Insolvency/bankruptcy

If a company or entrepreneur gets into financial distress, or cannot pay its debts, specific proceedings are available in every country to address the situation inclusively, involving all the creditors (parties who are owed money).

Insolvency proceedings differ according to their objectives:

Companies

  • If the company can be saved or the business is viable – its debts may be restructured (usually in agreement with creditors). This is to safeguard the firm and preserve jobs.
  • If the business cannot be saved, the company must be wound up (it 'goes bankrupt').

Entrepreneurs

  • Can usually apply for a procedure involving an ordered repayment plan for their debts and a debt-discharge following a reasonable period of time (3 years, usually). This ensures they are not personally bankrupted and can launch further ventures in future.

In all cases, as soon as the proceedings are formally opened, creditors can no longer take individual action to reclaim their debts. This is to ensure all creditors are on an equal footing and protect the debtor's assets.

To be paid, creditors must prove their claims, either to the court or to the body (generally an administrator or liquidator) responsible for reorganising or liquidating the debtor's assets. In specific circumstances, this can be done by the debtor themself.

Cross-border insolvency (EU rules)

Insolvency cases involving companies or entrepreneurs with activities, assets or affairs in several countries can be resolved under EU law – specifically Regulation 2015/848 (see here for a summary of how it works).

Forms referred to in Regulation 2015/848

National procedures

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

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Insolvency registers

Last update: 18/01/2019

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Insolvencia - Chequia

Marco jurídico

En la República Checa, los procedimientos de insolvencia quedan regulados principalmente por la Ley n.º 182/2006 sobre el concurso de acreedores y sus formas de resolución (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) (la Ley concursal), complementada mediante la Ley n.º 99/1963, el Código de Procedimiento Civil (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Otro instrumento importante es la Ley n.º 312/2006 sobre administradores concursales (Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích), que (junto con la Ley concursal) establece un marco jurídico para la profesión de administrador concursal.

Las versiones actualizadas de estas disposiciones se pueden consultar en el portal de la administración pública (Portál veřejné správy): El enlace abre una nueva ventanahttps://portal.gov.cz/app/zakony/.

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Los procedimientos de insolvencia se pueden iniciar contra personas físicas o jurídicas, independientemente de que sean entidades comerciales.

Los diversos tipos de procedimientos de insolvencia (quiebra, reorganización, alivio de la deuda) se diferencian entre sí por el tipo de entidad a la que están destinados. Mientras que se puede solicitar una declaración de quiebra contra todo tipo de entidades, la reorganización está dirigida exclusivamente a las empresas y el alivio de la deuda, principalmente a entidades no comerciales (como se explica más adelante).

No se pueden incoar procedimientos de insolvencia contra el Estado, autoridades locales autónomas, partidos y movimientos políticos durante el período electoral, y determinadas entidades de naturaleza predominantemente pública. En cuanto a las instituciones financieras y las compañías de seguros, se aplican normas especiales.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Insolvencia o insolvencia inminente

Los procedimientos de insolvencia son procedimientos judiciales que hacen referencia a la insolvencia o insolvencia inminente de un deudor y plantean cómo abordarla. La premisa básica, por tanto, es la existencia de un estado de insolvencia o insolvencia inminente.

Un deudor es insolvente si (estas condiciones son acumulativas):

  • el deudor tiene múltiples acreedores;
  • el deudor tiene obligaciones pecuniarias que hace más de treinta días que han vencido;
  • el deudor no puede hacer frente a esas obligaciones.

En concreto, se considera que los deudores son insolventes si han dejado de pagar una parte sustancial de sus deudas o no liquidan esas obligaciones durante más de tres meses una vez han vencido, o si alguno de los créditos pecuniarios vencidos contra el deudor no se puede cobrar mediante ejecución o embargo.

Un deudor que es una entidad comercial (ya sea persona física o jurídica) también se considera insolvente si está sobreendeudado. Los deudores están sobreendeudados si tienen múltiples acreedores y la suma de sus pasivos supera el valor de sus activos.

La insolvencia inminente hace referencia a una situación en la que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es razonable suponer que los deudores no podrán asumir una parte sustancial de sus responsabilidades pecuniarias en tiempo y forma.

Tipos de procedimientos de insolvencia

El Derecho checo distingue tres maneras básicas de abordar un caso de insolvencia o insolvencia inminente del deudor en el marco de los procedimientos de insolvencia:

  • la quiebra (konkurs);
  • la reorganización (reorganizace);
  • el alivio de la deuda (oddlužení).

La Ley concursal no dictamina cuál de los diferentes métodos de insolvencia ha de usar un deudor concreto, sino que concede libertad al respecto. Además del proceso de liquidación (quiebra), también hay un elemento de rehabilitación (reorganización y alivio de la deuda). La elección del método adecuado para resolver un caso de insolvencia de un deudor debería regirse por el interés en lograr el mejor resultado posible para los acreedores.

La quiebra es una forma general de afrontar casos de insolvencia cuando, sobre la base de una declaración de quiebra, los créditos reconocidos de los acreedores se recuperan en gran medida gracias al producto de la liquidación de los activos. Los créditos o partes de créditos no pagados no se extinguen, salvo que la ley prevea lo contrario. Este método de insolvencia se utiliza siempre que sea imposible hacer uso de la reorganización o el alivio de la deuda como procesos más moderados contra el deudor, o si resulta evidente durante el procedimiento que no se pueden mantener esos métodos.

La reorganización se puede usar para ocuparse de la insolvencia o la insolvencia inminente de deudores que son entidades comerciales. Implica la reorganización de la empresa. Normalmente se espera que los créditos de los acreedores se vayan pagando progresivamente al tiempo que la empresa del deudor sigue operando de acuerdo con las medidas establecidas para revitalizar su gestión en virtud de un plan de reorganización aprobado por el tribunal concursal. Los acreedores supervisan el progreso del plan.

El alivio de la deuda es una forma de afrontar la insolvencia o la insolvencia inminente de los deudores que básicamente no tienen deudas comerciales y, en el caso de personas jurídicas, que no son entidades comerciales. Este método de insolvencia es más sensible a consideraciones sociales que a aspectos económicos. El objetivo es ofrecer a los deudores la oportunidad de un «nuevo comienzo» y motivarles a participar activamente en la amortización de su deuda, al menos hasta un nivel previsto del 30 % en aquellos casos en los que los acreedores no estén garantizados. Se supone que los créditos de los acreedores garantizados se liquidarán con la garantía. Un objetivo paralelo es reducir el gasto público dedicado a la rehabilitación de aquellos que atraviesan una crisis social. El alivio de la deuda se puede lograr mediante la monetización de la masa del concurso, mediante un plan de amortización, o mediante una combinación de ambos.

¿Quién puede iniciar un procedimiento de insolvencia?

Un procedimiento de insolvencia se puede iniciar solo tras la presentación de la oportuna petición. Se abre en la fecha en la que un órgano jurisdiccional con competencias en el caso recibe la petición de declaración de insolvencia. Pueden presentar peticiones de declaraciones de insolvencia tanto deudores como acreedores, excepto en los casos de insolvencia inminente, en los que tan solo pueden presentarlas el deudor.

Un deudor que sea una entidad comercial (ya sea una persona física o jurídica) debe presentar una petición de declaración de insolvencia sin retrasos injustificados una vez tenga conocimiento de su insolvencia, o debiera haberlo tenido de haber demostrado la oportuna diligencia.

Incoación de un proceso de quiebra

Un tribunal concursal dicta una declaración de quiebra en una sentencia separada. En casos excepcionales, esta sentencia se puede combinar con una resolución de insolvencia (si el deudor no puede recurrir a la reorganización o al alivio de la deuda). Una declaración de quiebra surte efecto cuando la correspondiente resolución se publica en el registro concursal.

Incoación de un proceso de reorganización

El proceso de reorganización se inicia con la autorización del tribunal concursal, que la concede tras una solicitud del deudor o de un acreedor registrado.

Esta autorización de reorganización se puede obtener si (estas condiciones no son acumulativas):

  • el volumen de negocios global neto anual del deudor en el último período contable anterior a la petición de insolvencia fue de al menos 50 000 000 CZK; o
  • el deudor tiene al menos cincuenta empleados; o
  • el deudor presenta al tribunal concursal, junto con la petición de insolvencia, o no más allá de la fecha en la que se dicta la resolución de insolvencia, un plan de reorganización apoyado por al menos la mitad de los acreedores garantizados (calculada en función del importe total de los créditos) y por al menos la mitad de los acreedores no garantizados (también calculada sobre la base del importe de los créditos).

La reorganización no es posible si el deudor es una persona jurídica en liquidación, un agente de valores o una entidad autorizada a negociar en una bolsa de materias primas con arreglo a legislación específica.

El tribunal concursal autoriza la reorganización si se cumplen las condiciones legales correspondientes. No hay derecho de recurso.

El tribunal concursal rechaza una solicitud de autorización para llevar a cabo una reorganización si: a) teniendo en cuenta todas las circunstancias, es razonable suponer que existe una intención fraudulenta; b) la solicitud la ha presentado una persona que ya presentó una solicitud de autorización de reorganización que el tribunal ha visto; o c) un acreedor ha presentado la solicitud sin que la junta de acreedores la haya aprobado. Solo aquellos que han presentado la solicitud podrán interponer recurso contra estas sentencias.

Incoación de un proceso de alivio de la deuda

El deudor presenta una solicitud de alivio de la deuda mediante el preceptivo formulario y, cuando proceda, la presenta junto con una petición de insolvencia (si ningún acreedor ha iniciado un procedimiento de insolvencia).

La solicitud de alivio de la deuda y sus anexos deben incluir, en concreto, información sobre los ingresos pasados y previstos del deudor, una lista de activos y una lista de pasivos. Si alguien quiere hacer una donación al deudor para que se puedan cumplir las condiciones del alivio de la deuda, o si alguien quiere realizar pagos periódicos en efectivo al deudor mientras dure el alivio de la deuda, el deudor adjunta la escritura de donación correspondiente o el acuerdo de aportación de una renta a la solicitud de alivio de la deuda.

El tribunal concursal concede permiso para el alivio de la deuda si se cumplen las condiciones. En cambio, rechaza la solicitud de alivio de la deuda si, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es razonable suponer que existe una intención fraudulenta, o si, como resultado del alivio de la deuda, los acreedores no garantizados recibirían menos del 30 % de sus créditos (a menos que estén de acuerdo). El tribunal concursal también rechaza una solicitud de alivio de la deuda en caso de que los resultados del procedimiento hasta la fecha muestren que el deudor ha sido temerario o negligente a la hora de cumplir las obligaciones derivadas del procedimiento de insolvencia. Solo el deudor tiene derecho a interponer recurso contra el rechazo de una solicitud.

¿Cuándo surte efecto la incoación de un procedimiento de insolvencia?

La incoación de un procedimiento de insolvencia surte efecto cuando se publica una notificación que anuncia dicha incoación en el registro concursal (véase abajo). Las consecuencias de la incoación duran hasta el término del procedimiento de insolvencia, salvo que la ley prevea lo contrario para cualquiera de los métodos de insolvencia.

Medidas provisionales a la espera de una resolución de insolvencia

El tribunal concursal puede ordenar medidas provisionales de oficio a la espera de su resolución relativa a una solicitud de insolvencia, salvo que la ley prevea lo contrario. Ninguna persona que solicite una medida provisional que el tribunal concursal puede ordenar de oficio está obligada a constituir una garantía. El deudor no está obligado a constituir una garantía cuando solicita una medida provisional.

A través de esas medidas provisionales, el tribunal de insolvencia puede, entre otras cosas:

  • nombrar a un administrador provisional;
  • limitar algunos de los efectos asociados con la incoación de un procedimiento de insolvencia;
  • ordenar a cualquiera de los que hayan solicitado la incoación del procedimiento de insolvencia que constituya una garantía que cubra la indemnización por daños u otras pérdidas en las que incurra el deudor.

Registro concursal

Los procedimientos de insolvencia se anuncian en el registro concursal gestionado por el Ministerio de Justicia (Ministerstvo spravedlnosti). Se trata de un sistema electrónico de información de la administración pública al que se puede acceder desde El enlace abre una nueva ventanahttps://isir.justice.cz/.

El registro concursal existe principalmente para que se haga la máxima publicidad de los procedimientos de insolvencia y para que se pueda supervisar su progreso. El registro se usa para publicar las resoluciones del tribunal concursal dictadas en procedimientos de insolvencia y en cuestiones incidentales, los documentos incluidos en los expedientes judiciales y otra información, cuando así lo prevea la Ley concursal o así lo decida el tribunal concursal.

El registro concursal es de acceso público (excepto para determinada información), y todo el mundo tiene derecho a consultarlo y a obtener copias y extractos.

Además de servir como fuente de información, el registro concursal es fundamental para la notificación de documentos —es un medio para la comunicación de la mayor parte de sentencias judiciales y otros documentos. Los procedimientos de insolvencia generalmente se notifican en el registro concursal dentro de las dos horas siguientes a la presentación de una demanda (durante el horario de trabajo del órgano jurisdiccional). Todas las sentencias judiciales y demás documentos se publican posteriormente en el registro concursal. De esta manera se dan a conocer los procedimientos de insolvencia que se llevan a cabo en la República Checa.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Masa del concurso

Si es el deudor el que presenta una petición de insolvencia, la masa del concurso consta de los activos pertenecientes al deudor en el momento en el que surte efecto la incoación de un procedimiento de insolvencia, junto con los activos que el deudor adquiera en el transcurso del procedimiento de insolvencia.

Si es un acreedor el que presenta la petición de insolvencia, la masa del concurso consta de los activos pertenecientes al deudor en el momento en el que entra en vigor la medida provisional dictada por el tribunal concursal que limita (por completo o en parte) el derecho del deudor a disponer de los activos, los activos pertenecientes al deudor en el momento en el que entran en vigor las resoluciones sobre la insolvencia del deudor, y los activos adquiridos en el transcurso del procedimiento de insolvencia por parte del deudor tras la entrada en vigor de esas resoluciones.

Cuando los activos son de propiedad conjunta, la parte de esos bienes perteneciente al deudor se incluye en la masa del concurso. Estos activos forman parte de la masa aunque sean parte del patrimonio conyugal conjunto del deudor.

