esa manera, las parejas pueden obtener ayuda para resolver problemas y conflictos, de modo que puedan continuar con su matrimonio. Si hay ya una separación de facto, el servicio de asesoramiento familiar puede ayudar a suavizar el conflicto y permitir que los adultos actúen conjuntamente en su papel de padres. El asesoramiento familiar lo proporcionan organismos públicos (autoridades locales), eclesiales y privados. A las autoridades locales les corresponde garantizar que cualquier persona que lo solicite reciba asesoramiento familiar.

La pareja también tiene derecho a las llamadas discusiones de cooperación, que no están enfocadas a la relación entre los adultos sino a los hijos. Su finalidad fundamental es llegar a un acuerdo sobre los problemas relativos a la custodia de los hijos, su residencia y el derecho de visita. Las discusiones de cooperación están dirigidas por expertos. Las autoridades locales son responsables de garantizar que cualquier persona que lo solicite pueda tener discusiones de cooperación.

Si la pareja desea realizar un cambio en relación con la custodia de sus hijos, su residencia o el derecho de visita, puede hacerlo celebrando un acuerdo al respecto. Dicho acuerdo deberá ser aprobado posteriormente por el comité de asistencia social de la autoridad local.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La legislación sueca no contempla la separación legal ni la anulación del matrimonio.

La primera condición para poder presentar una demanda de divorcio ante un órgano jurisdiccional sueco es que este sea competente para conocer del asunto. Este es evidentemente el caso cuando ambos cónyuges son ciudadanos suecos y viven en Suecia. No obstante, los tribunales suecos son también competentes en los siguientes casos:

  • cuando ambos cónyuges son ciudadanos suecos,
  • cuando el demandante es un ciudadano sueco y reside habitualmente en Suecia o lo ha hecho previamente desde los 18 años de edad,
  • cuando el demandante no es un ciudadano sueco, pero ha residido habitualmente en Suecia durante al menos un año,
  • si el demandado reside habitualmente en Suecia.

Una vez establecida la competencia de un tribunal sueco para conocer de un procedimiento de divorcio, la causa se celebra ante el tribunal de primera instancia (tingsrätt) sueco en cuya circunscripción tenga su residencia habitual uno de los cónyuges. Si ninguno de ellos reside de forma habitual en Suecia, el proceso se celebra en el tribunal de distrito de Estocolmo (Stockholms tingsrätt).

Existen dos maneras diferentes de presentar una demanda de divorcio ante un tribunal de distrito. Si ambos cónyuges desean divorciarse, pueden depositar una solicitud de divorcio de común acuerdo. Sin embargo, cuando solo uno de ellos desea divorciarse, este debe presentar un escrito de demanda ante el tribunal de distrito. En ambos casos deben adjuntarse copias de los certificados de nacimiento de ambos cónyuges, que pueden obtenerse de la Agencia Tributaria sueca (Skatteverket).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En los procedimientos de divorcio y cuestiones relacionadas, la asistencia jurídica gratuita solo se concede por motivos específicos.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La legislación sueca no contempla la separación legal ni la anulación del matrimonio.

Sí, se puede presentar un recurso contra una sentencia de divorcio.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo [FACILÍTESE VÍNCULO] relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (Reglamento Bruselas II), las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Sin embargo, existen algunos motivos para denegar el reconocimiento.

El principio fundamental conforme al Reglamento Bruselas II es, por tanto, que una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad del matrimonio dictada en cualquier otro Estado miembro debe tratarse automáticamente de la misma manera y tener los mismos efectos legales que una resolución judicial sueca equivalente. Aunque el Reglamento se basa, pues, en el principio de reconocimiento automático, cabe la posibilidad de que una parte interesada obtenga una declaración de que la sentencia extranjera está o no reconocida en Suecia. Esta petición se hace ante el Tribunal de Apelación Svea (Svea hovrätt), que adopta una decisión, en esta fase, sin oír a la otra parte.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Debe presentarse una solicitud ante el Tribunal de Apelación Svea (Svea hovrätt) con el fin de utilizar la opción prevista en el Reglamento Bruselas II para obtener una declaración de que la sentencia extranjera se reconoce en Suecia (véase la pregunta 14 anterior) [FACILÍTESE VÍNCULO A LA PREGUNTA 14 ANTERIOR]. Si el Tribunal de Apelación Svea declara en dicho procedimiento que se debe reconocer la sentencia en cuestión en Suecia, la otra parte puede oponerse a este reconocimiento. La oposición a dicho reconocimiento se sustancia ante el mismo tribunal, que oirá a ambas partes en el resto del procedimiento. Contra la resolución adoptada por el Tribunal de Apelación Svea en cuanto a la oposición al reconocimiento puede apelarse ante el Tribunal Supremo (Högsta domstolen).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Una demanda de divorcio vista por un tribunal sueco se regirá siempre por la legislación sueca (principio de lex fori).

En determinados casos, sin embargo, será necesario tener en cuenta las disposiciones de la legislación extranjera. Esto ocurre en los siguientes casos:

  • Cuando ambos cónyuges sean extranjeros y no hayan residido habitualmente en Suecia durante al menos un año, no se podrá dictar una sentencia de divorcio contra el deseo de uno de los cónyuges cuando, conforme a la legislación del Estado del cual ambos o uno de los cónyuges sean ciudadanos, no existan causas de divorcio.
  • Cuando ambos cónyuges sean extranjeros y uno de ellos alegue que no existe causa para la disolución del matrimonio conforme a la legislación del Estado del cual sea ciudadano, no podrá dictarse una sentencia de divorcio si, teniendo en cuenta los intereses del cónyuge o de los hijos de ambos cónyuges, existen motivos particulares para no hacerlo.

Cabe destacar que, incluso en los dos casos previamente mencionados, se trata simplemente de aplicar la legislación sueca, pero con cierto grado de protección para evitar una sentencia de divorcio conforme a la legislación sueca cuando los cónyuges no estén muy arraigados en Suecia y existan motivos fundados en contra.

Última actualización: 21/12/2015

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Divorcio - Inglaterra y Gales

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges debe presentar una solicitud por escrito (una demanda) ante un tribunal. Las demandas de divorcio se tramitan en el Juzgado de Familia (Family Court), y los cónyuges tendrán que interponerlas ante dicho órgano. El demandante debe demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, para lo que deberá presentar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican a continuación.

