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Divorcio y separación legal

Portugal
Contenido facilitado por
European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Cuáles son los requisitos para obtener el divorcio?

En Portugal, el divorcio puede obtenerse por mutuo consentimiento o por vía judicial.

La primera modalidad presupone el acuerdo entre ambos cónyuges sobre la disolución del vínculo matrimonial y, en principio, la prestación de alimentos al cónyuge que lo necesite, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores y la atribución de la vivienda familiar.

El divorcio por vía judicial lo solicita al tribunal uno de los cónyuges contra el otro, basándose en los hechos establecidos legalmente que, con independencia de la culpa atribuida a los cónyuges, demuestren la ruptura irreparable del matrimonio.

2 ¿Cuáles son las causas de divorcio?

En el caso del divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges no tienen que revelar la causa de la demanda de divorcio.

Son causas de divorcio por vía judicial:

a) La separación de hecho durante un año. Se entiende que existe separación de hecho, a los fines mencionados, cuando no subsiste ninguna vida en común entre los cónyuges y cuando uno o ambos cónyuges no tienen intención de reanudarla.

b) La alteración de las facultades mentales de un cónyuge cuando dure más de tres años y, por su gravedad, pueda poner en peligro la convivencia.

c) La ausencia, sin noticias del ausente, durante al menos un año.

d) Cualquier otro hecho que, con independencia de la culpa atribuida a los cónyuges, demuestre la ruptura irreparable del matrimonio.

3 Efectos jurídicos del matrimonio en:

3.1 las relaciones personales entre los cónyuges (por ejemplo, apellidos)

El divorcio disuelve el matrimonio y, jurídicamente, tiene los mismos efectos que la disolución por fallecimiento, con las excepciones previstas en la ley.

Los efectos del divorcio se producen desde el momento en que la sentencia correspondiente se dicta como definitiva e inapelable, pero tienen carácter retroactivo desde la fecha en que se presentó la demanda en cuanto a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges.

Si el proceso prueba la separación de hecho de los cónyuges, cualquiera de ellos podrá solicitar que los efectos del divorcio tengan carácter retroactivo desde la fecha en que se inició la separación, conforme se resolvió en la sentencia.

A pesar del divorcio, un cónyuge que haya adoptado el apellido del otro podrá conservarlo siempre que cuente con el consentimiento de la otra parte y que el tribunal otorgue su autorización, teniendo en cuenta los motivos alegados. El consentimiento del ex cónyuge podrá extenderse en un documento notarial, un documento redactado en el tribunal (dejar constancia por escrito, en el procedimiento, de la declaración de intenciones de la parte de que se trate) o una declaración ante un funcionario del registro. La solicitud de la autorización judicial para usar el apellido del ex cónyuge podrá presentarse en el marco del proceso de divorcio o en otro distinto, incluso después de que se haya dictado la sentencia de divorcio.

3.2 el reparto de los bienes entre los cónyuges

En caso de divorcio, ninguno de los cónyuges puede recibir más de lo que habría recibido si el matrimonio se hubiese celebrado en régimen de comunidad de bienes adquiridos después del matrimonio.

Cada cónyuge pierde todas los beneficios percibidos o que deba percibir del otro cónyuge o de un tercero en razón del matrimonio o en consideración del estado de casado, con independencia de que se hayan estipulado antes o después de la celebración del matrimonio. El donante podrá determinar que los beneficios los perciban los hijos del matrimonio.

Los efectos del divorcio, en lo que respecta a las relaciones patrimoniales de los cónyuges, surgen en el momento en que se dicta la sentencia de divorcio definitiva e inapelable, pero son retroactivos desde la fecha de interposición de la demanda.

Si la separación de hecho de los cónyuges se prueba en el proceso, cualquiera de ellos podrá solicitar que los efectos del divorcio tengan carácter retroactivo desde la fecha en que se inició la separación, conforme se resolvió en la sentencia.

