In most countries divorce is decided by a court, and that court's judgment dissolves the marriage.

If the couple has children, besides the separation of the spouses, the divorce will lead to a reorganisation of the relationship between each of them and the children they have in common.

It will also lead to a division of the assets owned in common by the spouses, and if necessary to the payment of a contribution or maintenance by one spouse to another, or to support the children.

In the European Union, there are rules for working out to which court an application for divorce must be filed when the couple separates. These rules are particularly useful for couples where the spouses are of different nationalities, or where the spouses have lived in different Member States during the marriage.

The rules also allow a divorce pronounced in one country of the European Union to be more easily recognised in another Member State and have effect there.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En el Derecho belga hay dos tipos de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por diferencias irreconciliables.

El divorcio por diferencias irreconciliables puede obtenerse de dos formas:

• Mediante prueba de las diferencias irreconciliables, que se puede aportar por todas las vías de Derecho (artículo 229, apartado 1 del Código civil). Existen diferencias irreconciliables cuando estas hacen imposible que los cónyuges continúen o retomen su vida en común.
• Basándose en una separación de hecho que ha durado un determinado tiempo. Las diferencias irreconciliables se establecen cuando la solicitud la presentan conjuntamente los dos cónyuges después de más de seis meses de separación de hecho. Si la separación es inferior a seis meses y los cónyuges quieren presentar una demanda de divorcio conjunta, las diferencias irreconciliables se establecerán cuando los cónyuges hayan comparecido por segunda vez ante el tribunal, tras un periodo de reflexión, y hayan reiterado su voluntad de divorciarse (artículo 229, apartado 2, del Código Civil). Demanda unilateral después de un año de separación de hecho: las diferencias irreconciliables se establecen cuando la demanda la presenta un único cónyuge después de más de un año de separación de hecho. Si la separación es inferior a un año y uno de los cónyuges quiere presentar una demanda de divorcio unilateral, las diferencias irreconciliables se establecerán cuando el cónyuge demandante haya comparecido por segunda vez ante el tribunal, tras un periodo de reflexión, y haya reiterado su voluntad de divorciarse (artículo 229, apartado 3, del Código Civil).

Solo podrá obtenerse el divorcio por consentimiento mutuo si los cónyuges presentan un convenio previo global que regule todos los efectos del divorcio y manifiestan de manera persistente su voluntad de poner fin a la unión por consentimiento mutuo hasta que se decrete el divorcio. El convenio previo global se compone de un acuerdo transaccional mediante el cual los cónyuges llegan a un acuerdo en lo que respecta al respectivo patrimonio (artículo 1287 del Código Judicial) y de un convenio de divorcio que regula las cuestiones relativas a la residencia de los cónyuges durante el procedimiento, a la patria potestad y a la gestión de los bienes de los hijos comunes, así como el derecho a mantener el contracto durante y después del divorcio, la contribución de los cónyuges a su manutención y al importe de la posible pensión de alimentos entre ellos durante y después del divorcio (artículo 1288 del Código Judicial).

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En el Derecho belga hay dos tipos de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo (artículo 230 del Código Civil) y el divorcio por diferencias irreconciliables (artículo 229 del Código civil).

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio rompe el vínculo entre los cónyuges de cara al futuro. Los excónyuges dejan de ser herederos el uno del otro. Pueden volver a casarse. En Bélgica, el matrimonio no tiene ningún efecto en el apellido de los cónyuges. Sin embargo, un cónyuge tiene derecho a usar el apellido del otro. Tras el divorcio, ya no podrá usar ese apellido en su vida cotidiana y profesional, salvo como nombre comercial en determinadas circunstancias.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Se liquida el patrimonio común. En el caso de divorcio por diferencias irreconciliables, salvo que se estipule lo contrario, los cónyuges pierden todas las ventajas que se hubiesen otorgado mutuamente mediante las capitulaciones matrimoniales desde el momento en que contrajeron matrimonio, así como las ventajas otorgadas mediante disposiciones contractuales. En caso de divorcio por consentimiento mutuo, los cónyuges regulan de antemano sus derechos respectivos en el acuerdo previo global (véase pregunta 1).

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El divorcio no tiene ningún efecto en los derechos de los hijos fruto del matrimonio (artículo 304 del Código Civil). Una vez que se disuelve el matrimonio mediante divorcio, la autoridad sobre el menor y la administración de sus bienes las ejercen el padre y la madre conjuntamente o la persona a la que se han encomendado estas, ya sea por acuerdo de las partes debidamente refrendado o por orden del órgano jurisdiccional mediante resolución provisional (artículo 302 del Código Civil). Los cónyuges deben contribuir, en la medida de su capacidad financiera, a los gastos de alojamiento, manutención, vigilancia, educación y formación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta que concluyan sus estudios (artículo 203 del Código Civil) y, en proporción a su parte, a los gastos ordinarios y extraordinarios derivados de esta obligación (artículo 203 bis del Código Civil). Normalmente esta contribución se realiza como pensión de alimentos, fijada por el órgano jurisdiccional competente o por convenio entre las partes.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Divorcio por diferencias irreconciliables: los cónyuges pueden acordar una pensión de alimentos tras del divorcio, así como su cantidad y las condiciones para revisarla. A falta de convenio, el órgano jurisdiccional puede acordar, a instancia de parte en caso necesario, una pensión de alimentos a cargo del otro cónyuge. También puede denegar la solicitud de alimentos si el demandado prueba que el demandante ha cometido una falta grave que imposibilita que puedan seguir viviendo juntos. En ningún caso se puede conceder una pensión de alimentos a un cónyuge declarado culpable de actos de violencia física cometidos contra el otro cónyuge. Cuando el demandado pruebe que el estado de necesidad del demandante es resultado de su propia decisión, sin que esté justificado por las necesidades familiares, el juez puede decidir que quede exento de pagar la pensión o que pague una pensión reducida (artículo 301, apartados 1, 2 y 5 del Código Civil). El importe de la pensión de alimentos debe cubrir, como mínimo, el estado de necesidad del beneficiario, pero no puede ser superior a un tercio de los ingresos del cónyuge deudor. La duración de la pensión no puede ser superior a la del matrimonio. Este plazo puede ampliarse en circunstancias excepcionales (artículo 301, apartados 3, 4, 6, 8 y 9 del Código Civil).

Divorcio por consentimiento mutuo: los cónyuges regulan de antemano sus derechos respectivos en el acuerdo previo (véase pregunta 1). Puede llegar a un acuerdo sobre el importe de una posible pensión de alimentos durante el procedimiento y después del divorcio, así como sobre la fórmula de indización y las modalidades de revisión (artículo 1288, subapartado 1º, punto 4, del Código Judicial).

En todo caso, el juez puede aumentar, reducir o suprimir la pensión de alimentos si el importe ya no se adapta a las nuevas circunstancias, independientes de la voluntad de las partes. Solo en los divorcios por diferencias irreconciliables, el juez puede también adaptar el importe de la pensión si el divorcio implica una modificación de la situación financiera de los cónyuges.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal no da lugar a la disolución de los vínculos del matrimonio, pero debilita los derechos y deberes mutuos de los cónyuges: suprime el deber de cohabitar y divide el patrimonio.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las causas de la separación legal son las mismas que las que se aplican en materia de divorcio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal no da lugar a la disolución de los vínculos del matrimonio, pero debilita los derechos y deberes mutuos de los cónyuges. Con respecto a los cónyuges, suprime solo los deberes de cohabitación y asistencia, y subsisten las de fidelidad y socorro (artículo 308 del Código civil). En lo que respecta al patrimonio, la separación legal implica la separación de los bienes (artículo 311 del Código Civil). En cuanto a los hijos, los efectos son los mismos que los del divorcio. Los cónyuges que han obtenido la separación no pueden recibir una pensión de alimentos, pero pueden solicitar la aplicación del deber de socorro (artículo 213 del Código Civil).

Los efectos de la separación legal por consentimiento mutuo son los mismos que los del divorcio por consentimiento mutuo, y se regulan mediante convenios previos, a condición de que el vínculo conyugal no se rompa. Los deberes de fidelidad y socorro siguen existiendo.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La nulidad del matrimonio constituye una sanción en el Derecho civil, y se aplica cuando el matrimonio se celebra en incumplimiento de las disposiciones legales, a pesar del control preventivo efectuado por el secretario del registro civil.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las causas de nulidad absoluta del matrimonio son:

• Uno de los cónyuges es menor de edad y no cuenta con ninguna dispensa en relación con la edad (artículo 144 del Código Civil): la edad mínima para contraer matrimonio se ha establecido en 18 años.
• La ausencia de consentimiento (artículo 146 del Código Civil).
• El matrimonio de conveniencia (artículo 146 bis del Código Civil). No existe matrimonio como resultado de una serie de circunstancias: que la intención de uno de los cónyuges no sea claramente crear una comunidad de vida duradera, sino simplemente obtener un beneficio en cuanto al derecho de residencia derivado del estado civil de casado.
• El matrimonio forzado (artículo 146 ter del Código Civil). No existe matrimonio cuando este se constituye sin el libre consentimiento de los cónyuges, de modo que uno de ellos se haya consentido bajo violencia o amenazas.
• La bigamia (artículo 147 del Código Civil).
• Infringir una de las prohibiciones para contraer matrimonio debido a un vínculo de sangre o de parentesco, a una resolución según la cual un presunto progenitor debe pagar una pensión, o a una relación familiar de adopción (artículos 161 a 164; artículos 341 y 356, apartado 1, primer y segundo subapartado, y artículo 353, apartado 13, del Código Civil).
• La incapacidad del funcionario público que celebró el matrimonio (artículo 191 del Código Civil) (nulidad absoluta facultativa).
• El matrimonio clandestino (artículo 191 del Código Civil) (nulidad absoluta facultativa).

Las causas relativas a la nulidad del matrimonio son la falta de consentimiento de los cónyuges o de uno de ellos o que uno de ellos lo haga por error (artículos 180 y 181 del Código Civil).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La anulación significa que el matrimonio se la eliminado con carácter pasado y futuro. Se aplica retroactivamente hasta el día del matrimonio. Los efectos desaparecen, y se considera que nunca ha existido.

Cuando los cónyuges se casen de buena fe, es decir, que no consideren que pudiese haber alguna causa de nulidad, el órgano jurisdiccional puede decidir que se declare nulo solo de cara al futuro y que mantenga sus efectos en el pasado. Cuando solo uno de los cónyuges se case de buena fe, el matrimonio tendrá efecto únicamente en beneficio de esa persona.

Se mantienen los efectos a favor de los hijos, incluso aunque alguno de los cónyuges no actuase de buena fe. El padre de los hijos que nazcan durante el matrimonio o en los 300 días siguientes a la nulidad será el marido de su madre.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La ley contempla dos formas de mediación: la mediación voluntaria, en la que las partes contratan a un mediador, sin la intervención de un juez; y la mediación judicial, en el marco de un procedimiento judicial por iniciativa de las partes o de oficio, en cuyo caso se suspende el procedimiento judicial. La mediación se puede utilizar en litigios relativos a las obligaciones del matrimonio (artículos 201 y 203 del Código Civil), a los derechos y deberes de los cónyuges (artículos 221 a 224 del Código Civil), a los efectos del divorcio (artículos 295 a 307 bis del Código Civil), a la patria potestad (artículos 371 a 387 bis del Código Civil), al divorcio por diferencias irreconciliables (artículo 229 del Código Civil), al divorcio por consentimiento mutuo (artículos 1254 a 1310 del Código Judicial) y a la cohabitación de hecho. Las partes pueden proponer libremente recurrir a la mediación judicial (voluntaria) (artículo 1730 y siguientes del Código Judicial). El juez encargado del asunto también puede ordenar una mediación (judicial) en cualquier momento del procedimiento (artículo 1734 y siguientes del Código Judicial). En ambos casos, si las partes llegan a un acuerdo de mediación, se presentar ante el tribunal competente para que lo apruebe. El acuerdo solo se podrá rechazar si es contrario al orden público o al interés de los menores.

Es el órgano jurisdiccional competente el que debe pronunciar el divorcio.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

El órgano jurisdiccional competente para conocer una demanda de divorcio o separación legal por diferencias irreconciliables o una demanda de conversión de la separación legal en divorcio es el tribunal de primera instancia del último domicilio conyugal o del domicilio del demandado (artículo 628, subapartado 1, punto 1, del Código Judicial).

En caso de divorcio por consentimiento mutuo, los cónyuges deben dirigirse al Tribunal de Primera Instancia (artículo 1288 bis, subapartado 2, del Código Judicial).

La demanda de nulidad del matrimonio debe presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia del domicilio del demandado (artículo 624 del Código Judicial).

En caso de divorcio por diferencias irreconciliables, la solicitud se presenta: 1. con arreglo al artículo 229, apartado 1, del Código Civil, mediante agente judicial; 2. de manera conjunta, con arreglo al artículo 229, apartado 2, del Código Civil, mediante una demanda, con arreglo al artículo 1026 y siguientes del Código Judicial, firmado por los cónyuges o al menos por un abogado o un notario (artículo 1254, apartado 1, del Código Judicial); 3. unilateralmente, con arreglo al artículo 229, apartado 3, del Código Civil, mediante demanda contradictoria según los artículos 1034 bis à 1034 sexies del Código Judicial. En cualquier caso, el documento por el que se incoa el procedimiento, a parte de las referencias requeridas normalmente, debe contener una descripción detallada de los hechos invocados, así como la identidad de los hijos (artículo 1254, apartado 1, del Código Judicial). También se deben incluir un certificado del acta de matrimonio, un certificado de la partida de nacimiento de los hijos y una prueba de la identidad y de la nacionalidad de los cónyuges, salvo si están inscritos en el censo de población o en el registro de extranjería (artículo 1254, apartado 2, del Código Judicial).

En caso de divorcio por consentimiento mutuo, la solicitud se presenta mediante una demanda (artículo 1288 bis del Código Judicial). Se adjuntan, además de los documentos solicitados en el marco de un divorcio por diferencias irremediables, los convenios previos entre las partes y, si es el caso, un inventario de los bienes.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Se aplican las normas de Derecho común. Véase el apartado «Justicia gratuita".

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se puede presentar un recurso de apelación contra cualquier resolución mediante la que se pronuncie o rechace un divorcio o separación legal por diferencias irreconciliables o la nulidad del matrimonio, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución dictada en rebeldía o en un procedimiento contradictorio (artículo 1048, subapartado 1, y artículo 1051, subapartado 1, del Código Judicial).

La apelación contra una sentencia de divorcio solo se admitirá si se han incumplido las condiciones legales para pronunciar el divorcio o si los cónyuges se han reconciliado. La puede interponer la fiscalía en el mes siguiente al pronunciamiento de la sentencia. En tal caso, se le notificará a las dos partes. También la puede interponer uno de los cónyuges o ambos, de manera individual o conjunta, en el mes siguiente al pronunciamiento de la sentencia. En este caso, se le notificará al fiscal, así como al otro cónyuge si la presentase uno solo. Si la apelación se fundamenta en la reconciliación, deben presentarla ambos cónyuges en el mes siguiente al pronunciamiento. Esta apelación se le notifica al fiscal (artículo 1299 del Código Judicial). La apelación a la sentencia por la que que se ha rechazo el divorcio o la separación legal de consentimiento mutuo solo se admite si la interponen las dos partes, de manera individual o conjunta, en el mes siguiente al pronunciamiento (artículo 1300 del Código Judicial).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, (de aquí en adelante el «Reglamento Bruselas II bis») ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2005. Este reglamento se aplica dentro de la Unión Europea (salvo en Dinamarca). Las sentencias emitidas en un Estado miembro se reconocen automáticamente en el resto de Estados miembro, sin que sea necesario ningún procedimiento especial (artículo 21, punto 1, del Reglamento Bruselas II bis). No es necesario ningún procedimiento para actualizar los registros de estado civil de un Estado miembro si, en otro Estado miembro, se ha emitido una sentencia en materia de divorcio, separación legal o nulidad del matrimonio, que no se puede recurrir según la ley de ese país (artículo 21, punto 2, del Reglamento Bruselas II bis). No se reconocerá ninguna sentencia emitida en materia de divorcio, separación legal o nulidad del matrimonio si el hacerlo es claramente contrario al orden público, si el documento por el que se incoa el procedimiento o uno equivalente no se ha notificado al demandado con tiempo suficiente y de tal manera que pueda defenderse, o si es incompatible con una decisión dictada con anterioridad en un procedimiento entre las mismas partes (artículo 22 del Reglamento Bruselas II bis). Durante el examen, no se puede revisar la competencia de la jurisdicción de origen (artículo 24 del Reglamento Bruselas II bis) y, en ningún caso, se puede revisar una sentencia sobre el fondo (artículo 26 del Reglamento Bruselas II bis). Además, no puede rechazarse el reconocimiento de una sentencia alegando que el Derecho belga no permitiría el divorcio por los mismos hechos (artículo 25 del Reglamento Bruselas II bis). Los documentos que se deben aportar para el reconocimiento de una sentencia de una jurisdicción extranjera se enumeran en el artículo 37 del Reglamento Bruselas II bis.

Cuando no se aplique el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (de aquí en adelante el «Reglamento Bruselas II bis»), las decisiones posteriores al 1 de octubre de 2004 se someten a lo dispuesto en el Código de Derecho Internacional Privado (de aquí en adelante el Código D.I.P.). (artículo 126, apartado 2, del Código D.I.P.). Según el artículo 22 de este Código, el reconocimiento es de pleno derecho, sin que haya que incoar un procedimiento judicial. No se reconocerá ninguna sentencia extranjera si reconocerla va claramente en contra del orden público; si se han violado los derechos de defensa; si la demanda deriva de un incumplimiento de la ley; si se puede apelar; si es incompatible con una sentencia dictada en Bélgica o con una dictada con anterioridad en el extranjero y se pueda reconocer en Bélgica; si la demanda se ha presentado en el extranjero después de que se presentase en Bélgica una demanda aún pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto; si los órganos jurisdiccionales belgas son las únicos competentes para conocer de la demanda; si el órgano jurisdiccional extranjero tiene competencia únicamente porque el demandado o los bienes se encuentran en ese país, sin que haya una relación directa con el litigo en el Estado de dicho órgano jurisdiccional; si existe conflicto con uno de los motivos de rechazo enumerados exhaustivamente en el Código (en el área del derecho de las personas y de la familia, se trata únicamente del nombre, de la adopción o de la renuncia) (artículo 25, apartado 1, del Código D.I.P.). La sentencia judicial no puede, en ningún caso, revisarse sobre el fondo cuando se examine (artículo 25, apartado 2, del Código D.I.P.). Los documentos que se deben aportar para el reconocimiento de una sentencia judicial extranjera se enumeran en el artículo 24 del Código D.I.P.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El principio fundamental tanto del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental como del Código de Derecho Internacional Privado es el reconocimiento de pleno derecho, sin necesidad de procedimiento judicial. Sin embargo, si el reconocimiento se basa en el Reglamento Bruselas II bis, las partes interesadas pueden solicitar una resolución de que se reconozca o no la sentencia, según los procedimientos previstos en la sección 2, (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). Cuando no se aplique el Reglamento Bruselas II bis, las personas interesadas, así como el fiscal, pueden plantear, según el procedimiento contemplado en el artículo 23 del Código D.I.P., que se debe reconocer la resolución, en su totalidad o parcialmente (artículo 22, apartado 2, del Código D.I.P.).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El artículo 55, apartado 1, del Código D.I.P. incluye la normativa de referencia en los divorcio o separaciones legales con un aspecto internacional. El divorcio y la separación legal se regulan:

1. Mediante el derecho del país en cuya jurisdicción los dos cónyuges tienen su residencia habitual en el momento de presentación de la demanda.
2. En su defecto, mediante el Derecho del país del último domicilio de la residencia habitual común de los cónyuges, siempre y cuando uno de ellos tenga su residencia habitual en ese Estado en el momento de la presentación de la demanda.
3. En su defecto, mediante el Derecho del Estado cuya nacionalidad tengan los dos cónyuges en el momento de la presentación de la demanda.
4. En el resto de casos, por el Derecho belga.

El término «residencia habitual» se define en el artículo 4, apartado 2, del Código D.I.P. El término «residencia habitual común» no quiere decir necesariamente que ambos cónyuges residan en el mismo domicilio o municipio, sino en el mismo país. Se descarta la aplicación del Derecho nombrado en el artículo 55, apartado 1, del Código D.I.P. en la medida en que ese Derecho ignore la institución del divorcio. En ese caso, se aplica el Derecho designado en función del criterio establecido de manera alternativa en el apartado 1 (artículo 55, apartado 3, del Código D.I.P.).

Asimismo, los cónyuges tienen una oportunidad limitada de escoger ellos mismos el Derecho aplicable al divorcio o a la separación legal: el Derecho del Estado de su nacionalidad en el momento de presentación de la demanda o el Derecho belga (artículo 55, apartado 2, del Código D.I.P.). Esta elección debe expresarse a más tardar en la primera comparecencia ante el tribunal que conoce de la demanda de divorcio o de separación legal.

El Derecho aplicable designado en el artículo 55 del Código D.I.P determina las normas relativas a la admisibilidad de la separación legal; a las causas y condiciones del divorcio o de la separación legal o, en caso de demanda conjunta, a las condiciones del consentimiento, incluido el modo de expresión; a la obligación de un acuerdo entre los cónyuges sobre las medidas relacionadas con la persona, la manutención y los bienes de los cónyuges y de los hijos de los que son responsables; así como a la disolución de un vínculo matrimonial o, en caso de separación, al debilitamiento de ese vínculo (artículo 56 del Código D.I.P.).

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El ordenamiento jurídico búlgaro reconoce las siguientes formas de divorcio:

• divorcio por consentimiento mutuo con arreglo a los artículos 50 y 51 del Código de Familia (Семейния кодекс);
• divorcio contencioso fundamentado en una ruptura grave e irreparable de vínculo conyugal con arreglo al artículo 49 del Código de Familia;
• divorcio contencioso fundamentado en la ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal, en el que no se falla sobre la culpa si media un acuerdo entre los cónyuges con arreglo al artículo 49, apartado 4, del Código de Familia.

En el caso del divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges deben presentar una solicitud conjunta al tribunal de distrito (районния съд) competente, a la que adjuntan un acuerdo en virtud del artículo 50 del Código de Familia. En dicho acuerdo, los cónyuges deben resolver asuntos tales como el domicilio de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, el derecho de visita y la obligación de alimentos con respecto a los hijos, el reparto de los bienes matrimoniales, el uso del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el apellido familiar. El acuerdo debe homologarlo el juez previa comprobación de que se vela por los intereses de los menores. Si el juez determina que el acuerdo es deficiente, o que no se protegen de forma adecuada los intereses de los menores, fija un plazo para subsanar tales vicios. Si no se subsanan los vicios en el período de tiempo establecido, el juez desestima la solicitud de divorcio.

En el divorcio contencioso motivado por la ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal, la demanda debe interponerla uno de los cónyuges. La demanda la examina el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandado. El tribunal debe resolver de oficio sobre la existencia de culpa en el deterioro del matrimonio, así como sobre el ejercicio de la patria potestad, el derecho de visita y la obligación de alimentos respecto de los hijos nacidos del matrimonio, el reparto de los bienes matrimoniales, el uso del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el apellido familiar. Estas normas son de aplicación si las partes no han celebrado capitulaciones matrimoniales que contemplen la regulación de estos aspectos en caso de divorcio.

En el divorcio contencioso a instancia de los cónyuges, estos pueden declarar que han llegado a un acuerdo relativo al ejercicio de la patria potestad, el derecho de visita y la obligación de alimentos respecto de los hijos nacidos del matrimonio, el reparto de los bienes matrimoniales, el uso del domicilio familiar, los alimentos entre los cónyuges y el apellido familiar. El juez falla sobre la culpa solo si una o ambas partes lo solicitan de forma expresa, pero tiene la obligación de determinar las causas de la disolución del matrimonio, a saber, la ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En el divorcio de mutuo acuerdo:

Para declarar un divorcio de mutuo acuerdo es requisito indispensable que los cónyuges manifiesten su compromiso firme e inquebrantable de disolver el matrimonio. El tribunal no examina los motivos que tienen los cónyuges para finalizar el matrimonio.

En el divorcio a instancia de una parte:

El fundamento para declarar un divorcio contencioso es la ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal. No existe definición jurídica de lo que se entiende por «ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal». Según la doctrina jurídica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Casación (Върховният касационен съд), se produce una ruptura grave e irreparable cuando el matrimonio existe formalmente pero está completamente desprovisto de la sustancia que exigen la moral pública y la ley. La ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal es un estado objetivo que debe verificarse en cada caso atendiendo a sus circunstancias. Se admite para ello toda clase de pruebas, incluido el interrogatorio de testigos. Según el ordenamiento jurídico búlgaro, no hay unos requisitos ineludibles por los que se puede entender que existe una ruptura grave e irreparable del vínculo conyugal. La jurisprudencia alude, de forma no exhaustiva, al adulterio, a una larga separación de hecho, al alcoholismo y la adicción a otras sustancias tóxicas, a la crueldad física y psicológica y al descuido continuado de la familia. El nuevo Código de Familia ya no exige que el juez se pronuncie de oficio sobre la culpa en el matrimonio, salvo en que alguna de las partes o ambas hayan solicitado expresamente que se pronuncie sobre este asunto. No obstante, si no existe acuerdo, la culpabilidad resulta decisiva a la hora de dictar sentencia sobre el ejercicio de la patria potestad, el derecho de visitas y la obligación de alimentos respecto los hijos nacidos del matrimonio y el uso del domicilio familiar.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tras el divorcio, el juez puede mantener el apellido marital o restablecer el apellido prematrimonial de uno los cónyuges cuando así lo pidan. El otro cónyuge no puede oponerse a la solicitud de mantenimiento del apellido marital o de restablecimiento del apellido prematrimonial.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El nuevo Código de Familia establece diferentes regímenes económicos entre los contrayentes durante el matrimonio: régimen económico matrimonial legal; régimen legal de separación de bienes; y régimen contractual.

1. El régimen económico matrimonial legal es el de gananciales: propiedad conjunta e indivisible de todos los bienes y rentas, incluidos los depósitos en efectivo, adquiridos durante el matrimonio. Tales bienes se consideran propiedad conjunta de ambos cónyuges, a pesar de que la adquisición se haya realizado a nombre de uno de ellos, siempre que la contribución haya sido conjunta. Se entiende por contribución conjunta de los cónyuges la inversión de fondos y trabajo, el cuidado de los niños y las labores domésticas. La contribución conjunta se presume salvo prueba en contrario. Tras la adopción del Código de Familia de 2009, los depósitos en efectivo ya no forman parte de la comunidad de gananciales.

Los bienes personales de cada cónyuge son los bienes adquiridos antes del matrimonio y las herencias y donaciones recibidas durante el matrimonio. Los bienes muebles adquiridos por un cónyuge durante el matrimonio para un uso personal normal o el ejercicio de su profesión se consideran bienes personales.

Tras la declaración del divorcio, la comunidad de gananciales se convierte en una comunidad de bienes ordinaria.

2. Régimen de separación de bienes:

Los derechos adquiridos por cada uno de los cónyuges durante el matrimonio son disfrutados personalmente por ese cónyuge, pero cuando el matrimonio se disuelve de forma contenciosa, cada cónyuge tiene derecho a obtener una parte del valor de los derechos adquiridos por el otro cónyuge durante el matrimonio, en la medida en que el cónyuge demandante contribuyera con trabajo, recursos económicos propios, al hacerse cargo de los hijos, en labores domésticas o de otra forma. Los gastos derivados de las necesidades de la familia corren a cargo de ambos cónyuges; los cónyuges responden solidariamente de las obligaciones contraídas para satisfacer a las necesidades corrientes de la familia.

3. Régimen contractual:

En virtud del nuevo Código de Familia, los cónyuges pueden celebrar capitulaciones matrimoniales (брачен договор), una opción nueva en el Derecho búlgaro. Las capitulaciones matrimoniales pueden celebrarse antes del matrimonio o durante este, y solo pueden regular cuestiones de índole económica entre las partes, como: el derecho de cada cónyuge sobre los bienes y derechos que se adquieran durante el matrimonio; los bienes y derechos privativos de cada cónyuge al inicio del matrimonio; los modos de administración y disposición de los bienes, incluida la vivienda familiar; la contribución de los cónyuges a los gastos; los efectos patrimoniales del divorcio; los alimentos entre los cónyuges durante el matrimonio, así como en caso de divorcio; el cuidado y los alimentos de los hijos nacidos del matrimonio. No se admiten disposiciones que transformen la propiedad prematrimonial de una de las partes en propiedad matrimonial Las capitulaciones no pueden incluir disposiciones testamentarias, salvo el caso de la participación de los cónyuges en los bienes gananciales tras la disolución. El régimen económico matrimonial legal es de aplicación a cualquiera de las cuestiones patrimoniales que no se regulen en las capitulaciones.

Con independencia del régimen elegido por los cónyuges, el régimen legal se aplica a la enajenación del domicilio conyugal, lo que quiere decir que, cuando el domicilio conyugal es un bien personal de uno de los cónyuges, el otro cónyuge debe dar su consentimiento para la enajenación, a menos que ambos cónyuges sean propietarios o copropietarios de otra residencia. Si no existe consentimiento, la enajenación puede darse con la autorización del tribunal de distrito si se establece que no va en detrimento de los hijos que no han alcanzado la mayoría de edad, ni de la familia. Cuando se declara el divorcio, si los cónyuges no pueden residir en el domicilio conyugal por separado, el juez otorga el uso de la vivienda a uno de ellos en caso de que así lo solicite y necesite una vivienda. Si existen hijos nacidos del matrimonio que no han alcanzado la mayoría de edad, el juez dictamina de oficio a quién corresponde residir en el domicilio conyugal, que puede ser, en este caso, el cónyuge a quien se le haya concedido la patria potestad, siempre y cuando ejerza tal derecho.

Tras el divorcio, los ex cónyuges dejan de ser herederos legales mutuos y pierden todas las ventajas otorgadas por las disposiciones testamentarias. Tras el divorcio, las donaciones de bienes de valor significativo efectuadas por razón del matrimonio o durante el mismo por un cónyuge o sus parientes próximos al otro cónyuge pueden revocarse, a menos que ello contravenga la moral pública. La solicitud para revocar una donación puede presentarse en el plazo máximo de un año después de la sentencia de divorcio.

El régimen económico matrimonial legal se aplica cuando los contrayentes no han elegido un régimen económico para sus relaciones patrimoniales o si son menores o personas con capacidad de obrar limitada. El régimen económico matrimonial se inscribe en el Registro de relaciones patrimoniales matrimoniales (Регистър на имуществените отношения на съпрузите), y puede modificarse durante el matrimonio. La modificación se anota en el asiento correspondiente del Registro Civil y en el Registro de relaciones patrimoniales matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales y el régimen matrimonial legal de aplicación se inscriben en un registro electrónico central de la Agencia de Registros (Агенцията по вписванията). El Registro es de acceso público. Cuando uno o ambos cónyuges llevan a cabo un negocio jurídico con un tercero y no tienen un régimen económico matrimonial inscrito en el Registro, se aplica el régimen económico matrimonial legal.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El término jurídico búlgaro para la patria potestad es «ejercicio de derechos parentales» (упражняване на родителски права).

En la resolución por la que declara el divorcio y se disuelve el matrimonio, el órgano jurisdiccional debe fallar sobre las materias que afecten a la custodia, al derecho de visita, a la obligación de alimentos respecto de los hijos nacidos dentro del matrimonio y a la utilización del domicilio familiar. Para ello, se tienen en cuenta los intereses de los hijos. El órgano jurisdiccional decide cuál de los cónyuges ejercerá los derechos parentales y dispone medidas relativas al ejercicio de dichos derechos, la comunicación entre hijos y progenitores y la obligación de alimentos respecto de los hijos. A la hora de determinar qué cónyuge va a ejercer los derechos parentales, el órgano jurisdiccional sopesa todas las circunstancias atendiendo a los intereses de los hijos, escuchando la opinión de los progenitores y la de los hijos, si estos tienen más de diez años.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Con arreglo al artículo 83 del Código de Familia, solo se concede pensión alimenticia a un cónyuge cuando no tiene culpa en el divorcio. La pensión se paga durante un máximo de tres años después de finalizado el matrimonio, a menos que las partes convengan un plazo superior. El juez puede prorrogar este periodo de tiempo si el cónyuge que recibe la pensión alimenticia sufre dificultades graves y el otro cónyuge puede pagar la pensión sin dificultades. El derecho a pensión alimenticia de un ex cónyuge finaliza cuando vuelve a contraer matrimonio. En la práctica, raros son los casos en que a los ex cónyuges se les concede o se les ordena pagar pensión alimenticia.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El concepto de separación legal (o judicial) no existe en el ordenamiento búlgaro.

En la jurisprudencia, la «separación de hecho» indica simplemente que los cónyuges no viven juntos ni comparten domicilio; no tiene el mismo significado que «separación legal».

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase el apartado 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase el apartado 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

En Derecho búlgaro, la «anulación» (унищожаване на брака; en Derecho búlgaro, no se distingue entre nulidad y anulación) es uno de los medios que articula el ordenamiento jurídico para poner fin a un matrimonio. Un matrimonio anulable produce todos los efectos jurídicos de un matrimonio válido hasta que es finalizado por procedimiento judicial. El matrimonio solo puede ser anulado por procedimiento judicial y la anulación no puede invocarse hasta que la declare el órgano jurisdiccional.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Para que se anule un matrimonio, uno de los cónyuges debe:

• al contraer matrimonio, tener menos de 18 años (con dispensa judicial, menos de 16 años);
• estar casado con otra persona;
• haber sido declarado incapaz o padecer una enfermedad o discapacidad mental que motiven su declaración de incapacidad;
• padecer una enfermedad que suponga un peligro grave para la vida y la salud de los hijos o del otro cónyuge, a menos que dicha enfermedad solamente sea peligrosa para el otro cónyuge y que este tenga conocimiento de ello;
• ser ascendiente o descendiente directo del otro cónyuge;
• ser hermano o hermana, sobrino, sobrina u otro pariente colateral hasta el cuarto grado, incluido el otro cónyuge;
• ser padre adoptivo o hijo adoptado del otro cónyuge;
• haber sido coaccionado para celebrar el matrimonio recibiendo amenazas de peligro grave e inminente para su vida, salud o reputación o para la de su familia.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

En función de la causa de anulación, la demanda de anulación puede presentarla el cónyuge afectado por dicha causa; pueden presentarla asimismo el fiscal, el cónyuge del primer matrimonio o el fiscal y el cónyuge. El artículo 97 del Código de Familia enumera explícita y exhaustivamente la lista de personas con legitimación para interponer una demanda de anulación y los plazos legales para hacerlo.

Los efectos de la anulación del matrimonio son idénticos a los del divorcio en lo que se refiere a las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, así como a las relaciones entre estos y sus hijos. Para la anulación del matrimonio, la mala fe equivale a la culpa en el divorcio. Los hijos concebidos o nacidos durante el matrimonio anulado se consideran nacidos dentro del matrimonio y disfrutan de la presunción de paternidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El único modo de finalizar un matrimonio es mediante divorcio, presentando una demanda o solicitud al órgano jurisdiccional competente.

Si las partes optan por la mediación, se archiva el asunto.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

En tanto que órgano jurisdiccional de primera instancia, los tribunales de distrito tienen competencia material en las demandas de divorcio contencioso y en las demandas de anulación. Dicho tribunal dirime igualmente las demandas de divorcio de mutuo acuerdo. Las demandas deben presentarse en el tribunal del lugar de residencia de la parte demandada. El tribunal no está obligado de oficio a verificar su propia competencia, pero si la parte demandada formula declinatoria dentro del plazo permitido para presentar el escrito de contestación, el tribunal debe remitir los autos al tribunal competente.

La parte que pide el divorcio debe comparecer personalmente en la vista. En caso de divorcio de mutuo acuerdo, ambas partes deben comparecer personalmente. En caso de incomparecencia, se archiva la causa.

La sentencia en rebeldía no es posible en materia matrimonial.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Las partes pueden obtener asistencia jurídica gratuita en las condiciones contempladas en la Ley de asistencia jurídica gratuita (Закона за правната помощ).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La resolución por la que se declara divorcio de mutuo acuerdo no admite recurso.

Al recibir la notificación de una sentencia relativa a una demanda de anulación o de divorcio, la parte dispone de dos semanas para interponer un recurso ante el tribunal regional competente (окръжните съдилища). La resolución declarativa del divorcio se hará efectiva incluso en caso de que se haya interpuesto un recurso contra la otra parte en relación a la culpa.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En estos casos se aplica el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, según establece el artículo 621 del Código de Procedimiento Civil (Гражданско процесуалния кодекс). Para el reconocimiento de una sentencia o de otro tipo de resolución por la autoridad a la que se le solicita es precisa una copia de la misma certificada por el órgano jurisdiccional que la dictó, acompañada del certificado correspondiente cuando así lo exija una norma de la UE. Las autoridades competentes en materia de registro reconocen las resoluciones a que se refiere el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

La parte interesada puede solicitar el reconocimiento de la resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 623 del Código de Procedimiento Civil, al tribunal de distrito del domicilio o lugar de residencia habitual de la parte contraria y, en caso de que esta no disponga de domicilio o de lugar de residencia habitual en territorio búlgaro, en su propio domicilio o lugar de residencia habitual. Si la parte interesada no tiene domicilio ni lugar de residencia habitual en Bulgaria, la solicitud se dirige al tribunal de la ciudad de Sofía (Софийския градски съд).

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En estos casos se aplica el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, según establecen los artículos 622 y 623 del Código de Procedimiento Civil.

La parte contraria al reconocimiento de la resolución puede interponer un recurso contra el auto de reconocimiento o, cuando proceda, el auto que ordene la ejecución de la resolución. El auto es recurrible en apelación ante el tribunal de apelación de Sofía (Софийския апелативен съд), cuya decisión a su vez está sujeta a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Casación (Върховния касационен съд).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Se aplica el Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

En los casos en que dicho Reglamento no sea aplicable, se aplican las normas del Código de Derecho Internacional Privado (Кодекса на международното частно право):

La legislación aplicable a la anulación del matrimonio es la del lugar en el que se contrajo.

Las relaciones personales entre los cónyuges están reguladas por su legislación nacional común. Si son de nacionalidades diferentes, sus relaciones se rigen por la legislación del Estado en que tengan su residencia común habitual.

A falta de esta, sus relaciones están reguladas por la legislación del Estado en que ambos cónyuges tengan lazos más estrechos.

Las relaciones patrimoniales entre los cónyuges están reguladas por la legislación aplicable a sus relaciones personales. El divorcio entre cónyuges de una misma nacionalidad extranjera está regulado por la legislación del Estado del que sean nacionales en el momento de interponer la demanda de divorcio. El divorcio entre cónyuges de diferente nacionalidad está regulado por la legislación del Estado en que tenían su residencia común habitual en el momento de interponer la demanda de divorcio. Si los cónyuges carecieran de residencia común habitual, se aplica la legislación búlgara.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El tribunal se pronuncia sobre la demanda de divorcio presentada por uno de los cónyuges. Durante el proceso judicial, el tribunal determina si existe causa de divorcio, es decir, si el matrimonio ha fracasado, y las causas de la ruptura.

Un matrimonio se considera fracasado de forma automática si ha durado como mínimo un año, si los cónyuges han estado separados durante al menos seis meses y si el otro cónyuge apoya la demanda de divorcio. El tribunal no comprueba las razones de la ruptura pero otorgará el divorcio si concluye que las declaraciones idénticas de los cónyuges relativas a la ruptura y su intención de obtener el divorcio son reales, y los cónyuges presentan:

una resolución judicial definitiva que apruebe el acuerdo sobre la custodia y el régimen de visitas de hijos menores de edad que no hayan alcanzado plena capacidad jurídica para el periodo de tiempo posterior al divorcio;

un acuerdo por escrito con firmas compulsadas oficialmente que resuelva asuntos económicos y derechos y deberes de la residencia compartida, así como la obligación de alimentos para el periodo posterior al divorcio.

Si los cónyuges tienen un hijo menor, el divorcio no se otorgará si motivos especiales dictan que va en contra de los intereses del hijo, por ejemplo por discapacidad física o mental. El divorcio no se otorgará hasta que exista una sentencia judicial definitiva sobre custodia y régimen de visitas del menor para el periodo posterior al divorcio.

El tribunal desestimará la demanda de divorcio si el cónyuge que no es el principal responsable de la ruptura del matrimonio por incumplimiento de sus obligaciones maritales y que sufra una pérdida importante como consecuencia del divorcio esté en desacuerdo con este, siempre que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen conservar el matrimonio. No obstante, el tribunal concederá el divorcio si los cónyuges no han llegado a convivir durante al menos tres años, siempre que se haya producido la ruptura del matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La causa para el divorcio es la ruptura rotunda, permanente e irreparable del matrimonio donde no se puede esperar que los cónyuges puedan convivir de nuevo.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge deberá notificar al registro dentro de un periodo de seis meses tras la sentencia definitiva de divorcio que desea restablecer su antiguo apellido y que no usará el apellido del otro cónyuge junto a su apellido original.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Los bienes conyugales dejan de ser propiedad conjunta al conceder el divorcio.

Si se liquida, destruye o reduce la propiedad conyugal, las obligaciones y derechos comunes previos se disuelven mediante un acuerdo. Dicho acuerdo debe hacerse por escrito si se celebra durante el matrimonio o si el objeto de este también requiere acuerdo por escrito según el contrato de transferencia de propiedad. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo, el tribunal decidirá sobre los bienes comunes a instancia de uno de los cónyuges. Al pronunciarse sobre los bienes comunes, el tribunal parte del supuesto de que los cónyuges poseen partes iguales de los bienes que constituyen la propiedad conjunta. Cada cónyuge tiene derecho a requerir el reembolso de su contribución a los bienes comunes y tiene la obligación de reembolsar cualquier cantidad transferida de los bienes comunes a sus bienes exclusivos. Durante el acuerdo, el objetivo principal son las necesidades de los hijos dependientes, la manera en que cada uno de los cónyuges se ha hecho cargo de la familia, en particular cómo se hicieron cargo de los hijos y de la residencia familiar, y su contribución a la adquisición y manutención de los bienes que constituyen el patrimonio conyugal.

Si tras los tres años posteriores al divorcio no se llega a un acuerdo o no se solicita una resolución judicial, se considera que los bienes muebles tangibles pertenecen a la persona que los usa como propietario exclusivo para sus propias necesidades, las necesidades de su familia o las necesidades de su hogar. Otros bienes muebles e inmuebles tangibles se consideran copropiedad en partes iguales. Lo mismo se aplica a otros derechos de propiedad, efectos a cobrar y deudas.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Antes de otorgar el divorcio a los progenitores de un menor que no ha alcanzado capacidad jurídica total, el tribunal determinará los derechos y las obligaciones de los cónyuges relativos al hijo para el periodo posterior al divorcio. En concreto, el tribunal designará al cónyuge que tendrá la custodia del hijo y de qué forma contribuirá cada progenitor a la pensión alimenticia de los hijos.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge divorciado tiene el deber de mantener al ex cónyuge si este no es capaz de hacerlo por sí mismo, cuando la incapacidad se origine en el matrimonio o esté relacionada con el mismo. Al determinar la pensión alimenticia se tienen en cuenta la edad, el estado de salud en el momento del divorcio y la terminación de la obligación de alimentos de los hijos del matrimonio. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la cuantía de la pensión alimenticia, el tribunal decidirá según la propuesta de uno de los cónyuges. La pensión alimenticia puede pagarse a tanto alzado o a plazos.

Si los ex cónyuges no llegan a un acuerdo sobre la pensión alimenticia, el tribunal puede conceder la pensión según la propuesta del cónyuge que no sea el causante principal de la ruptura del matrimonio y que sufra una pérdida significativa como consecuencia del divorcio, pero solo por un periodo de tres años tras el divorcio.

El derecho a percibir una pensión cesa cuando el cónyuge vuelve a contraer matrimonio o celebra una unión de hecho.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El concepto de separación legal no existe en la República Checa.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase la pregunta 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase el apartado 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El tribunal anulará el matrimonio incluso sin demanda, si se contrajo con alguien que ya estaba casado que ya había celebrado una unión de hecho anteriormente o una unión similar en el extranjero, si el matrimonio, unión de hecho u otra unión similar todavía existe, o con un progenitor, un descendiente o un hermano o hermana, o entre personas emparentadas por adopción.

El tribunal anulará el matrimonio por demanda interpuesta por uno de los cónyuges cuyo consentimiento para celebrar matrimonio fuera obtenido mediante coacción por violencia o amenazas de violencia, o cuyo consentimiento para celebrar el matrimonio fuera resultado de un error relativo a la identidad del supuesto cónyuge o la naturaleza del acuerdo prematrimonial. La solicitud de anulación deberá presentarse en el plazo de un año a partir del día en que el cónyuge fuera capaz de contraer matrimonio conociendo las circunstancias, o cuando descubriera la situación real. El tribunal anulará el matrimonio por interposición de demanda por parte de alguien que tenga un interés legítimo si el matrimonio se celebró a pesar de algún obstáculo legal, por ejemplo, ser menor de edad o tener incapacidad jurídica; esto no se aplica en el caso de capacidad jurídica limitada.

El matrimonio es nulo si no se respetaron las condiciones que deben cumplirse sin reservas en el caso de al menos uno de los contrayentes a la hora de dar su consentimiento para el matrimonio o en la celebración del matrimonio o en casos relacionados con el mismo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Véase la pregunta 7.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio anulado por un tribunal se considera como si nunca se hubiera celebrado desde el mismo inicio (ex tunc). No obstante, el matrimonio se considera válido hasta el momento en que el tribunal lo declara nulo. En cuanto a los derechos y deberes de los cónyuges con respecto a los hijos y los bienes después de la anulación del matrimonio, se aplican las mismas disposiciones del divorcio. La resolución de anulación matrimonial también implica la anulación de la declaración de cambio de apellido de los supuestos cónyuges. Por tanto, ambos cónyuges vuelven a adoptar sus apellidos anteriores y no tienen derecho a elegir apellidos. Los apellidos de los hijos no cambian después de la anulación matrimonial. La presunción de paternidad del cónyuge de la primogenitora se mantiene a pesar de la declaración de nulidad matrimonial.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Hay varios servicios de asesoramiento familiar, matrimonial y de relaciones interpersonales. Otra opción es la mediación. Hay más información disponible en el sitio web de la Asociación de mediadores de la República Checa y de la Asociación de asesores matrimoniales y familiares de la República Checa. Véanse los enlaces más abajo. No obstante, la disolución del matrimonio por divorcio solo puede darse conforme a una sentencia judicial provisional.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Para iniciar los procedimientos de divorcio y de anulación se debe presentar una solicitud en el tribunal de distrito del último lugar de residencia de los cónyuges en la República Checa, siempre y cuando al menos uno de ellos sea residente en el distrito donde el tribunal tiene competencia. Si no existe tal tribunal, será competente el tribunal general del cónyuge que no interpuso la demanda para incoar el procedimiento, y, si no existiera dicho tribunal, será competente el tribunal general que interpuso la demanda para incoar el procedimiento. El tribunal general de una persona física es el tribunal de distrito donde tal persona resida, y si no tiene residencia, el distrito donde se aloje. La residencia se define como el lugar donde reside una persona con la intención de quedarse de forma permanente. Puede haber varios lugares con esta descripción, así que los tribunales correspondientes pueden funcionar como tribunal general. Para más información, véase la documentación sobre competencia judicial.

La demanda se debe interponer por escrito, y debe mostrar claramente a qué tribunal se dirige y quién es el autor de la demanda, además de nombrar a las partes (nombre completo, apellidos, edad o fecha de nacimiento, dirección de residencia permanente o dirección postal) y el matrimonio al que hace referencia (cuándo se celebró y en qué circunstancias, cómo se desarrolló y los motivos de su ruptura). La demanda debe estar firmada y fechada. En el caso de demanda de divorcio de mutuo acuerdo, deberá incluir la firma de ambos cónyuges. Los hechos alegados en la demanda deben ir acompañados de pruebas documentales.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En general, las partes no tienen derecho a compensación por gastos de procedimiento de divorcio, anulación matrimonial o declaración de validez del matrimonio. El tribunal puede conceder una compensación por la totalidad o parte de los gastos si las circunstancias del caso o la situación de las partes lo justifican. Durante la demanda, el presidente del tribunal podrá conceder a las partes la exención total o parcial de las costas judiciales si la situación de las partes lo exige y siempre que ello no suponga la alegación arbitraria de un derecho o la obstrucción del ejercicio de un derecho. Si fuera necesario para la protección de sus intereses en el procedimiento, una parte puede pedir al tribunal que designe a un abogado. El tribunal también puede asignar un abogado antes del inicio del procedimiento, pero la parte interesada deberá cumplir con los requisitos para la exención de pago de las costas judiciales. Esta parte deberá aportar pruebas de sus recursos y situación social ante el tribunal.

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley sobre abogados, también se puede solicitar al Colegio checo de abogados que ofrezca asesoramiento jurídico gratuito o por una tarifa reducida.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las resoluciones de concesión del divorcio o de anulación matrimonial pueden recurrirse en el plazo de quince días desde la recepción de la copia escrita de la decisión judicial. El recurso debe enviarse por escrito al tribunal ante el cual se presenta el mismo. Si se dicta una resolución que corrige la resolución original, el plazo de recurso se cuenta desde el momento en que la resolución correctiva entra en vigor. El recurso será admitido aunque se presente fuera del plazo de quince días si ello se debe a que se han seguido instrucciones erróneas impartidas por el tribunal. No se admitirá un recurso si se ha otorgado una demanda conjunta de divorcio.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Siempre que la decisión emitida en otro Estado miembro de la UE (salvo Dinamarca) esté comprendida dentro del ámbito temporal del Reglamento (CE) nº°2201/2003 (Bruselas II bis), la decisión será reconocida sin procedimiento especial alguno. La oficina del Registro simplemente tendrá en cuenta la decisión y hará una anotación en la inscripción adecuada de forma automática tras la presentación de los documentos requeridos, es decir, la resolución judicial definitiva del tribunal de otro Estado miembro o la copia compulsada relativa al divorcio, separación legal o anulación del matrimonio junto con una traducción oficial al checo y el certificado mencionado en el artículo 39 del Reglamento Bruselas II bis (o el artículo 33 de Bruselas II bis). El tribunal que dictó la resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio emitirá un certificado a instancia de una de las partes del proceso. No será obligatorio presentar dicho certificado si todos los hechos que de otra manera hubieran sido incluidos en el certificado pueden encontrarse en la resolución misma, o en otros documentos presentados, por ejemplo, si la resolución se aprueba como definitiva.

No obstante, la parte interesada podrá solicitar al tribunal de distrito competente que resuelva si una sentencia queda reconocida o no, por ejemplo, si es necesario aclarar la existencia del matrimonio (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). En ese caso, no obstante, solo concierne al derecho de la parte interesada y no es una obligación; este tipo de resolución judicial no es obligatoria para una inscripción normal en el registro.

Si la decisión fue emitida en otro Estado miembro de la UE antes del 1 de mayo de 2004, y al menos una de las partes del procedimiento es ciudadano de la República Checa, las decisiones sobre asuntos matrimoniales son reconocidas con arreglo a una decisión especial del Tribunal Supremo de la República Checa. Las resoluciones definitivas extranjeras u otros documentos requeridos (por ejemplo, el acta matrimonial) son presentados ante el Tribunal Supremo de la República Checa acompañadas de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se estipule lo contrario en un tratado internacional. Se puede consultar información adicional acerca de este proceso en el sitio web del Tribunal Superior de la República Checa. Véase el enlace más abajo.

Algunos acuerdos bilaterales sobre asistencia jurídica vinculantes en la República Checa (con Eslovaquia, Hungría y Polonia) incluyen disposiciones que reconocen resoluciones en asuntos distintos a los de la propiedad emitidas por las autoridades de la otra parte (que también incluye resoluciones de divorcio/separación legal/anulación) y que son reconocidas por la República Checa sin procedimiento especial y que solo se tienen en cuenta en la oficina del Registro. En dichos casos, la oficina del Registro hace una anotación tras la presentación de la resolución extranjera definitiva, acompañada de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se especifique lo contrario en un tratado internacional. El proceso descrito anteriormente obviamente solo se aplica en casos en que la resolución fue emitida antes del 1 de mayo de 2004. En caso contrario, se aplica el proceso descrito en el Reglamento Bruselas II bis. Véase la información proporcionada anteriormente.

La República Checa es signataria del Convenio sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales (La Haya, 1 de junio de 1970). Si la resolución cumple con las condiciones descritas en dicho Convenio, en la República Checa no existe la necesidad de elevar procedimientos especiales al Tribunal Supremo de la República Checa para el reconocimiento, siempre y cuando la resolución entrase en vigor después del 11 de julio de 1976, es decir, el día en que la Convención de la Haya entró en vigor en la República Checa. Se debe presentar la resolución extranjera definitiva en la oficina del Registro acompañada de una traducción oficial al checo y con la autenticación adecuada (legalización o apostilla), a menos que se estipule lo contrario en un tratado internacional.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se puede recurrir una resolución con arreglo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Bruselas II bis. En ese caso, se puede interponer una demanda en el tribunal de distrito competente, que es el tribunal general de la persona física contra la que se interpone la demanda.

El reconocimiento automático de la resolución por parte de la oficina del Registro en virtud del acuerdo bilateral de la Convención sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales (La Haya, 1 de junio 1970) puede impedirse en procesos administrativos con la presentación de un recurso posterior al tribunal regional competente en virtud del sistema jurídico-administrativo.

No hay posibilidad de recurso contra el reconocimiento de la resolución por parte del Tribunal Supremo de la República Checa.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En la República Checa, la disolución del matrimonio por divorcio está regulada por la legislación del país del que eran nacionales los cónyuges en el momento en que se incoa el procedimiento de divorcio. Si los cónyuges son nacionales de países diferentes, la disolución del matrimonio por divorcio se rige en virtud de la legislación del país en que ambos tengan su residencia habitual o, en su defecto, según el ordenamiento jurídico de la República Checa.

En los casos en que el ordenamiento jurídico extranjero no permita poner fin al matrimonio por divorcio o solo lo admita en circunstancias especialmente difíciles, y si al menos un cónyuge es ciudadano checo o tiene su residencia habitual en la República Checa, se aplicará la legislación checa.

Enlaces relacionados

Asociación de Mediadores de la República Checa

Asociación de Asesores Matrimoniales y Familiares de la República Checa

Tribunal Supremo de la Republica Checa – Reconocimiento de resoluciones extranjeras

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Un matrimonio solo puede divorciarse mediante resolución judicial, previa demanda de uno o de ambos cónyuges de conformidad con el artículo 1564, apartado 1, primera frase, del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB, por sus siglas en alemán).

El matrimonio puede divorciarse cuando ha fracasado (artículo 1565, apartado 1, frase primera, del BGB). En este contexto depende del estado actual del matrimonio y del pronóstico de futuro. El legislador ha establecido las siguientes presunciones para el fracaso del matrimonio:

• El matrimonio se considera fracasado cuando ha cesado la convivencia conyugal y no cabe esperar que los cónyuges vayan a restablecerla (artículo 1565, apartado 1, frase segunda, del BGB).
• De conformidad con el artículo 1566 del BGB, el órgano jurisdiccional asume el fracaso del matrimonio transcurrido un período de tiempo determinado desde la separación de los cónyuges si:
• ambos cónyuges solicitan el divorcio y viven separados desde hace un año,
• uno de los cónyuges solicita el divorcio y el otro lo acepta y ya viven separados desde hace un año, o
• uno de los cónyuges solicita el divorcio y el otro cónyuge no acepta la demanda de divorcio, pero la duración de la separación ya alcanza los tres años.
• Si los cónyuges no han vivido separados durante un año, solo es posible el divorcio en un número reducido de casos excepcionales, por ejemplo, si la continuación del matrimonio resulta inadmisible para el cónyuge que solicita el divorcio por motivos que recaen sobre la otra persona (por ejemplo, en caso de abusos físicos por parte del otro cónyuge) (artículo 1565, apartado 2, del BGB).

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El Derecho alemán solo establece como causa de divorcio el fracaso del matrimonio. No existe el divorcio por culpa de uno de los cónyuges.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El cónyuge divorciado conserva el apellido del matrimonio que los cónyuges determinaron. Mediante una declaración ante el Registro Civil (Standesamt), puede recuperar su apellido de soltero o el que hubiera tenido hasta el matrimonio, así como anteponer o añadir su apellido de soltero, o el apellido que tuviera en el momento de la determinación del apellido del matrimonio, al apellido del matrimonio (artículo 1355, apartado 5, del BGB).

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

3.2.1. Vivienda y enseres domésticos

En principio, para la vivienda común y el reparto de los enseres domésticos tras el divorcio se aplica lo siguiente de conformidad con los artículos 1568 bis y 1568 ter del BGB: El cónyuge que tenga una mayor dependencia del uso de la vivienda o los enseres domésticos puede solicitar al otro cónyuge la asignación de la vivienda o los enseres domésticos. En este contexto debe prestarse atención especialmente a las circunstancias vitales de los cónyuges y al bienestar de los hijos en común.

En caso de que la vivienda sea alquilada, el cónyuge al que se le permite permanecer en la vivienda se subroga en la relación de arrendamiento, independientemente de que ambos cónyuges o solo uno de ellos fuese el arrendatario.

En caso de vivienda en propiedad se aplica lo siguiente:

• Si únicamente uno de los dos cónyuges es propietario de la antigua vivienda, el otro tan solo tiene derecho de usufructo en casos excepcionales, en particular cuando resulte necesario para evitar dificultades indebidas, véase al artículo 1568 bis, apartado 2, del BGB.
• Si la vivienda es propiedad conjunta de ambos cónyuges, se aplican los principios enumerados en el apartado primero.

En el caso de los enseres domésticos debe diferenciarse entre los enseres que pertenecen al matrimonio en común y los enseres que pertenecen tan solo a uno de los cónyuges:

En el caso de los enseres domésticos debe diferenciarse entre los enseres que pertenecen al matrimonio en común y los enseres que pertenecen tan solo a uno de los cónyuges:

• En el caso de enseres domésticos que pertenecen al matrimonio en común, se aplican los principios enumerados en el primer apartado de esta pregunta. El cónyuge que renuncia a los enseres domésticos puede solicitar un pago compensatorio adecuado.
• En el caso de enseres domésticos que solo pertenecen a uno de los cónyuges, el otro cónyuge no tiene ningún derecho sobre los mismos.

3.2.2. Compensación de las ganancias

Si el matrimonio vive en régimen de participación en las ganancias y, durante el divorcio, no llegan a un acuerdo sobre la compensación matrimonial, es posible la compensación de las ganancias en un proceso judicial separado a petición de uno de los cónyuges (artículo 1372 y ss. del BGB). Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:

El punto de partida para el cálculo es el valor del patrimonio de cada cónyuge en el momento de la celebración del matrimonio (patrimonio inicial, artículo 1374 del BGB) y en el momento de la liquidación del régimen matrimonial (patrimonio final, artículo 1375 del BGB). El patrimonio recibido como herencia o donación por uno de los cónyuges durante el matrimonio debe sumarse a su patrimonio inicial. La fecha determinante para el cálculo del patrimonio final es la fecha en la que se notifica la demanda de divorcio al otro cónyuge. Las ganancias son el importe en que el patrimonio final de un cónyuge supera a su patrimonio inicial (artículo 1373 del BGB). Al cónyuge con menores ganancias le corresponde la mitad de la diferencia del valor con respecto a las ganancias del otro cónyuge (petición de compensación), según el artículo 1378, apartado 1, del BGB. El derecho de compensación de las ganancias incluye el pago de un importe dinerario. Por lo general, la persona con derecho a compensación no puede exigir la transmisión de determinados elementos patrimoniales que pertenezcan a la persona obligada a realizar la compensación. No obstante, en casos excepcionales el tribunal de familia (Familiengericht) puede transferir también determinados elementos patrimoniales (artículo 1383 del BGB). Sin embargo, esto solo es posible si:

• resulta razonable para la persona obligada a realizar la compensación, y
• se permite evitar así una desigualdad flagrante a la persona con derecho a compensación que, de lo contrario, se produciría por la compensación de las ganancias en dinero.

El valor de este elemento patrimonial transferido se contabiliza en la petición de compensación.

De conformidad con el Derecho alemán, en lugar del régimen de participación en las ganancias, los cónyuges también pueden elegir, ante notario, el régimen de separación de bienes (artículo 1414 del BGB), el de comunidad de bienes (artículos 1415 a 1518 del BGB) o el régimen opcional de la participación (artículo 1519 del BGB).

3.2.3. Consecuencias para los derechos de pensión de los cónyuges

Los derechos de pensión adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio (por ejemplo, los derechos de pensión del sistema público de pensiones, las pensiones de los funcionarios civiles, los regímenes profesionales de pensiones o regímenes de pensiones privados por jubilación e incapacidad) también se dividen en dos en caso de divorcio para la compensación de derechos de pensión. Esto garantiza que ambos cónyuges compartan por igual los derechos adquiridos durante el matrimonio y que cada cónyuge reciba derechos de pensión independientes.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

3.3.1. Responsabilidad parental

Si ambos progenitores comparten la patria potestad y se divorcian, seguirán compartiéndola. En este contexto, y a excepción de los casos de peligro para el bienestar de los hijos, el órgano jurisdiccional solo interviene y decide cuando uno de los progenitores solicite ante el tribunal de familia la transmisión de la patria potestad o parte de la misma a ese único progenitor. Esta solicitud solo se acepta cuando se cuente con la aprobación del otro progenitor y el hijo de al menos 14 años de edad no se oponga o cuando quepa esperar que la revocación de la patria potestad conjunta y su atribución al demandante es lo mejor para el bienestar del menor (véase el artículo 1671, apartado 1, del BGB). El Derecho alemán parte de la base de que el contacto de los hijos con ambos progenitores redunda, en términos generales, en el bienestar de los niños y, por lo tanto, garantiza el derecho del niño a tener contacto con ambos progenitores y la obligación de estos de tenerlo (artículo 1684, apartado 1, del BGB). Esto se aplica independientemente del reparto de la patria potestad.

3.3.2. Alimentos

Los padres están obligados a mantener a sus hijos (artículo 1601 del BGB). Los hijos tienen derecho a ser mantenidos cuando no pueden mantenerse por sí solos (artículo 1602 del BGB). La obligación de los progenitores de prestar alimentos se determina conforme a su capacidad económica (artículo 1603 del BGB). Sin embargo, la capacidad económica de los padres se calcula al alza, es decir, lo determinante no son los ingresos disponibles, sino los que se pueden obtener (artículo 1603, apartado 2, del BGB). En principio, los progenitores deben contribuir al mantenimiento de sus hijos de forma proporcional a sus ingresos y patrimonio. Sin embargo, el progenitor que tiene la custodia del hijo cumple con su deber de alimentos mediante su cuidado y asistencia (artículo 1606, apartado 3, del BGB). Por lo tanto, por regla general, tras la separación de los progenitores tan solo el progenitor en cuya casa no vive el hijo está obligado al pago de alimentos en dinero.

Por alimentos se entienden todas las necesidades vitales del niño, incluidos los costes de una formación adecuada (artículo 1610 del BGB).

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Tras el divorcio, los cónyuges deben asegurar su sustento por sí solos (artículo 1569 del BGB). Por lo tanto, deberán ejercer una actividad remunerada (artículo 1574, apartado 1, del BGB). En la medida en que para incorporarse a una actividad remunerada adecuada se requieran unos estudios y siempre que quepa esperar que estos se vayan a finalizar con éxito, deben seguir, no obstante, una formación, unos estudios de perfeccionamiento o un reciclaje profesional (artículo 1574, apartado 3, del BGB).