No se podrán presentar demandas de divorcio hasta que haya transcurrido un año como mínimo tras la fecha en que se contrajo matrimonio, pero sí se podrá presentar una solicitud de anulación en cualquier momento. No obstante, podrán presentarse pruebas de hechos acaecidos durante un año a partir de la fecha del matrimonio a fin de demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable.

Desde marzo de 2014, las parejas del mismo sexo ya pueden contraer matrimonio en Inglaterra y Gales. En el caso del divorcio, se aplican las mismas condiciones, independientemente de que los cónyuges sean del mismo sexo o no.

Desde 2005, las parejas del mismo sexo también pueden formalizar su relación en el Reino Unido registrando una unión civil. Las partes de dicha unión son libres de solicitar su disolución o de presentar una solicitud de separación si la relación se rompe. El proceso es similar al del divorcio, la separación judicial y la anulación del matrimonio, tal y como se describe más abajo. Puede encontrar información adicional en el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Gobierno.

En una pareja del mismo sexo, si se trata de hombres, a los cónyuges se les considera esposo y esposo, y si se trata de mujeres, se les considera esposa y esposa.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La única causa por la que puede concederse el divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. A fin de justificar esta causa, es necesario presentar pruebas de uno o varios de los siguientes «hechos» conyugales.

  • Que el otro cónyuge ha cometido adulterio con una persona del sexo opuesto, por lo que al demandante le resulta intolerable convivir con esta persona.
  • Que el cónyuge ha tenido una conducta poco razonable, lo que implica que este se ha comportado de tal forma que el demandante no se ve capaz de continuar conviviendo con él.
  • Que el cónyuge ha abandonado el hogar conyugal durante los dos años anteriores a la presentación de la demanda de divorcio.
  • Que ha habido una separación de las partes durante un período de dos años antes de presentar la demanda de divorcio (con el consentimiento de la otra parte).
  • Que ha habido una separación de las partes durante un período de cinco años antes de presentar la demanda de divorcio (sin el consentimiento de la otra parte).

El tribunal tiene la obligación de indagar lo máximo posible en los hechos que alega el demandante (peticionario) y en los que alegue la otra parte (demandado). Si el tribunal está de acuerdo con las pruebas presentadas para justificar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, el juez del Juzgado de Familia dictará una sentencia de divorcio.

Si el tribunal tiene la certeza de que el matrimonio de ha roto de forma irreparable, primero promulgará una resolución provisional de divorcio (decree nisi). Transcurridas seis semanas, el cónyuge que ha presentado la demanda de divorcio ante el tribunal puede presentar una solicitud para obtener la sentencia firme de divorcio. Salvo en circunstancias excepcionales, no existe límite de tiempo para solicitar una sentencia firme (definitiva).

No obstante, si se presenta la solicitud para obtener un auto irrevocable doce meses después de obtener el auto de divorcio provisional, el demandante deberá facilitar una explicación por escrito, en la que conste lo siguiente:

  • las razones del retraso;
  • si los cónyuges han convivido desde la obtención del auto de divorcio provisional y, en su caso, entre qué fechas;
  • si una de las cónyuges, en caso de que se trate de parejas del mismo sexo entre mujeres, haya dado a luz, o se considere que así ha sido, desde la concesión del auto de divorcio provisional y, en su caso, si se ha alegado o no que se trata o puede tratarse de un descendiente de la unidad familiar.

El juez del Juzgado de Familia puede exigir al demandante que presente una declaración jurada para dar fe de la explicación aportada y puede dictar dicha resolución sobre la demanda según el juez considere oportuno.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Las partes tienen plena libertad para volver a contraer matrimonio (o para formar una unión civil) en caso de que así lo deseen. Podrán optar por mantener el apellido de casado o volver a usar el de soltero o el de la nueva pareja registrada.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El tribunal, al dictar una sentencia de divorcio, nulidad o separación judicial, o posteriormente, puede decretar que los bienes se transfieran de un cónyuge a otro, o bien a un descendiente de la familia, o bien a otra persona para el beneficio de algún hijo de la unidad familiar.

Los tribunales también son competentes para fallar a favor de la realización de pagos periódicos, la venta de bienes, las pensiones alimenticias, pagos de cuantías a tanto alzado y para dictar otros autos. Tienen discreción en cuanto a qué autos dictar en un caso concreto, a fin de adecuarse a las exigencias del caso de que se trate en función de sus circunstancias concretas.

En el ejercicio de sus facultades discrecionales, los tribunales deben considerar el bienestar de los hijos de la unidad familiar menores de dieciocho años, además de las siguientes circunstancias:

  • la renta, el nivel de ingresos, los bienes u otros recursos financieros que cada uno de los cónyuges tiene o puede tener en un futuro próximo;
  • la contribución, ya sea financiera o de otro tipo, que haya realizado cada uno de los cónyuges para el mantenimiento del hogar y de los hijos;
  • las necesidades, obligaciones y responsabilidades económicas que cada una de las partes tenga o pueda tener en un futuro cercano;
  • el nivel de vida del que disfrutaba la familia antes de la ruptura del matrimonio;
  • la edad de ambas partes y la duración del matrimonio;
  • cualquier discapacidad mental o física que sufra alguna de las partes;
  • las contribuciones que cada parte ha hecho, o pueda hacer en el futuro, para el bienestar de la familia;
  • la conducta de los cónyuges, si fuera tal que resultara injusto ignorarla al considerar cómo deben repartirse los bienes;
  • el valor para cada uno de los cónyuges de cualquier beneficio que dicha parte perderá la oportunidad de adquirir debido al divorcio o a la anulación.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Tras el divorcio, ambos progenitores continuarán teniendo responsabilidad parental para con los hijos de la unidad familiar. Asimismo, cada progenitor continuará teniendo responsabilidad parental para con los hijos de otras relaciones con los que tuvieran tal responsabilidad en el momento de obtener el divorcio. Ambos progenitores también continuarán teniendo el deber de mantener a los hijos menores que hayan vivido como hijos de la familia.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El deber de pasar una pensión alimenticia al otro cónyuge cesará, en la mayoría de los casos, cuando finalice el proceso de divorcio (tras conceder el divorcio definitivo), salvo en aquellos casos en los que se haya promulgado un auto de obligación alimenticia con respecto al cónyuge como parte de los procedimientos de divorcio. Además, cualquier obligación relativa a una resolución judicial existente (por ejemplo, sobre la obligación alimenticia con respecto al otro cónyuge) permanecerá en vigor, pero se podrá modificar una resolución existente en un futuro en caso de que se produzcan cambios significativos a raíz de los hechos en los que se basa la resolución judicial original.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En Inglaterra y Gales, la «separación legal» se conoce como «separación judicial». Cuando un tribunal dicta tal resolución, ya no cabrá esperanza alguna de que el cónyuge demandante continúe conviviendo con su esposo o esposa. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. La separación judicial en firme es una opción para los cónyuges cuyo matrimonio se ha roto irreparablemente pero que no desean volver a casarse. Al solicitante de una separación judicial no se le exige presentar pruebas de que el matrimonio se ha roto irreparablemente. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haber obtenido una resolución de separación judicial.