El tribunal, a instancia de parte, puede dar en arrendamiento a cualquiera de los cónyuges la vivienda familiar, con independencia de que sea común o propiedad del otro cónyuge, considerando, en particular, las necesidades de cada uno de los cónyuges y el interés de los hijos. El referido arrendamiento queda sujeto a las normas de arrendamiento de viviendas, si bien el tribunal puede definir las condiciones del contrato, oídos los cónyuges, y poner fin al arrendamiento a petición del propietario cuando circunstancias posteriores lo justifiquen. Los convenios aprobados de mutuo acuerdo entre las partes o por sentencia judicial pueden modificarse de conformidad con las disposiciones generales de la jurisdicción voluntaria.

3.3 los hijos menores de los cónyuges

En caso de divorcio, separación legal, declaración de nulidad o anulación del matrimonio, el régimen de los hijos, las obligaciones de alimentos debidos a éstos y la forma de prestarlos se regularán por acuerdo entre los padres, que deberá ser reconocido por el tribunal (o por el registrador público en caso de separación o divorcio de mutuo acuerdo).

En caso de desacuerdo, el tribunal decidirá en función de los intereses del menor, incluido el de mantener una relación estrecha con ambos progenitores, fomentando y aceptando acuerdos o tomando decisiones que promuevan amplias oportunidades de contacto con ambos progenitores y la responsabilidad compartida entre ellos. La custodia se puede conceder a cualquiera de los padres, a un tercero o a un establecimiento de reeducación o asistencia.

Para obtener información adicional, véase la ficha informativa relativa a la «Responsabilidad parental».

3.4 la obligación de pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge?

Cada cónyuge debe garantizarse su sustento tras el divorcio. Asimismo, ambos tienen derecho a alimentos, con independencia del tipo de divorcio de que se trate. Por razones obvias de equidad, podrá denegarse el derecho a alimentos.

Para fijar la cuantía de los alimentos, el tribunal debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la contribución a la renta familiar, la edad y el estado de salud de los cónyuges, sus cualificaciones profesionales y las posibilidades de acceso a un empleo, el tiempo que tendrán que dedicar, eventualmente, a educar a los hijos comunes, sus ingresos y rentas y, en general, todas las circunstancias que influyan en las necesidades del beneficiario de los alimentos y en las posibilidades de la persona que los presta.

El tribunal dará prioridad a las obligaciones de alimentos relacionadas con un hijo del cónyuge deudor con respecto a la obligación ante el ex cónyuge derivada del divorcio.

El cónyuge acreedor no tiene ningún derecho a exigir que se mantenga el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio.

Para obtener información adicional, véase la ficha informativa sobre «Alimentos».

4 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «separación legal»?

La separación judicial no disuelve el vínculo matrimonial, pero suprime los deberes de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho a alimentos.

En lo que respecta a los bienes, la separación produce los mismos efectos que la disolución del matrimonio.

La separación judicial termina con la reconciliación de los cónyuges o con la disolución del matrimonio.

5 ¿Cuáles son las causas de separación legal?

Los motivos de separación judicial, ya sea de mutuo acuerdo o por vía judicial, son los mismos que los del divorcio por vía judicial, mutatis mutandis.

6 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la separación legal?

Como se indica en la respuesta a la pregunta 4, la separación judicial supone la extinción de los deberes de convivencia y asistencia, sin perjuicio del derecho a alimentos. En lo que respecta a los bienes, surte los mismos efectos que la disolución del matrimonio.

Las disposiciones sobre el divorcio se aplican, mutatis mutandis, a la separación judicial.

La separación judicial puede convertirse en divorcio, aunque no constituye una condición ni una fase del procedimiento de divorcio.

De hecho, si los cónyuges no se reconcilian un año después de la sentencia sobre la separación judicial (ya sea de mutuo acuerdo o por vía judicial) definitiva e inapelable, cualquiera de ellos puede solicitar la conversión de la separación en divorcio. Si la conversión la solicitan ambos cónyuges, no es necesario que transcurra el plazo referido y se dicta sentencia directamente.

Si la conversión la solicita solo uno de los cónyuges, el otro será notificado personalmente o a través de su representante legal de la posibilidad de interponer un recurso —que solo podrá basarse en la reconciliación de los cónyuges— en el plazo de 15 días. Tras presentar las pruebas, el juez resolverá el recurso en el plazo de 15 días.