Sin embargo, el cónyuge divorciado es acreedor de alimentos:

• en la medida y por el tiempo en que se ocupe del cuidado de un hijo común (artículo 1570 del BGB) o no quepa esperar que pueda ejercer una actividad remunerada debido a una enfermedad o dolencia física o mental (artículo 1572 del BGB);
• cuando debido a su edad en un momento determinado, en particular en el momento del divorcio o de la finalización del cuidado y la educación de un hijo común, ya no quepa esperar que pueda ejercer una actividad remunerada (artículo 1571 del BGB);
• en la medida y por el tiempo en que se encuentre realizando una formación, unos estudios de perfeccionamiento o un reciclaje profesional para compensar deficiencias formativas o desventajas causadas por el matrimonio. Un requisito para ello es que inicie dichas actividades de formación, estudios de perfeccionamiento o reciclaje profesional de la forma más rápida posible con el fin de acceder a una actividad remunerada que garantice su sustento, y que haya expectativas de que la finalice con éxito (artículo 1575 del BGB);
• en la medida y por el tiempo en que tras el divorcio el cónyuge no pueda encontrar un empleo adecuado (artículo 1573, apartado 1, del BGB);
• en la medida y por el tiempo en que, debido a otras razones de peso, no quepa esperar que pueda ejercer una actividad remunerada y que, teniendo en cuenta los intereses de ambos cónyuges, sería una gran injusticia denegar una pensión (artículo 1576 del BGB);
• cuando los ingresos obtenidos mediante una actividad remunerada adecuada no sean suficientes para cubrir el coste de los alimentos (artículo 1573, apartado 2, del BGB).

La cuantía de los alimentos se establece teniendo en cuenta el nivel de vida del matrimonio, y abarca también los gastos de un seguro adecuado de enfermedad y de asistencia, así como, en determinadas circunstancias, también de edad avanzada o capacidad de trabajo reducida (artículo 1578 del BGB). Cuando el cónyuge deudor de alimentos, dada su situación laboral y patrimonial, y teniendo en cuenta sus demás obligaciones, no pueda garantizar al acreedor su pensión sin poner en peligro su propio sustento, solo debe prestar alimentos en una cuantía razonable teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio del cónyuge divorciado (artículo 1581, frase primera, del BGB).

Es posible la reducción o la limitación temporal de la pensión de conformidad con el artículo 1578 ter del BGB cuando no resulte equitativo un pago continuado ilimitado de la misma. La posibilidad de reducción o limitación temporal conforme al artículo 1578 ter del BGB se extiende en particular a los artículos 1570 a 1573 del BGB, si bien, de conformidad con el artículo 1570 del BGB, las interpretaciones equitativas necesarias para la prolongación de la pensión una vez el hijo ha cumplido los tres años de edad, por motivos relacionados con el hijo o los progenitores, representan un régimen especial para la limitación temporal.

En la ponderación conforme al artículo 1578 ter del BGB, deben tenerse en cuenta los intereses del hijo en común confiado al acreedor para el cuidado o educación del mismo. Asimismo, debe tenerse en cuenta hasta qué punto han surgido desventajas producidas por el matrimonio en relación con la posibilidad del cónyuge de sustentarse por sí mismo. Existen desventajas condicionadas por el matrimonio cuando los ingresos obtenidos por el cónyuge con derecho a pensión son inferiores a los que obtendría sin el matrimonio. De conformidad con el artículo 1578 ter, apartado 1, frase tercera, del BGB, puede producirse una desventaja de este tipo especialmente a raíz del cuidado de los hijos y la organización de la gestión financiera y la actividad profesional. Al evaluar desventajas condicionadas por el matrimonio, deben tenerse en cuenta asimismo todas las circunstancias del caso específico en el marco de una apreciación completa.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Cualquiera de los cónyuges puede vivir separado si así lo desea y sin ningún trámite especial. Los artículos 1361 a 1361 ter del BGB contienen disposiciones especiales para el período de la separación (véase el punto 6).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Los cónyuges deben vivir separados. Los cónyuges viven separados cuando no viven bajo el mismo techo y uno de ellos rechaza la convivencia conyugal (artículo 1567, apartado 1, del BGB).

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Cuando los cónyuges vivan separados o uno de ellos quiera hacerlo, uno de los cónyuges puede exigir al otro que le deje el domicilio conyugal o una parte del mismo para su propio uso exclusivo (concesión de la vivienda), siempre y cuando esto sea necesario para evitar una dificultad indebida (artículo 1361 ter del BGB). Cuando uno de los cónyuges haya maltratado físicamente o haya amenazado al otro, se otorga, por regla general, el uso exclusivo de la vivienda al cónyuge maltratado o amenazado. No obstante, la concesión de la vivienda no sirve para preparar ni facilitar el divorcio.

Durante el tiempo de la separación también se puede regular el uso de los enseres domésticos (artículo 1361 bis del BGB). Cada uno de los cónyuges puede exigir al otro que le entregue los enseres domésticos que le pertenecen. Sin embargo, esto no se aplica si la persona a la que se le exige la entrega de estos enseres los necesita para mantener su nuevo hogar propio y su transferencia responde a la equidad en el caso en concreto (por ejemplo, la transferencia de una lavadora al cónyuge con el que viven los hijos).

Además, durante la separación, un cónyuge puede solicitar al otro una pensión adecuada de conformidad con el artículo1361 del BGB y teniendo en cuenta las condiciones de vida y la situación laboral y patrimonial de los cónyuges. La pensión durante la separación responde a la solidaridad matrimonial y debe garantizar que los cónyuges no se ven en situación de necesidad debido a la separación. Asimismo, independientemente de las limitaciones económicas, debe abrirse una oportunidad para que los cónyuges retornen a la vida conyugal. Por lo tanto, los cónyuges siguen siendo responsables el uno del otro en un nivel comparativamente mayor, de modo que tan solo existen requisitos limitados en relación con la autonomía económica y la obligación de sustentarse a sí mismo del cónyuge. Un cónyuge separado tiene derecho a alimentos si no está en situación de satisfacer sus necesidades con sus ingresos y patrimonio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

No existe la nulidad (Nichtigerklärung) como total. El matrimonio solo puede anularse (aufgehoben werden) mediante una resolución judicial a instancia de parte (artículos 1313 y ss. del BGB). En la práctica son pocos los procedimientos de anulación del matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las razones de anulación del matrimonio son las infracciones de la legislación o los vicios de consentimiento en el momento de la celebración del matrimonio. Se enumeran de forma exhaustiva en el artículo 1314 del BGB.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Las consecuencias de la nulidad del matrimonio se corresponden con las consecuencias del divorcio (artículo 1318 del BGB). Véanse a este respecto las observaciones en el punto 3.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En caso de divorcio, los progenitores tienen derecho a recibir asesoramiento relacionado con la ayuda a niños y adolescentes por parte de la oficina de bienestar de los menores (Jugendamt). El asesoramiento tiene como finalidad ayudar a los progenitores que viven separados o se han divorciado a crear las condiciones que les permitan cumplir con su responsabilidad parental en beneficio de los niños o adolescentes. Se asiste a los progenitores, con la participación prudencial de los niños y adolescentes, en el desarrollo conjunto de un plan para cumplir con sus obligaciones. En el sitio web https://www.dajeb.de/ hay disponible una base de datos con todos los centros de asesoramiento. Además, existe la posibilidad de recurrir a la mediación para evitar disputas y alcanzar un acuerdo amistoso. En el sitio web https://www.bafm-mediation.de/ se puede encontrar más información sobre mediación familiar.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

El Derecho alemán solo reconoce el divorcio del matrimonio, la anulación del matrimonio o el establecimiento de la existencia o inexistencia del matrimonio [artículo 121 de la Ley alemana relativa a los procedimientos de familia y a los procedimientos de jurisdicción voluntaria (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit o FamFG, por sus siglas en alemán)].

La demanda de divorcio o anulación del matrimonio debe presentarse ante el tribunal de lo civil y penal (Amtsgericht) o tribunal de familia (Familiengericht) competente (artículos 111 y 121 de la FamFG y artículo 23 ter de la Ley alemana del Poder Judicial). La competencia territorial se establece de conformidad con el artículo 122 de la FamFG. La mediación de un abogado tiene carácter obligatorio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Cualquier ciudadano que, debido a sus circunstancias personales o económicas, no pueda afrontar los gastos de un proceso en absoluto, o solo en parte o a plazos, tiene derecho a solicitar ayudas de carácter económico para asumir las costas en los procesos ante los tribunales de familia. La condición para ello es que su demanda judicial o su defensa tengan probabilidad de éxito y no parezca arbitraria. De esta forma se posibilita económicamente a las clases desfavorecidas el acceso a la justicia. La ayuda supone, según los ingresos existentes, la totalidad o una parte de las costas procesales. Las costas de la representación por parte de un abogado se asumen cuando el órgano jurisdiccional designa un abogado. Se puede encontrar más información en el folleto Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe (Asesoramiento y asistencia jurídica gratuita) en la página web del Ministerio Federal de Justicia y Defensa de los Consumidores (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), en https://www.bmjv.de/.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Es lícito el recurso de apelación contra la resolución sobre el divorcio o la anulación del matrimonio de conformidad con los artículos 58 y ss. de la FamFG. La decisión acerca de la apelación le corresponde al tribunal superior regional de lo civil y penal (Oberlandesgericht) competente.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, en lo sucesivo «Reglamento Bruselas II bis», una resolución de este tipo (a excepción de las procedentes de Dinamarca) se reconoce de forma automática en la República Federal de Alemania, es decir, no se requiere un procedimiento de reconocimiento especial. Conforme al Reglamento Bruselas II bis, por lo general la condición previa es que el proceso de divorcio, anulación o declaración de nulidad se haya iniciado después del 1 de marzo de 2001 (véase el artículo 64 del Reglamento Bruselas II bis para las excepciones). Para casos antiguos se aplica principalmente el Reglamento precedente al Reglamento Bruselas II bis, esto es, el Reglamento Bruselas II. Las resoluciones de Dinamarca siguen requiriendo por regla general un procedimiento de reconocimiento especial.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, el órgano jurisdiccional al que hay que acudir para impugnar el reconocimiento de este tipo de resoluciones suele ser el tribunal de lo civil y penal (tribunal de familia) de la sede del tribunal superior regional de lo civil y penal en cuya demarcación:

• tenga el demandado o el hijo afectado por la resolución su residencia habitual, o
• (cuando no exista tal competencia) predomine el interés de la constatación o exista una necesidad de asistencia,
• o, de lo contrario, el tribunal de familia de Pankow/Weißensee.

El Estado federado de Baja Sajonia, donde las competencias existentes según los criterios mencionados con anterioridad se centralizan en el tribunal de lo civil y penal de Celle para todos los distritos con tribunales superiores regionales de lo civil y penal, constituye una excepción.

El procedimiento se rige por las disposiciones de la Ley alemana relativa a los procedimientos de familia y a los procedimientos de jurisdicción voluntaria.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La legislación aplicable a las condiciones y efectos de un divorcio relacionado con la legislación de otro Estado se determina, en la República Federal de Alemania y otros dieciséis Estados miembros de la Unión Europea, conforme a las normas del denominado Reglamento Roma III [Reglamento (CE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial]. Las normas del Reglamento Roma III deben aplicarse incluso en el caso de que el Derecho aplicable no coincida con el Derecho de un Estado miembro partícipe.

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Divorcio y separación legal - Estonia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Un divorcio puede concederlo una Oficina del Registro Civil o un notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges sobre la base de una demanda conjunta por escrito, o puede concederlo un órgano jurisdiccional sobre la base de una acción legal emprendida por uno de los cónyuges contra el otro. El último supuesto es aplicable si los cónyuges no están de acuerdo respecto del divorcio o de las circunstancias relativas al mismo, o si la Oficina del Registro Civil no tiene la competencia para conceder un divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Una Oficina del Registro Civil o un notario pueden conceder un divorcio, por mutuo acuerdo de los cónyuges sobre la base de una demanda conjunta por escrito, y siempre que ambos cónyuges residan en Estonia.

Un divorcio puede concederlo un órgano jurisdiccional, sobre la base de una acción legal emprendida por uno de los cónyuges contra el otro,

cuando las relaciones conyugales se han extinguido definitivamente. Las relaciones conyugales se extinguen cuando entre los cónyuges no existe ya convivencia matrimonial y no hay motivos para creer que reanudarán la convivencia. Se presume la extinción de las relaciones conyugales cuando los cónyuges viven separados durante al menos dos años.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio no afecta a las relaciones personales entre los cónyuges. Tras el divorcio, el órgano jurisdiccional o la Oficina del Registro Civil pueden restablecer el apellido anterior de una persona, si esta lo solicita, y en caso contrario se mantendrá el apellido adquirido con el matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Tras el divorcio, el patrimonio de los cónyuges se divide según lo previsto en el régimen económico matrimonial. En caso de comunidad de bienes gananciales, generalmente estos se dividen en partes iguales entre los cónyuges según lo dispuesto sobre el fin de la comunidad de bienes. La composición de los lotes se fija cuando finaliza el régimen económico matrimonial. No existe obligación de que los cónyuges dividan su patrimonio tras el divorcio. Hasta la división de los bienes comunes, los cónyuges ejercerán conjuntamente los derechos y cumplirán conjuntamente las obligaciones relativas a tales bienes. Asimismo, los cónyuges tienen el derecho de poseer conjuntamente cualquier bien que forme parte de su patrimonio común. Cuando el régimen económico de la comunidad de bienes llegue a su término, se determinarán cuáles han sido los bienes adquiridos por ambos cónyuges y se fijarán los derechos económicos derivados de los bienes adquiridos en común.

Si los cónyuges desean dividir sus bienes tras el divorcio, estos se dividirán de acuerdo con el régimen económico matrimonial elegido o con arreglo a las capitulaciones matrimoniales. Si los cónyuges han firmado unas capitulaciones matrimoniales, estas se rescinden en el momento del divorcio. Tras la rescisión de las capitulaciones matrimoniales en caso de divorcio, se termina cualquier derecho y obligación que surja de las mismas. Los bienes se distribuyen de conformidad con las capitulaciones matrimoniales.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El divorcio, como tal, no afecta a la responsabilidad parental y los padres mantienen la guarda y custodia compartida.

En general, los padres deben ponerse de acuerdo sobre con quién vivirá el menor, quién se ocupará del menor y en qué medida, así como de qué forma y por cuánto tiempo se prestarán los alimentos. El pago mensual de alimentos para un menor no debe ser inferior a la mitad del salario mínimo mensual establecido por el Gobierno de Estonia.

Si los padres no desean o no pueden ejercer el derecho de guarda y custodia compartida, cada padre tiene el derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional que se le transfiera a él o ella, parcial o totalmente, el derecho de guarda y custodia del menor. Los cambios en el derecho de custodia no afectan a la obligación de alimentos.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Un cónyuge divorciado tiene derecho a recibir alimentos:

1. hasta que el menor alcance la edad de tres años si, tras el divorcio, el cónyuge divorciado no puede mantenerse a sí mismo/a debido a que debe ocuparse del menor en común;
2. si, tras el divorcio, el cónyuge divorciado no puede mantenerse a sí mismo/a debido a su edad o a su estado de salud, y si ya existía la necesidad de asistencia debido a su edad o estado de salud en el momento del divorcio. Los alimentos necesarios por la edad o el estado de salud también podrán reclamarse al cónyuge divorciado si tal necesidad ya existía en el momento en que el cónyuge reclamante perdió el derecho a alimentos frente al otro cónyuge por otros motivos previstos en la ley. Los alimentos deben pagarse mientras que la persona con derecho a recibirlos no tenga perspectiva de obtener ingresos.

El padre del menor debe proporcionar el pago de alimentos a la madre del menor durante las ocho semanas anteriores y las doce posteriores al nacimiento del menor.

Un órgano jurisdiccional puede liberar al cónyuge divorciado de la obligación de prestar el pago de alimentos por las razones previstas en la ley.

Un cónyuge divorciado con derecho a recibir el pago de alimentos solo puede solicitar que se cumpla la obligación legal de prestar alimentos tras haber presentado una acción legal al respecto.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Se considera que los cónyuges están legalmente separados cuando no comparten un hogar común o no hay convivencia matrimonial y al menos uno de los cónyuges claramente no tiene intención de crearla o de reanudarla.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Los cónyuges viven separados.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Si los cónyuges están legalmente separados, cada cónyuge puede:

1. Reclamar del otro cónyuge cualquier bien que fuese usado en interés de la familia si el cónyuge necesita los bienes en su hogar independiente, y tiene un interés legítimo en continuar usándolo. Todos los enseres familiares domésticos normales que sean propiedad conjunta de los cónyuges se dividen entre ellos sobre la base del principio de equidad. En general, ambos cónyuges pueden presentar una demanda para obtener los objetos personales que sean de su propiedad individual. Cualquier bien de propiedad común (a saber, en particular, propiedad común de los cónyuges) se divide de manera equitativa y teniendo en cuenta el interés de cada cónyuge y de los menores.
2. Reclamar al otro cónyuge que transfiera el alojamiento compartido de la familia, o parte del mismo, para su uso individual, si ello es necesario para evitar conflictos personales importantes. Sin embargo, aunque deben primar los derechos preferenciales del propietario, el órgano jurisdiccional puede otorgar el uso de la vivienda al cónyuge que no es propietario si lo considera necesario al tener en cuenta los medios de ambos cónyuges y los intereses de los menores.

Si los cónyuges están legalmente separados, cada cónyuge debe proporcionar alimentos en la forma de pagos de dinero regulares para cubrir los gastos ocasionados por el otro cónyuge en interés de la familia.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio implica que el matrimonio se considera nulo desde el primer momento. Un matrimonio solo puede anularlo un órgano jurisdiccional.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La anulación del matrimonio debe basarse exclusivamente en la fundamentación de la invalidez del matrimonio que especifica la Ley de derecho de familia (perekonnaseadus), esto es, que un órgano jurisdiccional puede anular un matrimonio mediante una acción legal si:

1. se violó el requisito relativo a la edad mínima para el matrimonio, o el requisito relativo a la capacidad legal activa, en el momento del matrimonio;
2. se violó la prohibición de matrimonio establecida en la Ley en el momento del matrimonio;
3. se violaron los requisitos formales establecidos en la Ley en el momento del matrimonio;
4. al menos uno de los cónyuges padecía un trastorno mental transitorio, o no era capaz de ejercer su voluntad por cualquier otra razón, en el momento en el que contrajo matrimonio;
5. el matrimonio se contrajo de manera fraudulenta o bajo coacción, incluido el ocultamiento del estado de salud u otros detalles personales de un cónyuge, cuando estos sean relevantes para la validez del matrimonio;
6. uno o ambos cónyuges no tenían intención de cumplir las obligaciones dimanantes del estatus de casados y se contrajo el matrimonio con otros fines, en particular con la intención de obtener el permiso de residencia estonio (matrimonio de conveniencia);
7. los cónyuges son del mismo sexo como consecuencia de un cambio de sexo realizada durante el matrimonio.

Además de lo anterior, se considera que un matrimonio es nulo si:

1. el matrimonio se produce entre personas del mismo sexo;
2. una persona sin la competencia de un registrador confirmó que se contrajo el matrimonio, o
3. al menos una parte no ha expresado su deseo de contraer matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Tras la anulación de un matrimonio, este se considera nulo desde el primer momento, a menos que el motivo de la anulación sea que se trata de un matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuyo caso el matrimonio se anula desde la fecha en que una sentencia judicial produzca efectos. Las personas cuyo matrimonio ha sido anulado dejan de tener derechos y obligaciones relacionadas con el matrimonio uno respecto del otro (incluidas aquellas relacionadas con las capitulaciones matrimoniales, que se consideran nulas).

Si un matrimonio se anula porque uno de los posibles cónyuges ocultó al otro posible cónyuge que ya estaba casado, o influenció al otro cónyuge para que se casara de manera fraudulenta o bajo coacción, un órgano jurisdiccional puede ordenar que la persona en cuestión pague una pensión al otro cónyuge del matrimonio nulo, según las mismas normas que son aplicables para conceder alimentos al cónyuge. A petición de la parte que fue inducida ilegalmente a casarse, un órgano jurisdiccional puede aplicar las disposiciones relativas a los bienes matrimoniales al régimen económico matrimonial de las partes (es decir, el patrimonio común de los cónyuges).

Los menores fruto de un matrimonio anulado tienen los mismos derechos y obligaciones que los menores fruto de un matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Una Oficina del Registro Civil o un notario pueden conceder un divorcio previo acuerdo de los cónyuges. Las consecuencias legales de un divorcio (por ejemplo, en relación con la división de los bienes matrimoniales) pueden establecerse en un acuerdo entre los cónyuges implicados.

En el caso de que los cónyuges tengan algún conflicto respecto de las circunstancias del divorcio, no existen medios extrajudiciales para poder encontrar una solución.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Puede presentarse una demanda de divorcio ante:

1. la Oficina del Registro Civil del lugar de residencia de uno de los cónyuges (si la residencia de ambos cónyuges está en Estonia);
2. un notario;
3. el juzgado de primera instancia cuya jurisdicción comprenda el lugar de residencia del demandado (un juzgado comarcal).

La demanda de anulación del matrimonio debe presentarse ante el órgano jurisdiccional de primera instancia (juzgado comarcal) del lugar de residencia del demandado.

Una Oficina del Registro Civil concede un divorcio sobre la base de una demanda personal conjunta por escrito realizada por los cónyuges. Los cónyuges deben confirmar en la demanda que no tienen conflictos en relación con los menores, con la división del patrimonio común o con las resoluciones en materia de alimentos. Las demandas de divorcio deben ir acompañadas de un documento que certifique el matrimonio. Si un cónyuge no puede comparecer personalmente, por razones justificadas, ante la Oficina del Registro Civil para poder entregar la demanda conjunta, puede entregar una demanda por separado certificada por un notario. Los documentos que estén en una lengua extranjera deben entregarse a la Oficina del Registro Civil con una traducción jurada de un notario, un funcionario consular o un traductor jurado. Cualquier documento que certifique el matrimonio y que haya sido expedido en un país extranjero debe estar legalizado o portar una apostilla, salvo que un acuerdo internacional disponga lo contrario.

Un notario concede un divorcio sobre la base de una demanda personal conjunta por escrito realizada por los cónyuges. Las demandas de divorcio deben ir acompañadas de un documento que certifique el matrimonio. Si un cónyuge no puede comparecer personalmente, por razones justificadas, ante la Notaría para entregar la demanda conjunta, puede entregar una demanda por separado certificada por un notario Los documentos que estén en una lengua extranjera deben entregarse a la Oficina del Registro Civil con una traducción jurada de un notario, un funcionario consular o un traductor jurado. Cualquier documento que certifique el matrimonio y que haya sido expedido en un país extranjero debe estar legalizado o portar una apostilla, salvo que un acuerdo internacional disponga lo contrario.

En un asunto matrimonial que tenga que juzgarse en un órgano jurisdiccional estonio, se emprende una acción legal ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia común de los cónyuges o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia del demandado. Si el lugar de residencia del demandado no se encuentra en Estonia, la acción legal se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia de un hijo menor en común de las partes y, en caso de no existir un hijo común menor de edad, se presenta ante el órgano jurisdiccional cuya jurisdicción comprende la residencia del demandante. A la hora de emprender una acción legal de divorcio, separación legal o anulación de un matrimonio ante un órgano jurisdiccional, el escrito de pretensiones debe cumplir con todos los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Civil (tsiviilkohtumenetluse seadustik) en referencia a las acciones civiles. Los escritos de pretensiones y cualquier prueba documental deben presentarse ante el órgano jurisdiccional en estonio, por escrito o electrónicamente, y en formato A4.

En el escrito de pretensiones debe indicarse el nombre del órgano jurisdiccional, así como los datos personales relativos al demandante y al demandado (cónyuges) y de los hijos comunes menores. Debe indicar asimismo quién proveerá a los alimentos de los menores y cuidará de ellos y con quién vivirán; el escrito de pretensiones debe incluir también una propuesta de convenio futuro sobre los derechos parentales y la crianza de los hijos. Además, el escrito de pretensiones debe expresar claramente cuál es la demanda del demandante. Asimismo, también deben indicarse las circunstancias objetivas que constituyen la base de la acción legal. El demandante debe también presentar y hacer una relación de las pruebas que posee.

Además de lo anterior, si se divide el patrimonio común, debe indicarse en el escrito de pretensiones qué comprende y cuál es su ubicación, debe determinarse el valor de todas las pertenencias del demandante y debe realizarse una propuesta para la división del patrimonio común. Si los cónyuges han firmado unas capitulaciones matrimoniales, deben adjuntarse al escrito de pretensiones.

El escrito de pretensiones debe estar firmado por el demandante o por su representante. En caso de que lo firme su representante, debe incluirse un documento de autorización o algún documento similar que certifique cuáles son los poderes del representante.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Si la persona que solicita el beneficio de asistencia jurídica no puede pagar las costas judiciales por causa de su situación económica, o si puede pagarlas solo en parte o a plazos, y si existe razón suficiente para pensar que su participación prevista en el procedimiento tendrá éxito, el órgano jurisdiccional puede eximirle de su obligación de pagar las costas judiciales en parte o en su totalidad, y dejar que el Estado asuma esos gastos.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se puede presentar un recurso contra una sentencia de divorcio, una sentencia de separación legal o de anulación del matrimonio, en virtud de las disposiciones generales que rigen los procedimientos de recurso, si el recurrente considera que la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia se basa en un error de derecho (por ejemplo, si el órgano jurisdiccional de primera instancia ha aplicado incorrectamente una disposición legal del derecho sustantivo o del derecho procesal).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, una sentencia de divorcio dictada en un Estado miembro es reconocida automáticamente en otros Estados miembros de la Unión Europea (a excepción de Dinamarca), sin que sea necesario ningún procedimiento especial.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Para poder impugnar el reconocimiento de una sentencia de divorcio, de separación legal o de anulación del matrimonio, debe hacerse ante el tribunal de apelación del Estado miembro que corresponda, tal y como se indica en la lista publicada en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo.

En Estonia, una audiencia es quien realiza esta función.

El procedimiento y plazo para recurrir una sentencia judicial se establecerá en la propia sentencia.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En caso de divorcio, debe aplicarse la legislación del país en el que se encuentra el lugar de residencia de los cónyuges. Si los cónyuges residen en países diferentes, pero tienen la misma nacionalidad, las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se definen por la legislación del país de ciudadanía. Si los cónyuges residen en países diferentes y tienen nacionalidades distintas, las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se determinan en función del derecho del país de su última residencia común, siempre que uno de los cónyuges resida en ese país. Si los cónyuges residen en países diferentes y tienen nacionalidades distintas, las consecuencias jurídicas generales del matrimonio se determinan en función del derecho del país de su última residencia común, siempre que uno de los cónyuges resida en ese país.

Si el divorcio no se permite en el derecho mencionado anteriormente, o si solo se permite en condiciones muy restringidas, se aplica el derecho estonio en su lugar si uno de los cónyuges reside en Estonia o tiene la ciudadanía estonia, o si era residente en Estonia o tenía la ciudadanía estonia en el momento en el que se contrajo el matrimonio.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Que cualquiera de los cónyuges tenga su domicilio en Irlanda en la fecha en que se incoe el proceso.

O

Que cualquiera de los cónyuges haya tenido su residencia habitual en Irlanda en los doce meses anteriores a esa fecha.

[artículo 39, apartado 1, letras a) y b), de la Ley de divorcio de 1996 [Family Law (Divorce) Act 1996]]

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Es preciso probar al órgano jurisdiccional [tribunales regionales (Circuit Court / An Chúirt Chuarda) en régimen de competencia alternativa con el Tribunal Superior (High Court / An Ard-Chúirt); artículo 38, apartado 1] lo siguiente.

En la fecha en que se incoa el proceso, los cónyuges han vivido separados durante un periodo continuado de al menos dos años o durante períodos temporales que sumen dos años en total durante los tres años anteriores.

Y

No cabe esperar la reconciliación entre los cónyuges.

Y

Se ha dispuesto o se dispondrá un régimen que el órgano jurisdiccional considere adecuado, habida cuenta de las circunstancias, para los cónyuges y cualquier otro familiar dependiente.

(artículo 5, apartado 1, de la Ley)

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El matrimonio objeto de la resolución queda disuelto y los excónyuges pueden volver a contraer matrimonio (artículo 10, apartado 1).

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Al dictar la sentencia de divorcio, el órgano jurisdiccional puede proveer sobre el haber común, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, de la Ley; los bienes y derechos pueden venderse, repartirse por igual en global o individualmente o transmitirse en propiedad a uno solo de los cónyuges.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Al dictar la sentencia de divorcio, el órgano jurisdiccional puede proveer sobre el bienestar, la custodia y los derechos de visita con respecto a los hijos menores dependientes de la familia (artículo 5, apartado 2, de la Ley). Siempre se velará porque predomine el bienestar de los hijos.

Puede consultarse más información en la ficha informativa «Responsabilidad parental: Irlanda».

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al dictar la sentencia de divorcio, el órgano jurisdiccional puede fijar alimentos a favor de uno de los cónyuges, que cesarán si el beneficiario vuelve a contraer matrimonio (artículo 13 de la Ley).

El órgano jurisdiccional también puede, a posteriori, dictar una resolución de ajuste de la pensión concedida a uno de los excónyuges (véase el artículo 17 de la Ley).

Puede consultarse más información en la ficha informativa «Pensiones alimenticias: Irlanda».

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal (que, en Irlanda, es solo judicial) permite a los cónyuges que se hayan distanciado reorganizar sus vidas y vivir en adelante por separado.

En la resolución de separación legal, el órgano jurisdiccional puede proveer accesoriamente en relación con los hijos, los posibles alimentos, las contribuciones a las cargas comunes, los derechos de pensión, el domicilio conyugal y otros bienes y derechos. La resolución de separación legal no implica la disolución del matrimonio. Por tanto, los cónyuges que se hayan distanciado y hayan conseguido que se declare la separación legal deben conseguir que se declare el divorcio para volver a contraer matrimonio.

Véase el artículo 8 de la Ley de separación legal y de reforma del Derecho de familia de 1989 (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Deben darse uno o varios de los supuestos siguientes:

1. Adulterio de uno de los cónyuges.
2. Comportamiento indebido o violento de uno de los cónyuges.
3. Abandono del hogar conyugal durante un año.
4. Que los cónyuges lleven al menos un año sin vivir juntos y que la separación legal sea de mutuo acuerdo.
5. Que los cónyuges lleven al menos tres años sin vivir juntos.
6. Que el matrimonio se haya degradado hasta tal punto que el órgano jurisdiccional considere que no ha existido una relación conyugal normal durante al menos un año.

Véase el artículo 2 de la Ley de separación legal y de reforma del Derecho de familia de 1989.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal conlleva el cese de la obligación de convivencia sin que ello implique la disolución del matrimonio. La esposa puede continuar utilizando el apellido de su esposo.

En términos económicos, se mantiene el deber de socorro para con el otro cónyuge y se puede fijar una pensión alimenticia, si bien no puede tenerse en cuenta la posible culpa de ninguno los cónyuges. No obstante, como ocurre con el divorcio, la resolución conlleva la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial.

Se mantienen los derechos sucesorios, salvo en el caso de separación conyugal por culpa exclusiva de uno de los cónyuges.

Los cónyuges pueden solicitar la anulación judicial de la resolución de separación. El órgano jurisdiccional la anula si queda probado que se ha producido la reconciliación y que las partes pretenden reanudar la convivencia.

Conversión de la separación legal en divorcio

A petición de uno de los cónyuges, la resolución de separación legal puede convertirse ipso jure en divorcio si la separación legal ha durado al menos tres años. En este caso, el juez declara el divorcio y provee sobre sus consecuencias.

Si la separación legal se declara a raíz de una petición de mutuo acuerdo, solo puede convertirse en divorcio si se presenta otra petición de mutuo acuerdo a tal fin.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

En Irlanda se aplica la nulidad matrimonial, que implica considerar que los cónyuges nunca estuvieron casados, esto es, la inexistencia del matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Es necesario que se cumpla alguno de los requisitos siguientes:

• que cualquiera de los cónyuges tenga su domicilio en Irlanda en la fecha en que se incoe el proceso,
• que cualquiera de los cónyuges haya tenido su residencia habitual en Irlanda en los doce meses anteriores a dicha fecha,
• que cualquiera de los cónyuges haya fallecido antes de dicha fecha

y

• tuviera su domicilio en Irlanda en la fecha de su fallecimiento o
• hubiera tenido su residencia habitual en Irlanda en los doce meses anteriores a dicha fecha.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Se considera que el matrimonio nunca ha existido. Cada una de las partes puede volver a contraer matrimonio libremente. Ninguna de las partes retiene derechos de sucesión sobre la otra ni tampoco obligación alguna de alimentos o de socorro para con la otra. Todos los hijos de la pareja nacidos durante el matrimonio se consideran extramatrimoniales.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Las cuestiones económicas y patrimoniales y las relativas a los descendientes dependientes pueden pactarse a través de la mediación sin recurrir a la vía judicial, pero solo los órganos jurisdiccionales pueden declarar la separación legal o el divorcio.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los tribunales regionales, en régimen de competencia alternativa con el Tribunal Superior, tienen competencia para conocer de las demandas de divorcio, separación legal o anulación.

Los procesos de divorcio o separación legal ante los tribunales regionales se incoan mediante la presentación de una demanda ordinaria (civil bill) en la oficina judicial del tribunal regional competente y su posterior traslado al demandado; el procedimiento está recogido en el título 59, artículo 4, del Reglamento de los tribunales regionales de 2001 (Circuit Court Rules 2001).

Los procesos de divorcio o separación legal ante el Tribunal Superior se incoan mediante la presentación de una demanda especial (special summons) en la oficina judicial de este Tribunal (Central Office) y su posterior traslado al demandado. El procedimiento está recogido en el título 70 bis del Reglamento de los órganos jurisdiccionales superiores (Rules of the Superior Courts) (instrumento jurídico n.º 343 de 1997). La acción de nulidad (application for nullity) ante el Tribunal Superior se inicia mediante la presentación de una demanda (petition) en la oficina judicial de este Tribunal. El procedimiento está recogido en el título 70 del Reglamento de los órganos jurisdiccionales superiores.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, mediante solicitud a la Junta de Asistencia Jurídica Gratuita de Irlanda (Legal Aid Board), previo estudio de su situación económica.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Los fallos del Tribunal Superior sobre los recursos de apelación contra las resoluciones de divorcio, separación legal o nulidad dictadas por los tribunales regionales se consideran firmes y, por tanto, irrecurribles; véase el artículo 39 de la Ley de órganos jurisdiccionales de 1936 (Courts of Justice Act, 1936).

Todos los fallos del Tribunal Superior en procesos de divorcio, separación legal o nulidad en primera instancia pueden recurrirse en apelación ante el Tribunal Supremo (Supreme Court / An Chúirt Uachtarach).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Debe solicitarse tal declaración al tribunal regional competente o al Tribunal Superior de Irlanda de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letras d) o e), de la Ley de Derecho de familia de 1995 (Family Law Act 1995). La solicitud al tribunal regional se hace mediante demanda ordinaria (civil bill). La solicitud al Tribunal Superior se hace mediante demanda especial (special summons).

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Los órganos jurisdiccionales irlandeses, habida cuenta del carácter constitucional de la institución jurídica del divorcio, determinan si el divorcio declarado en el extranjero puede reconocerse en Irlanda; se ocupan de estas cuestiones el Tribunal Superior o los tribunales regionales.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los requisitos para la declaración del divorcio en Irlanda están fijados en el artículo 39 de la Ley de divorcio de 1996.

El cónyuge que no resida en Irlanda o que no tenga nacionalidad irlandesa puede solicitar el divorcio en Irlanda si reúne alguno de los requisitos contemplados en el artículo 39, apartado 1, letras a) y b), de la Ley de divorcio de 1996. La jurisdicción irlandesa en materia de divorcio se basa en la residencia y no en la nacionalidad.

Enlaces relacionados

Servicio de tribunales de Irlanda (Courts Service Ireland)

Oasis: información sobre servicios públicos

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Para obtener el divorcio debe mediar una sentencia judicial firme (artículos 1438 y ss. del Código Civil).

Concretamente, el matrimonio se disuelve:

1. De mutuo acuerdo, cuando ambos cónyuges deciden disolver su vínculo matrimonial, cuya duración debe haber sido de por lo menos seis meses, interponiendo una demanda conjunta firmada por ambos y por sus letrados o solamente por los letrados provistos de un poder especial. Si no existen hijos menores, la disolución del matrimonio se produce de forma extrajudicial, con la simple presentación de dicha demanda conjunta. Si existen hijos menores de edad, para disolver el matrimonio, la mencionada demanda conjunta de los cónyuges debe acompañarse de otro acuerdo por escrito firmado por ambos en el que se regule la custodia y la comunicación con los hijos, y todos estos acuerdos deben presentarse en el órgano jurisdiccional colegiado de primera instancia competente que, con arreglo al procedimiento de jurisdicción voluntaria, valida los acuerdos y dicta la sentencia de divorcio.
2. Mediante procedimiento contencioso, en el que por razones determinantes del fracaso matrimonial, uno de los cónyuges interpone una demanda, o ambos sendas demandas por separado, ante el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente solicitando la disolución de su matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Son causas de divorcio (art. 1439 del Código Civil), además del mutuo acuerdo:

1. El fracaso matrimonial causado por el demandado o por ambos cónyuges que imposibilite para el demandante la prolongación de la vida común. Cuando el demandado no aporte pruebas en contrario, dicho fracaso se evidencia en caso de bigamia, adulterio, abandono del demandante o atentado contra su vida por el demandado, o en caso de ejercicio de violencia doméstica por parte del demandado contra el demandante.
   
   También constituye una prueba irrefutable del fracaso matrimonial el cese efectivo de la vida común durante al menos dos años, en cuyo caso puede solicitarse el divorcio incluso si el causante del mismo ha sido el propio demandante.
2. La desaparición o ausencia de uno de los cónyuges, declarada por sentencia firme, en cuyo caso el divorcio es solicitado por el otro.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La disolución del vínculo matrimonial produce la extinción de la obligación de vivir juntos y tomar decisiones en común e implica que el cónyuge que hubiera adoptado el apellido de su esposo o esposa recupera por lo general el suyo a menos que lo desee mantener por razones profesionales o artísticas, que cesa cualquier responsabilidad de los cónyuges de ejecutar sus obligaciones mutuas, que se remueve cualquier impedimento de bigamia y que cesa la suspensión de la prescripción de los derechos exigibles entre los cónyuges. Sin embargo, la disolución del vínculo matrimonial no invalida el parentesco político producido con la celebración del matrimonio entre los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges y los del otro.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio ambos cónyuges tienen derecho a quedarse con los bienes muebles que les pertenezcan o se presuma que les pertenecen, aunque ambos o sólo uno de ellos haga uso de dichos bienes, salvo que el otro demuestre la falsedad de la presunción a pesar de no necesitarlos. Si el cónyuge que esté en posesión del bien se niega a restituírselo a su dueño, éste puede ejercitar una acción para recuperar la posesión de hecho, de Derecho o para exigir una obligación. Por lo que se refiere a la vivienda familiar tras la disolución del vínculo matrimonial, el cónyuge que sea el dueño de la misma tiene derecho a reclamársela al cónyuge que viva en ella. En caso de que ambos sean propietarios de la vivienda en régimen de gananciales, este deja de existir como consecuencia del divorcio y cada uno de los cónyuges obtiene la parte que le corresponde según las disposiciones sobre liquidación de la sociedad conyugal y reparto de bienes comunes. Por último, ambos cónyuges tienen derecho a reclamar una parte de los bienes gananciales obtenidos por el otro durante el matrimonio.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En caso de divorcio compete al juez regular el ejercicio de la responsabilidad parental con arreglo a las siguientes modalidades:

a) asignación del ejercicio de la responsabilidad parental o patria potestad a uno de los padres,

b) asignación del ejercicio de la responsabilidad parental o patria potestad a ambos padres conjuntamente,

c) división del ejercicio de la patria potestad entre ambos padres separadamente,

d) asignación del ejercicio de la patria potestad a un tercero.

La sentencia de divorcio no exime a los padres de la obligación de mantener a sus hijos menores sin trabajo, no emancipados o con recursos insuficientes, y dicha obligación es determinada por los padres o, en caso de contencioso, por un órgano jurisdiccional.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Si tras la sentencia de divorcio uno de los cónyuges se ve incapaz de asegurar su propio sostenimiento con sus propios ingresos o recursos, tiene derecho a percibir alimentos del cónyuge en los casos siguientes:

1. si, al dictarse la sentencia o con posterioridad a la misma, la edad o la salud le impide empezar a ejercer o seguir ejerciendo una profesión que le garantice el sostenimiento,
2. si la custodia de un hijo menor le impide ejercer un trabajo adecuado,
3. si, por un lapso de tiempo que no puede superar los tres años a contar de la sentencia de divorcio, no encuentra trabajo estable o requiere una formación profesional,
4. en cualquier otro caso en que la concesión de alimentos en el momento del divorcio venga impuesta por razones de equidad.

Puede denegarse o limitarse la pensión si hay razones poderosas para ello, especialmente en caso de breve duración del vínculo matrimonial o si el beneficiario es responsable del divorcio o ha provocado voluntariamente su fracaso. El derecho a percibir alimentos prescribe en caso de que el beneficiario vuelva a contraer matrimonio o conviva permanentemente con otra persona en unión libre. El derecho a percibir alimentos no prescribe en caso de defunción del deudor, pero prescribe en caso de defunción del beneficiario, salvo que se refiera a tiempo pasado o cuotas pagaderas en el momento de la defunción.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Por nulidad matrimonial se entiende que cualquier matrimonio, que por adolecer de defectos se declare nulo mediante decisión judicial firme, deja de producir efectos jurídicos sin que por ello los hijos nacidos del mismo pierdan su condición de hijos fruto del matrimonio disuelto. En cuanto a la anulación de un matrimonio anulable o nulo, serán aplicables las normas vigentes para la anulación de cualquier acto jurídico anulable (artículos 1372 y ss. del Código Civil).

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Para que se pueda declarar nulo un matrimonio es necesario que los contrayentes hayan incumplido algún requisito para contraerlo, que exista algún impedimento de carácter dirimente o bien que haya habido error o coacción.

Existe incumplimiento de un requisito para contraer matrimonio cuando las declaraciones de los futuros esposos no se realizan personalmente o bien son condicionales o provisionales, cuando éstos son menores y no disponen de la dispensa del órgano jurisdiccional, cuando alguno de ellos está incapacitado judicialmente o actúa bajo asistencia judicial y el asistente judicial no da su consentimiento, o no concede su dispensa el juzgado o tribunal competente, o cuando alguno de ellos no haya sido consciente de sus actos en el momento de contraer matrimonio o no esté en su cabal juicio por enfermedad mental. Existe impedimento dirimente en caso de bigamia, en caso de adopción o en caso de consanguinidad por línea recta a todos los niveles o consanguinidad colateral hasta el cuarto grado, o cuando los contrayentes sean parientes políticos por línea recta a todos los niveles o parientes políticos colaterales hasta el tercer grado.

La nulidad se revoca si, tras la celebración del matrimonio, los contrayentes expresan su total y libre consentimiento, si los cónyuges menores obtienen posteriormente la dispensa del juez o si el cónyuge menor reconoce el matrimonio al cumplir los 18 años de edad, si lo reconoce el cónyuge incapaz cuando recupere la capacidad, si aprueban el matrimonio el tutor, o el juez, o el cónyuge bajo tutela judicial que recupere la capacidad jurídica, o si así lo reconoce también el cónyuge víctima de error o coacción. Por otro lado, se considera inexistente todo matrimonio que se celebre sin la intervención del alcalde y sin la de los correspondientes testigos en el caso del matrimonio civil o, en el caso del religioso, cuando este no haya sido consagrado por un oficiante de la Iglesia Ortodoxa Oriental o por uno de otro credo o religión reconocidos en Grecia, en cuyo caso el matrimonio carece de efecto jurídico y su inexistencia puede ser reconocida mediante la correspondiente demanda interpuesta por quienquiera tenga interés legítimo.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

En principio, los efectos jurídicos de la nulidad matrimonial tienen carácter retroactivo. Esta retroactividad afecta a todas las relaciones de los cónyuges tanto si se trata de relaciones personales, como familiares o económicas. La nulidad del matrimonio causa la anulación ex tunc de los derechos sucesorios que un cónyuge tiene sobre los bienes del otro, en el caso solamente de la herencia ab intestato. Quedan también anuladas todas las transacciones de los cónyuges con terceros realizadas en su condición de cónyuges bien con el fin de cubrir las necesidades de la vida común o bien con el fin de gestionar el patrimonio de uno u otro cónyuge salvo si las aprueban los terceros. Por otra parte, si durante la celebración del matrimonio ambos cónyuges o uno de ellos desconociera el carácter nulo del mismo, la nulidad surte efectos futuros. Asimismo, el cónyuge que en el momento de celebrarse el matrimonio desconozca su nulidad tiene derecho a una pensión del cónyuge conocedor desde el principio de la nulidad del mismo, y de sus herederos si dicho cónyuge muere con posterioridad a la anulación, de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de divorcio. Goza del mismo derecho a pensión el cónyuge que haya sido coaccionado para contraer matrimonio de modo ilegal o contrario a la moral aunque se anule el matrimonio o se disuelva por el fallecimiento del cónyuge (artículo 1383 del Código Civil).

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

No.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Es competente para conocer de una demanda de divorcio por fracaso producido por uno o ambos cónyuges o por desaparición o ausencia de uno de ellos, así como para anular un matrimonio nulo o anulable o para reconocer su inexistencia, el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia (artículo 17, número 1, del Código de Procedimiento Civil) con arreglo al procedimiento de los litigios matrimoniales (vigente desde la promulgación de la Ley 4055/2012).

En caso de divorcio por mutuo acuerdo es competente el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia con arreglo al procedimiento de la jurisdicción voluntaria. Es competente el juzgado o tribunal bajo cuya jurisdicción se halle la última residencia común de los litigantes (artículo 39 del Código de Procedimiento Civil), o su residencia habitual si uno de los cónyuges aún reside allí, o bien la residencia habitual del demandado (artículo 22 del Código de Procedimiento Civil), o bien en caso de demanda conjunta la residencia habitual de cada uno de los cónyuges, o la residencia habitual del demandante si en el momento de presentarse la demanda este lleva residiendo en ella por lo menos un año, o seis meses si es ciudadano griego o si ambos cónyuges tienen nacionalidad griega. La réplica se presenta ante el mismo juzgado o tribunal. Además, a la demanda de divorcio, de nulidad o de reconocimiento de la inexistencia de un matrimonio se puede acumular la de alimentos, que será conocida por el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente con arreglo al procedimiento de los litigios matrimoniales en los límites del mismo. Por último, las demandas relativas a la patria potestad y a la comunicación de los progenitores con sus hijos se pueden acumular a la de divorcio y presentarse conjuntamente ante el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia, que dictaminará con arreglo al procedimiento especial de los artículos 681B y ss. del Código de Procedimiento Civil.

La demanda debe presentarse en la secretaría del juzgado o tribunal para su admisión a trámite y determinación de la fecha del juicio, que se asentará en el escrito de la demanda para que el letrado del demandante (o del solicitante en caso de medidas provisionales) pueda encomendar al agente judicial competente que remita al demandado o solicitado copia de la misma con la fecha de la vista y la citación del juez. Finalmente, el agente judicial notifica la demanda al demandado o solicitado. Al demandado que viva o resida en Grecia se le debe dar notificación de la demanda sesenta (60) días antes de la fecha del juicio y, si vive o reside en el extranjero o se halla en ignorado paradero, noventa (90) días antes. Si se trata de una notificación en persona en el extranjero, en un domicilio conocido, son de aplicación las disposiciones sobre notificación de la demanda del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, o bien, cuando proceda, el Convenio de La Haya de 15.11.1965, o bien los convenios bilaterales o multilaterales vigentes sobre transmisión de documentos.

La ley aplicable a las relaciones personales y al régimen económico de los cónyuges, al divorcio y a la separación legal (artículos 14, 15 y 16 del Código Civil) es, por orden de prelación, la siguiente:

1. la ley de su última nacionalidad durante el matrimonio si uno de los dos la mantiene,
2. la ley de su última residencia habitual común durante el matrimonio y
3. la ley del país con el que los cónyuges guarden mayor relación.

Las relaciones entre padres e hijos (artículos 18 y 19 del Código Civil) se regulan por el siguiente orden de prelación:

a) la ley de la última nacionalidad de los cónyuges,

b) la ley de la última residencia habitual común de los cónyuges,

c) la ley de la nacionalidad del hijo; si este tiene doble nacionalidad griega y extranjera se aplica la ley griega de ciudadanía y, si tiene múltiple nacionalidad extranjera, se aplica la ley del país con el que guarde mayor relación.

De acuerdo con la lex fori, la ley de enjuiciamiento aplicable es la griega, sobre la que prevalecen, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, el Derecho comunitario europeo y las disposiciones de los convenios internacionales. El letrado que represente al litigante deberá tener poderes para comparecer ante el juez en compañía del litigante al que representa, aportar el certificado de matrimonio y de estado civil, así como el resto de los documentos probatorios, examinar a los testigos y presentar propuestas durante la vista. En caso de divorcio por mutuo acuerdo se requiere la declaración por escrito firmada por ambos litigantes o por sus letrados acerca de la disolución de su matrimonio, así como un acuerdo por escrito sobre la custodia de sus hijos y el régimen de comunicación con ellos. El acuerdo es validado por el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia que declara la disolución del matrimonio. Las declaraciones de los litigantes se aprecian con toda libertad. Están prohibidos la declaración jurada, el examen de los hijos como testigos y la renuncia a prestar juramento de testigos y peritos. El juez intenta reconciliar a las partes. La no comparecencia del demandado no puede influir en la resolución del caso y, en caso de fallecimiento de una de las partes antes de que el juez dicte sentencia, se anula el juicio. Por otro lado, en caso de demanda de nulidad matrimonial, que también puede presentar el fiscal, se requiere la presencia de este y, en caso de fallecimiento de una de las partes, se interrumpe el juicio para que lo puedan proseguir los herederos. En el caso de que la demanda de nulidad o reconocimiento de la inexistencia de un matrimonio sea interpuesta por el Ministerio Fiscal, será contra ambos cónyuges y, si uno de ellos hubiera fallecido, contra sus herederos.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, bajo determinadas condiciones. Concretamente se concede asistencia jurídica gratuita a quien demuestre que no puede sufragar las costas del juicio sin que se vean mermados sus recursos y con ellos su propio sostenimiento y el de su familia, siempre que se demuestre que la demanda no es infundada ni improcedente. Se solicita la asistencia jurídica gratuita al juez, que conoce del asunto, o, si se trata de un órgano colegiado, a su presidente. Si la asistencia jurídica gratuita solicitada no guarda relación con el proceso, ésta se solicita al juez de paz del lugar de residencia del solicitante (artículos 194 y ss. del Código de Procedimiento Civil).

En la solicitud debe indicarse sucintamente el objeto de la acción judicial, deben aportarse los documentos probatorios del caso y los que certifican la concurrencia de los requisitos exigidos, así como adjuntarse a la misma los siguientes documentos:

1. certificado expedido gratuitamente por el alcalde o presidente del partido judicial en el que se halle el domicilio o residencia permanente del solicitante, en el que se certifiquen su profesión, estado civil y situación económica;
2. certificado expedido gratuitamente por el inspector de hacienda del lugar de residencia permanente del solicitante, en el que se certifique si el solicitante ha presentando durante el último trienio la correspondiente declaración de la renta o de cualquier otro impuesto directo, así como su correspondiente comprobación y

El juez conoce del caso tras convocar gratuitamente a la parte contraria del solicitante sin que sea necesaria la comparecencia del letrado y, una vez considere que se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, concede la asistencia jurídica gratuita, que se otorga para cada juicio por separado y en todas las instancias e incluye la ejecución forzosa de la resolución. El beneficiario de la misma queda provisionalmente exento de la obligación de abonar los gastos del juicio, es decir, la remuneración de notarios y agentes judiciales, testigos y peritos y los honorarios de abogados y demás letrados, así como de la obligación de prestar fianza por las costas. También puede quedar provisionalmente exento únicamente del pago de una parte de las mismas.

La concesión de dicho beneficio no exime de la obligación de pagar las costas de la parte contraria. Previa solicitud y con el fin de que defiendan a la persona sin medios económicos, el órgano jurisdiccional puede nombrar, desde el primer momento o bien posteriormente, a un abogado, a un notario y a un agente judicial, que están obligados a aceptar la misión. La resolución del juez tiene carácter de designación de un letrado de oficio.

La asistencia jurídica gratuita se extingue con la muerte de su beneficiario si bien en virtud de dicho beneficio pueden también ejercitarse posteriormente acciones que no admitan dilación. Asimismo, se puede anular o limitar dicho beneficio mediante decisión judicial ex officio o a propuesta del fiscal si se demuestra que los requisitos de su concesión nunca han existido, han dejado de existir o han sufrido una modificación. La liquidación de los gastos se realiza con arreglo a los artículos 190 a 193 del Código de Procedimiento Civil.

Si el juez obliga a pagar las costas a la parte contraria a la persona sin medios económicos, el cobro de los derechos de timbre, los depósitos y las demás tasas se realiza conforme a las disposiciones en materia de cobro de gastos públicos, mientras que los gastos debidos a la persona sin recursos, los abogados y demás letrados y funcionarios de la Administración de Justicia se cobran con arreglo a las disposiciones vigentes en materia de ejecución forzosa. De igual modo se deben cobrar las costas cuando estas se le imputen a la persona sin medios económicos y se comprueba que han dejado de existir todos o una parte de los requisitos necesarios para la concesión del mencionado beneficio. Si las partes hubieran obtenido la concesión de dicho beneficio mediante declaraciones y documentos falsos, el juez que decide la anulación del beneficio las condena al pago de una multa de 100 a 200 euros, que se ingresa en el Colegio de Abogados. Ello no excluye que se les imponga también la obligación de abonar los importes de cuyo pago fueron eximidas ni que se incoe contra ellas una acción penal.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. La parte perdedora dispone, a contar de la fecha de notificación de la sentencia, de un plazo de treinta (30) días si vive o reside en el territorio nacional, o de sesenta (60) si vive o reside en el extranjero o se halla en ignorado paradero, para recurrir ante el tribunal de apelación competente una sentencia de divorcio, de nulidad de un matrimonio nulo o anulable o de reconocimiento de su inexistencia. En caso de imposibilidad de notificación del fallo, dispone la parte perdedora de un plazo de tres (3) años a contar de la publicación del mismo. En caso de fallecimiento de la parte con derecho a recurrir, el plazo del recurso comienza en la fecha de la decisión final y obtienen dicho derecho sus herederos directos o sus legatarios.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En principio, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, las decisiones judiciales dictadas en un Estado miembro de la UE son reconocidas en el resto de los Estados sin que sea necesario ningún procedimiento especial. Si alguien desea que se reconozca en Grecia una sentencia de divorcio, separación o nulidad tiene que presentar la correspondiente solicitud en el órgano jurisdiccional unipersonal de primera instancia competente del lugar de residencia habitual de la persona contra la cual se pide la ejecución de la sentencia, o en el del lugar de su ejecución.

Cuando se le notifica a un litigante la fecha del juicio, este tiene que remitir a la parte contraria copia de la solicitud de reconocimiento de la sentencia, así como la notificación de la fecha de la vista y la citación del juez. Reconoce la sentencia el órgano jurisdiccional competente, que no puede impugnar la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de la UE que haya dictado la sentencia tras haber comprobado que el reconocimiento de dicha sentencia no infringe el orden público, que la demanda ha sido notificada al litigante rebelde con la suficiente antelación para que este haya podido defenderse o que este ha aceptado la sentencia, y que esta no contradice ninguna otra que afecte a los mismos cónyuges dictada con anterioridad en el Estado miembro en el que se solicita su reconocimiento o en otro Estado miembro o país tercero.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Para oponerse al reconocimiento de una decisión dictada en otro Estado miembro de la UE, el interesado debe dirigirse al tribunal de apelación, que dictaminará con arreglo a la jurisdicción contenciosa. El plazo para interponer un recurso es de un mes a contar del instante en que se dicte la sentencia, pero si la parte contraria tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya declarado la ejecutabilidad de la sentencia, el plazo es de dos meses. Dicho plazo no es prorrogable por razones de distancia. Si no comparece la parte contraria, el órgano jurisdiccional está obligado a suspender el proceso hasta que se verifique que la parte contraria ha sido efectivamente citada a su debido tiempo y con arreglo a la legislación vigente o que se ha hecho todo lo posible en este sentido. Cualquier decisión del tribunal de apelación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El divorcio de los cónyuges se rige por el orden de prelación siguiente:

1. la ley de su última nacionalidad común durante el matrimonio si uno de ellos la mantiene,
2. la ley de su última residencia habitual común durante el matrimonio,
3. la ley del país con el que los cónyuges guarden mayor relación.

La ley de enjuiciamiento aplicable de conformidad con la lex fori es la griega y la comunitaria, que prevalece frente a la nacional según el artículo 28 de la Constitución.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El divorcio en España tras la reforma operada por la Ley 15/2005 no requiere de una previa separación ni de la concurrencia de unas causas legalmente determinadas.

El procedimiento de divorcio se puede iniciar a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno de ellos con el consentimiento del otro. Basta para que se pueda decretar con la concurrencia de los siguientes requisitos y circunstancias:

1. Transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, si el divorcio se interesa a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro.
2. Transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio si el divorcio se insta a petición de uno solo de los cónyuges.
3. No es preciso el transcurso de plazo alguno desde la celebración del matrimonio para interesar el divorcio cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

De lo anterior se deriva que basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que se pueda demandar y decretar el divorcio, sin que el demandado se pueda oponer por motivos materiales bastando con el transcurso del plazo antes mencionado e incluso en el último caso sin necesidad de esperar al mismo.

La acción de divorcio puede dar lugar a un procedimiento consensual o contencioso.

En el primer caso, a la demanda se adjunta un convenio regulador que debe recoger los acuerdos que hayan alcanzado sobre las medidas que han de ser adoptadas en relación con el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos, si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos, el destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal, la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar, la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso, la liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio, y la pensión compensatoria que correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

En el segundo supuesto, a la demanda se acompaña una propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del divorcio o de la separación y que será objeto de debate durante el proceso, decidiendo la autoridad judicial en caso de no llegarse a un acuerdo entre los cónyuges.

La competencia para su tramitación corresponde en todo caso a los Juzgados y Tribunales, si hay hijos menores de edad no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores.

Si no los hay, la competencia se atribuye (a elección de las partes) al Letrado de la Administración de Justicia o al Notario.

Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación o divorcio.

La regulación de la nulidad, separación y divorcio se aplican a todos los matrimonios, estén integrados por personas del mismo o de diferente sexo, ya que desde la Ley 13/2005, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Tras la reforma operada por la Ley 15/2005 el divorcio en España no requiere de la concurrencia de causa alguna al entenderse que el mantenimiento del vínculo matrimonial es una manifestación de la libertad de los cónyuges.

Lo único que se exige el transcurso de los plazos señalados en el apartado 1

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 Las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El primer efecto del divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. En consecuencia, produce la extinción de la obligación de convivencia y socorro mutuo que se deriva de él, y los cónyuges vuelven a ser libres para contraer nuevo matrimonio.

La legislación española no prevé que la mujer adquiera el apellido del marido como consecuencia del matrimonio, tal y como ocurre en otros países

3.2 El reparto de los bienes entre los cónyuges

El divorcio da lugar a la disolución del régimen económico matrimonial y abre la liquidación del haber común que pudieran haber formado, que culmina con la distribución entre ellos de los bienes comunes, proceso que vendrá determinado por el régimen económico que haya regido el matrimonio.

3.3 Los hijos menores de los cónyuges

La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

En relación a las medidas personales relativas a los hijos comunes, debe resolverse sobre: a) guarda y custodia de los hijos, b) patria potestad, y c) régimen de visitas y estancias. Todas estas medidas se engloban en el concepto “responsabilidad parental” de los instrumentos comunitarios.

La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los siguientes deberes y facultades: 1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, 2.º Representarlos y administrar sus bienes, y 3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial. El cambio de residencia de los hijos menores sin consentimiento de ambos progenitores puede ser constitutiva de una sustracción.

En relación al régimen de custodia de los hijos, será el interés superior del menor el que determine la procedencia de acordar una guarda y custodia compartida o monoparental.

En España conviven distintos sistemas legislativos de las Comunidades Autónomas, que tienen regulación propia en Derecho de Familia, que debe consultarse en cada caso.

El Código Civil establece que se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. Si no hubiere acuerdo, puede acordarse por el juez, a instancia de una de las partes, previo informe del Ministerio Fiscal, fundamentándola en la adecuada protección del interés superior del menor. La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene estableciendo que la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino normal e incluso deseable, en tanto en cuanto permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea factible.

En cuanto al sostenimiento de los hijos comunes, el principio es que la ruptura de los progenitores no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos, por lo que ambos habrán de contribuir a su sostenimiento. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Ello conlleva de ordinario que el progenitor no custodio haya de abonar una pensión al progenitor que los tiene en su compañía, hasta que alcancen la independencia económica o se hallen en situación tal que pueda entenderse que no la han alcanzado por causa que les es imputable. De fijarse un régimen de guarda y custodia compartida, lo ordinario es que cada progenitor abone los gastos ordinarios de los hijos durante el periodo en que los tiene en su compañía (vestido, alimentación o vivienda), mientras que para los restantes gastos se abre una cuenta común con aportaciones mensuales de cada progenitor o se reparten en proporción a la capacidad económica de cada uno. No obstante lo anterior, de ser la capacidad económica de ambos progenitores muy diferente, nada impide que uno entregue una cantidad al otro para que éste pueda atender a los gastos de los hijos durante el tiempo que los tiene en su compañía.

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado unas Tablas orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia, y  ofrece una aplicación informática on line para realizar los cálculos de cada caso de forma sencilla. Es un instrumento meramente orientador.

3.4 La obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

Algunos territorios tienen especialidades en esta materia.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación significa la suspensión de la vida en común de los esposos, esto es el cese de la obligación de convivencia pero manteniéndose la vigencia del vínculo matrimonial. Asimismo, cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge con el ejercicio de la potestad doméstica.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Al igual que ocurre con el divorcio, tras la reforma operada por la Ley 15/2005 la separación en España no requiere de la concurrencia de causa al entenderse que el mantenimiento de la convivencia matrimonial es una manifestación de la libertad de los cónyuges.

Lo único que se exige es el respeto de un plazo mínimo a contar desde la celebración del matrimonio antes de interponer la acción de separación (salvo en determinados casos). Dichos plazos son los mismos que para la acción de divorcio, recogidos en el punto 1.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Los efectos de la separación son comunes a los del divorcio: la suspensión de la vida en común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge con el ejercicio de la potestad doméstica y se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública. La diferencia es que produce una relajación del vínculo matrimonial y no su disolución.

Por tanto, es posible una reconciliación, al no haberse disuelto el vínculo matrimonial. Para que esta reconciliación tenga efectos jurídicos ambos cónyuges por separado deben poner en conocimiento del juez la decisión de reconciliarse para que produzca efectos jurídicos. Junto a ello y en caso de tener los cónyuges un régimen económico matrimonial de comunidad (como la sociedad de gananciales), dicho régimen se disuelve y se ve sustituido por el de separación de bienes.

De igual manera con la separación legal (e incluso con la de hecho) cesa la presunción de filiación matrimonial que entiende hijos del marido los nacidos antes de los 300 días de la separación.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio (aplicable a todos los matrimonios estén integrados por personas del mismo o de diferente sexo) significa la declaración judicial de que el matrimonio contraído adolecía de defectos que lo hacen ineficaz desde el principio, lo que implica la declaración judicial de que el matrimonio nunca existió y que por tanto nunca ha producido efectos. Por ello los cónyuges recuperan la condición de solteros.