Las parejas de hecho registradas pueden solicitar también una resolución de separación, que tiene exactamente la misma validez.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El solicitante tiene que presentar pruebas de uno o varios de los hechos necesarios para demostrar la ruptura del matrimonio y, a diferencia de quienes solicitan el divorcio, no necesita esperar un año a partir de la fecha en que se celebró el matrimonio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Si una de las partes de una separación judicial fallece sin haber hecho testamento, sus bienes se distribuirán de conformidad con la legislación sobre sucesiones, y una sentencia de separación judicial tendrá la misma validez que el divorcio. Por tanto, ninguno de los cónyuges tendrá ningún derecho sobre los bienes de la parte intestada. Si alguna de las partes de una separación judicial fallece y tiene testamento, la separación judicial no tendrá ningún efecto sobre los derechos derivados del citado testamento cuando, por ejemplo, la parte supérstite separada judicialmente sea nombrada como beneficiaria en el testamento.

En una separación judicial, un tribunal se rige conforme a las mismas disposiciones que el caso del divorcio en cuanto al reparto de los bienes.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Existen dos formas de anulación del matrimonio. El matrimonio puede ser declarado «nulo», que significa que el matrimonio nunca ha sido válido y nunca ha existido. En circunstancias diferentes, el matrimonio puede ser «anulable», lo que significa que uno de los cónyuges puede solicitar que el matrimonio se declare no válido. El matrimonio puede continuar en caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio será nulo y no válido si:

  • No se atiene a las disposiciones de las leyes sobre matrimonio de 1949 a 1986 en relación con lo siguiente:
    • Las partes son familiares muy próximos.
    • Una de las partes es menor de dieciséis años.
    • No se han llevado a cabo los trámites apropiados del matrimonio.
  • En el momento de contraer matrimonio, una de las partes ya estaba legalmente casada o registrada como pareja de hecho.
  • Si se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Inglaterra o Gales, si uno de los cónyuges estaba domiciliado en Inglaterra y Gales en el momento de contraer matrimonio.

Un matrimonio es anulable si se dan las siguientes circunstancias:

  • Que el matrimonio no se haya consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges para hacerlo. Esto solo se aplica a los matrimonios entre personas de diferente sexo.
  • Que el matrimonio no se haya consumado por negativa deliberada del demandado. Esto solo se aplica a los matrimonios entre personas de diferente sexo.
  • Que una de las partes no haya dado su consentimiento para contraer matrimonio como es debido, porque actuó bajo presión y se vio forzada a ello, estuviera equivocada con respecto a los efectos jurídicos del matrimonio o fuera mentalmente incapaz de valorar los efectos derivados de la decisión de casarse.
  • Que, en el momento de contraer matrimonio, uno de los cónyuges sufriera una enfermedad mental de un tipo por el que resulte no apto para contraer matrimonio o que padeciera alguna enfermedad de transmisión sexual y el demandante no tuviera constancia de este hecho en ese momento.
  • Que, cuando se celebró el matrimonio, la demandada estuviera embarazada de otra persona distinta al demandante y este último no tuviera constancia de ello en el momento de casarse.
  • Que se haya emitido un certificado de reconocimiento de género provisional a favor de alguna de las partes después de celebrarse el matrimonio.
  • Que el demandado sea una persona cuyo sexo en el momento de contraer matrimonio fuera el sexo adquirido en el marco de la ley de reconocimiento de género de 2004 y el demandante no fuera consciente de este hecho en ese momento.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si un matrimonio se declara nulo, no tendrá validez alguna y se tratará como si nunca hubiera existido. No obstante, esto no afecta a la condición de los hijos.

Si un matrimonio es anulable, se tratará como si no hubiera sido válido desde la fecha en que se declare irrevocable la sentencia de anulación del matrimonio. El matrimonio se considerará existente hasta dicha fecha.

En el caso de matrimonios nulos y anulables, el tribunal podrá adoptar disposiciones para el reparto de los bienes de la misma forma que en el caso del divorcio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El Gobierno fomenta el uso de la mediación familiar para resolver litigios en casos apropiados. La mediación puede resultar conveniente si se trata de litigios relacionados con los hijos y también para aquellos que conciernen a los bienes y los recursos económicos. En algunos ámbitos, los funcionarios del Servicio de Asesoramiento Judicial para Menores y la Familia (Children and Family Court Advisory and Support Service) El enlace abre una nueva ventanaCAFCASS (Inglaterra) o El enlace abre una nueva ventanaCAFCASS Cymru (Gales) habilitan instalaciones para la resolución de litigios sobre los hijos en los tribunales. El tribunal puede aplazar un caso para tratar de solucionar el litigio de esta forma.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda puede presentarse en cualquier instalación del Juzgado de Familia y en ella debe constar si se trata de una demanda de divorcio, separación judicial o anulación. Los detalles de los tribunales y los formularios necesarios se encuentran disponibles en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Para presentar una demanda normalmente es necesario pagar tasas, pero se aplican excepciones para quienes reciben prestaciones públicas o para quienes pueden demostrar que el pago de las tasas puede suponer una dificultad excesiva. Se puede encontrar información adicional en este sentido en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Una parte debe cumplimentar el El enlace abre una nueva ventanaformulario de demanda (D8) y debe acompañarlo de:

  • tres copias del formulario de demanda;
  • una copia adicional para una persona designada implicada en un caso de adulterio;
  • una El enlace abre una nueva ventanadeclaración de los acuerdos en relación con los hijos menores de dieciocho años.
  • un certificado matrimonial (que no sea fotocopia) acompañado de una traducción jurada, si procede;
  • un El enlace abre una nueva ventanaformulario de exención del pago de tasas.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

La asistencia jurídica gratuita no suele estar disponible para casos de divorcio o litigios relacionados con los hijos o los bienes, a menos que exista violencia doméstica. También se realizará un estudio de los recursos económicos y los fundamentos. Puede encontrar información adicional en el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Gobierno.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Al emitir un auto provisional, uno de los cónyuges puede recurrir al tribunal y presentar pruebas para que no se dicte una sentencia irrevocable. El tribunal puede aplazar el caso, dictar una sentencia firme, indagar más o abordar el caso de otra forma que estime más conveniente.