Los activos de otras personas que no sean el deudor forman parte de la masa si así lo prevé la ley, especialmente cuando son retribuciones de actos jurídicos ineficaces. A efectos de enajenación de activos, estos bienes se consideran parte de los activos del deudor.

Salvo que la ley prevea otra cosa, la masa del concurso consta principalmente de efectivo, bienes muebles e inmuebles, instalaciones y equipos, libretas de ahorros, certificados de depósito y otras formas de depósito, acciones, bonos, cheques u otros valores, participaciones, créditos monetarios y no monetarios del deudor, incluidos los créditos contingentes y créditos que todavía no han vencido, salario del deudor, nóminas, primas e ingresos que hagan las veces de remuneración ligada al trabajo del deudor, otros derechos, y otros activos cuyo valor pueda expresarse en términos monetarios. La masa del concurso también incluye productos como los intereses, las ganancias, los frutos y los beneficios derivados de los activos mencionados.

Salvo que la ley prevea otra cosa, los activos que no están sujetos a embargo en procedimientos de ejecución o embargo no forman parte de la masa. Esta cuestión queda regulada en la Ley n.º 99/1963 del Código de Procedimiento Civil. De los activos pertenecientes a los deudores, no se pueden aplicar medidas de ejecución a aquellos que los deudores necesitan de manera urgente para satisfacer sus necesidades materiales y las de su familia o para realizar tareas relacionadas con su trabajo, así como otros productos cuya venta iría contra bonos mores (especialmente la ropa de uso diario, objetos domésticos comunes, anillos de boda y otros objetos similares, suministros médicos y otros productos que los deudores necesiten a causa de alguna enfermedad o discapacidad física, dinero en metálico en una cantidad equivalente al doble de la renta de subsistencia para particulares, y animales considerados de compañía). En cambio, los artículos usados en operaciones comerciales del deudor no quedan excluidos de la masa. Salvo que la ley prevea otra cosa, la masa no incluye los activos de los que, con arreglo a una legislación específica, tan solo se pueda disponer de una determinada manera (p. ej., subvenciones específicas y ayudas reembolsables de los presupuestos de la administración central o local o de un fondo del Estado).

Tratamiento de los bienes adquiridos por el deudor, o que le correspondan, tras la apertura del procedimiento de insolvencia

En líneas generales, los bienes adquiridos por el deudor, o que le correspondan, tras la apertura del procedimiento de insolvencia se incluyen en la masa del concurso; en función del método de insolvencia aplicado, esto puede modificarse. Los deudores solo pueden disponer de los bienes de la masa si, al hacerlo, cumplen las condiciones de esa fase concreta del procedimiento de insolvencia y del método de insolvencia.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Misión y consideración del administrador concursal

La misión principal del administrador concursal es gestionar la masa del concurso del deudor y resolver las cuestiones incidentales o de otro tipo. El objetivo del administrador concursal es conseguir que se pague a los acreedores de manera proporcionada, rápida, económica y el mayor importe posible.

Los administradores concursales están obligados a actuar concienzudamente y con la debida diligencia. Se les exige que hagan todos los esfuerzos que razonablemente se les pueda exigir para pagar a los acreedores en la mayor medida posible. Deben dar prioridad al interés común de los acreedores por encima de su propio interés y el de otros.

En los procedimientos de quiebra, el administrador concursal recibe la autorización de disponer de la masa, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones del deudor en lo relativo a la masa. En concreto, el administrador concursal ejerce los derechos de los accionistas vinculados a las acciones incluidas en la masa del concurso, actúa en calidad de empleador en relación con los empleados del deudor, y es responsable de la gestión del negocio, la contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del deudor. Los administradores concursales también se encargan de monetizar la masa.

En los procedimientos de reorganización, los administradores concursales fundamentalmente supervisan las actividades de un deudor no desapoderado, siguen identificando la masa y elaboran un inventario, se hacen cargo de las cuestiones incidentales, confeccionan la lista de acreedores e informan al comité de acreedores. Los administradores concursales también actúan en representación de la junta general de accionistas o socios del deudor.

En procedimientos de alivio de la deuda, los administradores concursales, junto con el tribunal concursal y los acreedores, supervisan al deudor y sus actividades, liquidan los activos del deudor, y asignan pagos mensuales a los acreedores con arreglo al calendario de amortizaciones.

Consideración del deudor

En los procedimientos de quiebra, los deudores pierden la capacidad de disponer de sus bienes, de ejercer otros derechos y de saldar obligaciones relativas a la masa. Esta autoridad pasa a manos del administrador concursal. Por ley, los actos jurídicos ejecutados por los deudores en relación con lo anterior una vez la capacidad para disponer de la masa pasa al administrador concursal son ineficaces con respecto a los acreedores.

En los procedimientos de reorganización, el deudor sigue manteniendo el control sobre la masa, sujeto a restricciones. Un deudor no desapoderado ejecuta los actos jurídicos de importancia fundamental para la disposición y la gestión de la masa del concurso únicamente si cuenta con el consentimiento del comité de acreedores. Un deudor que incumpla esta obligación será responsable por el perjuicio o cualquier otra pérdida causados a los acreedores o terceros; los miembros del órgano directivo del deudor se consideran conjunta y solidariamente responsables de estos perjuicios u otras pérdidas. Se entiende por «actos jurídicos de importancia fundamental» aquellos actos que cambian de manera significativa el valor de la masa, la categoría de los acreedores, o el nivel de liquidación del acreedor. Los administradores concursales actúan en representación de la junta general de accionistas o socios del deudor.

En los procedimientos de alivio de la deuda, el deudor también sigue manteniendo el control sobre la masa, sujeto a restricciones. El tribunal concursal, el administrador concursal y los acreedores supervisan al deudor.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

En términos generales, las compensaciones se rigen por el Código civil. Por regla general, si las partes tienen unas frente a otras los mismos tipos de créditos, cualquiera puede notificar a la otra que su crédito se compensará con el de la contraparte. Las compensaciones se pueden pedir en cuanto una parte adquiere el derecho de reclamar que se pague un crédito y de pagar su propia deuda. Una compensación cancela los dos créditos en la medida en que coincidan; si no coinciden totalmente, el crédito se compensa de manera similar a lo que ocurre en caso de cumplimiento. Estos efectos se producen cuando dos créditos pueden acogerse a la compensación.

En procedimientos de insolvencia, los créditos mutuos del deudor y el acreedor pueden compensarse tras la resolución de insolvencia si se han cumplido las condiciones legales de compensación (en virtud del Código civil) antes de que se dicte la resolución sobre el método de insolvencia, salvo que la Ley concursal prevea otra cosa.

La compensación en procedimientos de insolvencia no es admisible, en concreto si el acreedor del deudor:

  • no ha obtenido la condición de acreedor registrado con respecto al crédito; o
  • ha obtenido un crédito abonable como resultado de un acto jurídico ineficaz; o
  • tenía conocimiento de la insolvencia del deudor en el momento en el que adquirió el crédito abonable; o
  • todavía tiene que pagar el crédito del deudor en la medida en que supere el crédito abonable del acreedor; o
  • en casos estipulados por una medida provisional del tribunal concursal.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Contratos de mutuo cumplimiento

Si el deudor, en el momento en el que se declara la quiebra o se autoriza la reorganización o el alivio de la deuda, ha celebrado un contrato, o un precontrato, de mutuo cumplimiento que el deudor o la contraparte todavía no aplican totalmente, se aplicará lo siguiente:

-           en procedimientos de quiebra o alivio de la deuda, los administradores concursales pueden ejecutar un contrato en nombre del deudor y procurar que la otra parte cumpla el contrato, o bien pueden renunciar al cumplimiento;

-           en procedimientos de reorganización, un deudor no desapoderado ejerce la misma autoridad, sujeto al consentimiento del comité de acreedores.

En procedimientos de quiebra o alivio de la deuda, un administrador concursal que no indique que se va a ejecutar un contrato dentro de los treinta días desde la declaración de quiebra o la autorización de alivio de la deuda se considerará que ha renunciado al cumplimiento; hasta entonces, la contraparte no puede rescindir el contrato, salvo que las disposiciones contractuales lo permitan. En los procedimientos de reorganización, los deudores no desapoderados que no indiquen que renuncian al cumplimiento dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la reorganización deben ejecutar un contrato de mutuo cumplimiento.

Una contraparte a quien se exija que ejecute primero su parte del contrato puede aplazar tal cumplimiento hasta que se haga efectivo o garantice el cumplimiento mutuo, excepto cuando la contraparte concluya el contrato tras la publicación de la resolución de insolvencia.

Si el administrador concursal o el deudor no desapoderado renuncian al cumplimiento, la contraparte puede exigir una indemnización por perjuicios presentando una demanda dentro de los treinta días siguientes a dicha renuncia. Los créditos de la contraparte derivados de la continuación del contrato tras la declaración de quiebra son créditos contra la masa del concurso.

La contraparte no puede solicitar el reembolso del cumplimiento parcial realizado antes de la resolución de insolvencia por no haber cumplido el deudor con su parte.

Contratos fijos

Si se acuerda que un producto con un precio de mercado ha de entregarse en un momento concreto o en un plazo de tiempo fijado, y si el momento de realización se produce o el plazo expira únicamente tras una declaración de quiebra, no se puede exigir el cumplimiento del compromiso; solo se puede solicitar la compensación del perjuicio que el deudor haya causado debido al no cumplimiento del compromiso. El término «perjuicio» hace referencia a la diferencia entre el precio acordado y el precio de mercado en la fecha efectiva de la declaración de quiebra en el lugar que el contrato designe como lugar de ejecución. La contraparte puede reclamar daños y perjuicios como acreedor mediante el registro de un crédito en un plazo de treinta días desde la declaración de quiebra.

Contrato de préstamo

Si el deudor ha firmado un contrato de préstamo, tras la declaración de quiebra el administrador concursal puede reclamar la devolución del préstamo antes de que concluya el período del contrato de préstamo.

Arrendamiento, subarrendamiento

Existen disposiciones detalladas sobre los contratos de arrendamiento y subarrendamiento. Entre otras cosas, tras la declaración de quiebra el administrador concursal tiene derecho a rescindir los contratos de arrendamiento o subarrendamiento que el deudor haya firmado dentro de un plazo fijado por ley o por el propio contrato, incluso si se han celebrado por un tiempo determinado; el plazo de preaviso no puede ser superior a tres meses. Ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Código civil relativas a las condiciones con arreglo a las cuales el arrendador puede rescindir el arrendamiento.

Proyectos de contratos del deudor que la contraparte todavía tiene que aceptar cuando se declara la quiebra

Cuando se declara la quiebra, las solicitudes de celebración de contratos del deudor que todavía tengan que aceptarse y cualquier proyecto de contrato que el deudor haya aceptado pero que todavía tenga que celebrarse se extinguirán, cuando afecten a la masa del concurso. Solo el administrador concursal puede aceptar los proyectos de contrato que el deudor todavía no haya aceptado cuando se declare la quiebra.

Reserva de dominio

Si el deudor ha vendido un producto con reserva de dominio y lo ha entregado al comprador antes de declararse la quiebra, el comprador puede devolver el producto o bien exigir continuar con el contrato. Si, antes de la declaración de quiebra, el deudor compra y recibe un producto con reserva de dominio, el vendedor no puede solicitar la devolución del producto siempre que el administrador concursal cumpla las obligaciones con arreglo al contrato sin demora indebida tras ser instado a hacerlo por el vendedor.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

La apertura de un procedimiento de insolvencia tiene los efectos siguientes:

  • los créditos y otros derechos relacionados con la masa no se pueden alegar incoando una acción si se pueden alegar mediante registro;
  • el derecho a obtener satisfacción a partir de la garantía real relacionada con bienes propiedad del deudor o con bienes pertenecientes a la masa del concurso se puede ejercer y volver a adquirir solo con arreglo a las condiciones establecidas en la Ley concursal; esto también es aplicable al establecimiento de una hipoteca judicial o convencional sobre bienes inmuebles que se haya propuesto tras el inicio del procedimiento de insolvencia;
  • se puede ordenar o iniciar, pero no llevar a cabo, la ejecución o embargo que afecte a activos propiedad del deudor, así como a otros activos que formen parte de la masa; en el caso de créditos contra la masa y créditos de consideración equivalente, sin embargo, puede implementarse la ejecución o el embargo que afecte a activos propiedad del deudor sobre la base de una sentencia judicial de insolvencia, con sujeción a las restricciones establecidas en esa sentencia;
  • no es posible ejercer un derecho, establecido por contrato entre el acreedor y el deudor, de embargar el salario u otros ingresos que tengan la consideración de salario o ingresos en la ejecución de una sentencia.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Las resoluciones de insolvencia suspenden los procedimientos judiciales y de arbitraje relativos a créditos y otros derechos relacionados con la masa que han de solicitarse mediante registro en los procedimientos de insolvencia, o que se consideren registrados en los procedimientos de insolvencia, o relativos a créditos no satisfechos en procedimientos de insolvencia. Salvo que se prevea lo contrario, no es posible seguir adelante con tales procedimientos mientras siga vigente una resolución de insolvencia.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Principios asociados con la participación de los acreedores

Los procedimientos de insolvencia se basan, entre otras cosas, en los principios siguientes que afectan a la participación de los acreedores:

  • los procedimientos de insolvencia deben llevarse a cabo de tal forma que ninguna de las partes se vea injustamente perjudicada o ilícitamente favorecida, y que se pague a los acreedores de manera rápida, económica y el mayor importe posible;
  • los acreedores que, por ley, tengan básicamente una consideración igual o similar tienen las mismas oportunidades en los procedimientos de insolvencia;
  • salvo que la ley prevea otra cosa, los derechos de un acreedor adquiridos de buena fe antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia no pueden limitarse mediante una sentencia del tribunal concursal o como resultado del proceso que el administrador concursal haya llevado a cabo;
  • los acreedores están obligados a abstenerse de realizar acciones orientadas a cobrar sus créditos fuera del procedimiento de insolvencia, salvo que la ley lo permita.

Órganos de los acreedores

Los órganos de los acreedores son:

  • la junta de acreedores;
  • el comité de acreedores (o el representante de los acreedores).