Supone la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial y el cese de la obligación de convivencia y socorro mutuo.

A diferencia de lo que sucede en los casos de separación y divorcio, la inexistencia de matrimonio impide que pueda ser otorgada la pensión compensatoria, que exige que haya existido un matrimonio válido, situación que se es paliada por la posibilidad de que se atribuya una indemnización al cónyuge que hubiera obrado de buena fe cuando el otro hubiera obrado con mala fe al contraerlo.

Por lo que se refiere a los hijos, se conservan respecto a ellos los efectos jurídicos ya producidos durante el tiempo anterior a la sentencia que declare la nulidad matrimonial, por ello son los mismos que los producidos por la separación o divorcio.

Junto a la declaración de nulidad que efectúan los tribunales civiles, en España asimismo cabe reconocer los efectos civiles de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado que requieren de un proceso de validación (semejante a uno de exequátur) que tramitan los Juzgados de 1ª Instancia (en los lugares en donde los haya, los especializados en materia de familia). El fundamento de ello se encuentra en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979.

8 ¿Cuáles son las causas de «anulación del matrimonio»?

Son causas que dan lugar a la nulidad del matrimonio, cualquiera que sea la forma de su celebración:

1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2. Que el matrimonio se hubiere contraído concurriendo alguno de los impedimentos matrimoniales.
3. El que se contraiga sin la intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.
4. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento.
5. El contraído por coacción o miedo grave.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La nulidad del matrimonio determina su falta de validez desde su celebración. Ello motiva que los esposos recuperan su situación de soltería.

No obstante, se mantiene la validez de los efectos ya producidos en un matrimonio nulo desde su celebración hasta la declaración de nulidad respecto de los hijos y del esposo o esposos que actuaron de buena fe.

El consorte de mala fe no participa en las ganancias del consorte de buena fe cuando se liquida el régimen matrimonial aparente.

Asimismo el cónyuge de buena fe puede obtener una indemnización, si existió convivencia, para así solucionar el desequilibrio económico que la declaración de nulidad pueda producir.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En España la mediación familiar se regula a nivel  estatal, en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles:  Ley 5/2012, de 6 julio, mediante la que se  incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,  sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Los principios que rigen la mediación en general son los: de voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador.

En la expresada Ley 5/2012, se regula la “Mediación en conflictos transfronterizos“, considerando como tales, aquellos en los que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquel en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También tienen esta consideración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto.

La mayoría de las Comunidades Autónomas han aprobado Leyes en materia de mediación familiar. Así ocurre en el caso de:  Andalucía - Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía;  Aragón - Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón; Asturias - Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar; Canarias -  Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar; Cantabria -  Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Castilla La Mancha - Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar; Castilla y León- Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León;, Catalunya (en ésta con una especial relevancia, pues ha desarrollado su  competencia legislativa en esta materia, disponiendo el Art. 233.6 del Código Civil de Cataluña, que la autoridad judicial puede remitir a los cónyuges a una sesión informativa sobre mediación , si considera que dadas las circunstancias de caso aún es posible llegar a un acuerdo); Comunitat Valenciana - Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana; Galicia - Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar; Illes Baleares- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears; Madrid - Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid y País Vasco - Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar,  a través de los respectivos Parlamentos Autonómicos,

En el ámbito Estatal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de separación y divorcio, establece en el art. 770.7, que las partes podrán solicitar de común acuerdo la suspensión del proceso matrimonial, para someterse a mediación.

En los procesos matrimoniales transfronterizos, es de aplicación el art. 25 del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019, con arreglo al cuál “lo antes posible y en cualquier fase del procedimiento, el órgano jurisdiccional invitará a las partes, directamente o, si procede, con la asistencia de las autoridades centrales, a que consideren si están dispuestas a recurrir a la mediación o a otra vía alternativa de resolución de litigios, a menos que ello sea contrario al interés superior del menor, no sea adecuado en el caso particular o conlleve un retraso indebido del procedimiento”.

La mediación, asimismo, se prevé como posible en los casos de sustracción internacional de menores, si bien en estos casos la duración del procedimiento de mediación ha de ser lo más breve posible y sus actuaciones se deben concentrar en el mínimo número de sesiones, sin que en ningún caso pueda la suspensión del proceso para mediación exceder del plazo legalmente previsto para resolver sobre la sustracción. Caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación (que se puede extender a otras materias), el mismo debe ser aprobado por el Juez teniendo en cuenta la normativa vigente y el interés superior del niño. Dado que la competencia en materia de sustracción de menores es distinta a la de los procedimientos de familia (la de sustracción la tienen solo los Juzgados de capitales de provincia mientras que la de familia corresponde a todos los juzgados cualquiera que sea el partido judicial), es posible que si el acuerdo se extiende a diversas materias la aprobación puede corresponder a distintos jueces (lo referente a la sustracción por el de la capital de provincial y lo referente a los demás aspectos por el juez de familia a quien corresponda el caso).

En los procesos civiles, competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, está vedada la mediación.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

a) Dónde debo presentar mi demanda

Una vez determinada la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer el caso (que viene fijada en el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019) y en su caso, la competencia para el conocimiento de las medidas complementarias al pronunciamiento sobre el vínculo, la demanda de divorcio, separación y nulidad matrimonial (salvo cuando se acuda a la vía notarial en los casos de separación o divorcio de mutuo acuerdo sin la existencia de hijos menores) se ha de presentar ante el Juzgado de Primera Instancia, existiendo en algunos partidos judiciales Juzgados de 1ª Instancia especializados en Derecho de Familia. En concreto al Juzgado de primera instancia de:

• El lugar del domicilio conyugal
• Si los esposos residen en distintos partidos judiciales, a elección del demandante, el del:
  • último domicilio del matrimonio,
  • o residencia del demandado,
  • o si el demandado no tiene domicilio ni residencia fijos puede ser demandado en el lugar en que se halle o en el de su última residencia, a elección del demandante
• Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante.
• Si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del actor.
• Cuando la demanda de divorcio o de separación se presenta de mutuo acuerdo por ambos esposos, ello lo pueden hacer ante:
  • El Juez del último domicilio común,
  • O el Juez del domicilio de cualquiera de los solicitantes.
• La adopción de medidas provisionales previas pueden ser pedidas ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante.

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atraen la competencia civil para los procedimientos de separación, divorcio y nulidad en aquellos casos en que alguna de las partes en el proceso civil sea una mujer víctima de actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del artículo 87 ter. 1a de la LOPJ y que alguna de las partes del proceso civil sea investigado como autor, inductor o cooperador necesario en un acto de violencia de género. En ese caso, la demanda deberá ir dirigida al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que conoce del procedimiento penal.

Para conocer la planta judicial española y localizar un Juzgado o Tribunal puede consultarse en el buscador de tribunales de la web del Consejo General del Poder Judicial.

De acudirse a la vía notarial, la escritura pública correspondiente se ha de otorgar ante el Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

La guía práctica sobre la aplicación del Reglamento Bruselas II ter se puede consultar en esta página: Publicaciones de la RJE

b) Formalidades y documentos

Cuando se acude a los tribunales, la solicitud de nulidad, separación o divorcio ha de ser presentada mediante demanda por escrito con firma de Letrado que asista al que la presente y Procurador que le represente. Tales profesionales podrán ser comunes cuando los esposos soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo.

A la demanda de separación, nulidad y divorcio deberá acompañarse obligatoriamente:

• La certificación de la inscripción del matrimonio y en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil -no pueden ser suplidas por la mera aportación del libro de familia-.
• Los documentos en que el demandante funde su derecho
• Documentos que permitan valorar la situación económica de los esposos y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales, en el caso de que las partes pidan medidas de carácter patrimonial.
• Plan de parentalidad en relación a las medidas relativas a los hijos menores de edad no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores
• Propuesta de convenio regulador si la separación o el divorcio se solicitan de mutuo acuerdo.

Caso de seguirse la vía notarial (separación o divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores no emancipados),es obligatorio por Ley que los cónyuges estén asistidos en el otorgamiento de la escritura pública por un letrado en ejercicio, y aportar además de las certificaciones del Registro Civil, el convenio regulador.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

España reconoce el derecho a la justicia gratuita a Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

1. Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
2. Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
3. El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros.

Cálculo del IPREM:

Cálculo del IPREM: La información referente al monto del IPREM y su evolución se puede consultar en: http://www.iprem.com.es

La solicitud ha de ser presentada ante el Colegio de Abogados del lugar en que se encuentre el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio, en este último caso el órgano judicial dará traslado de la petición al colegio de abogados territorialmente competente.

Los Colegios de Abogados son los designados como autoridad receptora de las solicitudes cuando se trate de litigios trasfronterizos. En ellos la autoridad expedidora de la solicitud es el Colegio de Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del solicitante.

El ciudadano europeo cuyo Estado sea parte del Convenio del Consejo de Europa sobre Transmisión de Solicitudes de asistencia jurídica gratuita, podrá dirigir la solicitud a la Autoridad central designada por su país para la aplicación de dicho convenio.

La solicitud deberá presentarse antes de iniciar el proceso o, si la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita es el demandado, antes de contestar a la demanda. No obstante, tanto el demandante como el demandado pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita con posterioridad siempre que acrediten que sus circunstancias económicas se han modificado.

Cuando no existan bienes comunes suficientes y un cónyuge no pueda obtener el beneficio de la justicia gratuita porque la posición económica del otro se lo impide, puede obligar a éste a que le costee los gastos judiciales solicitándole “litis expensas”.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las sentencias que se dictan en España en los procesos de separación, divorcio y nulidad, son recurribles en apelación. El recurso de apelación se interpone en plazo de veinte días ante el Juzgado de Primera Instancia que ha dictado la resolución apelada, ante el que se formaliza el recurso, siendo competente para resolverlo la Audiencia Provincial correspondiente.En determinados supuestos,

contra la sentencia que resuelve el recurso de apelación, cabe interponer, recurso de casación y en su caso recurso extraordinario por infracción procesal, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el Letrado de la Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio, y se acordará su inscripción en el Registro Civil.

En el proceso de separación y divorcio de mutuo acuerdo, la sentencia que aprueba en su totalidad la propuesta de convenio regulador no es susceptible de recurso de apelación, salvo para el Ministerio Fiscal, si interviene, que la puede recurrir en interés de los hijos menores o incapacitados. Sí no se aprobase alguna medida, sí puede ser recurrida.

En lo que se refiere a medidas provisionales y previas que puedan adoptarse por el Juez antes y a lo largo del proceso de separación, nulidad y divorcio, la resolución que se dicte es irrecurrible, dada su vigencia limitada en el tiempo, ya que se sustituirán por la sentencia que se dicte en el procedimiento de separación, nulidad o divorcio

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En esta materia, es de aplicación el

Reglamento del Consejo 2019/1111 de 25 de junio de 2019 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (versión refundida), conocido como Reglamento Bruselas II ter en vigor para todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca.

El Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo (Reglamento Bruselas II ter) sustituye al Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (Reglamento Bruselas II bis) desde 1 de agosto de 2022, por lo que en función de su ámbito de aplicación temporal, deberá aplicarse uno u otro instrumento.

Si solo se pretende la actualización de los datos del Registro Civil de un Estado miembro (y del Reino Unido hasta el 31.12.2020)

sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad de matrimonio dictadas en otro Estado miembro y que, con arreglo a la legislación de este último, ya no admitan recurso, basta la mera presentación ante el Encargado del Registro Civil de una solicitud en tal sentido, conforme a lo previsto en el Reglamento aplicable, acompañada de:

• una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad según la Ley del país que la ha dictado,
• un certificado conforme al modelo reglamentario normalizado expedido por el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro, en el que se hubiere dictado la resolución
• si la resolución ha sido dictada en rebeldía, los documentos que acrediten que el demandado fue debidamente notificado de la demanda.

Si se trata de obtener el reconocimiento en España de una sentencia de divorcio, nulidad y separación, que ha sido dictada en un Estado miembro, excepto Dinamarca, se presentará una solicitud de reconocimiento, sin que sea preciso que la resolución a reconocer sea firme en el Estado donde se dictó (basta que sea ejecutiva en el Estado de origen), ante el Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o la declaración de no reconocimiento. Si el demandado no reside en España puede ser demandado en el lugar en que se encuentre en España o en el de su última residencia en España y a falta de tales elementos, en el lugar del domicilio del actor.

La solicitud deberá ser presentada por escrito con abogado y procurador y acompañada de los mismos documentos que en caso anterior.

Se puede plantear el reconocimiento de una resolución de forma incidental.

El reconocimiento en España de las resoluciones dictadas en Dinamarca, se rige por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. El trámite procesal se inicia con la formulación de demanda presentada directamente ante el Juzgado de 1ª Instancia competente.

Si únicamente se pretende la inscripción en el Registro Civil, no es necesario obtener la homologación judicial previa o “exequátur”, siendo aplicable la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea?

El procedimiento para solicitar que una resolución no deba ser reconocida, es el mismo que para solicitar que se decida que sí debe serlo. Si la resolución ha sido reconocida con base en el Reglamento nº 2019/1111, la oposición sólo se puede formular tras ser notificado de la decisión que concede el reconocimiento y en el plazo fijado legalmente, presentando recurso ante la Audiencia Provincial correspondiente.

Si se trata de una resolución dictada en Dinamarca, la oposición la debo formular cuando sea emplazado ante el Juzgado de 1ª Instancia en un proceso en el que se la parte contraria ha pedido su reconocimiento. En todos los casos se necesita letrado y procurador para formalizar la oposición.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Tras la entrada en vigor del Reglamento 1259/2010, el 21 de junio de 2012, y conforme a los artículos 5 y 8, los cónyuges pueden elegir la ley aplicable a su separación o divorcio siempre que se trate de alguna de las previstas en el reglamento. En defecto de ley acordada por ellos, estarán sujetos a la ley del Estado:

1. en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
2. en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto;
3. de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
4. ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda.

La Ley aplicable a la nulidad matrimonial y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración, de conformidad con el Código Civil.

En lo que es el régimen económico matrimonial, la ley aplicable vendrá determinada por el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, o si éste no resultara de aplicación, por lo dispuesto en el art. 9.2 del Código Civil español.

Las cuestiones referentes a la responsabilidad parental de los hijos se rigen conforme se fija en el Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996 por la ley del foro.

En materia de medidas provisionales debe aplicarse la misma ley que rija la separación, la nulidad y el divorcio en cada caso, salvo para las urgentes que pueden adoptarse en relación a las personas o bienes presentes en España, aun cuando no se tuviere competencia para conocer el caso.

La Ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias.

La ley aplicable al régimen económico matrimonial se determinará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016.

En lo referente a la acreditación y prueba del derecho extranjero en España, si éste fuera el caso concreto, deberá probarse su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal español, además, de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.

Finalmente debe recalcarse, que los procesos sustanciados en España, se rigen siempre por la ley procesal española, con independencia de la ley que se aplique al divorcio, la separación y la nulidad. Dichos procedimientos se regulan en el Título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

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Divorcio y separación legal - Francia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Existe un supuesto de divorcio extrajudicial:

• el divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado refrendado por abogados y sujeto a protocolización notarial

Existen cuatro supuestos de divorcio:

• divorcio por consentimiento mutuo;
• divorcio por aceptación del principio de ruptura del matrimonio, o divorcio aceptado,
• divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal y
• divorcio culposo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

• Los cónyuges pueden optar por el divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado, refrendado por abogados y sujeto a protocolización notarial si están de acuerdo en cuanto al principio de la ruptura y a la totalidad de sus consecuencias. Para ello, deben elaborar con sus abogados un convenio que han de suscribir ambas partes y sus respectivos abogados al término de un periodo de reflexión. Si tienen uno o varios hijos, estos deben ser informados de su derecho a ser oídos. Si al menos uno de ellos presenta una solicitud de audiencia, las partes deben interponer ante el juez de familia una demanda de divorcio por consentimiento mutuo, de forma que el menor pueda ser oído.
• El divorcio por consentimiento mutuo por la vía judicial solo puede ser solicitado por los cónyuges cuando un menor con discernimiento solicite ser oído y cuando dichos cónyuges estén de acuerdo sobre el principio de la ruptura y sobre todas sus consecuencias. En tal caso, no tienen que comunicar la causa del divorcio, sino que han de presentar al juez, para que lo homologue, un proyecto de convenio en el que se regulen las consecuencias del divorcio. El juez solo puede denegar la homologación cuando el convenio no preserve en la medida suficiente los intereses de los hijos o de uno de los cónyuges.
• El divorcio aceptado puede ser solicitado por uno de los cónyuges y aceptado por el otro o ser solicitado por ambos cónyuges. A diferencia del divorcio por consentimiento mutuo, los cónyuges aceptan en este caso el principio del divorcio, pero no consiguen llegar a un acuerdo sobre sus consecuencias. Incumbe, pues, al juez regularlas.
• El divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges en caso de cese de la comunidad de vida durante un periodo de dos años desde la demanda de divorcio, lo que implica falta de convivencia y voluntad de ruptura.
• El divorcio culposo puede ser solicitado por uno de los cónyuges por hechos imputables al otro que supongan una violación grave o reiterada de los deberes y obligaciones del matrimonio y hagan intolerable el mantenimiento de la vida en común.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

• Las obligaciones de fidelidad, comunidad de vida y asistencia se extinguen cuando la resolución judicial por la que se declare el divorcio haya adquirido fuerza de cosa juzgada, es decir, cuando ya no quepa recurso contra ella.
• Cada uno de los cónyuges recupera la libertad de contraer nuevo matrimonio.
• Tras el divorcio, cada uno de los cónyuges pierde el derecho a utilizar el apellido del otro. No obstante, puede mantener el uso del apellido del otro cónyuge con el acuerdo de este o mediante autorización judicial si justifica la existencia de un interés particular suyo o de sus hijos.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

• El divorcio implica la disolución del régimen económico matrimonial y, en su caso, el reparto de los bienes.
• El divorcio carece de incidencia en los beneficios matrimoniales que hayan surtido efecto durante el matrimonio y en las donaciones de bienes presentes. Supone, en cambio, la revocación de pleno derecho de los beneficios matrimoniales que surtan efecto con la disolución del régimen económico matrimonial o el fallecimiento de uno de los cónyuges o de las disposiciones por causa de muerte.
• En caso de divorcio por mutuo acuerdo judicial o extrajudicial, el acuerdo de los cónyuges sobre la liquidación de sus intereses pecuniarios es condición para la pronunciación del divorcio. En las otras formas de divorcio, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo sobre esa liquidación antes de la declaración del divorcio, pero no están obligados a ello. En tal caso, la liquidación se produce con posterioridad.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El divorcio no tiene ninguna consecuencia específica sobre las normas relativas al ejercicio de la patria potestad, que en principio sigue atribuida conjuntamente a los progenitores. El juez puede, no obstante, decidir confiarla a uno de los progenitores si así lo exige el interés de los hijos. Deben fijarse las modalidades del ejercicio de la patria potestad (residencia habitual, derecho de visita, etc.).

Ambos progenitores deben seguir contribuyendo al mantenimiento y a la educación de los hijos. Esa contribución reviste la forma de pensión de alimentos abonada por un progenitor al otro, pero puede configurarse también, en todo o en parte, como la asunción directa de los gastos desembolsados para los hijos. Por último, puede efectuarse asimismo en forma de derecho de uso o de habitación.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Nota: las pensiones de alimentos a cargo de uno de los cónyuges constituyen una medida provisional, en el sentido de que se conceden siempre con carácter previo a la declaración del divorcio. Una vez declarado este, ninguno de los cónyuges puede pretender del otro más que el pago de una prestación compensatoria o de una indemnización por daños y perjuicios. Su cuantía puede fijarse amistosamente en los divorcios por consentimiento mutuo por vía judicial o extrajudicial y la determina el juez en todos los demás casos.

• La prestación compensatoria tiene por objeto subsanar la disparidad creada por la ruptura del matrimonio en las condiciones de vida de los cónyuges. Su cuantía es fijada por el juez en función de los ingresos y las necesidades respectivas de estos.. Se trata de una cantidad a tanto alzado que se abona, en principio, en forma de capital:
  • bien en metálico, con sujeción, en su caso, a determinadas condiciones de pago;
  • bien mediante la asignación de bienes en propiedad o de un derecho temporal o vitalicio de uso, de habitación o de usufructo.

Con carácter excepcional, la prestación compensatoria puede fijarse en forma de renta vitalicia, sujeta a revisión a la baja en caso de cambios en los recursos o en las necesidades de los cónyuges.

• Puede concederse una indemnización por daños y perjuicios al cónyuge para quien el divorcio tenga consecuencias de especial gravedad:
  • si es el demandado en caso de divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal y no ha presentado, por su parte, ninguna demanda de divorcio
  • o si el divorcio se ha pronunciado por culpa imputable exclusivamente al otro cónyuge

(Véase «Pensiones alimenticias — Francia»).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal es una separación regulada por un órgano jurisdiccional que pone fin a ciertas obligaciones del matrimonio, como el deber de cohabitación de los cónyuges, sin que se disuelva, no obstante, el vínculo matrimonial. Los cónyuges no pueden por lo tanto volver a contraer matrimonio y subsiste el deber de socorro.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

• Los supuestos y el procedimiento son los mismos que los establecidos para el divorcio por vía judicial, pero no puede establecerse por acuerdo mutuo extrajudicial.
• En principio, el cónyuge contra el que se presenta una demanda de separación judicial puede formular una reconvención de divorcio o de separación judicial y, a la inversa, el cónyuge contra el que se presenta una demanda de divorcio puede interponer una demanda de divorcio o de separación judicial.
• En caso de demanda de divorcio por alteración definitiva del vínculo conyugal, el otro cónyuge no puede formular reconvención de separación judicial, sino únicamente demanda de divorcio.
• El juez que ha de examinar simultáneamente una demanda de divorcio y otra de separación judicial empieza por la demanda de divorcio. Únicamente si la desestima pasa a examinar la de separación. Cuando ambas demandas se basan en la culpa, el juez las examina simultáneamente y, si las estima, declara el divorcio por causas imputables a ambos cónyuges.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Efectos de la separación judicial.

• La separación judicial pone fin al deber de cohabitación, pero se mantienen los deberes de asistencia, de fidelidad y de socorro. Además, salvo resolución judicial en contrario, la mujer conserva el derecho al uso del apellido del marido. En virtud del deber de socorro, puede obligarse a uno de los cónyuges a pagar una pensión de alimentos al otro si este se encuentra en estado de necesidad. La cuantía de esta pensión se fija sin consideración a la posible culpa de los cónyuges, salvo que el cónyuge acreedor haya faltado gravemente a sus obligaciones durante el matrimonio. El pago de la pensión de alimentos puede sustituirse por la constitución de un capital, si se presta a ello el patrimonio del cónyuge deudor.
• En la esfera patrimonial, la sentencia implica la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, como en caso de divorcio.
• En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, se mantienen inalterados los derechos sucesorios del otro, al que se aplican las disposiciones legales en favor del cónyuge supérstite. En cambio, si la separación judicial se ha adoptado por consentimiento mutuo por vía judicial, los cónyuges pueden incluir en el convenio una renuncia a los derechos sucesorios.

Conversión de una separación judicial en divorcio

A instancia de uno de los cónyuges, a los dos años de la separación judicial la sentencia correspondiente se convierte, de pleno derecho, en sentencia de divorcio. El juez pronuncia entonces el divorcio y determina sus consecuencias. La causa de la separación judicial pasa a ser la causa del divorcio. No puede modificarse la atribución de culpabilidad.

Todos los casos de separación judicial pueden convertirse en divorcio por consentimiento mutuo a petición de ambos cónyuges. Ahora bien, la separación judicial por consentimiento mutuo pronunciada por vía judicial puede convertirse solo en divorcio por consentimiento mutuo.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio declarada judicialmente determina la supresión retroactiva de todos sus efectos, como si el matrimonio no hubiera existido.

Se distingue así del divorcio y de la separación judicial, que surten efectos solamente para el futuro.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las causas de anulación del matrimonio varían según se trate de una nulidad relativa (cuando se invoca vicio de consentimiento o falta de autorización de las personas que deberían haber autorizado el matrimonio) o de una nulidad absoluta (por incumplimiento de una condición de orden público).

Causas de nulidad relativa

Son tres:

• error en la persona o sobre las cualidades esenciales de la misma
• coacción
• falta de autorización de las personas cuya autorización era necesaria

Únicamente pueden presentar una demanda de nulidad determinadas personas taxativamente enumeradas: el cónyuge cuyo consentimiento estuviera viciado o que fuera jurídicamente incapaz en el momento de la celebración del matrimonio, las personas que habrían debido consentir la unión o el Ministerio Fiscal.

La demanda de nulidad debe presentarse en un plazo de cinco años a partir de la fecha de celebración del matrimonio (plazo que puede ampliarse a los cinco años siguientes a la fecha en que el interesado haya cumplido la edad preceptiva para consentir al matrimonio).

Causas de nulidad absoluta

Falta total de consentimiento, edad impúber, bigamia, incesto, ausencia de uno de los cónyuges en el momento de la celebración, falta de competencia del funcionario del registro civil y clandestinidad.

La demanda puede presentarse en un plazo de treinta años a partir de la fecha de celebración del matrimonio por cualquier persona que tenga interés en interponer esa acción o por el Ministerio Fiscal (plazo ampliado en cinco años a partir de la fecha en la que el interesado haya cumplido la edad preceptiva para consentir al matrimonio).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Los efectos son los mismos en los casos de nulidad relativa y de nulidad absoluta.

• Desaparecen los efectos tanto personales como patrimoniales del matrimonio, al considerarse que no ha habido vínculo matrimonial. Por ejemplo, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro queda privado de todos los derechos sucesorios.
  
  Cabe, no obstante, una atenuación de este principio en caso de buena fe de uno de ellos, o de ambos, en el momento de la celebración del matrimonio. En tal caso, el matrimonio «putativo» sigue siendo nulo, pero se tratará como si se hubiera simplemente disuelto. En consecuencia, se mantienen todos los efectos de orden civil, personal o pecuniario, producidos antes de la sentencia de anulación.

• En lo que respecta a los hijos, la anulación del matrimonio de sus padres no produce efectos jurídicos y su situación se equipara a la que se da en caso de divorcio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El divorcio y sus consecuencias pueden resolverse mediante el procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo extrajudicial que implica la intervención de dos abogados y de un notario, pero no del juez, excepto en los casos en que un menor con discernimiento solicite ser oído.

En todos los demás casos, es obligatorio acudir al juez, pero las partes pueden recurrir a una mediación familiar antes de someterle el asunto o en paralelo a su intervención.

La mediación también puede ser propuesta por el juez. Se encomienda a una persona física o a una asociación que oiga a las partes, que confronte sus puntos de vista y que les ayude a encontrar una solución al conflicto que les opone.

Si las partes consiguen llegar a un acuerdo como consecuencia de la mediación, pueden presentarlo al juez para su homologación u optar por el procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo extrajudicial.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Dónde debe presentarse la demanda

• Demanda de divorcio por vía judicial o de separación judicial

La demanda debe presentarse, mediante abogado, en la secretaría del tribunal de primera instancia.

El tribunal competente por razón del territorio es el siguiente:

• el del lugar de residencia de la familia;
• si los cónyuges residen en lugares distintos y ejercen la patria potestad en común, el del lugar de residencia del cónyuge con el que vivan los hijos menores;
• si los cónyuges residen en lugares distintos y solo uno de ellos ejerce la patria potestad, el del lugar de residencia de este;
• en los demás casos, el del lugar de residencia del cónyuge que no presente la demanda;
• en caso de demanda conjunta, tribunal competente es, a elección de los cónyuges, el del lugar de residencia de uno u otro.
• Demanda de anulación
  La demanda de anulación del matrimonio debe presentarse ante el tribunal de primera instancia del lugar de residencia del demandado. Su presentación se notifica a este mediante agente judicial.
• Divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado refrendado por abogados:
  El convenio, firmado por ambas partes y ambos abogados, debe protocolizarse ante un notario que ejerza en Francia.

Documentación que debe presentarse

• Demanda de divorcio por vía judicial o de separación judicial

En todos los casos de divorcio, los cónyuges deben proporcionar todos los datos necesarios para su identificación, su seguro de enfermedad y los datos relativos a los servicios y órganos que les concedan prestaciones, pensiones o cualesquiera otras ventajas.

En caso de solicitud judicial de una prestación compensatoria, los cónyuges deben hacer una declaración jurada de sus ingresos, recursos, patrimonio y condiciones de vida.

En caso de divorcio por consentimiento mutuo, la demanda no ha de indicar las causas del divorcio, sino que debe incluir en un anexo un convenio fechado y firmado por los cónyuges y por su abogado o sus abogados que regule íntegramente los efectos del divorcio y que incluya, si procede, un estado de liquidación del régimen económico matrimonial.

En los demás casos, la demanda no debe mencionar ni el fundamento jurídico ni las causas del divorcio, pero sí, cuando proceda, las medidas provisionales que se soliciten.

• Demanda de anulación

No se exige ningún documento concreto, pero es necesario que el demandante presente documentos que puedan demostrar que el motivo o los motivos invocados pueden acarrear la anulación del matrimonio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Puede obtenerse la asistencia jurídica gratuita total o parcial previa demostración de la insuficiencia de recursos (véase «Asistencia jurídica gratuita - Francia»).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Contra las resoluciones judiciales correspondientes pueden utilizarse los medios de recurso habituales.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las resoluciones en materia de divorcio se reconocen de pleno derecho, sin necesidad de seguir ningún procedimiento concreto.

Lo mismo sucede en el caso de las resoluciones de anulación de matrimonio.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Para oponerse a al reconocimiento de una de esas resoluciones, puede presentarse una demanda de inoponibilidad ante el tribunal de primera instancia. Si la demanda se resuelve favorablemente, quien la haya presentado puede oponerse a la petición de exequatur que presente posteriormente la otra parte (es decir, a la petición de que se declare ejecutoria en Francia una resolución de otro Estado) (y, a la inversa, si se rechaza la demanda, se concede el exequatur).

El procedimiento es el previsto para una acción de exequatur.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del divorcio y de la separación judicial, la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial será la que convengan los cónyuges.

A falta de convenio, será:

• la ley del lugar en el que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
• la ley del lugar en el que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual común, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
• la ley del Estado cuya nacionalidad tengan ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
• la ley del foro.

No obstante, si la demanda solicita la conversión de una separación judicial en divorcio, la ley aplicable al divorcio será la que se haya aplicado a la separación judicial, salvo acuerdo en contrario de los cónyuges.

Estas reglas se aplican asimismo a los cónyuges en caso de divorcio por consentimiento mutuo recogido en documento privado refrendado por abogados y sujeto a protocolización notarial; no obstante, los cónyuges no pueden utilizar el concepto de «ley del foro» puesto que no acuden a ningún órgano jurisdiccional.

Enlaces relacionados

Sitio del Ministerio de Justicia

Sitio de Legifrance

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Divorcio y separación legal - Croacia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

La condición previa necesaria para obtener una resolución judicial de divorcio es el inicio del procedimiento judicial adecuado para el divorcio (civil o no contencioso) por parte de la persona o personas autorizadas (locus standi), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 369 y 453 de la Ley de Procedimientos Familiares (Obiteljski zakon) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 103/15]. Si los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común, la petición de divorcio por mutuo acuerdo debe ir acompañada de los documentos correspondientes (informe sobre la consulta obligatoria y plan de custodia compartida — artículos 55 y 456 de la Ley de Procedimientos Familiares). Se aplican normas similares cuando los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común y solo uno de ellos pide el divorcio (informe sobre la consulta obligatoria y prueba de participación en la primera reunión de mediación familiar — artículos 57 y 379 de la Ley de Procedimientos Familiares).

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Las condiciones previas necesarias para el divorcio se rigen por lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares. En virtud de las disposiciones legales previamente mencionadas, el órgano jurisdiccional disuelve un matrimonio:

1. si existe un acuerdo entre los cónyuges con respecto al divorcio;

2. si se ha determinado que la relación entre los cónyuges se ha roto de forma grave y permanente;

3. si ha transcurrido un año desde la «disolución de la unión matrimonial».

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Una de las consecuencias legales de la disolución del matrimonio es el cese de los derechos individuales y de los deberes de los cónyuges (artículos 30 a 33 de la Ley de Procedimientos Familiares). La Ley de Procedimientos Familiares establece expresamente que, en el caso de disolución matrimonial (por anulación o divorcio), cada uno de los excónyuges podrá conservar el apellido que tenía al disolverse el matrimonio (artículo 48 de la Ley de Procedimientos Familiares).

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Antes de la liquidación de los bienes conyugales (de común acuerdo o por resolución judicial, en procedimientos no contenciosos), el problema más frecuente es el de diferenciar los derechos y bienes que forman parte de los bienes conyugales de los derechos y bienes que constituyen el patrimonio individual de un cónyuge o del otro (diferenciando los tres tipos de bienes). Estos problemas se resuelven iniciando un procedimiento civil basado en las disposiciones de la Ley de Procedimientos Familiares (artículos 34 al 39 y artículos 43 al 46), en caso de que los cónyuges no puedan alcanzar un acuerdo sobre la división de las relaciones de bienes comunes (capitulaciones matrimoniales, artículos 40 al 42 de la Ley de Procedimientos Familiares), con la aplicación alternativa de la Ley sobre Propiedad y Otros Derechos Reales, la Ley de Obligaciones Civiles, la Ley de Registro de Tierras, la Ley de Sociedades, la Ley de Ejecución y la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 38, 45 y 346 de la Ley de Procedimientos Familiares).

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Entre las consecuencias jurídicas de la disolución de un matrimonio que afectan a los hijos menores de edad, hay algunos asuntos importantes: con qué progenitor residirá el menor una vez que el matrimonio se haya disuelto, el establecimiento de acuerdos con el otro progenitor, la obligación de alimentos, cómo se organizarán el resto de ámbitos de la guarda y custodia (representación del menor, ejecución de actos jurídicos, gestión y disposición de los bienes del menor, educación y salud del menor, etc.). Los cónyuges pueden llegar a un acuerdo en relación con estas consecuencias jurídicas del divorcio (acuerdo sobre custodia compartida) y, por lo tanto, elegir un procedimiento de divorcio no judicial más rápido y sencillo, (artículos 52, 54 y 55, 106, 453 a 460 de la Ley de Procedimientos Familiares). Si los cónyuges no llegan a un acuerdo de custodia compartida que contenga un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas relevantes del divorcio, el órgano jurisdiccional dictará una resolución sobre estos asuntos de forma automática en un procedimiento judicial iniciado mediante una demanda de divorcio (artículos 53-54, 56-57 y 413 de la Ley de Procedimientos Familiares). No obstante, existe la posibilidad de que los progenitores lleguen a un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del divorcio durante el procedimiento judicial relativo al mismo. En tal caso, el órgano jurisdiccional tomará una decisión sobre la base del acuerdo entre los progenitores, si considera que este es acorde con el interés superior del menor (artículos 104, apartado 3, y 420 de la Ley de Procedimientos Familiares).

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

La Ley de Procedimientos Familiares prevé la posibilidad de que el cónyuge solicite la pensión de alimentos antes de la conclusión del juicio de divorcio. En caso de que no se presente ninguna solicitud de alimentos durante el juicio de divorcio, el ex cónyuge dispone de un plazo de seis meses desde la disolución definitiva del matrimonio para presentar una demanda con el fin de solicitar dicha pensión, siempre que las condiciones para tal prestación se cumplan cuando termine el juicio de divorcio y sigan cumpliéndose hasta que termine el juicio relativo a los alimentos (artículos 295 a 301, 423 a 432 de la Ley de Procedimientos Familiares). Las condiciones legales para la pensión de alimentos son que el demandante no tenga suficientes medios para mantenerse a sí mismo o no pueda mantenerse a partir de sus bienes, y que no pueda trabajar o encontrar un trabajo, siempre que el cónyuge que paga los alimentos tenga suficientes medios y capacidades para cumplir este compromiso (artículo 295 de la Ley de Procedimientos Familiares). La pensión se fija para un período determinado de tiempo. El artículo 298 de la Ley de Procedimientos Familiares dispone que la pensión de alimentos de un cónyuge puede durar hasta un año, en función de la duración del matrimonio y de la posibilidad del demandante de conseguir otro medio de vida adecuado en un futuro previsible. Esta ley también establece las modalidades de pago de la pensión de alimentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la Ley de Procedimientos Familiares, la pensión se determina en una suma mensual regular que se paga por adelantado. Sin embargo, es posible que el órgano jurisdiccional, a petición de uno o de ambos cónyuges, ordene el pago de una suma única, en función de las circunstancias del caso. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Procedimientos Familiares, los cónyuges podrán suscribir un acuerdo de alimentos en caso de divorcio (artículos 302, 470-473 de la Ley de Procedimientos Familiares).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). La «disolución de una unión matrimonial» sucede si los cónyuges terminan todas las relaciones mutuas que normalmente se dan en una convivencia, es decir, si ya no desean vivir como cónyuges y compartir y cumplir el contenido de tal relación. La disolución de una unión matrimonial tiene sentido en el ámbito del derecho matrimonial puesto que, en virtud del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares, uno de los fundamentos jurídicos de la disolución matrimonial es que haya pasado un año desde la disolución de la unión matrimonial. La disolución de la unión matrimonial también tiene un sentido específico al definir las relaciones de propiedad entre los cónyuges, puesto que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Familiares, los bienes que los cónyuges han adquirido mediante el trabajo durante la unión matrimonial (contraponiendo ese concepto a «durante el matrimonio»), o que se origina de este bien, se consideran bienes matrimoniales.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). La Ley de Procedimientos Familiares no establece las condiciones para la «disolución de la unión matrimonial», puesto que la unión matrimonial es un concepto jurídico y representa el contenido de la vida conyugal. La disolución de la unión matrimonial sucede si los cónyuges terminan todos las relaciones mutuas que de otro modo constituyen la vida conyugal, es decir, si ya no desean vivir como una pareja casada y cumplir el contenido de tal relación (p. ej., si dejan de comunicarse, etc.). La disolución de una unión matrimonial se suele manifestar en la práctica cuando uno de los cónyuges deja el hogar común y abandona al otro cónyuge.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). «Disolución de la unión matrimonial» tiene sentido en este ámbito del derecho matrimonial puesto que, en virtud del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares, uno de los fundamentos jurídicos de la disolución matrimonial es que haya pasado más de un año desde la «disolución de la unión matrimonial». La «disolución de la unión matrimonial» también tiene un sentido específico al definir las relaciones de propiedad de los cónyuges, ya que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Familiares, los bienes que los cónyuges han adquirido mediante el trabajo durante la unión matrimonial (contraponiendo ese concepto a «durante el matrimonio»), o que se originen de esos bienes, se consideran bienes matrimoniales. La lógica que rige tal legislación es que la duración de la unión matrimonial no tiene que coincidir exactamente con la duración del matrimonio, especialmente cuando el matrimonio acaba en divorcio. Por regla general, la disolución de la unión matrimonial ocurre antes que se inicie el procedimiento de divorcio. El procedimiento de divorcio, por lo tanto, puede seguir en curso tras la «disolución de la unión matrimonial», y por lo general eso es lo que ocurre (sobre todo si se ha hecho uso de la vía judicial en el procedimiento).

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La «anulación matrimonial» (poništaj braka) es uno de los motivos para la disolución del matrimonio (artículo 47 de la Ley de Procedimientos Familiares) y constituye uno de los tres litigios matrimoniales que el ordenamiento jurídico croata regula (artículo 369 de la Ley de Procedimientos Familiares). La «anulación matrimonial» representa una sanción de derecho de familia sobre un matrimonio que se haya contraído en contra de las disposiciones que regulan la validez matrimonial (artículos 25 al 29 de la Ley de Procedimientos Familiares), y se lleva a cabo en procedimientos judiciales iniciados mediante una demanda (artículo 369 de la Ley de Procedimientos Familiares). Las disposiciones sobre «anulación matrimonial» se aplican cuando un matrimonio no es válido (artículos 29, 49 y 369 a 378 de la Ley de Procedimientos Familiares).

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio contraído en contra de las disposiciones de los artículos 25 a 28 de la Ley de Procedimientos Familiares (si el matrimonio fue contraído por parte de personas menores de edad, personas sin la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, personas privadas de la capacidad jurídica para hacer declaraciones relativas a su situación personal, personas que son parientes consanguíneos o que han sido adoptadas, o si entre la novia o el novio existe previamente un matrimonio o una relación estable) es inválido y se le aplican las disposiciones sobre «anulación matrimonial» (artículo 29 de la Ley de Procedimientos Familiares).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Las consecuencias jurídicas de la «anulación matrimonial» se regulan de la misma forma que la disolución del matrimonio por divorcio (véase la respuesta a la pregunta 3).

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En el ordenamiento jurídico croata, el divorcio está regulado como un procedimiento judicial y no existe la posibilidad de un procedimiento de divorcio no judicial. No obstante, uno de los principios fundamentales del derecho de familia, que resulta especialmente importante en los procedimientos de divorcio, es el principio de resolución consensuada de las relaciones familiares, que, además de fomentar la propia resolución consensuada de las relaciones familiares, hace hincapié en que se trata de una obligación de todos los organismos que prestan ayuda profesional a la familia o deciden sobre las relaciones familiares (artículo 9 de la Ley de Procedimientos Familiares). El derecho de familia, por lo tanto, contempla dos tipos de procedimientos no judiciales, cuyo objetivo comprende la resolución consensuada de los asuntos relativos al divorcio: el asesoramiento obligatorio (artículos 321 a 330 de la Ley de Procedimientos Familiares) y la mediación familiar (artículos 331 a 344 de la Ley de Procedimientos Familiares). Lleva a cabo el asesoramiento obligatorio un equipo de expertos del Departamento de Servicios Sociales. Se trata de una forma de apoyo a los miembros de una familia (p. ej., cónyuges con intención de iniciar un procedimiento de divorcio y que tienen un hijo menor de edad en común) para llegar a decisiones consensuadas sobre las relaciones familiares, prestando especial atención a la protección de las relaciones familiares en las que haya un menor implicado (p. ej., mediante la elaboración de un plan para la custodia compartida, un acuerdo relativo a las consecuencias jurídicas del divorcio que debe establecer en detalle: el lugar y la dirección de la residencia del menor, el tiempo que el menor pasará con cada uno de los progenitores, cómo se compartirá la información relativa al consentimiento para decisiones importantes, cómo se compartirá la información relevante sobre el menor, el importe de la pensión de alimentos como obligación del progenitor con el que el menor no reside, y también cómo se resolverán los futuros problemas), y sobre las consecuencias jurídicas de no llegar a un acuerdo y de iniciar procedimientos judiciales para determinar los derechos personales del menor. La mediación familiar es un proceso en el que las partes intentan resolver de forma consensuada los conflictos familiares con la ayuda de uno o más mediadores familiares. El principal objetivo del proceso es establecer un plan sobre la custodia compartida y otros acuerdos relativos al menor, así como con otros asuntos de naturaleza material y no material.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los cónyuges sin un hijo menor de edad en común pueden iniciar una acción judicial mediante la presentación por parte de uno de los cónyuges de una solicitud de divorcio, o mediante la presentación por parte de los dos cónyuges de una solicitud de divorcio por mutuo acuerdo (artículo 50 de la Ley de Procedimientos Familiares). En ambos casos, el procedimiento no judicial de asesoramiento obligatorio (un tipo de ayuda especializada que presta un equipo de expertos del Departamentos de Servicios Sociales a los miembros de las familias para que lleguen a decisiones consensuadas sobre relaciones familiares) no se aplica (artículos 321 y 322 de la Ley de Procedimientos Familiares) y los cónyuges entran en un proceso de divorcio ante un órgano jurisdiccional (judicial o no judicial), que es relativamente sencillo y rápido. Todo lo anterior se aplica según corresponda a los procesos judiciales de anulación matrimonial cuando los cónyuges no tienen un hijo menor de edad en común.

Los cónyuges que tengan un hijo menor de edad en común pueden entablar un proceso judicial mediante la iniciación por parte de uno de los cónyuges de una acción o mediante la presentación por parte de ambos cónyuges de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 50 de la Ley de Procedimientos Familiares). Sin embargo, antes de iniciar un procedimiento de divorcio (por acción o mediante la presentación de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo) cuando hay un hijo menor de edad en común, los cónyuges están obligados a participar en el procedimiento no judicial de asesoramiento obligatorio (un tipo de ayuda especializada que presta un equipo de expertos del Departamentos de Servicios Sociales a los miembros de las familias para que lleguen a decisiones consensuadas sobre relaciones familiares, artículos 321 y 322 de la Ley de Procedimientos Familiares). El propósito de estos procesos es proporcionar a los cónyuges una ayuda profesional que incluya la elaboración de un acuerdo de custodia compartida (un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del divorcio, que debe establecer en detalle: el lugar y la dirección de la residencia del menor, el tiempo que el menor pasará con cada uno de los progenitores, cómo se compartirá la información relativa al consentimiento para decisiones importantes, cómo se compartirá la información relevante sobre el menor, el importe de la pensión de alimentos como obligación del progenitor con el que el menor no reside, y también cómo se resolverán los futuros problemas). Los progenitores pueden llegar a un acuerdo de custodia compartida durante el proceso de asesoramiento obligatorio, si bien también lo pueden alcanzar de forma independiente o durante el proceso de mediación familiar (proceso no judicial en el que las partes tratan de resolver de manera consensuada los conflictos derivados de las relaciones familiares con la ayuda de uno o más mediadores familiares, artículo 331 de la Ley de Procedimientos Familiares). Al llegar a un acuerdo de custodia compartida, los cónyuges pueden iniciar un procedimiento de divorcio no judicial más sencillo y rápido, que se inicia mediante la presentación de una solicitud (artículos 52, 54-55, 106 y 453 a 460 de la Ley de Procedimientos Familiares). Los cónyuges con un hijo menor de edad en común están obligados a presentar un informe sobre el asesoramiento obligatorio al que hace referencia el artículo 324 de la Ley de Procedimientos Familiares con su solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, así como un acuerdo de custodia compartida, tal como indica el artículo 106 de la misma ley (artículo 456 de la Ley de Procedimientos Familiares).

Si los cónyuges no llegan a un acuerdo de custodia compartida que contenga un acuerdo relativo a las consecuencias jurídicas del divorcio mencionado anteriormente, el órgano jurisdiccional emitirá la resolución sobre estos asuntos de oficio en un procedimiento judicial iniciado mediante una demanda de divorcio (artículos 53-54, 56-57 y 413 de la Ley de Procedimientos Familiares). Si los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común, están obligados a adjuntar a su demanda de divorcio un informe sobre el asesoramiento obligatorio, según establece el artículo 324 de la Ley de Procedimientos Familiares, así como una prueba de participación en la primera reunión de mediación familiar (artículo 379 de la Ley de Procedimientos Familiares).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En Croacia, la asistencia jurídica y la posibilidad de exención de pago de los procedimientos judiciales y la exención de pago de tasas judiciales se regulan por medio de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 143/2013]. Algunas personas pueden tener derecho a asistencia jurídica primaria en todos los procedimientos de derecho de familia, incluidos los litigios matrimoniales y otros procedimientos de Derecho de familia, siempre que cumplan los requisitos legales (artículos 9 a 11 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Algunas personas pueden tener derecho a asistencia jurídica secundaria en todos los procedimientos de derecho de familia y en otros procedimientos establecidos en la ley, siempre que cumplan los requisitos legales (artículos 12 al 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). La cuestión de la obtención de la resolución por la que se concede una exención de pago de procedimientos judiciales para procedimientos específicos, incluidos aquellos relativos al Derecho de familia, se rige por lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La cuestión de la obtención de la resolución por la que se concede una exención de pago de tasas judiciales para todo tipo de procedimientos, incluidos los procedimientos de Derecho de familia, se rige por lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Debe prestarse especial atención a las disposiciones: a) que regulan la prestación de asistencia jurídica secundaria sin determinar la situación financiera de la persona en cuestión (artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); b) que regulan el proceso de obtención de asistencia jurídica secundaria (artículos 16 al 18 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); c) que regulan el alcance de la asistencia jurídica secundaria (artículo 19 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); d) que regulan las cuestiones de procedimiento y otras cuestiones importantes para la obtención de asistencia jurídica gratuita (artículos 20 al 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Al mismo tiempo, se debe prestar atención al artículo 6 de la Ley de Tasas Judiciales (Zakon o sudskim pristojbama) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.^os 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15], con relación a las partes que están siempre exentas del pago de tasas judiciales.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las resoluciones en materia de divorcio o nulidad matrimonial admiten recurso. Todas las partes tienen este derecho durante el proceso. La Ley de Procedimientos Familiares no regula de forma específica la apelación en pleitos matrimoniales, pero el artículo 346 establece la aplicación alternativa de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 y 89/14].

En el artículo 348, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los recursos contra una sentencia, mientras que el artículo 378 regula los recursos contra una resolución. En cuanto a los recursos jurídicos, la Ley de Procedimientos Familiares estipula en su artículo 373 que no se permite una revisión contra las sentencias en segunda instancia dictadas en un litigio matrimonial.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Consejo (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis), las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento especial (artículo 21, apartado 1). Sin embargo, según el artículo 21, apartado 3, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. En tal caso, las solicitudes de reconocimiento o no reconocimiento están sujetas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 en la forma determinada en el artículo 31 del Reglamento Bruselas II bis. Además, cabe señalar que, sin perjuicio del artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las solicitudes de reconocimiento o no reconocimiento (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis) están sujetas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista, tal como se establece en la respuesta a la pregunta 14. En tal caso, se aplica el proceso descrito en la sección 2 del capítulo III del Reglamento Bruselas II bis.

El recurso jurídico, es decir, un recurso en virtud del artículo 33 del Reglamento Bruselas II bis, se presenta a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia (provinciales) a través del tribunal de primera instancia que adoptó la decisión (órgano jurisdiccional de competencia territorial de la lista anterior).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La legislación aplicable en caso de divorcio es la del país del que son ciudadanos los cónyuges en el momento en el que se presenta la demanda.

Si en el momento de presentación de la demanda, los cónyuges son ciudadanos de países distintos, se aplican las legislaciones acumulativas de los países de los que son ciudadanos, según el artículo 35, apartado 2, de la Ley sobre la Resolución de Conflictos de Leyes con Normativas de Otros Países en Determinadas Relaciones (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º^s 53/91, 88/01]. Si, en virtud de la legislación de los países de los que los cónyuges son ciudadanos, un matrimonio no pudiera disolverse, se aplicará la legislación croata a dicha disolución, siempre que uno de los cónyuges tuviera su residencia permanente en Croacia en el momento de la presentación de la demanda.

Si uno de los cónyuges es ciudadano croata sin residencia permanente en Croacia y el matrimonio no puede disolverse en virtud de lo que dispone el artículo 35, apartado 2, de la Ley sobre la Resolución de Conflictos de Leyes con Normativas de Otros Países en Determinadas Relaciones, se aplicará la legislación croata.

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Divorcio y separación legal - Italia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

La legislación establece los requisitos legales para el divorcio (véase el apartado 2). El órgano jurisdiccional debe comprobar que se cumplen los requisitos legales para dictar una sentencia de divorcio.

Estas comprobaciones deben realizarse incluso si ambos cónyuges presentan una demanda conjunta de divorcio. El acuerdo de los cónyuges no supone un motivo de divorcio en sí mismo, por lo que, en realidad, en Italia no existe un divorcio de mutuo acuerdo como tal: el órgano jurisdiccional debe siempre establecer los hechos que subyacen a la demanda antes de conceder el divorcio.

Si el matrimonio se contrajo con arreglo al Código Civil, el divorcio lo disuelve, y si las partes se casaron por la Iglesia y registraron debidamente el matrimonio en el registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones, el divorcio finaliza los efectos civiles del matrimonio. El fiscal toma parte en el procedimiento.

Fuentes: Ley n.º 898 de 1 de diciembre de 1970, modificada por la Ley n.º 436 de 1 de agosto de 1978, por la Ley n.º 74 de 6 de marzo de 1987 y por la Ley n.º 55 de 6 de mayo de 2015.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Cada cónyuge puede solicitar el divorcio en cualquiera de los siguientes supuestos:

1) cuando, después de que el matrimonio haya tenido lugar, el otro cónyuge sea condenado mediante sentencia firme por un delito especialmente grave, ya fuera cometido antes o después de la boda, en particular:

• si es condenado a cadena perpetua o a una pena de prisión de más de 15 años, que puede ser la suma de varias sentencias, por delitos dolosos, a excepción de los delitos políticos o de los delitos cometidos por «motivos de especial relevancia moral y social» (motivi di particolare valore morale e sociale);
• si es condenado a una pena privativa de libertad por incesto (artículo 564 del Código Penal) o por delitos sexuales, en virtud de los artículos 609 bis (abusos sexuales), 609 quater, 609 quinquies o 609 octies (que fueron añadidos por la Ley n.º 66 de 1996);
• si es condenado a pena privativa de libertad por filicidio, o por intento de asesinato del cónyuge o de un hijo o una hija;
• si es condenado a pena privativa de libertad, tras haber sido declarado culpable por dos o más delitos de lesiones graves, incumplimiento de las obligaciones de manutención familiar, malos tratos en el ámbito familiar o de menores, o influencia indebida sobre personas sin capacidad de juicio, excepto cuando el demandante de divorcio también haya sido condenado como cómplice del delito o cuando la pareja haya reanudado la convivencia;

2) en los casos en los que:

el otro cónyuge haya sido absuelto de los delitos de incesto o abusos sexuales mencionados en las letras b) y c) del apartado 1, si el órgano jurisdiccional establece que el demandado no está en condiciones de proseguir o reanudar su convivencia con la familia;

se haya dictado sentencia de separación judicial o de mutuo acuerdo y la separación haya tenido una duración ininterrumpida de:

1. al menos tres años desde su comparecencia ante el presidente del órgano jurisdiccional en el proceso de separación;
2. seis meses en el caso de la separación de mutuo acuerdo, incluso cuando el proceso contencioso se haya transformado en un proceso de mutuo acuerdo;
3. seis meses desde la fecha certificada en el acuerdo de separación alcanzado tras un convenio de negociación con la asistencia de un abogado, o bien desde la fecha del acto que contiene el acuerdo de separación celebrado ante el encargado del registro civil;

el proceso penal en relación con uno de los delitos mencionados en las letras b) y c) del apartado 1 se hayan interrumpido porque el delito haya prescrito, pero el órgano jurisdiccional que conoce del divorcio establezca que el delito en sí mismo habría originado igualmente responsabilidad penal;

el proceso penal en relación con el delito de incesto cese por descubrirse que no había responsabilidad penal porque el acto no generó «escándalo público»;

el otro cónyuge, en su condición de ciudadano extranjero, haya obtenido la nulidad o disolución del matrimonio en el extranjero, o se haya casado de nuevo;

el matrimonio no se haya consumado;

uno de los cónyuges se haya cambiado oficialmente de sexo: en este caso, la demanda de divorcio puede ser presentada tanto por la persona que ha cambiado de sexo como por el otro cónyuge.

En resumen, aparte de los supuestos englobados en el «Derecho penal» (que incluyen, además de las condenas por delitos graves, aquellos casos en los que la persona haya sido absuelta argumentando responsabilidad atenuada, los casos en los que el delito haya prescrito y los casos de incesto en los que falte el requerimiento objetivo de responsabilidad penal), los posibles motivos para el divorcio son: la separación judicial, la nulidad, la disolución del matrimonio o un nuevo matrimonio por parte del otro cónyuge en el extranjero, así como que el matrimonio no haya sido consumado o que uno de los cónyuges haya cambiado de sexo.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La concesión del divorcio implica los siguientes aspectos.

En primer lugar, la relación matrimonial queda disuelta: cada parte vuelve a su estado de soltero y es libre de volver a casarse.

La mujer pierde el apellido del marido si lo ha añadido al suyo propio. Sin embargo, previa solicitud, el órgano jurisdiccional puede permitirle mantener el apellido de su marido además del suyo, cuando se demuestre que redunda en beneficio de ella o de sus hijos en asuntos que deban ser protegidos.

El divorcio no rompe los lazos de afinidad, y en particular no excluye el impedimento al matrimonio por afinidad en línea directa (artículo 87, apartado 4, del Código Civil).

Los cónyuges extranjeros no pierden la ciudadanía que adquirieron a través del matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El divorcio disuelve la sociedad de gananciales establecida por Ley (comunione legale, que incluye todas las compras realizadas por los cónyuges conjunta o independientemente durante el matrimonio, aparte de los enseres personales que se enumeran en el artículo 179 del Código Civil), así como cualquier fondo reservado para las necesidades de la familia (fondo patrimoniale). Sin embargo, dicho fondo continúa existiendo hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. El divorcio no tiene efecto alguno sobre el patrimonio común regido por otros acuerdos (comunione ordinaria; por ejemplo, los bienes adquiridos antes del matrimonio pro rata, o adquiridos durante el matrimonio cuando en el momento de casarse se estableció una separación de bienes [separazione dei beni]): la relación respecto del patrimonio común de este tipo puede disolverse a petición de uno de los cónyuges.

Puede concedérsele a un progenitor que viva con un hijo o hija menor el derecho a continuar viviendo en el antiguo domicilio conyugal, siempre que sea beneficioso para el menor permanecer en ese hogar.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

El órgano jurisdiccional que concede el divorcio otorgará la custodia compartida de los hijos e hijas menores. Solo se concederá la custodia exclusiva de los menores a uno de los padres en casos excepcionales. El órgano jurisdiccional también establece las reglas sobre el tiempo que debe pasar con ellos el padre o madre que no convive con los hijos e hijas menores. Asimismo, da instrucciones sobre cómo administrar los bienes de los menores y establece la pensión en concepto de alimentos de los hijos e hijas menores que debe abonarse al padre o madre con quien conviven.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Cuando se concede el divorcio, el órgano jurisdiccional, a petición de una de las partes, ordena el pago periódico de alimentos a la parte que no cuenta con medios suficientes o que es incapaz de obtener recursos por razones objetivas. La obligación de pagar alimentos cesa si el receptor vuelve a casarse. Cuando ambas partes estén de acuerdo, la manutención puede abonarse también de una sola vez, mediante la transferencia de los derechos de propiedad sobre un inmueble al cónyuge beneficiario (para más detalles, véase «Obligación de alimentos - Italia»).

Los cónyuges que incumplan el pago de alimentos en caso de separación o tras el divorcio cometen el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (artículo 570 del Código Penal).

Se producen otros efectos. Un cónyuge que se haya divorciado, pero que no se haya vuelto a casar y tenga derecho a alimentos, tiene también derecho a compartir cualquier indemnización que reciba el otro cónyuge. En caso de muerte de un cónyuge anterior, el excónyuge superviviente tiene derecho a recibir cualquier pensión de viudedad, o a compartir tal pensión con cualquier cónyuge posterior, así como a recibir un pago de la herencia del difunto si se encuentra en una situación económica comprometida. La legislación también permite que un cónyuge con derecho a alimentos registre una hipoteca judicial o solicite el embargo de bienes del cónyuge que debe pagar los alimentos.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación judicial significa que la Ley ya no requiere a los cónyuges que vivan juntos. La simple separación de facto no tiene efecto alguno (excepto en las situaciones que hubieran surgido con anterioridad a la Ley de Reforma n.º 151 de 1975).

La separación judicial no cancela la relación matrimonial, pero la debilita.

La separación judicial puede realizarse por orden de un órgano jurisdiccional o de mutuo acuerdo.

Fuentes: las reglas sustantivas están recogidas en el Código Civil (artículos 150 y siguientes; para cuestiones relativas a la herencia, véanse los artículos 548 y 585).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La separación judicial requiere que se compruebe que los cónyuges son incapaces de seguir viviendo juntos.

Cuando se cumple esta condición, el órgano jurisdiccional dicta una orden de separación, a petición de uno de los dos cónyuges, incluso si es en contra de la voluntad del otro cónyuge.

En casos excepcionales, el órgano jurisdiccional también puede hacer recaer la responsabilidad de la separación en uno de los cónyuges: esto conlleva implicaciones a la hora de asignar el pago de alimentos durante la separación y tras el divorcio, así como en los derechos de sucesión. El fiscal toma parte en el procedimiento.

La separación judicial de mutuo acuerdo se basa sobre el pacto entre los cónyuges, pero se hace efectiva solo tras su aprobación por un órgano jurisdiccional, que es responsable de asegurar que los acuerdos alcanzados por los cónyuges cumplan con los intereses principales de la familia. En particular, cuando se alcance un acuerdo respecto de la custodia y manutención de los menores que no respete sus intereses, el órgano jurisdiccional convocará de nuevo a las partes y solicitará que se realicen los cambios necesarios. Si las partes no cumplen lo acordado, el órgano jurisdiccional puede rechazar la aprobación de la separación.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Relaciones personales: la separación judicial (por orden de un órgano jurisdiccional o de mutuo acuerdo) anula todos los requisitos relacionados con los distintos tipos de asistencia asociados a la convivencia. También elimina la presunción de paternidad. La mujer no pierde el apellido del marido si lo ha añadido al suyo propio, pero el órgano jurisdiccional, a petición del marido, puede prohibirle a la mujer usarlo cuando esto pudiera perjudicar al marido gravemente. Asimismo, el órgano jurisdiccional puede permitir a la mujer abstenerse de emplear el apellido del marido cuando la perjudique a ella.

Propiedad del patrimonio común: la sociedad de gananciales se disuelve por la declaración de ausencia o presunta muerte de uno de los cónyuges; la anulación, disolución o cese de los efectos civiles del matrimonio; la separación personal; la separación judicial de los bienes; la modificación por convenio del régimen patrimonial y el fallecimiento de uno de los cónyuges;

en el caso de la separación personal, la sociedad de gananciales se disuelve en el momento en que el presidente del tribunal autoriza a los cónyuges a vivir separados o bien en la fecha de la firma del acta de separación de mutuo acuerdo ante el presidente del tribunal, siempre que sea homologada. El auto judicial por el cual se autoriza a los cónyuges a vivir separados se comunica al encargado del registro civil a efectos de la anotación de la sociedad de gananciales.

Responsabilidad parental: el órgano jurisdiccional que determina las normas de la separación respecto de la custodia de cualquier menor, también establece el importe de la pensión de alimentos que ha de pagar el padre/madre que no conviva con el menor (o, en casos excepcionales de custodia única, el padre/madre a quien no se asigne la custodia). A la hora de decidir a quién corresponde residir en el domicilio familiar, se dará prioridad al padre/madre que viva con el menor (para más detalles, véase «Custodia de los menores y derecho de visitas»).

Obligación de pagar pensión alimenticia: el órgano jurisdiccional, si este lo solicita, otorgará al cónyuge que no sea responsable de la separación el derecho a recibir alimentos del otro cónyuge si no dispone de recursos propios suficientes. Un cónyuge que esté en situación de necesidad sigue teniendo derecho a recibir alimentos, es decir, el pago de una suma periódica necesaria para la subsistencia, incluso si es la persona responsable de la separación (para más detalles, véase «Obligación de alimentos - Italia»).

La revisión automática de los pagos por alimentos con arreglo a la inflación se prevé expresamente para las parejas divorciadas, y la jurisprudencia ha ampliado esta revisión al caso de las parejas separadas.

Las medidas establecidas en el auto relativo a la custodia de los menores y al cálculo de los pagos por alimentos para los menores y para el cónyuge pueden ser objeto de posteriores revisiones. El incumplimiento del pago por alimentos es un delito en virtud del artículo 570 del Código Penal.

Separación con y sin responsabilidad: los cónyuges separados que no sean considerados responsables de la separación, continúan disfrutando de los mismos derechos de sucesión que los cónyuges no separados.