Tras emitir un auto definitivo, salvo en circunstancias excepcionales, no puede entablarse recurso alguno.

No se puede apelar contra una resolución de separación judicial, pero se puede anular si ambas partes están de acuerdo.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) nº 2201/2003 de la Unión Europea establece que una resolución judicial de divorcio, separación legal (separación judicial) o anulación del matrimonio dictada en un Estado miembro puede reconocerse en otros Estados miembros. Los documentos necesarios pueden obtenerse en el tribunal que dictó la resolución y deben presentarse ante el Tribunal Superior (High Court).

Este Reglamento no afecta a los asuntos de culpabilidad, consecuencias derivadas de los bienes del matrimonio, pensiones alimenticias u otras cuestiones subordinadas. Debe existir una relación real entre la parte afectada y el Estado miembro que ejerza la competencia.

El reconocimiento podrá denegarse si la resolución contraviene el orden público, por incomparecencia, si a la parte demandada no se le facilitaron los documentos pertinentes con antelación suficiente o por incompatibilidad de la resolución con una sentencia dictada en procedimientos entre las mismas partes en Inglaterra y Gales, o con una sentencia anterior dictada en otro país, siempre que dicha sentencia pueda reconocerse en Inglaterra y Gales.

Cualquier interesado puede solicitar una resolución en la que se reconozca o no se reconozca una sentencia. El Tribunal Superior podrá suspender los procedimientos si se presenta un recurso contra la sentencia que se pretende reconocer.

Si el fallo no puede reconocerse en el marco de este Reglamento, el régimen de reconocimiento de divorcios obtenidos en el extranjero será la Ley de Derecho de Familia de 1986 (Family Law Act 1986). El artículo 46 de la citada Ley establece que:

  • La validez de un divorcio, una anulación o una separación legal obtenidos en el extranjero mediante procedimientos judiciales se reconocerá si:
    • el divorcio, la anulación o la separación judicial son efectivos de conformidad con la legislación del país en que se obtuvo;
    • en la fecha correspondiente (la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales para obtener el divorcio), cada una de las partes de la unidad matrimonial
      • tenía su residencia habitual en el país en que se ha obtenido el divorcio, la anulación o la separación judicial;
      • tenía su domicilio en dicho país;
      • era nacional de dicho país.
  • La validez de un divorcio, una anulación o una separación judicial obtenidos en el extranjero por vías distintas a los procedimientos judiciales se reconocerá si:
    • el divorcio, la anulación o la separación judicial son efectivos de conformidad con la legislación del país en que se obtuvo;
    • en la fecha pertinente (la fecha en que se obtuvo el divorcio):
      • cada una de las partes de la unidad matrimonial tenía su domicilio en dicho país; o
      • una de las partes de la unidad matrimonial tenía su domicilio en dicho país y la otra parte tenía su domicilio en un país en el que la legislación que regula el divorcio, la anulación o la separación judicial se reconoce como válida;
  • ninguna de las partes de la unidad conyugal tenía su residencia habitual en el Reino Unido durante el período de un año inmediatamente anterior a dicha fecha.

Cualquier persona puede solicitar al tribunal una declaración de que el divorcio, la anulación o la separación judicial obtenidos fuera de Inglaterra o Gales deben reconocerse en Inglaterra y Gales. El tribunal podrá dar curso a la solicitud siempre que el demandante:

  • tuviera su domicilio en Inglaterra y Gales en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales;
  • tuviera su residencia habitual en Inglaterra y Gales durante el período de un año hasta dicha fecha.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

De conformidad con las condiciones descritas anteriormente, cualquier persona puede solicitar al Juzgado de Familia que emita una declaración de que el divorcio, la anulación o la separación judicial no deben reconocerse en Inglaterra y Gales.

Las solicitudes de reconocimiento en el marco del citado Reglamento de la UE deberán presentarse ante el Tribunal Superior. El demandante deberá informar al demandado acerca de la solicitud que les brinda la oportunidad de impugnar el reconocimiento de una resolución mediante el envío de los documentos oportunos, a menos que el tribunal falle que el demandado ha aceptado la sentencia de manera inequívoca.

El Reglamento establece que cualquier parte interesada podrá solicitar que se reconozca o no la resolución. El Tribunal Superior podrá suspender los procedimientos si se presenta un recurso contra la sentencia que se pretende reconocer en el Estado miembro en que se dictó la sentencia.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los tribunales de Inglaterra y Gales siempre aplicarán la legislación de Inglaterra y Gales a las demandas que se interpongan ante ellos. Los tribunales tienen competencia para conocer de un divorcio, incluso en los casos en que el matrimonio se haya contraído en el extranjero, si cualquiera de las partes de la unidad conyugal:

  • tuviera su domicilio en Inglaterra y Gales en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales; o
  • tuviera su residencia habitual en Inglaterra y Gales durante el período de un año hasta dicha fecha.

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Última actualización: 20/02/2019

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Divorcio - Irlanda del Norte

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Irlanda del Norte, la normativa relativa al divorcio se recoge en la Ley sobre causas matrimoniales de 1978 [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978]; en lo sucesivo, «Ley de 1978».