La junta de acreedores se encarga de elegir a los miembros y los suplentes del comité de acreedores (o un representante de los acreedores) y de destituirlos. La junta de acreedores puede reservarse la competencia de cualquier cosa que sea responsabilidad de los órganos de acreedores. Si no se nombra a ningún comité de acreedores o representante de los acreedores, la junta de acreedores desempeña sus funciones, salvo que la ley prevea otra cosa.

Si se registran más de cincuenta acreedores, la junta de acreedores debe constituir un comité de acreedores. De lo contrario, es suficiente elegir a un representante de los acreedores.

El comité de acreedores ejerce las competencias de los órganos de acreedores, salvo en los asuntos que entran dentro del ámbito de competencia de la junta de acreedores o sobre los que esta se haya declarado competente en exclusiva. En concreto, el comité de acreedores supervisa las actividades del administrador concursal y tiene derecho a presentar propuestas al tribunal concursal relativas al procedimiento de insolvencia. El comité de acreedores protege el interés común de los acreedores y, en colaboración con el administrador concursal, ayuda a lograr el propósito del procedimiento de insolvencia. Las disposiciones sobre los comités de acreedores se aplican mutatis mutandis a los representantes de los acreedores.

Categorías de acreedores

La ley hace una distinción entre los acreedores garantizados y los no garantizados.

Un acreedor garantizado es un acreedor cuyo crédito está garantizado mediante activos pertenecientes a la masa en forma de derecho prendario, derecho de retención, limitación en la transmisión de propiedad, cesión fiduciaria de un derecho, cesión de un crédito a título de garantía real, o derecho similar con arreglo a disposiciones legales extranjeras.

Los acreedores garantizados están en disposición de ejercer una influencia considerable sobre el curso del procedimiento de insolvencia. Cuando el deudor es una entidad comercial que, en virtud de la Ley concursal, puede optar a reorganizarse, la aprobación de una resolución sobre el método de insolvencia (quiebra o reorganización) requiere los votos de al menos la mitad de todos los acreedores garantizados (y, asimismo, de los no garantizados) presentes en la junta de acreedores, calculada por las cuantías de sus créditos, salvo que al menos el 90 % (calculado según la cuantía de sus créditos) de los acreedores presentes voten a favor de la resolución. Un acreedor garantizado también puede indicar a una persona no desapoderada cómo administrar la garantía que la obliga, siempre que estas indicaciones estén encaminadas al buen gobierno. El administrador concursal también está sujeto a las instrucciones de los acreedores garantizados orientadas a la monetización de la garantía. Los administradores concursales pueden negarse a obedecer estas instrucciones si creen que el objeto de la garantía puede monetizarse de manera más favorable, en cuyo caso solicitan al tribunal concursal que revise las instrucciones como parte de su actividad de supervisión. La monetización de un producto, derecho, crédito u otro activo en el procedimiento de insolvencia extingue la garantía del crédito del acreedor garantizado, incluso en el caso de que ese acreedor no haya registrado el crédito.

Los créditos de los acreedores garantizados se cubren con el importe total que se obtiene de la monetización, menos los honorarios del administrador concursal y los costes de gestión y monetización, en cualquier momento del procedimiento, teniendo en cuenta el momento de la creación de la garantía.

Todos los demás acreedores son no garantizados u ordinarios. Su situación en el procedimiento de insolvencia es más frágil y el nivel previsto de reembolso de sus créditos, según datos estadísticos, suele ser es mucho más bajo.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Los administradores concursales pueden hacer uso de los activos de la masa en los procedimientos de quiebra. El administrador concursal recibe autorización para disponer de la masa, y ejercer los derechos y cumplir las obligaciones pertenecientes al deudor en lo relativo a la masa. En concreto, el administrador concursal ejerce los derechos de los accionistas vinculados a las acciones de la masa del concurso, toma decisiones sobre secretos comerciales y otros asuntos confidenciales, actúa en calidad de empleador en relación con los empleados del deudor, y es responsable de la gestión del negocio, la contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del deudor. Los administradores concursales también se encargan de monetizar la masa.

En los procedimientos de reorganización y alivio de la deuda, el deudor sigue teniendo esos derechos, sujetos a limitaciones importantes.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Los créditos contra la masa y créditos similares se pueden pagar íntegramente en cualquier momento una vez dictada la resolución de insolvencia.

Se hace una distinción entre:

  • los créditos contra la masa originados tras la apertura del procedimiento de insolvencia o tras la declaración de una moratoria (en concreto, el reembolso de gastos en efectivo y los honorarios del administrador provisional, el síndico del deudor y los miembros del comité de acreedores, y los créditos de los acreedores derivados de la financiación crediticia);
  • los créditos contra la masa originados tras la resolución de insolvencia (en concreto, los gastos en efectivo y los honorarios del administrador concursal, impuestos, cargos, obligaciones, cotizaciones a la seguridad social, contribuciones a la política de empleo estatal y contribuciones a la sanidad pública);
  • los créditos equivalentes a créditos contra la masa (en concreto, los créditos laborales de los empleados del deudor, y los créditos de los acreedores relativos a la pensión alimentaria legal).

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Presentación de los créditos

Los acreedores presentan sus créditos ante el tribunal concursal mediante el oportuno formulario, y pueden hacerlo desde la apertura del procedimiento de insolvencia hasta la fecha límite establecida en la resolución de insolvencia. El tribunal concursal desestima los créditos que se presentan más tarde de esa fecha, los cuales no se saldan en el procedimiento de insolvencia. También se presentan los créditos que ya se han declarado ante el tribunal y los créditos exigibles, incluidos los que se están recuperando mediante ejecución o embargo. Un acreedor que presenta créditos o que se considere un acreedor registrado puede retirarlos en cualquier momento del procedimiento de insolvencia.

En la presentación de un crédito se debe explicar cómo surgió y cuál es la cantidad. Un crédito siempre debe cuantificarse en términos monetarios, aunque sea un activo no monetario. Debe adjuntarse cualquier documento al que se haga referencia en la presentación del crédito El carácter ejecutorio de un crédito debe demostrarse mediante un instrumento auténtico.

A los efectos del plazo de prescripción o del plazo hasta la expiración de los derechos, la presentación de un crédito tiene los mismos efectos que una acción u otra alegación de un derecho ante un tribunal; este plazo empieza el día en que se presenta el documento al tribunal concursal.

El acreedor es responsable de la veracidad de la información incluida en la presentación de un crédito. El tribunal concursal, sobre la base de una recomendación del administrador concursal, puede imponer sanciones si el importe de un crédito está sobrevalorado (en más de un 100 %), ordenando el pago de un importe a la masa que se determina teniendo en cuenta todas las circunstancias relativas a la presentación del crédito y una evaluación del propio crédito y que puede llegar hasta el importe en que la suma por la que se presentó el crédito superaba el valor real establecido.

No se tiene en cuenta el derecho de un acreedor a que se le reembolse un crédito con la garantía si se presenta con un rango diferente del que hubiera correspondido o si, al revisarlo, se descubre que el nivel de la garantía se ha sobrevalorado en más de un 100 %. En este caso, el tribunal concursal puede sancionar al acreedor exigiéndole el pago de una cantidad (monetaria) en favor de los acreedores garantizados que presentaron créditos con garantía en relación con los mismos activos. El tribunal concursal fija el importe de ese pago teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que se ejerció y se revisó el derecho a liquidar el crédito con la garantía, pudiendo llegar hasta el importe en el que el valor de la garantía indicada en la presentación supere el valor de la garantía reconocido.

Examen de los créditos registrados

Los créditos presentados los revisa en primer lugar el administrador concursal, que básicamente los coteja con los documentos adjuntos y las cuentas o los registros del deudor mantenidos de acuerdo con la legislación específica. Posteriormente, el administrador concursal invita al deudor a presentar sus observaciones con respecto a los créditos. Cuando corresponda, el administrador concursal realiza la investigación necesaria sobre los créditos, en colaboración con las autoridades, que están obligadas a prestarse a tal colaboración.

Si la presentación de un crédito es defectuosa o está incompleta, el administrador concursal invita al acreedor a corregirla o completarla en un plazo de quince días (se puede establecer un plazo más largo), y le explica cómo hacerlo. El administrador concursal presenta los créditos que no se complementen o corrijan en tiempo y forma al tribunal concursal para que dicte una resolución en la que se determine que se ha de desestimar la presentación. Se debe informar al acreedor debidamente.

El administrador concursal redacta una lista de los créditos presentados. Los acreedores garantizados figuran en una lista separada. Si el administrador concursal deniega los créditos, este hecho debe indicarse de manera explícita. Para todos los acreedores, debe indicarse la información necesaria para identificarlos y evaluar cómo surgieron los créditos y el importe y la preferencia de los mismos. Además, en el caso de los acreedores garantizados también debe indicarse el motivo y el método de garantía.

El tribunal concursal publica la lista de créditos presentados en el registro de concursal antes de la vista de verificación. El tribunal concursal también publica de manera inmediata cualquier cambio en la lista de créditos presentados en el registro concursal.

Posteriormente se verifican los créditos presentados en una vista de verificación que ordena el tribunal concursal. Este tribunal fija la fecha y el lugar de la vista en la resolución de insolvencia. Los acreedores tienen de plazo hasta que acabe la vista de verificación para cambiar el importe del crédito que están presentando, salvo que esté garantizado o que haya sido denegado mediante una resolución firme. No obstante, no pueden cambiar el motivo por el que se originó el crédito registrado o su preferencia.

Impugnación de créditos

Pueden impugnar la autenticidad, el importe y la preferencia de todos los créditos presentados: a) el administrador concursal; b) el deudor; o c) un acreedor registrado.

La impugnación del crédito de un acreedor por parte de otro acreedor registrado debe contener los mismos datos que una acción con arreglo al Código de Procedimiento Civil, y debe dejar claro si se está impugnando la autenticidad, el importe o la preferencia del crédito. Una impugnación se presenta mediante un formulario estipulado.

La Ley concursal reconoce los siguientes tipos de impugnación:

  • impugnación de la autenticidad de un crédito — se alega que el crédito nunca existió o que se extinguió completamente o prescribió completamente;
  • impugnación del importe del crédito — se alega que el pasivo del deudor es menor que el importe registrado (la persona que impugne el crédito también debe indicar el importe real del crédito);
  • impugnación de la preferencia del crédito — se alega que el crédito tiene un orden de preferencia menos favorable de lo indicado en el crédito presentado, o se impugna el derecho a cobrar un crédito a partir de la garantía (la persona que impugne la preferencia del crédito también debe especificar el orden en el que debería liquidarse el crédito).

Si un acreedor registrado impugna el crédito de otro acreedor registrado, estos acreedores serán las partes de un litigio incidental. Los administradores concursales que quieran asesorar a una parte de un litigio incidental en el que no participan tienen derecho a intervenir.

El tribunal concursal se encarga de dictar las resoluciones sobre la autenticidad, el importe y la preferencia de los créditos impugnados.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

En los procedimientos de quiebra se monetiza la masa del concurso. Esto significa que todos los activos pertenecientes a la masa se convierten en efectivo para pagar de forma proporcional a los acreedores. El administrador concursal se encarga de monetizar la masa. Este paso solo se puede llevar a cabo una vez la declaración de quiebra es definitiva y se ha celebrado la primera junta de acreedores. Quedan exentos aquellos bienes que se encuentran en riesgo inminente de caducidad o deterioro; el tribunal concursal también puede autorizar la exención por otros motivos. La monetización de la masa extingue todos los efectos de una orden de ejecución o embargo y otros defectos ligados a la liquidación de los activos, salvo que la ley prevea otra cosa.

La masa del concurso puede monetizarse mediante:

  • subasta pública;
  • venta de bienes muebles e inmuebles con arreglo a las disposiciones en materia ejecutiva del Código de Procedimiento Civil;
  • venta de activos fuera de subasta.

Si los ingresos resultantes de la monetización de la masa no son suficientes para pagar todos los créditos, primero se liquidan los gastos en efectivo y los honorarios del administrador concursal, seguidos de los créditos de acreedores surgidos durante la moratoria, los créditos de acreedores de financiación crediticia, los costes asociados al mantenimiento y la administración de la masa, los créditos laborales de los empleados del deudor, y los créditos de acreedores relativos a pensiones alimentarias y la indemnización por daños personales. Los otros créditos se liquidan de manera proporcional.

Una vez la resolución de aprobación del informe final es definitiva, el administrador concursal presenta un proyecto de orden sobre la distribución de la masa al tribunal concursal, en el que indica cuánto se debería pagar por cada crédito incluido en la lista revisada de créditos registrados. Sobre esa base, el tribunal dicta una orden sobre la distribución de la masa, en la que determina los importes que han de pagarse a los acreedores. Se paga a todos los acreedores que aparecen en el programa de distribución de forma proporcional al importe constatado de su crédito. Antes de la distribución, se liquidarán los créditos aún pendientes de pago que pueden liquidarse en cualquier momento durante el procedimiento de quiebra, en concreto:

  • créditos contra la masa — los gastos en efectivo y los honorarios del administrador concursal, los costes derivadas del mantenimiento y la administración de la masa del deudor, impuestos, cargos, obligaciones, cotizaciones a la seguridad social, contribuciones a la política de empleo estatal, contribuciones a la sanidad pública, etc.;
  • créditos equivalentes — créditos laborales de los empleados del deudor, créditos de los acreedores derivados de la indemnización por daños personales, créditos del gobierno, etc.;
  • créditos garantizados.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Clausura de la quiebra

Una vez se ha monetizado la masa, el administrador concursal presenta un informe final al tribunal concursal. El informe final debe describir las características generales de las acciones que el administrador concursal ha llevado a cabo, e incluir una cuantificación de los resultados financieros de dichas acciones. Debe cuantificar el importe que se ha de distribuir entre los acreedores y nombrar a esos acreedores, indicando el importe de su parte en el importe total. Junto con el informe final, el administrador concursal presenta al tribunal una declaración de los honorarios y los gastos.