La conversión de la separación judicial en divorcio podrá demandarse también en cualquier registro civil. La demanda, fundamentada de hecho y de Derecho, debe presentarse en el registro civil aportando las pruebas y la documentación justificativa complementaria.

Se emplazará a la parte demandada a interponer un recurso en el plazo de 15 días, para aportar pruebas y presentar documentos justificativos.

Si no se interpone ningún recurso y se estiman reconocidos los hechos alegados por el demandante, el registrador, tras haber comprobado la conformidad de los requisitos legales, declarará la demanda como resuelta.

Si, por el contrario, se presenta un recurso, el registrador programará un intento de reconciliación, en el plazo de 15 días, y podrá requerir la ejecución de actos jurídicos y la presentación de las pruebas necesarias para verificar los requisitos legales.

Si el demandado interpone un recurso y resulta imposible llegar a un acuerdo, se emplazará a las partes a presentar alegaciones y se solicitará la presentación de nuevas pruebas en el plazo de ocho días. El caso se remite entonces al tribunal de primera instancia con jurisdicción sobre el asunto dentro de la circunscripción a la que pertenece la oficina del registro.

Cuando el caso se remite al tribunal, el juez ordena la presentación de pruebas y programa la vista.

7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»?

La «anulación del matrimonio» significa la supresión de los efectos jurídicos del matrimonio por adolecer este de un vicio.

8 ¿Cuáles son las causas de anulación del matrimonio?

Puede anularse el matrimonio contraído:

a) si hay algún impedimento que lo invalide (absoluto o relativo);

b) por falta de consentimiento o debido al consentimiento invalidado por un error o por coacción de uno o ambos cónyuges;

c) sin la presencia de testigos, cuando así lo estipule la ley.

A continuación, se citan los impedimentos de invalidación absolutos, que impiden que la persona en cuestión pueda contraer matrimonio con otra persona:

a) menor de 16 años;

b) declarada demente, aunque tenga períodos de lucidez, e inhabilitada o impedida por un trastorno mental;

c) vinculada a un matrimonio anterior no disuelto, ya sea por vía religiosa o civil, aunque el acto no se haya inscrito en el registro civil.

A continuación, se citan impedimentos de invalidación relativos, que impiden que la persona en cuestión pueda contraer matrimonio con otra persona:

a) que tiene una relación de parentesco en línea directa;

b) que tiene una relación de parentesco en segundo grado de línea colateral;

c) que tiene una relación de afinidad en línea directa;

d) condenada anteriormente por ser autor o cómplice de homicidio voluntario del cónyuge del otro, aunque el homicidio no se haya consumado.

El matrimonio podrá anularse por falta de consentimiento en los siguientes casos:

a) si en el momento en que se celebró el matrimonio, una de las partes no era consciente de sus acciones debido a una discapacidad accidental o a otras causas;

b) si una de las partes ha sido engañada con respecto a la identidad física de la otra parte;

c) si la declaración de consentimiento fue exigida mediante coacción física;

d) si el consentimiento se ha simulado.

El consentimiento viciado por error solo es pertinente a los efectos de anulación cuando se basa en las cualidades personales básicas del otro cónyuge y se demuestra que el matrimonio no se hubiera celebrado razonablemente sin él.

Los matrimonios celebrados bajo coacción moral podrán anulase si una de las partes se siente grave e ilegalmente amenazada y su temor a consumar el matrimonio está justificado.

Si alguien, a sabiendas e ilegítimamente, obliga a la otra parte a firmar la declaración de consentimiento con la promesa de liberarla de perjuicios imprevisibles o de daños ocasionados por terceros, ello equivale a una amenaza ilícita.

La declaración de consentimiento, en el acto de la celebración, constituye la presunción no solo de que los cónyuges desean contraer matrimonio, sino también que su consentimiento no está viciado por error o coacción.

9 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio?

La anulación de un matrimonio civil, cuando ambos cónyuges lo contraen de buena fe, surte efecto en relación con ellos y con terceros cuando se dicta la sentencia definitiva e inapelable correspondiente.