Un cónyuge puede obtener el divorcio si presenta una solicitud por escrito (denominada «escrito de demanda») ante un tribunal. La persona que pide el divorcio recibe el nombre de «demandante», mientras que a la otra parte se le denomina «demandado». El demandante debe demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, para lo que deberá presentar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican a continuación en la pregunta 2. Una demanda de divorcio no puede presentarse dentro de los dos primeros años del matrimonio. No obstante, se pueden utilizar pruebas de esos dos años para demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La única causa de divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. En general, a fin de mostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, el demandante debe probar uno o varios de los siguientes hechos:

  • Que el demandado ha cometido adulterio. Este hecho no podrá alegarse si, después de tener constancia del mismo, el demandante continúa conviviendo con el demandado durante más de seis meses o durante períodos más cortos que en total sumen más de seis meses.
  • Que el demandado haya tenido una conducta poco razonable, es decir, que se haya comportado de tal forma que el demandante no se vea capaz de continuar conviviendo con él. Este hecho no será válido si las partes han convivido durante seis meses o más después de la fecha en que tuviera lugar el último incidente de conducta irracional.
  • Que el demandado haya abandonado al demandante durante un periodo continuado de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda.
  • Que las partes hayan vivido separadas durante un periodo continuado de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda, y el demandado dé su consentimiento para la concesión del divorcio.
  • Que las partes hayan vivido separadas durante un periodo continuado de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda. No se precisa del consentimiento del demandado, quien podrá oponerse al divorcio si alega que le provocaría dificultades económicas importantes o de otro tipo.

Al valorar si el demandado ha abandonado al demandante o si las partes han vivido separadas durante un periodo continuado, no se tendrán en cuenta los períodos (que no superen seis meses en total) en que las partes hayan reanudado la convivencia. No obstante, tales períodos no contarán como parte del período de abandono del hogar o de separación.

Si el tribunal considera satisfactorias las pruebas que justifican que el matrimonio se ha roto irreparablemente, dictará una resolución provisional de divorcio (la resolución judicial previa al divorcio o decree nisi).

El proceso de divorcio finaliza cuando la resolución provisional se convierte en firme. Se puede solicitar que la sentencia condicional se convierta en sentencia firme de divorcio a las seis semanas y un día de haberse dictado la sentencia condicional. Si la solicitud no se presenta en el plazo de doce meses a partir de la fecha en que se dicte la sentencia condicional, se puede solicitar al demandante que presente una declaración jurada (affidávit) para justificar el retraso. En determinadas circunstancias, el demandado podrá solicitar la sentencia firme. Las partes no podrán volver a contraer matrimonio hasta obtener la sentencia firme de divorcio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

No existen normas específicas que rijan las relaciones después del divorcio. No obstante, las partes ya no tendrán la obligación de convivir y, si la esposa ha adoptado el apellido de su marido, podrá decidir volver a utilizar su apellido de soltera.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

La Ley de 1978 contiene disposiciones de gran alcance que permiten al tribunal pronunciarse sobre los bienes de las partes y regular sus acuerdos económicos, tanto entre las partes como en relación con los hijos de la unidad familiar.

Al pronunciar la sentencia de divorcio o posteriormente, el tribunal puede dictar órdenes sobre

  • pagos periódicos;
  • pago de una cantidad a tanto alzado;
  • reparto de los bienes;
  • reparto de la carga de la pensión alimenticia o de asignación de los fondos de pensiones.

Antes de dictar una resolución, el tribunal estudiará todas las circunstancias del caso. No obstante, dará siempre prioridad al bienestar de los hijos de la unidad familiar menores de dieciocho años.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Después del divorcio, ambos progenitores conservarán la responsabilidad parental sobre los hijos del matrimonio y el deber permanente de mantener a los menores que hayan registrado como hijos de la unidad familiar.

Si hay hijos menores de dieciséis años, o mayores de esa edad que estén estudiando o recibiendo formación profesional, el demandante debe cumplimentar un formulario (formulario M4) donde se establezcan los acuerdos en relación con ellos. En el formulario se insta a las partes a tratar de llegar a un acuerdo en relación con las propuestas para el futuro de sus hijos. No obstante, si no llegan a un acuerdo, el demandado tendrá la oportunidad de presentar sus observaciones sobre los acuerdos propuestos, y el tribunal podrá ejercer sus competencias en el marco de la Ley del menor [Children (Northern Ireland) Order 1995], para decidir, por ejemplo, dónde deben vivir los hijos.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El deber de pagar alimentos al otro cónyuge cesará con el divorcio, salvo en el caso en que el tribunal haya dictado un auto de pago o reparto de bienes.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Una demanda de separación judicial puede presentarse si un matrimonio se rompe pero, por un motivo u otro, el demandante no quiere obtener el divorcio. Si el demandante obtiene una sentencia de separación judicial, desaparece la obligación de convivencia. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haber obtenido una resolución de separación judicial.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Al presentar una demanda de separación judicial, no es necesario demostrar que el matrimonio se ha roto de forma irreparable.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Los cónyuges no tendrán que continuar conviviendo. Si existe una sentencia de separación judicial y uno de los cónyuges fallece sin hacer testamento (intestado), sus bienes se distribuirán como si el otro cónyuge también hubiese fallecido y este perderá todos los beneficios que hubiera podido obtener. Las competencias del tribunal en cuanto al reparto de bienes son prácticamente las mismas tanto para la separación judicial como para el divorcio. No obstante, el tribunal no puede dictar un auto en materia de reparto de pensiones.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Una sentencia de nulidad se concede si el demandante demuestra que el matrimonio es nulo o anulable. Un matrimonio nulo es aquel que nunca debería haberse celebrado y que se considera que nunca ha tenido valor legal. Un matrimonio anulable se reconoce y continúa hasta su disolución.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio es nulo y no válido si se demuestra alguno de los siguientes hechos:

  • Las partes tienen una relación de parentesco muy cercana.
  • Una de las partes es menor de dieciséis años.
  • No se han llevado a cabo los trámites apropiados del matrimonio.
  • En el momento de contraer matrimonio, una de las partes ya estaba legalmente casada.
  • Las partes no son de sexos diferentes (la pareja debe estar compuesta de un hombre y una mujer).
  • Si se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Irlanda del Norte, uno de los cónyuges estaba domiciliado en Irlanda del Norte en el momento de contraer matrimonio.

Un matrimonio es anulable si se demuestra alguno de los siguientes hechos:

  • No se ha consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges.
  • Uno de los cónyuges se ha negado a consumarlo.
  • Una de las partes no dio un consentimiento válido para contraer matrimonio (por ejemplo, porque actuó bajo presión o coacción para dar su consentimiento o porque estaba equivocada acerca de la naturaleza de la ceremonia).
  • En el momento del matrimonio, uno de los cónyuges padecía una enfermedad mental.
  • En el momento del matrimonio, uno de los cónyuges sufría una enfermedad de transmisión sexual.
  • En el momento del matrimonio, la esposa estaba embarazada de una persona que no era su marido.