Los cónyuges considerados responsables de la separación solamente tienen derecho a percibir pagos por alimentos a partir de la herencia del cónyuge fallecido, y solo si en el momento en el que tiene lugar el procedimiento sucesorio tenían derecho a pagos por alimentos por parte del cónyuge fallecido (artículos 548 y 585 del Código Civil).

Otros efectos: en caso de incumplimiento, la orden de separación da derecho a registrar una hipoteca judicial y, a petición del titular de ese derecho, el órgano jurisdiccional puede ordenar el embargo de los bienes del cónyuge responsable, o puede dictar una orden de embargo salarial.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Al amparo del artículo 117 y siguientes del Código Civil, un matrimonio puede declararse nulo por darse alguno de los diversos supuestos allí previstos. Es preferible considerar el asunto en términos de invalidez, teniendo en cuenta los motivos que dan lugar a la misma y la legislación aplicable en cada caso.

Un matrimonio es inválido si se encuentra viciado por uno de los defectos previstos en la legislación, pero dicho vicio debe ponerse de manifiesto presentando una acción legal ante un órgano jurisdiccional.

Una acción de nulidad matrimonial no se transmite a los herederos salvo que la sentencia ya se encuentre pendiente. El fiscal toma parte en el procedimiento.

Fuentes: las normas sustantivas se encuentran en los artículos 117–129 bis del Código Civil.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio puede ser considerado inválido por cualquiera de las siguientes razones (artículos 117 y siguientes del Código Civil):

1. Uno de los cónyuges ya estaba previamente casado: la invalidez es absoluta e imprescriptible; pueden presentar una demanda al respecto uno de los cónyuges, un familiar directo en la línea ascendiente, el fiscal o cualquiera con un interés legítimo.
2. Impedimentum criminis: han contraído matrimonio dos personas, una de las cuales ha sido condenada por asesinato o por tentativa de asesinato del o de la que era cónyuge de su pareja. La invalidez es absoluta e irremediable, y puede ser denunciada por cualquiera de los cónyuges, por el fiscal o por cualquiera con un interés legítimo al respecto.
3. Uno de los cónyuges padece un trastorno mental, por lo que no puede contraer matrimonio. El auto que declara tal trastorno mental puede dictarse incluso tras haberse celebrado la boda, siempre que se demuestre que el trastorno existía en el momento de la boda. El matrimonio puede ser impugnado por un tutor legal, por el fiscal o por cualquiera con un interés legítimo.
4. Uno de los cónyuges no poseía capacidad de juicio (incapacità naturale): el matrimonio puede ser impugnado por uno de los cónyuges que, a pesar de no estar incapacitado oficialmente demuestre no haber estado en su sano juicio en el momento de contraer matrimonio. La demanda no puede presentarse si la pareja ha convivido durante más de un año desde que el demandante recuperase sus facultades mentales.
5. Uno de los cónyuges era menor de edad: puede presentar una demanda al respecto tanto uno de los cónyuges, como el fiscal o los padres. El derecho del menor a presentar la demanda expira una vez transcurrido un año desde el momento en que alcanzó la mayoría de edad.
6. Existían lazos de parentesco, afinidad, adopción o filiación: este motivo de invalidez puede alegarlo cualquiera de los cónyuges, el fiscal o cualquiera con un interés legítimo, excepto que haya pasado un año o más desde la boda y se trate de un caso en el que podría haberse buscado una autorización para el matrimonio a pesar de los lazos existentes.
7. Coacción, miedo o error: el consentimiento se obtuvo mediante coacción, por un gran y excepcional temor a eventos ajenos al control del cónyuge, porque hubo una equivocación respecto de la identidad o porque hubo un error respecto de un requisito previo personal esencial del otro cónyuge, conforme al artículo 122 del Código Civil. La demanda debe presentarla el cónyuge cuyo consentimiento estaba viciado por alguno de los motivos anteriores, salvo que los cónyuges hayan convivido durante un año tras la amenaza de violencia, desde que dejase de existir la causa del temor, o desde que se descubrió el error.
8. Simulación: cualquiera de los cónyuges puede impugnar el matrimonio cuando este se contrajera habiendo acordado no cumplir las obligaciones o ejercer los derechos que derivan de él. La demanda de nulidad debe presentarse dentro del plazo de un año a partir de la boda. No puede presentarse si los cónyuges han convivido como marido y mujer tras la boda, incluso por un periodo de tiempo corto.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si los cónyuges actuaron de buena fe (es decir, si no eran conscientes del vicio cuando se casaron), el matrimonio se considera válido hasta que sea anulado, y la nulidad es efectiva solo desde el momento en que se declara (principio del «matrimonio putativo» [matrimonio putativo]). El matrimonio declarado nulo produce los efectos del matrimonio válido respecto de los hijos, aun en el caso de mala de ambos cónyuges.

El órgano jurisdiccional puede requerir también que uno de los cónyuges realice pagos periódicos al otro cónyuge, por un periodo no superior a tres años, cuando el otro cónyuge no tenga medios suficientes y no se haya vuelto a casar.

Cuando solo uno de los cónyuges actuó de buena fe, el matrimonio tiene efectos en beneficio de ese mismo cónyuge y de cualquier hijo menor. Se requiere que el cónyuge que actuó de mala fe pague una indemnización correspondiente a los alimentos durante tres años, y pague también alimentos posteriormente si no existen otras personas con obligación de prestarle alimentos.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El Gobierno italiano, mediante el decreto ley n.º 132 de 12 de septiembre de 2014, convertido en Ley n.º 162/2014, ha dispuesto dos nuevos procedimientos alternativos a la vía jurisdiccional.

1) las partes pueden establecer un convenio de negociación asistida por un abogado, que les brinda la posibilidad de resolver amistosa y extrajudicialmente el litigio con asistencia letrada. Esta posibilidad se extiende, aun en presencia de hijos menores o de hijos mayores de edad con deficiencias graves o económicamente dependientes, a las separaciones conyugales de mutuo acuerdo, al cese de los efectos civiles o de disolución del matrimonio y a los procedimientos de modificación de las condiciones de la separación o del divorcio. Se quiere prevenir de este modo la apertura de un proceso (artículos 2 y 6);

2) en el caso de que no haya hijos menores o hijos mayores de edad con deficiencias graves o económicamente dependientes, los cónyuges tienen la posibilidad de celebrar ante el encargado del registro civil un acuerdo de separación personal o de disolución o de cese de los efectos civiles del matrimonio, así como de modificación de las condiciones de la separación o del divorcio.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las normas que rigen los procedimientos de divorcio son también aplicables a la separación judicial, mutatis mutandis. En menor grado se aplican los artículos 706 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El proceso adopta la forma de procedimiento especial de instrucción regido por normas distintas a aquellas que se aplican en los procesos ordinarios, particularmente en la fase preliminar (se trata básicamente de un proceso dual: la fase de conciliación y la fase de instrucción y litigio).

Jurisdicción: el órgano jurisdiccional competente es el órgano jurisdiccional general (tribunale), en su formación colegiada, del último lugar de residencia común de los cónyuges, o de cualquier otro lugar especificado por la legislación (artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cuando el demandado no pueda ser contactado o resida en el extranjero, el órgano jurisdiccional competente será el órgano jurisdiccional general (tribunale) del lugar de residencia o domicilio del demandante, y cuando ambos residan en el extranjero, cualquier órgano jurisdiccional del país podrá conocer del asunto. Cuando el divorcio se produzca de mutuo acuerdo, los cónyuges pueden elegir el lugar de residencia o domicilio de cualquiera de los dos.

Procedimiento: la demanda de separación o divorcio adopta la forma de demanda ante el órgano jurisdiccional (ricorso) que se presenta en la oficina del secretario judicial del órgano jurisdiccional competente. Cualquier documentación acreditativa debe adjuntarse a la demanda, sin perjuicio de que pueda aportarse también durante la audiencia. El demandante es responsable de asegurar que se notifican al otro cónyuge tanto la demanda como la orden del presidente del tribunal, en la que se fija la fecha de la declaración de los cónyuges. Si se recurre sin éxito a la conciliación durante la primera audiencia, el presidente del tribunal dictará medidas provisionales en interés de los cónyuges y de sus hijos, y fijará una fecha para una audiencia posterior ante un órgano jurisdiccional de primera instancia, que revisará el caso de acuerdo con las normas ordinarias relativas a las pruebas.

Divorcio por solicitud conjunta: la solicitud conjunta requiere que los cónyuges estén de acuerdo respecto del divorcio y de las condiciones relativas a sus relaciones económicas y a sus hijos. El procedimiento se simplifica.

Fuentes: Ley n.º 898 de 1970 modificada; en caso de separación judicial también son aplicables los artículos 706–711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Es posible obtener asistencia jurídica gratuita (patrocinio a spese dello Stato) y, por lo tanto, tener representación legal sin tener que abonar los honorarios de los abogados y otras tasas judiciales. La asistencia jurídica gratuita también está disponible para los ciudadanos extranjeros que residan legalmente en Italia. Las condiciones que se deben reunir para obtener la asistencia jurídica gratuita pueden encontrarse en la Ley n.º 1990/217 y en la ficha sobre asistencia jurídica gratuita. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita deben entregarse ante el colegio de abogados que corresponda (consiglio dell’ordine degli avvocati); véanse las páginas web de los colegios de abogados (por ejemplo, el colegio de abogados de Roma) y del Ministerio de Justicia.

Fuentes: Ley n.º 217 de 1990, modificada por la Ley n.º 134 de 2001.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Es posible recurrir una sentencia de separación judicial, divorcio o anulación de matrimonio. Las sentencias recurribles en los procesos de divorcio (por ejemplo, las sentencias sobre el estatus de los cónyuges) o en los procesos de separación (por ejemplo, sentencias que dirimen la responsabilidad o los pagos de la manutención) no pueden recurrirse en una fase posterior, es decir, junto con un recurso contra la sentencia definitiva: deben recurrirse dentro de los plazos procesales ordinarios.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En este caso se aplica el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003. Este reglamento contempla un procedimiento normalizado en todos los Estados miembros de la UE.

El reconocimiento es automático. Por lo tanto, no es necesario llevar a cabo ningún procedimiento especial para actualizar el registro civil de un Estado miembro tras una sentencia definitiva de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio.

Sin embargo, cualquier parte interesada puede solicitar una declaración a efectos de que la sentencia extranjera debe ser no reconocida o no. Los motivos específicos para no reconocer una sentencia aparecen recogidos en el Reglamento. La acción legal, en forma de recurso ante el órgano jurisdiccional (ricorso), debe presentarse ante un tribunal de apelación (corte di appello) con competencia territorial en el lugar de ejecución de la sentencia, tal y como prevé la legislación interna italiana. El órgano jurisdiccional sentencia sin demora, habiendo o no tomado declaración a la otra parte, y la sentencia se notifica al demandante.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Cada parte puede recurrir la resolución sobre el reconocimiento ante el tribunal de apelación que dictó dicha resolución, dentro del plazo de un mes a partir de su notificación (dos meses si la otra parte reside en otro país). En esta segunda fase debe tomarse declaración a ambas partes, de acuerdo con el principio ordinario contradictorio, y se aplican las normas ordinarias del proceso contencioso.

La sentencia dictada sobre esta alegación puede recurrirse, a su vez, ante el Tribunal Supremo (véanse los anexos al Reglamento).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La separación judicial y el divorcio se rigen por la legislación nacional común a ambos cónyuges en el momento en el que se presenta la demanda de separación o divorcio. En el caso de cónyuges de diferentes nacionalidades, el órgano jurisdiccional tratará de determinar qué legislación es aplicable en función del país en el que la pareja haya pasado el mayor tiempo de su vida matrimonial. El órgano jurisdiccional es libre de ejercer una medida a su discreción respecto de esta cuestión.

Cuando la legislación extranjera aplicable no prevea la separación judicial o el divorcio, será aplicable la legislación italiana (artículo 31 de la Ley n.º 218 de 1995), es decir, en tales casos prevalece la lex fori. Debe tenerse en cuenta que la legislación italiana es aplicable con independencia de si el demandante es un ciudadano italiano, y que puede reclamar que se aplique la legislación italiana también un ciudadano no italiano que forme parte de un matrimonio mixto o de un matrimonio entre dos ciudadanos no italianos.

Los cónyuges italianos que hayan presentado la demanda de separación judicial o de divorcio en Italia están sujetos a la legislación italiana, incluso si no residen en Italia. Los cónyuges de nacionalidades diferentes están sujetos a la legislación del país en el que pasaron la mayor parte de su vida matrimonial. No obstante, cuando la legislación del país en cuestión no prevea la separación judicial o el divorcio, el órgano jurisdiccional italiano aplicará la legislación italiana.

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Divorcio y separación legal - Chipre

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Un requisito previo imprescindible para el inicio de un procedimiento de divorcio, cuando el matrimonio ha sido religioso, es el envío de una notificación al obispo de la región en la que reside el o la demandante. La demanda de divorcio puede presentarse una vez que hayan transcurrido tres meses desde el envío de la notificación al obispo correspondiente.  No se exige el envío de esta notificación cuando el motivo del divorcio es desaparición o enfermedad mental.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

• Adulterio.
• Conducta inmoral o deshonrosa u otro comportamiento inexcusable repetido que acarree un deterioro grave de la relación conyugal haciéndola insoportable para el demandante.
• Ataque contra la vida, por ejemplo por abusos físicos.
• Enfermedad mental durante al menos tres años que haga la convivencia insoportable.
• Sentencia firme de privación de libertad de más de siete años.
• Desaparición.
• Incapacidad sexual en el momento de contraer matrimonio que se prolonga durante seis meses y existe cuando se presenta la demanda.
• Abandono injustificado durante dos años. Prolongados períodos de ausencia que en total suman más de dos años. Debe haberse enviado una invitación a regresar.
• Cambio de religión o doctrina, ejercicio de violencia moral o intento de conversión del cónyuge a una secta.
• Rechazo persistente a tener hijos, contra la voluntad del otro cónyuge.
• Conmoción grave.
• Separación durante cinco años.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio conlleva la disolución del matrimonio pero no implica un cambio automático de apellidos. Corresponde a la parte interesada hacer una declaración jurada de su cambio de apellido.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El divorcio no tiene repercusión en los conflictos patrimoniales. Para este asunto debe presentarse una demanda por separado, ya que constituye un procedimiento diferente.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

No hay repercusiones, puesto que el procedimiento de divorcio constituye un procedimiento separado e independiente del relativo a la custodia de los hijos, a menos que el divorcio se concediera por razones relacionadas con un ataque contra la vida de los hijos o abuso físico contra ellos.

El divorcio no tiene consecuencias para las cuestiones relacionadas con los hijos menores de edad de los cónyuges (por ejemplo, pensión alimenticia, tutela o comunicación). Para estas cuestiones debe presentarse demanda por separado.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El divorcio no conlleva automáticamente la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge. Una vez que se haya interrumpido la convivencia deberá presentarse una demanda por separado al respecto.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En el Derecho de familia chipriota no existe el término «separación legal » (legal separation).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

No aplicable.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

No aplicable.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Significa que, desde la fecha en que se publica la decisión de anulación, el matrimonio se declara nulo y sin efectos legales.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

De conformidad con el artículo 17 de la Ley del matrimonio, Ley 104(Ι)/2003, modificada por la Ley 66(Ι)/2009, el matrimonio es nulo si se celebró:

a) antes de que se hubiese disuelto o anulado irrevocablemente cualquier matrimonio anterior de cualquiera de las partes, incluidos el matrimonio religioso y el civil;

b) entre parientes con una relación de consanguinidad directa o colateral hasta el quinto grado;

c) entre parientes políticos en línea directa o colateral hasta el tercer grado;

d) entre un adoptante y un adoptado o sus descendientes;

e) entre un hijo nacido fuera del matrimonio y el padre que lo reconoció o sus parientes consanguíneos.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio que se anula o se declara nulo mediante sentencia judicial irrevocable deja de tener cualquier efecto desde la fecha en que se publica la sentencia.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En la actualidad no existen tales medios. El comisario responsable de la legislación prepara actualmente un proyecto de ley sobre mediación en los litigios familiares.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda para la disolución o anulación del matrimonio debe presentarse en el tribunal de familia del distrito en el que residan las partes o una de ellas. Para su presentación debe utilizarse el formulario 1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Supremo de 1990.  El comprobante del envío por correo certificado de la notificación al obispo, o el acuse de recibo de la carta certificada correspondiente, así como el certificado de matrimonio de las partes, deben adjuntarse como justificantes a la demanda.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Así es. Debe presentarse la solicitud correspondiente en el tribunal de familia competente.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, existe la posibilidad de recurrir una sentencia de divorcio o de anulación de un matrimonio en el tribunal de familia de segunda instancia.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Debe presentarse una demanda ante el tribunal de familia competente de la República de Chipre conforme al Reglamento 44/2001.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

La contestación debe presentarse ante el tribunal de familia en el que se presenta la demanda de reconocimiento y se registra la decisión del otro Estado miembro.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los tribunales de familia de la República de Chipre son competentes para decidir sobre la disolución o anulación de un matrimonio solo en los casos en que las partes hayan residido en Chipre al menos tres meses. El tribunal aplicará el Derecho chipriota.

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Divorcio y separación legal - Letonia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Los casos en que un matrimonio puede disolverse se detallan en las normas de Derecho de familia que forman parte del Derecho civil de Letonia y en el apartado P de la Ley de Notarios. El marco general de la institución del matrimonio se estipula en las normas de Derecho de familia que forma parte del Derecho civil.

En Letonia, el matrimonio solamente puede quedar disuelto por un tribunal o un notario (notārs). Un tribunal puede disolver un matrimonio previa solicitud de uno o de los dos cónyuges. Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Uno de los requisitos previos para un divorcio de este tipo, en consecuencia, es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

Si un matrimonio va a ser disuelto por un tribunal, el tribunal debe llegar a la conclusión de que el matrimonio ha fracasado. Se considera que un matrimonio ha fracasado cuando los cónyuges han cesado su vida en común y no se espera que puedan restablecerla.

Uno de los requisitos previos para la disolución por parte de un notario es un acuerdo entre los cónyuges sobre la custodia de los hijos nacidos dentro del matrimonio, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no consiguen llegar a un acuerdo, estas cuestiones serán dirimidas por el tribunal junto con la demanda de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Disolución del matrimonio por parte de un notario

Un matrimonio puede disolverse si ha fracasado y los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre la disolución, y si un notario recibe una solicitud conjunta firmada por ambos cónyuges. Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la solicitud deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, su sustento, los derechos de visita y el reparto de los bienes comunes.

Disolución del matrimonio por parte de un tribunal

Un matrimonio puede ser disuelto por un tribunal en aquellos casos en que los cónyuges no hayan alcanzado un acuerdo sobre la disolución de su matrimonio y se cumpla una de las siguientes condiciones:

Los cónyuges han vivido separados durante más de tres años: los cónyuges viven separados, carecen de una vivienda común y uno de ellos se opone claramente a restablecer la convivencia, lo que impide la posibilidad de la convivencia conyugal. Aunque los cónyuges residan en una propiedad compartida, no puede hablarse de hogar común.

Si los cónyuges han vivido separados durante más de tres años, el tribunal puede disolver el matrimonio solamente si:

el motivo del divorcio es la violencia física, sexual, psicológica o económica ejercida por uno de los cónyuges contra el otro cónyuge, que es quien solicita la disolución del matrimonio; o contra un hijo de este o un hijo común de los cónyuges;

uno de los cónyuges da su consentimiento a la demanda del otro cónyuge para la disolución del matrimonio;

uno de los cónyuges ha comenzado a convivir con otra persona, y de esa relación ha nacido o va a nacer un hijo.

Cuando, en las circunstancias indicadas, el tribunal considere que el matrimonio todavía puede ser preservado, el procedimiento de divorcio puede ser pospuesto hasta un máximo de seis meses con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Cuando, antes de haber vivido separados durante tres años, uno de los cónyuges solicita el divorcio por motivos distintos a los indicados anteriormente, el tribunal no puede disolver el matrimonio antes del plazo obligatorio de tres años de separación y deberá posponer el análisis del caso con vistas a una posible reconciliación de los cónyuges.

Si los cónyuges han vivido separados durante más de tres años, un notario puede disolver el matrimonio solamente si ambos cónyuges acuerdan la disolución del mismo y si han presentado una solicitud de disolución ante el notario de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Notarios.

Un tribunal no puede disolver el matrimonio aunque haya fracasado, en la medida en que, en circunstancias excepcionales, el mantenimiento del matrimonio sea necesario en interés de los hijos menores en común de los cónyuges.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tan pronto como la sentencia que concede el divorcio surte efecto, o en cuanto un notario expide un certificado de divorcio, dejan de existir los derechos y las obligaciones derivados de la relación jurídica entre los cónyuges. El divorcio puede acarrear nuevos derechos y obligaciones a los ex cónyuges. Una vez disuelto el matrimonio, ambas partes pueden celebrar otro matrimonio.

De conformidad con el Derecho civil, un cónyuge que cambió sus apellidos al casarse tiene derecho a utilizar su nombre de casado tras la disolución del matrimonio, o, de manera alternativa, si así lo solicita, un tribunal o un notario le autorizará a utilizar sus apellidos de soltero.

Si el otro cónyuge lo solicita, un tribunal puede prohibir al cónyuge que contribuyó a la ruptura del matrimonio que conserve sus apellidos de casado, siempre que esto no perjudique a los intereses de los hijos.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Un notario puede disolver un matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo previo por escrito sobre el reparto de los bienes comunes y si se adjunta el acuerdo a la solicitud de divorcio.

Cuando un matrimonio es disuelto por un tribunal, los cónyuges pueden acordar un reparto de los bienes comunes. Si los cónyuges no alcanzan un acuerdo, sus reclamaciones serán dirimidas por el tribunal sobre la base del Derecho Civil o las disposiciones del contrato matrimonial. El Derecho Civil contempla dos tipos de relación patrimonial, concretamente relaciones determinadas por la legislación y relaciones determinadas por el contrato matrimonial, que definen el procedimiento para el reparto de los bienes en caso de divorcio.

Cuando las relaciones patrimoniales están determinadas por la legislación, en caso de  reparto de los bienes cada cónyuge tiene derecho a conservar las propiedades que le pertenecían antes del matrimonio, así como cualquier otro bien adquirido durante el matrimonio. Todo lo adquirido durante el matrimonio por los cónyuges de manera conjunta, o por uno de ellos utilizando los recursos de ambos, constituye un bien común de los cónyuges. Se supone que los bienes comunes pertenecen a ambos cónyuges por igual, a menos que uno de ellos pueda justificar y demostrar que deben ser repartidos en una proporción diferente.

Cuando las relaciones patrimoniales estén determinadas por el contrato matrimonial, este contrato puede contemplar una propiedad separada o conjunta de todos los bienes de los cónyuges, por lo que el reparto de los bienes se decidirá de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación para la relación patrimonial contractual correspondiente.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En asuntos de divorcio, las cuestiones derivadas de las relaciones jurídicas en el seno de la familia que se describen anteriormente, y en especial las derivadas de las relaciones jurídicas entre progenitores e hijos, no pueden ser consideradas por separado.

Si el matrimonio es disuelto por un notario, los cónyuges deben ponerse de acuerdo no solamente acerca del divorcio sino también sobre la custodia, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Es necesario presentar un acuerdo escrito previo sobre la custodia de hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos, acompañado por una demanda de divorcio.

Si el matrimonio es disuelto por un tribunal, los cónyuges deben alcanzar un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita y los alimentos de los hijos. Si no se ha firmado dicho acuerdo, a menos que las demandas hayan sido ya dirimidas, deberán ser presentadas junto con una solicitud de divorcio; de lo contrario, el tribunal no podrá conceder el divorcio.

Consecuencias del divorcio en relación con la responsabilidad parental

La responsabilidad de cuidar a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos.

Si los progenitores viven por separado, mantienen su responsabilidad común. El cuidado y la supervisión de los hijos debe ser garantizado por el progenitor con el que los hijos residen.

Los progenitores adoptarán decisiones de manera conjunta sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa en el desarrollo de sus hijos. Los litigios entre los progenitores son dirimidos por el tribunal de familia (bāriņtiesa), a menos que la legislación disponga lo contrario.

La custodia conjunta de los progenitores finaliza cuando un acuerdo entre los progenitores o una resolución judicial establece la custodia por separado de unos de los progenitores.

Si el hijo se encuentra bajo custodia por separado de uno de los progenitores, ese progenitor tendrá los derechos y las obligaciones derivados de la custodia. El otro progenitor deberá tener derechos de visita (el derecho a mantener contacto y relaciones privadas con los hijos).

Consecuencias del divorcio en relación con los alimentos de los hijos

La cuestión los alimentos de los hijos debe determinarse durante el procedimientos de divorcio. Los progenitores están obligados a proporcionar los alimentos de los hijos de manera acorde a su capacidad y a sus circunstancias financieras. El padre y la madre tienen el deber de sufragar las necesidades de sus hijos hasta que sean capaces de valerse por sí mismos. La responsabilidad de proporcionar los alimentos a los hijos no finaliza si estos ya no residen con uno de los progenitores o con ninguno de ellos. Cuando disuelven su matrimonio, los progenitores pueden acordar mutuamente los alimentos de los hijos, pero si los progenitores no alcanzan un acuerdo ese litigio será dirimido por el tribunal durante el procedimiento de divorcio.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El Derecho Civil estipula que en el momento en que se disuelve un matrimonio, o incluso con posterioridad, un ex cónyuge puede reclamar al otro cónyuge pagos proporcionales a las circunstancias financieras de ese cónyuge con el fin de mantener el nivel de vida anterior del primer cónyuge. El deber de mantener el nivel de vida anterior de un ex cónyuge finaliza cuando:

• el tiempo transcurrido desde el divorcio o la anulación del matrimonio es el mismo que la duración del matrimonio disuelto, o, en el caso de un matrimonio anulado, la duración de la convivencia;
• el ex cónyuge contrae matrimonio de nuevo;
• los ingresos del ex cónyuge garantizan su sustento;
• el ex cónyuge evita mantenerse a sí mismo con sus propios ingresos;
• el ex cónyuge al que se exigió mantener al otro ex cónyuge no cuenta con suficientes medios de subsistencia o ha quedado incapacitado para trabajar;
• el ex cónyuge que debe ser mantenido ha cometido un delito contra el otro ex cónyuge o contra la vida, la salud, la libertad, la propiedad o el honor del otro cónyuge o de uno de los familiares del ex cónyuge en línea ascendente o descendente;
• el ex cónyuge ha abandonado al otro ex cónyuge en un estado de desamparo cuando le era posible prestar ayuda;
• el ex cónyuge ha presentado deliberadamente una acusación falsa de delito contra el otro cónyuge o uno de sus familiares en línea ascendente o descendente;
• el ex cónyuge lleva una vida de excesos o inmoral;
• el ex cónyuge al que se exigió mantener al otro ex cónyuge fallece o es declarado muerto/a, o bien el otro ex cónyuge fallece o es declarado muerto/a;
• existen otras razones de peso para dar por terminado este deber.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

El término «separación legal» no existe en el sistema jurídico de Letonia.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio puede ser anulado si se contrajo incumpliendo disposiciones legislativas, lo que impide que su celebración fuese legítima.

Tras dictarse la sentencia de anulación del matrimonio, se considera que las personas en cuestión nunca estuvieron casadas; el matrimonio se considera nulo y sin validez en el momento en que la sentencia judicial que declara la nulidad surte efecto.

Hay que señalar que un matrimonio puede ser anulado incluso después de un divorcio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio solamente puede ser anulado en los siguientes casos estipulados por la legislación:

• el matrimonio no ha sido registrado por un funcionario del registro civil o por una autoridad de las confesiones religiosas enumeradas por el Derecho Civil;
• el matrimonio se celebró de manera ficticia, sin la intención de crear una familia;
• el matrimonio se celebró antes de que ambos cónyuges hubieran alcanzado la edad de 18 años, o en determinados casos antes de que uno de los cónyuges hubiera alcanzado la edad de 16 años, momento a partir del cual el matrimonio puede ser válido si es contraído con un adulto y cuenta con la autorización de los progenitores o los tutores; sin embargo, este matrimonio no puede ser anulado si tras el matrimonio se ha concebido un hijo o si ambos cónyuges han alcanzado la edad mínima necesaria en el momento de la sentencia;
• cuando contrajo matrimonio, uno de los cónyuges se encontraba en unas condiciones que le impedían comprender el significado de sus actos o ser responsable de dichos actos;
• el matrimonio se celebró entre personas situadas en grados de parentesco prohibidos, en particular, ascendientes o descendientes directos, hermanos y hermanas, o hermanastros y hermanastras;
• el matrimonio se celebró entre un progenitor adoptivo y un hijo adoptado, excepto cuando hayan concluido las relaciones legales establecidas por la adopción;
• el matrimonio se celebró entre un tutor y un menor de edad, o entre un administrador fiduciario y la persona a la que administra, antes de la conclusión de las relaciones de custodia o de administración fiduciaria;
• uno de los cónyuges ya estaba casado.

En todos estos casos, cualquier parte interesada o el fiscal puede presentar una solicitud para obtener la anulación del matrimonio, en cualquier momento y sin limitación alguna. Si el matrimonio ha concluido debido a un fallecimiento o a un divorcio, solamente las personas cuyos derechos están afectados pueden presentar una solicitud de anulación. Si ambos cónyuges han fallecido, no es posible presentar una solicitud para anular su matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Un cónyuge cuyo matrimonio ha sido anulado recuperará su apellido de soltero o soltera. Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges no era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, puede solicitar al tribunal que se le permita conservar su nombre de casado o casada.

Si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges era conocedor de que podía ser anulado, el otro cónyuge tiene derecho a reclamar a su ex cónyuge no solamente los medios necesarios para mantener su nivel de vida anterior, sino también una compensación por daños morales.

Cuando un matrimonio es anulado, las circunstancias en que un ex cónyuge es eximido de la obligación de garantizar al otro ex cónyuge su nivel de vida anterior son las mismas que en el caso de un divorcio (véase la pregunta 3.4).

En lo que concierne al reparto de los bienes al producirse la anulación del matrimonio, cada uno de los ex cónyuges tiene derecho a conservar sus bienes premaritales y cualquier bien adquirido durante la convivencia. Los bienes adquiridos de manera conjunta deberán ser repartidos equitativamente entre los ex cónyuges.

Si en el momento de celebrarse el matrimonio ninguno de los cónyuges era conocedor del hecho de que el matrimonio debía ser anulado, los bienes serán repartidos de conformidad con las disposiciones del Derecho Civil que rigen el reparto de bienes adquiridos durante un matrimonio legítimo. Si, no obstante, solamente uno de los cónyuges no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado, el procedimiento relativo al reparto de los bienes adquiridos de manera conjunta durante un matrimonio legítimo en caso de divorcio se aplica únicamente al cónyuge que no era conocedor de que el matrimonio debía ser anulado.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En Letonia el matrimonio puede ser disuelto por un notario por medio de una solicitud conjunta de ambos cónyuges. El procedimiento para la disolución del matrimonio por parte de un notario se recoge en el apartado P de la Ley de Notarios. Un notario autorizado disolverá el matrimonio si los cónyuges han alcanzado un acuerdo sobre el divorcio y no tienen hijos menores en común ni bienes comunes; o, cuando los cónyuges tengan hijos menores en común o bienes comunes, si han firmado un acuerdo sobre la custodia de los hijos menores en común, los derechos de visita, los alimentos de los hijos y el reparto de los bienes comunes.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Disolución del matrimonio por parte de un notario

En los casos en que un matrimonio queda disuelto por un notario, no existe una competencia territorial específica: las partes pueden recurrir a cualquier notario del país. No se incluyen aquí los asuntos transfronterizos, cuya competencia se rige por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Si, en virtud de la legislación de la Unión Europea o de otra legislación internacional, un divorcio transfronterizo no compete a las autoridades judiciales letonas, un notario autorizado no podrá iniciar los trámites de divorcio y deberá informar a los cónyuges sobre este hecho.

En los asuntos de divorcio transfronterizos, la legislación aplicable es determinada de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Una demanda de divorcio presentada ante un notario debe indicar lo siguiente:

• el nombre, los apellidos y el número de identidad personal de cada cónyuge (si uno de ellos no dispone de dicho número, el día, mes y año de nacimiento);
• el día, mes y año de la boda y el número de inscripción en el registro civil;
• el país en que se registró el matrimonio y la autoridad, o la confesión y la autoridad religiosa ante la que se fue celebrado;
• si los cónyuges tienen hijos menores en común y si han llegado a un acuerdo sobre la custodia de los mismos, los derechos de visita y los alimentos;
• si los cónyuges poseen bienes comunes, y si han alcanzado un acuerdo relativo al reparto de dichos bienes;
• los apellidos de los cónyuges después del divorcio.

La demanda debe incluir un certificado de matrimonio original, o bien una copia o un extracto expedido por un registro civil, o una declaración de un registro civil.

Si los cónyuges tienen hijos menores en común o bienes comunes, la solicitud deberá ir acompañada por un acuerdo por escrito sobre la custodia de los hijos, su sustento, los derechos de visita y el reparto de los bienes comunes.

Disolución del matrimonio por parte de un tribunal

Una demanda de divorcio o de anulación de matrimonio debe ser presentada ante el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa) que tenga competencia; habitualmente, el tribunal del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto el lugar de residencia de facto del demandado. La demanda puede ser presentada ante el tribunal del lugar de residencia declarado del demandante, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandante, si:

• hay hijos menores residiendo con el demandante;
• el matrimonio que se va a disolver es con una persona que cumple una pena de cárcel;
• el matrimonio que se va a disolver es con una persona que no tiene un lugar de residencia declarado y cuyo lugar de residencia de facto es desconocido, o que reside en el extranjero.

Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio, separación legal y anulación del matrimonio cuando uno de los cónyuges reside habitualmente en otro Estado miembro, o es ciudadano de otro Estado miembro, se establecen en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el  reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.

Una vez determinado cuál es el Estado miembro apropiado, se aplica el procedimiento civil de dicho Estado.

Las normas sobre competencia judicial en materia de divorcio también se establecen en acuerdos bilaterales internacionales sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas que se han firmado con países no pertenecientes a la UE y que son vinculantes para Letonia.

En aplicación del artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solicitud al tribunal debe indicar lo siguiente:

• el nombre del tribunal ante el que se presenta la demanda;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y el lugar de residencia declarado del demandante (si el demandante no ha declarado su lugar de residencia, el lugar de residencia de facto del demandante); en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; el demandante puede indicar asimismo otra dirección para entablar correspondencia con el tribunal;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal, el lugar de residencia declarado y cualquier dirección adicional del demandado o de una parte interesada, o en su defecto el lugar de residencia de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial; en caso de ser conocido, se debe indicar el número de identidad personal o el número de registro del demandado;
• el nombre, los apellidos, el número de identidad personal y la dirección para correspondencia con el tribunal del representante del demandante, si la demanda es interpuesta por un representante, o, en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
• en una demanda para recuperar dinero, el nombre de la institución de crédito y el número de cuenta en el que se puede realizar el pago, de haberlo;
• el objeto de la demanda;
• la cantidad que reclama la demanda, si dicha demanda puede ser evaluada en términos pecuniarios, mostrando el método de cálculo de la cantidad reclamada o en litigio;
• los hechos sobre los que el demandante fundamenta su demanda, y las pruebas que los corroboran;
• la ley en que se basa la demanda;
• las reclamaciones del demandante;
• una lista de los documentos que se adjuntan;
• la fecha de redacción de la demanda, así como cualquier otra información que pueda resultar pertinente.

En aplicación del artículo 235.¹ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una demanda de divorcio debe indicar asimismo lo siguiente:

• desde cuándo han vivido separadas las partes;
• si el otro cónyuge ha aceptado divorciarse;
• si las partes han alcanzado un acuerdo relativo a la custodia de los hijos, los procedimientos para ejercer los derechos de visita del otro progenitor, los alimentos y el reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio; o si presentan reclamaciones ante el tribunal sobre estos aspectos.

La demanda debe ir firmada por el demandante o por su representante. En un asunto de divorcio o de anulación, el representante de una parte debe tener autorización específica para tramitar el asunto. La autorización para actuar en un asunto de divorcio o de anulación también incluye cualquier otra demanda relacionada.

Será necesario adjuntar lo siguiente a la demanda:

• una copia certificada de la demanda, que será enviada al demandado
• un documento que pruebe que se han pagado la tasa estatal y los otros gastos judiciales de conformidad con el procedimiento y con la cantidad fijada por ley;
• un documento o documentos que certifiquen las circunstancias en que se basa la demanda (por ejemplo, un certificado de registro matrimonial).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En general, el Estado proporciona justicia gratuita si los medios o el nivel de ingresos de una persona le impiden costearse la protección de sus derechos, o si repentinamente se encuentra en una situación y en una circunstancia financiera que le impide hacerlo (por ejemplo, debido a un desastre natural, a causas de fuerza mayor o a otras circunstancias ajenas a su control), o si la persona depende completamente del Estado o de la autoridad local, lo que objetivamente dificulta que la persona proteja sus derechos. La justicia gratuita se presta de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre justicia gratuita del Estado (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums).

Habitualmente, la justicia gratuita abarca el gasto relacionado con la preparación de los documentos procesales, la consulta jurídica durante los procedimientos, la representación ante el tribunal y la ejecución de una sentencia judicial.

En Letonia también se presta justicia gratuita de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

En primera instancia, un asunto es tramitado por el tribunal de distrito o municipal (rajona (pilsētas) tiesa). Una resolución puede ser apelada ante el tribunal regional (apgabaltiesa), pero también es posible interponer un recurso de apelación (kasācija).

Si un matrimonio va a ser disuelto por un notario, es oportuno señalar que no es posible cuestionar la veracidad de los documentos certificados de conformidad con el procedimiento legal. Es posible recurrirlos interponiendo una demanda por separado.

Cualquier queja sobre una actuación incorrecta de un notario autorizado en el desempeño de sus obligaciones, o sobre su negativa a desempeñarlas, debe ser dirigida al tribunal regional a cuya supervisión está sujeto el notario en un plazo de un mes a partir de día en que el notario realizó la acción motivo de queja o se negó a realizar la acción demandada.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Las sentencias sobre divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en otro Estado miembro deben ser reconocidas en Letonia en virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Este reglamento estipula que una sentencia dictada en un Estado miembro debe ser reconocida en los otros Estados miembros sin que sean necesarios procedimientos especiales.

Con el fin de garantizar el reconocimiento en Letonia de una sentencia sobre divorcio, separación legal o anulación matrimonial dictada en otro Estado miembro, cualquier parte interesada puede, en observancia de los procedimientos contemplados por el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, pedir una resolución para que la sentencia sea reconocida, o para que no sea reconocida, por medio de una petición de reconocimiento (atzīšana) o de reconocimiento y ejecución (atzīšana un izpildīšana) de la sentencia extranjera ante el tribunal de distrito o municipal del lugar donde se va a ejecutar la sentencia, o del lugar de residencia declarado del demandado, o en su defecto del lugar de residencia de facto del demandado.

Una resolución sobre el reconocimiento o el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal extranjero será adoptada por un juez como órgano unipersonal, sobre la base de la solicitud presentada y de los documentos adjuntos, en un plazo de 10 días a partir del día de la presentación de la solicitud, sin citar a las partes. El juez puede negarse a reconocer la sentencia en Letonia con arreglo solamente a uno de los motivos de no reconocimiento enumerados en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Estos motivos permiten denegar el reconocimiento en Letonia a una sentencia dictada en otro Estado miembro, en los siguientes casos:

• si este reconocimiento es manifiestamente contrario a la política pública de Letonia;
• si la sentencia fue dictada en rebeldía, si al demandado no se le notificó el documento que iniciaba el procedimiento o un documento equivalente con el tiempo suficiente y de un modo que le permitiera preparar su defensa, a menos que se determine que el demandado ha aceptado la sentencia incondicionalmente;
• si la sentencia es incompatible con una resolución judicial dictada en Letonia sobre las mismas partes;
• si la sentencia es incompatible con una resolución judicial anterior dictada en otro Estado miembro o en un tercer Estado entre las mismas partes, siempre que la primera resolución cumpla las condiciones necesarias para su reconocimiento en Letonia.

En aplicación del artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una solicitud de reconocimiento de una sentencia debe indicar

• el nombre del tribunal ante el que se presenta la solicitud;
• el nombre, los apellidos y el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) del solicitante, así como una dirección para la correspondencia con el tribunal; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
• el nombre, los apellidos y el número de identidad personal (o, en su defecto, otro dato de identificación) del demandado, así como su lugar de residencia declarado, o en su defecto su lugar de residencia de facto; en caso de ser una persona jurídica, el nombre, el número de registro y la sede oficial;
• el asunto de la solicitud y las circunstancias en que se basa la solicitud;
• la petición del solicitante de que la sentencia dictada por el tribunal extranjero sea reconocida, o reconocida y ejecutada, en parte o en su totalidad;
• el representante autorizado y su dirección, si se ha designado un representante para tramitar el asunto en Letonia;
• una lista de los documentos que se adjuntan;
• la fecha y la hora en que se redactó la solicitud.

En aplicación del artículo 37 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, una solicitud relativa al reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro debe ir acompañada por los siguientes elementos:

• una copia de la sentencia que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad;
• si la sentencia se dictó en rebeldía, un documento que establezca que se notificó al demandado el documento que iniciaba el procedimiento (de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio); de manera alternativa, el solicitante puede presentar un documento que indique que el demandado ha aceptado incondicionalmente la sentencia dictada en rebeldía;
• un certificado expedido por una autoridad competente o un tribunal del Estado miembro de origen de la sentencia, en aplicación del artículo 39 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, existen dos vías para que una parte interesada pueda oponerse al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro relativa al divorcio, la separación legal o la anulación del matrimonio.

En primer lugar, en aplicación del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede solicitar a un tribunal una resolución por la que una sentencia dictada en otro Estado miembro no será reconocida en Letonia.

Por otra parte, el demandado en un asunto relativo al reconocimiento de una sentencia puede impugnar el reconocimiento de la sentencia en Letonia incluso si otra persona ya ha presentado una solicitud de reconocimiento de la sentencia, y cuando sobre la base de dicha solicitud el tribunal de distrito o municipal ya ha reconocido la sentencia. El demandado puede plantear objeciones al reconocimiento en Letonia de una sentencia dictada en otro Estado miembro, impugnando la resolución del tribunal de distrito o municipal que reconoce la sentencia. En aplicación del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la resolución de un tribunal de distrito o municipal por la que se reconoce una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado miembro puede ser impugnada ante un tribunal regional presentando una objeción subsidiaria (blakus sūdzība) contra el tribunal que adoptó la resolución, y enviando la solicitud al tribunal regional correspondiente. El demandado o el solicitante pueden llevar la resolución de un tribunal regional sobre el reconocimiento de una sentencia hasta el Senado del Tribunal Supremo (Augstākās tiesas Senāts) presentando una objeción subsidiaria contra el tribunal que adoptó la resolución y enviando la solicitud al Departamento de Asuntos Civiles del Senado del Tribunal Supremo.

El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia dictada en otro Estado miembro solamente sobre la base de uno de los motivos de no reconocimiento establecidos en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo (véase la pregunta 14).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El procedimiento para determinar el Derecho aplicable se recoge en el Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (Reglamento Roma III).

Enlaces

https://tiesas.lv

http://www.llrx.com/features/latvia.htm Inglés

https://vvc.gov.lv

https://www.tm.gov.lv

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Los diversos aspectos del divorcio se regulan en el libro III «Derecho de familia», parte II, capítulo 4, del Código Civil de la República de Lituania («código civil lituano»).

El artículo 3.51 establece las condiciones del divorcio por mutuo acuerdo entre los cónyuges siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. ha transcurrido al menos un año desde que se celebró el matrimonio,
2. los cónyuges han firmado un acuerdo de divorcio (reparto de bienes, obligación de alimentos, etc.),
3. ambos cónyuges tienen plena capacidad jurídica.

En los casos previstos en este artículo, el divorcio se obtiene mediante procedimiento simplificado.

El artículo 3.55 del código civil lituano establece las condiciones del divorcio a petición de uno de los cónyuges, mediante interposición de una demanda ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) de su lugar de residencia, siempre y cuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

1. los cónyuges han estado separados durante más de un año,
2. uno de los cónyuges ha sido declarado jurídicamente incapacitado en virtud de una resolución judicial después de la celebración del matrimonio,
3. el paradero de uno de los cónyuges se reconoce como desconocido por resolución judicial,
4. uno de los cónyuges cumple condena en prisión durante más de un año por cometer un delito no premeditado.

El artículo 3.60 del código civil lituano establece las condiciones del divorcio por culpa de uno o ambos cónyuges. Un cónyuge puede interponer una demanda de divorcio si el matrimonio ha fracasado por culpa del otro cónyuge. A un cónyuge se le declara culpable de la ruptura del matrimonio si ha incumplido de manera sustancial sus obligaciones matrimoniales tal y como se especifica en el libro III (Derecho de familia) del Código Civil de Lituania (Civilinis kodeksas), haciendo imposible, como resultado, la vida en común. Se asume que un matrimonio ha fracasado por culpa del otro cónyuge si este ha sido condenado por un delito premeditado, o ha cometido adulterio, o se muestra violento con el otro cónyuge u otros miembros de la unidad familiar, o ha abandonado la unidad familiar y no se ha hecho cargo de ella durante más de un año.

El demandado en el proceso de divorcio puede negar su culpa y presentar pruebas que demuestren que el demandante es responsable de la ruptura del matrimonio. Una vez examinadas las circunstancias del caso, el tribunal puede declarar a los dos cónyuges culpables de la ruptura del matrimonio. Si el tribunal considera que ambos cónyuges son culpables de la ruptura del matrimonio, los efectos serán los mismos que en el caso de la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El matrimonio termina por fallecimiento de uno de los cónyuges o por ley. Se puede disolver un matrimonio por mutuo acuerdo entre ambos cónyuges, por interposición de demanda de uno de los cónyuges o por culpa de uno de ellos o de ambos.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

El matrimonio se considera disuelto desde el día en que entra en vigor la sentencia de divorcio. Durante los tres días laborales siguientes a la entrada en vigor de la sentencia de divorcio, el tribunal debe enviar una copia de la sentencia a la oficina del registro civil local, que se encarga de hacer la inscripción de divorcio.

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tras el divorcio, los cónyuges podrán mantener su apellido matrimonial, o retomar el apellido que usaban antes de celebrar el matrimonio. Cuando el matrimonio se disuelve por culpa de uno de los cónyuges, el tribunal puede, a instancia del otro cónyuge, prohibir al cónyuge culpable mantener el apellido matrimonial, salvo cuando los cónyuges tienen hijos en común.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El reparto de la propiedad conyugal depende del régimen económico matrimonial, que puede ser establecido por ley o por contrato. En caso de que no exista contrato matrimonial, los bienes conyugales se regirán conforme al régimen económico legal. Los regímenes económicos matrimoniales se rigen en el libro III, parte III, capítulo 6, del código civil lituano.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Si la residencia matrimonial es propiedad de uno de los cónyuges, el tribunal puede determinar usufructo y permitir al otro cónyuge permanecer en dicho domicilio si los hijos menores siguen viviendo con él o ella tras el divorcio. El usufructo tiene validez hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Si la residencia matrimonial es alquilada, el tribunal puede trasladar la tenencia al cónyuge con el que los hijos vivirán, o al cónyuge que no está capacitado para trabajar, y puede desahuciar al otro cónyuge si se ha emitido una orden para vivir separados.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al dictar sentencia en un caso de divorcio, el tribunal puede resolver también pagos de alimentos a un ex cónyuge que necesite ayuda, a menos que la obligación de alimentos haya sido resuelta en el acuerdo de divorcio redactado entre los cónyuges. Los cónyuges no tienen derecho a una pensión alimenticia si sus bienes o ingresos son suficientes para su plena manutención. El cónyuge necesita pensión alimenticia si se encarga de criar a un hijo menor del matrimonio, o si no está capacitado para trabajar, bien por edad o por motivos de salud. El cónyuge que no pudo obtener una titulación (acabar los estudios) debido al matrimonio y los intereses comunes de la familia o las necesidades de los hijos, tiene derecho a solicitar al ex cónyuge que sufrague los gastos necesarios para terminar sus estudios o para cursar formación de reconversión profesional.

El cónyuge culpable del divorcio no tiene derecho a pensión alimenticia.

A la hora de conceder la pensión alimenticia y determinar su cuantía, el tribunal debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la necesidad de manutención, los bienes de ambos cónyuges, su estado de salud, edad o capacidad para trabajar, hasta qué punto un cónyuge desempleado es probable que encuentre empleo y otras circunstancias importantes.

Los pagos de la pensión se reducirán, solo se concederán por un tiempo limitado o serán rechazados en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. el matrimonio duró menos de un año,
2. el cónyuge que tiene derecho a manutención ha cometido un delito contra el otro cónyuge o sus familiares más próximos,
3. el cónyuge que tiene derecho a manutención atraviesa dificultades económicas como resultado de su propia conducta ilícita,
4. el cónyuge que solicita la pensión no contribuyó al crecimiento de los bienes comunes o dañó de forma deliberada los intereses del otro cónyuge o de la familia durante el matrimonio.

El tribunal puede exigir al ex cónyuge el pago de una pensión alimenticia al otro cónyuge, a fin de garantizar que cumplirá su obligación. La pensión se puede abonar a tanto alzado, en pagos mensuales regulares (plazos) o mediante transmisión de bienes.

Si un cónyuge interpone una demanda de divorcio por la incapacidad del otro cónyuge, el cónyuge que inicia el divorcio debe pagar el tratamiento y los cuidados del ex cónyuge incapacitado, a menos que estén cubiertos por las administraciones estatales de seguridad social.

La resolución en materia de alimentos será motivo de pignoración forzada (hipoteca) de los bienes del demandado. Si el ex cónyuge incumple su obligación de pago de alimentos, se podrán usar sus bienes para efectuar los pagos según el procedimiento legal.

En caso de fallecimiento del ex cónyuge que debe pagar la pensión, la obligación se traspasa a sus sucesores en la medida en que los bienes heredados lo permitan, con independencia de la forma de aceptación de los bienes.

Cuando el ex cónyuge que ha recibido la pensión fallece o vuelve a contraer matrimonio, el pago de la pensión alimenticia cesa. En caso de fallecimiento, el derecho a reclamar atrasos o impagos se transfiere a los sucesores del difunto. Si se disuelve el nuevo matrimonio, el ex cónyuge puede solicitar la renovación de los pagos de pensión alimenticia, siempre y cuando esté educando a un hijo o cuidando de un hijo con discapacidad de su anterior matrimonio. En los demás casos, el deber del cónyuge del posterior matrimonio de pagar pensión alimenticia prevalece sobre el deber del ex cónyuge del anterior matrimonio.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Cuando el tribunal dicta sentencia concediendo la separación legal, los cónyuges ya no conviven; no obstante, sus otros derechos y obligaciones no se extinguen. La separación legal puede ser el primer paso hacia el divorcio. Ahora bien, no significa que los cónyuges no pueden volver a convivir. Al contrario que en el caso del divorcio, los cónyuges que están separados no pueden volver a contraer matrimonio, ya que no están divorciados formalmente.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Uno de los cónyuges puede solicitar al tribunal la separación legal en caso de darse determinadas circunstancias, que pueden no depender del otro cónyuge, que revelan que su vida conyugal se ha vuelto intolerable o pudiera de forma sustancial dañar los intereses de los hijos menores, o si los cónyuges no tienen interés en convivir. Los cónyuges pueden solicitar al tribunal la separación legal de forma conjunta si han firmado un acuerdo de separación que resuelva el asunto de la vivienda, la pensión alimenticia y la educación de los hijos menores, el reparto de bienes y la manutención mutua.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación no afecta a los derechos y obligaciones de los cónyuges respecto a los hijos menores; los cónyuges tan solo viven separados. Al dictar una sentencia de separación, el tribunal debe siempre emitir un auto de separación de bienes, a menos que dichos asuntos hayan sido resueltos entre los cónyuges en el contrato matrimonial. Los efectos jurídicos de la separación en cuanto a derechos de propiedad de los cónyuges surten efecto desde el inicio del procedimiento. No obstante, a menos que el cónyuge sea considerado culpable de la separación, puede solicitar al tribunal que haga los efectos jurídicos de la separación relativos a los derechos de propiedad de los cónyuges retroactivos desde la fecha real en que los cónyuges dejaron de convivir. Si uno de los cónyuges separados fallece tras el pronunciamiento de la resolución de separación, el superviviente conserva todos los derechos jurídicos de un cónyuge supérstite, a menos que el juez haya declarado culpable de la separación al cónyuge supérstite. Se aplicará la misma norma en los casos en los que el tribunal otorgue la separación basándose en una solicitud conjunta, a menos que un acuerdo de separación entre los cónyuges disponga lo contrario. No obstante, el cónyuge supérstite no puede heredar la propiedad del cónyuge fallecido.

Al dictar una resolución de separación, el tribunal puede exigir al cónyuge culpable de la separación el pago de pensión alimenticia al otro cónyuge si dicho cónyuge necesita ayuda, a menos que el asunto de la manutención haya sido resuelto en el acuerdo de separación entre los cónyuges.

La separación finaliza si los cónyuges comienzan a convivir de nuevo y su vida en común confirma su intención de vivir juntos de forma permanente. La separación finaliza cuando el tribunal emite una resolución que concede la solicitud conjunta de los cónyuges de terminar la separación y revoca la anterior resolución de separación.

Al reanudar la vida en común, la propiedad de los cónyuges permanece separada hasta que estos celebren un nuevo contrato matrimonial y elijan un nuevo régimen económico matrimonial. El fin de la separación legal produce efectos jurídicos para terceros solo si los cónyuges celebran un nuevo contrato matrimonial y lo inscriben según el procedimiento estipulado en el artículo 3.103 del código civil lituano.

Si lo cónyuges han estado separados durante más de un año desde la entrada en vigor de la resolución judicial, cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Solo los tribunales pueden anular el matrimonio. El matrimonio declarado nulo por un tribunal es nulo ab initio. Los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio (véase apartado 9) dependen de si los cónyuges, o al menos uno de ellos, actuaron de buena fe al contraer matrimonio. No obstante, en cualquier caso, la ley defiende los derechos de los hijos de un matrimonio que ha sido anulado (se consideran nacidos dentro del matrimonio). Tras la anulación del matrimonio, las partes pueden contraer matrimonio de nuevo o formalizar una unión civil.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El matrimonio puede declararse nulo si no se cumplen los siguientes requisitos a la hora de contraerlo:

Solo se puede contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto.

Un hombre y una mujer deben contraer matrimonio por voluntad propia. Cualquier amenaza, coacción, engaño u otro tipo de ausencia de voluntad propia será motivo de anulación del matrimonio.

Solo pueden contraer matrimonio las personas que, el día en que vayan a contraerlo matrimonio, tengan 18 años o más. A instancia de la persona que quiere contraer matrimonio antes de cumplir 18 años, el tribunal puede reducir la edad de consentimiento por procedimiento simplificado, pero no en más de dos años. El embarazo es una razón de peso para reducir la edad mínima para contraer matrimonio. Si la contrayente está embarazada, el tribunal puede permitir el matrimonio antes de los 16 años de edad.

La persona que ha sido declarada jurídicamente incapacitada por sentencia judicial que ha entrado en vigor no puede contraer matrimonio. Si se tiene conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento judicial en el que uno de los contrayentes ha sido declarado jurídicamente incapacitado, se debe posponer la inscripción del matrimonio hasta la entrada en vigor de la sentencia en ese caso.

La persona que ha contraído matrimonio y no ha obtenido el divorcio según el procedimiento estipulado por ley no podrá contraer matrimonio de nuevo.

El matrimonio entre padres e hijos, padres adoptivos e hijos adoptivos, abuelos y nietos, hermanos y hermanastros, primos, tíos y sobrinas, y tías y sobrinos está prohibido.

También se puede anular un matrimonio simulado. El matrimonio de conveniencia y sin intención de crear una relación familiar legal puede ser anulado a instancia de cualquiera de los cónyuges o de un fiscal público.

Se puede anular el matrimonio si no se contrajo libremente. Un cónyuge puede solicitar la anulación si tiene pruebas de que, en el momento del matrimonio, era incapaz de comprender el significado de sus acciones, o si no tenía control sobre ellas. Un cónyuge puede solicitar la anulación si fue inducido a contraer matrimonio mediante amenazas, coacción o fraude.

Si un cónyuge dio su consentimiento para contraer matrimonio debido a un error sustancial, puede solicitar la anulación del matrimonio. El error es sustancial cuando, al conocer las circunstancias del otro, el contrayente hubiera sido disuadido de contraer matrimonio. El error se considera sustancial si es sobre: la salud de la otra parte o una anomalía sexual que hace imposible una vida familiar normal; o un delito grave cometido por la otra parte.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Los hijos del matrimonio anulado a posteriori son considerados nacidos dentro del matrimonio. Si ambos cónyuges actuaron de buena fe, es decir, desconocían y no podían conocer los impedimentos al matrimonio, los efectos jurídicos del matrimonio, incluso si se declara nulo, son los mismos que los de un matrimonio válido, salvo el derecho de sucesión. Deben aportarse pruebas de que los cónyuges actuaron de buena fe ante el tribunal.

Efectos jurídicos de la anulación en la que uno o ambos cónyuges actuaron de mala fe: si solo una de las partes actuó de buena fe, los derechos conferidos por un matrimonio nulo son los de una persona casada. Si ambas partes actuaron de mala fe, el matrimonio nulo no confiere ningún derecho u obligación de personas casadas a ningún cónyuge. Los cónyuges tienen derecho a recuperar su propiedad, incluidos los regalos de la otra parte. Si el cónyuge que actuó de buena fe precisa de pensión alimenticia, tiene derecho a reclamarla al cónyuge que actuó de mala fe por un período máximo de tres años. La cuantía la determinará el tribunal, previa consideración de la situación económica de ambas partes. El tribunal puede exigir el pago de una cuantía a tanto alzado o por mensualidades. Si la situación económica de una de las partes cambia, la parte interesada puede solicitar al tribunal que se incrementen, reduzcan o finalicen los pagos de la pensión alimenticia. Una resolución de pago de pensión al cónyuge que actuó de buena fe finaliza de forma automática si el cónyuge contrae matrimonio de nuevo o tras el periodo de tres años durante el que se debe pagar la pensión alimenticia.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La legislación lituana no prevé alternativas extrajudiciales para resolver asuntos relativos al divorcio; por tanto, solo podrán resolverse ante un tribunal.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda de divorcio de mutuo acuerdo se debe interponer ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) del lugar de residencia de uno de los cónyuges. En la demanda deben constar de manera detallada los motivos del divorcio y la forma en que el demandante cumplirá con sus obligaciones para con el otro cónyuge y los hijos menores y, asimismo, debe contener otros detalles estipulados en el artículo 384 del código procesal civil lituano.

La demanda de divorcio interpuesta por uno de los cónyuges debe presentarse ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandante.

La demanda de divorcio interpuesta por motivo de culpa de uno de los cónyuges debe presentarse ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandado. Si hay hijos menores viviendo con el demandante, la demanda de divorcio puede interponerse también ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandante.

La solicitud de anulación del matrimonio debe presentarse ante el tribunal del lugar de residencia de los demandados o de uno de los demandados.

Las solicitudes de separación legal las examina el tribunal del lugar de residencia del demandado.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

La ley de la República de Lituania en materia de asistencia jurídica garantizada por el Estado (Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas) rige las disposiciones de la asistencia jurídica gratuita a personas con ingresos bajos. Dicha asistencia jurídica también se ocupa de asuntos de familia.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. Se puede presentar un recurso para apelar una resolución relativa a un divorcio/anulación del matrimonio según las disposiciones generales que rigen los procedimientos de apelación.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Una sentencia en materia de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada en otro Estado miembro es reconocida por la República de Lituania con arreglo al Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. En virtud del Reglamento, las sentencias dictadas en un Estado miembro son reconocidas en otros Estados miembros sin necesidad de seguir procedimientos especiales.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la parte interesada puede oponerse al reconocimiento en la República de Lituania de una resolución en materia de divorcio, separación legal o anulación matrimonial emitida en otro Estado miembro.

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº°2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede interponer una demanda ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) para que una sentencia emitida en otro Estado miembro no sea reconocida en Lituania.

La parte de la que se busca reconocimiento de una sentencia también puede oponerse a su reconocimiento en Lituania en vista del proceso de reconocimiento que ya está en marcha y de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito de reconocer la resolución. En consecuencia, el demandado puede oponerse al reconocimiento de la sentencia en Lituania apelando contra la decisión de reconocimiento del tribunal de distrito. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la decisión del tribunal de distrito de reconocer la sentencia emitida en otro Estado miembro puede recurrirse ante el tribunal regional (apygardos teismas).

El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia emitida por un tribunal de otro Estado miembro basándose en el no reconocimiento estipulado en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La separación legal y el divorcio están sujetos a la legislación del lugar de residencia habitual de los cónyuges. Si los cónyuges carecen de un lugar de residencia habitual, se aplicará la legislación del país en el cual hayan residido en común por última vez, o en su defecto, la legislación del país del tribunal. Si las leyes del país donde ambos cónyuges son ciudadanos no permiten el divorcio o imponen condiciones especiales para el divorcio, este puede obtenerse con arreglo a la legislación de la República de Lituania si uno de los cónyuges es también ciudadano lituano o residente habitual en la República de Lituania.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El Derecho luxemburgués contempla dos formas de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales.

• Divorcio por consentimiento mutuo

El divorcio por consentimiento mutuo pueden solicitarlo conjuntamente los cónyuges cuando se ponen de acuerdo sobre la ruptura del matrimonio y sus consecuencias.

Si los cónyuges tienen bienes comunes, un notario los debe inventariar y tasar. A continuación, los cónyuges se ponen libremente de acuerdo acerca de sus derechos sobre los bienes en cuestión. Si no hay bienes que inventariar, no se requiere la intervención del notario.

Los cónyuges también deben ponerse de acuerdo sobre su residencia durante el proceso de divorcio, la situación de sus hijos durante y después del proceso, la contribución que deberá hacer cada uno de ellos a la educación y la manutención de los hijos antes y después del divorcio y, por último, sobre el importe de la pensión alimenticia que, llegado el caso, uno de ellos tendrá que pagar al otro durante el proceso y una vez dictada la sentencia de divorcio. Este acuerdo se deberá documentar mediante un escrito («el convenio») que redacte un abogado y remita al tribunal o a un notario. El convenio debe ser ratificado por el tribunal, que comprobará que protege el interés superior del menor y que no lesiona de manera claramente desproporcionada los intereses de uno de los cónyuges. El convenio homologado forma parte integrante de la sentencia de divorcio.

• Divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales

El divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales puede solicitarlo uno de los cónyuges o, si hay acuerdo sobre el principio del divorcio, pero no sobre sus consecuencias, pueden solicitarlo conjuntamente los dos.

La ruptura irremediable se determina mediante el acuerdo de los cónyuges respecto del principio del divorcio o mediante la demanda de uno de los cónyuges, tras un período de reflexión que no sea superior a tres meses, renovable una vez.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El Derecho luxemburgués contempla dos formas de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La sentencia de divorcio disuelve el matrimonio. Los respectivos deberes, es decir, las obligaciones de fidelidad, socorro y asistencia, cesan.

La legislación luxemburguesa dispone que ningún ciudadano puede usar un nombre o apellido distinto de los que figuran en su partida de nacimiento: las personas que se los hubiesen cambiado deberán recuperarlos. Un cambio de estado civil, por ejemplo por el matrimonio, no conlleva por tanto un cambio de apellido de uno de los esposos. Usar el apellido del cónyuge no es un derecho adquirido. El cónyuge debe dar su consentimiento para el uso de su apellido.