Si solo uno de los cónyuges suscribe las capitulaciones de buena fe, solo esta parte podrá reclamar los beneficios del estado civil y negárselos a terceros, siempre que solo se trate de un reflejo de la relación entre los cónyuges.

Se considerará que el cónyuge ha contraído matrimonio de buena fe si firma las capitulaciones con desconocimiento excusable del vicio que causa la nulidad o anulación o si su declaración se ha obtenido con coacción física o moral.

Los tribunales nacionales son los únicos responsables del conocimiento judicial de buena fe. Se asume que los cónyuges actúan de buena fe.

Una vez que el matrimonio se ha declarado nulo o se ha anulado, el cónyuge conserva de buena fe el derecho a los alimentos una vez dictada la sentencia definitiva e inapelable o después de que la sentencia se registre.

10 ¿Hay medios alternativos extrajudiciales para solucionar las cuestiones relativas al divorcio?

Antes de iniciar el proceso de divorcio, la oficina del Registro Civil o el tribunal deben informar a los cónyuges de la existencia y los objetivos de los servicios de mediación familiar.

La mediación familiar es un método extrajudicial para resolver conflictos derivados de las relaciones familiares, donde las partes, con su participación personal y directa y guiados por el mediador de conflictos, tratan de llegar a un acuerdo.

El uso de estos métodos alternativos de resolución de litigios puede resolver conflictos derivados de la regulación, la modificación y la falta de conformidad con el ejercicio de la responsabilidad parental, el divorcio y la separación judicial, la conversión de la separación judicial en divorcio, la reconciliación de los cónyuges separados, la asignación y modificación de los alimentos provisionales o definitivos, la asignación de la vivienda familiar, la denegación del derecho a usar el apellido del otro cónyuge y la autorización para usar el apellido del ex cónyuge.

El mediador familiar es un profesional certificado por el Ministerio de Justicia competente para celebrar reuniones con independencia e imparcialidad a fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.

El divorcio de mutuo acuerdo puede demandarse en la oficina del Registro Civil, salvo en las situaciones derivadas de un acuerdo obtenido en el marco de un proceso judicial de divorcio y siempre que la demanda de divorcio de mutuo acuerdo vaya acompañada de una lista pormenorizada de los bienes comunes de la pareja, el acuerdo sobre la disposición del hogar conyugal, un acuerdo sobre el pago de los alimentos al cónyuge que tenga necesidad de ello y un certificado de la sentencia dictada por el tribunal en la que se regula el ejercicio de la responsabilidad parental o un acuerdo sobre el ejercicio de dicha responsabilidad con respecto a los hijos menores, en caso de que ningún tribunal haya fallado anteriormente sobre este asunto.

11 ¿Dónde debo presentar mi demanda (petición) de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio? ¿Qué trámites se requieren y qué documentos deben adjuntarse a la demanda?

Separación y divorcio de mutuo acuerdo

La separación y el divorcio por consentimiento mutuo deben solicitarlos ambos cónyuges, de mutuo acuerdo. La demanda irá acompañada de los siguientes documentos:

a) una relación detallada de los bienes comunes y sus respectivos valores o, si el cónyuge decide compartir tales bienes, un convenio sobre el reparto o una solicitud para elaborar dicho convenio;

b) una copia de la resolución judicial que regule el ejercicio de la patria potestad o un acuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad en relación con los hijos menores, siempre que ningún otro tribunal haya fallado anteriormente sobre el asunto;

c) un acuerdo sobre la prestación de alimentos al cónyuge que los necesite;

d) un acuerdo sobre el destino de la asignación de la vivienda familiar;

e) un certificado de las capitulaciones matrimoniales, si las hubiere.

En el caso de que no se deduzca otra cosa de los documentos presentados, se entiende que los acuerdos son válidos tanto durante el procedimiento como posteriormente.

Los procedimientos de separación judicial o divorcio de mutuo acuerdo se incoan mediante la presentación de una demanda firmada por los cónyuges o sus representantes en la oficina del Registro Civil. La demanda se presenta acompañada de los documentos anteriormente mencionados y de un certificado que contenga una copia completa del acta de matrimonio.