El tribunal concursal revisa el informe final y la factura del administrador concursal, y tras una vista con el administrador concursal, corrige cualquier error u omisión que pueda tener. El tribunal concursal notifica a las partes el informe final revisado del administrador concursal mediante la publicación de una notificación. Una vez la resolución de aprobación del informe final es definitiva, el administrador concursal presenta un proyecto de orden sobre la distribución de la masa al tribunal concursal, en el que indica cuánto se debería pagar por cada crédito incluido en la lista revisada de créditos registrados. Después, el tribunal concursal dicta una orden sobre la distribución de la masa, en la que determina los importes que han de pagarse a los acreedores. Se paga a todos los acreedores que aparecen en el programa de distribución de forma proporcional al importe constatado de su crédito. En la orden de distribución, el tribunal concursal fija un plazo para el administrador concursal, que no debe ser superior a dos meses desde la fecha en la que la orden de distribución adquiriere carácter vinculante.

El procedimiento de quiebra termina con la entrega del informe del administrador concursal sobre el cumplimiento de la orden de distribución y la resolución del tribunal concursal por la que se cierra el procedimiento. El tribunal también puede decidir cerrar un procedimiento de quiebra en otras situaciones prescritas por ley, por ejemplo, si se descubre que los activos del deudor son claramente insuficientes para pagar a los acreedores. Cuando la resolución para clausurar un procedimiento de quiebra es definitiva, se cierra el procedimiento de insolvencia.

Clausura de la reorganización

La reorganización termina con la resolución del tribunal concursal en la que se reconoce el cumplimiento del plan de reorganización o de partes sustanciales del mismo. No hay derecho de recurso contra esta resolución.

La reorganización también puede terminar con una resolución del tribunal concursal por la que la reorganización se convierte en quiebra, lo cual sucede en casos estipulados por ley, en concreto cuando surgen problemas con respecto a la aprobación y el cumplimiento del plan de reorganización. El tribunal concursal no puede adoptar la decisión de convertir la reorganización en quiebra si ya se han llevado a cabo los aspectos importantes del plan de reorganización. Pueden interponer un recurso en contra de una resolución judicial de convertir la reorganización en quiebra el deudor, el solicitante de la reorganización, el administrador concursal y el comité de acreedores. Cuando un tribunal concursal decide convertir la reorganización en quiebra, se establecen los efectos asociados a la declaración de quiebra salvo que el tribunal fije otras condiciones para esa conversión en su resolución.

Clausura del alivio de la deuda

El alivio de la deuda termina con la resolución del tribunal concursal en la que se reconoce la aplicación del alivio de la deuda. No hay derecho de recurso contra esta resolución. Si el deudor cumple todas las obligaciones conforme al método de alivio de la deuda aprobado en tiempo y forma, el tribunal concursal, sobre la base de una recomendación del deudor, dicta una orden en la que exonera al deudor del pago de los créditos incluidos en el proceso de alivio de la deuda en la medida en que todavía no se hayan liquidado.

El alivio de la deuda también puede terminarse si el tribunal suspende este proceso y decide gestionar la insolvencia del deudor a través de un procedimiento de quiebra, lo cual sucede en casos estipulados por ley, en concreto cuando el deudor incumple las condiciones de alivio de la deuda.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

En los procedimientos de quiebra relativos a los activos de una persona física (en cualquier momento tras la conclusión del procedimiento de quiebra) o una persona jurídica (hasta su disolución por eliminación de un registro público), después de que concluya el procedimiento se puede dictar una orden de embargo o ejecución con relación a un crédito constatado y que el deudor no haya impugnado, y que no se haya liquidado durante el procedimiento de quiebra. Cuando se presenta una solicitud de ejecución, solo es necesario entregar una hoja de validación y un informe sobre la validación del crédito en cuestión en el procedimiento de quiebra. Este derecho prescribe a los diez años de la conclusión del procedimiento de quiebra, contados a partir de la fecha en que se hace efectiva la orden que pone fin al procedimiento.

En casos de reorganización, una vez el plan de reorganización surte efecto se puede ordenar e implementar la ejecución o el embargo contra el deudor, con el fin de cobrar un crédito estipulado en el plan de reorganización. Sin embargo, si el crédito se ha impugnado, la ejecución o el embargo solo son posibles si la resolución del tribunal concursal en la que se establece el crédito es definitiva; esta resolución debe adjuntarse a la solicitud.

En casos de alivio de la deuda, al terminar el alivio de la deuda y reconocerse la exoneración del pago de los créditos pendientes, ya no se puede exigir el pago de los créditos pendientes de los acreedores mediante ejecución o embargo. Es irrelevante si se ha satisfecho en parte a los acreedores en el procedimiento de alivio de la deuda o si de hecho registraron su crédito en el procedimiento de insolvencia.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los costes, especialmente los honorarios del administrador concursal y los gastos en efectivo, deben sufragarse con cargo a la masa, es decir, deben correr a cargo del deudor.

Como la masa del concurso no siempre es lo suficientemente cuantiosa como para cubrir los costes, el tribunal concursal puede ordenar, antes de pronunciarse sobre una petición de insolvencia, que el solicitante pague un anticipo sobre los costes del procedimiento de insolvencia en un plazo determinado, cuando sea necesario para sufragar los costes del procedimiento y no se puedan garantizar los recursos necesarios de otra forma. Esto será de aplicación incluso cuando resulte evidente que el deudor no tiene ningún bien. La ley establece un límite máximo para el importe de estos anticipos. Si la solicitud de insolvencia es presentada por varias personas, son conjunta y solidariamente responsables del pago del anticipo.

Si con la masa no se pueden sufragar los costes, la parte pendiente se cubre con el anticipo de las costes del procedimiento de insolvencia, es decir, corre a cargo del solicitante.

Si con el anticipo tampoco se pueden sufragar los costes, el Estado paga la factura. La legislación específica limita el importe de los costes que ha de sufragar el Estado.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Son inoponibles aquellos actos jurídicos que el deudor haya llevado a cabo con el fin de reducir las probabilidades de que se paguen los créditos o de favorecer a determinados acreedores por encima de otros. Cualquier omisión del deudor a este respecto también tiene la consideración de acto jurídico. Existen tres categorías de actos inoponibles: a) actos jurídicos sin una contraprestación adecuada; b) actos jurídicos preferenciales que dan lugar a una situación en la que un acreedor, en detrimento de otros acreedores, obtiene un pago mayor del que de otra manera hubiera obtenido en el procedimiento de quiebra; c) actos jurídicos en los que el deudor limita intencionadamente el reembolso a un acreedor, si la contraparte conoce esa intención o, en vista de todas las circunstancias, debería conocerla.

La inoponibilidad de los actos jurídicos del deudor la establece un tribunal concursal que se pronuncia sobre una acción interpuesta por el administrador concursal para impugnar los actos jurídicos del deudor (una acción revocatoria). El administrador concursal puede interponer una acción revocatoria dentro del plazo de un año desde la fecha en la que la resolución de insolvencia entre en vigor. Si no se interpone una acción dentro de ese plazo, el derecho a revocar una acción expira. La contraprestación del deudor por los actos jurídicos inoponibles forma parte de la masa una vez la sentencia que ratifica la acción revocatoria es firme.

La inoponibilidad de un acto jurídico no afecta a su aplicabilidad. Sin embargo, en procedimientos de insolvencia, la contraprestación del deudor por los actos jurídicos inoponibles forma parte de la masa. Si la contraprestación original del deudor por un acto jurídico inoponible no se puede entregar a la masa, deberá pagarse una indemnización equivalente.

El tribunal concursal no está vinculado por la resolución de otro tribunal u otra autoridad que durante el procedimiento de insolvencia descubra que un acto jurídico relativo a los activos o pasivos del deudor es nulo, ni por ninguna constatación de este tipo a la que se haya llegado de otra manera. En el transcurso del procedimiento de insolvencia, solo el tribunal concursal examina la nulidad de este tipo de acto jurídico, ya sea en forma de remisión prejudicial o en un litigio incidental sobre esta cuestión. Pueden interponer una acción en ese litigio las partes del procedimiento de insolvencia distintas al deudor, salvo que se trate de un deudor no desapoderado, el administrador concursal o el ministerio fiscal. El administrador concursal debe ser siempre el demandante o el demandado. Si posteriormente la sentencia final establece que un acto legal relativo a los activos o pasivos del deudor es nulo, los beneficios económicos obtenidos en forma de contraprestación deben devolverse a la masa.

Si una sentencia judicial que era definitiva antes de que se iniciara el procedimiento de insolvencia establece que un acto jurídico relativo a los activos o pasivos del deudor es nulo, dicho acto jurídico también se considerará nulo en el procedimiento de insolvencia.

Normas específicas sobre determinadas categorías de créditos

Se aplican normas específicas a las categorías de créditos siguientes:

  • créditos contra la masa surgidos tras la apertura del procedimiento de insolvencia o tras la declaración de una moratoria;
  • créditos contra la masa surgidos tras la resolución de insolvencia;
  • créditos equivalentes a créditos contra la masa;
  • créditos subordinados;
  • los créditos de los accionistas o socios del deudor surgidos de su participación en la empresa o cooperativa.
Última actualización: 21/08/2018

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Insolvencia - Estonia

La legislación estonia establece tres procedimientos diferentes de insolvencia: el procedimiento concursal, el procedimiento de reorganización y el procedimiento de reestructuración de deudas. El procedimiento concursal está regulado en la Ley concursal, las normas relativas a la reorganización se establecen en la Ley de reorganización y las normas de reestructuración de deudas se establecen en la Ley de protección y reestructuración de deudas. Estas leyes están disponibles en estonio e inglés en la publicación oficial en línea Riigi Teataja (Boletín Oficial del Estado) de Estonia.

El objetivo del procedimiento concursal es satisfacer los créditos de los acreedores a partir de los bienes del deudor mediante la transmisión de los bienes del deudor o la rehabilitación de su empresa. A los deudores que son personas físicas se les da la oportunidad de liberarse de sus obligaciones a través del procedimiento concursal. En el transcurso del procedimiento concursal se determina la causa de la insolvencia del deudor.

El objetivo del procedimiento de reorganización es tener en consideración los intereses y proteger los derechos de las empresas, los acreedores y los terceros durante la reorganización de una empresa. La reorganización de una empresa significa la aplicación de una serie de medidas para que esta supere las dificultades económicas, restablezca su liquidez, mejore su rentabilidad y asegure su gestión sostenible.

El objetivo del procedimiento de reestructuración de deudas es facilitar la reestructuración de las deudas de una persona física que tenga problema de solvencia (deudor), con el fin de superar dichos problemas y evitar el procedimiento concursal. El procedimiento de reestructuración de deudas permite que un deudor reestructure sus obligaciones financieras (deudas personales) mediante la prórroga de la fecha de ejecución de la obligación, el cumplimiento de la obligación a plazos o la reducción del importe de la obligación.

El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia cubre los procedimientos concursales. El ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido) abarca los procedimientos concursales y los procesos de reestructuración de deudas.

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

En virtud del Derecho estonio, una persona física es un ser humano, mientras que una persona jurídica es una entidad jurídica creada con arreglo a la ley. Una persona jurídica lo es tanto en Derecho privado como en Derecho público.Una «persona jurídica en Derecho privado» significa una persona jurídica creada con intereses privados y en virtud de una ley relativa al tipo correspondiente de persona jurídica. Las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades privadas de responsabilidad limitada, las sociedades públicas de responsabilidad limitada, las asociaciones comerciales, las fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro son personas jurídicas en Derecho privado. El Estado, las entidades locales y otras personas jurídicas creadas en interés público y con arreglo a una ley relativa a esas personas jurídicas se consideran personas jurídicas en Derecho público.

1. Procedimiento concursal

El procedimiento concursal se puede incoar tanto contra personas jurídicas como físicas, independientemente de que la persona física sea una empresa. El Estado o las entidades locales no pueden ser declarados en concurso.

2. Procedimiento de reorganización

El procedimiento de reorganización solo se puede incoar contra las personas jurídicas en Derecho privado.

3. Procedimiento de reestructuración de deudas

El procedimiento de reestructuración de deudas se puede incoar contra las personas físicas que tengan problemas de solvencia, independientemente de que sean o no empresas. La reestructuración de la deuda la puede solicitar cualquier deudor con residencia en Estonia por un periodo no inferior a dos años antes de la presentación de la demanda de reestructuración de la deuda.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

1. Procedimiento concursal

Concurso significa la insolvencia de un deudor declarada por sentencia judicial. Por tanto, la primera y principal condición para iniciar el procedimiento concursal es que el deudor sea insolvente.

Un deudor es insolvente cuando no tiene la capacidad de satisfacer los créditos de los acreedores y, debido a su situación financiera, dicha incapacidad no es temporal. Cuando el deudor es una persona jurídica, también es insolvente si sus bienes son insuficientes para cumplir sus obligaciones y, debido a su situación financiera, dicha insuficiencia no es temporal. Si el deudor presenta una solicitud de declaración de concurso, el órgano jurisdiccional declarará el concurso incluso cuando la situación de insolvencia probablemente tenga lugar en el futuro. Si el deudor presenta una solicitud de declaración de concurso, el deudor se presume insolvente.

La segunda condición principal para el inicio del procedimiento concursal es la presentación de una solicitud de concurso, que puede ser presentada tanto por el deudor como por un acreedor.

Si la solicitud de concurso la presenta el deudor, este debe sustanciar su insolvencia en la solicitud. Si la solicitud de concurso la presenta un acreedor, este debe sustanciar la insolvencia del deudor y probar la existencia de la deuda en la solicitud de concurso.

El órgano jurisdiccional puede exigir al acreedor solicitante el pago de la cantidad establecida por el órgano jurisdiccional como depósito judicial para cubrir la retribución y los gastos del administrador provisional cuando haya indicios para creer que la masa activa del concurso será insuficiente para cubrirlos. Si el acreedor no efectúa el depósito, se archivará el procedimiento.

El órgano jurisdiccional inadmitirá la solicitud de concurso si esta no pone de manifiesto que el solicitante tiene un crédito contra el deudor, no sustancia la insolvencia del deudor o está basada en un crédito al que se aplica un plan de reorganización o un plan de reestructuración de deuda. El órgano jurisdiccional también inadmitirá la solicitud de concurso cuando concurran cualesquiera de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El órgano jurisdiccional archivará el procedimiento por insuficiencia de la masa activa sin declarar el concurso, independientemente de la insolvencia del deudor, si los bienes del deudor son insuficientes para cubrir los costes y gastos ocasionados en el procedimiento concursal y si fuera imposible recuperar o reclamar los bienes o presentar una demanda contra un miembro de un órgano de administración.