Los jueces luxemburgueses se han pronunciado en alguna ocasión sobre el efecto del divorcio sobre el apellido tomado:

La esposa divorciada solo podrá seguir usando el apellido de su exmarido si cuenta con la autorización, siempre revocable, de este. El derecho del exmarido a oponerse al uso de su apellido es discrecional; tampoco corresponde a los tribunales autorizar a la esposa divorciada, ni siquiera para las necesidades de su actividad profesional, a seguir usando el apellido de su marido durante un tiempo ilimitado en caso de que este se oponga. Los tribunales podrán, no obstante, considerando la notoriedad que la esposa haya logrado en su actividad profesional con el apellido de su marido y con el fin de evitarle un perjuicio económico, concederle un plazo para darse a conocer a su clientela con su propio apellido. – Tribunal, 24 de mayo de 2006, p. 33, 258.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

• La sentencia de divorcio obliga a la liquidación y el reparto del régimen matrimonial de los cónyuges. Si no se han realizado las capitulaciones matrimoniales, se considerará que los cónyuges están sujetos al régimen de comunidad de bienes reducida a los gananciales. El divorcio disuelve la comunidad. Al repartirse los bienes, pueden distinguirse dos fases principales:
  • En la primera fase, cada uno de los cónyuges recupera los bienes en especie que no hayan entrado en comunidad o, si no los hubiera, los bienes subrogados.
  • En la segunda fase se liquida la masa común, activa y pasiva y se establece en nombre de cada uno de los cónyuges una cuenta de las indemnizaciones y reintegros que la comunidad debe a cada cónyuge y de las que cada cónyuge debe a la comunidad.
• Cuando un cónyuge sea condenado mediante una sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 y 409 del Código Penal (abusos sexuales, violación, golpes y lesiones voluntarias, homicidio y lesiones corporales voluntarias, asesinato, infanticidio y envenenamiento), cometido durante el matrimonio en contra del otro cónyuge o de un hijo que viva en el mismo hogar, o por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 y 405 del Código Penal en grado de tentativa contra esas mismas personas durante el matrimonio, perderá, previa demanda del otro cónyuge, los beneficios matrimoniales que ese le hubiese concedido. En cambio, la parte inocente conservará los beneficios que le haya concedido su cónyuge, incluso si dichos beneficios debían ser recíprocos y esta condición no se cumple.

• Cuando un cónyuge haya abandonado o reducido su actividad profesional durante el matrimonio, puede hacer una cotización con carácter retroactivo al régimen general de seguro de pensiones, con arreglo a las condiciones y criterios establecidos por las leyes aplicables en materia civil y de seguridad social. A tal fin, antes de la sentencia de divorcio y siempre que en el momento de la solicitud el cónyuge no haya superado la edad de sesenta y cinco años, este podrá solicitar al tribunal que conozca del divorcio que calcule un «importe de referencia» según la diferencia entre los respectivos ingresos de los cónyuges durante la fase de abandono o reducción de la actividad profesional. Las modalidades para calcular dicho importe se definen en el Reglamento del Gran Ducado, de 11 de septiembre de 2018, relativo al cálculo del importe de referencia y las modalidades de pago y entrega de los importes a que se refiere el artículo 252 del Código Civil. Con miras a la adquisición retroactiva, el cónyuge que haya abandonado o reducido su actividad goza frente al otro cónyuge de un crédito de hasta cincuenta por ciento del importe de referencia, en los límites del activo constituido por los bienes comunes o el indiviso disponible después de la liquidación del pasivo. Un importe equivalente a dicho crédito corre por cuenta del cónyuge acreedor.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Normalmente, el divorcio de los progenitores no incide en las condiciones de ejercicio de la patria potestad, que sigue siendo ejercida conjuntamente por los dos. Ambos deben adoptar conjuntamente cualquier decisión importante relativa a la vida del hijo (manutención, educación, orientación escolar, etc.).

Solo cuando el interés superior del menor así lo exija, el tribunal debe confiar el ejercicio de la patria potestad a uno solo de los progenitores. En ese caso, el progenitor designado para asumirla toma en exclusiva las decisiones que afecten al menor. No obstante, el otro progenitor conserva el derecho a ser informado y a supervisar la manutención y la educación de los hijos. Salvo excepciones por motivos graves, dispone también de un derecho de visita y de alojamiento. Así, en caso de separación de los progenitores, cada uno de ellos deberá mantener relaciones personales con el hijo y respetar su vínculo con el otro progenitor.

En los casos de divorcio, deben seguir contribuyendo conjuntamente a los gastos de manutención y educación del menor, salvo resolución contraria. Esta contribución consistirá en una pensión alimenticia que no cesa automáticamente cuando el hijo alcance la mayoría de edad. Podrá abonarse directamente al hijo mayor de edad y se podrá revisar en función de las necesidades del hijo y de la evolución de los recursos y de las cargas de cada uno de los progenitores.

En cuanto a la residencia del hijo, pueden darse dos supuestos (excepto en el caso excepcional de que el tribunal decida confiar al hijo a un tercero):

• La residencia del menor es el domicilio de uno de los progenitores. En este caso, se le concederá al otro progenitor un derecho de visita y de alojamiento, salvo cuando lo impidan motivos graves.
• La residencia se fija de forma alterna en el domicilio de cada uno de los progenitores. En tal caso, el juez comprueba que el régimen de residencia compartida redunda efectivamente en interés del menor. La residencia compartida no exige necesariamente un reparto estrictamente equilibrado del tiempo que resida el menor en el domicilio de cada uno de los progenitores.

Cuando los cónyuges acuerden las modalidades de ejercicio de la patria potestad, el domicilio y la residencia del menor, el derecho de visita y de alojamiento, así como la contribución a la manutención y a la educación del menor, podrán someter dicho acuerdo al juez en el marco del procedimiento de divorcio. El tribunal puede tener en cuenta en su sentencia si considera que el acuerdo protege suficientemente el interés del menor y que el consentimiento de los cónyuges se ha dado libremente.

El divorcio no priva a los hijos de los beneficios que, de no haberse producido este, les hubieran correspondido. A este respecto, están totalmente asimilados a los hijos de progenitores no divorciados.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El tribunal puede imponer a uno de los cónyuges la obligación de pagar al otro una pensión de alimentos. Esta se fijará según las necesidades del cónyuge al que se le paga y dentro de los límites de la capacidad contributiva del otro. En caso de acuerdo de los cónyuges, el juez puede decidir que la pensión se abone en capital, y deberá fijar el importe y las modalidades.

Para determinar las necesidades y la capacidad contributiva, el juez tiene en cuenta los siguientes factores:

1.º La edad y el estado de salud de los cónyuges

2.º La duración del matrimonio

3.º El tiempo dedicado o que tendrán que dedicar a la educación de los hijos

4.º Sus cualificaciones y situación profesional en el mercado laboral

5.º La disponibilidad para nuevos empleos

6.º Sus derechos existentes y previsibles

7.º Su patrimonio, tanto en capital como en ingresos, tras la liquidación del régimen económico matrimonial

La duración de la pensión alimenticia no podrá ser superior a la duración del matrimonio, salvo en

circunstancias excepcionales.

La pensión, salvo cuando se pague en capital, se puede revisar y revocar.

Cuando un cónyuge sea condenado mediante una sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 y 409 del Código Penal (abusos sexuales, violación, golpes y lesiones voluntarias, homicidio y lesiones corporales voluntarias, asesinato, infanticidio y envenenamiento) cometido durante el matrimonio en contra del otro cónyuge o de un hijo que viva en el mismo hogar, o por un delito contemplado en los artículos 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 y 405 del Código Penal en grado de tentativa contra las mismas personas durante el matrimonio, perderá, previa demanda del otro cónyuge, cualquier derecho de pensión de alimentos.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal modifica el matrimonio, pero no lo disuelve. Extingue la obligación de convivencia, pero mantiene el deber de fidelidad y el de socorro entre los cónyuges.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las causas de separación legal son las mismas que las del divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal implica siempre la separación de los bienes. Si la separación legal ha durado tres años, ambos cónyuges pueden pedir el divorcio en los tribunales. Si el cónyuge demandado no consiente en que la separación cese inmediatamente, el tribunal dictará sentencia de divorcio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La nulidad del matrimonio es la declaración de la anulación del matrimonio por una resolución judicial. En otras palabras, se considera que el matrimonio no existió nunca.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La nulidad se puede obtener por diferentes causas:

• Si el matrimonio se contrajo sin el libre consentimiento de los cónyuges, es decir, si hubo coerción o error en relación con las cualidades esenciales de la persona.
• Si el matrimonio se contrajo sin el consentimiento de los progenitores (o sin la autorización de un juez) cuando uno de los contrayentes no hubiera alcanzado la mayoría de edad en el momento del matrimonio.
• Si hay bigamia, es decir, si uno de los cónyuges está casado simultáneamente con varias personas.
• Si los cónyuges tienen cierto grado de parentesco.
• Si el matrimonio es de conveniencia con el objetivo de obtener una ventaja en materia de residencia.
• Si no se cumplen los requisitos de forma del matrimonio, es decir, si el matrimonio no se contrajo públicamente o si el funcionario público que lo celebró no estaba capacitado para hacerlo.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio declarado nulo surte efectos (teoría del matrimonio putativo) en:

• Ambos cónyuges, si al contraerlo obraron de buena fe.
• El cónyuge que obró de buena fe.
• Los hijos del matrimonio, aunque ambos progenitores obrasen de mala fe.

Por lo tanto, el matrimonio declarado nulo no surtirá efectos jurídicos en el cónyuge que actúa de mala fe.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En el Gran Ducado el matrimonio solo se puede disolver por resolución judicial, en ningún caso por medios alternativos extrajudiciales o por mediación. En cambio, se puede recurrir a la mediación familiar para cuestiones relacionadas con la liquidación y el reparto de la comunidad de bienes, así como con la propiedad en régimen de proindiviso, las obligaciones de alimentos y de contribución a los gastos del matrimonio, el deber de mantener a los hijos y el ejercicio de la patria potestad.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Instancia de presentación de la demanda

• La demanda de divorcio o de separación debe presentarse ante el tribunal de distrito bajo cuya jurisdicción los cónyuges tengan su domicilio común o, en su defecto, en el que tenga su domicilio la parte demandada o, en caso de divorcio por consentimiento mutuo, en el que tenga su domicilio una de las partes, siempre que se cumplan las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

• La solicitud de nulidad del matrimonio debe presentarse en el tribunal de distrito del lugar en el que se encuentre el domicilio de la familia o, si los progenitores viven separados, el domicilio del progenitor con el que reside de manera habitual el menor en caso de ejercicio en común de la patria potestad, o el domicilio del progenitor que la ejerza solo o, en los demás casos, el domicilio donde resida la parte que no inició el procedimiento. En caso de demanda conjunta, el tribunal de distrito competente es el del domicilio de una de las partes, a elección de estas. Dichas reglas se aplican siempre que se cumplan las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003.

Las demandas las tramita un «juez de familia».

Formalidades y documentos

• En cuanto al divorcio por consentimiento mutuo, conviene distinguir diversas fases del procedimiento: si existen bienes comunes, un notario deberá hacer un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles y los tasará. Los cónyuges pueden ponerse libremente de acuerdo acerca de sus derechos respectivos sobre dichos bienes. Además, deberán ponerse de acuerdo sobre diversas cuestiones y reflejarlas en un convenio, a saber, su residencia durante el procedimiento, la administración de la persona y los bienes de los hijos, el derecho de visita, la contribución que hará cada uno de ellos a la manutención y la educación de los hijos y la pensión alimenticia que eventualmente uno de ellos tendrá que abonar al otro. Tal convenio deberá ser redactado por un abogado ante un tribunal o un notario.
  
  A continuación, los cónyuges presentarán una demanda conjunta ante el tribunal en la Secretaría. Para acudir al tribunal no es necesario un abogado.

La demanda deberá contener:

1.º la fecha;

2.º los nombres, apellidos, profesión y domicilios de los cónyuges;

3.º las fechas y lugares de nacimiento de los cónyuges;

4.º cuando proceda, la identidad de los hijos comunes;

5.º el objeto de la demanda;

6.º la exposición sumaria de los hechos y motivos invocados.

Además del citado convenio, los siguientes documentos deberán adjuntarse a la solicitud:

1.º un extracto del acta de matrimonio;

2.º un extracto de las partidas de nacimiento de los cónyuges;

3.º un extracto de las partidas de nacimiento de los hijos comunes;

4.º prueba de la nacionalidad de los cónyuges;

5.º en caso necesario, el convenio de designación de la ley aplicable al divorcio de los cónyuges en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, y según las modalidades previstas en dicho Reglamento. Los cónyuges también podrán designar la ley aplicable al divorcio en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 y según las formas previstas por dicho Reglamento en el convenio de divorcio por consentimiento mutuo;

6.º cualquier otro documento que deseen utilizar los cónyuges.

Cuando los actos y documentos que aporten las partes con la demanda procedan de una autoridad pública extranjera deberán legalizarse en caso necesario.

• En caso de divorcio por ruptura irremediable de las relaciones conyugales o separación judicial, es obligatorio utilizar los servicios de un abogado ante el tribunal. El tribunal de distrito será llamado a pronunciarse tras la presentación de un escrito de demanda en la Secretaría.

La demanda deberá contener:

1.º la fecha;

2.º los nombres, apellidos, profesión y domicilio(s) de los cónyuges;

3.º las fechas y lugares de nacimiento de los cónyuges;

4.º cuando proceda, la identidad de los hijos comunes;

5.º el objeto de la demanda;

6.º la exposición sumaria de los hechos y los motivos invocados.

La demanda podrá incluir asimismo las pretensiones relativas a las medidas provisionales referentes a la persona, los bienes y los alimentos de los cónyuges y de los hijos.

Los siguientes documentos deberán adjuntarse a la demanda:

1.º un extracto del acta de matrimonio;

2.º un extracto de las partidas de nacimiento de los cónyuges en lo que respecta al demandante;

3.º un extracto de las actas de nacimiento de los hijos comunes;

4.º prueba de la nacionalidad de los cónyuges en lo que respecta al demandante;

5.º en caso necesario, el convenio de designación de la ley aplicable al divorcio de los cónyuges en aplicación del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, y según las modalidades previstas en mencionado Reglamento;

6.º cuando proceda, un proyecto que regule los efectos del divorcio sobre n los que existe acuerdo entre los cónyuges;

7.º en su caso, una copia de la resolución condenatoria de un cónyuge por cualquiera de las infracciones contempladas en los puntos 3.2 y 3.4;

8.º cualquier otro documento que deseen utilizar los demandantes.

Cuando los actos y documentos que aporten las partes con la demanda procedan de una autoridad pública extranjera deberán legalizarse en caso necesario.

• En caso de demanda de nulidad del matrimonio, el tribunal será llamado a pronunciarse mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría. Para acudir al tribunal no es necesario un abogado. La demanda deberá contener:

1.º la fecha;

2.º los nombres, apellidos y domicilios de las partes;

3.º las fechas y lugares de nacimiento de las partes;

4.º el objeto de la demanda;

5.º la exposición sumaria de los hechos y los motivos invocados.

Cuando los actos y documentos que aporten las partes con la demanda procedan de una autoridad pública extranjera deberán legalizarse en caso necesario.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Las personas cuyos ingresos se consideren insuficientes según la legislación luxemburguesa podrán acceder a la asistencia jurídica gratuita. Para ello, deben rellenar un cuestionario que se les facilitará en el Colegio de Abogados de Luxemburgo y remitirlo al Decano del Colegio de Abogados competente en el territorio, que decidirá al respecto.

La asistencia jurídica gratuita cubre todos los gastos relativos a los trámites, los procedimientos o los actos para los que se haya concedido y, en particular, los derechos de timbre y de registro, los gastos de secretaría, los honorarios de los abogados, los derechos y gastos de los agentes judiciales, los gastos y honorarios de los notarios, los gastos y honorarios de los peritos, las tasas de los testigos, los honorarios de los traductores e intérpretes, los gastos de los dictámenes periciales, los gastos de desplazamiento, los derechos y gastos de los trámites de inscripción, hipotecas y embargos, así como los gastos de publicación en la prensa, en su caso.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

En el Gran Ducado se puede interponer recurso contra estas sentencias. El plazo para recurrir es, en principio, de cuarenta días, pero puede ampliarse si el recurrente reside en el extranjero. El órgano jurisdiccional de apelación es el Tribunal Superior de Justicia.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En el Gran Ducado de Luxemburgo, una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea se puede reconocer de pleno derecho, en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. Esto significa que el reconocimiento de la sentencia no requiere ningún procedimiento.

También está prevista la actualización sin procedimientos previos de los datos del registro civil en el Gran Ducado como consecuencia de una sentencia declarada firme y dictada por un tribunal de un país de la Unión Europea. La sentencia de divorcio dictada por el tribunal constará en el margen del acta de matrimonio y las partidas de nacimiento de los cónyuges. Si el matrimonio se celebró en el extranjero, la sentencia del tribunal se deberá transcribir en los registros de estado civil del municipio en el que se haya inscrito el acta de matrimonio, o bien en los de la ciudad de Luxemburgo, y constará además en el margen de las partidas de nacimiento de ambos cónyuges.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

La parte interesada podrá solicitar mediante escrito de demanda al presidente del tribunal de distrito que adopte una resolución de no reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea.

El presidente del tribunal de distrito se pronunciará en un plazo breve, sin que la persona contra la que se haya solicitado el no reconocimiento pueda, en esta fase del procedimiento, formular observaciones. La demanda solo se podrá desestimar por los siguientes motivos:

• por ser manifiestamente contraria al orden público;
• por atentar contra los derechos de la defensa;
• por incompatibilidad con otra sentencia dictada en un litigio conexo.

Ambas partes podrán presentar ante el tribunal de apelación un recurso contra la resolución del presidente del tribunal de distrito. Dicho recurso se examinará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio. La sentencia del tribunal de apelación podrá ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (Cour de Cassation).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El Gran Ducado de Luxemburgo aplica el Reglamento (CE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, aplicable a partir del 21 de junio de 2012 entre Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Estonia (desde el 11 de febrero de 2018), Francia, Grecia (desde el 29 de julio de 2015), Italia, Letonia, Lituania (desde el 22 de mayo de 2014), Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia, que establece que los cónyuges podrán convenir en designar la ley aplicable al proceso de divorcio y de separación judicial, siempre que se trate de una de las siguientes leyes:

• la ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del convenio;
• la ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre el convenio;
• la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento en que se celebre el convenio; o
• la ley del foro.

En virtud del mismo Reglamento, a falta de elección con arreglo al apartado anterior, el divorcio y la separación estarán sujetos a la ley del Estado:

• en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
• en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto;
• de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,
• de presentación de la demanda.

Cuando el Reglamento (CE) n.º 1259/2010 no sea aplicable, el divorcio y la separación judicial se regularán, en Derecho luxemburgués:

• por la ley nacional de los cónyuges, cuando tengan la misma nacionalidad;
• por la ley del domicilio efectivo común, cuando tengan diferentes nacionalidades;
• por la ley del foro cuando los cónyuges de distinta nacionalidad carezcan de domicilio efectivo común.

Enlaces relacionados

Prospecto: Le divorce au Grand-Duché de Luxembourg;

LEGILUX;

Portail de la Justice.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El tribunal podrá conceder el divorcio a petición de uno o ambos cónyuges si se ha producido una ruptura total e irremediable del matrimonio. Cuando se concede el divorcio, el interés superior de los hijos menores comunes de los cónyuges deberá ser una consideración primordial.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El divorcio puede concederse por motivos de una ruptura total e irremediable del matrimonio. El tribunal practicará las pruebas pertinentes en este sentido y también podrá ordenar la práctica de las pruebas necesarias de oficio. La declaración común y definitiva de intenciones de los cónyuges (su mutuo acuerdo) de divorciarse, libre de influencias indebidas, es indicativa de la ruptura total e irremediable de su matrimonio. Puede determinarse que el matrimonio ha fracasado total e irremediablemente especialmente si los cónyuges ya no viven juntos como pareja y ―en razón del proceso que ha conducido a la separación de la pareja y del tiempo en que han estado viviendo separados— su unión es improbable.

La declaración común y definitiva de intenciones de los cónyuges de divorciarse, libre de influencias indebidas, se considera prueba suficiente de la ruptura del matrimonio. Por tanto, en el caso de que exista dicha declaración común, no es necesario un examen detallado de los motivos anteriormente mencionados conducentes a la separación.

La decisión de los cónyuges puede considerarse definitiva si han llegado a un acuerdo respecto al ejercicio de la responsabilidad parental sobre sus hijos en común, el mantenimiento del contacto entre el progenitor ausente y el hijo, la pensión de alimentos, la utilización del hogar familiar y —si se solicitara— la pensión compensatoria (su acuerdo debe ser aprobado por el tribunal). Si los cónyuges acuerdan ejercer la responsabilidad parental conjuntamente, no tienen que convenir las condiciones de mantenimiento de contacto con el niño. No obstante, tienen que decidir cuál será el lugar de residencia del menor. Como consecuencia, el ámbito de las cuestiones que deben acordar los cónyuges que se divorcian de mutuo acuerdo depende de si optan por ejercer la responsabilidad parental conjuntamente o no.

Cabe destacar que, al contrario que en la legislación precedente, en el Código Civil ya no está previsto un acuerdo entre los cónyuges sobre la división de los bienes gananciales.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

El matrimonio finaliza con el divorcio de los cónyuges. Cuando se obtiene el divorcio, el derecho de custodia y mantenimiento del hijo en común, el contacto entre el progenitor y el menor, la pensión de cualquiera de los cónyuges, la utilización del hogar familiar y, en el caso de responsabilidad parental conjunta, el domicilio del menor, quedarán regulados mediante acuerdo judicial si las partes llegan a un acuerdo —que cumpla los requisitos legales— o, en ausencia de un acuerdo entre los cónyuges, mediante una sentencia judicial. No es necesario que los cónyuges lleguen a un acuerdo sobre la división de los bienes gananciales para que el tribunal dicte el divorcio.

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Tras el divorcio o la anulación del matrimonio, los ex cónyuges continuarán utilizando los mismos nombres que utilizaron durante el matrimonio. Si desean que se disponga lo contrario, pueden informar de ello al encargado del registro tras el divorcio o la anulación del matrimonio. No obstante, la ex esposa no podrá utilizar nunca el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada si lo no utilizó durante su matrimonio. A petición del ex marido, el tribunal podrá prohibir a su ex esposa que utilice su nombre de una manera en la que se le pueda identificar, en el caso de que la esposa haya sido condenada a pena de prisión por una infracción penal dolosa. Si la ex esposa se vuelve a casar, ya no podrá utilizar el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada. No podrá recuperar este derecho aun cuando se divorcie de nuevo.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio, los ex cónyuges ya no estarán en posesión de un patrimonio común y cualquiera de ellos podrá solicitar la división de los bienes gananciales. Podrán solicitar compensación por inversiones de activos comunes en sus activos separados o por inversiones de sus activos separados en activos comunes, así como por los costes de mantenimiento y gestión. No se podrá solicitar compensación por gastos si los cónyuges renuncian a sus derechos en relación con los fondos en cuestión. La compensación por activos separados utilizados o completamente utilizados en virtud de la relación matrimonial solo se podrá conceder en casos excepcionales y debidamente justificados. La parte del patrimonio conjunto de los ex cónyuges en el momento del divorcio se les deberá asignar en especie, si es posible. Los activos separados en el momento del divorcio deberán asignarse también en especie. Si, por cualquier razón, no fuera posible o diera lugar a una pérdida significativa del valor de los activos, en caso de conflicto, el tribunal determinará el método de la división. No se podrá solicitar compensación por activos comunes y separados perdidos, si los cónyuges no poseen bienes gananciales en el momento del divorcio y la parte deudora no tiene tampoco activos separados.

En el supuesto de que los bienes gananciales se dividan en razón de un contrato celebrado entre los cónyuges, dicho contrato se considerará válido solamente si está consignado por escrito en un documento público o en un documento privado refrendado por un abogado. Esta disposición no será de aplicación a la división de bienes muebles que formen parte de los bienes gananciales de los cónyuges si dicha división se realizó mediante ejecución.

Si los cónyuges no celebran un contrato sobre la división de activos comunes o el contrato celebrado no regula todas las reclamaciones que puedan surgir del divorcio, se podrá solicitar al tribunal que decida sobre la división de los bienes gananciales y la resolución de las reclamaciones. El tribunal deberá garantizar que no se concede a ninguno de los cónyuges ventajas económicas indebidas cuando se resuelvan las reclamaciones relativas a la propiedad.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Los padres están obligados a compartir con sus hijos menores los recursos disponibles para el mantenimiento de ambos, incluso a expensas de sus propios recursos. Esta norma no es de aplicación si el menor puede cubrir sus necesidades razonables mediante un salario obtenido de un trabajo o de la renta de los activos del menor, o en el caso de que el menor tenga un familiar directo que pueda estar obligado a pagar su manutención. El progenitor que tenga el derecho de custodia proveerá el mantenimiento en especie, mientras que el progenitor ausente lo proveerá principalmente en efectivo (pensión de alimentos).

Si se concede una pensión de alimentos por orden del tribunal, se fijará el importe pagadero como pensión. El tribunal podrá prever en su sentencia que la cantidad de pensión pagadera deba ajustarse automáticamente de acuerdo con el índice de precios al consumo publicado anualmente por la Oficina Central de Estadística de Hungría desde el 1 de enero del siguiente año.

En la medida en que sea posible, los asuntos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental sobre los menores deberán decidirse por común acuerdo entre los padres.

Si los padres no consiguen llegar a un acuerdo sobre estos asuntos, el tribunal concederá los derechos de custodia al progenitor que, según el criterio del tribunal, pueda fomentar mejor el desarrollo físico, mental y moral del menor. Si la entrega del menor a cualquiera de los padres pusiera su interés superior en riesgo, el tribunal podrá conceder el derecho de custodia a una tercera persona, siempre que dicha persona desee ejercerlo.

El menor tiene el derecho de mantener el contacto personal directo con el progenitor ausente. El progenitor ausente tiene el derecho y el deber de mantener una relación personal y un contacto directo con el menor de manera regular (derecho de visita). El progenitor u otra persona que tenga el derecho de custodia no deberá infringir el derecho de visita.

El progenitor que tenga el derecho de custodia y el progenitor ausente deberán cooperar mutuamente —respetando la vida familiar y el derecho a la paz de la otra parte— para garantizar el desarrollo equilibrado del niño. El progenitor que tenga el derecho de custodia deberá facilitar información al progenitor ausente sobre el desarrollo, la salud y los estudios del menor de manera regular y no podrá retener dicha información si el progenitor ausente la solicita.

Los padres que vivan por separado ejercerán sus derechos conjuntamente en relación con las cuestiones esenciales relativas al futuro del menor, aun cuando el derecho de custodia se conceda a uno de ellos en razón de su acuerdo común o de la resolución adoptada por el tribunal, excepto si el tribunal restringe o suprime la responsabilidad parental del progenitor ausente. Las cuestiones esenciales relativas al futuro del menor comprenden el uso o cambio de nombre del hijo menor, el lugar de residencia que sea diferente al lugar de residencia compartido con el progenitor que tenga la custodia, el lugar de estancia en el extranjero, tanto como estancia temporal o residencia permanente, así como la nacionalidad, la educación y la carrera profesional del menor.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Un cónyuge podrá solicitar una pensión compensatoria del otro cónyuge tras la separación legal o, en el caso de divorcio, un ex cónyuge podrá solicitar dicha pensión del otro ex cónyuge si la necesita, sin negligencia por su parte, a menos que el (ex) cónyuge que solicita la pensión no sea digno de ella debido a su conducta durante el matrimonio. El pago de la pensión no deberá poner en peligro de ningún modo el sustento del ex cónyuge obligado a pagar la pensión, ni el de la persona o personas que este último deba mantener conjuntamente con el ex cónyuge que solicite la pensión. La obligación del pago de pensión compensatoria puede tener un plazo concreto si puede suponerse que la parte que solicita dicha pensión ya no la necesitará tras la expiración de dicho plazo.

Si el cónyuge o el ex cónyuge solicita una pensión compensatoria a causa del deterioro de su situación más de cinco años después de la separación legal, dicha solicitud se concederá solo por motivos equitativos y en casos excepcionales. Si los cónyuges viven juntos como pareja durante menos de un año y no tienen hijos comunes nacidos del matrimonio, el ex cónyuge que necesite la pensión tendrá derecho a la misma solo durante un período equivalente a la duración de su vida en común. Por motivos equitativos y en casos excepcionales, el tribunal podrá ordenar el pago de una pensión compensatoria durante un período más largo.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal de los cónyuges determina el final de su vida conyugal. Una vez que este se produzca se podrá, entre otros, solicitar al tribunal la división de los bienes gananciales.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El comienzo y el fin de la vida en común de los cónyuges como pareja y, como consecuencia, del período durante el que tengan un patrimonio común, se determinarán a discreción del tribunal. Al ejercer su potestad discrecional, el tribunal deberá examinar los diversos aspectos de la vida de los cónyuges como pareja casada (la relación sexual, la interdependencia económica, el hogar familiar común, los testimonios de unidad de la pareja, los hijos comunes, los familiares, el cuidado del hijo de cualquiera de los cónyuges, etc.). Por tanto, el tribunal determinará si la vida en común de los cónyuges como pareja casada continúa o ha finalizado mediante un análisis conjunto de todos los factores económicos, familiares, emocionales e intencionales implicados. El hecho de que cualquiera de estos factores o algunos de ellos estén ausentes no significa necesariamente que la vida común de los cónyuges como pareja casada haya finalizado, especialmente si existe una causa objetiva para dicha carencia.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Como resultado de la separación legal, que determina el final de su vida matrimonial en común, los cónyuges son libres de solicitar la división de los bienes gananciales. En este estadio, el matrimonio no ha sido todavía anulado legalmente pero los cónyuges pueden adquirir activos independientemente, excepto bienes comunes ya existentes. En relación con estos últimos, los cónyuges podrán decidir solo conjuntamente, puesto que la presunción de consentimiento ya no prevalece. Si los cónyuges tienen hijos en común, deberán acordar el modo de compartir la responsabilidad parental.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio solo podrá considerarse anulado si ha sido declarado nulo en una sentencia pronunciada por el tribunal en un procedimiento de anulación. El fallo que declare nulo el matrimonio se aplicará a todas las personas implicadas. Las consecuencias legales del matrimonio nulo se estipulan en la legislación.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El matrimonio será nulo si existe todavía un matrimonio anterior o una relación de pareja de hecho registrada de cualquiera de las partes. Además, el matrimonio será nulo si las partes del mismo son parientes en línea directa o hermanos, si cualquiera de las partes es descendiente por nacimiento del hermano de la otra parte, o si cualquiera de las partes ha adoptado a la otra parte. En el caso de que cualquiera de las partes celebrara el matrimonio como persona incapacitada a causa de una declaración de incapacidad, el matrimonio será nulo. También será nulo si, aunque la incapacidad no hubiera sido declarada en relación con la parte en cuestión en el momento del matrimonio, esta se encontrara en cualquier caso en dicha situación de completa incapacidad. El matrimonio será nulo si las partes del mismo no estaban presentes ambas cuando declararon su intención de casarse. Si cualquiera de las partes es un menor, el matrimonio también será nulo. Como excepción, los menores podrán casarse con la aprobación previa de la autoridad encargada de la custodia y de la protección del menor. Esta podrá conceder dicha aprobación solo en casos debidamente justificados y únicamente si el menor en cuestión tiene al menos dieciséis años de edad.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si ambos cónyuges celebraron de buena fe el matrimonio que fue posteriormente anulado, las consecuencias legales del matrimonio en relación con los bienes serán las mismas que en el caso de un matrimonio válido. Cuando se anule el matrimonio, los cónyuges podrán ejecutar sus reclamaciones relativas a la propiedad de acuerdo con las mismas normas que se aplican en el caso del divorcio concedido por el tribunal. Si solo uno de los cónyuges celebró el matrimonio de buena fe, estas normas se aplicarán únicamente a petición suya.

Tras la anulación del matrimonio, los cónyuges mantendrán el nombre que utilizaron durante su matrimonio. Si desean que se disponga lo contrario, pueden informar de ello al encargado del registro tras la anulación. No obstante, la ex esposa no podrá utilizar el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada si no lo utilizó durante el matrimonio.

La anulación del matrimonio no afectará a la presunción de paternidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En los asuntos de anulación del matrimonio y de divorcio los tribunales tienen la competencia exclusiva.

Si se anula un matrimonio o se concede el divorcio, el tribunal deberá decidir sobre la custodia y el mantenimiento de los hijos menores nacidos del matrimonio, incluso en ausencia de cualquier solicitud al respecto, si procede. El tribunal adoptará una resolución sobre las cuestiones secundarias (por ejemplo, la pensión compensatoria, la utilización del hogar familiar, la división de los bienes gananciales) si se presenta una solicitud a tal efecto. En ausencia de solicitud, el tribunal no decidirá sobre estas cuestiones, que podrán resolverse por las partes extrajudicialmente en un contrato.

Antes o durante el procedimiento de divorcio los cónyuges podrán solicitar mediación por iniciativa propia o podrá ser solicitada por el tribunal de oficio con el fin de alcanzar un acuerdo sobre los asuntos en litigio relativos a la relación y a la disolución del matrimonio. El acuerdo negociado por las partes como resultado de la mediación podrá ser incluido en la resolución judicial.

Si fuera necesario, el tribunal podrá obligar a los padres que solicitan el divorcio a que recurran a la mediación en relación con las cuestiones secundarias, para garantizar un acuerdo apropiado en términos de responsabilidad parental y la necesaria cooperación entre las partes.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Con el fin de obtener el divorcio, un cónyuge deberá presentar una demanda de divorcio contra el otro cónyuge. El procedimiento de anulación debe ser incoado por un cónyuge contra el otro, por el fiscal u otra tercera parte con derecho a incoar procedimientos contra ambos cónyuges. Si la parte contra la que incoa el procedimiento ya no está viva, el procedimiento se incoará contra un administrador judicial designado por el tribunal.

El procedimiento se incoará presentando una demanda que incluirá lo siguiente: el tribunal competente; los nombres, lugares de residencia y condición de las partes en el procedimiento y su representante o representantes si los hubiere; el derecho invocado y los hechos completos con las pruebas en las que se fundamente dicho derecho; los detalles a partir de los cuales se pueda determinar el ámbito de la autoridad y la competencia del tribunal; y una petición explícita (solicitud) de fallo por parte del tribunal. La demanda que incoe el procedimiento de divorcio deberá incluir detalles relativos al matrimonio, al nacimiento de cualesquiera hijos vivos nacidos del matrimonio y, si se exige, cualesquiera datos a partir de los cuales pueda determinarse el derecho a interponer una demanda. Como anexos, la demanda también deberá incluir documentos justificativos de los datos anteriores, así como el documento (o su copia o extracto) en el que se describan los hechos a los haga referencia el demandante como prueba y los documentos a partir de los cuales pueda determinarse el ámbito de autoridad y la competencia del tribunal, así como otras circunstancias que deban tenerse en consideración de manera automática, con la excepción de los datos que puedan verificarse con un documento de identidad. En este último caso, esto deberá indicarse en la demanda.

De acuerdo con las normas generales sobre la competencia, el tribunal competente en el procedimiento de divorcio será aquel con competencia en el domicilio del demandado. Si el demandado no tiene su domicilio en Hungría, será competente el tribunal de su lugar de residencia. Si dicho lugar se desconoce o está en el extranjero, será competente el tribunal de su último domicilio en Hungría. Si dicho extremo no puede confirmarse o si el demandado no tuvo domicilio alguno, será competente el tribunal del domicilio del demandante o, en su defecto, el tribunal de su lugar de residencia. Además, el tribunal competente en la zona en la que se ubique el domicilio común de los cónyuges también será competente en el caso. Esto significa que el demandante podrá optar libremente por presentar la demanda tanto ante el tribunal que sea competente de acuerdo con las normas generales sobre la competencia como ante el tribunal competente según el último lugar de residencia común de los cónyuges.

Si no puede designarse competente a ningún tribunal nacional para proceder en el caso de divorcio de acuerdo con las normas anteriores, será competente el Tribunal del distrito central de Pest.

Una vez que se incoa el procedimiento matrimonial ante un tribunal determinado, este tribunal tendrá la competencia exclusiva en cualquier nuevo procedimiento incoado en relación con el mismo matrimonio sobre los derechos de propiedad derivados de la relación matrimonial.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Véase la ficha «Asistencia jurídica gratuita».

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se podrá presentar un recurso contra la resolución. No obstante, no se podrá interponer demanda de revisión judicial o de revisión de una sentencia que anule el matrimonio o conceda el divorcio en cuanto a la propia anulación o al propio divorcio.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, una resolución dictada en un Estado miembro será reconocida automáticamente en los demás Estados miembros; por tanto, como norma general, no es necesario recurrir a ningún procedimiento especial para su reconocimiento. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento, la parte que solicite el reconocimiento deberá presentar los siguientes documentos:

• una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad;
• el certificado contemplado en el artículo 39 del Reglamento, expedido por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen conforme al formulario que figura en el anexo I del Reglamento; y
• además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía del demandado, el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o el traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte en rebeldía o cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha recibido la resolución.

De conformidad con el artículo 38 del Reglamento, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrá dispensar la presentación de los últimos dos documentos si considerase que dispone de suficiente información. Si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente lo exigiera se presentará una traducción de los documentos anexa a los mismos, que los tribunales y las autoridades húngaras puedan, en general, obtener.

De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. En este caso, la parte que solicite el reconocimiento deberá presentar su solicitud, junto con los documentos anteriormente mencionados adjuntos, ante el tribunal competente, que será el tribunal de distrito (járásbíróság) competente en la sede del tribunal regional (törvényszék) del lugar de residencia o en la residencia habitual de la parte contraria en Hungría (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest) o, si la parte contraria no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría, el tribunal de distrito competente en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o residencia habitual en Hungría de la parte que solicite el reconocimiento (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest). Si la parte que solicita el reconocimiento no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría tampoco, la demanda podrá presentarse ante el Tribunal del distrito central de Buda. El órgano jurisdiccional aplicará las disposiciones de los artículos 28 a 36 del Reglamento en el procedimiento, según proceda.

Si el reconocimiento de la sentencia es necesario para la inscripción de una entrada en el registro civil húngaro, de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, del Reglamento, deberá presentarse al encargado del registro la solicitud de reconocimiento junto con los documentos enumerados anteriormente.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el no reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. En este caso, la parte que impugne el reconocimiento deberá adjuntar a su solicitud una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, así como el certificado contemplado en el artículo 39 del Reglamento, expedido por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen conforme al modelo de formulario que figura en el anexo I del Reglamento. El tribunal competente será el tribunal de distrito con competencia en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o de la residencia habitual en Hungría de la parte contraria (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest) o, si la parte contraria no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría, el tribunal de distrito competente en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o residencia habitual en Hungría de la parte que impugne el reconocimiento (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest). Si la parte que impugna el reconocimiento no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría tampoco, la demanda podrá presentarse ante el Tribunal del distrito central de Buda. El órgano jurisdiccional aplicará las disposiciones de los artículos 28 a 36 del Reglamento al procedimiento, según proceda.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la legislación aplicable al divorcio y a la separación judicial es de aplicación en Hungría. Por tanto, en todos los casos con un componente internacional la legislación aplicada por los tribunales de Hungría será la ley especificada en el Reglamento. El Reglamento —sujeto a limitaciones— concede a los cónyuges libertad de elección de la legislación aplicable (artículos 5 a 7) y establece criterios de vinculación para determinar la ley aplicable solo en ausencia de una elección válida por las partes (artículos 8 a 10).

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Para poder obtener el divorcio en Malta, una pareja casada debe presentar una solicitud conjunta, o uno de los cónyuges debe presentar una solicitud de divorcio del otro cónyuge. En el momento en que comienza el procedimiento de divorcio, los cónyuges deben haber vivido separados por un periodo o periodos que conjuntamente sumen al menos cuatro años a lo largo de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o al menos deben haber pasado cuatro años desde la fecha de la separación judicial. El órgano jurisdiccional debe también considerar que no hay perspectiva razonable de reconciliación de los cónyuges. Otra condición es que los cónyuges y todos sus hijos deben recibir alimentos de forma adecuada cuando proceda, pero las partes pueden renunciar a este derecho a recibir alimentos en cualquier momento. Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes, salvo los efectos que resultan del divorcio, de conformidad con la ley. Debe tenerse en cuenta que no es necesario que los cónyuges hayan estado separados por un acuerdo o mediante una sentencia antes de solicitar el divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La legislación no se refiere a los motivos del divorcio. Sin embargo, ya se ha mencionado en la respuesta relacionada con las condiciones, que en el momento en que comienza el procedimiento de divorcio los cónyuges deben haber vivido separados por un periodo o periodos que conjuntamente sumen al menos cuatro años a lo largo de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o al menos deben haber pasado cuatro años desde la fecha de la separación judicial.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes, salvo los efectos que resultan del divorcio, de conformidad con la ley. La Ley de separación se aplica también respecto de los apellidos y, por tanto, la mujer puede elegir recuperar su nombre de soltera tras la separación, pero esta elección debe hacerse mediante una declaración en la escritura pública de separación y, en el caso de una separación legal, la mujer debe realizar esta declaración a través de un escrito archivado en el expediente del caso antes de la sentencia. Cuando se declara el divorcio, todos los efectos civiles junto con la obligación de las partes de vivir juntas cesan. Asimismo, los derechos sucesorios de los cónyuges también cesan, con efecto a partir de la fecha en la que tiene lugar la sentencia de divorcio en la que se convierte en res iudicata.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Un divorcio declarado entre cónyuges que hayan estado separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes. El artículo 66D, apartado 5, del Código Civil maltés prevé que cuando cese la comunidad de bienes en régimen de gananciales (community of acquests) o en régimen de separación (community of residue under separate administration) las partes tendrán derecho, en cualquier caso y si están de acuerdo, a divorciarse sin liquidar los activos que tengan en común.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Cuando se declara el divorcio, ello no supone ningún cambio en lo que concierne a los derechos y obligaciones parentales respecto de los hijos menores en común, o en lo relativo a cualquier acuerdo alcanzado entre las partes sobre la guardia y custodia de los menores. Sin embargo, una de las partes puede reclamar que la otra parte no es apta para tener la custodia de los menores, y cuando un órgano jurisdiccional realiza una declaración de esta naturaleza la parte declarada como no apta no podrá, en caso de fallecimiento de la otra parte, recuperar la custodia de los hijos menores sin una autorización judicial. Los alimentos a favor de los menores continúan estando vigentes hasta que cumplan los dieciocho años, aunque en el caso de que el hijo continúe estudiando, la obligación de alimentos continuará hasta los 23 años salvo que se acuerde lo contrario.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Un divorcio declarado entre cónyuges separados mediante un acuerdo o mediante una sentencia no supone ningún cambio en lo que se haya ordenado o en lo que hayan acordado las partes. Por lo tanto, la obligación de prestar alimentos no cesa con el divorcio, salvo que las partes decidan lo contrario. El órgano jurisdiccional en la resolución que acepta la solicitud de divorcio puede, a petición de la parte a quien le corresponde recibir los alimentos (para ella misma o para sus hijos) durante la vista, ordenar que el pago de alimentos por la otra parte se garantice a través de una garantía apropiada y razonable, de conformidad con las circunstancias de las partes. El importe de la garantía no podrá superar el de los alimentos durante cinco años. Esta solicitud también puede realizarse en cualquier momento tras la sentencia mencionada anteriormente, cuando exista obligación de prestar alimentos.

Cuando se presente una solicitud de divorcio ante el órgano jurisdiccional civil competente por parte de cualquiera de los cónyuges o por ambos tras haber acordado que su matrimonio debe disolverse, y cuando los cónyuges no estén separados a través de un acuerdo o de una sentencia judicial, antes de autorizar el divorcio, el órgano jurisdiccional citará a las partes para que comparezcan ante un mediador, designado por el propio órgano jurisdiccional o por las partes de mutuo acuerdo. El objetivo será intentar que los cónyuges se reconcilien y, en caso de que no sea posible y de que los cónyuges no hayan acordado todavía las condiciones del divorcio, el mediador intervendrá para que las partes se divorcien sobre la base de un acuerdo. Dicho acuerdo deberá alcanzarse respecto de algunos o todos los elementos siguientes:

• guardia y custodia de los menores;
• acceso de ambas partes a los menores;
• alimentos de los cónyuges o de uno de ellos, y de cada menor;
• residencia en el hogar matrimonial;
• reparto de la comunidad de bienes en régimen de gananciales (community of acquests) o en régimen de separación (community of residue under separate administration).

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación judicial se refiere a la presentación, por parte de uno de los cónyuges, de la acción legal pertinente contra el otro cónyuge, sobre la cual dicta sentencia el órgano jurisdiccional determinando los derechos y obligaciones de los cónyuges una vez separados legalmente.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las condiciones para otorgar la separación judicial son una o varias de las siguientes:

• adulterio;
• actos de violencia doméstica;
• excesos, crueldad, amenazas o agresión con lesiones graves ejercidos por una de las partes contra el demandante o contra cualquiera de sus hijos/as;
• imposibilidad de mantener la convivencia conyugal ya que el matrimonio se ha roto irremediablemente;
• abandono o ruptura de la convivencia conyugal.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

En relación con los alimentos, el cónyuge contra quien se dicta la separación debe proporcionar alimentos a la otra parte y a los hijos hasta que alcancen los dieciocho años, o hasta los veintitrés si continúan estudiando o formándose a tiempo completo. La cantidad que debe proporcionarse a la otra parte y a los hijos se determina teniendo en cuenta todas las circunstancias de los cónyuges y de los hijos, incluidas las siguientes:

• necesidades de los hijos, tras tomar en consideración todas las circunstancias;
• cualquier discapacidad, ya sea física o mental;
• enfermedades cuya gravedad comprometa la habilidad de los cónyuges o de los hijos para mantenerse a sí mismos;
• si la capacidad de obtener ingresos de la parte a quien se conceden los alimentos se vio menguada porque durante el matrimonio tuvo que ocuparse del hogar familiar, de la otra parte y de la cría de los hijos del matrimonio;
• todos los ingresos o prestaciones que los cónyuges, o que uno de ellos, reciba/n de conformidad con la ley;
• las necesidades de alojamiento de los cónyuges y de los hijos;
• la cantidad que se debería a cada una de las partes en concepto de prestación, incluidas, entre otras, las prestaciones por un plan de pensiones, ya que debido a de la separación una de las partes perderá el derecho o la posibilidad de adquirirla.

El órgano jurisdiccional puede conceder el domicilio conyugal a una de las partes a petición de esta, lo que supondría la exclusión de la otra arte, durante el periodo y bajo las circunstancias que el órgano jurisdiccional considere oportuno. El órgano jurisdiccional puede también ordenar que el domicilio conyugal sea vendido cuando esté pagado y cuando ambas partes y sus hijos tengan un alojamiento apropiado y alternativo. El órgano jurisdiccional también decidirá a quién asigna las ganancias de la venta según considere oportuno y, si el domicilio conyugal pertenece a ambas partes, lo asignará a una parte y esta parte tendrá que compensar a la otra parte por la pérdida económica.

Al dictar la sentencia de separación, el órgano jurisdiccional también debe decidir a cuál de los cónyuges le confía la custodia de los hijos menores, teniendo como máxima prioridad el bienestar de los mismos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede, a petición de una de las partes, solicitar que se declare a la otra parte no apta para tener la custodia de los hijos menores, y cuando un órgano jurisdiccional realiza una declaración de esta naturaleza, la parte declarada como no apta no tendrá derecho en caso de fallecimiento de la otra parte, a recuperar la custodia de los hijos menores sin una autorización judicial.

A la hora de separarse, la mujer puede elegir recuperar su apellido de soltera tras la separación, pero esta elección debe hacerse mediante una declaración en la escritura pública de separación y, en el caso de una separación legal, la mujer debe realizar esta declaración a través de un escrito incorporado al expediente del caso antes de la sentencia.

En todos los casos, los efectos personales de la separación no cesarán con respecto a terceros, hasta el día en que la escritura se registre en el Registro Civil.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio implica que el matrimonio no tiene efecto alguno. Ese matrimonio se declara como nulo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio es nulo si:

• no se cumplen los requisitos formales para que sea válido según el derecho del país en el que se celebra el matrimonio;
• el consentimiento de cualquiera de las partes se consigue por medio de la violencia, física o moral, o del miedo;
• si el consentimiento de cualquiera de las partes no se considera válido por razones de un error en relación con la identidad de la otra parte;
• si el consentimiento de cualquiera de las partes se obtiene mediante el fraude en relación con alguna cualidad de la otra parte que, debido a su naturaleza, podría entorpecer seriamente la vida matrimonial;
• si el consentimiento de cualquiera de las partes no se considera válido por causa de una grave falta de discreción de juicio sobre la vida matrimonial o sobre sus derechos y deberes esenciales, o por una patología psíquica grave que haga imposible que esa parte cumpla con las obligaciones esenciales del matrimonio;
• si cualquiera de las partes es impotente, ya sea absoluta o parcialmente, pero solo si dicha impotencia era anterior al matrimonio;
• si el consentimiento de cualquiera de las partes se obtiene con vistas a la exclusión positiva del matrimonio en sí, o de uno o varios elementos esenciales de la vida matrimonial o el acto conyugal en sí;
• si cualquiera de las partes somete su consentimiento a una condición referida al futuro;
• si cualquiera de las partes, aún teniendo una capacidad cognitiva adecuada, en el momento de contraer matrimonio carecía de las facultades cognitivas o de la capacidad volitiva suficiente para dar el consentimiento matrimonial, incluso como fruto de una razón transitoria;
• si el matrimonio no ha sido consumado.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Se considerará que los efectos de un matrimonio válido siempre han existido en relación con los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio que se haya declarado nulo, así como en referencia a los hijos nacidos antes de dicho matrimonio y reconocidos antes de la sentencia de nulidad. Si uno de los cónyuges actuó de buena fe, dichos efectos serán aplicables a su favor y a favor de los hijos. Si ambos actuaron de mala fe, los efectos de un matrimonio válido serán aplicables solo a favor de los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio declarado nulo. El cónyuge responsable de la nulidad del matrimonio debe pagar alimentos al otro cónyuge de buena fe por un periodo de cinco años: esta obligación cesará si la parte que actuó de buena fe se casa durante ese periodo.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

No, no existen otras alternativas puesto que solo puede hacerse ante un órgano jurisdiccional.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Una solicitud de divorcio, de separación judicial o de anulación de un matrimonio civil debe presentarse ante el Tribunal Civil (Sección de Familia), mientras que el registro de una nulidad matrimonial otorgada por un Tribunal Eclesiástico en Malta debe presentarse ante el Tribunal de Apelación. La solicitud de divorcio, separación y nulidad de un matrimonio civil debe presentarse bajo juramento. La solicitud debe resolverse en los veinte días siguientes. Los documentos que deben adjuntarse a la solicitud varían en función de lo que se quiera probar. Sin embargo, en el caso del registro de una nulidad declarada por un Tribunal Eclesiástico, debe adjuntarse una copia de la sentencia dictada por el Tribunal Metropolitano de Malta, la sentencia del Tribunal Regional de Segunda Instancia, la sentencia de ejecución y un certificado de matrimonio.

En cualquier momento del procedimiento, salvo cuando el asunto esté visto para sentencia, cada parte en una acción legal de separación puede pedir a través de una solicitud que la demanda de separación realizada se considere como una demanda de divorcio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, puede concederse el beneficio de asistencia jurídica gratuita siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 912 del Código de Organización y Procedimiento Civil.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, es posible recurrir una sentencia de divorcio, de separación judicial o de nulidad. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia para el registro de una nulidad otorgada por el Tribunal Eclesiástico de Malta no puede recurrirse.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Derecho maltés reconoce a todos los efectos una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero en relación con el estatus de una persona casada si la sentencia la dicta el órgano jurisdiccional competente en el país en el que una de las partes del procedimiento tiene su residencia o del que es nacional. Esto se realiza en el Registro Civil de Malta (Evans Building, Merchant’s Street, Valletta VLT 2000).

Además del Derecho maltés, también es de aplicación el Derecho europeo, en particular el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo. El artículo 22 de este Reglamento se refiere a los motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación o nulidad, que son:

«a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución;

c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, o bien

d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.».

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El Tribunal Civil (Sección de Familia) es el órgano jurisdiccional donde debe manifestarse la oposición al reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad. El procedimiento aplicable es el que establece el Capítulo 12 de la Legislación de Malta.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los órganos jurisdiccionales del orden civil tienen competencia para conocer y juzgar las demandas de divorcio solo si se cumple al menos uno de los dos requisitos siguientes:

• al menos uno de los cónyuges tiene su domicilio en Malta en el momento de presentar la petición de divorcio ante el órgano jurisdiccional civil competente; o
• al menos uno de los cónyuges tuvo su residencia habitual en Malta durante un periodo de un año con anterioridad inmediata a la presentación de la demanda de divorcio.

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Divorcio y separación legal - Países Bajos

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges (demanda unilateral) o ambos (demanda conjunta) pueden interponer una demanda de divorcio. El procedimiento es el mismo (véase la pregunta 11).

En cualquier caso, las partes deberán estar representadas por un abogado durante el proceso. La demanda de divorcio se resuelve en el tribunal de distrito (rechtbank) del lugar de residencia del demandante o donde resida uno de los demandantes. Se puede interponer una demanda de divorcio en cualquier momento desde la celebración del matrimonio; las partes no tienen la obligación de haber estado casadas por un periodo determinado de tiempo. El divorcio se hace efectivo con la inscripción de la resolución judicial en el Registro Civil (burgerlijke stand). La inscripción solo puede efectuarse cuando la resolución de divorcio es firme (y ha adquirido fuerza de cosa juzgada). El divorcio debe inscribirse en el registro en el plazo de seis meses desde que adquiere fuerza de cosa juzgada, de lo contrario la sentencia pierde su efecto y no podrá inscribirse en el registro. Si el matrimonio se celebra en el extranjero y el acta matrimonial no se ha inscrito en un registro civil de los Países Bajos, la sentencia de divorcio neerlandesa se inscribirá en el Registro Civil especial de la localidad de La Haya.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Según el Derecho de los Países Bajos, la única causa por la que puede concederse el divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. Un matrimonio se considera deteriorado de forma irreparable si la convivencia entre los cónyuges es insostenible y no hay posibilidad de retomar las relaciones conyugales de forma adecuada. Si la demanda la interpone solo uno de los cónyuges, el demandante debe declarar que el matrimonio se ha deteriorado de forma irreparable y, si el otro cónyuge lo niega, deberá presentar pruebas. El tribunal determinará si la ruptura del matrimonio es irreparable. Si se trata de una demanda conjunta, la sentencia de divorcio será otorgada basándose en el hecho de que ambos cónyuges creen que su matrimonio se ha deteriorado de forma irreparable.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio puede tener consecuencias en el uso de los apellidos del ex cónyuge. Una vez el divorcio es definitivo, el ex cónyuge puede volver a contraer matrimonio o formalizar una unión civil.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Régimen legal (comunidad de bienes)

Los Países Bajos tienen un régimen bastante peculiar en cuestiones de ingresos y bienes matrimoniales. El sistema ordinario previsto por la ley es la comunidad de bienes (algehele gemeenschap van goederen). En teoría, toda la propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges antes o durante el transcurso del matrimonio forma parte de la comunidad de bienes. Los bienes de ambos cónyuges se ponen en común. En teoría, todas las deudas contraídas antes o durante el matrimonio son responsabilidad conjunta, con independencia del cónyuge que las haya contraído. Un acreedor puede recuperar la deuda de la comunidad de bienes matrimonial. Esta se disuelve en el momento del divorcio, es decir, cuando la sentencia de divorcio es inscrita en el Registro Civil. En ese momento, los bienes dejan de ser comunes, y la comunidad de bienes debe repartirse. Se debe establecer qué cónyuge tiene derecho a los bienes comunes. La norma general es que cada cónyuge tiene derecho a la mitad de dichos bienes. Los cónyuges pueden decidir apartarse de esta norma y alcanzar otros acuerdos, bien en un acuerdo de divorcio (echtscheidingsconvenant) o en el momento del reparto de bienes (verdeling).

Capitulaciones matrimoniales

Los contrayentes pueden optar por un régimen distinto al previsto por la ley si llegan a un acuerdo antes o (en raras ocasiones) después de la celebración del matrimonio. Dichos acuerdos también establecen las normas para el reparto de bienes en caso de divorcio.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Custodia

Tras el divorcio, ambos progenitores continúan disfrutando de la custodia compartida de los hijos, tal y como hacían durante el matrimonio. Se puede solicitar al tribunal la concesión de la patria potestad a un progenitor solo en casos excepcionales. Ambos progenitores pueden solicitar la patria potestad exclusiva. Si un progenitor no obtiene la patria potestad tiene derecho a visitar a los hijos. Cualquier progenitor o ambos pueden solicitar al tribunal que determine las normas que rijan el derecho de visitas.

Obligación de alimentos para los hijos

Si los progenitores siguen ejerciendo la custodia compartida tras el divorcio, la intención es que alcancen un acuerdo sobre cómo compartir la carga económica de educar a los hijos. Además, pueden solicitar al tribunal que registre lo que han acordado. Si no consiguen llegar a un acuerdo, el tribunal puede determinar la cantidad a pagar en concepto de pensión alimenticia. Si se otorga la custodia exclusiva a uno de los progenitores, éste podrá solicitar al tribunal que establezca en qué medida el otro progenitor deberá contribuir a los gastos diarios de los hijos. Como norma general, se espera que los padres organicen los pagos entre ellos. Para mas información al respecto, consúltese el sitio web de la Agencia Nacional de cobro de pensiones alimenticias (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (http://www.lbio.nl/).

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

La obligación de alimentos con respecto al otro cónyuge persiste tras la disolución del matrimonio. Si los ingresos de un ex cónyuge no son suficientes para sufragar sus gastos, o no puede obtenerlos de forma razonable, puede solicitar al tribunal una resolución para que el otro ex cónyuge le pague una pensión alimenticia para cubrir sus gastos. El tribunal puede resolver la cuestión en una sentencia de divorcio o en una sentencia posterior. A la hora de calcular los pagos de la pensión, el tribunal tendrá en cuenta las necesidades del cónyuge que percibirá el pago y los recursos económicos del otro cónyuge. También se considerarán factores no económicos, tales como la duración del matrimonio o de la convivencia entre los cónyuges. Si el tribunal no fija un límite en la duración del pago de la pensión, el deber de pagar cesará en doce años. En aquellos casos en los que el cónyuge que precisa de pensión alimenticia atraviese dificultades económicas, podrá solicitar al tribunal una prórroga de este plazo. En teoría, si un matrimonio ha durado poco (menos de cinco años) y no produjo descendencia, el periodo de tiempo de obligación de alimentos no excederá la duración del matrimonio. Si los cónyuges o ex cónyuges alcanzan un acuerdo sobre los pagos de la pensión, pueden incluir dicho acuerdo en el acuerdo de divorcio.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal (scheiding van tafel en bed: separación de mesa y lecho) es un medio legal por el cual los cónyuges cesan la convivencia sin disolver realmente el matrimonio. La separación legal interesa a aquellos cónyuges que desean separarse y abordar los efectos jurídicos de hacerlo, pero que prefieren continuar casados, quizá por motivos religiosos o económicos. La separación legal deja la vía abierta a la reconciliación, pero también puede ser el primer paso hacia la disolución del matrimonio. La separación legal entra en vigor a partir de la inscripción de la sentencia judicial en el Registro de la Propiedad. Como en el caso del divorcio, deberá hacerse en un plazo de seis meses.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El único motivo para la separación legal es la ruptura irreparable del matrimonio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Las consecuencias de una separación legal para los bienes matrimoniales, la responsabilidad parental (régimen de visitas), la obligación de alimentos y las pensiones son las mismas que en el caso del divorcio. El matrimonio sigue existiendo. La ley estipula que los cónyuges que son parte de una separación legal no heredan la propiedad del otro en caso de defunción. Si, tras la separación legal, los cónyuges decidiesen que desean separarse totalmente, pueden interponer una demanda de divorcio. Las partes de una separación legal pueden vivir con la nueva pareja y rehacer su vida, pero no pueden contraer matrimonio de nuevo ni formalizar una unión de hecho.

Si tras la separación legal se interpone una demanda de divorcio de forma unilateral, se aplicarán ciertas restricciones. Las demandas unilaterales están sujetas a un periodo de espera de tres años. El tribunal puede reducir el periodo a un año en algunos casos. El periodo de tres años comienza a partir de la fecha de inscripción de la separación legal en el registro. Si se interpone una demanda de divorcio de forma conjunta tras una separación legal, no existe ningún periodo de espera. La disolución del matrimonio se hace efectiva con la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El matrimonio solo puede anularse mediante resolución judicial. El proceso de anulación debe comenzar con la interposición de una demanda. Por lo tanto, un matrimonio contraído por las partes nunca es nulo de pleno derecho de manera automática; de hecho, el matrimonio sigue siendo válido hasta su anulación. La ley prescribe los motivos para la anulación y las personas que pueden solicitarla.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

La ley establece los siguientes motivos para la demanda de anulación: las partes contrajeron matrimonio a pesar de la existencia de:

• impedimentos al matrimonio (requisitos de edad mínima, falta de consentimiento de un menor, bigamia, grado de parentesco prohibido),
• amenaza o error,
• matrimonio simulado,
• trastorno mental de uno de los cónyuges,
• falta de competencia del funcionario del registro,
• falta de testigos.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La anulación tiene efecto retroactivo y se aplica desde el momento de la celebración del matrimonio. Esto significa que después de la anulación por resolución judicial se considera que el matrimonio nunca existió. Se hará una excepción en determinadas circunstancias, en cuyo caso la anulación tiene los mismos efectos que el divorcio. Por ejemplo, los hijos nacidos en un matrimonio anulado siguen manteniendo relaciones jurídicas con ambos progenitores. Otra excepción hace referencia al matrimonio putativo, es decir, cuando un cónyuge desconocía que el matrimonio era defectuoso. Véanse también las condiciones para la anulación del matrimonio en la pregunta 8. Un cónyuge de buena fe puede, por ejemplo, solicitar al otro cónyuge el pago de pensión alimenticia.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La mediación es común en casos de divorcio en los Países Bajos. Con la ayuda de un mediador y, cuando sea necesario, de sus abogados, los cónyuges pueden intentar alcanzar un acuerdo relativo al divorcio y sus efectos. Este acuerdo se recogerá por escrito en un acuerdo de divorcio (echtscheidingsconvenant). Este puede abordar asuntos tales como el reparto de bienes, las obligaciones de alimentos entre cónyuges y un plan de cuidado de los hijos. El tribunal puede incluir el acuerdo que se redacte durante el proceso de mediación en su sentencia.

Existe la Asociación de abogados especializados en Derecho de familia y de mediadores del divorcio (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars), cuyos miembros son especialistas en campos como el divorcio y el pago de alimentos. Además, son especialistas en mediación de divorcios y todo aquello que conlleva. Se puede encontrar información adicional en: http://www.vas-scheidingsbemiddeling.nl/.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Demanda

El proceso de divorcio siempre se inicia con una demanda ante el tribunal (verzoekschrift). Esta demanda debe incluir los apellidos, nombres y dirección o lugar de residencia de los cónyuges. Si existen hijos menores afectados por el divorcio, los mismos datos deberán ser incluidos. El demandante puede solicitar medidas de compensación secundarias (nevenvoorzieningen). La demanda está relacionada con el divorcio. El tribunal puede conceder medidas de compensación secundarias en los siguientes casos, entre otros:

• la responsabilidad parental respecto de los menores y el derecho de visita,
• la obligación de alimentos respecto de un ex cónyuge o los hijos,
• el reparto de bienes conyugales o la imposición del régimen acordado en capitulaciones matrimoniales,
• el uso de la residencia conyugal,
• la compensación de pensiones.