Tras haber recibido la demanda, el registrador emplaza a los cónyuges a una reunión durante la cual debe comprobar que se cumplen los requisitos legales. En dicha reunión, se informa a los cónyuges de la existencia de servicios de mediación familiar; no obstante, si los cónyuges mantienen el propósito de divorciarse, se tienen en cuenta los acuerdos y se insta a los cónyuges a modificarlos si no protegen debidamente los intereses de uno de ellos o de los hijos. Podrán celebrarse actos jurídicos y recopilar pruebas para tal fin. Si se cumplen los requisitos legales y se observan los procedimientos anteriormente mencionados, el registrador admitirá la demanda.

Cuando se presenta un convenio sobre el ejercicio de la patria potestad en relación con hijos menores, el procedimiento se remite al fiscal del tribunal de primera instancia competente de la circunscripción a la que pertenezca el registro, para que éste se pronuncie sobre el acuerdo en el plazo de 30 días.

En el caso de que el ministerio fiscal considere que el convenio no protege debidamente los intereses de los menores, los demandantes podrán modificarlo en consecuencia o presentar un nuevo convenio, y en este último caso, lo enviarán al fiscal para su aprobación. Si el fiscal considera que el acuerdo protege debidamente los intereses de los menores o si los cónyuges han modificado el acuerdo en los términos indicados por el ministerio fiscal, se pronunciará el divorcio.

En los casos en que los demandantes no estén de acuerdo con las alteraciones indicadas por el ministerio fiscal y mantengan el propósito de divorciarse o los acuerdos presentados no protejan debidamente los intereses de uno de los cónyuges, no se pronunciará el divorcio y el procedimiento se remitirá al tribunal del distrito donde se ubica la oficina del Registro Civil.

Tras recibir el caso, el juez estudiará los acuerdos presentados por los cónyuges y les instará a modificarlos en caso de que no velen por los intereses de alguno de ellos o de sus hijos.

El juez determinará entonces las consecuencias del divorcio en relación con los elementos que los cónyuges no han modificado. Si alguno de los acuerdos no protege debidamente los intereses de cualquiera de los cónyuges, podrán, para este propósito y a efectos de considerar los acuerdos propuestos, solicitar la ejecución de los actos y la presentación de las pruebas necesarias. Para determinar las consecuencias del divorcio, el juez no solo instará a los cónyuges a llegar a un acuerdo, sino que también tendrá en cuenta el acuerdo al que hayan llegado.

A continuación, se decretará el divorcio de mutuo acuerdo y se inscribirá en el registro correspondiente.

Las demandas de separación judicial o divorcio de mutuo acuerdo se presentan ante el tribunal, siempre que las partes no adjunten los acuerdos anteriormente citados.

En este caso, la demanda de divorcio se interpone ante un tribunal. Tras recibir la demanda, el juez estudiará los acuerdos presentados por los cónyuges y les instará a modificarlos en caso de que no velen por los intereses de alguno de ellos o de sus hijos. El juez determinará las consecuencias del divorcio en relación con los elementos sobre los cuales los cónyuges no han llegado a ningún acuerdo y, para este propósito y a efectos de considerar los acuerdos presentados, podrá solicitar la ejecución de actos y la presentación de las pruebas necesarias. Para determinar las consecuencias del divorcio, el juez no solo instará a los cónyuges a llegar a un acuerdo, sino que también tendrá en cuenta el acuerdo al que hayan llegado. A continuación, se decretará el divorcio de mutuo acuerdo y se inscribirá en el registro correspondiente.

Separación o divorcio impugnados

Las demandas de separación o divorcio impugnadas se presentan en el juzgado de familia o, en las zonas donde no exista, en el juzgado de primera instancia con competencia territorial. La competencia territorial se define en función del domicilio o la residencia del demandante (la persona que presenta la demanda).

Las disposiciones sobre el divorcio se aplican, mutatis mutandis, a la separación judicial.

La separación judicial termina con la reconciliación de los cónyuges o con la disolución del matrimonio.

Cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio impugnado alegando la separación de hecho durante un año entero; un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge que haya durado más de un año y que, por su gravedad, comprometa la posibilidad de convivir; la ausencia, sin noticias del ausente durante al menos un año, y otros hechos que, con independencia de la falta atribuida a los cónyuges, demuestren la ruptura irreparable del matrimonio.

El cónyuge agraviado tiene el derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el otro cónyuge de conformidad con los términos generales de la responsabilidad civil y ante los tribunales ordinarios.

El cónyuge que demande el divorcio alegando un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge deberá indemnizarlo por los daños personales ocasionados por la disolución del matrimonio; la demanda deberá presentarse en el proceso de divorcio.

Si el divorcio se fundamenta en un cambio en las facultades mentales del otro cónyuge por una duración superior a un año y que, por su gravedad, compromete la posibilidad de convivir, y la ausencia, sin noticias del ausente, durante un período de al menos un año, solo el cónyuge que invoca el cambio de las facultades mentales o la ausencia del otro cónyuge podrá solicitar el divorcio.

Donde al cónyuge habilitado para presentar una demanda de divorcio se le prohíba hacerlo, dicha demanda podrá interponerla su representante legal, autorizado por el consejo de familia; si el representante legal es el otro cónyuge, la demanda la interpondrá, en nombre del titular del derecho a intervenir, cualquier otro ascendiente en línea recta o hasta el tercer grado de consanguinidad en línea colateral, siempre que el consejo de familia dé su autorización para tal fin.

El derecho al divorcio no se transfiere por deceso, pero los herederos del demandante podrán proseguir con la acción a los efectos de los bienes si el demandante fallece durante los procedimientos judiciales; de la misma forma, la acción podrá proseguir contra los herederos del demandado.

Tras haber presentado la demanda, si la acción puede proseguir, el juez designará una fecha para la reconciliación y se emplazará al demandado y al demandante a comparecer personalmente.

Si no se logra la reconciliación, el tribunal buscará el acuerdo de los cónyuges para celebrar un divorcio de mutuo acuerdo; si se alcanza un acuerdo o si los cónyuges optan por el divorcio de mutuo acuerdo en alguna fase del proceso, este seguirá el curso de dicho tipo de divorcio, mutatis mutandis.

Si el juez no logra que los cónyuges lleguen a un acuerdo en lo tocante al divorcio o la separación de mutuo acuerdo, tratará de conseguir el acuerdo de las partes en relación con los alimentos y la regulación del ejercicio de la patria potestad. El juez también tratará de obtener el acuerdo de los cónyuges en relación con el uso de la vivienda familiar durante el tiempo que dure el proceso, cuando proceda.

Con la intención de reconciliarse o en cualquier otra fase del procedimiento, las partes podrán acordar celebrar un divorcio o una separación judicial de mutuo acuerdo, siempre que se cumplan los requisitos previos necesarios.

Si las otra parte no está de acuerdo o si la reconciliación resulta imposible, el juez solicitará al demandado que presente su defensa en el plazo de 30 días; en el momento de la notificación, se entregará al demandado un duplicado de la demanda original.

Si se desconoce el paradero del demandado, si se han aplicado todas las medidas previstas en el derecho procesal para localizarlo y ninguna de ellas ha resultado satisfactoria, se anulará el día fijado para la reconciliación y se emplazará al demandado mediante bando para que presente su defensa.

Tras la expiración del plazo para presentar la defensa, el proceso sigue los términos del procedimiento común. Durante dicho procedimiento, se identifica el objeto del litigio y los fundamentos de las pruebas presentadas. La vista definitiva se celebra en este proceso junto con la presentación de pruebas. Al término de la vista final, se cierra el caso y se remite al juez, quien dictará sentencia en el plazo de 30 días.

La separación judicial podrá solicitarse en una reconvención, incluso si el demandante ha presentado una demanda de divorcio; si el demandante ha presentado una demanda de separación judicial, el demandante también podrá solicitar el divorcio en una reconvención. En estos casos, el divorcio se decretará si se admiten la demanda y la reconvención.