Si se solicita una declaración de nulidad basada en uno de los cuatro supuestos anteriores, deberá presentarse en el plazo de tres años a partir de la fecha en que se celebró el enlace. No obstante, en determinadas circunstancias, el tribunal puede admitir a trámite una demanda presentada fuera de dicho plazo.

Si la demanda se fundamenta en los últimos dos hechos, el demandante tendrá que demostrar que, en el momento del matrimonio, no tenía constancia de la enfermedad o del embarazo de su cónyuge.

El tribunal no invalidará un matrimonio anulable si el demandado demuestra que:

  • El demandante sabía que el matrimonio podría anularse, pero se comportó como si creyera razonablemente que no se solicitaría la anulación.
  • Sería injusto.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si un matrimonio se declara nulo, no tendrá validez alguna y se tratará como si nunca hubiera existido. Si un matrimonio es anulable, se tratará como si no hubiera sido válido desde la fecha de la sentencia firme de nulidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Existen una serie de organismos en Irlanda del Norte que prestan servicios de mediación (por ejemplo, Relate). La mediación puede facilitar los trámites del divorcio, entre otros, los acuerdos económicos y las cuestiones relativas a la responsabilidad parental.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas de divorcio, separación judicial o nulidad pueden presentarse en el Tribunal Superior (High Court) o en un tribunal de condado competente en divorcios (divorce county court). No obstante, si un demandado recurre una demanda presentada en un tribunal de condado, el caso se elevará al Tribunal Superior.

Las direcciones y los números de teléfono de los tribunales están disponibles en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Para poder incoar procedimientos judiciales en este ámbito, deberá presentar una serie de formularios en el tribunal competente acompañados de:

  • el certificado de matrimonio original (no una fotocopia), acompañado de una traducción jurada y de una declaración jurada si el matrimonio se celebró fuera de Irlanda del Norte;
  • la partida de nacimiento original de todos los hijos de la pareja menores de dieciocho años (debe ser una versión completa donde aparezcan todos los detalles de los padres y los hijos);
  • una copia de las resoluciones judiciales a las que se haga referencia en la demanda;
  • el original, además de dos copias, de cualquier acuerdo (por ejemplo, el régimen económico) que vaya a formalizar el tribunal;
  • las costas procesales (la secretaría del tribunal podrá informar sobre las tasas en vigor).

La secretaría del tribunal podrá facilitar copias de los formularios y explicar cómo cumplimentarlos. No obstante, el personal del tribunal no puede ofrecer asesoramiento letrado o decirle lo que debe alegar.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

El interesado tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. No obstante, el nivel de ayuda económica facilitada, si procede, está sujeto a una comprobación de los recursos económicos. A pesar de ser considerado apto para beneficiarse de ayuda económica, deberá realizar una aportación para cubrir los costes. En virtud de un acuerdo, esta aportación podrá reembolsarse al departamento de asistencia jurídica gratuita (Legal Aid Department) durante un período de tiempo. Además de criterios de admisibilidad financiera, también deberá superar la evaluación de los fundamentos, es decir, demostrar la existencia de fundamentos razonables para incoar el proceso o defenderse ante el tribunal y que, en las circunstancias del caso, hay razones para concederle la asistencia jurídica gratuita.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Una sentencia firme de disolución o nulidad del matrimonio no puede recurrirse si la parte perjudicada ha tenido la oportunidad de apelar contra la sentencia provisional (decree nisi) y no lo ha hecho. Asimismo, los autos dictados con el consentimiento de las partes solo pueden recurrirse con la autorización del tribunal. El tribunal de apelación tiene competencias para ratificar, anular o modificar la resolución original.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «el Reglamento»), establece que las resoluciones judiciales de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en un Estado miembro se reconocerán en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno (distinto del establecido en el propio Reglamento).

Una parte interesada puede solicitar el reconocimiento de la sentencia, y las razones para denegar el reconocimiento están estrictamente limitadas (por ejemplo, el reconocimiento podrá denegarse si la resolución es contraria al orden público).

La solicitud de reconocimiento debe presentarse ante el Tribunal Superior de Irlanda del Norte.

Si el Reglamento no es aplicable, podrá aplicarse el artículo 46 de la Ley sobre Derecho de familia de 1986 (Family Law Act), que establece las condiciones generales para el reconocimiento de un divorcio, una separación legal o una anulación obtenidos en el extranjero.

Las solicitudes de reconocimiento de divorcios, separaciones o anulaciones concedidos en el extranjero deben presentarse ante el Tribunal Superior. La solicitud se presenta en forma de demanda, que deberá ir acompañada de una copia de la resolución de divorcio, separación o anulación.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Habida cuenta de que el Tribunal Superior es el organismo competente para el reconocimiento de divorcios, separaciones o anulaciones matrimoniales (en virtud del Reglamento y de la Ley sobre Derecho de Familia de 1986), las objeciones al reconocimiento propuesto también se resolverán en dicho Tribunal. Los motivos de denegación del reconocimiento se establecen en el artículo 15 del Reglamento y en el artículo 51 de la Ley sobre Derecho de Familia de 1986.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Si un tribunal de Irlanda del Norte decide que tiene jurisdicción para tramitar el divorcio, la separación o la anulación, aplicará la legislación de Irlanda del Norte.

Un tribunal de Irlanda del Norte será competente para conocer de asuntos de divorcio o separación judicial (aunque el matrimonio se haya celebrado en el extranjero) si:

  • el Reglamento le reconoce dicha competencia; o.
  • en virtud del Reglamento, ningún tribunal de un Estado contratante (es decir, uno de los Estados que inicialmente era parte del Reglamento o un Estado que lo adoptó posteriormente) es competente en la materia y una de las partes tenía su domicilio en Irlanda del Norte cuando se incoaron los procedimientos judiciales.

Un tribunal de Irlanda del Norte tendrá jurisdicción para conocer de los asuntos de nulidad matrimonial (aunque el matrimonio se haya celebrado en el extranjero) si:

  • el Reglamento le reconoce dicha competencia; o
  • en virtud del Reglamento, ningún tribunal de un Estado contratante tiene competencia en la materia y una de las partes de la unidad matrimonial:
  • tenía su domicilio en Irlanda del Norte en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales;
  • falleció antes de dicha fecha teniendo su domicilio en Irlanda del Norte o tuvo su residencia habitual en Irlanda del Norte durante un año hasta la fecha del fallecimiento.