El abogado del demandante (advocaat) deberá interponer la demanda ante el tribunal de distrito (rechtbank). Si el demandante reside en los Países Bajos, la demanda se puede interponer ante el tribunal de distrito donde reside el demandante. Si el demandante no reside en los Países Bajos pero el otro cónyuge sí, la demanda deberá interponerse ante el tribunal de distrito donde reside el otro cónyuge. Si ambos cónyuges residen fuera de los Países Bajos, la demanda deberá interponerse ante el tribunal de distrito de La Haya.

Documentos que deben presentarse:

• extractos originales (emitidos en los últimos tres meses) del Registro Civil sobre ambos cónyuges, indicando nacionalidad, estado civil y, en el caso de ciudadanos no neerlandeses, la fecha de entrada a los Países Bajos; si uno de los cónyuges es ciudadano neerlandés y el otro no, la fecha de asentamiento en los Países Bajos deberá especificarse,
• extractos originales de las inscripciones de nacimientos (emitidos en los últimos tres meses) de los hijos menores,
• extracto original del acta matrimonial (que puede obtenerse en el ayuntamiento del lugar de celebración del matrimonio, y que deberá haber sido emitido en los últimos tres meses); si el matrimonio se celebró en el extranjero, el acta de matrimonio original o un extracto anterior serán suficientes,
• si existen hijos menores, un plan de cuidados que especifique los acuerdos entre los progenitores relativos a sus hijos y contemple el cuidado diario de los niños, su educación, participación en eventos deportivos, atención médica, vacaciones, días festivos, finanzas y otros asuntos prácticos (recogida y transporte).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Si el demandante no puede sufragar los costes de un abogado o mediador, puede recibir asistencia jurídica gratuita, sujeta a determinadas condiciones. La Junta de asistencia jurídica (Raad voor de rechtsbijstand) ofrece asistencia jurídica solo a través de mediadores registrados con la Junta. Se puede obtener información adicional sobre los requisitos de elegibilidad en http://www.rvr.org/.

El derecho a la asistencia jurídica también se aplica en disputas transfronterizas si el demandante reside fuera de los Países Bajos pero en la Unión Europea, en virtud de la Directiva europea en materia de asistencia jurídica transfronteriza (DO L 26 de 31.1.2003). Se puede presentar una solicitud de asistencia jurídica a la Junta de asistencia jurídica de La Haya mediante un formulario estándar establecido en la citada Directiva, que es idéntico en todos los Estados miembros. En caso necesario, la Junta de asistencia jurídica puede ayudar a los demandantes a elegir un abogado. Se puede encontrar información adicional en: http://www.rvr.org/.

En determinados casos, y si existe un tratado, el demandante que reside fuera de la Unión Europea puede obtener asistencia jurídica en los Países Bajos. En este sentido, los siguientes tratados son pertinentes: el Convenio de La Haya sobre procedimiento civil (1954), el Acuerdo europeo sobre transmisión de solicitudes de asistencia jurídica (1977) y la Convención de La Haya sobre acceso internacional a la justicia (1980). Estos tratados incluyen una disposición que estipula que los ciudadanos de los Estados firmantes pueden acceder a la asistencia jurídica de otros Estados firmantes, bajo las mismas condiciones que los ciudadanos de esos Estados. Cuando se dan tales casos en los Países Bajos, una declaración de falta de recursos económicos (verklaring van onvermogen) debe solicitarse a la autoridad competente en el lugar de residencia habitual del demandante. La solicitud de asistencia jurídica y la declaración de recursos insuficientes las enviará tal autoridad a las autoridades competentes del país donde se conceda la asistencia jurídica. Estas últimas evaluarán si el demandante tiene derecho a asistencia jurídica.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, se puede presentar un recurso en el registro del tribunal de apelación (gerechtshof) durante los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de divorcio. La sentencia del tribunal de apelación, por norma general, puede recurrirse de derecho en el Tribunal Supremo (Hoge Raad der Nederlanden). Las partes litigantes también precisan de representación legal en estos procesos.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El 1 de marzo de 2005 entró en vigor en los Estados miembros el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, conocido como Reglamento Bruselas II bis (o el Reglamento Bruselas II). El Reglamento Bruselas II bis es de aplicación en divorcios, separaciones y anulación de matrimonio. En virtud de este Reglamento, las resoluciones de divorcio dictadas en un Estado miembro (salvo Dinamarca) serán reconocidas en los Países Bajos sin necesidad de recurrir a un procedimiento especial (artículo 21, apartado 1). Del mismo modo, no hay necesidad de recurrir a procedimientos especiales para actualizar los registros de estado civil, por ejemplo, cuando debe añadirse una anotación a un acta de matrimonio.

Cualquier parte interesada puede iniciar procedimientos legales para determinar si es necesario reconocer o no una sentencia de divorcio emitida en otro país. El Reglamento Bruselas II bis prevé una lista de motivos de denegación del reconocimiento de la resolución de divorcio. Por ejemplo, si el reconocimiento contraviene el orden público. También se tendrá en cuenta si el demandado (la parte que no interpuso la demanda) fue debidamente informado del procedimiento. No obstante, la resolución no puede ser revisada. De conformidad con el Reglamento Bruselas II bis, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen de la sentencia expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado de dicha sentencia conforme al modelo de formulario estándar. El certificado incluirá información relativa al país de origen de la sentencia, los datos personales de las partes, si la decisión se adoptó por defecto de aparición, el tipo de sentencia, por ejemplo si es de divorcio o de separación legal, la fecha de la sentencia y el órgano jurisdiccional que la dictó.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Si una parte interesada desea oponerse al reconocimiento de una sentencia de divorcio extranjera en los Países Bajos, podrá presentar una solicitud de no reconocimiento ante el juez de medidas provisionales (voorzieningenrechter) del tribunal de distrito de su lugar de residencia habitual.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

El 1 de enero de 2012 entró en vigor el Libro 10 del Código Civil neerlandés (Burgerlijk Wetboek). El Libro 10 del Código Civil incluye las normas de conflicto de leyes que determinan la legislación aplicable.

La norma principal es que los tribunales siempre aplicarán la ley de divorcio de los Países Bajos, con independencia de la nacionalidad y residencia habitual de los cónyuges. Si, por ejemplo, una pareja casada interpone una demanda de divorcio en los Países Bajos y ambos son ciudadanos neerlandeses que residen en este país, la ley de divorcio de los Países Bajos se aplicará de forma automática. El único caso en que no se aplica esto es cuando los cónyuges eligen la ley que se aplicará en el divorcio. Los cónyuges pueden optar específicamente por la ley nacional de aplicación durante el proceso de divorcio, en sustitución de la ley neerlandesa. Por consiguiente, una pareja belga puede elegir ampararse en la legislación belga en materia de divorcio.

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Divorcio y separación legal - Austria

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Derecho austriaco, se reconocen tres tipos de divorcio: el divorcio motivado por el incumplimiento de un deber matrimonial, el ocasionado por el cese de la convivencia conyugal desde al menos tres años y el divorcio de mutuo acuerdo.

Uno de los cónyuges puede solicitar el divorcio si el otro ha incumplido gravemente un deber matrimonial o ha incurrido en un comportamiento deshonroso e inmoral que ha desestabilizado el matrimonio de modo que no quepa esperar de forma razonable que pueda restablecerse la convivencia inherente a la vida conyugal.

Si la convivencia conyugal ha cesado desde hace tres años, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio alegando la ruptura irreparable del matrimonio.

Los cónyuges pueden solicitar de mutuo acuerdo el divorcio siempre y cuando el cese de la convivencia conyugal haya tenido lugar al menos seis meses antes y ambos reconozcan que la ruptura matrimonial es inevitable y se muestren plenamente de acuerdo en iniciar los trámites de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El principal motivo de divorcio es la existencia de desavenencias irreparables en la convivencia conyugal. Dichas desavenencias pueden estar motivadas por el incumplimiento grave de alguno de los deberes matrimoniales por parte de uno de los cónyuges, sobre todo adulterio o malos tratos físicos o psicológicos graves. También puede ser causa de divorcio el propio comportamiento, aun cuando no pueda considerarse un incumplimiento, si es resultado de una enfermedad mental o una discapacidad comparable que haya desestabilizado el matrimonio del tal modo que no quepa esperar de forma razonable que pueda restablecerse la convivencia conyugal. Del mismo modo, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio si su pareja padece una enfermedad contagiosa o que le genere rechazo. En cualquiera de los casos expuestos, el cónyuge que solicita el divorcio tiene la obligación de demostrar la veracidad de los motivos alegados. Si el cese de la convivencia conyugal se ha producido hace más de tres años, no es preciso alegar o probar la existencia de una falta.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

En principio, ambos cónyuges pueden conservar el apellido que han utilizado durante el matrimonio. No obstante, si uno de los cónyuges ha adoptado el apellido del otro, tiene la posibilidad de recuperar su apellido de soltero/a.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Los cónyuges poseen, en principio, plena libertad para determinar por consenso qué destino desean dar a su patrimonio. En este contexto, cabe la posibilidad de que se produzca una renuncia mutua (en cuyo caso, el régimen de separación de bienes vigente durante el matrimonio queda intacto tras su disolución), de que se distribuyan los bienes comunes ocasionales en función de lo establecido por el régimen económico correspondiente o de que parte del patrimonio se transmita de un cónyuge a otro.

Siempre y cuando no se haya concertado nada al respecto, cualquiera de los cónyuges puede solicitar a un órgano jurisdiccional que proceda al reparto de determinados bienes. Son objeto de este reparto tanto los bienes de uso conyugal (eheliche Gebrauchsvermögen) como los ahorros realizados por el matrimonio (ehelichen Ersparnisse). Entre los bienes de uso conyugal se encuentran el domicilio conyugal, el mobiliario y menaje y los objetos restantes que puedan haber sido de utilidad para los cónyuges durante el periodo de convivencia. Por ahorros realizados por el matrimonio se entienden todos aquellos ahorros o inversiones realizados por el matrimonio a lo largo de su vida en común.

Quedan excluidos del reparto, por ejemplo, el patrimonio que los cónyuges aportaran al matrimonio, así como el adquirido por herencia o donación. Tampoco pueden ser objeto del reparto los bienes que hayan servido para el uso exclusivo profesional o personal de uno de los cónyuges, así como las empresas o participaciones empresariales, siempre y cuando estas no representen simplemente un valor económico.

El órgano jurisdiccional debe distribuir equitativamente el patrimonio tras considerar todas las circunstancias relevantes, prestando especial atención a la medida en que cada cónyuge haya contribuido a la adquisición de los bienes de uso conyugal y a los ahorros realizados por el matrimonio y teniendo en cuenta asimismo el bienestar de los hijos. Se consideran también contribuciones el pago de la manutención, la aportación de ganancias, la llevanza del hogar común, el cuidado y educación de los hijos comunes y cualquier otra prestación matrimonial.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Desde la entrada en vigor, el 1 de julio de 2001, de la Ley de modificaciones en materia de derechos de la infancia (Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz), los padres separados disfrutan de amplias posibilidades para determinar el ejercicio de la patria potestad. En caso de divorcio, la patria potestad sobre los hijos matrimoniales menores sigue correspondiendo en principio a los dos progenitores. No obstante, si ambos quieren conservar la patria potestad a todos los efectos como si continuaran casados, es preciso que remitan al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo razonable, un acuerdo sobre el lugar de residencia habitual del menor o menores. Los progenitores también pueden llegar a un acuerdo ante el órgano jurisdiccional en virtud del cual la patria potestad exclusiva del menor se asigna a uno de los progenitores o la patria potestad de uno de los progenitores se limita a determinadas cuestiones.

Desde la aprobación de la Ley de modificaciones en materia de menores y de modificación del apellido (Kindschafts- und Namensrechtsänderungsgesetz) de 2013, el órgano jurisdiccional también puede disponer la patria potestad compartida en contra de la voluntad de uno de los progenitores o incluso de los dos si considera que la patria potestad compartida garantiza en mayor medida el bienestar del menor en comparación con la patria potestad exclusiva de un progenitor. Los progenitores también deben llegar a un acuerdo acerca de cuál va a ser el hogar principal del menor. En caso de que la patria potestad compartida no contribuya al bienestar del menor, el órgano jurisdiccional debe decidir cuál de los progenitores debe ejercer la patria potestad exclusiva en el futuro.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge responsable, exclusiva o principalmente, de la ruptura matrimonial debe pagar al otro una pensión ajustada al nivel de vida de los cónyuges, siempre y cuando las rentas patrimoniales y profesionales que cabe esperar que este último perciba en función de las circunstancias resulten insuficientes. Si ambos cónyuges comparten la responsabilidad del divorcio y no pesa sobre ninguno la responsabilidad principal de la ruptura, se puede conceder al que no pueda mantenerse por sí mismo una contribución a su manutención que sea equitativa atendiendo a las necesidades y la situación económica del otro cónyuge. La obligación de pago puede tener un límite temporal. Si el divorcio es de mutuo acuerdo, los cónyuges pueden decidir libremente si alguno debe percibir una pensión o si ambos están dispuestos a renunciar a esta.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El sistema jurídico austriaco no contempla esta institución jurídica.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El Derecho matrimonial austriaco contempla la figura de la nulidad del matrimonio (Ehenichtigkeit). Se considera que un matrimonio es nulo si no se ha celebrado respetando las formas establecidas o si en el momento del enlace uno de los cónyuges carecía de capacidad de obrar, no era plenamente consciente de sus actos o se encontraba en un estado de enajenación transitoria. Asimismo, es nulo todo matrimonio contraído con el propósito exclusivo o fundamental de facilitar que uno de los cónyuges adopte el apellido o la nacionalidad del otro, sin que sea posible justificar la existencia de convivencia marital. Por último, se considera que un matrimonio es nulo si uno de los cónyuges está unido por vínculo matrimonial a un tercero en el momento del enlace o si el matrimonio se ha celebrado de forma ilegal entre parientes consanguíneos.

Es posible solicitar la anulación (Aufhebung der Ehe) por sentencia judicial de un matrimonio si en el momento de su celebración uno de los cónyuges carecía de capacidad de obrar plena y su representante legal no consintió dicha celebración, o si alguno de los contrayentes desconocía que se trataba de un acto matrimonial o, aun sabiéndolo, no quiso declararse deliberadamente dispuesto a celebrarlo. Asimismo, un cónyuge puede solicitar la anulación si cometió un error con respecto a la identidad del otro contrayente o con respecto a las circunstancias que lo rodeaban, de modo que, de haber conocido la verdadera situación o de haber apreciado correctamente la naturaleza del matrimonio, no hubiera prestado su consentimiento. La anulación también es posible si ha mediado un engaño intencionado sobre las circunstancias reales en las que se celebraba el matrimonio o si alguno de los contrayentes estaba sometido a coacción.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Véase la respuesta a la pregunta del apartado 7.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si se declara la nulidad de un matrimonio, se considera a todos los efectos que este nunca se ha celebrado. En caso de que solo uno de los contrayentes desconociera en el momento de la celebración que el matrimonio era nulo, la relación patrimonial entre los cónyuges queda regulada por las mismas disposiciones aplicables a los casos de divorcio. Tras la declaración de nulidad, los hijos que hayan nacido en el seno de este matrimonio siguen considerándose del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El divorcio, la anulación o la nulidad de un matrimonio solo pueden ser declarados por un órgano jurisdiccional. No obstante, cualquier problema relacionado con el divorcio puede resolverse también por vía extrajudicial (por ejemplo, a través de la mediación).

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los litigios relacionados con el divorcio o la anulación o nulidad de un matrimonio, así como las controversias relativas a su existencia, son competencia de los tribunales de distrito (Bezirksgerichte). La resolución de todos estos asuntos corresponde exclusivamente al tribunal de distrito en cuya demarcación se encuentre o se encontrara por última vez la residencia habitual común de los cónyuges. En caso de que en el momento de la interposición de la demanda ninguno de los cónyuges tenga su residencia habitual en esa demarcación o no tengan residencia habitual común en territorio nacional, conoce de la causa el órgano jurisdiccional de la residencia habitual del demandado. Si este no tiene su residencia habitual en Austria, es competente el órgano jurisdiccional de la residencia habitual del demandante y, en su defecto, el Tribunal de Distrito de Viena Centro (Bezirksgericht Innere Stadt Wien). Los órganos jurisdiccionales austriacos tienen competencia en este tipo de litigios si alguno de los cónyuges posee nacionalidad austriaca o si el demandado (al menos uno de los litigantes en caso de tratarse de una demanda de nulidad) tiene su residencia habitual en Austria, si el demandante tiene su residencia habitual en este país, si ambos cónyuges tuvieron su última residencia habitual común en territorio austriaco o si el demandante es apátrida o en el momento de la celebración del matrimonio era ciudadano austriaco. Aunque esta competencia jurisdiccional es exclusiva, cabe la posibilidad de acordar otra alternativa.

La interposición de una demanda de divorcio se atiene a las disposiciones generales que rigen el ejercicio de acciones civiles. Si el divorcio es de mutuo acuerdo (en cuyo caso, se tramita por un procedimiento de jurisdicción voluntaria), los cónyuges presentan un escrito firmado por ambos. En cualquier caso, es preciso adjuntar un certificado de matrimonio, si bien siempre resulta conveniente presentar cualquier otro documento que respalde la solicitud.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En los procedimientos de divorcio es posible obtener asistencia jurídica gratuita, conforme a lo establecido en las disposiciones generales relativas a esta materia (véase «Asistencia jurídica gratuita: Austria»). En los procedimientos de divorcio rige una obligación parcial de representación letrada, lo que implica que la parte litigante que no quiera intervenir personalmente ante el órgano jurisdiccional solo puede estar representada por un abogado.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las partes pueden recurrir las sentencias de divorcio, anulación o nulidad, así como las relativas a la existencia del matrimonio, que hayan sido dictadas en primera instancia. El recurso de apelación correspondiente se interpone ante el tribunal regional (Landesgericht) al que esté subordinado el tribunal de distrito competente.

La sentencia de este órgano jurisdiccional de segunda instancia solo es recurrible en casación en caso de que el fallo dependa de la resolución de una cuestión jurídica sobre Derecho sustantivo o procesal que resulte esencial para la garantía de la unidad de Derecho, la seguridad jurídica o el desarrollo jurisprudencial, por ejemplo, porque el órgano de apelación se desvíe de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Civil y Penal (Oberster Gerichtshof) austriaco, o porque esta no exista o no sea uniforme.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

En Austria, tales resoluciones (excepto las dictadas en Dinamarca) son reconocidas automáticamente, es decir, sin necesidad de recurrir a procedimiento de reconocimiento alguno, en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 (en lo sucesivo, el «Reglamento Bruselas II bis»). Conforme al Reglamento Bruselas II bis, por lo general la condición previa es que el proceso de divorcio, anulación o declaración de nulidad se haya iniciado después del 1 de marzo de 2001 (véase el artículo 64 del Reglamento Bruselas II bis para las excepciones). En los casos con fecha anterior, es de aplicación en primer lugar el Reglamento que precedió al Reglamento Bruselas II bis. Las resoluciones de Dinamarca siguen requiriendo por regla general un procedimiento de reconocimiento especial.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El escrito de oposición al reconocimiento de una resolución de disolución del matrimonio dictada en el extranjero debe presentarse ante el tribunal de distrito en cuya demarcación tengan o hayan tenido las partes su última residencia habitual común. Si ninguna de las partes tuviera su residencia habitual en esa demarcación o si nunca han tenido residencia habitual común en Austria, es competente el tribunal de distrito de la demarcación en que se encuentre la residencia habitual del demandante o, en su defecto, el Tribunal de Distrito de Viena Centro [artículo 76 de la Ley relativa al ejercicio de la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios en materia civil (Jurisdiktionsnorm)].

El procedimiento se rige por la Ley de procedimientos no contenciosos (Außerstreitgesetz). De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Bruselas II bis, el demandante debe presentar una copia de la resolución y el certificado expedido por el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 39 de dicho Reglamento.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La ley aplicable al divorcio en aquellos casos en los que existe una conexión con la ley de otro Estado se determina en virtud del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial («Reglamento Roma III») (DO L 343 de 29.12.2010, p. 10). Las normas de conflicto de leyes del Reglamento Roma III son de aplicación universal, aun cuando la ley que debe aplicarse no sea la de un Estado miembro participante en la cooperación reforzada.

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Divorcio y separación legal - Polonia

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Para obtener el divorcio, es necesario presentar una demanda ante la secretaría del tribunal regional (sąd okręgowy) territorialmente competente en el lugar en que se encuentre el último domicilio conyugal. El tribunal dicta su sentencia tras la celebración de una vista. Para dictar una sentencia de divorcio no es imprescindible que haya separación previa. La declaración de divorcio se sustancia en la constatación de una alteración definitiva y duradera del vínculo conyugal.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La resolución de divorcio se sustancia en la constatación de una alteración definitiva y duradera del vínculo conyugal. Estas dos condiciones son acumulativas [artículo 56, apartado 1, del Código de familia y tutela].

No obstante, no se podrá declarar el divorcio si, a pesar de la existencia de una alteración definitiva y duradera del vínculo conyugal, se viera afectado el interés de los hijos menores comunes del matrimonio o si la declaración de divorcio fuera contraria a los principios de coexistencia social por otros motivos. El divorcio tampoco es admisible si lo solicita el cónyuge en quien recaiga la responsabilidad exclusiva de que se haya alterado el vínculo conyugal, a menos que el otro cónyuge acepte el divorcio o que su negativa a aceptar el divorcio sea, en determinadas circunstancias, contraria a los principios de coexistencia social.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

En el plazo de tres meses a partir de que la sentencia de divorcio adquiera fuerza de cosa juzgada, el cónyuge divorciado que hubiera cambiado su apellido al contraer matrimonio puede retomar el apellido que tuviera con anterioridad a contraer nupcias, presentando una solicitud al responsable del registro civil o al cónsul competente. Una persona divorciada puede volver a contraer matrimonio libremente.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

De conformidad con la legislación aplicable, a partir de la celebración del matrimonio los cónyuges pasan al régimen de bienes gananciales por lo que respecta a los bienes adquiridos por uno de los cónyuges o ambos mientras era de aplicación dicho régimen. Los bienes que no se encuadren en la comunidad de bienes constituyen el patrimonio personal de cada uno de los cónyuges. A instancia de uno de los cónyuges, en la sentencia de divorcio el tribunal puede repartir el patrimonio conjunto, a menos que este reparto implique un retraso excesivo del procedimiento. Los cónyuges son copropietarios a partes iguales de los bienes gananciales. No obstante, por razones de peso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar al tribunal que reparta dichos bienes en razón de lo que cada cónyuge haya contribuido a la adquisición de los mismos.

Si los cónyuges comparten vivienda, el tribunal determinará en la sentencia de divorcio cómo se ha de organizar el disfrute de la misma. En aquellos casos excepcionales en los que la conducta manifiestamente condenable de uno de los cónyuges imposibilite la convivencia, el tribunal puede, a instancia del otro cónyuge, ordenar su expulsión. A instancia de ambos cónyuges, el tribunal también puede pronunciarse sobre cómo se ha de utilizar la vivienda de forma compartida o su atribución a uno de los cónyuges, si el otro accede a abandonar la vivienda sin que se le facilite alojamiento alternativo o sustitutivo, siempre que ello sea posible. El tribunal que se pronuncie sobre la vivienda común tendrá en cuenta sobre todo las necesidades de los hijos y del cónyuge al que se confíe la patria potestad.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En la sentencia de divorcio el tribunal decide sobre la patria potestad de los hijos menores de ambos cónyuges, el régimen de visitas entre progenitores e hijos y la cantidad a pagar por cada cónyuge para cubrir los gastos de manutención y educación de los hijos. El tribunal tiene en cuenta todo acuerdo por escrito de los cónyuges sobre cómo ejercer la patria potestad y el derecho a mantener el contacto con el menor tras el divorcio, si dicho acuerdo redunda en el interés superior del menor. Los hermanos no deben ser separados, a menos que el interés superior de uno de ellos exija otra solución.

En caso de que no haya acuerdo entre los cónyuges y habida cuenta del derecho del menor a la tutela de ambos progenitores, el tribunal decidirá cómo se ha de ejercer la patria potestad y el contacto con el menor tras el divorcio. El tribunal puede confiar el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores limitando la del otro a determinadas obligaciones y facultades en relación con los menores, en la medida en que redunde en el interés superior de estos últimos.

A instancia conjunta de los progenitores, el tribunal no se pronuncia sobre el contacto con el menor.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El ex cónyuge que no haya sido considerado responsable único de la ruptura del matrimonio y que atraviese dificultades económicas tendrá derecho a solicitar al otro cónyuge el pago de una pensión alimenticia, que se calculará en función de sus necesidades razonables y de la capacidad de percibir ingresos del otro cónyuge.

Cuando el cónyuge que no haya sido considerado responsable único de la ruptura del matrimonio experimente un deterioro sustancial de su situación económica a raíz del divorcio, aunque no se encuentre en situación de penuria, el tribunal podrá, a instancias de dicho cónyuge, declarar que el cónyuge considerado como único responsable de la ruptura del matrimonio tiene la obligación de aportar recursos para cubrir las necesidades justificadas del primero.

La obligación de abonar una pensión alimenticia al otro cónyuge se extinguirá en el supuesto de que este vuelva a contraer matrimonio. No obstante, si el deudor de la pensión alimenticia es el cónyuge divorciado que no ha sido declarado único responsable de la alteración del vínculo conyugal, dicha obligación expirará también cinco años después del divorcio, a menos que, debido a circunstancias excepcionales y a petición del deudor, el tribunal amplíe dicho período de cinco años.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Se trata de una separación formal, es decir, que la dicta el tribunal en virtud del artículo 61, apartados 1 a 6, del Código de familia y tutela.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La condición para la separación es la constatación de una alteración definitiva del vínculo conyugal. Sin embargo, a pesar del fracaso completo de la vida en común, no se declarará la separación si se vieran afectados los intereses de los hijos menores de los cónyuges o si, por otras razones, la decisión de separación fuera contraria a los principios de coexistencia social. Si los cónyuges no tienen hijos menores en común, el tribunal puede dictar la separación a instancia conjunta de los cónyuges.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Los efectos jurídicos de una separación son los mismos que en caso de divorcio. No obstante, el cónyuge separado no puede volver a contraer matrimonio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Por nulidad del matrimonio se entiende la cancelación de todos los efectos del matrimonio con carácter retroactivo, es decir, como si nunca se hubiera celebrado el matrimonio. La única excepción a esta regla se aplica los hijos del matrimonio declarado nulo, que conservan su condición de hijos nacidos dentro del matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Las causas para anular un matrimonio se enumeran en el Código de familia y tutela:

• Un contrayente es menor de la edad legal para poder contraer matrimonio (artículo 10 del Código de familia y tutela).
• Un contrayente tiene incapacidad jurídica total (artículo 11 del Código de familia y tutela).
• El contrayente padece una enfermedad o discapacidad mental (artículo 12 del Código de familia y tutela).
• El contrayente tiene un vínculo matrimonial con otra persona (artículo 13 del Código de familia y tutela).
• Los contrayentes están emparentados en línea de consanguinidad directa, colateral (hermanos y hermanas, incluyendo hermanastros y hermanastras, y hermanos y hermanas nacidos fuera del matrimonio) o afinidad lineal (artículo 14 del Código de familia y tutela); no obstante, por razones de peso, el tribunal puede autorizar el matrimonio entre afines.
• Los contrayentes están emparentados por adopción (artículo 15 del Código de familia y tutela).
• Se ha presentado una declaración en la que se alega que, al contraer matrimonio, el cónyuge era incapaz de expresar su propia voluntad, por cualquier motivo, o desconocía la identidad de la otra parte o se encontraba bajo la influencia de una amenaza ilícita (artículo 15, apartado 1, del Código de familia y tutela).
• En caso de que matrimonio por poder, el poderdante podrá exigir que el matrimonio se declare nulo si el tribunal no ha autorizado al apoderado a manifestar la voluntad de contraer matrimonio, o si el poder es nulo o ha sido revocado válidamente. Sin embargo, caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges empiezan a vivir juntos.

Cualquiera de los motivos citados anteriormente debe preexistir en el momento de contraer matrimonio. Además, si ha dejado de existir el motivo de anulación, el matrimonio celebrado pese a la existencia de un obstáculo no puede anularse.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Las resoluciones de anulación del matrimonio tienen carácter constitutivo y surten efectos frente a terceros (erga omnes). Existen dos clases de efecto:

• ex tunc, es decir, efectos que se remontan a la fecha en que se contrajo matrimonio; por ejemplo, cuando los cónyuges restablecen el estado civil que tenían antes del matrimonio y retoman el apellido anterior; el cónyuge y la familia del otro cónyuge ya no están emparentados por afinidad y la herencia forzosa es imposible,
• ex nunc, es decir, efectos que surgen cuando la resolución de anulación del matrimonio es definitiva; por ejemplo, respecto a las relaciones patrimoniales.

Los efectos de la anulación del matrimonio en la relación entre los cónyuges y los hijos fruto del matrimonio y las relaciones patrimoniales entre los cónyuges se rigen por las leyes de divorcio pertinentes. Cabe señalar que el cónyuge que contrajera matrimonio de mala fe es considerado responsable de la ruptura del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

En Polonia, se pueden usar los servicios de mediación familiar. Su objetivo fundamental es resolver conflictos entre los cónyuges de manera que se evite el divorcio o la separación. Si ello no fuera posible, su objetivo sería determinar las condiciones del divorcio (en materia de patrimonio o cuidado de los hijos) de manera amistosa. Los servicios de mediación se ofrecen principalmente a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones. Los cónyuges también pueden recurrir a distintas formas de terapia familiar o dirigirse a psicólogos, psicoterapeutas, grupos de apoyo, etc. La mediación también es posible en fase judicial.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas de divorcio, separación o anulación del matrimonio deberán interponerse ante el tribunal regional (sąd okręgowy) que tenga competencia en el último lugar de residencia común de los cónyuges. En ausencia de tal tribunal, las demandas deberán interponerse ante un órgano jurisdiccional regional que tenga competencia en el lugar de residencia del demandante.

Se aplica una tasa judicial en tales demandas.

Se deberán adjuntar los siguientes documentos a la demanda: copias de los documentos del estado civil (certificado de matrimonio y partida de nacimiento de los hijos), poder que autorice a un abogado a representar a una parte (si esa parte ha optado por elegir su propio letrado), otros certificados que sean pertinentes al caso (certificados médicos, documentos oficiales, resoluciones administrativas, etc.).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí. La parte que, como consecuencia de su situación económica, no esté en condiciones de pagar las tasas judiciales podrá solicitar al tribunal una exención total o parcial y podrá, además, solicitar al tribunal que designe a un representante de oficio.

La persona que solicite la exención total o parcial de las tasas procesales o la asignación de un representante de oficio debe adjuntar a la demanda una declaración de su situación económica (en el correspondiente formulario disponible en el tribunal), una nómina con sus ingresos y cualquier otra información relativa a su situación patrimonial y familiar.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí, en todos estos casos es posible presentar un recurso al tribunal de segunda instancia. Los cónyuges pueden recurrir ante tribunales de apelación contra las decisiones del tribunal regional.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo, el «Reglamento Bruselas II bis»), tales decisiones son reconocidas en Polonia de forma automática sin procedimiento especial de reconocimiento alguno (artículo 21 del Reglamento Bruselas II bis).

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Cualquiera de las partes interesadas puede solicitar una resolución en la que se reconozca o no una sentencia (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). En Polonia, tales solicitudes se presentan en los tribunales regionales. La jurisdicción local viene determinada por la referencia al lugar de residencia habitual de la persona contra la que se interpone la solicitud para resolver el reconocimiento o no de una sentencia. Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo anterior se encuentre en Polonia, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución (artículo 29, apartado 2, del Reglamento Bruselas II bis).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Polonia es un país signatario de muchos acuerdos internacionales que rigen el asunto citado anteriormente. Tales acuerdos prevalecen sobre el Derecho internacional privado de Polonia. Por tanto, se aplicarán normativas diferentes en función de si los cónyuges tienen diferente nacionalidad. Si no existe un acuerdo internacional, será de aplicación la Ley de 14 de febrero de 2011 relativa al Derecho internacional privado. De conformidad con el artículo 54 de dicha Ley, un matrimonio se disuelve en virtud de la legislación nacional de los cónyuges de aplicación en el momento en que se presenta la solicitud de disolución del matrimonio. Si no existe una legislación nacional común aplicable a los cónyuges, se aplicará la del país en que ambos cónyuges residan en el momento en que se presenta la solicitud de disolución del matrimonio. Si los cónyuges no comparten lugar de residencia en el momento en que se presenta tal solicitud, la legislación aplicable se corresponderá con la del último país en que ambos cónyuges compartían domicilio, siempre que se trate del lugar de residencia habitual de uno de ellos. En los demás casos, la disolución del matrimonio se rige de conformidad con la legislación polaca.

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Divorcio y separación legal - Portugal

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Portugal, el divorcio se puede producir con el mutuo acuerdo de los cónyuges o sin el consentimiento de uno de ellos [artículo 1773, apartado 1, del Código Civil portugués (Código Civil)].

El primer procedimiento presupone el acuerdo de los dos cónyuges sobre la disolución del vínculo matrimonial y, en principio, sobre el pago de la pensión alimenticia al cónyuge que la necesite, el ejercicio de la responsabilidad parental sobre los hijos menores, la atribución del domicilio conyugal y el destino de los animales de compañía, en su caso (artículo 1775, apartado 1, del Código Civil).

El divorcio sin el consentimiento de uno de los cónyuges o contencioso debe solicitarlo judicialmente uno de los cónyuges contra el otro y fundamentarlo en los hechos legales o de otro tipo que, con independencia de la culpa de los cónyuges, muestran la ruptura definitiva del matrimonio (artículo 1773, apartado 3, y artículo 1781 del Código Civil).

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En un divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges no tienen que revelar el motivo de la demanda de divorcio.

Las causas del divorcio contencioso (artículo 1781 del Código Civil) son las siguientes:

1. la separación de hecho durante un año consecutivo; se entiende que existe separación de hecho cuando no existe vida en común de los cónyuges y uno o ambos cónyuges no tienen intención de reanudarla (artículo 1782 del Código Civil);
2. la alteración de las facultades mentales del otro cónyuge cuando dure más de tres años y, por su gravedad, comprometa la convivencia.
3. la ausencia, sin noticias del ausente, durante al menos un año;
4. cualquier otro hecho que, con independencia de la culpa de los cónyuges, demuestre la ruptura irreparable del matrimonio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio disuelve el matrimonio y produce los mismos efectos jurídicos que la disolución por fallecimiento, con las excepciones contempladas en la ley (artículo 1788 del Código Civil).

El divorcio surte efectos desde la fecha en que la sentencia que lo declare adquiera firmeza, pero se retrotraen a la fecha en que se ejercitó la acción en cuanto a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges (artículo 1789, apartado 1, del Código Civil).

Si se prueba en el proceso la separación de hecho de los cónyuges, cualquiera de ellos puede solicitar que los efectos del divorcio se retrotraigan a la fecha, que se fijará en la sentencia, en que se haya comenzado la separación (artículo 1789, apartado 2, del Código Civil).

A pesar del divorcio, el cónyuge que haya adoptado el apellido del otro puede conservarlo siempre que este último dé su consentimiento o el órgano jurisdiccional lo autorice, teniendo en cuenta los motivos alegados. El consentimiento del excónyuge puede prestarse a través de un documento notarial, un documento redactado ante el órgano jurisdiccional (acta, en el proceso, de la manifestación de la voluntad de la parte) o una declaración ante el funcionario competente del Registro Civil. La solicitud de autorización judicial para utilizar los apellidos del excónyuge puede presentarse en un proceso de divorcio o en un proceso aparte, incluso después de que se haya declarado el divorcio (artículo 1677 ter del Código Civil).

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio, ninguno de los cónyuges puede durante el reparto recibir más de lo que habrían recibido si se hubiera celebrado el matrimonio con arreglo al régimen de gananciales (artículo 1790 del Código Civil).

Los cónyuges pierden todo lo que hayan recibido o que deban recibir en donación del otro cónyuge o de un tercero por razón del matrimonio o por la condición de casados, con independencia de que la estipulación sea anterior o posterior a la celebración del matrimonio. Los donantes pueden determinar que la donación revierta a los hijos del matrimonio (artículo 1791 del Código Civil).

El divorcio surte efectos desde la fecha en que la sentencia que lo declare adquiera firmeza, pero se retrotraen a la fecha en que se ejercitó la acción en cuanto a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges (artículo 1789, apartado 1, del Código Civil).

Si se prueba en el proceso la separación de hecho de los cónyuges, cualquiera de ellos puede solicitar que los efectos del divorcio se retrotraigan a la fecha, que se fijará en la sentencia, en que se haya comenzado la separación (artículo 1789, apartado 2, del Código Civil).

El órgano jurisdiccional puede dar en arrendamiento el domicilio familiar a uno de los cónyuges, previa petición, tanto si es propiedad común como si es propiedad del otro, teniendo en cuenta, especialmente, las necesidades de cada uno de los cónyuges y el interés de los hijos del matrimonio. Este arrendamiento está sujeto al régimen del arrendamiento de vivienda, pero el órgano jurisdiccional puede definir las condiciones del contrato, tras dar audiencia a los cónyuges, y rescindir el arrendamiento, a petición del arrendador, cuando circunstancias sobrevenidas lo justifiquen. El régimen fijado, bien por homologación del acuerdo de los cónyuges, bien cuando provea el órgano jurisdiccional, pueden modificarse con arreglo a la normativa de la jurisdicción voluntaria (artículo 1793 del Código Civil).

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En los casos de divorcio, separación legal o declaración de nulidad o anulación del matrimonio, el destino del hijo, la pensión alimenticia del menor y la forma en que debe prestarse se regirán por el acuerdo de los progenitores, previa homologación del órgano jurisdiccional (o de la oficina del Registro Civil en los procesos de separación y divorcio de mutuo acuerdo) (artículo 1905, apartado 1, y artículo 1776 bis del Código Civil).

El procedimiento de regulación de la responsabilidad parental de las oficinas del Registro Civil viene establecido en los artículos 274 bis, 274 ter y 274 quater del Código del Registro Civil (Código do Registo Civil).

Cuando no hay acuerdo, el órgano jurisdiccional siempre decide atendiendo al interés del menor, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de una relación cercana entre el menor y ambos progenitores, facilitando y homologando acuerdos, tomando decisiones que propicien sustancialmente el trato con ambos progenitores y el reparto de las responsabilidades entre ambos; la custodia puede concederse a cualquiera de los progenitores, a un tercero o a un centro educativo o asistencial (artículo 1906, apartado 8, del Código Civil).

Puede encontrarse más información al respecto en la ficha informativa sobre «Responsabilidad parental».

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Cada uno de los cónyuges debe procurarse su sustento tras el divorcio. Ambos cónyuges tienen derecho a alimentos independientemente del tipo de divorcio. Por razones evidentes de equidad, puede denegarse el derecho a alimentos (artículo 2016, apartados 1, 2 y 3, del Código Civil).

Para fijar la cuantía de los alimentos, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la contribución de cada uno a la economía familiar, la edad y el estado de salud de los cónyuges, sus cualificaciones profesionales y la probabilidad de conseguir un empleo, el tiempo que tienen que dedicar a educar a los hijos comunes, sus ingresos y rentas, si han contraído matrimonio de nuevo o conviven con otra pareja y, en general, todas las circunstancias que influyan en las necesidades del cónyuge alimentista y en los medios del cónyuge alimentante (artículo 2016 bis, apartado 1, del Código Civil).

El órgano jurisdiccional debe dar prioridad a la obligación de alimentos respecto de un hijo del cónyuge deudor frente a la obligación derivada del divorcio en favor del excónyuge (artículo 2016 bis, apartado 2, del Código Civil).

El cónyuge acreedor no tiene derecho a exigir el mantenimiento del nivel de vida del que disfrutaba en el matrimonio (artículo 2016 bis, apartado 3, del Código Civil).

Puede encontrarse más más información al respecto en la ficha informativa sobre «Pensiones alimenticias».

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación legal no disuelve el vínculo matrimonial, sino que extingue los deberes de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho a alimentos; en materia patrimonial, la separación produce los efectos que se derivarían de la disolución del matrimonio (artículo 1795 bis del Código Civil).

La separación legal termina con la reconciliación de los cónyuges o la disolución del matrimonio (artículo 1795 ter del Código Civil).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las causas de la separación legal sin el consentimiento del otro cónyuge o de mutuo acuerdo se basan, mutatis mutandis, en las disposiciones que regulan las causas del divorcio (artículo 1794 del Código Civil).

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Como se indica en la respuesta a la pregunta 4, la separación legal extingue el deber de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho a alimentos, y produce, en materia patrimonial, los efectos que se derivarían de la disolución del matrimonio (artículo 1795 bis del Código Civil).

Las disposiciones sobre el divorcio (artículo 1794 del Código Civil) se aplican, mutatis mutandis, a la separación legal.

La separación legal puede convertirse en divorcio, aunque no sea ni una condición ni una fase del procedimiento de divorcio. En efecto, un año después de que adquiera firmeza la sentencia que declare la separación legal sin el consentimiento del otro cónyuge o de mutuo acuerdo y sin que haya reconciliación de los cónyuges, cualquiera de ellos podrá solicitar que la separación se convierta en divorcio. Si ambos cónyuges solicitan esta conversión, no es necesario que transcurra el plazo al que se acaba de aludir y se procede a dictar sentencia (artículo 1795 quinquies, apartados 1 y 2, del Código Civil).

Si la conversión la solicita uno de los cónyuges, se notifica en persona al otro cónyuge o a su representante judicial, en su caso, para que formule oposición en un plazo de quince días, que solo puede basarse en la reconciliación de los cónyuges [artículo 993, apartados 3 y 4, del Código Procesal Civil (Código de Processo Civil)]. En caso de oposición, tras la práctica de las pruebas el juez dicta sentencia en un plazo de quince días (artículo 986, apartado 3, del Código Procesal Civil).

La conversión de la separación legal en divorcio también puede solicitarse en cualquier oficina del Registro Civil [artículo 5, apartado 1, letra e), y artículo 6 del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil] presentando la demanda en la oficina, con indicación de todos los fundamentos de hecho y de Derecho y de las pruebas cuya práctica se interesa, y aportando las pruebas documentales (artículo 7, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Se emplaza al demandado a formular oposición en un plazo de quince días, a proponer pruebas y a aportar pruebas documentales (artículo 7, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Si no se formula oposición y los hechos alegados por el demandante deben considerarse admitidos, el funcionario del Registro Civil, tras comprobar que se cumplen los requisitos legales, declara estimada la demanda (artículo 7, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Cuando se formula oposición, el funcionario del Registro Civil realiza un intento de conciliación y puede ordenar la práctica de medios de prueba, así como que se aporten los medios de prueba necesarios para verificar los requisitos legales (artículo 7, apartados 4 y 5, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Cuando hay oposición y resulta imposible llegar a una transacción, se emplaza a las partes a que aporten y soliciten la práctica de nuevos medios de prueba en un plazo de ocho días, y el asunto, debidamente instruido, se remite al órgano jurisdiccional de primera instancia competente en razón de la materia de la demarcación a la que pertenece la oficina del Registro Civil (artículo 8 del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Una vez remitido el asunto al órgano jurisdiccional, el juez señala fecha para la práctica de la prueba y la celebración de una vista (artículo 9 del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Por «anulación del matrimonio» se entiende poner fin a los efectos jurídicos del matrimonio invocando un vicio importante que afecte a este.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El matrimonio puede ser anulado (artículo 1631 del Código Civil):

1. cuando exista algún impedimento matrimonial (absoluto o relativo);
2. cuando falte el consentimiento, o este esté viciado por error o por coacción, de uno o ambos cónyuges;
3. cuando se celebre sin la presencia de testigos y así lo exija la ley.

Son impedimentos matrimoniales absolutos, esto es, que impiden el matrimonio de la persona a la que se refieren (artículo 1601 del Código Civil):

1. que uno de los contrayentes tenga menos de dieciséis años;
2. la demencia notoria, incluso durante intervalos lúcidos, y la incapacidad por un trastorno mental;
3. la existencia un matrimonio anterior no disuelto, ya sea católico o civil, aunque no se haya inscrito en el Registro Civil.

Son impedimentos matrimoniales relativos, esto es, que impiden que las personas a las que se refieren contraigan matrimonio entre sí (artículo 1602 del Código Civil):

1. el parentesco en línea recta por consanguinidad;
2. la relación anterior de responsabilidad parental;
3. el parentesco colateral por consanguinidad hasta el segundo grado;
4. el parentesco en línea recta por afinidad;
5. la condena de uno de los contrayentes como autor o cómplice de la muerte dolosa, incluso en grado de tentativa, del cónyuge del otro contrayente.

El matrimonio puede ser anulado por falta de consentimiento (artículo 1635 del Código Civil):

1. si, en el momento de la celebración del matrimonio, uno de los contrayentes no tenía conocimiento del significado del acto que realizaba por incapacidad accidental u otra causa;
2. si uno de los contrayentes había sido inducido a error con respecto a la identidad de la persona del otro;
3. si la manifestación del consentimiento resulta de coacción física;
4. si existe simulación matrimonial.

El vicio del consentimiento por error solo es pertinente a efectos de la anulación si se refiere a cualidades esenciales del otro cónyuge, es excusable y se demuestra razonablemente que, de no haber mediado error, el matrimonio no se habría celebrado (artículo 1636 del Código Civil).

Si el matrimonio se celebra con miedo grave, puede anularse siempre que el mal con el que se amenace ilícitamente al contrayente sea grave y el temor a su materialización esté justificado (artículo 1638, apartado 1, del Código Civil).

El hecho de que alguien coaccione, consciente e ilícitamente, al contrayente con la promesa de librarle de un mal fortuito o causado por otra persona (artículo 1638, apartado 2, del Código Civil) se equipara a una amenaza ilícita.

La declaración de la voluntad que se produce en el acto de celebración del matrimonio constituye una presunción no solo de que los contrayentes querían contraer matrimonio, sino de que su consentimiento no adolece de vicio por error o coacción (artículo 1634 del Código Civil).

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio civil anulado, siempre que ambos cónyuges lo hubiesen celebrado de buena fe, surte efectos para ellos y frente a terceros hasta que la sentencia correspondiente adquiera firmeza (artículo 1647, apartado 1, del Código Civil).

Si solo uno de los cónyuges hubiese actuado de buena fe, solo dicho cónyuge puede disfrutar de las ventajas de la condición de casado y oponerla a terceros, siempre que lo que se oponga sea meramente la relación que ha existido entre los cónyuges (artículo 1647, apartado 2, del Código Civil).

Se considera que ha actuado de buena fe el cónyuge que contraiga matrimonio con desconocimiento excusable del vicio de nulidad o anulabilidad o cuya manifestación del consentimiento resulte coacción física o amenaza (artículo 1648, apartado 1, del Código Civil).

Los órganos jurisdiccionales estatales son los únicos competentes para pronunciarse sobre la buena fe en este contexto. Se presume la buena fe de los cónyuges (artículo 1648, apartados 2 y 3, del Código Civil).

Si el matrimonio se declara nulo o se anula, el cónyuge de buena fe conserva el derecho a alimentos después de que la sentencia haya adquirido firmeza o que se dicte la resolución correspondiente (artículo 2017 del Código Civil).

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Antes de incoar el proceso de divorcio, la oficina del Registro Civil o el órgano jurisdiccional deben informar a los cónyuges de la existencia y la finalidad de los servicios de mediación familiar (artículo 1774 del Código Civil y artículo 14, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

La mediación familiar es una modalidad extrajudicial de resolución de conflictos del ámbito de las relaciones familiares en la que las partes, con su participación personal y directa y con la ayuda del mediador de conflictos, intentan llegar a un acuerdo.

El recurso a este medio alternativo de resolución de litigios puede resolver conflictos derivados de la regulación, la modificación y el incumplimiento del régimen de ejercicio de la responsabilidad parental, del divorcio y de la separación, de la conversión de la separación en divorcio, de la reconciliación de los cónyuges separados, de la concesión y modificación de los alimentos, sean provisionales o definitivos, de la atribución del domicilio familiar, de la privación del derecho a utilizar los apellidos del otro cónyuge y de la autorización del uso de los apellidos del excónyuge (artículo 4 del Reglamento de desarrollo n.º 13/2018, de 9 de noviembre de 2018, por el que se regula la actividad del sistema de mediación familiar, creado por el Decreto n.º 18778/2007, de 22 de agosto de 2007, y se aprueba el Reglamento de los procedimientos de selección de mediadores para prestar los servicios de mediación del sistema de mediación familiar).

El mediador familiar es un profesional habilitado por el Ministerio de Justicia (Ministério da Justiça) para dirigir las reuniones de manera independiente e imparcial y así ayudar a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo por sí solas (artículo 7 del Reglamento de desarrollo n.º 13/2018, de 9 de noviembre de 2018, por el que se regula la actividad del sistema de mediación familiar, creado por el Decreto n.º 18778/2007, de 22 de agosto de 2007, y se aprueba el Reglamento de los procedimientos de selección de mediadores para prestar los servicios de mediación del sistema de mediación familiar).

El divorcio de mutuo acuerdo se solicita en las oficinas del Registro Civil salvo en los supuestos que traigan causa en un convenio homologado en un proceso de divorcio sin el consentimiento de uno de los cónyuges (artículo 1779 del Código Civil) y siempre que la petición de divorcio de mutuo acuerdo vaya acompañada de un inventario del patrimonio común del matrimonio, el acuerdo sobre el destino del domicilio familiar, el acuerdo sobre el pago de alimentos al cónyuge que lo necesite y el certificado de la resolución judicial que regule el ejercicio de la responsabilidad parental o el acuerdo sobre el ejercicio de la responsabilidad parental cuando haya hijos menores y no se hubiese regulado este aspecto judicialmente (artículo 272, apartado 1, del Código del Registro Civil).

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Separación y divorcio de mutuo acuerdo

La separación y el divorcio de mutuo acuerdo deben solicitarlos ambos cónyuges de mutuo acuerdo en una oficina del Registro Civil, siempre que la petición vaya acompañada de los documentos siguientes (artículo 272, apartado 1, del Código del Registro Civil):

1. un inventario del patrimonio matrimonial en el que se especifique el valor de los bienes y derechos o, si los cónyuges optan por repartir dicho patrimonio, un acuerdo de reparto o una solicitud de elaboración del mismo;
2. un certificado de la sentencia judicial que regule el ejercicio de la responsabilidad parental o un acuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad con respecto a los hijos menores de edad cuando no se haya regulado este aspecto judicialmente;
3. un acuerdo sobre el pago de alimentos al cónyuge que lo necesite;
4. un acuerdo sobre el destino del domicilio familiar;
5. las capitulaciones matrimoniales, si las hay.

Salvo que de los documentos presentados se desprenda otra cosa, los acuerdos se entienden referidos tanto al período que dure el proceso como al período posterior (artículo 272, apartado 4, del Código Civil).

El proceso de divorcio o separación legal de mutuo acuerdo se incoa con la presentación de la petición firmada por ambos cónyuges o sus representantes en cualquier oficina del Registro Civil. La demanda va acompañada de los documentos antes mencionados y del certificado del asiento registral del matrimonio (artículo 14, apartados 1 y 2, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Una vez recibida la demanda, el funcionario del Registro Civil convoca a los cónyuges a una audiencia en la que comprueba que se cumplen los requisitos legales (artículo 1776, apartado 1, del Código Civil). En dicha audiencia informa a los cónyuges de la existencia de servicios de mediación familiar. Si los cónyuges aún pretenden divorciarse, se examinan los acuerdos presentados y se pide a los cónyuges modificarlos si no protegen debidamente los intereses de uno de ellos o de los hijos; pueden aportarse medios de prueba y practicarse pruebas a tal fin. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales y los trámites antes mencionados, el funcionario del Registro Civil estima la demanda (artículo 14, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Si las partes llegan a un acuerdo sobre el ejercicio de la responsabilidad parental respecto de los hijos menores, el asunto se remite a la fiscalía del órgano jurisdiccional de primera instancia con competencia material en la demarcación de la oficina del Registro Civil para que se pronuncie sobre el acuerdo en un plazo de treinta días (artículo 14, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

Si la fiscalía considera que el acuerdo no protege adecuadamente los intereses de los menores, los solicitantes pueden modificar el acuerdo en consecuencia o presentar uno nuevo, en cuyo caso este también es examinado por la fiscalía. Si el Ministerio Fiscal considera que el acuerdo tiene debidamente en cuenta los intereses de los menores o que los cónyuges han modificado el convenio según sus propias instrucciones, se declara el divorcio (artículo 14, apartados 5 y 6, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil).

En los casos en que los demandantes no introduzcan las modificaciones indicadas por la fiscalía y sigan queriendo divorciarse o cuando el acuerdo presentado no proteja suficientemente los intereses de uno de los cónyuges, se deniega la homologación y el proceso de divorcio se remite íntegramente al órgano jurisdiccional de la demarcación a la que pertenezca la oficina del Registro Civil (artículo 14, apartado 7, del Decreto legislativo n.º 272/2001, de 13 de octubre de 2001, sobre los procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil, y artículo 1778 del Código Civil).

Una vez remitido el proceso, el órgano jurisdiccional examina el acuerdo de los cónyuges y les propone modificaciones si dicho acuerdo no protege los intereses de alguno de ellos o de los menores (artículo 1778 bis, apartado 2, del Código Civil).

A continuación, el órgano jurisdiccional fija las consecuencias del divorcio, en los ámbitos respecto de los cuales los cónyuges no hayan introducido los cambios propuestos o cuando no se protejan suficientemente los intereses de uno de los cónyuges, y puede, a tal fin y a efectos de valorar el acuerdo, ordenar la práctica de actuaciones y pruebas necesarias (artículo 1778 bis, apartados 3 y 4, del Código Civil).

Al fijar las consecuencias del divorcio, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta el acuerdo de los cónyuges (artículo 1778 bis, apartado 6, del Código Civil).

El divorcio de mutuo acuerdo se declara a continuación y se inscribe en el Registro (artículo 1778 bis, apartado 5, del Código Civil).

La petición de separación legal o divorcio de mutuo acuerdo se dirige al órgano jurisdiccional si los cónyuges no adjuntan alguno de los acuerdos antes mencionados (artículo 1778 bis, apartado 1, del Código Civil).

En tal caso, la petición de divorcio se presenta ante el órgano jurisdiccional y, una vez recibida, el órgano jurisdiccional examina el acuerdo y les propone modificaciones si el acuerdo no protege los intereses de alguno de ellos o de los hijos, fija las consecuencias del divorcio en los ámbitos respecto de los cuales los cónyuges no hayan acordado nada y puede, a tal fin y a efectos de valorar el acuerdo, ordenar la práctica de actuaciones y pruebas necesarias, así como las consecuencias del divorcio; al fijar las consecuencias del divorcio, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta el acuerdo de los cónyuges. Se declara a continuación el divorcio de mutuo acuerdo y se procede a su inscripción registral (artículo 1778 bis, apartados 2, 3, 4, 5 y 6, del Código Civil].

Separación y divorcio sin consentimiento del otro cónyuge

Las demandas de separación y divorcio sin el consentimiento del otro cónyuge se dirigen a la sección de familia y menores o, en su defecto, a la sección local de lo civil o a la sección de competencia genérica con competencia territorial [artículo 122, apartado 1, letra c), de la Ley de organización del sistema judicial (Lei da Organização do Sistema Judiciário)]. Esta competencia territorial se define en función del domicilio o residencia habitual de la parte actora (artículo 72 del Código Procesal Civil).

Las disposiciones sobre el divorcio (artículo 1794 del Código Civil) se aplican, mutatis mutandis, a la separación legal.

La separación legal termina con la reconciliación de los cónyuges o la disolución del matrimonio (artículo 1795 ter del Código Civil).

Cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio sin el consentimiento del otro basándose en la separación de hecho durante un año consecutivo, en un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge que dure más de un año y que, debido a su gravedad, ponga en peligro la posibilidad de convivir, en la ausencia, sin noticias del ausente, durante un período no inferior a un año y en otras circunstancias que, independientemente de la culpa de los cónyuges, demuestren la ruptura definitiva del matrimonio (artículo 1781 del Código Civil).

El cónyuge perjudicado tiene legitimación para solicitar judicialmente una indemnización por los daños y perjuicios que le haya causado el otro cónyuge, con arreglo a las normas generales de la responsabilidad civil (artículo 1792, apartado 1, del Código Civil).

El cónyuge que haya pedido el divorcio basándose en un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge debe resarcir a este el daño moral que le haya causado la disolución del matrimonio; esta demanda debe presentarse en el propio proceso de divorcio (artículo 1792, apartado 2, del Código Civil).

Cuando se trate de una demanda de divorcio basada en un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge que dure más de un año y que, debido a su gravedad, ponga en peligro la posibilidad de convivir o basada en la ausencia, sin noticias del ausente, durante un período no inferior a un año, el divorcio solo puede solicitarlo el cónyuge que invoque el cambio en las facultades mentales o la ausencia del otro cónyuge (artículo 1785, apartado 1, del Código Civil).

Si el cónyuge que puede solicitar el divorcio es un adulto con curatela, la acción puede ejercerla él mismo o, si tiene un poder de representación, su curador, previa autorización judicial; Si el curador es el otro cónyuge, la acción puede ejercerla en nombre del titular del derecho cualquier pariente de este en línea recta o hasta el tercer grado de la línea colateral o la fiscalía (artículo 1785, apartado 2, del Código Civil).

El derecho al divorcio no se transmite mortis causa, pero los herederos del actor pueden continuar la acción por motivos patrimoniales si el demandante fallece durante la sustanciación del proceso; a los mismos efectos, la acción puede proseguirse contra los herederos del demandado (artículo 1785, apartado 3, del Código Civil).

Una vez presentada la demanda y si el proceso puede proseguir, el juez hace señalamiento para un intento de conciliación, citando al demandante y al demandado a comparecer personalmente (artículo 931, apartado 1, del Código Procesal Civil).

Si el intento de conciliación no prospera, el juez intenta que los cónyuges lleguen a acuerdo para tramitar el divorcio como de mutuo acuerdo; si se logra ese acuerdo entre los cónyuges o si estos optan por esta forma de divorcio en cualquier momento del proceso, se aplica, mutatis mutandis, el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 1779, apartado 2, del Código Civil).

Si el juez no logra ese acuerdo de los cónyuges, trata de lograr el acuerdo de los cónyuges en cuanto a los alimentos y la regulación del ejercicio de la responsabilidad parental. También trata de lograr el acuerdo de los cónyuges en cuanto al uso del domicilio familiar mientras dure el proceso, en su caso (artículo 931, apartado 2, del Código Procesal Civil).

En el intento de conciliación o en cualquier otro momento del proceso, las partes pueden acordar que se tramite el divorcio o la separación legal como de mutuo acuerdo siempre que se cumplan las condiciones necesarias (artículo 931, apartado 3, del Código Procesal Civil).

De no asistir una de las partes o ambas o en caso de que no sea posible la conciliación, el juez emplaza al demandado a contestar en un plazo de treinta días; al notificar el emplazamiento se da traslado al demandado de una copia de la demanda (artículo 931, apartado 5, del Código Procesal Civil).

Si el demandado estuviese ausente, una vez realizadas, con resultado infructuoso, todas las diligencias contempladas por la normativa procesal para localizarle, el señalamiento para el intento de conciliación queda sin efecto y se procede a la notificación edictal (artículo 931, apartado 6, del Código Procesal Civil).

Una vez transcurrido el plazo para la presentación del escrito de contestación, el proceso se sustancia con arreglo al procedimiento común. Durante el proceso se determina el objeto del litigio y la lista de las pruebas a practicar. Tienen lugar durante este proceso la vista final y la práctica de las pruebas. Al término de la vista final, finaliza el proceso y se dicta sentencia en un plazo de treinta días (artículo 932 del Código Procesal Civil).

La separación legal puede solicitarse en la demanda reconvencional, incluso si el demandante ha solicitado el divorcio; si el demandante ha solicitado la separación legal, el demandado también puede solicitar el divorcio en la demanda reconvencional. En tales casos, la sentencia debe declarar el divorcio si se estima la demanda y/o la reconvención (artículo 1795 del Código Civil).

Anulación del matrimonio

La anulabilidad de un matrimonio no puede invocarse a efectos judiciales o extrajudiciales mientras no haya sido declarada mediante sentencia en un proceso incoado específicamente con tal fin (artículo 1632 del Código Civil).

Dicha acción se ejercita ante la sección de familia y menores competente mediante la presentación de una demanda en la que, en forma de artículos, se especifiquen las partes, se recojan los hechos pertinentes y se indique la pretensión [artículo 122, apartado 1, letra d), de la Ley de organización del sistema judicial].

La legitimación para ejercer tal acción varía en función de los fundamentos de la demanda (véase la respuesta a la pregunta 8).

Los cónyuges o cualquier pariente de estos en línea recta o hasta el cuarto grado de la línea colateral, los herederos y padres adoptivos de los cónyuges y la fiscalía tienen legitimación para ejercer la acción de anulación por impedimento matrimonial. Además de estas personas, también pueden ejercer la acción el tutor o el curador en caso de minoría de edad o incapacidad por trastorno mental y el primer cónyuge del infractor, en el caso de bigamia (artículo 1639 del Código Civil).

La anulación por simulación la pueden solicitar los propios cónyuges o cualquier persona perjudicada por el matrimonio. En los demás casos en que haya falta de consentimiento, solo puede ejercer la acción de anulación el cónyuge cuyo consentimiento faltó; sin embargo, si el demandante fallece en el curso del proceso (artículo 1640 del Código Civil), pueden continuar la acción sus parientes herederos, por afinidad o consanguinidad o adoptivos.

Solo el cónyuge víctima del error o de la coacción puede ejercer la acción de anulación fundada en vicios de voluntad, pero los sus parientes herederos, por afinidad o consanguinidad o adoptivos, pueden continuar la acción si el demandante fallece en el curso del proceso (artículo 1641 del Código Civil).

Solo la fiscalía puede ejercer la acción de anulación por falta de testigos (artículo 1642 del Código Civil).

La acción de anulación por impedimento matrimonial debe ejercerse:

1. En los casos de minoría de edad, demencia notoria o curatela de adulto y si la ejercita la persona incapacitada, antes de que transcurran seis meses después de alcanzar la mayoría de edad, que cese la incapacidad natural o que cese o se modifique, en este sentido, la curatela; cuando la ejercita otra persona, en un plazo de tres años a contar desde la celebración del matrimonio, pero en ningún caso después de alcanzar la mayoría de edad o de que cese la incapacidad natural [artículo 1643, apartado 1, letra a), del Código Civil].
2. En los casos de condena por muerte dolosa del cónyuge de uno de los contrayentes, en un plazo de tres años a contar desde la celebración del matrimonio [artículo 1643, apartado 1, letra b), del Código Civil].
3. En los demás casos, en un plazo de seis meses a contar desde la disolución del matrimonio [artículo 1643, apartado 1, letra c), del Código Civil].

La fiscalía solo puede ejercitar la acción antes de que se haya disuelto el matrimonio (artículo 1643, apartado 2, del Código Civil).

La acción de anulación fundada en la existencia de un matrimonio anterior no disuelto no puede ejercerse mientras esté pendiente de resolución un proceso de nulidad o anulación del primer matrimonio de la persona bígama (artículo 1643, apartado 3, del Código Civil).

La acción de anulación por falta de consentimiento de uno o ambos contrayentes solo puede ejercerse en un plazo de tres años a contar desde la celebración del matrimonio o, si el demandante desconocía el motivo causante, en un plazo de seis meses a contar desde que tuvo conocimiento del motivo causante (artículo 1644 del Código Civil).