El órgano jurisdiccional declara el concurso mediante un auto (auto de declaración de concurso). El auto de declaración de concurso debe establecer el periodo de la declaración de concurso. El procedimiento concursal comienza con la declaración de concurso.

Si el órgano jurisdiccional declara el concurso, publicará sin demora una notificación a tal efecto (notificación de concurso) en la publicación oficial Ametlikud Teadaanded (Anuncios oficiales).

El auto de declaración de concurso es de ejecución inmediata. La ejecución del auto de declaración de concurso no puede ser suspendida o pospuesta, y la forma o procedimiento previstos en la ley para la ejecución del auto de declaración de concurso no se pueden modificar. Si el órgano jurisdiccional superior anula un auto de declaración de concurso, ello no afecta a la validez de los actos jurídicos realizados por el administrador o con respecto a este. El deudor y el acreedor solicitante pueden presentar recurso contra el auto de declaración de concurso dentro del plazo de 15 días desde la publicación de la notificación de concurso. El deudor y el acreedor solicitante de la declaración de concurso pueden presentar recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución del órgano jurisdiccional del distrito sobre el recurso de apelación contra el auto de declaración de concurso. El administrador no puede presentar recurso en nombre del deudor ni representar al deudor en la vista del recurso.

La duración de los procedimientos concursales en Estonia es muy larga. Los procedimientos que finalizan con el archivo de la causa por insuficiencia de la masa activa, sin declaración de concurso, duran una media de 94 días en el caso de las personas jurídicas y de 85 días en el caso de las personas físicas. Se tarda un promedio de 462 días en el caso de las personas jurídicas para llegar a una propuesta de distribución en base a la cual realizar todos los pagos a los acreedores, y de 455 días en el caso de las personas físicas. Los procedimientos concursales que finalizan con un convenio de acreedores duran un promedio de 340 días en el caso de las personas jurídicas y de 352 días en el caso de las personas físicas. Los procedimientos concursales más largos son aquellos que concluyen por insuficiencia de la masa activa tras la declaración de concurso, que duran un promedio de 745 días en el caso de las personas jurídicas y de 709 días en el caso de las personas físicas. La duración de todos los procedimientos, es decir, desde la presentación de la solicitud de declaración de concurso hasta la conclusión del procedimiento concursal, es, por término medio, de unos 270-280 días. [1]

Si está prevista la publicación de una notificación o documento procesal en el procedimiento concursal, estos deben publicarse en Ametlikud Teadaanded. El órgano jurisdiccional debe publicar una notificación de la hora y el lugar de la vista de la solicitud de concurso en Ametlikud Teadaanded. El órgano jurisdiccional publicará sin demora cualquier notificación relativa al auto de declaración de concurso que declare el concurso del deudor (notificación de concurso) en Ametlikud Teadaanded.

Antes de que se declare el concurso y se inicie el procedimiento concursal, se realizarán los denominados procedimientos preliminares. Si el órgano jurisdiccional decide admitir la solicitud de concurso, designará a un administrador provisional. El órgano jurisdiccional también puede rehusar la designación de un administrador provisional teniendo en cuenta la situación financiera del deudor, y declarar el concurso del deudor. Si el órgano jurisdiccional no designa un administrador provisional, el procedimiento incoado por la solicitud de concurso no continuará y se archivará. El administrador provisional determina los bienes del deudor, incluidas las obligaciones del deudor y los procedimientos de ejecución relativos a sus bienes, y comprueba que son suficientes para cubrir los costes y gastos incurridos en el procedimiento concursal. El administrador provisional proporciona una evaluación de la situación financiera y de la solvencia del deudor, así como de las perspectivas de continuación de las actividades de su empresa y, en caso del que el deudor sea una persona jurídica, de la rehabilitación del deudor, se asegura que se protegen sus bienes, etc. Las actividades del administrador provisional deben poner de manifiesto si la solicitud de concurso debe admitirse o desestimarse.

2. Procedimiento de reorganización

Para iniciar el procedimiento de reorganización de una empresa, esta debe presentar la solicitud correspondiente.

El órgano jurisdiccional iniciará el procedimiento de reorganización si la solicitud de reorganización cumple los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de reorganización, y si la empresa alega motivos fundados que indiquen que:

  1. es probable que devenga insolvente en el futuro;
  2. necesita una reorganización;
  3. la gestión sostenible de la empresa es probable después de la reorganización.

El procedimiento de reorganización no se iniciará cuando:

  1. se haya iniciado un procedimiento concursal contra la empresa;
  2. se haya dictado una resolución judicial relativa a la disolución obligatoria de la sociedad o se esté llevando a cabo una liquidación suplementaria;
  3. hayan transcurrido menos de dos años desde la conclusión del procedimiento de reorganización de la empresa.

Si una empresa solicita su reorganización, el órgano jurisdiccional puede también inadmitir la solicitud en caso de que la empresa no haya alegado motivos fundados que indiquen que necesita una reorganización y que es probable la gestión sostenible de la empresa tras la reorganización.

La eficiencia de los procedimientos de reorganización se puede evaluar a partir de la aprobación del plan de reorganización, que dura un promedio de seis meses desde la presentación de la solicitud de reorganización. [2] También se alarga por el tiempo necesario para aplicar el plan de reorganización y conseguir resultados reales, que varía en función de los diferentes procedimientos de reorganización.

Si el órgano jurisdiccional decide iniciar el procedimiento de reorganización y dicta una resolución de reorganización, el asesor de la reorganización enviará sin demora a los acreedores la notificación de la apertura del procedimiento de reorganización, con indicación de la magnitud de los créditos contra la empresa de acuerdo con la lista de deudas.

En el procedimiento de reorganización, los procedimientos preliminares s van desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aprobación del plan de reorganización o el archivo del procedimiento de reorganización. Durante dicho periodo, el órgano jurisdiccional suspende los procedimientos de ejecución en curso sobre los bienes de la empresa hasta la aprobación del plan de reorganización o el archivo del procedimiento de reorganización, salvo en el caso de los procedimientos de ejecución en curso por una demanda laboral o una demanda de pensión de alimentos. El cálculo de los intereses de demora o de la penalización contractual que aumente con el tiempo un crédito contra la empresa se suspende hasta la aprobación del plan de reorganización. El órgano jurisdiccional que instruye la causa puede, a instancia de la empresa y con la aprobación del asesor de la reorganización, que se adhiere a la solicitud, suspender los procedimientos judiciales en que los que se dirima una demanda financiera contra la empresa hasta que la reorganización se apruebe o se archive el procedimiento de reorganización, salvo en el caso de una demanda laboral o una demanda de pensión de alimentos sobre la que todavía no se hubiera dictado sentencia. A raíz de la solicitud de concurso presentada por un acreedor, el órgano jurisdiccional pospondrá cualquier decisión relativa al inicio del procedimiento concursal hasta que el plan de reorganización se apruebe o se archive el procedimiento de reorganización. El órgano jurisdiccional designará un asesor de la reorganización hasta la conclusión del procedimiento de reorganización.

3. Procedimiento de reestructuración de deudas

Los procesos de reestructuración de deudas permiten que un deudor reestructure sus obligaciones financieras. Se considera que un deudor tiene problemas de solvencia cuando no puede o es probable que no pueda cumplir sus obligaciones en el momento en que deban cumplirse.

Para iniciar el procedimiento de reestructuración de deudas, el deudor presenta la solicitud correspondiente ante un órgano jurisdiccional, que debe ir acompañada, entre otras cosas, de un plan de reestructuración de la deuda que indique las obligaciones que han de reestructurarse y la forma de la reestructuración, así como el plazo de ejecución del plan de reestructuración. Antes de presentar la solicitud de reestructuración de la deuda ante el órgano jurisdiccional, el deudor deber dar los pasos necesarios para la reestructuración extrajudicial de la deuda.

El órgano jurisdiccional admitirá la solicitud de reestructuración de la deuda si cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de reestructuración y protección de deudas. La resolución sobre la admisibilidad de la solicitud se transmitirá al deudor y a todos los acreedores cuyos créditos esté intentando reestructurar el deudor. La resolución también se publicará en Ametlikud Teadaanded.

El órgano jurisdiccional no admitirá la solicitud de reestructuración de la deuda si:

  1. el deudor ha sido declarado en concurso;
  2. en los diez años previos a la presentación de la solicitud, el órgano jurisdiccional ha satisfecho una solicitud de reestructuración del deudor o una solicitud del deudor de liberación de deudas en un procedimiento concursal;
  3. el deudor no tiene ningún problema de solvencia o dicho problema se puede superar claramente sin reestructuración de las deudas, entre otras cosas, mediante la venta de los bienes del deudor para cubrir sus deudas en una medida que se pueda esperar razonablemente del deudor;
  4. la solicitud o sus anexos no cumplen los requisitos legales.

El órgano jurisdiccional puede inadmitir la solicitud de reestructuración de la deuda si:

  1. es poco probable que se apruebe o cumpla el plan de reestructuración de la deuda propuesto por el deudor, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la solvencia del deudor en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de reestructuración de la deuda y la capacidad del deudor para comprometerse en una actividad razonablemente rentable durante el periodo de validez del plan de reestructuración de la deuda, considerando la edad del deudor, su profesión y su formación;
  2. antes de la presentación de la solicitud de reestructuración de la deuda ante el órgano jurisdiccional, el deudor no ha dado los pasos extrajudiciales necesarios para la reestructuración de la deuda;
  3. el deudor ha presentado, dolosamente o por negligencia grave, información sustancialmente incorrecta o incompleta sobre sus bienes, ingresos, acreedores u obligaciones;
  4. el deudor rehúsa prestar juramento sobre la veracidad de la información presentada o presentar la información adicional que pueda requerir el órgano jurisdiccional;
  5. el deudor ha sido condenado por un delito relacionado con procedimientos concursales o de ejecución, un delito fiscal o un delito societario, y la información relativa a la condena no ha sido cancelada de la base de datos de registro de antecedentes penales;
  6. en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud o después de su presentación, el deudor ha presentado, dolosamente o por negligencia grave, información incorrecta o incompleta sobre su situación financiera con la intención de obtener ayudas u otras prestaciones del Estado, entidades locales o fundaciones, o para evadir impuestos;
  7. el deudor ha cerrado transacciones dolosamente en perjuicio de sus acreedores.

Si el órgano jurisdiccional decide, al deliberar sobre la solicitud del deudor, que debe incoarse el procedimiento de reestructuración de la deuda, transmitirá la resolución sobre la admisibilidad de la solicitud al deudor y a todos aquellos acreedores cuyos créditos pretenda reestructurar el deudor. La resolución también se publicará en Ametlikud Teadaanded.

En el procedimiento de reestructuración de deudas, los denominados procedimientos preliminares van desde la presentación de la solicitud de reestructuración de la deuda hasta la aprobación del plan de reestructuración de la deuda. Si la solicitud de la reestructuración de la deuda se admite, el cálculo de los intereses de demora o de la penalización contractual que aumente con el tiempo un crédito contra el deudor se suspende hasta la aprobación del plan de reestructuración de la deuda o el archivo del procedimiento. Esto no se aplica a los créditos que el deudor no pretende reestructurar. Si la solicitud se admite, un acreedor no podrá, alegando el incumplimiento de una obligación financiera antes de que se presentara la solicitud de reestructuración de la deuda, terminar un contrato que hubiera firmado con el deudor y del que nazcan los créditos que el deudor esté tratando de reestructurar, ni negarse a cumplir sus obligaciones por este motivo. Cualquier acuerdo en virtud del cual un acreedor puede terminar un contrato cuando se presente la solicitud de reestructuración de la deuda o se apruebe un plan de reestructuración de la deuda será nulo y sin efecto. Cuando se admite una solicitud, el órgano jurisdiccional suspende los procedimientos de ejecución (o ejecución forzosa) sobre los bienes del deudor hasta que se apruebe el plan de reestructuración de la deuda o se archive el procedimiento. El órgano jurisdiccional también puede suspender los procedimientos judiciales relacionados con una demanda financiera contra el deudor con respecto a la que todavía no se haya dictado sentencia; cancelar las cautelares de una acción, incluyendo el embargo de cuenta bancarias y prohibir a los acreedores que ejerzan sus derechos derivados de la garantía dada por el deudor, incluida la venta o la solicitud de venta de un bien pignorado.


[1] Estudio sobre la eficiencia de los procedimientos de insolvencia (19 de marzo de 2013), llevado a cabo por AS Pricewaterhouse Coopers Advisors, encargado por el Gobierno de Estonia, Fund of Wise Decisions, socio: Ministerio de Justicia, p. 7.

[2] Ibid, p. 8.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Cuando se declara el concurso, los bienes del deudor se convierten en la masa concursal y el derecho del deudor a administrar y disponer de la masa concursal se transfiere al administrador concursal.

Los bienes del deudor se convierten en masa concursal a raíz del auto de declaración de concurso de acreedores y se utilizan como bienes designados para satisfacer las deudas de los acreedores y ejecutar el procedimiento concursal. La masa concursal engloba los bienes del deudor en el momento de la declaración de concurso de acreedores, así como los bienes reclamados o recuperados y los bienes adquiridos por el deudor durante el procedimiento concursal. Los bienes del deudor sobre los que, en virtud de la ley, no se puede demandar el pago no están incluidos en la masa concursal.

Los bienes sobre los que, en virtud de la ley, no se puede demandar el pago están regulados por el Código del Procedimiento de Ejecución. La ley establece una lista no exhaustiva de objetos no sujetos a embargo. El objetivo principal del abanico de objetos no sujetos a embargo es asegurar una protección social mínima del deudor. La prohibición de vender objetos no sujetos a embargo también surge de la necesidad de proteger otros derechos fundamentales: el derecho de elegir libremente un ámbito de actuación, profesión o puesto; el derecho a emprender una actividad empresarial; el derecho a la educación, la libertad religiosa, la protección de la vida privada y familiar, etc. Además, el embargo de ciertos objetos es contrario a los principios morales aceptados.