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Última actualización: 08/01/2019

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Divorcio - Gibraltar

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges debe presentar una solicitud por escrito (una demanda) ante un tribunal. Las demandas de divorcio se tramitan en el Tribunal Supremo, y los cónyuges tendrán que interponerlas ante dicho órgano. El demandante debe demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, para lo que deberá presentar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican a continuación.

No se podrá presentar ninguna demanda de divorcio durante los tres años posteriores a la fecha en que se contrae el matrimonio. Las únicas excepciones son que el demandante haya sufrido dificultades excepcionales o que el demandado haya mostrado una depravación excepcional, o que el demandante tuviera menos de dieciséis años en la fecha en que contrajo matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La única causa por la que puede concederse el divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. A fin de justificar esta causa, es necesario presentar pruebas de uno o varios de los siguientes «hechos» conyugales.

  • Que el otro cónyuge ha cometido adulterio, por lo que al demandante le resulta intolerable convivir con esta persona.
  • Que el cónyuge ha tenido un comportamiento indebido, lo que implica que se ha comportado de tal forma que el demandante no se ve capaz de continuar conviviendo con él.
  • Que uno de los cónyuges ha abandonado el hogar conyugal durante los dos años anteriores a la presentación de la demanda de divorcio.
  • Que ha habido una separación de las partes durante un período de dos años antes de presentar la demanda de divorcio (con el consentimiento de la otra parte).
  • Que ha habido una separación de las partes durante un período de cinco años antes de presentar la demanda de divorcio (sin el consentimiento de la otra parte).

El tribunal tiene la obligación de indagar al máximo los hechos que alega el demandante (peticionario) y los que alegue la otra parte (demandado). Si el tribunal tiene constancia, por las pruebas presentadas, de que el matrimonio se ha roto irreparablemente, el juez del Tribunal Supremo dictará una sentencia de divorcio, siempre que esté conforme con los acuerdos relativos a los hijos de las partes del divorcio.

Si el tribunal tiene la certeza de que el matrimonio de ha roto de forma irreparable, primero promulgará una resolución provisional de divorcio (Decreto nisi). Transcurridas seis semanas, el cónyuge que ha presentado la demanda de divorcio ante el tribunal puede presentar una solicitud para obtener la sentencia firme de divorcio. Salvo en circunstancias excepcionales, no existe límite de tiempo para solicitar una sentencia firme (definitiva).

No obstante, si se presenta la solicitud para obtener una sentencia firme doce meses después de obtener la resolución provisional de divorcio el demandante deberá facilitar una explicación por escrito, en la que conste lo siguiente:

  • las razones del retraso;
  • si los cónyuges han vivido juntos desde la obtención de la resolución provisional de divorcio (Decreto nisi) y, en su caso, entre qué fechas;
  • si se trata de la mujer, si ha dado a luz desde la resolución provisional y, en su caso, deberá alegar los hechos pertinentes y si se alega que el hijo es o puede ser del cónyuge.

El juez puede exigir al demandante que presente una declaración jurada para dar fe de la explicación aportada y puede dictar dicha orden sobre la demanda según considere oportuno.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El matrimonio queda disuelto, por lo que deja de existir la obligación de convivir y de mantener una relación personal, a menos que las partes así lo deseen. Las partes tienen plena libertad para volver a contraer matrimonio en caso de que así lo deseen. Podrán optar por mantener el apellido de casados o volver a usar el de solteros, según deseen.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Esta cuestión la determina el tribunal tras escuchar las alegaciones sobre cada caso. Aunque exista un acuerdo entre las partes, el Tribunal conserva una competencia general a efectos de aprobación o modificación.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Antes o después de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia firme, es competente para emitir autos sobre la custodia, la manutención y la educación de los hijos del matrimonio o incluso para exigir que los procedimientos judiciales se celebren de tal forma que los niños queden bajo la protección del Tribunal. El Tribunal Supremo no puede dictar una sentencia de divorcio irrevocable a menos que tenga constancia de que se han adoptado disposiciones favorables para los hijos del matrimonio.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al dictar una resolución provisional, o posteriormente, el Tribunal Supremo es competente para exigir que el cónyuge pague a su esposa, mientras vivan juntos, una cuantía mensual o semanal para el sustento y manutención de su esposa, según el Tribunal estime conveniente. El derecho de la esposa a percibir una pensión alimenticia cesa en el momento en que esta vuelve a contraer matrimonio, pero este hecho no influye de ningún modo en las pensiones de alimentos que perciben los hijos de la unidad matrimonial.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En el Derecho de Gibraltar, la separación legal se conoce como «separación judicial». Cuando se dicta una sentencia en este sentido, ya no cabrá esperanza alguna de que el cónyuge demandante continúe conviviendo con su esposo o esposa. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. La separación judicial en firme es una opción para los cónyuges cuyo matrimonio se ha roto irreparablemente pero que no desean volver a casarse. Al solicitante de una separación judicial no se le exige presentar pruebas de que el matrimonio se ha roto irreparablemente. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haber obtenido una resolución de separación judicial.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El solicitante tiene que presentar pruebas de uno o varios de los hechos necesarios para demostrar la ruptura del matrimonio y, a diferencia de quienes solicitan el divorcio, no necesita esperar tres años a partir de la fecha en que se celebró el matrimonio para incoar los procedimientos judiciales.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Si una de las partes de una separación judicial fallece sin haber hecho testamento, sus bienes se distribuirán de conformidad con la legislación sobre sucesiones ab intestato, y una sentencia de separación judicial surtirá el mismo efecto que uno de divorcio. Por tanto, ninguno de los cónyuges tendrá ningún derecho sobre los bienes de la parte intestada. No obstante, si alguna de las partes de una separación judicial fallece y tiene testamento, la separación judicial no tendrá ningún efecto sobre los derechos derivados del citado testamento cuando, por ejemplo, la parte supérstite separada judicialmente sea nombrada como beneficiaria en el testamento.