La acción de anulación por vicio en el consentimiento caduca si no se ejercita dentro de los seis meses siguientes al cese del vicio (artículo 1645 del Código Civil).

La acción de anulación por falta de testigos solo puede ejercerse en el año siguiente a la celebración del matrimonio (artículo 1646 del Código Civil).

El certificado del asiento registral del matrimonio y, en su caso (si la edad es el motivo de la demanda), la partida de nacimiento de la parte en cuestión deben acompañar a la demanda.

Una vez transcurrido el plazo para la presentación del escrito de contestación, el proceso se sustancia con arreglo al procedimiento común (según se ha explicado más arriba).

La anulabilidad se considera subsanada y el matrimonio se considera válido desde el momento de su celebración si se produce alguno de los hechos siguientes antes de que la sentencia de anulación adquiera firmeza:

1. si el menor que contrajo matrimonio sin ser núbil confirma su matrimonio ante un funcionario del Registro Civil y dos testigos, tras haber alcanzado la mayoría [artículo 1633, apartado 1, letra a), del Código Civil];
2. si la persona que se encontraba en un estado de demencia notoria o la persona adulta con curatela confirma el matrimonio una vez que se ha demostrado judicialmente que han dejado de existir las causas del impedimento [artículo 1633, apartado 1, letra b), del Código Civil];
3. si el primer matrimonio de la persona bígama es declarado nulo o anulado [artículo 1633, apartado 1, letra c), del Código Civil];
4. si la falta de testigos se debe a circunstancias comprobables, que el funcionario del Registro Civil verifique, siempre que no haya dudas sobre la celebración del matrimonio [artículo 1633, apartado 1, letra d), del Código Civil].

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, el régimen de asistencia jurídica gratuita se aplica en todos los órganos jurisdiccionales, cualquiera que sea el procedimiento.

(Ley n.º 34/2004, de 29 de julio de 2004, de acceso a la justicia y a los órganos jurisdiccionales)

Puede encontrarse más información en la ficha «Asistencia jurídica gratuita».

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. En estas acciones cabe siempre recurso (artículo 629 del Código Procesal Civil).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Si la resolución en cuestión se dictó en un Estado miembro de la Unión Europea (con excepción de Dinamarca; véase el considerando 31 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003), se reconoce en los demás Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

Si la resolución se dictó en Dinamarca, se aplica el procedimiento especial de examen y reconocimiento de sentencia extranjera (artículos 978 y siguientes del Código Procesal Civil).

El órgano jurisdiccional competente para examinar y reconocer sentencias extranjeras es la audiencia del domicilio de la persona contra la que se quiere hacer valer la sentencia (artículo 979 del Código Procesal Civil).

En este proceso, el documento en que conste la resolución a examinar se presenta junto con la demanda, y se emplaza a la parte contraria a formular oposición en un plazo de quince días. El demandante puede contestar en un plazo de diez días a contar desde la formulación de la oposición (artículo 981 del Código Procesal Civil).

Presentados todos los escritos procesales y practicadas las diligencias necesarias, se da a las partes y la fiscalía la facultad de examinar el expediente y formular alegaciones en un plazo de quince días (artículo 982, apartado 1, del Código Procesal Civil).

Para que se reconozca la sentencia es necesario:

1. que no haya dudas sobre la autenticidad del documento en que conste la sentencia o sobre la fundamentación de la resolución;
2. que la resolución haya adquirido firmeza con arreglo a la normativa del país en el que se haya dictado;
3. que la resolución la haya dictado un órgano jurisdiccional extranjero cuya competencia no haya sido impugnada por ser contraria a la ley y que no se refiera a una materia que sea competencia exclusiva de la jurisdicción portuguesa;
4. que no quepa invocar la excepción de litispendencia o de cosa juzgada con motivo de un proceso en curso del que conozca un órgano jurisdiccional portugués, excepto cuando el órgano jurisdiccional extranjero haya notificado a tiempo a dicho órgano portugués;
5. que el demandado haya sido debidamente notificado en relación con la demanda, con arreglo a la normativa del país del órgano jurisdiccional de origen, y que los principios de contradicción y de igualdad de las partes hayan sido respetado durante el proceso;
6. que el reconocimiento de la resolución no conduzca a un resultado manifiestamente incompatible con los principios del orden público internacional del Estado portugués.

(artículo 980 del Código Procesal Civil)

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Si la parte interesada opta por solicitar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación matrimonial dictada en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, a excepción de Dinamarca, la demanda se presenta ante el tribunal de familia y menores (artículo 122 de la Ley de organización del sistema judicial). El órgano jurisdiccional territorialmente competente se determina con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de reconocimiento.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Según las normas nacionales de conflicto de leyes, en el divorcio y en la separación legal es de aplicación la ley nacional común de los cónyuges. Cuando no tengan la misma nacionalidad, se aplica la ley de su residencia habitual común y, en su defecto, la ley del país con el que este más vinculada su vida familiar (artículo 52, apartados 1 y 2, del Código Civil).

No obstante, si durante el matrimonio se produce un cambio en la ley aplicable, la separación o el divorcio solo pueden basarse en un hecho pertinente en el momento en que se establece el matrimonio (artículo 55, apartado 2, del Código Civil).

Dónde consultar la legislación aplicable

Código Civil

Código del Registro Civil

Código Procesal Civil

Procedimientos que son competencia del Ministerio Fiscal y de las oficinas del Registro Civil

Reglamento de desarrollo n.º 13/2018

Ley de organización del sistema judicial

Acceso a la justicia y a los órganos jurisdiccionales

Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003: resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental

Observación final

La información que figura en la presente ficha informativa es de carácter general y no pretende ser exhaustiva; no es vinculante para el punto de contacto, la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, los órganos jurisdiccionales ni ningún otro destinatario. No exime de consultar la legislación aplicable en cada momento.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Se puede obtener el divorcio por mutuo acuerdo, mediante procedimientos judiciales, administrativos o notariales. Si no existe acuerdo mutuo de los cónyuges, se puede obtener el divorcio por resolución judicial.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

De conformidad con el artículo 373 del Código Civil, se puede obtener el divorcio en los casos siguientes:

• por mutuo acuerdo entre los cónyuges,
• cuando la relación entre los cónyuges se ha deteriorado gravemente y no es posible continuar con el matrimonio,
• a instancia de uno de los cónyuges, tras una separación de facto de al menos dos años,
• a instancia del cónyuge cuyo estado de salud no permita la continuación del matrimonio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

• Los partes pierden la condición de cónyuges y pueden volver a contraer matrimonio.
• Al disolverse el matrimonio mediante divorcio, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo para mantener los apellidos usados durante el matrimonio. Si no existe acuerdo, el tribunal puede, en casos debidamente justificados, permitir a los cónyuges conservar los apellidos usados durante el matrimonio. Si no existe acuerdo o resolución judicial, cada cónyuge recuperará el apellido que usaba antes de contraer matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

A causa del divorcio, el régimen económico matrimonial se extingue entre los cónyuges a partir de la fecha en que se interpone la demanda de divorcio. No obstante, ya sea por separado o de forma conjunta en caso de divorcio por mutuo acuerdo, los cónyuges pueden solicitar al tribunal que declare la extinción del régimen económico matrimonial a partir de la fecha de la separación de facto.

Si el régimen de comunidad de bienes se extingue por disolución del matrimonio, los antiguos cónyuges seguirán siendo propietarios conjuntos de los bienes comunes hasta que se determine la parte que les corresponde.

Durante la extinción de la comunidad conyugal, cada cónyuge asume el control de sus bienes, y después se reparten los bienes comunes y se pagan las deudas. A tal fin, la parte correspondiente a cada cónyuge se determina en primer lugar en proporción a su contribución a la adquisición de los bienes comunes y teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones conjuntas por parte de los cónyuges. A menos que se demuestre lo contrario, se considera que los cónyuges han contribuido de forma equitativa.

Con independencia de las obligaciones de alimentos entre los antiguos cónyuges y del pago de compensación, el cónyuge que no sea culpable y sufra daños y perjuicios a causa de la disolución del matrimonio puede solicitar al cónyuge culpable que lo indemnice. El tribunal de familia decidirá sobre tal solicitud en la sentencia de divorcio.

Asimismo, tras un divorcio se pierden los derechos sucesorios mutuos.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Una vez dictada la sentencia de divorcio, el tribunal de familia decide sobre la relación entre los progenitores divorciados y los hijos menores. Por normal general, tras un divorcio, los cónyuges ejercen la responsabilidad parental conjunta sobre los hijos. El tribunal de familia establece como domicilio del hijo menor la vivienda del progenitor con el que éste resida de forma habitual, y por su parte, el otro progenitor tiene derecho a mantener contacto con el menor. El tribunal determina la contribución que debe aportar cada progenitor a los gastos de crianza, educación, estudios y formación profesional de los hijos menores.

Si las circunstancias cambian, el tribunal de familia puede modificar las medidas relativas a los derechos y las obligaciones de los progenitores divorciados respecto al hijo menor a instancia de cualquiera de los cónyuges u otro miembro de la familia, el hijo, la autoridad tutelar, la institución pública de protección de menores o el fiscal.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

La obligación de pagar una pensión alimenticia entre cónyuges se extingue a causa de la disolución del matrimonio. El antiguo cónyuge tiene derecho a pensión alimenticia si atraviesa dificultades económicas a raíz de una incapacidad laboral surgida antes del matrimonio, durante el mismo o en el año siguiente a la disolución siempre que se deba a circunstancias relacionadas con éste.

El cónyuge que solicite pensión alimenticia no puede pedir también una indemnización. Si el divorcio ha sido otorgado por culpa exclusiva del cónyuge demandado, el demandante puede recibir una indemnización. Solo se concederá esta si el matrimonio ha durado como mínimo veinte años.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El Derecho rumano no contempla el concepto de separación legal pero sí el de separación de facto y el reparto de bienes judicial. Se trata de una situación que ha de demostrarse ante el tribunal. Una separación de facto de al menos dos años de duración será motivo de una sentencia judicial de divorcio.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Un matrimonio se anula por incumplimiento de algunas disposiciones legales relativas al contrato de matrimonio. El matrimonio solo puede anularse mediante resolución judicial. La nulidad tiene efectos retroactivos y futuros; se considera que el matrimonio no ha tenido lugar.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El incumplimiento de las disposiciones legales relativas al contrato de matrimonio, como las siguientes, constituyen motivos absolutos para la anulación:

• el matrimonio se celebró sin consentimiento,
• los contrayentes eran personas del mismo sexo,
• uno de los contrayentes ya estaba casado,
• los contrayentes guardaban una relación de parentesco de línea directa o línea colateral hasta el cuarto grado,
• uno de los contrayentes padecía una enfermedad o discapacidad mental,
• los contrayentes no dieron su consentimiento, o dicho consentimiento no fue dado con arreglo al procedimiento legal establecido,
• uno de los contrayentes era menor de 16 años,
• el matrimonio fue contraído con fines distintos a la creación de una familia.

Las causas relativas para anular un matrimonio son:

• el contrayente es menor de 16 años según dictamen médico y no tiene el consentimiento de sus progenitores o tutores legales o la autorización de la persona encargada de su guardia y custodia para celebrar el matrimonio,
• existen vicios en el consentimiento: error (relativo a la identidad física del otro cónyuge), fraude o violencia,
• uno de los contrayentes carece de juicio temporalmente,
• los contrayentes son un tutor y un menor bajo su tutela.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Hasta que se dicta la sentencia definitiva, el cónyuge que contrajo matrimonio de buena fe en un matrimonio no válido o anulado conserva su condición de cónyuge de un matrimonio válido, y las relaciones patrimoniales entre los antiguos cónyuges están sujetas, por analogía, a las disposiciones en materia de divorcio.

La anulación del matrimonio no afecta a los hijos, que mantienen su condición de hijos nacidos dentro del matrimonio. En lo que respecta a los derechos y las obligaciones entre progenitores e hijos, se aplican las disposiciones en materia de divorcio, por analogía.

Una resolución judicial que declare un matrimonio como no válido o lo anule es ejecutable contra terceros. Las disposiciones relativas a los trámites del régimen económico matrimonial, el carácter público del contrato de matrimonio y la inoponibilidad del contrato de matrimonio son aplicables en la misma medida.

La invalidez del matrimonio no es ejecutable contra un tercero respecto a un acto concluido con anterioridad con uno de los cónyuges, a menos que los trámites de divulgación establecidos por ley en cuanto a la acción de declarar la invalidez o la acción de anulación hayan sido completados, o la tercera parte no fuera de otro modo consciente de los motivos de invalidez antes de concluir el acto.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La mediación es opcional antes de incoar un procedimiento judicial. Durante el procedimiento judicial, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de informar a las partes de la posibilidad y los beneficios de usar servicios de mediación.

La mediación puede resolver los desacuerdos entre los cónyuges sobre la patria potestad, el establecimiento del domicilio de los hijos y la contribución de los progenitores a la pensión alimenticia de los mismos. El mediador velará por que el resultado de la medicación no se oponga al interés superior del hijo y alentará a los progenitores a centrarse principalmente en las necesidades de este, así como en asumir la responsabilidad parental para garantizar que la separación de facto o el divorcio no impidan la crianza y el desarrollo del niño.

El acuerdo de mediación que incluya el acuerdo de las partes respecto a la patria potestad, a la contribución de los progenitores a la manutención de los hijos y el domicilio de estos debe estar sujeto al permiso del tribunal, que tiene la obligación de comprobar si el acuerdo respeta los intereses del hijo.

Si los cónyuges aceptan el divorcio y no tienen hijos menores nacidos o adoptados dentro o fuera del matrimonio, el responsable del registro civil o notario público del lugar donde se celebró el matrimonio o de la última residencia en común de los cónyuges puede declarar el matrimonio como disuelto mediante el acuerdo de los cónyuges y emitir un acta de divorcio.

El divorcio de mutuo acuerdo también puede ser declarado por el notario público en el caso de que existan hijos menores nacidos dentro o fuera del matrimonio o adoptados, si los cónyuges están de acuerdo en todos los aspectos relativos a los apellidos, al ejercicio de la patria potestad, al domicilio del menor, a la forma de mantener las relaciones personales, a la contribución de los progenitores a los gastos relativos a la crianza, educación, escolarización y formación profesional de los hijos.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda de divorcio es competencia del tribunal de primera instancia.

Desde un punto de vista territorial, la competencia pertenece al tribunal de primera instancia del último domicilio común de los cónyuges. Si los cónyuges no compartían residencia, o ninguno de ellos reside en el último domicilio común, la demanda debe interponerse ante el tribunal de primera instancia del domicilio del demandado. No obstante, si el demandado carece de domicilio en Rumanía, y los tribunales rumanos tienen competencia internacional, la demanda debe interponerse ante el tribunal de primera instancia del domicilio del demandante. Si ni el demandante ni el demandado tienen domicilio en Rumanía, las partes pueden acordar interponer la demanda de divorcio ante cualquier tribunal de primera instancia de Rumanía. En caso que no exista tal acuerdo, la demanda de divorcio debe interponerse ante el Tribunal del Sector 5 de Bucarest.

La demanda de divorcio incluirá, además de los comentarios de la citación, los nombres de los hijos menores. La solicitud deberá ir acompañada del acta matrimonial, de la copia de la partida de nacimiento de los hijos menores y, si procede, del acuerdo de los cónyuges tras la mediación.

Cuando la demanda de divorcio se base en el acuerdo entre las partes, deberá ir firmada por ambos cónyuges o por un representante conjunto autorizado mediante un poder notarial especial autenticado. Si el representante autorizado es un abogado, compulsará las firmas de los cónyuges, de conformidad con la ley.

Las partes deben comparecer en persona ante el juzgado de primera instancia, a menos que uno de los cónyuges cumpla pena de privación de libertad, sufra una enfermedad grave que se lo impida, se encuentre bajo orden judicial, su lugar de residencia está en el extranjero, u otra situación que le impida comparecer en persona. En tales casos, la persona en cuestión puede ser representada por un abogado, un representante autorizado o, cuando proceda, un tutor o representante registrado (curador). Si en la fecha de la vista oral ante el juez de primera instancia el demandante se ausenta de forma injustificada y solo comparece el demandado, la demanda será rechazada por no tener fundamento.

El tribunal de divorcio decidirá, incluso sin ser solicitado en la demanda de divorcio, sobre el ejercicio de la patria potestad, la contribución de los progenitores a los gastos relativos a la crianza y educación de los hijos, el lugar de residencia de los hijos y los derechos de los progenitores a mantener una relación personal con ellos.

La demanda para declarar inválido un matrimonio por motivos absolutos puede ser interpuesta por cualquiera de las partes interesadas. La demanda de anulación de matrimonio es de carácter personal y, por ello, sus efectos no se transmiten a los herederos. No obstante, si la demanda fue interpuesta por uno de los cónyuges, puede ser continuada por uno de sus herederos.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita en las condiciones establecidas por de la Ordenanza de Emergencia n.º 51/2008 relativa a la asistencia judicial en materia civil, aprobada en versión modificada y completada mediante la Ley n.º 193/2008, en su versión modificada.

Se puede ofrecer asistencia jurídica, bien por separado o de manera acumulativa, en forma de asistencia letrada; pago de honorarios de profesionales, traductores o intérpretes; pago de honorarios de oficiales de justicia; exenciones, descuentos, plazos o aplazamientos de pago de las costas judiciales.

Para poder acceder a la asistencia jurídica completa, los ingresos medios netos mensuales por miembro de la unidad familiar deben ser inferiores a 300 RON en los dos meses previos a la interposición de la demanda. Si los ingresos son inferiores a 600 RON, la proporción de asistencia jurídica ofrecida es del 50 %. También se puede asignar asistencia jurídica en proporción a las necesidades del demandante en situaciones es las que es probable que las tasas judiciales reales o calculadas impidan el acceso efectivo a la justicia debido, por ejemplo, a la diferencia del coste de la vida entre el Estado miembro donde reside el demandante y el coste en Rumanía.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

El nuevo Código de Procedimiento Civil establece que el plazo de recurso es de 30 días a partir de la notificación de la sentencia.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

La legislación aplicable en materia de reconocimiento de la sentencia de divorcio es el Reglamento (CE) n.° 2201/2003. Las demandas deben interponerse en el tribunal competente del lugar en que el demandado tenga su domicilio o residencia en Rumanía. Si se desconoce la residencia del demandado, la demanda debe interponerse ante el tribunal competente del lugar en que el demandante tenga su domicilio o residencia.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se puede recurrir al tribunal de apelación competente para apelar una decisión de reconocimiento o al Tribunal Supremo de Casación y Justicia.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

A fin de determinar la legislación aplicable en las relaciones en materia de Derecho internacional privado, el órgano jurisdiccional de Rumanía aplicará el Reglamento (UE) n.º 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, o los artículos 2597 y siguientes del Código Civil.

Los cónyuges pueden elegir la legislación del Estado en que tengan su domicilio habitual en común o de su última residencia habitual en común (si al menos uno de ellos vive allí en la fecha de elección de la legislación aplicable), la legislación del Estado del que uno de los cónyuges es nacional, la legislación del país en que los cónyuges han vivido durante al menos tres años o el Derecho rumano.

Si los cónyuges no eligen el Derecho en el que ampararse, este será el del Estado donde ambos tengan su domicilio común habitual, o en su ausencia, el Derecho del Estado donde los cónyuges hubieran tenido su último domicilio común (si al menos uno de los cónyuges todavía reside en dicho Estado en la fecha de interposición de la demanda de divorcio); si uno de los cónyuges todavía no tiene lugar de residencia habitual, se aplica el Derecho del Estado del que ambos tuvieran la nacionalidad en la fecha de la interposición de la demanda de divorcio; o, si los cónyuges tienen distinta nacionalidad, se aplica el Derecho del Estado del último país del que ambos hubieran tenido la nacionalidad (si al menos uno de ellos ha conservado esta nacionalidad, en la fecha de la interposición de la demanda de divorcio). En los demás casos, el Derecho aplicable será el de Rumanía.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El ordenamiento jurídico esloveno reconoce:

1. el divorcio en virtud de un acuerdo entre los cónyuges,
2. el divorcio en virtud de un acuerdo ante un notario público y
3. el divorcio en virtud de una propuesta (procedimiento de jurisdicción voluntaria).

a) En el caso del divorcio de mutuo acuerdo entre los cónyuges, el órgano jurisdiccional declara el divorcio en virtud del artículo 96 del Código de Familia (Družinski zakonik), siempre que los cónyuges hayan llegado a un acuerdo sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los progenitores de conformidad con las disposiciones del Código de Familia y presenten un acuerdo notarial de división de los bienes comunes, de uso de la vivienda común y de pensión del cónyuge que carezca de medios y se halle desempleado sin mediar culpa de su parte.

Antes de declarar el divorcio, el órgano jurisdiccional debe cerciorarse de que el acuerdo entre los cónyuges garantice el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes, y un régimen de visitas de los progenitores que responda al interés de los hijos. Si el órgano jurisdiccional determina que el acuerdo entre los cónyuges no redunda en interés de los hijos, no homologa la propuesta de disolver el matrimonio de mutuo acuerdo.

b) Los cónyuges sin hijos comunes sobre los que ejerzan responsabilidad parental que deseen divorciarse y lleguen a un acuerdo sobre la división de su patrimonio común, sobre quién conservará o adquirirá el uso de la vivienda en la que residen, y sobre la manutención del cónyuge que carece de medios y está desempleado sin mediar culpa de su parte, piden a un notario público que elabore un documento notarial de su acuerdo para disolver el matrimonio. El matrimonio queda disuelto a partir de la firma del documento notarial. Ese documento es la base jurídica para la inscripción del divorcio en el Registro Civil (matični register). El notario envía el documento a la oficina correspondiente, que inscribe el divorcio en el Registro Civil, dentro de los ocho días siguientes a la firma del acuerdo ante el notario. (Artículo 97 del Código de Familia)

c) Si el matrimonio deviene por cualquier motivo «insostenible», cualquiera de los cónyuges puede solicitar su disolución. Cuando un órgano jurisdiccional disuelve un matrimonio en virtud de la letra a), también provee sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y sobre el régimen de visitas de los progenitores de conformidad con el Código. Antes de que el órgano jurisdiccional provea en virtud de la letra a), debe establecer el mejor modo de defender los intereses de los hijos. (Artículo 98 del Código de Familia)

Antes de interponer una demanda sin acuerdo o una propuesta de divorcio en virtud de un acuerdo, los cónyuges deben recibir asesoramiento previo en un centro de asistencia social (center za socialno delo), salvo si:

• no tienen hijos comunes sobre los que ejercen la responsabilidad parental;
• uno de los cónyuges está mentalmente incapacitado;
• se desconoce el lugar de residencia o el paradero de uno de los cónyuges;
• uno o ambos cónyuges residen en el extranjero.

El propósito del asesoramiento previo es ayudar a los cónyuges a determinar si su relación se ha roto hasta el punto en que el matrimonio haya devenido insostenible para al menos uno de ellos o si existe la posibilidad de salvar el matrimonio. Los cónyuges asisten presencialmente al asesoramiento previo sin la presencia de sus representantes. (Artículo 200 del Código de Familia)

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El Código de Familia solo reconoce un motivo para el divorcio: que el matrimonio haya devenido insostenible. Esto significa que el matrimonio se ha roto de forma tan profunda e irreversible que no puede ya salvarse. El matrimonio solo se considera «insostenible» cuando las relaciones entre los cónyuges se han roto no de modo temporal, sino profunda e irreversiblemente por motivos graves. La insostenibilidad del matrimonio se evalúa atendiendo a la situación en el momento del juicio, teniendo en cuenta las circunstancias que han conducido a esa situación. El órgano jurisdiccional aprecia también la insostenibilidad cuando el otro cónyuge acepta el divorcio.

El matrimonio puede extinguirse a instancia de cualquiera de los cónyuges, sin que sea preciso que ambos lo consideren insostenible.

No se plantea la cuestión de la responsabilidad del hecho de que el matrimonio haya devenido insostenible, y el órgano jurisdiccional no entra a enjuiciarla tampoco en el juicio. Por consiguiente, el matrimonio puede disolverse también a instancia del cónyuge responsable del hecho de que el matrimonio haya devenido insostenible.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

Los efectos jurídicos del divorcio son los siguientes:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El cónyuge que haya cambiado su apellido por el matrimonio puede, en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia de divorcio o de disolución del matrimonio o en el plazo de un año a partir de la firma del documento notarial u otro documento equivalente de divorcio de mutuo acuerdo, presentar una declaración a la autoridad competente para solicitar la recuperación de su apellido de soltero. Solo pueden presentar la declaración las personas que no hayan cambiado nuevamente su apellido durante el matrimonio. [Artículo 17 de la Ley de nombres y apellidos (Zakon o osebnem imenu)]. La cuestión del cambio de apellido es de carácter administrativo y la resuelve un órgano administrativo, no judicial.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Si los cónyuges no han celebrado un acuerdo que organice su régimen económico matrimonial, para la división de los bienes comunes rige la presunción iuris tantum de que pertenecen a partes iguales a los dos cónyuges; no obstante, si uno de ellos considera que en tal caso quedaría en desventaja, puede solicitar el reparto en proporción a su contribución al patrimonio común. No se tienen en cuenta diferencias insignificantes en las contribuciones de cada cónyuge al patrimonio matrimonial. El órgano jurisdiccional tiene en cuenta todas las circunstancias del caso y, en particular, la renta de cada cónyuge, la asistencia prestada por uno al otro, el cuidado y la educación de los hijos, la realización del trabajo doméstico, el sostenimiento del hogar y la familia, el mantenimiento del patrimonio y cualquier otra forma de trabajo y participación en la administración, el mantenimiento y el acrecentamiento del patrimonio común. (Artículo 74 del Código de Familia)

3.3 los hijos menores de los cónyuges

CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

Los progenitores que no vivan juntos o que tengan la intención de separarse deben llegar a un acuerdo sobre el cuidado y la educación de sus hijos, en interés de estos últimos. Los cónyuges pueden acordar asumir o continuar ambos encargándose del cuidado y educación de los hijos, confiar la educación y el cuidado de todos ellos a uno de los progenitores, o confiar alguno de ellos a un progenitor y los restantes al otro progenitor. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre la cuestión, les ayuda a hacerlo un centro de asistencia social. También pueden solicitar una mediación.

Si los progenitores llegan a un acuerdo sobre el cuidado y la educación de los hijos, pueden proponer que se homologue judicialmente. El órgano jurisdiccional no lo homologa si considera que no responde al interés de los hijos.

Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre el cuidado y la educación de los hijos ni siquiera con la ayuda de un centro de asistencia social, se provee judicialmente a petición de uno o de ambos progenitores, del tutor del menor, del menor que haya cumplido 15 años, siempre que sea capaz de entender el significado y las consecuencias jurídicas de sus actos, o de un centro de asistencia social, de alguna de las maneras siguientes:

• los progenitores conservan la responsabilidad conjunta del cuidado y la educación de los hijos;
• se confía la educación y el cuidado de todos ellos a uno de los progenitores;
• se confía alguno de ellos a un progenitor y los restantes al otro progenitor;
• también puede, de oficio y de conformidad con las disposiciones del Código de Familia, proveer sobre todas las medidas para proteger los intereses de los hijos.

Para proveer sobre el cuidado y la educación de los hijos, el órgano jurisdiccional tiene también en cuenta la opinión del menor, si la expresa el propio menor o una persona de su confianza elegida por él, siempre que sea capaz de entender el significado de lo que ocurre y las consecuencias de ello. Para proveer sobre el cuidado y la educación en interés de los hijos, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta la opinión del centro de asistencia social, adquirida con arreglo a lo dispuesto en la Ley que rige los procedimientos de jurisdicción voluntaria civil. [Artículos 138 y 143 del Código de Familia y artículo 102 de la Ley de jurisdicción voluntaria civil (Zakon o nepravdnem postopku)]

RÉGIMEN DE VISITAS

Los hijos tienen derecho a mantener contacto con ambos progenitores y viceversa. Dicho contacto debe garantizar la protección de los intereses de los hijos. El progenitor al que se le haya confiado el cuidado y la educación del menor, u otras personas que vivan con el menor, no deben actuar de un modo que dificulte o impida al menor cumplir el régimen de visitas y debe animar al menor a adoptar una actitud adecuada respecto a las visitas de uno o ambos progenitores. El progenitor que tenga el derecho de visita respecto de su hijo no debe actuar de un modo que dificulte las visitas y el cuidado y la educación del menor.

Los progenitores que no vivan juntos o que tengan la intención de separarse deben llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre la cuestión, les ayuda a hacerlo un centro de asistencia social. También pueden solicitar una mediación. Si los progenitores llegan a un acuerdo sobre el régimen de visitas, pueden proponer que se homologue judicialmente. El órgano jurisdiccional no homologa la propuesta de acuerdo si considera que no vela por los intereses del menor. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre el régimen de visitas, se provee judicialmente al respecto.

Los procesos judiciales para proveer sobre el régimen de visitas o para modificar una resolución que regule este aspecto son incoados a propuesta de uno o de ambos progenitores, del tutor del menor, del menor que haya cumplido 15 años, siempre que sea capaz de entender el significado y los efectos jurídicos de sus actos, o de un centro de asistencia social.

En el caso de un divorcio en virtud de un acuerdo entre los cónyuges, los cónyuges también deben adjuntar al acuerdo de divorcio un acuerdo sobre el régimen de visitas, que el órgano jurisdiccional incorpora a la resolución de homologación, y deben adjuntar a la propuesta un certificado de asistencia al asesoramiento previo. Si el órgano jurisdiccional homologa una propuesta de divorcio, una propuesta de anulación de matrimonio o una propuesta de nulidad de matrimonio, también provee sobre el régimen de visitas entre los cónyuges y los hijos comunes.

El régimen de visitas lo establecen en primera instancia los tribunales comarcales (okrožna sodišča) en procesos de jurisdicción voluntaria.

Para determinar el régimen de visitas se tiene principalmente en cuenta el interés del menor: se considera que el régimen de visitas no defiende el interés del menor si le impone presiones psicológicas o pone en peligro su desarrollo físico y mental.

El menor tiene también derecho a estar en contacto con otros familiares que tengan vínculos estrechos con él (como sus abuelos, sus hermanos y sus medio hermanos).

El órgano jurisdiccional puede revocar o limitar los derechos de visita de conformidad con el artículo 173 del Código de Familia.

Si el progenitor con el que vive el menor impide las visitas entre el menor y el otro progenitor y las visitas no pueden realizarse ni siquiera con la asistencia especializada de un centro de asistencia social, el órgano jurisdiccional puede, a propuesta del otro progenitor, retirar la custodia del progenitor que está impidiendo las visitas y confiar al menor al otro progenitor si el órgano jurisdiccional cree que el otro progenitor permitirá las visitas y si es la única manera en que pueden protegerse los intereses del menor. El órgano jurisdiccional dicta una nueva resolución sobre el régimen de visitas con los progenitores cuando sea necesario por un cambio en las circunstancias y para proteger los intereses del menor.

Para proveer sobre el cuidado y la educación de los hijos, el órgano jurisdiccional tiene también en cuenta la opinión del menor, si la expresa el propio menor o una persona de su confianza elegida por él, siempre que sea capaz de entender el significado de lo que ocurre y las consecuencias de ello.

Para proveer sobre el régimen de visitas en interés de los hijos, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta la opinión del centro de asistencia social, adquirida con arreglo a lo dispuesto en la Ley que rige los procedimientos de jurisdicción voluntaria civil. (Artículos 141, 142 y 143 del Código de Familia y artículo 102 de la Ley de jurisdicción voluntaria civil)

MANUTENCIÓN del cónyuge y los hijos

Los cónyuges pueden tratar de homologar judicialmente un acuerdo sobre la manutención de los hijos. El órgano jurisdiccional no homologa la propuesta de acuerdo si considera que no vela por los intereses del menor. (Artículo 191 del Código de Familia)

Si los cónyuges no llegan a un acuerdo por sí mismos o con la ayuda de un centro de asistencia social, pueden acudir a la vía judicial. Antes de hacerlo, el órgano jurisdiccional debe solicitar el dictamen de un centro de asistencia social y tener en cuenta la opinión del menor si este la ha expresado y es capaz de entender su importancia y sus consecuencias. (Artículos 140 y 143 del Código de Familia)

Los progenitores están obligados a mantener a sus hijos hasta la mayoría de edad, de tal manera que les ofrezcan, en función de sus capacidades, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo.

Los progenitores también están obligados a mantener a un hijo matriculado en la enseñanza secundaria después de que alcance la mayoría de edad si asiste a la educación ordinaria y no tiene un empleo y si no está registrado como desempleado, es decir, hasta la primera graduación en la enseñanza secundaria o hasta la graduación en el nivel más alto de enseñanza general o profesional que pueda obtenerse en virtud de los reglamentos sobre la enseñanza secundaria. La obligación de manutención termina cuando el hijo cumple 26 años.

Los progenitores están obligados a mantener a un hijo matriculado en la enseñanza técnica superior si asiste a la enseñanza ordinaria y no tiene un empleo y si no está inscrito como desempleado, es decir, hasta la primera graduación en enseñanza técnica superior con arreglo a lo dispuesto en la ley que regula la enseñanza técnica superior. Los progenitores también están obligados a mantener a un hijo matriculado en la enseñanza superior si asiste a la educación ordinaria y no tiene un empleo y si no está inscrito como desempleado, es decir, hasta la primera graduación en estudios de grado, programas de posgrado o programas de posgrado integrados con arreglo a lo dispuesto en la ley que regula la enseñanza superior. Si el programa de estudios al que asiste el hijo dura más de cuatro años, la obligación de manutención se mantiene una vez finalizados esos cuatro años, hasta la finalización del programa de estudios. La obligación de manutención termina cuando el hijo cumple 26 años. (Artículo 183 del Código de Familia)

La pensión alimenticia se determina tomando en debida consideración las necesidades del demandante y los bienes y la renta del deudor. A tal efecto, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta el interés del menor, de modo que su manutención sea adecuada para asegurar su desarrollo físico y mental. La pensión alimenticia debe incluir los gastos de subsistencia del menor y, en particular, los gastos de alojamiento, alimentación, vestimenta, calzado, cuidado y protección, educación, escolarización, recreación, diversión y otras necesidades específicas. La pensión alimenticia se actualiza anualmente en función del índice de precios al consumo de Eslovenia. (Artículos 189, 190 y 198 del Código de Familia)

Los cónyuges y parejas extramatrimoniales están obligados a mantener a los hijos de su cónyuge o pareja extramatrimonial que vivan con ellos, a menos que ese u otro progenitor pueda hacerlo.

Esta obligación cesa al dejar de existir su matrimonio o unión extramatrimonial con la madre o padre del menor, a menos que dichas uniones dejen de existir por fallecimiento de la madre o el padre. En ese caso, el cónyuge o pareja extramatrimonial supérstite solo está obligado a mantener al hijo de su cónyuge o pareja extramatrimonial fallecido si vivían con él en el momento de la disolución del matrimonio o la unión extramatrimonial. (Artículo 187 del Código de Familia)

Los hijos adultos tienen la obligación de mantener a sus progenitores en la medida de sus capacidades si estos últimos carecen de medios suficientes para hacerlo y son incapaces de adquirirlos, pero solo si los progenitores les mantuvieron antes. Los hijos adultos no están obligados a mantener a un progenitor que no haya cumplido sus obligaciones de manutención para con ellos sin justificación. (Artículo 185 del Código de Familia)

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge que carezca de medios y esté desempleado sin mediar culpa de su parte puede reclamar alimentos al otro cónyuge en un proceso de divorcio o con una acción independiente que debe ejercerse en un plazo de un año a partir de la fecha en que el divorcio sea firme. La manutención solo puede solicitarse si las condiciones para recibirla existían en el momento del divorcio y continúan existiendo en el momento en que se solicite. (Artículo 100 del Código de Familia)

Los cónyuges pueden llegar a un acuerdo sobre la manutención en caso de divorcio celebrando un acuerdo a tal fin en forma de escritura pública otorgada al contraer matrimonio, durante el matrimonio o al divorciarse. (Artículo 101 del Código de Familia)

La pensión alimenticia se determina tomando en debida consideración las necesidades del demandante y los bienes y la renta del deudor. La pensión alimenticia es una cantidad mensual que se abona por anticipado y puede solicitarse desde el momento de la presentación de la demanda o de la propuesta de solicitud de manutención. En casos excepcionales, puede pagarse de una sola vez o de otra forma si hay razones específicas que lo justifican. No obstante, en estos casos excepcionales, el pago de la manutención no puede dejar al solicitante en una posición significativamente peor que la posición en la que habría estado si se hubiera pagado la manutención mensualmente por adelantado, ni puede suponer una carga excesiva para la persona que está obligada a pagar la manutención. (Artículo 104 del Código de Familia)

El órgano jurisdiccional deniega las demandas de manutención si su pago al cónyuge solicitante resultaría injusto para el otro cónyuge a la luz de los motivos que hicieron insostenible el matrimonio o si el cónyuge solicitante hubiera cometido un delito contra el otro cónyuge, sus hijos o sus progenitores antes o durante el proceso de divorcio o después del divorcio. (Artículo 100 del Código de Familia)

No hay obligación de manutención entre cónyuges divorciados si el pago de la manutención pusiera en peligro su capacidad de mantenerse a sí mismos o de mantener a los menores a su cargo en virtud del Código de Familia. (Artículo 105 del Código de Familia)

La manutención se revisa anualmente en función del índice de precios al consumo de Eslovenia. (Artículo 107 del Código de Familia)

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La «cohabitación» (življenjska skupnost) es un elemento esencial del matrimonio (artículo 3 del Código de Familia). La desaparición de la cohabitación (prenehanje življenjske skupnosti) o separación supone la desaparición definitiva de los elementos esenciales de la relación mutua entre los cónyuges. Al concluir la cohabitación, desaparece la unión económica y los vínculos íntimos y afectivos entre los cónyuges, como puede ser el caso del hogar común, etc.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

La ley no especifica las condiciones de la separación legal. Los órganos jurisdiccionales deciden sobre la separación legal en cada caso en función de sus circunstancias y características concretas.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

La separación legal no afecta a la existencia del matrimonio, únicamente supone la desaparición de la cohabitación. Para disolver un matrimonio, se debe presentar una propuesta de divorcio de mutuo acuerdo, una solicitud a un notario público para que plasme en un documento notarial el acuerdo de divorcio o una demanda de divorcio presentada (véase el punto 1). El cónyuge que carezca de medios puede reclamar alimentos al otro cónyuge en un proceso de divorcio o con una acción independiente que debe ejercerse en un plazo de un año a partir de la fecha en que el divorcio sea firme.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La anulación del matrimonio supone que en el momento de su celebración no se dieron las condiciones legalmente exigidas para su validez (es decir, no se contrajo voluntariamente, el consentimiento se prestó bajo coacción o por error, no se celebró con arreglo al procedimiento establecido, alguno de los contrayentes era menor, estaba mentalmente incapacitado o tenía una incapacidad temporal, etc.). Los efectos jurídicos del matrimonio desaparecen desde el día en que se anula.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El matrimonio no se anula ipso iure, solo puede anularse en virtud de una resolución judicial.

Una acción para anular un matrimonio puede ser presentada por los cónyuges o por cualquier persona que tenga un interés jurídico en la anulación, es decir, si el matrimonio fue contraído por un menor o una persona mentalmente incapacitada, si un matrimonio anterior no había sido disuelto, si el matrimonio fue contraído entre familiares, si uno de los cónyuges no estaba presente cuando se contrajo el matrimonio o si el matrimonio no se contrajo con la intención de mantener un hogar conjunto. La Fiscalía también puede interponer una demanda sin acuerdo por los motivos mencionados anteriormente y en el caso de un matrimonio celebrado entre un padre adoptivo y un hijo adoptivo.

Uno u otro cónyuge puede interponer una demanda sin acuerdo para la anulación de un matrimonio después de que el motivo de incapacidad mental deje de existir.

No existe un plazo de prescripción en el ejercicio del derecho a solicitar la anulación de un matrimonio. (Artículo 48 del Código de Familia)

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio se producen desde el día en que adquiere firmeza la sentencia. En la anulación de un matrimonio, se aplican las disposiciones del procedimiento de divorcio en relación con las relaciones patrimoniales y las donaciones entre los cónyuges. (Artículos 54 y 55 del Código de Familia)

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah), que entró en vigor en junio de 2008, regula la mediación en los litigios sobre relaciones de Derecho civil, mercantil, laboral, de familia y otras relaciones patrimoniales respecto de las cuales las partes pueden libremente negociar y transigir, salvo disposición en contrario de una ley específica. El matrimonio no puede disolverse sin la intervención de un órgano jurisdiccional, ante el que debe interponerse una propuesta de disolución de mutuo acuerdo (véase el punto 1).

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

En virtud de la Ley de jurisdicción voluntaria civil, los procedimientos matrimoniales son los siguientes: procedimiento de nulidad matrimonial, de anulación matrimonial y de disolución matrimonial.

Los tribunales comarcales tienen competencia para resolver tales asuntos en primera instancia (artículo 10 de la Ley de jurisdicción voluntaria civil).

El procedimiento de nulidad matrimonial se incoa a propuesta de una persona que tenga un interés jurídico o de la Fiscalía del Estado.

El procedimiento de anulación matrimonial se incoa a propuesta de uno de los cónyuges. También se puede incoar a propuesta de una persona que tenga un interés jurídico o de la Fiscalía, si así lo dispone el Código de Familia.

El procedimiento de disolución matrimonial se incoa a propuesta de uno de los cónyuges.

El procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo se incoa a propuesta de ambos cónyuges. Si se presenta una propuesta de divorcio de mutuo acuerdo y uno de los cónyuges retira la propuesta durante el proceso, el órgano jurisdiccional interrumpe el proceso. (Artículo 81 de la Ley de jurisdicción voluntaria civil)

En cuanto al contenido de la propuesta en un litigio matrimonial, la Ley de jurisdicción voluntaria civil dispone que una propuesta en un litigio matrimonial debe contener también una solicitud específica sobre la que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse. Debe adjuntarse a la propuesta de disolución de matrimonio un certificado del centro de asistencia social sobre la asistencia al asesoramiento previo si el Código de Familia dispone que los solicitantes deben asistir a un asesoramiento previo antes de que comience el proceso. (Artículo 82 de la Ley de jurisdicción voluntaria civil)

• Divorcio de mutuo acuerdo: el órgano jurisdiccional disuelve el matrimonio en virtud del acuerdo entre los cónyuges siempre que alcancen un entendimiento sobre asuntos jurídicamente importantes presentando un acuerdo sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los progenitores y presenten también un acuerdo notarial de división de los bienes comunes, de uso de la vivienda común y de la pensión del cónyuge que carezca de medios y se halle desempleado sin mediar culpa de su parte. Antes de declarar el divorcio, el órgano jurisdiccional debe cerciorarse de que el acuerdo entre los cónyuges garantice el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes, y un régimen de visitas de los progenitores que responda al interés de los hijos. Si el órgano jurisdiccional establece que el acuerdo entre los cónyuges no redunda en interés de los hijos, no lo homologa. (Artículo 96 del Código de Familia)
• Divorcio en virtud de un acuerdo ante notario: Los cónyuges sin hijos comunes sobre los que ejerzan responsabilidad parental que deseen divorciarse y lleguen a un acuerdo sobre la división de su patrimonio común, sobre quién conservará o adquirirá el uso de la vivienda en la que residen, y sobre la manutención del cónyuge que carece de medios y está desempleado sin mediar culpa de su parte, piden a un notario público que elabore un documento notarial de su acuerdo para disolver el matrimonio. El matrimonio queda disuelto a partir de la firma del documento notarial. Ese documento es la base jurídica para la inscripción del divorcio en el Registro Civil. El notario envía el documento a la oficina correspondiente, que inscribe el divorcio en el Registro Civil, dentro de los ocho días siguientes a la firma del acuerdo ante el notario. (Artículo 97 del Código de Familia)
• Divorcio: si el matrimonio deviene por cualquier motivo «insostenible», cualquiera de los cónyuges puede solicitar su disolución. Debe adjuntarse a la propuesta de disolución de matrimonio un certificado del centro de asistencia social sobre la asistencia al asesoramiento previo si el Código de Familia dispone que los solicitantes deben asistir a un asesoramiento previo antes de que comience el proceso. (Artículo 82 de la Ley de jurisdicción voluntaria civil y artículo 98 del Código de Familia)

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

El órgano jurisdiccional exime del pago de la totalidad o parte de las tasas judiciales si estas reducirían notablemente la renta disponible para la manutención propia o la de los familiares. Los extranjeros a los que sean de aplicación un tratado internacional o condiciones de reciprocidad están exentos del pago de las tasas judiciales [artículos 10 y 11 de la Ley de tasas judiciales (Zakon o sodnih taksah o ZST-1)].

Las partes pueden solicitar asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes de abogados y peritos; la decisión de conceder o no la asistencia jurídica gratuita corresponde al tribunal comarcal del lugar del domicilio del solicitante. En este procedimiento, el tribunal evalúa los criterios (sustantivos y económicos) en relación con lo dispuesto en la Ley de asistencia jurídica gratuita (Zakon o brezplačni pravni pomoči).

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las resoluciones relativas a litigios matrimoniales pueden recurrirse ante el tribunal de apelación (višje sodišče) competente.

Un órgano jurisdiccional de primera instancia puede modificar o anular una resolución anterior en respuesta a una apelación hecha a tiempo si ello no afecta negativamente a los derechos de otras personas que dependan de esta resolución o si estas personas están de acuerdo con la modificación o anulación.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro se reconocen sin necesidad de iniciar un procedimiento especial al efecto.

Las partes interesadas pueden solicitar el reconocimiento o no de una resolución judicial. Para ello, deben presentar una solicitud de declaración de reconocimiento de la sentencia ante el tribunal comarcal competente de Eslovenia.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

La presentación del escrito se rige por el Derecho esloveno.

La parte que solicita el reconocimiento de una resolución judicial (o su no reconocimiento) o solicita la declaración de ejecutoriedad debe aportar:

• copia de la sentencia que reúna los requisitos necesarios para confirmar su autenticidad;
• confirmación, en un formato normalizado, de la resolución judicial en el litigio matrimonial.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (Bruselas II bis) se aplica principal y directamente a los asuntos de jurisdicción internacional que afecten a nacionales o residentes de Estados miembros de la UE.

Si ambos cónyuges son nacionales de distintos países en el momento de la presentación de la demanda, se aplican los Derechos acumulados de dichos países con arreglo al Derecho esloveno [artículo 37, apartado 2, de la Ley de Derecho internacional privado sustantivo y procesal (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku)].

Si el matrimonio no puede disolverse con arreglo al Derecho de los países de nacionalidad de los cónyuges, se aplica el Derecho esloveno si uno de los cónyuges tenía domicilio en este país en el momento de presentación de la demanda.

Si uno de los cónyuges es de nacionalidad eslovena pero no tiene domicilio en este país y el matrimonio no puede disolverse con arreglo a lo establecido en el citado artículo 37, apartado 2, la disolución se rige por el Derecho esloveno.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Eslovaquia, el matrimonio solo puede disolverse por resolución judicial.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

El tribunal puede disolver un matrimonio como respuesta a la demanda interpuesta por uno de los cónyuges, siempre y cuando la relación entre los mismos sufra tal deterioro permanente que el matrimonio ya no pueda cumplir con los fines que le son propios y los cónyuges no puedan reanudar la convivencia conyugal.

El tribunal determina la causa de la ruptura de la relación entre los cónyuges y la tiene en cuenta al adoptar la sentencia de divorcio. Al dictar una sentencia de divorcio, el tribunal siempre tiene en cuenta los intereses de los hijos menores.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge al contraer matrimonio puede notificar al Registro Civil que volverá a adoptar su apellido anterior en un plazo de tres meses tras el pronunciamiento de la sentencia definitiva de divorcio.

El cónyuge que haya adoptado el apellido del otro cónyuge al contraer matrimonio y haya conservado el suyo propio como segundo apellido puede notificar al registro civil, en un plazo de tres meses tras el pronunciamiento de la sentencia de divorcio definitiva, que dejará de usar el apellido del cónyuge.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El régimen de comunidad de bienes se disuelve en el momento del divorcio, y los asuntos relacionados con el mismo se resuelven según los principios estipulados en el artículo 150 del Código Civil (Občiansky zákonník). El régimen de comunidad de bienes puede resolverse mediante: a) acuerdo; b) resolución judicial; c) transcurso de un período de tiempo.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En la sentencia de divorcio de los progenitores de un menor, el juez especifica los derechos y las obligaciones de los progenitores con respecto al menor para el período posterior al divorcio, y determina, en particular, a qué progenitor se le concede la custodia, la tutela legal del menor y la administración de sus bienes. La decisión sobre los derechos y las obligaciones parentales puede ser sustituida por un acuerdo entre los progenitores.

Cuando los progenitores no lleguen a un acuerdo sobre los derechos de visita al menor, el tribunal los determinará en la sentencia de divorcio. Cuando proceda, habida cuenta de los intereses del menor, el tribunal prohibirá o limitará los derechos de visita de un progenitor.

El tribunal también estipula de qué manera el progenitor al que no se le concede la custodia del niño contribuirá a su manutención, o aprobará el acuerdo de los progenitores sobre la cuantía de la pensión alimenticia.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El cónyuge divorciado que no pueda subsistir por sí solo, podrá solicitar a la otra parte una pensión en concepto de alimentos, que será proporcional a las posibilidades económicas del ex cónyuge. Si los cónyuges no llegan a un acuerdo, el tribunal, a instancia de una de las partes, resolverá la cuantía de dicha contribución.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La legislación eslovaca no contempla la separación legal.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Además del divorcio, el matrimonio puede ser declarado no válido por decisión judicial. En este caso, el matrimonio es considerado no celebrado desde un principio (matrimonium nullum). El tribunal también puede declarar que el matrimonio nunca existió (non matrimonium).

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

a. Las causas por las que se puede anular un matrimonio son:

• la existencia de otro matrimonio;
• la consanguinidad entre ascendentes y descendientes directos, y entre hermanos y hermanas, incluido el parentesco por adopción;
• la minoría de edad, si se trata de menores de entre 16 y 18 años de edad;
• un trastorno mental que implique limitación de la capacidad jurídica;
• una declaración que concluya que el matrimonio no se contrajo de manera libre, seria, determinada y comprensible.

Si se celebra el matrimonio a pesar de ser nulo por una de las causas citadas anteriormente, se considera que existe hasta que una decisión judicial de anulación sea definitiva.

b. El matrimonio es nulo si:

• se contrajo bajo coacción;
• se contrajo por un menor de 16 años de edad;
• se celebró ante una oficina de registro no autorizada, salvo en los casos especificados en el artículo 4, apartados 2 y 3, o ante un alcalde o un miembro de un gobierno municipal sin competencia para celebrar matrimonios;
• se celebró ante una autoridad eclesiástica o una comunidad religiosa no registrada de conformidad con una disposición específica, o ante una persona no autorizada a actuar como clérigo en una iglesia o comunidad religiosa registrada;
• se celebró en el extranjero ante una autoridad sin competencia para tal fin;
• se celebró por poderes sin una autorización válida, o bien la autorización fue revocada de conformidad con la ley pertinente.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El matrimonio declarado no válido por el tribunal se considera no celebrado.

Tras la decisión judicial que anula el matrimonio, las relaciones patrimoniales de los cónyuges, y sus derechos y obligaciones con respecto a los hijos comunes, se rigen por las disposiciones sobre los derechos y deberes de los progenitores divorciados con respecto a los hijos comunes y sobre sus relaciones patrimoniales. Tras la decisión judicial que anula el matrimonio, la declaración de los cónyuges sobre su apellido común también se anula y los ex cónyuges tienen la obligación de volver a adoptar sus apellidos originales.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El matrimonio solo puede disolverse por resolución judicial. Las cuestiones relacionadas con el matrimonio pueden resolverse mediante la aplicación de la Ley de mediación n.° 420/2004 (zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii).

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas de divorcio o de anulación del matrimonio o las declaraciones de nulidad del matrimonio se presentan ante el tribunal de distrito (okresný súd).

El tribunal competente por razón del territorio es el del lugar de la última residencia común de los cónyuges, siempre y cuando al menos uno de ellos resida aún en ella. En su defecto, el tribunal competente es el tribunal ordinario del lugar en el que resida el cónyuge que no haya interpuesto la acción. Si no fuese posible establecer el tribunal competente utilizando esos criterios, será competente el tribunal ordinario de la parte demandante.

La demanda debe incluir los elementos exigidos por la Ley n.º 160/2015 de procedimiento civil contencioso (artículo 127) y la Ley n.º 161/2015 de procedimiento civil no contencioso (artículos 25 y 26).

La demanda debe indicar claramente a qué tribunal se dirige, los datos del demandante, el objeto de la demanda y el fin que se persigue y, además, debe estar firmada. También debe incluir los nombres y apellidos de las partes (y de sus representantes, si es el caso), su nacionalidad, una descripción fiel y exhaustiva de los hechos principales y una lista de las pruebas en las que se basa el demandante, y exponer de forma clara la finalidad que persigue el demandante. El demandante debe adjuntar las pruebas documentales en que se basa, salvo aquellas que no pueda presentar por motivos ajenos a su voluntad.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

La prestación de asistencia jurídica está regulada por la Ley n° 327/2005 sobre la prestación de asistencia jurídica a las personas necesitadas (zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi).

El procedimiento de divorcio implica afrontar costas judiciales. Las partes del procedimiento pueden solicitar la exención de pago de dichas tasas.

En virtud de una demanda, el tribunal puede conceder la exención de pago de las costas judiciales a una parte total o parcialmente, si las circunstancias de la parte lo justifican, siempre y cuando no se refiera a una aplicación arbitraria o manifiestamente infundada de un derecho. Salvo disposición contraria del tribunal, la exención se aplica al procedimiento completo y tiene efectos retroactivos. No obstante, no se reembolsarán las costas pagadas antes de la decisión que concedió la exención.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Se puede presentar un recurso contra la decisión en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Es necesario presentar una solicitud de reconocimiento de la decisión. El Tribunal Regional (Krajský súd) de Bratislava es el tribunal competente en esta materia.

Las decisiones definitivas en materia de asuntos matrimoniales en otros Estados miembro (salvo Dinamarca) después del 1 de mayo de 2004 son reconocidos en virtud del Reglamento (CE) n.° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000. Las decisiones son reconocidas sin procedimiento especial alguno; en particular no existe procedimiento especial para modificar una inscripción en la oficina del Registro Civil. No obstante, la parte interesada puede solicitar que se dicte una decisión especial sobre el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro en materia matrimonial. El tribunal regional de Bratislava es competente para reconocer las resoluciones extranjeras.

Respecto a las decisiones dictadas en Dinamarca, o en otros Estados miembros antes del 1 de mayo de 2004, es preciso presentar una solicitud de reconocimiento de la resolución definitiva extranjera en materia matrimonial cuando una de las partes sea nacional de Eslovaquia. Este procedimiento se incoa con la presentación de la solicitud por la persona designada como parte en la resolución dictada en otro Estado miembro. El tribunal regional de Bratislava es competente para reconocer las resoluciones extranjeras.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Se puede recurrir la decisión de reconocimiento o de no reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. El recurso se interpone ante el tribunal regional de Bratislava y lo resuelve el Tribunal Supremo (Najvyšší súd).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La disolución del matrimonio por divorcio se rige en virtud de la legislación del Estado del que los cónyuges eran nacionales cuando se incoó el procedimiento. Si los cónyuges tienen nacionalidades diferentes, se aplica el Derecho eslovaco en materia de divorcio.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Las demandas de divorcio son competencia de los juzgados de distrito (käräjäoikeus). Pueden solicitarlo ambos cónyuges o uno de ellos por separado.

El divorcio puede concederse después de un período de reflexión de seis meses. No se requiere un período de reflexión si los cónyuges han vivido separados durante al menos dos años antes de la demanda de divorcio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

No es necesario alegar motivos para solicitar el divorcio. Los juzgados de distrito no analizan las relaciones personales entre los cónyuges ni los motivos de la solicitud. Véase la pregunta 1.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Los cónyuges conservan su apellido de casados tras el divorcio. Si el apellido de un cónyuge cambió a causa del matrimonio, el cónyuge en cuestión puede solicitar nuevamente su cambio tras el divorcio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El otorgamiento del divorcio y el reparto de los bienes son cuestiones separadas. Una vez disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden acordar el reparto de los bienes o solicitar al juzgado la designación de una persona encargada de realizarlo. La regla general es el reparto a partes iguales de todos los bienes de los cónyuges. Esta regla general puede cambiarse mediante un acuerdo prematrimonial o un convenio similar. El reparto puede modificarse también si da lugar aun resultado injustificado. Los bienes comunes pueden repartirse en cuanto se inicia el período de reflexión.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Cuestiones como la custodia, la residencia, la pensión de alimentos y el derecho de visita de los hijos menores comunes pueden organizarse junto con la solicitud de divorcio. Véanse los apartados de «Responsabilidad parental - Finlandia» y «Pensiones alimenticias - Finlandia».

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al otorgar el divorcio, el órgano jurisdiccional puede ordenar, previa solicitud, que un cónyuge pague alimentos al otro, si lo considera razonable (véase el apartado de «Pensiones alimenticias - Finlandia»). No obstante, esto es infrecuente.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La legislación finlandesa no contempla la separación legal. En la práctica, la separación legal significa que los cónyuges viven separados, en casas distintas.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Véase la pregunta 4.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase la pregunta 4.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La legislación finlandesa no contempla la anulación del matrimonio. No obstante, el fiscal debe promover el divorcio inmediato de los cónyuges si se descubre que son parientes cercanos o que uno de ellos estaba ya legalmente casado en el momento de celebrar el matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Véase la pregunta 7.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Véase la pregunta 7.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

La demanda de divorcio debe presentarse en todo caso ante el juzgado de distrito. No obstante, la ley dispone que los cónyuges deben tratar siempre previamente de resolver los conflictos familiares mediante un acuerdo, para lo cual pueden solicitar la ayuda de los mediadores familiares en su centro de servicios sociales local (sosiaalilautakunta). Los juzgados de distrito tienen también la obligación de informar a los cónyuges de la existencia de un servicio de mediación. Los mediadores tratan de ayudar a los cónyuges a alcanzar un acuerdo sobre el modo de resolver los conflictos familiares de forma satisfactoria para todos los miembros de la familia. Los mediadores pueden ayudarles también a elaborar el acuerdo y a iniciar otros procedimientos de resolución de conflictos. Los mediadores tienen la obligación especial de velar por los intereses de los menores en la familia. La mediación es siempre voluntaria.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Los cónyuges pueden solicitar el divorcio conjuntamente o por separado. La demanda de divorcio debe presentarse ante el juzgado de distrito del lugar de residencia de uno de los cónyuges. La demanda puede presentarse en persona o a través de un representante autorizado, y puede hacerse por correo postal, fax o correo electrónico.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Se presta asistencia jurídica gratuita en los casos de divorcio. Puede encontrar más información sobre la asistencia jurídica en Finlandia aquí.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Las sentencias de divorcio pueden recurrirse ante el tribunal de apelación (hovioikeus).

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Normalmente, el reconocimiento de las sentencias de divorcio dictadas en otros Estados miembros de la UE se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo (CE) n.º 2201/2003.

De acuerdo con este Reglamento, las sentencias dictadas en un Estado miembro se reconocen en otro Estado miembro sin necesidad de seguir ningún procedimiento especial. No obstante, el interesado puede solicitar una resolución en la que se reconozca o no se reconozca una sentencia.

Las solicitudes de reconocimiento de sentencia son competencia de los juzgados de distrito.

No obstante, en el caso de los divorcios solicitados en los países nórdicos se aplica el Convenio Nórdico sobre el Matrimonio de 1931. Entre los Estados miembros de la Unión Europea, son partes de este Convenio Finlandia, Suecia y Dinamarca. Las sentencias de divorcio dictadas con arreglo al Convenio son válidas en todos los países nórdicos sin necesidad de confirmación.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El procedimiento es el mismo descrito en la pregunta 14.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

La ley finlandesa se aplica a todos los casos de divorcio iniciados en Finlandia.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges o ambos conjuntamente pueden solicitar el divorcio. El divorcio debe ir precedido de un período de reflexión de seis meses en determinadas circunstancias. Esto ocurre cuando:

• ambos cónyuges así lo soliciten;
• uno de los cónyuges viva permanentemente con su hijo menor de 16 años del que tenga la custodia, o
• solo uno de los cónyuges desee la disolución del matrimonio.

En determinados casos excepcionales, sin embargo, las parejas a las que se refieren los puntos anteriores pueden también divorciarse sin un período de reflexión. Esto ocurre cuando la pareja ha estado separada durante dos años. Uno de los cónyuges puede solicitar el divorcio sin un período previo de reflexión si se descubre que es probable que fuera forzado a celebrar el matrimonio o si dicho cónyuge contrajo matrimonio antes de la edad de 18 años sin la correspondiente dispensa. Si se celebró el matrimonio a pesar de que los cónyuges tuvieran estrechos vínculos familiares, o si se celebró aunque uno de ellos estuviera todavía ligado por vínculo matrimonial o unión registrada, cada uno de los cónyuges tendrá derecho a solicitar el divorcio sin un período previo de reflexión.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Un cónyuge siempre tiene el derecho de obtener el divorcio sin que se requiera una causa concreta.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Si uno de los cónyuges hubiera adoptado el apellido del otro, tiene derecho a recobrar al apellido que utilizó en último lugar antes de su matrimonio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Después de un divorcio, los bienes de la pareja han de repartirse entre ambos cónyuges. El principio general es que los bienes se dividen en partes iguales. Cabe destacar que la cuestión de cuál de los cónyuges es culpable de la disolución del matrimonio es irrelevante por lo que se refiere al reparto de los bienes de la pareja.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Tras el divorcio, la pareja continúa automáticamente teniendo la custodia compartida de sus hijos. Sin embargo, un órgano jurisdiccional puede poner fin a la custodia compartida:

• de oficio, si considera que existen pruebas de que la custodia compartida es manifiestamente incompatible con el bienestar del menor, o
• a petición de uno de los cónyuges, si estima que lo mejor para el interés del menor es la custodia exclusiva de uno de ellos.

Si ambos cónyuges formulan una petición de cese de la custodia compartida, el órgano jurisdiccional debe acceder a ella.

Ambos progenitores son responsables del mantenimiento de sus hijos. El progenitor que no conviva con su hijo cumple su obligación de alimentos mediante el pago al otro cónyuge de una pensión de alimentos para el menor.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Después del divorcio, los cónyuges son responsables de sus propias necesidades. Solo se prevén excepciones en determinadas circunstancias especiales como, por ejemplo, si uno de ellos tiene dificultades para subsistir cuando se haya puesto fin a un largo matrimonio o si hubiera razones específicas.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la separación judicial (o legal).

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la separación judicial (o legal).

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la separación judicial (o legal).

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la anulación del matrimonio. Un matrimonio puede disolverse de dos maneras: por fallecimiento de uno de los cónyuges o por sentencia judicial de divorcio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la anulación del matrimonio.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la anulación del matrimonio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Solamente un órgano jurisdiccional puede disolver un matrimonio mediante el divorcio. Existen, sin embargo, opciones alternativas para resolver los diversos problemas que puedan surgir en relación con un divorcio.

La pareja puede obtener asesoramiento familiar, que trata los conflictos de convivencia. De esa manera, las parejas pueden obtener ayuda para resolver problemas y conflictos, de modo que puedan continuar con su matrimonio. Si hay ya una separación de hecho, el servicio de asesoramiento familiar puede ayudar a suavizar el conflicto y facilitar que los adultos actúen conjuntamente en su papel de padres. El asesoramiento familiar lo proporcionan organismos públicos (autoridades locales), eclesiales y privados. A las autoridades locales les corresponde garantizar que cualquier persona que lo solicite reciba asesoramiento familiar.