Nulidad del matrimonio

La nulidad del matrimonio no podrá invocarse bajo ningún concepto, ya sea con carácter judicial o extrajudicial, hasta que no se haya ratificado en una sentencia dictada con motivo de una demanda interpuesta específicamente para este fin.

Esta demanda se interpondrá ante un tribunal de familia y menores con la presentación de una demanda inicial que, en forma de escrito procesal, identificará a las partes, describirá los hechos pertinentes y concluirá con una solicitud.

El derecho legal a presentar dicha demanda varía en función de los motivos en que se base (véase la respuesta a la pregunta 8).

Los cónyuges o cualquier persona con una relación de parentesco en línea directa o hasta el cuarto grado en línea colateral, los herederos y los progenitores adoptivos de los cónyuges y el ministerio fiscal están legitimados para proseguir o interponer la acción de nulidad por un impedimento invalidante. También podrán proseguir o interponer una acción el tutor o curador en caso de minoría de edad, prohibición o incapacitación por trastorno psíquico, y el primer cónyuge del infractor en caso de bigamia.

La anulación por simulación puede ser solicitada por los propios cónyuges o por cualquier persona perjudicada por el matrimonio. En los demás casos de matrimonio sin consentimiento, la acción de anulación sólo puede ser interpuesta por el cónyuge que no haya dado su consentimiento para la celebración del matrimonio. No obstante, los padres, los parientes políticos directos, los herederos y los progenitores adoptivos pueden proseguir el procedimiento en caso de fallecimiento del actor durante la tramitación de la causa.

La acción de anulación basada en un vicio de consentimiento sólo puede ser interpuesta por el cónyuge víctima del error o la coacción, y en caso de fallecimiento del autor durante la tramitación de la causa, la podrán proseguir sus padres, los parientes políticos directos, los herederos y los progenitores adoptivos.

La acción de anulación por falta de testigos solo puede ser iniciada por el ministerio fiscal.

Las demandas judiciales de nulidad basados en un impedimento de invalidación deben interponerse:

a) en los casos de minoría de edad, prohibición o incapacitación por anomalía psíquica o demencia notoria, si la demanda es interpuesta por la propia persona incapaz, hasta seis meses después de haber alcanzado la mayoría de edad, de haberle sido levantada la prohibición o la incapacitación o del fin de la demencia; cuando la interpone otra persona, en los tres años siguientes a la celebración del matrimonio, pero nunca después de haber alcanzado la mayoría de edad, de la retirada de la incapacitación o del cese de la demencia;

b) en caso de condena por homicidio contra el cónyuge del otro contrayente, en el plazo de tres años a partir de la celebración del matrimonio;

c) en los demás casos, hasta seis meses después de la disolución del matrimonio.

Solo el ministerio fiscal puede interponer la acción antes de la disolución del matrimonio.

No se puede interponer ni proseguir una acción de nulidad basada en la existencia de un matrimonio anterior no disuelto mientras esté pendiente la acción de declaración de nulidad o anulación del primer matrimonio del bígamo.

La acción de anulación por falta de consentimiento de uno o de ambos contrayentes sólo se puede interponer en los tres años siguientes a la celebración del matrimonio o, si el demandante ignoraba la existencia del matrimonio, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de ello.

La acción de nulidad basada en un vicio de consentimiento prescribe si no se interpone en los seis meses siguientes al cese del vicio.

La acción de nulidad por falta de testigos solo se puede interponer en el año siguiente a la celebración del matrimonio.

La demanda inicial debe ir acompañada del certificado de matrimonio y, eventualmente (si la edad fuera el fundamento de la demanda) , de la partida de nacimiento del contrayente de que se trate.

Tras la expiración del plazo para presentar la defensa, el proceso continúa en los términos anteriormente citados del procedimiento común.