En caso de separación judicial, un tribunal se rige conforme a las mismas disposiciones que en caso de divorcio en cuanto al reparto de los bienes.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Existen dos formas de anulación del matrimonio. El matrimonio puede ser declarado «nulo», lo que significa que el matrimonio nunca ha sido válido y nunca ha existido. En circunstancias diferentes, el matrimonio puede ser «anulable», lo que significa que uno de los cónyuges puede solicitar que el matrimonio se declare inválido. El matrimonio puede continuar en caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio será nulo e inválido si:

  • No cumple las disposiciones de la legislación que regula el matrimonio.
  • En el momento de contraer matrimonio, una de las partes ya estaba legalmente casada.
  • Las partes no son de sexo diferente. Una de las partes debe ser mujer y otra hombre para que un matrimonio sea válido.
  • Si se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Gibraltar uno de cuyos cónyuges estaba domiciliado en Gibraltar en el momento de contraer matrimonio.

Un matrimonio es anulable si se dan las siguientes circunstancias:

  • El matrimonio no se ha consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges para hacerlo.
  • El matrimonio no se ha consumado por negativa deliberada del demandado.
  • Que una de las partes no haya dado su consentimiento para contraer matrimonio como es debido, porque actuó bajo presión y se vio forzada a ello, estuviera equivocada con respecto a los efectos jurídicos del matrimonio o fuera mentalmente incapaz de valorar los efectos derivados de la decisión de casarse.
  • Que, en el momento de contraer matrimonio, uno de los cónyuges sufriera una enfermedad mental de un tipo por el que resulte no apto para contraer matrimonio o que padeciera alguna enfermedad de transmisión sexual y el demandante no tuviera constancia de este hecho en ese momento.
  • Que, cuando se celebró el matrimonio, la demandada estuviera embarazada de otra persona distinta al demandante y este último no tuviera constancia de ello en el momento de casarse.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Cuando el matrimonio se declara nulo, queda anulado de pleno derecho. No obstante, si el matrimonio tiene hijos, el Tribunal Supremo debe tener la certeza de que se han adoptado disposiciones favorables para ellos. También se pueden adoptar disposiciones para el pago de las pensiones alimenticias y la custodia y la manutención de los hijos.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El divorcio es competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Gibraltar. No obstante, se puede obtener asistencia social mediante asesoramiento matrimonial.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas deben presentarse en el Registro del Tribunal Supremo, en la dirección 277 Main Street, Gibraltar.

La solicitud se cursa en forma de demanda y debe ir acompañada de una declaración jurada con una copia del certificado de matrimonio y copias de las partidas de nacimiento de los hijos, en su caso, y reflejar los motivos por los que se solicita el divorcio, la separación judicial o la nulidad. También será necesario hacer referencia a los hijos del matrimonio y a la situación económica del demandante. Se puede obtener información adicional en el Registro del Tribunal Supremo, en la dirección 277 Main Street, Gibraltar, o en el teléfono +350 20075608.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Pueden disponer de asistencia jurídica gratuita para cubrir los procedimientos judiciales necesarios quienes satisfagan los criterios pertinentes en cuanto a ingresos. Se pueden encontrar los formularios e información adicional en el Registro del Tribunal Supremo, en la dirección 277 Main Street, Gibraltar.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La anulación de una sentencia de divorcio o de nulidad puede realizarse en cualquier momento antes de que la sentencia se declare firme. Si se trata de una separación judicial, en determinadas circunstancias, la sentencia podrá anularse en cualquier momento después de su emisión. Los autos relativos a las pensiones alimenticias y la custodia y la manutención de los hijos podrán modificarse tras declarar una sentencia como firme.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) nº 2201/2003 de la Unión Europea establece que una resolución judicial de divorcio, separación legal (separación judicial) o anulación del matrimonio dictada en un Estado miembro puede reconocerse en otros Estados miembros. Los documentos necesarios pueden obtenerse en el tribunal que dictó la sentencia y deben presentarse ante el Tribunal Supremo.

Este Reglamento no afecta a los aspectos de culpabilidad, consecuencias en los bienes del matrimonio, pensiones alimenticias u otras cuestiones subsidiarias. Debe existir un vínculo real entre la parte afectada y el Estado miembro que ejerza la competencia.

El reconocimiento podrá denegarse si la resolución es contraria al orden público, por incomparecencia, si al demandado no se le facilitan los documentos pertinentes con el tiempo suficiente o por incompatibilidad con una sentencia en procedimientos entre las mismas partes en Gibraltar, o bien si resulta incoherente con una sentencia anterior dictada en otro país, siempre que dicha sentencia pueda reconocerse en Gibraltar.

El interesado puede solicitar una resolución por la que se reconozca o no se reconozca una sentencia. El Tribunal Supremo podrá suspender el procedimiento si se presenta un recurso contra la sentencia cuyo reconocimiento se pretende.

Si el fallo no puede reconocerse en el marco de este Reglamento, el régimen de reconocimiento de divorcios obtenidos en el extranjero será la Ley de causas matrimoniales (Matrimonial Causes Act). Esta Ley prevé lo siguiente:

La validez de un divorcio o una separación judicial obtenidos en el extranjero mediante procedimientos judiciales se reconocerá si:

  • el divorcio o la separación judicial son efectivos de conformidad con la legislación del país en que se obtuvo;
  • en la fecha correspondiente (la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales para obtener el divorcio), cada una de las partes de la unidad matrimonial
    • tenía su residencia habitual en el país en que se ha obtenido el divorcio o la separación judicial;
    • tenía su domicilio en dicho país;
    • era nacional de dicho país.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El Derecho de Gibraltar reconoce los divorcios y las separaciones dictadas en otros países siempre que se cumplan determinadas condiciones. Si se presenta alguna objeción al reconocimiento de dicho divorcio o separación judicial, esta debe basarse en que no se ha cumplido alguna de las condiciones establecidas en la Ley de causas matrimoniales. En tal caso, será conveniente presentar una solicitud al Tribunal Supremo de Gibraltar para pedir una declaración en la que conste que un divorcio o una separación judicial obtenidos en otro país no son válidos.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los tribunales de Gibraltar siempre aplicarán la legislación de Gibraltar a los casos que se interpongan ante ellos. Los tribunales son competentes para tramitar un divorcio, incluso aunque el matrimonio se haya contraído en el extranjero, si cualquiera de las partes de la unidad conyugal:

  • tenía su domicilio en Gibraltar en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales;
  • tenía su residencia habitual en Gibraltar durante un período de un año hasta dicha fecha.
Última actualización: 23/08/2019

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