La pareja también tiene derecho a acudir a servicios de mediación (samarbetssamtal), que no están enfocados a la relación entre los adultos sino a los hijos. Su finalidad fundamental es llegar a un acuerdo sobre los problemas relativos a la custodia de los hijos, su residencia y el derecho de visita. La mediación está dirigida por expertos. Las autoridades locales son responsables de garantizar que cualquier persona que los solicite pueda recibir servicios de mediación.

Si la pareja desea realizar un cambio en relación con la custodia de sus hijos, su residencia o el derecho de visita, puede hacerlo celebrando un acuerdo al respecto. Dicho acuerdo debe ser aprobado posteriormente por el comité de asistencia social de la autoridad local.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la separación judicial (o legal) ni la anulación del matrimonio.

La primera condición para poder presentar una demanda de divorcio ante un órgano jurisdiccional sueco es que este sea competente para conocer del asunto. Además de lo dispuesto en el Reglamento Bruselas II, también están abarcados los supuestos siguientes en virtud de las normas autónomas sobre jurisdicción y competencia judicial sueca:

• cuando ambos cónyuges son ciudadanos suecos,
• cuando el demandante es un ciudadano sueco y reside habitualmente en Suecia o lo ha hecho previamente desde los 18 años de edad,
• cuando el demandante no es un ciudadano sueco, pero ha residido habitualmente en Suecia durante al menos un año,
• si el demandado reside habitualmente en Suecia.

Una vez establecida la competencia de un órgano jurisdiccional sueco para conocer de un proceso de divorcio, la causa se celebra ante el tribunal de primera instancia (tingsrätt) sueco en cuya demarcación tenga su residencia habitual uno de los cónyuges. Si ninguno de ellos reside de forma habitual en Suecia, el proceso se celebra ante el tribunal de primera instancia de Estocolmo (Stockholms tingsrätt).

Existen dos maneras diferentes de presentar una demanda de divorcio ante un tribunal de primera instancia. Si ambos cónyuges desean divorciarse, pueden presentar una solicitud de divorcio de común acuerdo. Sin embargo, cuando solo uno de ellos desea divorciarse, este debe presentar un escrito de demanda ante el tribunal de primera instancia. En ambos casos deben adjuntarse copias de los certificados de nacimiento de ambos cónyuges, que pueden obtenerse de la Agencia Sueca de Administración Tributaria (Skatteverket).

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

En los procedimientos de divorcio y cuestiones relacionadas, la asistencia jurídica gratuita solo se concede por motivos específicos.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

El ordenamiento jurídico sueco no contempla la separación judicial (o legal) ni la anulación del matrimonio.

Sí, se puede presentar un recurso contra una sentencia de divorcio.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1347/2000 (Reglamento Bruselas II), las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Sin embargo, existen algunos motivos para denegar el reconocimiento.

El principio fundamental conforme al Reglamento Bruselas II es, por tanto, que una sentencia de divorcio, separación judicial o nulidad del matrimonio dictada en cualquier otro Estado miembro debe tratarse automáticamente de la misma manera y tener los mismos efectos jurídicos que una resolución judicial sueca equivalente. Aunque el Reglamento se basa, pues, en el principio de reconocimiento automático, una parte interesada puede solicitar una declaración de que la sentencia extranjera está o no reconocida en Suecia. Esta petición se hace ante el tribunal de apelación Svea (Svea hovrätt), que resuelve, en esta fase, sin dar audiencia a la otra parte.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Debe presentarse una solicitud ante el tribunal de apelación Svea con el fin de utilizar la opción contemplada en el Reglamento Bruselas II para obtener una declaración de que la sentencia extranjera se reconoce en Suecia (véase la pregunta 14). Si el tribunal de apelación Svea declara en dicho procedimiento que se debe reconocer la sentencia en cuestión en Suecia, la otra parte puede impugnar este reconocimiento. La impugnación de dicho reconocimiento se sustancia ante el mismo tribunal, que dará audiencia a ambas partes en el resto del procedimiento. Contra la resolución adoptada por el tribunal de apelación Svea en cuanto a la impugnación del reconocimiento puede apelarse ante el Tribunal Supremo (Högsta domstolen).

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Una demanda de divorcio vista por un órgano jurisdiccional sueco se rige siempre por el Derecho sueco (principio de lex fori).

En determinados casos, sin embargo, es necesario tener en cuenta las disposiciones extranjeras. Esto ocurre en los siguientes casos:

• si ambos cónyuges son extranjeros y no han residido habitualmente en Suecia durante al menos un año, no se puede dictar una sentencia de divorcio contra el deseo de uno de los cónyuges cuando, conforme al Derecho del Estado del cual ambos o uno de los cónyuges sean ciudadanos, no existan causas de divorcio;
• si ambos cónyuges son extranjeros y uno de ellos alega que no existe causa para la disolución del matrimonio conforme al Derecho del Estado del cual sea ciudadano, no puede dictarse una sentencia de divorcio cuando, teniendo en cuenta los intereses del cónyuge o de los hijos de ambos cónyuges, existan motivos particulares para no hacerlo.

Cabe destacar que, incluso en los dos casos previamente mencionados, se trata simplemente de aplicar el Derecho sueco, pero con cierto grado de protección para evitar una sentencia de divorcio conforme al Derecho sueco cuando los cónyuges no estén muy arraigados en Suecia y existan motivos fundados en contra.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges debe presentar una demanda de divorcio (petition) ante el órgano jurisdiccional. Conocen de las demandas de divorcio el Juzgado de Familia (Family Court). El demandante debe demostrar que el vínculo matrimonial se ha deteriorado de manera irreparable, para lo que debe aportar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican más adelante.

No se pueden presentar demanda de divorcio hasta que haya transcurrido un año como mínimo desde la fecha en que se contrajo matrimonio, pero sí se puede presentar una solicitud de anulación en cualquier momento. No obstante, pueden presentarse pruebas de hechos acaecidos durante el primer año de matrimonio a fin de demostrar que el vínculo matrimonial se ha deteriorado de manera irreparable.

Desde marzo de 2014, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en Inglaterra y Gales. En cuanto al divorcio, se aplican las mismas condiciones, independientemente de que los cónyuges sean del mismo sexo o no.

Se puede presentar la demanda de divorcio en línea.

Desde 2005, las parejas del mismo sexo también pueden formalizar su relación en el Reino Unido a través de la figura de la unión registrada, y, desde el 31 de diciembre de 2019, también las parejas heterosexuales. Las partes de dicha unión son libres de solicitar su disolución o de presentar una solicitud de separación si el vínculo se deteriora. El proceso es similar al del divorcio, la separación judicial y la anulación del matrimonio, tal y como se describe más abajo. No es posible solicitar en línea la disolución de una unión registrada. Puede encontrar información adicional en la página web del Gobierno.

En una pareja del mismo sexo, si se trata de hombres, a los cónyuges se les considera esposo y esposo y, si se trata de mujeres, se les considera esposa y esposa.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La única causa por la que puede concederse el divorcio es el deterioro irreparable del vínculo matrimonial. A fin de justificar esta causa, es necesario aportar pruebas de uno o varios de los siguientes «hechos» conyugales:

• que el otro cónyuge ha cometido adulterio con una persona del sexo opuesto, por lo que al demandante le resulta intolerable convivir con esta persona;

• que el cónyuge ha tenido una conducta poco razonable, lo que implica que este se ha comportado de tal forma que el demandante no se ve capaz de continuar conviviendo con él;

• que el cónyuge ha abandonado el hogar conyugal durante los dos años anteriores a la presentación de la demanda de divorcio;

• que las partes han estado en separación de hecho durante dos años antes de presentar la demanda de divorcio (con el consentimiento de la otra parte);

• que las partes han estado en separación de hecho durante cinco años antes de presentar la demanda de divorcio (sin el consentimiento de la otra parte).

El juez tiene la obligación de indagar lo máximo posible en los hechos que alega el demandante y en los que alegue la otra parte. Si está de acuerdo con las pruebas aportadas para justificar que el vínculo matrimonial se ha deteriorado de manera irreparable, el juez de familia dicta la sentencia de divorcio.

El adulterio no puede utilizarse como prueba para la disolución de una unión registrada.

Si el juez tiene la certeza de que el vínculo matrimonial se ha deteriorado de forma irreparable, primero dicta un auto provisional de divorcio (decree nisi). Transcurridas seis semanas, el cónyuge que ha presentado la demanda de divorcio puede solicitar que se dicte la sentencia definitiva de divorcio (decree absolute). Salvo en circunstancias excepcionales, no existe un plazo para solicitar que se dicte esta sentencia definitiva.

No obstante, si presenta dicha solicitud doce meses después de que se dicte el auto provisional de divorcio, el demandante debe facilitar una explicación por escrito, en la que conste lo siguiente:

• las razones del retraso;

• si los cónyuges han convivido desde que se dictó el auto provisional de divorcio y, en su caso, entre qué fechas; y

• si la esposa o una de las esposas, en caso de que se trate de una pareja de mujeres, ha dado a luz, o se considere que así ha sido, desde que se dictó el auto provisional de divorcio y, en su caso, si se ha declarado o no que se trata o puede tratarse de un descendiente de la unidad familiar.

El juez de familia puede exigir al demandante que presente una declaración jurada sobre la veracidad de la explicación aportada y puede resolver como considere más oportuno.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

Las partes tienen plena libertad para volver a contraer matrimonio (o para formar una unión registrada) en caso de que así lo deseen. Pueden optar por mantener el apellido de casado o volver a usar el de soltero o el de la nueva pareja registrada.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

El juez, al dictar una sentencia de divorcio, nulidad o separación judicial, o posteriormente, puede decretar una compensación patrimonial de un cónyuge a otro, o a un hijo de la familia, o a otra persona cuando sea en beneficio de un hijo de la familia.

Los órganos jurisdiccionales también son competentes para fallar a favor de la realización de pagos periódicos, la venta de bienes, las pensiones alimenticias y pagos de cuantías a tanto alzado y para dictar otros autos. Tienen discreción en cuanto a qué autos dictar en cada caso concreto, a fin de adecuarse a las exigencias del asunto de que se trate en función de sus circunstancias concretas.

En el ejercicio de sus facultades discrecionales, los órganos jurisdiccionales deben considerar el bienestar de los hijos de la unidad familiar menores de dieciocho años, además de las circunstancias siguientes:

• la renta, el nivel de ingresos, los bienes u otros recursos financieros que cada uno de los cónyuges tiene o puede tener en un futuro próximo;

• la contribución, ya sea financiera o de otro tipo, que haya realizado cada uno de los cónyuges para el mantenimiento del hogar y de los hijos;

• las necesidades, obligaciones y responsabilidades económicas que cada una de las partes tenga o pueda tener en un futuro cercano;

• el nivel de vida del que disfrutaba la familia antes de la ruptura del matrimonio;

• la edad de ambas partes y la duración del matrimonio;

• cualquier discapacidad mental o física que sufra alguna de las partes;

• las contribuciones que cada parte ha hecho, o pueda hacer en el futuro, para el bienestar de la familia;

• la conducta de los cónyuges, si fuera tal que resultara injusto ignorarla al considerar cómo deben repartirse los bienes;

• el valor de las ganancias que cada uno de los cónyuges pierde la oportunidad de adquirir debido al divorcio o a la anulación del matrimonio.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Tras el divorcio, ambos progenitores continúan teniendo responsabilidad parental para con los hijos de la unidad familiar. Asimismo, cada progenitor continúa teniendo responsabilidad parental para con los hijos de otras relaciones con los que tuvieran tal responsabilidad en el momento de declararse el divorcio. Ambos progenitores también continúan teniendo el deber de mantener a los hijos menores que hayan vivido como hijos de la familia.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El deber de pasar una pensión alimenticia al otro cónyuge cesa, en la mayoría de los casos, cuando finaliza el proceso de divorcio (tras declarase el divorcio definitivo), salvo en aquellos casos en los que se haya dictado un auto de obligación alimenticia con respecto al cónyuge en el seno del proceso de divorcio. Además, cualquier obligación relativa a una resolución judicial (por ejemplo, sobre la obligación alimenticia con respecto al otro cónyuge) sigue desplegando efectos, pero se puede modificar más adelante la resolución en caso de que se produzcan cambios significativos de los hechos en los que se basa la resolución judicial original.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En Inglaterra y Gales, la «separación legal» se conoce como «separación judicial» (judicial separation). Cuando un juez dicta tal resolución, ya no cabe esperanza alguna de que el cónyuge demandante continúe conviviendo con su esposo o esposa. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. La separación judicial es una opción para los cónyuges cuyo vínculo matrimonial se ha deteriorado irreparablemente pero que no desean volver a casarse. Al solicitante de una separación judicial no se le exige aportar pruebas de que el vínculo matrimonial se ha deteriorado irreparablemente. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haberse dictado una resolución de separación judicial.

Los miembros de una unión registrada pueden solicitar también una resolución de separación, que tiene exactamente la misma validez.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El solicitante tiene que aportar pruebas de uno o varios de los hechos necesarios para demostrar el deterioro del vínculo matrimonial y, a diferencia de quienes solicitan el divorcio, no necesita esperar un año desde que se celebró el matrimonio.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Si uno de los cónyuges en una separación judicial fallece sin haber hecho testamento, sus bienes se reparten de conformidad con la normativa sobre sucesiones ab intestato; la sentencia de separación judicial tiene en este supuesto la misma validez que el divorcio. Por tanto, ninguno de los cónyuges tiene ningún derecho sobre los bienes de la parte intestada. Si alguno de los cónyuges en una separación judicial fallece y había otorgado testamento, la separación judicial no tiene ningún efecto sobre los derechos derivados del citado testamento cuando, por ejemplo, la parte supérstite separada judicialmente sea nombrada como beneficiaria en el testamento.

En una separación judicial, el juez se rige por las mismas disposiciones que en el caso del divorcio en cuanto al reparto de los bienes.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

El Derecho inglés distingue entre nulidad y anulabilidad. El matrimonio puede ser declarado «nulo» (void), que significa que el matrimonio nunca ha sido válido y se considera nunca ha existido. En circunstancias diferentes, el matrimonio puede ser «anulable», lo que significa que uno de los cónyuges puede solicitar que el matrimonio se declare no válido. En los supuestos de anulabilidad, el matrimonio puede continuar existiendo en caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio es nulo si:

• No se atiene a las disposiciones de las leyes sobre matrimonio de 1949 a 1986 en relación con lo siguiente:

- Las partes son familiares con un grado de afinidad muy próximo.

- Una de las partes es menor de dieciséis años.

- No se han respetado las formalidades propias del matrimonio.

• En el momento de contraer matrimonio, una de las partes ya estaba legalmente casada o inscrita en una unión registrada.

• Si se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Inglaterra o Gales y uno de los cónyuges estaba domiciliado en Inglaterra y Gales en el momento de contraer matrimonio.

Un matrimonio es anulable si se dan las siguientes circunstancias:

• El matrimonio no se ha consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges para hacerlo. Esto solo se aplica a los matrimonios entre personas de diferente sexo.

• El matrimonio no se ha consumado por negativa deliberada del demandado. Esto solo se aplica a los matrimonios entre personas de diferente sexo.

• Una de las partes no ha dado su consentimiento para contraer matrimonio como es debido, porque actuó bajo presión y se vio forzada a ello, estaba equivocada con respecto a los efectos jurídicos del matrimonio o no tenía suficiente capacidad para valorar los efectos derivados de la decisión de casarse.

• En el momento de contraer matrimonio, uno de los cónyuges tenía una enfermedad mental de un tipo que lo hacía no apto para contraer matrimonio o padecía alguna enfermedad de transmisión sexual y el demandante no tenía constancia de este hecho en ese momento.

• Cuando se celebró el matrimonio, la demandada estaba embarazada de otra persona distinta al demandante y este último no tenía constancia de ello en el momento de casarse.

• Se ha expedido un certificado de reconocimiento de cambio de sexo (Gender Recognition Certificate) provisional a favor de alguna de las partes después de celebrarse el matrimonio.

• Cuando se celebró el matrimonio, el demandado se había cambiado de sexo en el marco de la Ley de reconocimiento de cambio de sexo (Gender Recognition Act) de 2004 y el demandante no era consciente de este hecho en ese momento.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si un matrimonio se declara nulo, deja de tener validez y se trata como si nunca hubiera existido. No obstante, esto no afecta a la condición de los hijos.

Si un matrimonio es anulable, se considera como si no hubiera sido válido desde la fecha en que deviene firme la sentencia de anulación del matrimonio. El matrimonio se considera que ha existido hasta dicha fecha.

En el caso de matrimonios nulos y anulables, el órgano jurisdiccional puede disponer el reparto de los bienes de la misma forma que en el caso del divorcio.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El Gobierno fomenta el uso de la mediación familiar para resolver controversias en casos apropiados. La mediación puede resultar conveniente si se trata de controversias relacionadas con los hijos y también para aquellas que conciernen a los bienes y el patrimonio. En algunos ámbitos, los funcionarios del Servicio de asesoramiento y apoyo judicial en materia de menores y familia (Children and Family Court Advisory and Support Service o CAFCASS en Inglaterra y CAFCASS Cymru en Gales) habilitan instalaciones para la resolución de controversias sobre los hijos en sede judicial. El juez puede suspender un asunto para tratar de solucionar la controversia de esta forma.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

La demanda puede presentarse en cualquier sede del Juzgado de Familia y en ella debe constar si se trata de una demanda de divorcio, separación judicial o anulación. Los datos de los órganos jurisdiccionales y los formularios necesarios se encuentran disponibles en las páginas web siguientes: Ministerio de Justicia, el buscador de órganos jurisdiccionales y la página del Gobierno Get a divorce.

Para presentar una demanda normalmente es necesario pagar tasas, pero se aplican excepciones para quienes reciben determinadas prestaciones públicas o para quienes pueden demostrar que el pago de las tasas puede suponer una dificultad excesiva. Aquí encontrará más información sobre las tasas judiciales.

El demandante debe cumplimentar el formulario de demanda D8 (petition form) y debe acompañarlo de:

• tres copias del formulario de demanda;

• una copia adicional por cada persona que se indique que haya participado en el adulterio;

• un certificado matrimonial (que no sea fotocopia) acompañado de una traducción jurada, si procede;

• un formulario de exención del pago de tasas.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

No suele concederse asistencia jurídica gratuita para casos de divorcio o litigios relacionados con los hijos o los bienes, a menos que exista violencia doméstica. También se realiza un estudio de los recursos económicos y los fundamentos. Puede encontrar información adicional en la página web del Gobierno.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Al dictarse el auto provisional, uno de los cónyuges puede solicitar al órgano juez que justifique por qué no dicta una sentencia definitiva. El juez puede dejarla sin efecto, dictar una sentencia definitiva, indagar más o resolver de otra forma que estime más conveniente.

Tras dictarse un auto definitivo, salvo en circunstancias excepcionales, no puede presentarse recurso alguno.

No se puede recurrir una resolución de separación judicial, pero se puede dejar sin efecto si ambas partes están de acuerdo.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 de la Unión Europea establece que una resolución judicial de divorcio, separación legal (separación judicial) o anulación del matrimonio dictada en un Estado miembro puede reconocerse en otros Estados miembros. Los documentos necesarios se pueden solicitar al órgano jurisdiccional que dictó la resolución y deben enviarse al Tribunal Superior (High Court).

Este Reglamento no afecta a los asuntos de culpabilidad, regímenes económicos, pensiones alimenticias u otras cuestiones accesorias. Debe existir una relación real entre la parte afectada y el Estado miembro que tenga jurisdicción.

El reconocimiento puede denegarse si la resolución contraviene el orden público, si se dictó en rebeldía, si a la parte demandada no se le facilitaron los documentos pertinentes con antelación suficiente o por incompatibilidad de la resolución con una sentencia dictada en un proceso con las mismas partes en Inglaterra y Gales, o con una sentencia anterior dictada en otro país, siempre que dicha sentencia pueda reconocerse en Inglaterra y Gales.

Cualquier interesado puede solicitar una resolución por la que se reconozca o no se reconozca una sentencia. El Tribunal Superior puede suspender el procedimiento si se presenta un recurso contra la sentencia que se pretende reconocer.

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 sigue siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020.

Si la resolución no puede reconocerse en el marco de este Reglamento, se aplica el régimen de reconocimiento de divorcios declarados en el extranjero de la Ley de Derecho de Familia de 1986 (Family Law Act). El artículo 46 de la citada Ley establece lo siguiente.

• La validez de un divorcio, una anulación o una separación judicial declarados judicialmente en el extranjero se reconocerán si:

- el divorcio, la anulación o la separación judicial son efectivos de conformidad con la ley del país en que se declararon; y

- en la fecha correspondiente (la fecha en que se incoó el procedimiento judicial de divorcio), los cónyuges

• tenían su residencia habitual en el país en que se declaró el divorcio, la anulación o la separación judicial; o
• tenían su domicilio en dicho país; o
• eran nacionales de dicho país.

• La validez de un divorcio, una anulación o una separación judicial declarados en el extranjero por vía distinta a la judicial se reconocerá si:

- el divorcio, la anulación o la separación judicial son efectivos de conformidad con la ley del país en que se declararon;

- en la fecha pertinente (la fecha en que se declaró el divorcio):

• los cónyuges tenían su domicilio en dicho país; o
• uno de los cónyuges tenía su domicilio en dicho país y el otro tenía su domicilio en un país cuya ley reconoce la validez del divorcio, la anulación o la separación judicial; y

• ninguno de los cónyuges tuvo su residencia habitual en el Reino Unido durante el un año inmediatamente anterior a dicha fecha.

Cualquier persona puede solicitar al órgano jurisdiccional una declaración de que el divorcio, la anulación o la separación judicial declarados fuera de Inglaterra o Gales deben reconocerse en Inglaterra y Gales. El órgano jurisdiccional puede dar curso a la solicitud siempre que el demandante:

• tuviera su domicilio en Inglaterra y Gales en la fecha en que se incoó el procedimiento judicial; o

• tuviera su residencia habitual en Inglaterra y Gales durante un año antes de dicha fecha.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

De conformidad con las condiciones descritas anteriormente, cualquier persona puede solicitar al Juzgado de Familia que expida una declaración de que el divorcio, la anulación o la separación judicial no deben reconocerse en Inglaterra y Gales.

Las solicitudes de reconocimiento en el marco del citado Reglamento de la UE deben presentarse ante el Tribunal Superior. El demandante debe informar al demandado acerca de la solicitud para que pueda impugnar el reconocimiento de la resolución mediante el envío de los documentos oportunos, a menos que el órgano jurisdiccional falle que el demandado ha aceptado la sentencia de manera inequívoca.

El Reglamento establece que cualquier parte interesada puede solicitar que se reconozca o no la resolución. El Tribunal Superior puede suspender el proceso si se presenta un recurso contra la sentencia que se pretende reconocer en el Estado miembro en que se dictó la sentencia.

El Reglamento de la UE seguirá aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2020.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales siempre aplicarán el Derecho de Inglaterra y Gales a las demandas que se interpongan ante ellos. Dichos órganos jurisdiccionales tienen competencia para conocer de un divorcio, incluso en los casos en que el matrimonio se haya contraído en el extranjero, si cualquiera de los cónyuges:

• tuviera su domicilio en Inglaterra y Gales en la fecha en que se incoó el procedimiento judicial; o

• tuviera su residencia habitual en Inglaterra y Gales durante un año antes de dicha fecha.

Enlaces relacionados

Divorcio, separación y ruptura de la relación

Asistencia jurídica gratuita

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Irlanda del Norte, la normativa relativa al divorcio se recoge en la Ley sobre causas matrimoniales de 1978 [Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978]; en lo sucesivo, «Ley de 1978».

Un cónyuge puede obtener el divorcio si presenta una solicitud por escrito (denominada «escrito de demanda») ante un tribunal. La persona que pide el divorcio recibe el nombre de «demandante», mientras que a la otra parte se le denomina «demandado». El demandante debe demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, para lo que deberá presentar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican a continuación en la pregunta 2. Una demanda de divorcio no puede presentarse dentro de los dos primeros años del matrimonio. No obstante, se pueden utilizar pruebas de esos dos años para demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La única causa de divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. En general, a fin de mostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, el demandante debe probar uno o varios de los siguientes hechos:

• Que el demandado ha cometido adulterio. Este hecho no podrá alegarse si, después de tener constancia del mismo, el demandante continúa conviviendo con el demandado durante más de seis meses o durante períodos más cortos que en total sumen más de seis meses.
• Que el demandado haya tenido una conducta poco razonable, es decir, que se haya comportado de tal forma que el demandante no se vea capaz de continuar conviviendo con él. Este hecho no será válido si las partes han convivido durante seis meses o más después de la fecha en que tuviera lugar el último incidente de conducta irracional.
• Que el demandado haya abandonado al demandante durante un periodo continuado de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda.
• Que las partes hayan vivido separadas durante un periodo continuado de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda, y el demandado dé su consentimiento para la concesión del divorcio.
• Que las partes hayan vivido separadas durante un periodo continuado de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda. No se precisa del consentimiento del demandado, quien podrá oponerse al divorcio si alega que le provocaría dificultades económicas importantes o de otro tipo.

Al valorar si el demandado ha abandonado al demandante o si las partes han vivido separadas durante un periodo continuado, no se tendrán en cuenta los períodos (que no superen seis meses en total) en que las partes hayan reanudado la convivencia. No obstante, tales períodos no contarán como parte del período de abandono del hogar o de separación.

Si el tribunal considera satisfactorias las pruebas que justifican que el matrimonio se ha roto irreparablemente, dictará una resolución provisional de divorcio (la resolución judicial previa al divorcio o decree nisi).

El proceso de divorcio finaliza cuando la resolución provisional se convierte en firme. Se puede solicitar que la sentencia condicional se convierta en sentencia firme de divorcio a las seis semanas y un día de haberse dictado la sentencia condicional. Si la solicitud no se presenta en el plazo de doce meses a partir de la fecha en que se dicte la sentencia condicional, se puede solicitar al demandante que presente una declaración jurada (affidávit) para justificar el retraso. En determinadas circunstancias, el demandado podrá solicitar la sentencia firme. Las partes no podrán volver a contraer matrimonio hasta obtener la sentencia firme de divorcio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

No existen normas específicas que rijan las relaciones después del divorcio. No obstante, las partes ya no tendrán la obligación de convivir y, si la esposa ha adoptado el apellido de su marido, podrá decidir volver a utilizar su apellido de soltera.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

La Ley de 1978 contiene disposiciones de gran alcance que permiten al tribunal pronunciarse sobre los bienes de las partes y regular sus acuerdos económicos, tanto entre las partes como en relación con los hijos de la unidad familiar.

Al pronunciar la sentencia de divorcio o posteriormente, el tribunal puede dictar órdenes sobre

• pagos periódicos;
• pago de una cantidad a tanto alzado;
• reparto de los bienes;
• reparto de la carga de la pensión alimenticia o de asignación de los fondos de pensiones.

Antes de dictar una resolución, el tribunal estudiará todas las circunstancias del caso. No obstante, dará siempre prioridad al bienestar de los hijos de la unidad familiar menores de dieciocho años.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Después del divorcio, ambos progenitores conservarán la responsabilidad parental sobre los hijos del matrimonio y el deber permanente de mantener a los menores que hayan registrado como hijos de la unidad familiar.

Si hay hijos menores de dieciséis años, o mayores de esa edad que estén estudiando o recibiendo formación profesional, el demandante debe cumplimentar un formulario (formulario M4) donde se establezcan los acuerdos en relación con ellos. En el formulario se insta a las partes a tratar de llegar a un acuerdo en relación con las propuestas para el futuro de sus hijos. No obstante, si no llegan a un acuerdo, el demandado tendrá la oportunidad de presentar sus observaciones sobre los acuerdos propuestos, y el tribunal podrá ejercer sus competencias en el marco de la Ley del menor [Children (Northern Ireland) Order 1995], para decidir, por ejemplo, dónde deben vivir los hijos.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

El deber de pagar alimentos al otro cónyuge cesará con el divorcio, salvo en el caso en que el tribunal haya dictado un auto de pago o reparto de bienes.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

Una demanda de separación judicial puede presentarse si un matrimonio se rompe pero, por un motivo u otro, el demandante no quiere obtener el divorcio. Si el demandante obtiene una sentencia de separación judicial, desaparece la obligación de convivencia. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haber obtenido una resolución de separación judicial.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Al presentar una demanda de separación judicial, no es necesario demostrar que el matrimonio se ha roto de forma irreparable.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Los cónyuges no tendrán que continuar conviviendo. Si existe una sentencia de separación judicial y uno de los cónyuges fallece sin hacer testamento (intestado), sus bienes se distribuirán como si el otro cónyuge también hubiese fallecido y este perderá todos los beneficios que hubiera podido obtener. Las competencias del tribunal en cuanto al reparto de bienes son prácticamente las mismas tanto para la separación judicial como para el divorcio. No obstante, el tribunal no puede dictar un auto en materia de reparto de pensiones.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Una sentencia de nulidad se concede si el demandante demuestra que el matrimonio es nulo o anulable. Un matrimonio nulo es aquel que nunca debería haberse celebrado y que se considera que nunca ha tenido valor legal. Un matrimonio anulable se reconoce y continúa hasta su disolución.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio es nulo y no válido si se demuestra alguno de los siguientes hechos:

• Las partes tienen una relación de parentesco muy cercana.
• Una de las partes es menor de dieciséis años.
• No se han llevado a cabo los trámites apropiados del matrimonio.
• En el momento de contraer matrimonio, una de las partes ya estaba legalmente casada.
• Las partes no son de sexos diferentes (la pareja debe estar compuesta de un hombre y una mujer).
• Si se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Irlanda del Norte, uno de los cónyuges estaba domiciliado en Irlanda del Norte en el momento de contraer matrimonio.

Un matrimonio es anulable si se demuestra alguno de los siguientes hechos:

• No se ha consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges.
• Uno de los cónyuges se ha negado a consumarlo.
• Una de las partes no dio un consentimiento válido para contraer matrimonio (por ejemplo, porque actuó bajo presión o coacción para dar su consentimiento o porque estaba equivocada acerca de la naturaleza de la ceremonia).
• En el momento del matrimonio, uno de los cónyuges padecía una enfermedad mental.
• En el momento del matrimonio, uno de los cónyuges sufría una enfermedad de transmisión sexual.
• En el momento del matrimonio, la esposa estaba embarazada de una persona que no era su marido.

Si se solicita una declaración de nulidad basada en uno de los cuatro supuestos anteriores, deberá presentarse en el plazo de tres años a partir de la fecha en que se celebró el enlace. No obstante, en determinadas circunstancias, el tribunal puede admitir a trámite una demanda presentada fuera de dicho plazo.

Si la demanda se fundamenta en los últimos dos hechos, el demandante tendrá que demostrar que, en el momento del matrimonio, no tenía constancia de la enfermedad o del embarazo de su cónyuge.

El tribunal no invalidará un matrimonio anulable si el demandado demuestra que:

• El demandante sabía que el matrimonio podría anularse, pero se comportó como si creyera razonablemente que no se solicitaría la anulación.
• Sería injusto.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Si un matrimonio se declara nulo, no tendrá validez alguna y se tratará como si nunca hubiera existido. Si un matrimonio es anulable, se tratará como si no hubiera sido válido desde la fecha de la sentencia firme de nulidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Existen una serie de organismos en Irlanda del Norte que prestan servicios de mediación (por ejemplo, Relate). La mediación puede facilitar los trámites del divorcio, entre otros, los acuerdos económicos y las cuestiones relativas a la responsabilidad parental.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas de divorcio, separación judicial o nulidad pueden presentarse en el Tribunal Superior (High Court) o en un tribunal de condado competente en divorcios (divorce county court). No obstante, si un demandado recurre una demanda presentada en un tribunal de condado, el caso se elevará al Tribunal Superior.

Las direcciones y los números de teléfono de los tribunales están disponibles en el sitio web del Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Para poder incoar procedimientos judiciales en este ámbito, deberá presentar una serie de formularios en el tribunal competente acompañados de:

• el certificado de matrimonio original (no una fotocopia), acompañado de una traducción jurada y de una declaración jurada si el matrimonio se celebró fuera de Irlanda del Norte;
• la partida de nacimiento original de todos los hijos de la pareja menores de dieciocho años (debe ser una versión completa donde aparezcan todos los detalles de los padres y los hijos);
• una copia de las resoluciones judiciales a las que se haga referencia en la demanda;
• el original, además de dos copias, de cualquier acuerdo (por ejemplo, el régimen económico) que vaya a formalizar el tribunal;
• las costas procesales (la secretaría del tribunal podrá informar sobre las tasas en vigor).

La secretaría del tribunal podrá facilitar copias de los formularios y explicar cómo cumplimentarlos. No obstante, el personal del tribunal no puede ofrecer asesoramiento letrado o decirle lo que debe alegar.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

El interesado tiene derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. No obstante, el nivel de ayuda económica facilitada, si procede, está sujeto a una comprobación de los recursos económicos. A pesar de ser considerado apto para beneficiarse de ayuda económica, deberá realizar una aportación para cubrir los costes. En virtud de un acuerdo, esta aportación podrá reembolsarse al departamento de asistencia jurídica gratuita (Legal Aid Department) durante un período de tiempo. Además de criterios de admisibilidad financiera, también deberá superar la evaluación de los fundamentos, es decir, demostrar la existencia de fundamentos razonables para incoar el proceso o defenderse ante el tribunal y que, en las circunstancias del caso, hay razones para concederle la asistencia jurídica gratuita.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Una sentencia firme de disolución o nulidad del matrimonio no puede recurrirse si la parte perjudicada ha tenido la oportunidad de apelar contra la sentencia provisional (decree nisi) y no lo ha hecho. Asimismo, los autos dictados con el consentimiento de las partes solo pueden recurrirse con la autorización del tribunal. El tribunal de apelación tiene competencias para ratificar, anular o modificar la resolución original.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «el Reglamento»), establece que las resoluciones judiciales de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictadas en un Estado miembro se reconocerán en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno (distinto del establecido en el propio Reglamento).

Una parte interesada puede solicitar el reconocimiento de la sentencia, y las razones para denegar el reconocimiento están estrictamente limitadas (por ejemplo, el reconocimiento podrá denegarse si la resolución es contraria al orden público).

La solicitud de reconocimiento debe presentarse ante el Tribunal Superior de Irlanda del Norte.

Si el Reglamento no es aplicable, podrá aplicarse el artículo 46 de la Ley sobre Derecho de familia de 1986 (Family Law Act), que establece las condiciones generales para el reconocimiento de un divorcio, una separación legal o una anulación obtenidos en el extranjero.

Las solicitudes de reconocimiento de divorcios, separaciones o anulaciones concedidos en el extranjero deben presentarse ante el Tribunal Superior. La solicitud se presenta en forma de demanda, que deberá ir acompañada de una copia de la resolución de divorcio, separación o anulación.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

Habida cuenta de que el Tribunal Superior es el organismo competente para el reconocimiento de divorcios, separaciones o anulaciones matrimoniales (en virtud del Reglamento y de la Ley sobre Derecho de Familia de 1986), las objeciones al reconocimiento propuesto también se resolverán en dicho Tribunal. Los motivos de denegación del reconocimiento se establecen en el artículo 15 del Reglamento y en el artículo 51 de la Ley sobre Derecho de Familia de 1986.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Si un tribunal de Irlanda del Norte decide que tiene jurisdicción para tramitar el divorcio, la separación o la anulación, aplicará la legislación de Irlanda del Norte.

Un tribunal de Irlanda del Norte será competente para conocer de asuntos de divorcio o separación judicial (aunque el matrimonio se haya celebrado en el extranjero) si:

• el Reglamento le reconoce dicha competencia; o.
• en virtud del Reglamento, ningún tribunal de un Estado contratante (es decir, uno de los Estados que inicialmente era parte del Reglamento o un Estado que lo adoptó posteriormente) es competente en la materia y una de las partes tenía su domicilio en Irlanda del Norte cuando se incoaron los procedimientos judiciales.

Un tribunal de Irlanda del Norte tendrá jurisdicción para conocer de los asuntos de nulidad matrimonial (aunque el matrimonio se haya celebrado en el extranjero) si:

• el Reglamento le reconoce dicha competencia; o
• en virtud del Reglamento, ningún tribunal de un Estado contratante tiene competencia en la materia y una de las partes de la unidad matrimonial:
• tenía su domicilio en Irlanda del Norte en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales;
• falleció antes de dicha fecha teniendo su domicilio en Irlanda del Norte o tuvo su residencia habitual en Irlanda del Norte durante un año hasta la fecha del fallecimiento.

Enlaces relacionados

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

• Puede encontrar más información sobre la asistencia jurídica gratuita en el sitio web Northern Ireland’s Legal Aid Department.
• Puede encontrar más información sobre la mediación en los sitios web Relate NI y UK College of Family Mediators.

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

El divorcio en Escocia solo puede obtenerse por vía judicial. Los tribunales podrán conceder el divorcio solo si constatan que:

• el matrimonio se ha roto de forma irreparable; o
• se ha expedido un certificado de reconocimiento de género en el marco de la Ley de reconocimiento de género de 2004 (Gender Recognition Act) después de la fecha en que se celebró el matrimonio a favor de cualquiera de las partes de la unidad conyugal.

La ruptura irreparable del matrimonio puede declararse por alguna de las cuatro causas descritas en la pregunta 2.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

Véase la respuesta a la pregunta 1. La ruptura irreparable del matrimonio puede fundamentarse en cuatro causas:

• adulterio por parte del demandado;
• conducta poco razonable del demandado;
• la interrupción de la convivencia entre las partes durante un año, con el consentimiento del otro cónyuge;
• la interrupción de la convivencia entre las partes durante dos años.

Existe un procedimiento simplificado para determinados casos correspondientes a las dos últimas categorías.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

La legislación no contempla disposiciones especiales para las relaciones personales entre los excónyuges. Por cuanto atañe a los apellidos, cada cónyuge tiene la opción de preservar el propio cuando se casa. Del mismo modo, tiene derecho a conservar el apellido de su cónyuge después del divorcio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

La Ley escocesa sobre Derecho de Familia de 1985 [Family Law (Scotland) Act 1985] contempla el reparto de los bienes matrimoniales en caso de divorcio. Por norma general, los bienes matrimoniales los constituyen todos los bienes que los cónyuges hayan adquirido durante el matrimonio, además de los que se hayan adquirido como hogar conyugal —o mobiliario para la vivienda— antes del matrimonio. Los bienes conyugales no comprenden los demás bienes adquiridos antes del matrimonio, los bienes adquiridos por un cónyuge después de que los cónyuges hayan interrumpido la convivencia o los bienes donados o heredados de un tercero durante el matrimonio.

Cualquiera de los cónyuges puede recurrir a los tribunales en estos casos en el marco de la Ley de 1985. Un tribunal puede dictar resoluciones para el pago de una cuantía económica, la transferencia de los bienes, pagos periódicos, pago de pensiones y compensación de pensiones y otros autos contingentes.

Al dictar la resolución, los tribunales han de guiarse por los siguientes principios:

• El valor neto de los bienes matrimoniales debe repartirse de manera equitativa.
• El tribunal tendrá en cuenta la ventaja económica de que disfruta cada parte por las contribuciones de la otra parte, así como las desventajas económicas que pueda sufrir cualquiera de los cónyuges por el interés de la otra parte o de la familia. Las contribuciones pueden tener carácter no financiero y comprender el cuidado de la vivienda o de la familia, o bien pueden tener naturaleza económica.
• La carga económica que supone la manutención de un hijo menor de dieciséis años debe compartirse entre las partes de manera equitativa.
• A la parte que haya dependido significativamente de la otra en términos económicos durante el matrimonio se le deberá conceder una pensión alimenticia para que pueda adaptarse a la pérdida de la ayuda que recibía. Esta pensión puede durar hasta tres años.
• Si es probable que uno de los cónyuges pueda tener graves dificultades financieras a causa del divorcio, se le deberá conceder una pensión alimenticia razonable para aliviar tales dificultades durante un periodo de tiempo razonable.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Como se ha explicado en la respuesta a la pregunta 3.2, la carga económica que plantea la manutención de los hijos del matrimonio debe compartirse de manera equitativa. Véase también la ficha informativa de la Red Judicial Europea (RJE) para Escocia sobre responsabilidad parental.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Véase la ficha informativa de la Red Judicial Europea (RJE) para Escocia sobre obligación de alimentos.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En Escocia, en virtud de la Ley sobre divorcio de 1976 [Divorce (Scotland) Act 1976], los tribunales pueden dictar una sentencia de separación. A este proceso se le denomina separación judicial. Se trata de una opción para aquellos cónyuges que se niegan al divorcio pero que quieren dejar de convivir. Los cónyuges continuarán casados y deberán prestarse sustento económico, es decir, que deberán ayudarse mutuamente desde el punto de vista financiero como si estuvieran casados.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Las condiciones para la separación judicial son idénticas a las del divorcio. Véase la respuesta a la pregunta 1.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Véase la respuesta a la pregunta 4. Debe tenerse en cuenta que la separación judicial no impide a los cónyuges separados presentar una demanda de divorcio.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Aunque en Escocia no se utiliza el término jurídico «nulidad matrimonial», si un matrimonio es nulo cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal una sentencia declarativa de nulidad. Una declaración de nulidad conlleva considerar un matrimonio como si nunca hubiera existido a todos los efectos. Un matrimonio en Escocia es nulo si:

• Una de las partes era menor de dieciséis años en el momento de contraer matrimonio.
• Las partes son familiares muy próximos —los grados prohibidos de parentesco se citan en el Anexo 1 (Schedule 1) de la Ley escocesa sobre matrimonio de 1977 [Marriage (Scotland) Act 1977].
• Al menos uno de los cónyuges ya estaba casado.
• Al menos una de las partes no tenía capacidad para dar su consentimiento para el matrimonio.
• Una parte con capacidad para dar su consentimiento para el matrimonio lo hizo por coacción o por error.

Un matrimonio anulable es aquel que subsiste hasta que una de las partes de la unidad matrimonial solicita la sentencia declarativa de nulidad. El único motivo para que un matrimonio sea anulable es la impotencia permanente e incurable de una de las partes en el momento en que se celebró el matrimonio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Cualquier parte interesada puede recurrir a un tribunal para solicitar la declaración de nulidad de un matrimonio nulo, y cualquier cónyuge puede solicitar a un tribunal que dicte una sentencia declaratoria de nulidad de un matrimonio anulable. Véase la respuesta a la pregunta 7 para obtener más información sobre matrimonios nulos y anulables.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Un matrimonio nulo se trata como si nunca hubiese existido, por lo que puede no ser necesario solicitar una sentencia declaratoria. Si el tribunal declara la nulidad, también puede emitir autos sobre la pensión de alimentos entre las partes del matrimonio nulo. Un matrimonio anulable también se tratará como si nunca hubiera existido si el tribunal declara su nulidad.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Relationships Scotland, una organización benéfica que recibe fondos del Gobierno de Escocia, ofrece servicios de mediación familiar mediante una red de servicios locales a parejas que han decidido divorciarse o separarse. La mediación es un proceso voluntario que puede ayudar a las parejas a alcanzar soluciones concertadas a problemas prácticos. El asesoramiento sobre relaciones de pareja también está disponible para parejas o individuos que tengan dificultades en sus relaciones. La prestación de asesoramiento y apoyo adecuados a las familias puede ayudarles a no tener que emprender acciones que puedan derivar en litigios. Sitio web de Relationships Scotland: Relationships Scotland

La mediación familiar también se encuentra disponible a través de abogados mediadores (Comprehensive Accredited Lawyer Mediators): Calm Scotland.

Otras alternativas comprenden el arbitraje y el Derecho colaborativo: Flags Scotland

Se puede registrar un acuerdo legalmente vinculante en los Books of Council and Session de los Registros de Escocia: Registers of Scotland

El Gobierno escocés ha elaborado el Parenting Agreement for Scotland. Se trata de una herramienta para ayudar a los padres a llegar a un acuerdo acerca de qué es lo mejor para sus hijos cuando la relación se acaba: Gobierno de Escocia

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Divorcio y separación legal

i. Las demandas de divorcio o separación judicial se pueden presentar ante el Tribunal Superior de Justicia (Court of Session) de Edimburgo o ante los tribunales de primera instancia (Sheriff Courts). El sitio web Scottish Courts and Tribunals Service contiene un mapa en el que se muestran las ubicaciones de los tribunales, además de las direcciones y la información de contacto.

ii. A qué tribunal recurrir es una cuestión de preferencias. Para poder recurrir al Court of Session, se ha de poder determinar la jurisdicción de Escocia. A fin de recurrir a los Sheriff Courts, debe tener jurisdicción el partido judicial en que dicho tribunal se encuentre situado geográficamente. La jurisdicción se basa en el lugar de residencia o el domicilio. El domicilio puede establecerse en el lugar de Escocia en que una persona considere que está su hogar y pretende vivir permanentemente en un futuro próximo.

iii. Hay dos tipos diferentes de demandas de divorcio en Escocia.

iv. La demanda simplificada puede usarse en circunstancias en que las causas para solicitar el divorcio pueden atribuirse a la «no convivencia de las partes durante un periodo de un año», siempre que el demandado esté de acuerdo con la demanda, o a «la no convivencia de las partes durante un periodo de dos años» y no se pueda obtener el consentimiento del demandado. Solo puede interponerse si:

• No existen otros procedimientos judiciales pendientes en otro tribunal que pudieran causar la disolución del matrimonio.
• El matrimonio no tiene hijos menores de dieciséis años.
• Ninguna de las partes ha presentado una demanda de pensión alimenticia en relación con el divorcio.
• Ninguna de las partes del matrimonio sufre una enfermedad mental.

v. Las demandas de divorcio mediante el procedimiento simplificado normalmente las presentan las partes sin la asistencia de un abogado (solicitor). Este tipo de demanda se conoce como «Do it yourself divorce» («divórciese usted mismo»). En el sitio web del Scottish Courts and Tribunals Service se encuentran disponibles notas orientativas y los formularios.

vi. La demanda para el otro tipo (ordinario) de divorcio o de separación debe realizarse mediante citación ante el Court of Session o mediante la presentación de un escrito de demanda en un Sheriff Court. Cada tribunal tiene su propio corpus de normas que estipulan la forma en que se debe tramitar cada demanda. Se pueden encontrar en el epígrafe «Rules and Practice» del sitio web del Scottish Courts and Tribunals Service. En el capítulo 49 de las normas del Court of Session y en el capítulo 33 de las normas del procedimiento ordinario (Ordinary Cause Rules) del Sheriff Court se abordan los asuntos de familia.

Nulidad

vii. La solicitud de una declaración de nulidad (anulación) de un matrimonio debe presentarse ante un tribunal.

Trámites y documentación

viii. En cada tribunal, será requisito indispensable pagar una tasa por la demanda inicial y también posiblemente en fases posteriores del procedimiento. Si se recibe asistencia jurídica gratuita o se perciben prestaciones estatales, se tendrá derecho a solicitar la exención del pago de las tasas. El formulario de solicitud de exención del pago de las tasas se encuentra disponible en la sección dedicada al divorcio del sitio web del Scottish Courts and Tribunals Service.

ix. Con la demanda de divorcio, separación o nulidad deberá presentarse un certificado de matrimonio.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Hay asesoramiento y asistencia a disposición de los interesados para casos de divorcio, pero estarán sujetos al cumplimiento de los habituales criterios financieros obligatorios. También existe asistencia jurídica civil gratuita en casos de divorcio, salvo para las demandas simplificadas, si se cumplen los tres criterios obligatorios habituales de admisibilidad financiera, justificación y causa razonable. Póngase en contacto con la Scottish Legal Aid Board (SLAB) (Comisión escocesa de asistencia jurídica gratuita) para obtener más información acerca de la admisibilidad. Scottish Legal Aid Board

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

i. Una sentencia de divorcio conforme al procedimiento simplificado dictada por un Sheriff Court puede recurrirse por carta en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la resolución.

ii. Una sentencia de divorcio dictada conforme a un procedimiento simplificado en el Court of Session no se puede recurrir; para anular sus efectos jurídicos sería necesario incoar una acción de revisión (action of reduction) en dicho Tribunal.

iii. Se puede apelar una sentencia de divorcio de otro tipo (ordinario) o de separación presentada en un Sheriff Court por carta en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la resolución. Las sentencias de divorcio, separación o declaración de nulidad del matrimonio (anulación) dictadas por el Court of Session pueden recurrirse en un plazo de 21 días desde la fecha de la resolución.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El reconocimiento de los divorcios, las anulaciones y las separaciones legales suele englobarse en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis, es decir, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003. El artículo 21 de este Reglamento establece las bases para el reconocimiento.

i. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno.

ii. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del Registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

iii. Cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar al Court of Session que decida si se debe reconocer o no una resolución.

iv. Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee a título incidental ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto.

Escocia ha introducido ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante la incertidumbre existente sobre si las disposiciones del Reglamento «Bruselas II bis» son aplicables a este tipo de matrimonios, se ha previsto, de modo similar a «Bruselas II bis», el reconocimiento de las sentencias de otros Estados miembros. Esta disposición puede encontrarse en el Reglamento relativo al matrimonio (Parejas del mismo sexo) (Jurisdicción y reconocimiento de sentencias) de 2014 [Marriage (Same Sex Couples) (Jurisdiction and Recognition of Judgments) (Scotland) Regulations 2014 (SSI 2014 No. 362)].

Si la resolución judicial no se puede reconocer en el marco del Reglamento «Bruselas II bis» o disposiciones similares, se aplicará la parte II de la Ley de Derecho de Familia de 1986 (Family Law Act 1986) y, en particular, el artículo 46, que establece como bases de reconocimiento las siguientes:

1. La validez de un divorcio, una anulación o una separación legal obtenido en el extranjero mediante procedimientos judiciales se reconocerá si:

a. el divorcio, la anulación o la separación judicial son efectivos de conformidad con la legislación del país en que se obtuvo; y

b. en la fecha en que se incoaron los procedimientos, una de las partes del matrimonio:

i. tenía su residencia habitual en el país en que se obtuvo el divorcio, la anulación o la separación legal; o

ii. tenía su domicilio en dicho país; o

iii. era nacional de dicho país.

2. La validez de un divorcio, una anulación o una separación legal obtenido en el extranjero mediante procedimientos extrajudiciales se reconocerá si:

a. el divorcio, la anulación o la separación legal son efectivos de conformidad con la legislación del país en que se obtuvo;

b. en la fecha en que se obtuvo el divorcio;

i. cada una de las partes de la unidad matrimonial tenía su domicilio en dicho país; o

ii. una de las partes de la unidad matrimonial tenía su domicilio en dicho país y la otra parte tenía su domicilio en un país cuya legislación reconoce la validez del divorcio, la anulación o la separación legal; y

c. ninguna de las partes de la unidad conyugal tenía su residencia habitual en el Reino Unido durante el período de un año inmediatamente anterior a dicha fecha.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El reconocimiento de los divorcios, las anulaciones y las separaciones legales suele englobarse en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis, es decir, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003; véase la respuesta a la pregunta 14.

Puede solicitarse al Court of Session o al Sheriff Court una sentencia declarativa de reconocimiento o no reconocimiento.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Si los tribunales de Escocia deciden que tienen jurisdicción, por lo general aplicarán el Derecho escocés.

Enlaces relacionados

Scottish Courts and Tribunals Service

Scottish Legal Aid Board

Gobierno escocés

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1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

Uno de los cónyuges debe presentar una solicitud por escrito (una demanda) ante un tribunal. Las demandas de divorcio se tramitan en el Tribunal Supremo, por lo que los cónyuges han de interponerlas ante dicho órgano. El demandante debe demostrar que el matrimonio se ha roto de manera irreparable, para lo que deberá presentar pruebas fehacientes de alguno de los cinco hechos que se indican más adelante.

No se puede presentar ninguna demanda de divorcio durante los dos años posteriores a la fecha en que se haya contraído matrimonio. Las únicas excepciones son que el demandante haya sufrido dificultades excepcionales o que el demandado haya mostrado una depravación excepcional, o que el demandante tuviera menos de dieciséis años en la fecha en que contrajo matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

La única causa por la que puede concederse el divorcio es la ruptura irreparable del matrimonio. A fin de justificar esta causa, es necesario presentar pruebas de uno o varios de los siguientes «hechos» conyugales.

• Que el otro cónyuge ha cometido adulterio, por lo que al demandante le resulta intolerable convivir con esa persona.
• Que el otro cónyuge ha tenido un comportamiento indebido, lo que implica que se ha comportado de tal forma que el demandante no se ve capaz de continuar conviviendo con él.
• Que uno de los cónyuges ha abandonado el hogar conyugal durante un período de dos años antes de la presentación de la demanda de divorcio.
• Que ha habido una separación de las partes durante un período de dos años antes de la presentación de la demanda de divorcio (con el consentimiento de la otra parte).
• Que ha habido una separación de las partes durante un período de cinco años antes de presentar la demanda de divorcio (sin el consentimiento de la otra parte).

El tribunal tiene la obligación de indagar al máximo los hechos que alega el demandante (peticionario) y los que alegue la otra parte (demandado). Si el tribunal tiene constancia, gracias a las pruebas presentadas, de que el matrimonio se ha roto irreparablemente, el juez del Tribunal Supremo dictará una sentencia de divorcio, siempre que esté conforme con los convenios relativos a los hijos de las partes del divorcio.

Si el tribunal tiene la certeza de que el matrimonio se ha roto de forma irreparable, primero promulgará una resolución provisional de divorcio (Decreto nisi). Transcurridas seis semanas, el cónyuge que haya presentado la demanda de divorcio ante el tribunal puede presentar una solicitud para obtener la sentencia firme de divorcio. Salvo en circunstancias excepcionales, no existe límite de tiempo para solicitar una sentencia firme (definitiva).

No obstante, si la solicitud para obtener una sentencia firme se presenta más de doce meses después de obtener la resolución provisional de divorcio, el demandante deberá adjuntar una explicación por escrito, en la que conste lo siguiente:

• las razones del retraso;
• si los cónyuges han vivido juntos desde la obtención de la resolución provisional de divorcio (Decreto nisi) y, en su caso, entre qué fechas;
• si se trata de la mujer, si ha dado a luz desde la resolución provisional y, en su caso, deberá alegar los hechos pertinentes y si se declara que el hijo es o puede ser del cónyuge.

El juez puede exigir al demandante que presente una declaración jurada para dar fe de la explicación aportada y puede dictar dicha orden sobre la demanda según considere oportuno.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El matrimonio queda disuelto, por lo que deja de existir la obligación de convivir y de mantener una relación personal, a menos que las partes así lo deseen. Las partes tienen plena libertad para volver a contraer matrimonio en caso de que así lo deseen. Podrán optar por mantener el apellido de casados o volver a usar el de solteros, según deseen.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

Esta cuestión la determina el tribunal tras escuchar las alegaciones sobre cada caso. Aunque exista un acuerdo entre las partes, el Tribunal conserva una competencia general a efectos de aprobación o modificación.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

Antes o después de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia firme, es competente para emitir autos sobre la custodia, la manutención y la educación de los hijos del matrimonio o incluso para exigir que los procedimientos judiciales se celebren de tal forma que los niños queden bajo la protección del Tribunal. El Tribunal Supremo no puede dictar una sentencia de divorcio irrevocable a menos que tenga constancia de que se han adoptado disposiciones favorables para los hijos del matrimonio.

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Al dictar una resolución provisional, o posteriormente, el Tribunal Supremo es competente para exigir que el cónyuge pague a su esposa, mientras ambos vivan, una cuantía mensual o semanal para el sustento y manutención de su esposa, según el Tribunal estime conveniente. El derecho de la esposa a percibir una pensión alimenticia cesa en el momento en que esta vuelve a contraer matrimonio, pero este hecho no influye de ningún modo en las pensiones de alimentos que perciben los hijos de la unidad matrimonial.

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

En el Derecho de Gibraltar, la separación legal se conoce como «separación judicial». Cuando se dicta una sentencia en este sentido, ya no hay expectativa alguna de que el cónyuge demandante continúe conviviendo con su esposo o esposa. No obstante, no podrá volver a contraer matrimonio. La separación judicial en firme es una opción para los cónyuges cuyo matrimonio se ha roto irreparablemente pero que no desean volver a casarse. Al solicitante de una separación judicial no se le exige presentar pruebas de que el matrimonio se ha roto irreparablemente. Se puede presentar una demanda de divorcio tras haber obtenido una resolución de separación judicial.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

El solicitante tiene que presentar pruebas de uno o varios de los hechos necesarios para demostrar la ruptura del matrimonio y, a diferencia de quienes solicitan el divorcio, no necesita esperar dos años a partir de la fecha en que se celebró el matrimonio para incoar el procedimiento judicial.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Si una de las partes de una separación judicial fallece sin haber hecho testamento, sus bienes se distribuirán de conformidad con la legislación sobre sucesiones ab intestato, y una sentencia de separación judicial surtirá el mismo efecto que uno de divorcio. Por tanto, ninguno de los cónyuges tendrá ningún derecho sobre los bienes de la parte intestada. No obstante, si alguna de las partes de una separación judicial fallece y tiene testamento, la separación judicial no tendrá ningún efecto sobre los derechos derivados del citado testamento cuando, por ejemplo, la parte supérstite separada judicialmente sea nombrada como beneficiaria en el testamento.

En caso de separación judicial, un tribunal se rige conforme a las mismas disposiciones que en caso de divorcio en cuanto al reparto de los bienes.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

Existen dos formas de anulación del matrimonio. El matrimonio puede ser declarado «nulo», lo que significa que nunca ha sido válido y nunca ha existido. En circunstancias diferentes, el matrimonio puede ser «anulable», lo que significa que uno de los cónyuges puede solicitar que el matrimonio se declare inválido. El matrimonio puede continuar en caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Un matrimonio será nulo e inválido si:

• No cumple las disposiciones de la legislación que regula el matrimonio.
• En el momento de contraer matrimonio, una de las partes ya estaba legalmente casada.
• Las partes no son de sexo diferente. Una de las partes debe ser mujer y otra hombre para que un matrimonio sea válido.
• Se trata de un matrimonio polígamo celebrado fuera de Gibraltar, uno de cuyos cónyuges estaba domiciliado en Gibraltar en el momento de contraer matrimonio.

Un matrimonio es anulable si se dan las siguientes circunstancias:

• El matrimonio no se ha consumado por la incapacidad de uno de los cónyuges para hacerlo.
• El matrimonio no se ha consumado por negativa deliberada del demandado.
• Una de las partes no prestó su consentimiento para contraer matrimonio como es debido, ya sea porque actuara bajo presión y se viera forzada a ello, estuviera equivocada con respecto a los efectos jurídicos del matrimonio o fuera mentalmente incapaz de valorar los efectos derivados de la decisión de casarse.
• En el momento de contraer matrimonio, uno de los cónyuges sufría una enfermedad mental de unas características tales que le impedían contraer matrimonio, o padecía alguna enfermedad de transmisión sexual y el demandante no tenía constancia de ese hecho en aquel momento.
• Cuando se celebró el matrimonio, la demandada estaba embarazada de otra persona distinta al demandante y este no tenía constancia de ello en el momento de casarse.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

Cuando el matrimonio se declara nulo, queda anulado de pleno derecho. No obstante, si el matrimonio tiene hijos, el Tribunal Supremo debe tener la certeza de que se han adoptado disposiciones favorables para ellos. También se pueden adoptar medidas dirigidas al pago de las pensiones alimenticias y la custodia y la manutención de los hijos.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

El divorcio es competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Gibraltar. No obstante, se puede obtener asistencia social en forma de asesoramiento matrimonial.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Las demandas deben presentarse en el Registro del Tribunal Supremo, en la dirección 277 Main Street, Gibraltar.

La solicitud se cursa en forma de demanda y debe ir acompañada de una declaración jurada con una copia del certificado de matrimonio y copias de las partidas de nacimiento de los hijos, en su caso, y reflejar los motivos por los que se solicita el divorcio, la separación judicial o la nulidad. También será necesario hacer referencia a los hijos del matrimonio y a la situación económica del demandante. Se puede obtener información adicional en el Registro del Tribunal Supremo, en la dirección 277 Main Street, Gibraltar, o en el teléfono +350 20075608.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Pueden disponer de asistencia jurídica gratuita para cubrir los procedimientos judiciales necesarios quienes satisfagan los criterios pertinentes en cuanto a ingresos. Se pueden encontrar los formularios correspondientes e información adicional en el Registro del Tribunal Supremo, en la dirección 277 Main Street, Gibraltar.

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

La anulación de una sentencia de divorcio o de nulidad puede realizarse en cualquier momento antes de que la sentencia se declare firme. Si se trata de una separación judicial, en determinadas circunstancias, la sentencia podrá anularse en cualquier momento después de su emisión. Los autos relativos a las pensiones alimenticias y la custodia y la manutención de los hijos pueden modificarse tras declararse una sentencia como firme.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

El Reglamento (CE) nº 2201/2003 de la Unión Europea establece que una resolución judicial de divorcio, separación legal (separación judicial) o anulación del matrimonio dictada en un Estado miembro puede reconocerse en otros Estados miembros. Los documentos necesarios pueden obtenerse en el tribunal que dictó la sentencia y deben presentarse ante el Tribunal Supremo.

Ese Reglamento no afecta a los aspectos de culpabilidad, consecuencias en cuanto a los bienes del matrimonio, pensiones alimenticias u otras cuestiones subsidiarias. Debe existir un vínculo real entre la parte afectada y el Estado miembro competente.

El reconocimiento podrá denegarse si la resolución es contraria al orden público, por incomparecencia, si al demandado no se le facilitan los documentos pertinentes con el tiempo suficiente o por incompatibilidad con una sentencia en algún procedimiento entre las mismas partes en Gibraltar, o bien si resulta incoherente con una sentencia anterior dictada en otro país, siempre que dicha sentencia pueda reconocerse en Gibraltar.

El interesado puede solicitar una resolución por la que se reconozca o no se reconozca una sentencia. El Tribunal Supremo podrá suspender el procedimiento si se presenta un recurso contra la sentencia cuyo reconocimiento se pretende.

Si la resolución no puede reconocerse con arreglo al citado Reglamento, el régimen de reconocimiento de los divorcios obtenidos en el extranjero será la Ley de causas matrimoniales (Matrimonial Causes Act). Esta Ley prevé lo siguiente:

La validez de un divorcio o una separación judicial obtenidos en el extranjero mediante procedimientos judiciales se reconocerá si:

• el divorcio o la separación judicial son efectivos de conformidad con la legislación del país en que se obtuvieron;
• en la fecha correspondiente (la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales para obtener el divorcio), cada una de las partes de la unidad matrimonial
  • tenía su residencia habitual en el país en que se obtuvo el divorcio o la separación judicial, o
  • tenía su domicilio en dicho país, o
  • era nacional de dicho país.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

El Derecho de Gibraltar reconoce los divorcios y las separaciones dictadas en otros países siempre que se cumplan determinadas condiciones. Si se presenta alguna objeción al reconocimiento de dicho divorcio o separación judicial, esta debe basarse en el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la Ley de causas matrimoniales. En tal caso, será conveniente presentar una solicitud al Tribunal Supremo de Gibraltar para pedir una declaración en la que conste que un divorcio o una separación judicial obtenidos en otro país no son válidos.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

Los tribunales de Gibraltar siempre aplicarán la legislación de Gibraltar a los casos que se interpongan ante ellos. Estos tribunales son competentes para tramitar un divorcio incluso si el matrimonio se contrajo en el extranjero, si cualquiera de las partes de la unidad conyugal:

• tenía su domicilio en Gibraltar en la fecha en que se incoaron los procedimientos judiciales;
• tuvo su residencia habitual en Gibraltar durante un período de un año hasta dicha fecha.

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