En virtud de la legislación estonia, también se aplican restricciones al embargo de ingresos, con el principal objetivo de asegurarse de que el deudor disponga de los medios mínimos de subsistencia necesarios para sí mismo y sus dependientes, de acuerdo con las condiciones del procedimiento de que es objeto el deudor. Existen dos tipos de restricciones: la parte que no está sujeta a embargo y que debe permanecer con el deudor para su uso, y las denominadas prestaciones sociales. La primera asegura que el deudor conserva los medios de subsistencia mínimos, y la segunda enumera las cantidades pagables para la protección de un determinado derecho que no tiene que usarse para cumplir con cualquier otra obligación. Sin embargo, en determinadas condiciones las prestaciones sociales también se pueden embargar parcialmente.

Después de declararse el concurso, cualquier disposición por parte del deudor en relación con los objetos que forman parte de la masa concursal es nula y sin efecto. Los bienes transmitidos por la otra parte sobre la base de una disposición se devuelven a la parte si esos bienes permanecen en la masa concursal, o se ofrece una compensación si la masa concursal ha aumentado como resultado de la transmisión. Si el deudor ha dispuesto de sus créditos futuros antes de la declaración de concurso, la disposición será nula y sin efecto cuando se declare el concurso de acreedores con respecto a las demandas que surjan tras la declaración de concurso. En el caso de que el deudor sea una persona física, puede disponer de la masa concursal con el consentimiento del administrador. Cualquier disposición sin el consentimiento del administrador concursal será nula y sin efecto.

Una vez declarada la quiebra, el cumplimiento de una obligación incluida en la masa concursal y debida por el deudor solo podrá ser aceptado por el administrador concursal. Si la obligación se hubiera cumplido en beneficio del deudor, la obligación se considerará cumplida solo en caso de que los bienes transmitidos para el cumplimiento de la obligación queden en la masa concursal o la masa concursal haya aumentado como resultado de la transmisión. Si la obligación se hubiera cumplido en beneficio del deudor antes de la publicación del anuncio de concurso de acreedores, la obligación se considerará cumplida si la persona que la ha cumplido no conocía ni tenía la necesidad de conocer la declaración de quiebra en el momento del cumplimiento de la obligación.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Cuando se declara el concurso, si el deudor es una persona física pierde su derecho a realizar transacciones relacionadas con la masa concursal, y si el deudor es una persona jurídica pierde su derecho a realizar cualquier transacción.

El deudor facilitará al órgano jurisdiccional, al administrador concursal y al comité concursal la información que necesiten en relación con los procedimientos concursales, en concreto con aquellos relacionados con los bienes del deudor, incluyendo las obligaciones, y las actividades comerciales o profesionales. El deudor tiene la obligación de facilitar al administrador concursal un balance general y un inventario de sus bienes, incluyendo sus obligaciones, a la fecha en la que se declaró la quiebra.

El órgano jurisdiccional puede exigir al deudor que declare que la información presentada relativa a los bienes, deudas y actividades comerciales o profesionales es correcta a su leal saber y entender.

El deudor debe ayudar al administrador provisional y al administrador concursal en el cumplimiento de su deber.

El deudor no podrá abandonar Estonia sin autorización del órgano jurisdiccional tras la declaración de concurso ni antes de que haya prestado juramento.

El órgano jurisdiccional puede imponer una multa, la comparecencia obligatoria o la detención del deudor en caso de que no cumpla con el mandato del órgano jurisdiccional con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación prevista en la ley.

El deudor tiene derecho a examinar los archivos del administrador concursal y los del órgano jurisdiccional en relación con el concurso de acreedores. El administrador concursal puede, por motivos justificados, rechazar la solicitud del deudor de examinar un documento incluido en sus archivos si esto fuera en detrimento del desarrollo del procedimiento concursal.

Administrador concursal

  • El administrador concursal efectúa transacciones relacionadas con la masa concursal y realiza otras acciones. Los derechos y obligaciones nacidos de las acciones del administrador concursal pertenecen al deudor. El administrador concursal, de conformidad con sus deberes, participa ante el órgano jurisdiccional como parte en los litigios relacionados con la masa concursal en representación del deudor.
  • Cuando se declara el concurso de acreedores, el derecho del deudor a administrar y disponer de la masa concursal se transmite al administrador concursal. En los procedimientos concursales de un deudor que es persona jurídica, el administrador concursal puede concluir cualquier transacción y realizar cualquier acto jurídico con la masa concursal. En el caso de concurso de acreedores de un deudor que es persona física, el administrador concursal tan solo puede concluir aquellas transacciones y llevar a cabo aquellos actos jurídicos con la masa concursal que sean necesarios para conseguir el objetivo del procedimiento concursal y cumplir con sus obligaciones.
  • El administrador defiende los derechos e intereses de todos los acreedores y del deudor, y garantiza que el procedimiento concursal es legal, rápido y económicamente razonable. El administrador debe cumplir sus obligaciones con el esmero de un administrador diligente y honesto, y tener en cuenta los intereses de todos los acreedores y del deudor.
  • El administrador concursal determina las demandas de los acreedores, administra la masa concursal, organiza su formación y venta y satisface los créditos de los acreedores con la masa concursal; comprueba las causas de la insolvencia del deudor y el momento en el que se declaró la insolvencia; gestiona las actividades comerciales del deudor para mantener su continuidad si fuera necesario; lleva a cabo la liquidación del deudor que es persona jurídica cuando sea necesario; facilita información a los acreedores y al deudor en los casos estipulados en la ley; informa de sus actividades y facilita información relativa a los procedimientos concursales al órgano jurisdiccional, al supervisor oficial y al comité concursal, y cumple con otras obligaciones previstas en la ley. Si la insolvencia del deudor fue causada por un grave error de gestión, se le exige al administrador que presente una demanda por daños y perjuicios contra la persona responsable de ese error inmediatamente una vez que se evidencien suficientes motivos para presentarla. Además de los derechos del administrador concursal establecidos en la ley, también tiene los derechos del administrador provisional.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

En los procedimientos concursales en Estonia se permiten las compensaciones. Las compensaciones de créditos en los procedimientos concursales están sujetas a las siguientes condiciones:

1) los créditos a compensar tienen que ser obligaciones financieras u otras obligaciones del mismo tipo;

2) debe haber nacido el derecho del acreedor a cumplir su obligación y haber vencido la obligación del deudor;

3) el acreedor tiene que hacer una declaración de compensación para el deudor antes de que la propuesta de distribución final se presente ante el órgano jurisdiccional, y la declaración no se tiene que haber hecho de forma condicional o mediante la fijación de un plazo;

4) el derecho del acreedor de compensar su crédito frente al crédito del deudor debe haber nacido con anterioridad a la declaración concursal.

Si el crédito del deudor dependía de una condición suspensiva o todavía no estaba vencido en el momento en el que se declaró el concurso de acreedores, o si no estaba dirigido al cumplimiento de obligaciones del mismo tipo, se podrá compensar solo en caso de que la condición suspensiva se haya cumplido, el crédito del deudor haya vencido o las obligaciones se hayan convertido en obligaciones del mismo tipo. No se permite ninguna compensación si la condición suspensiva del crédito del deudor se cumple o el crédito vence antes de que el acreedor pueda compensar su crédito.

Si el crédito de un acreedor ha vencido, todavía se puede compensar si el derecho de compensación nació antes de la fecha de vencimiento del crédito. Un acreedor puede compensar un crédito que resulte del incumplimiento del deudor de un contrato derivado del hecho de que el administrador concursal suspendiera la obligación del deudor después de que se declarara el concurso. Si el objeto de una obligación contractual es divisible y el acreedor había cumplido parte de su obligación en el momento en que se declaró el concurso, puede realizar una compensación de la obligación financiera del deudor correspondiente a la parte de la obligación del acreedor que se ha cumplido. Si el deudor es un arrendador residencial o comercial y el arrendatario residencial o comercial ha pagado al deudor la renta de la propiedad inmobiliaria o de los locales con anterioridad a la declaración de concurso, ello da lugar a una demanda de enriquecimiento injustificado frente al deudor que el arrendatario residencial o comercial podrá compensar con el crédito del deudor para con él, y el arrendatario residencial o comercial también podrá compensar la demanda por daños y perjuicios que resulte de la finalización anticipada o el desistimiento del contrato.

Un crédito adquirido mediante cesión se puede compensar en los procedimientos concursales solo si el crédito ha sido cedido y el deudor ha recibido notificación del mismo por escrito en un plazo superior a tres meses antes de que se declarase el concurso. Un crédito frente al deudor adquirido mediante cesión no se puede compensar si ha sido cedido en un plazo de los tres años anteriores al nombramiento de un administrador provisional y el deudor era insolvente en ese momento y la persona que adquirió el crédito era o debía haber sido consciente de la insolvencia en el momento de la cesión.

Los créditos que no se pueden compensar incluyen los créditos de pensiones de alimentos, los créditos de indemnización por daños a la salud o por el fallecimiento de una persona y los créditos por haber causado daños de forma dolosa e ilegal que la otra parte tiene contra la parte que reclama la compensación; los créditos de la otra parte sobre lao que no se pueden reclamar pagos en virtud de la ley; los créditos embargados frente a la reclamación de una parte contra la otra si la parte que solicita la compensación adquirió el crédito después del embargo o si su crédito venció después del embargo y con posterioridad al periodo del embargo del crédito; los créditos contra los que la otra parte pueda formular objeciones o los créditos de la parte cuya compensación no está permitida por otros motivos regulados por ley. Las compensaciones no están reguladas de forma separada en caso de los procedimientos de reorganización y de reestructuración de deuda, y por tanto se aplica el procedimiento general de conformidad con la Ley de Obligaciones.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Procedimiento concursal

El administrador concursal tiene derecho a cumplir una obligación incumplida derivada de un contrato firmado por un deudor y requerir a la otra parte que cumpla sus obligaciones o libere al deudor de la obligación derivada del contrato, a menos que la ley estipule lo contrario. El administrador puede no liberar al deudor de la obligación derivada de un contrato si la obligación está garantizada por una notificación previa inscrita en el registro de la propiedad. Si el administrador concursal continúa con el cumplimiento de la obligación del deudor o notifica que pretende cumplir con la obligación, la otra parte del contrato continuará cumpliendo sus obligaciones. En este caso, el administrador concursal pierde su derecho de rehusar el cumplimiento de la obligación del deudor. Si el administrador concursal obliga a la otra parte contratante a respetar el cumplimiento del contrato, la otra parte puede obligar al administrador concursal a garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor. La otra parte puede rehusar el cumplimiento de su obligación, desistiendo o cancelando el contrato hasta que el administrador concursal haya garantizado el cumplimiento de la obligación del deudor. La pretensión de la otra parte frente al deudor que dimana de una obligación cumplida después de que el administrador concursal haya requerido el cumplimiento de la obligación de la otra parte es una obligación consolidada. Si el administrador concursal libera al deudor de la obligación una vez declarado el concurso, la otra parte contratante podrá presentar una demanda por incumplimiento del contrato como acreedor en el procedimiento concursal. Si el objeto de una obligación contractual es divisible y la otra parte ha cumplido parcialmente su obligación en el momento de la declaración de concurso, dicha parte puede exigir que la obligación financiera del deudor se cumpla en la medida correspondiente a la participación de la obligación que ha cumplido solo como acreedor en el procedimiento concursal.

La ley también establece casos especiales para ciertos tipos de contratos:

1) si un deudor ha vendido bienes muebles con reserva de dominio antes de la declaración de concurso y ha transferido la posesión del bien mueble al comprador, el comprador tiene derecho a exigir que se respete el contrato de compraventa. En este caso, el administrador concursal no puede eximir al deudor de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa;

2) el concurso de acreedores de un arrendador residencial o comercial no constituye causa de extinción del contrato de arrendamiento residencial o comercial, a menos que el contrato estipule lo contrario. Si un contrato de arrendamiento residencial o comercial contempla el concurso de acreedores como motivo de extinción del contrato, el administrador concursal podrá cancelar el contrato dentro del plazo de un mes, o en un plazo inferior si está así establecido en el contrato. El concurso de acreedores del arrendador de una vivienda no constituye causa de extinción del contrato de arrendamiento residencial de la vivienda. Si el alquiler de un bien inmueble o local se ha pagado al deudor con anterioridad a la declaración de concurso, el arrendador residencial o comercial podrá compensar un crédito por enriquecimiento injusto con el crédito del deudor contra el arrendador residencial o comercial;

3) en el caso de concurso de acreedores de un arrendatario residencial o comercial, el arrendador residencial o comercial podrá terminar el contrato de arrendamiento residencial o comercial solo en virtud del procedimiento general, y dicho contrato de arrendamiento no se podrá cancelar con motivo de un retraso en el pago de la renta si dicho retraso afecta al pago de la renta debida antes de que se presente la solicitud de concurso de acreedores. El administrador concursal tiene derecho a cancelar el contrato de arrendamiento residencial o comercial firmado por el deudor en el plazo de un mes o en un plazo inferior en caso de así lo estipule el contrato. Si la posesión del bien inmueble o local no se ha transferido al deudor en el momento de la declaración de concurso, tanto el administrador como la otra parte podrán desistir del contrato. En caso de desistimiento o cancelación del contrato, la otra parte podrá solicitar una indemnización por el lucro cesante provocado por la terminación anticipada del mismo como acreedor en el procedimiento concursal o por compensación;

4) el procedimiento de un contrato de arrendamiento residencial o comercial también se aplica a los contratos de leasing firmados por el deudor.

El administrador concursal tiene derecho a decidir sobre la continuación o terminación de un contrato, pero si la otra parte del contrato realiza una propuesta al administrador concursal para ejercer esta elección, el administrador concursal deberá inmediatamente, en un plazo no superior a siete días, notificar si cumplirá la obligación o eximirá al deudor de su cumplimiento. A instancia del administrador concursal, el órgano jurisdiccional también podrá ampliar dicho plazo. Si el administrador concursal no notifica dentro del plazo estipulado el cumplimiento o la exención de la obligación, no tendrá derecho a exigir a la otra parte que cumpla el contrato antes de que el administrador concursal haya cumplido con las obligaciones del deudor.

También es posible que algunos contratos firmados por el deudor se puedan recuperar. Por ejemplo, el órgano jurisdiccional revocará los contratos que se hayan firmado durante el periodo comprendido entre el nombramiento de un administrador provisional y el momento en el que se declare el concurso de acreedores. Además de la condición temporal, una condición previa para la recuperación es que el contrato haya perjudicado los intereses del acreedor. Si los intereses del acreedor no se han perjudicado y la masa concursal no aumenta como resultado de la recuperación, no tiene sentido realizar la recuperación.