La nulidad se considerará resuelta y el matrimonio se estimará válido a partir del momento en que se celebre si se da alguno de los siguientes supuestos antes de dictar una sentencia de nulidad definitiva e inapelable:

a) si un menor que no tenga la edad legal para contraer matrimonio ratifica el acto ante un funcionario del Registro Civil y dos testigos, después de haber alcanzado la mayoría de edad;

b) si una persona legalmente incapacitada o inhabilitada por un trastorno psíquico ratifica su matrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, después de haberse levantado dicha incapacidad o inhabilitación o, en el caso de demencia, después de que la persona demente haya verificado a efectos judiciales su estado de salud mental;

c) si el primer matrimonio de un bígamo se declara nulo o anulado;

d) si la falta de testigos se debe a circunstancias justificadas, como las reconocidas por el registrador, siempre que no haya ninguna duda acerca de la celebración del acto.

12 ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita?

Sí, el régimen de asistencia judicial se aplica en todos los juzgados y tribunales, independientemente del procedimiento.

Para obtener información adicional, véase la ficha informativa sobre «Asistencia jurídica».

13 ¿Se puede recurrir una resolución de divorcio, separación legal o anulación de matrimonio?

Sí. En el marco de estas acciones, siempre es posible recurrir.

14 ¿Qué debo hacer para que se reconozca en este Estado miembro una resolución judicial de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la Unión Europea?

Si la decisión en cuestión ha sido dictada en un Estado de la Unión Europea distinto de Dinamarca, dicha decisión será reconocida en los demás Estados miembros de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

Si la decisión se ha dictado en Dinamarca, se aplica al procedimiento especial de revisión de sentencia extranjera.

En la tramitación de este procedimiento, la demanda inicial debe presentarse junto con el documento en el que conste la decisión a examinar, y se citará a la parte contraria, en un plazo de 15 días, para que presente su escrito de oposición. El demandante podrá responder en los 10 días siguientes a la notificación de la presentación del escrito de oposición. Cuando las partes hayan presentado todos los escritos procesales y después de haber realizado todas las diligencias que se consideren indispensables, todos los documentos se remitirán a las partes y al ministerio fiscal para que presenten sus alegaciones en el plazo de 15 días cada uno.

Para que la sentencia sea firme, es necesario:

a) que no existan dudas sobre la autenticidad del documento en el que conste la sentencia ni sobre la validez de la sentencia;

b) que se haya dictado según las leyes del país en el que se interpuso;

c) que haya sido dictada por un tribunal extranjero cuya competencia haya sido establecida por ley y que no trate de una materia de competencia exclusiva de los tribunales portugueses;

d) que no pueda invocarse la excepción de litispendencia o de cosa juzgada por una causa ante un tribunal portugués, excepto si ha sido el tribunal extranjero el que ha impedido incoar el procedimiento;

e) que el demandado haya sido citado de forma regular en el proceso, en las condiciones previstas por la ley del país del tribunal de origen y que, en el proceso, se cumplan los principios de derecho a ser oído y de protección en igualdad de condiciones entre las partes;

f) que no contenga ninguna decisión cuyo reconocimiento conduzca a un resultado manifiestamente incompatible con los principios de orden público internacional de Portugal.

15 ¿A qué órgano jurisdiccional hay que acudir para impugnar el reconocimiento de una resolución de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada por un órgano jurisdiccional en otro Estado miembro de la Unión Europea

En los Estados pertenecientes a la Unión Europea, con excepción de Dinamarca, si la parte interesada opta por solicitar el reconocimiento de una sentencia de divorcio, separación o nulidad, la demanda se deberá presentar en el juzgado de familia. El tribunal territorialmente competente se determina según las leyes internas del Estado miembro en el que se presenta la demanda de reconocimiento.

16 ¿Qué legislación de divorcio tiene que aplicar el órgano jurisdiccional en un proceso entre dos cónyuges que no residen en este Estado miembro o que tienen nacionalidades diferentes?

En virtud de las normas nacionales de conflicto de leyes, en los casos de divorcio y separación judicial, se aplica la legislación nacional común. Si no son de la misma nacionalidad, se aplica la legislación de su domicilio habitual común y, en su defecto, la legislación del país al que esté más estrechamente vinculada la vida familiar.

Sin embargo, si durante el matrimonio cambia la ley aplicable, el divorcio o la separación judicial solo podrán fundamentarse en un hecho relevante que se haya producido durante su realización.

Información complementaria

Puede obtenerse más información en los siguientes sitios web:

Última actualización: 30/04/2018

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