Generalmente, un deudor declarado en concurso de acreedores o su administrador concursal no tienen derecho a modificar los contratos. Sin embargo, los contratos se podrán modificar si se firma un convenio de acreedores tras la declaración del concurso. En este caso, es posible reducir las deudas o ampliar el plazo de pago como resultado de un acuerdo entre el deudor y los acreedores. El mismo resultado se puede conseguir mediante un procedimiento de reorganización o un procedimiento de reestructuración de deudas. La Ley concursal, la Ley de reorganización y la Ley de reestructuración de deudas no cubren la cesión de créditos ni la asunción de obligaciones de forma separada, y así lo establece el procedimiento general previsto en el Derecho de obligaciones.

Procedimiento de reorganización y procedimiento de reestructuración de deudas

Se permite la reestructuración de los contratos en los procedimientos de reorganización. Un acuerdo en virtud del que un acreedor podrá terminar un contrato cuando se abra un procedimiento de reorganización o se apruebe un plan de reorganización es nulo y sin efecto. Un crédito relacionado con un contrato de trabajo o con una operación con derivados no podrá ser reestructurado en un plan de reorganización.

Si admite a trámite una solicitud de reestructuración de deudas, un acreedor no puede, en base a un incumplimiento de una obligación financiera que tuvo lugar antes de que fuera presentada la solicitud de reestructuración de deudas, terminar un contrato que se ha firmado con el deudor y del que se derivan los créditos que el deudor se propone reestructurar, ni negarse a cumplir sus obligaciones por tales motivos. Un acuerdo en virtud del cual un acreedor podrá terminar un contrato cuando se presente una solicitud de reestructuración de deuda o se aprueba un plan de reestructuración de deuda es nulo y sin efecto. Las obligaciones derivadas de un contrato vigente que se creó o venció después de la presentación de la solicitud de reestructuración de deudas se pueden reestructurar en el procedimiento de reestructuración de deudas. Un plan de reestructuración puede estipular que un contrato de crédito u otro contrato vigente que haya firmado el deudor antes de presentar la solicitud de reestructuración de deudas y que tenga prelación sobre las obligaciones financieras del deudor que vencen tras la presentación de la solicitud de reestructuración de deudas termine cuando se apruebe el plan de reestructuración. La terminación de un contrato tiene las mismas consecuencias que la resolución extraordinaria de un contrato debido a las circunstancias del deudor. Las obligaciones del deudor que se derivan de la terminación de un contrato se pueden reestructurar de antemano con arreglo a un plan de reestructuración. Cuando se pretendan reestructurar las obligaciones derivadas de un contrato de leasing, el arrendador que sea acreedor podrá rescindir de forma extraordinaria el contrato en el plazo de una semana desde la aprobación del plan de reestructuración.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Después de la declaración de concurso de acreedores, los acreedores en el procedimiento concursal solo podrán presentar sus créditos frente al deudor en el procedimiento concursal. El administrador concursal debe ser notificado de todos los créditos contra el deudor antes de la declaración de concurso, independientemente de las razones o de las fechas de vencimiento para satisfacer dichos créditos. Los procedimientos de ejecución abiertos en relación con el deudor se archivarán en caso de que se declare el concurso, y el acreedor deberá presentar una demanda al administrador concursal.

En los procedimientos de reorganización y los procedimientos de reestructuración de deudas, solo podrán nuevos procedimientos durante el periodo de validez del plan de reorganización y el plan de reestructuración de deuda, respectivamente, aquellos acreedores cuyos créditos se vean afectados por el plan en cuestión. En caso de reorganización, se suspenden los procedimientos de ejecución, salvo aquellos dirigidos a satisfacer una demanda derivada de una relación laboral o para el pago de la pensión de alimentos. En los procesos de reestructuración de deudas, el órgano jurisdiccional podrá suspender el procedimiento de ejecución como medida de protección jurídica provisional incluso antes de la adjudicación o presentación de una petición. Cuando se admite una petición a trámite, el órgano jurisdiccional suspende los procedimientos de ejecución (o ejecución forzosa) para la recaudación de dinero con respecto a los bienes del deudor hasta que el plan de reestructuración de deuda se apruebe o el procedimiento se archive.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Procedimiento concursal

En los litigios sobre la masa concursal o los bienes que se pueden incluir en la masa concursal, se transfiere al administrador el derecho de ser parte en los procedimientos judiciales en lugar del deudor. Si una acción o cualquier otra petición relacionada con la masa concursal presentada por el deudor frente a otra persona está siendo oída en un procedimiento judicial iniciado con anterioridad a la declaración de concurso o si el deudor participa en procedimientos judiciales como tercero, el administrador concursal podrá, de conformidad con sus obligaciones, adherirse a los procedimientos en lugar del deudor. Si el administrador concursal está informado de tal procedimiento pero no se adhiere a ellos, el deudor podrá continuar como demandante, peticionario o tercero.

Si hay una demanda patrimonial contra el deudor en un procedimiento judicial que comenzó antes de la declaración de concurso, pero respecto a la que aún no se ha dictado ninguna resolución, el órgano jurisdiccional no oirá la demanda en el procedimiento relativos a la acción. El órgano jurisdiccional reabrirá el procedimiento en base a instancia del demandante cuando un órgano jurisdiccional superior anule la resolución concursal y la decisión que desestime la solicitud de concurso haya entrado en vigor o cuando el procedimiento concursal haya concluido por extinción después de la declaración de concurso.

Cuando se haya interpuesto una demanda para la exclusión de un objeto de la masa concursal contra el deudor en los procedimientos judiciales que comenzaron antes de que se declarara el concurso de acreedores, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda a trámite. En este caso, el administrador concursal podrá adherirse a los procedimientos en lugar del deudor. El administrador concursal tiene los derechos y obligaciones del deudor como demandado. Si el administrador concursal no se adhiere al procedimiento, este podrá continuar a instancia del demandante.

Cuando exista una demanda patrimonial contra el deudor en procedimientos judiciales en los que la resolución dictada sobre la demanda esté sujeta a recurso, el administrador concursal podrá presentar un recurso en nombre del deudor tras la declaración de concurso. El deudor podrá presentar el recurso con el consentimiento del administrador concursal.

Cuando se impugne un instrumento administrativo contra un deudor ante los órganos jurisdiccionales, se suspenderá el plazo para impugnar dicho instrumento administrativo.

Procedimiento de reorganización y procedimiento de reestructuración de deudas

Tras la presentación de una solicitud de reorganización, el órgano jurisdiccional que conoce la causa, basándose en una solicitud de una empresa y con la aprobación del asesor de la reorganización, que se adjuntará a la solicitud, podrá suspender los procedimientos judiciales relativos a demandas financieras contra la empresa hasta que el plan de reorganización se apruebe o el procedimiento de reorganización concluya, salvo en el caso de una demanda presentada sobre la base de una relación laboral o para el pago de una pensión de alimentos respecto a la que no se haya dictado sentencia. Al admitir una solicitud de reestructuración de la deuda, el órgano jurisdiccional suspenderá los procedimientos judiciales relativos a demandas financieras contra el deudor respecto a las que no se haya dictado sentencia hasta que el plan de reorganización se apruebe o los procedimientos concluyan.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Participación de los acreedores en el procedimiento concursal

Los acreedores presentan sus créditos durante los procedimientos concursales. De hecho, están obligados a notificar al administrador concursal todos los créditos contra el deudor que se hayan generado antes de la declaración de concurso, independientemente de los motivos o de la fecha de devolución, en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de concurso en Ametlikud Teadaanded. Los créditos deben notificarse al administrador concursal por escrito (prueba de la demanda). Los acreedores deben defender sus créditos en una junta de acreedores (junta para la defensa de sus créditos). Los derechos de garantía se defienden junto con los derechos de crédito que ellos garantizan. Los créditos, su orden de prelación y el derecho de garantía de los créditos se consideran admitidos en caso de que ni el administrador concursal ni ninguno de los acreedores se opongan a ello en la junta celebrada para defender sus derechos. Los créditos o el orden de prelación que se hayan admitido en la junta para la defensa de créditos no se pueden impugnar con posterioridad.

Aparte de que cada acreedor presente sus créditos y los defienda, los acreedores también participan en la dirección de los procedimientos concursales mediante la junta general de acreedores. A la junta general de acreedores le compete aprobar el nombramiento del administrador concursal y elegir al comité concursal, decidir sobre la continuación o disolución de la empresa del deudor, decidir sobre la disolución del deudor si el deudor es una persona jurídica, redactar el convenio de acreedores, decidir dentro de los límites previstos por la ley sobre los asuntos relacionados con la venta de la masa concursal, defender los créditos, resolver las reclamaciones presentadas contra las actividades del administrador, decidir sobre la retribución de los miembros del comité concursal y resolver otros asuntos dentro del marco de competencias de la junta general de acreedores en virtud de la ley. Si la junta general de acreedores decide elegir un comité concursal, es deber de este último, entre otras cosas, proteger los intereses de todos los acreedores en el procedimiento concursal.

Participación de los acreedores en el procedimiento de reorganización

El asesor de la reorganización notifica inmediatamente a los acreedores la apertura de un procedimiento de reorganización y el monto de los créditos que tienen contra la empresa de acuerdo con la lista de deudas. Con tal fin, el asesor presenta un anuncio de reorganización a los acreedores. Si un acreedor cuyo crédito se pretende reestructurar en el marco de un plan de reorganización no está conforme con la información del anuncio de reorganización, presentará al asesor de la reorganización, dentro del plazo establecido en el anuncio, una petición por escrito en la que exponga en qué aspectos no está de acuerdo con el crédito indicado en el anuncio de reorganización y aporte pruebas de dichas circunstancias. Si no se presenta ninguna petición hasta la fecha de vencimiento, se considerará que el acreedor está de acuerdo con la magnitud del crédito. Si el asesor de la reorganización no está de acuerdo con una alegación hecha en la petición del acreedor, presentará la petición al órgano jurisdiccional junto con las pruebas disponibles y sustanciará los motivos por los que no está de acuerdo con la información facilitada en la petición. El asesor de la reorganización tendrá que justificar sus alegaciones. Basándose en las alegaciones y pruebas aportadas, el órgano jurisdiccional establecerá el monto del crédito principal del acreedor y la garantía prendaria y decidirá sobre la existencia y el ámbito de aplicación de la garantía.

Participación de los acreedores en el procedimiento de reestructuración de deudas

Los procesos de reestructuración de deuda afectan a los acreedores cuyos créditos contra el deudor han vencido cuando se presenta la solicitud de reestructuración de la deuda. La decisión de admitir una solicitud de reestructuración de deudas la adopta el órgano jurisdiccional que, cuando fuera necesario, también podrá oír la opinión del acreedor y pedir información o documentos adicionales. La resolución sobre la admisibilidad de una solicitud se comunica al deudor y a todos los acreedores cuyos créditos pretende reestructurar el deudor. Si se admite una solicitud, el acreedor no podrá, alegando el incumplimiento de una obligación financiera antes de que se presentara la solicitud de reestructuración de la deuda, un contrato que ha firmado con el deudor y que dé lugar a los créditos que el deudor pretende reestructurar, ni negarse a cumplir sus obligaciones por estos motivos. Cuando se entrega un plan de reestructuración de deudas al acreedor, el órgano jurisdiccional concede al acreedor un plazo no inferior a dos semanas ni superior a cuatro semanas, tras la recepción del plan de reestructuración de deudas, para que exprese su opinión al órgano jurisdiccional o al asesor. El acreedor hará saber si está conforme con la información del deudor respecto al crédito y la garantía, el cálculo de la deuda del deudor y la reestructuración de la deuda de la forma solicitada por el deudor. Si el acreedor no está de acuerdo con la reestructuración de la deuda de la forma solicitada por el deudor, deberá indicar si estaría conforme con que se reestructurara de otra forma. Si el acreedor cuyo crédito se pretende reestructurar no está de acuerdo con la información aportada por el deudor en la lista de deudas, notificará al órgano jurisdiccional o al asesor, si así lo determina el órgano jurisdiccional, dentro del plazo estipulado por dicho órgano, en qué puntos no está de acuerdo con el crédito y aportará pruebas de estas circunstancias. Si la petición no se presenta antes de la fecha de vencimiento, se considerará que el acreedor está conforme con el importe del crédito. Si el deudor o el asesor no están de acuerdo con la alegación hecha en la petición del acreedor, presentarán dicha petición, junto con las pruebas, sin demora al órgano jurisdiccional y sustanciarán el motivo por el que no están de acuerdo con la información de la petición. Sobre la base de las alegaciones y las pruebas presentadas, el órgano jurisdiccional establecerá el importe del crédito principal del acreedor y la garantía prendaria y decidirá sobre la existencia y el ámbito de aplicación de la garantía.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Los bienes del deudor se convierten en masa concursal a partir de una resolución de concurso y se utilizan como bienes designados para satisfacer las deudas de los acreedores y ejecutar el procedimiento concursal. La masa concursal engloba los bienes del deudor en el momento de la declaración de concurso, así como los bienes reclamados o recuperados y los bienes adquiridos por el deudor durante el procedimiento concursal. En virtud de la ley, los bienes del deudor sobre los que no se puede realizar una petición de pago no están incluidos en la masa concursal.

Cuando se declara el concurso, el derecho del deudor a administrar y disponer de la masa concursal se transfiere al administrador concursal. Una vez se ha declarado el concurso, cualquier disposición del deudor respecto a los objetos que forman parte de la masa concursal son nulos. Antes de que se declare el concurso, el órgano jurisdiccional podrá prohibir al deudor que disponga de los bienes o de una parte de los bienes sin el consentimiento del administrador provisional.

El administrador concursal debe tomar posesión de los bienes del deudor y comenzar la administración de la masa concursal sin demora después de que se emita la resolución concursal. El administrador debe reclamar los bienes del deudor que estén en posesión de un tercero para la masa concursal, a menos que la ley estipule lo contrario. La administración de la masa concursal comprende el cumplimiento de los actos relativos a la masa concursal que son necesarios para su conservación y la gestión del procedimiento concursal, así como la gestión de las actividades del deudor en caso de que sea una persona jurídica o la organización de las actividades comerciales del deudor si el deudor trabaja por cuenta propia. En los procedimientos concursales de un deudor que es persona jurídica, el administrador tiene los derechos y obligaciones del consejo de administración, o del organismo que sustituye al consejo de administración de la persona jurídica, que no sean contrarios al objetivo de los procedimientos concursales. La obligación del administrador concursal es la misma que la de un miembro del órgano de administración.

El administrador concursal puede concluir una operación mercantil con la masa concursal en efectivo solo con la autorización del órgano jurisdiccional. El administrador concursal no realizará ningún pago a los acreedores en efectivo a partir del coeficiente de distribución. El administrador concursal puede concluir las transacciones de especial relevancia para los procedimientos concursales solo con el consentimiento del comité concursal. Las transacciones de particular relevancia son, sobre todo, préstamos y, en el caso de una empresa que esté incluida en la masa concursal, todas las operaciones mercantiles trasciendan el alcance de las actividades empresariales habituales de la empresa. El administrador concursal no podrá concluir ninguna transacción consigo mismo ni con personas que estén relacionadas con o por cuenta de la masa concursal, ni concluir cualquier otra transacción de naturaleza similar o que provoque un conflicto de intereses ni solicitar una indemnización por los gastos incurridos en dichas transacciones.

El administrador concursal podrá comenzar la venta de la masa concursal después de la primera junta general de acreedores, a menos que los acreedores hayan decidido lo contrario en la junta. Si el deudor recurre contra la resolución concursal, sus bienes no se podrán vender sin su consentimiento antes de que se conozca el recurso presentado ante el órgano jurisdiccional de primera instancia. Dichas restricciones no se aplican a la venta de los bienes sumamente perecederos, cuyo valor se devalúa rápidamente o cuyo almacenamiento o conservación son excesivamente costosos. Si las actividades de la empresa del deudor continúan, los bienes no se podrán vender si con ello se impide la continuidad de la actividad empresarial. Si se presenta una propuesta de convenio de acreedores, los bienes no se podrán vender antes de que dicho convenio se realice, a menos que la junta general de acreedores decida que se pueden vender, independientemente de la propuesta de convenio de acreedores. La masa concursal se subastará en virtud del procedimiento previsto en el Código del Procedimiento de Ejecución.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Créditos presentados contra la masa concursal del deudor

Todos los créditos contra el deudor nacidos antes de la declaración de concurso se tienen que presentar contra la masa concursal del deudor, independientemente de los motivos o el plazo para pagarlos. En el momento de la declaración de concurso, todos los créditos de los acreedores contra el deudor se consideran vencidos, salvo que la ley disponga lo contrario. Si un acreedor ha presentado el crédito correspondiente ante el órgano jurisdiccional pero no se ha dictado todavía ninguna resolución judicial, el órgano jurisdiccional suspenderá los procedimientos relativos a la acción y el acreedor deberá presentar el crédito mediante el administrador concursal. Si un acreedor ha presentado un crédito ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional ha emitido una resolución que ha entrado en vigor, el acreedor también deberá presentar su crédito al administrador concursal, pero se considerará que tal pretensión se ha defendido. Si el deudor podría haber impugnado la decisión judicial, el administrador concursal podrá hacerlo.

Tramitación de las demandas nacidas tras la apertura del procedimiento concursal

Una vez declarado el concurso, los acreedores del procedimiento concursal solo podrán interponer sus demandas contra el deudor de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Concursal. Los créditos solo se pueden presentar al administrador concursal y solo se pueden presentar aquellos que hayan nacido antes de la declaración de concurso. Los créditos nacidos después de la declaración de concurso no se podrán presentar antes de la conclusión del procedimiento concursal. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de las personas jurídicas, en la mayoría de los casos la conclusión de los procedimientos concursales implica la liquidación de la persona jurídica, y como resultado no existe persona contra la que se puedan presentar créditos después del procedimiento concursal. Por tanto, es necesario ser cauteloso y tener en cuenta ese riesgo cuando se celebren transacciones con personas jurídicas declaradas en concurso de acreedores. Los créditos contra una persona física que se originen durante el procedimiento concursal se pueden presentar tras la conclusión del procedimiento concursal en virtud del procedimiento general. Con arreglo al procedimiento general, las obligaciones de indemnizar los daños causados durante el procedimiento concursal por los actos ilícitos de un deudor que es persona jurídica se consideran obligaciones consolidadas, y por tanto el deudor estará obligado a cumplirlas durante el procedimiento concursal. También se podrán llevar a cabo procedimientos de ejecución con respecto a la masa concursal para el cumplimiento de las obligaciones.

Asimismo, es posible que el deudor disponga, tras la declaración de concurso, de un objeto perteneciente a la masa concursal. Tal disposición es nula ya que, cuando se declara el concurso, el derecho de administrar y disponer de los bienes se transfiere al administrador concursal. Sin embargo, si hay una disposición por parte del deudor, los bienes transmitidos por la otra parte a partir de la disposición se entregan a esta parte si los bienes se han conservado en la masa concursal, o se ofrece una indemnización si la masa concursal ha aumentado como resultado de la transmisión. Si el deudor dispone del objeto el día de la declaración de concurso, se presume que la disposición tuvo lugar después de declararse el concurso. Si el deudor enajenado sus créditos futuros antes de declararse en concurso, la enajenación será nula y sin efecto, y se declarará el concurso respecto a los créditos nacidos con posterioridad. En el caso de que el deudor sea una persona física, podrá disponer de la masa concursal con el consentimiento del administrador concursal. Cualquier disposición sin el consentimiento del administrador concursal será nula y sin efecto.

Tramitación de los créditos nacidos tras la apertura del procedimiento de reorganización y el procedimiento de reestructuración de deudas

Mientras dure un plan de reorganización, no se podrá presentar ningún escrito de demanda en base a un crédito al que sea de aplicación el plan de reorganización. El escrito de demanda se podrá presentar acerca por otros créditos. Mientras dure un plan de reestructuración, no se podrá presentar ningún escrito de demanda o petición en los procesos petitorios en base a un crédito al que sea de aplicación el plan de reestructuración. El escrito de demanda se podrá presentar por otros créditos. La aprobación del plan de reestructuración no limita el derecho del acreedor de impugnar ante el órgano jurisdiccional los créditos que no se admitan en el plan de reestructuración. Los acreedores también pueden impugnar ante el órgano jurisdiccional la magnitud de los créditos hasta el punto en que no se acepte la participación.

La presentación de la solicitud de reorganización del deudor o la solicitud de reestructuración de la deuda suspende el plazo de prescripción de los créditos contra el deudor. Una vez presentada la solicitud de reorganización, el órgano jurisdiccional que tramita la causa puede, sobre la base de una petición de una empresa y con la aprobación del asesor de la reorganización, que se adhiere a la petición, suspender los procedimientos judiciales que afecten a los derechos de crédito contra la empresa hasta que el plan de reorganización se apruebe o hasta que concluyan los procedimientos de reorganización, salvo en el caso de que se impugne un crédito en base a una relación laboral o para el pago de una pensión alimentaria sobre la que no se haya todavía dictado sentencia. Al admitir una solicitud de reestructuración de la deuda, el órgano jurisdiccional suspenderá los procedimientos judiciales relativos a los derechos de crédito contra el deudor respecto a los que no se haya dictado ninguna resolución hasta que el plan de reorganización esté aprobado o los procedimientos hayan concluido.

El plan de reorganización no libera a una persona que sea conjunta y solidariamente responsable del cumplimiento de una obligación de una empresa del cumplimiento de sus propias obligaciones. La aprobación de un plan de reestructuración no libera a una persona que sea conjunta y solidariamente responsable del cumplimiento de la obligación del deudor del cumplimiento de sus propias obligaciones.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Normas que regulan la presentación, verificación y admisión de créditos en el procedimiento concursal

Los acreedores están obligados a comunicar al administrador concursal todos los créditos contra el deudor que hayan nacido antes de que se declarase en concurso, independientemente de los motivos o las fechas de vencimiento de pago, en un plazo máximo de dos meses a contar desde de la fecha de notificación del concurso en Ametlikud Teadaanded. Una vez declarado en concurso, todos los créditos de acreedores contra el deudor se consideran vencidos. Los créditos deben comunicarse al administrador concursal por escrito (prueba de la demanda). La prueba del crédito establece el contenido, el fundamento y la magnitud del crédito y si el crédito está garantizado. Los documentos que prueban las circunstancias a las que se refiere la prueba de la demanda se presentan como anexo de la misma. El administrador concursal está obligado a verificar si los créditos presentados están justificados y si existen derechos de garantía que los garanticen. Los acreedores y el deudor pueden formular objeciones por escrito relativas a los créditos o a los derechos de garantía que garanticen los créditos al administrador ante la junta para la defensa de los créditos.

Los créditos se defienden en la junta general de acreedores (junta para la defensa de los créditos). Los derechos de garantía se defienden junto con los derechos de crédito que ellos garantizan. En la junta para la defensa de los créditos, los créditos son oídos en el orden en que se han presentado. Un crédito, su orden de prelación y el derecho de garantía que lo garantiza se consideran admitidos cuando ni el administrador concursal ni los acreedores formulan objeciones en la junta para la defensa de los créditos o si el administrador concursal o el acreedor que presenta la objeción ignoran la objeción en la junta para la defensa de los créditos. El administrador concursal está obligado a objetar un crédito o derecho de garantía en la junta para la defensa de los créditos si hay motivos para objetar. En la junta para la defensa de los créditos, los créditos satisfechos por un órgano jurisdiccional o por una decisión arbitral que haya entrado en vigor, los derechos de garantía admitidos por el órgano jurisdiccional o por una decisión arbitral que haya entrado en vigor y los derechos de garantía inscritos en el registro de la propiedad, el registro de buques, el registro de garantía comercial o el Registro Central de Garantías de Estonia se considera que han sido admitidos sin defensa. Se prepara una lista de los créditos admitidos.

El acta de la reunión de la junta para la defensa de los créditos indica si ha sido admitido o no cada crédito por separado o el derecho de garantía que garantiza el crédito y quien objetó el crédito, su orden de prelación o el derecho de garantía que garantiza el crédito. El acta también indica quién renunció a una objeción presentada. Si no se admite el crédito de un acreedor y el acreedor no interpone una acción para que se admita el crédito o si el órgano jurisdiccional desestima la acción, las objeciones del acreedor a los créditos de otro acreedor serán desestimadas. Si no se presenta ninguna otra objeción al crédito de otro acreedor, el crédito se considera admitido. Un crédito o su orden de prelación admitido en una junta para la defensa de los créditos no se pueden impugnar posteriormente.

Normas que regulan la presentación, verificación y admisión de créditos en el procedimiento de reorganización y el procedimiento de reestructuración de deudas

En los procedimientos de reorganización, el deudor presenta una lista de deudas en las que se establecen todos los créditos contra él así como los acreedores correspondientes. Por tanto, los propios acreedores no presentan ninguna demanda. El acreedor cuyo crédito se pretenda reestructurar conforme al plan de reorganización que no está de acuerdo con la magnitud de su crédito en el procedimientos de reorganización puede presentar al asesor de la reorganización una petición por escrito que establezca en qué aspectos no está de acuerdo con el crédito en el anuncio la reorganización, y presentar la prueba de tales circunstancias. Si no se presenta ninguna petición hasta la fecha de vencimiento, se considerará que el acreedor está de acuerdo con la magnitud del crédito. El deudor puede objetar a las alegaciones del acreedor, pero debe confirmar sus posiciones. Basándose en las alegaciones y pruebas aportadas, el órgano jurisdiccional establecerá el monto del crédito principal del acreedor y la garantía prendaria, y decidirá sobre la existencia y el ámbito de aplicación de la garantía.

En los procesos de reestructuración de deudas, el deudor presenta un plan de reestructuración de la deuda que indica las obligaciones que se han de reestructurar y la forma de reestructuración solicitada por el deudor. Del mismo modo que en los procedimientos de reorganización, los propios acreedores no presentan ningún crédito. Si un acreedor cuyo crédito se pretende reestructurar no está conforme con la información dada por el deudor en la lista de deudas, el acreedor notificará al órgano jurisdiccional o, si así lo determinara el órgano jurisdiccional, al asesor dentro del plazo establecido por el órgano jurisdiccional los aspectos en los que no está conforme con el crédito y presentará la prueba de dichas circunstancias. Si la petición no se presenta antes de la fecha de vencimiento, se considerar que el acreedor está conforme con el importe del crédito. Si el deudor o él asesor no están de acuerdo con la alegación hecha en la solicitud del acreedor, presentarán dicha solicitud, junto con las pruebas, sin demora al órgano jurisdiccional y sustanciarán el motivo por el que no están de acuerdo con la información de la solicitud. Sobre la base de las alegaciones y las pruebas presentadas, el órgano jurisdiccional establecerá el importe del crédito principal del acreedor y la garantía prendaria y decidirá sobre la existencia y el ámbito de aplicación de la garantía.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

El principio aplicable es que todos los acreedores reciban el mismo trato. No obstante, se aplican determinadas excepciones que otorgan a algunos acreedores un derecho preferente.

Antes de que se pague el dinero sobre la base del coeficiente de distribución, los pagos relativos a los procedimientos concursales se hacen con cargo a la masa concursal en el siguiente orden:

1) créditos nacidos de las consecuencias de la exclusión o la recuperación de activos;

2) pensión alimentaria pagadera al deudor y a sus dependientes;

3) obligaciones consolidadas;

4) costas y gastos ocasionados en los procedimientos concursales.

Después de que se hayan realizado estos pagos, los créditos de los acreedores se satisfarán en el siguiente orden:

1) créditos admitidos garantizados por prenda;

2) otros créditos admitidos presentados en el plazo establecido;

3) otros créditos que no se presentaron dentro del plazo establecido, pero que fueron admitidos.

La responsabilidad de un tercero por las obligaciones del deudor es posible en caso de solidaridad de los deudores. En este caso, el deudor solidario es responsable ante el acreedor, independientemente de la insolvencia del deudor. Si un deudor solidario paga su participación de la deuda que el acreedor también ha presentado contra el deudor, dicha participación se deducirá del crédito.

También es posible que la obligación del deudor se transmita a un tercero por ley. Si el empresario deviene insolvente, es decir, se ha declara en concurso o el procedimiento concursal concluye por extinción, los empleados serán indemnizados por cualquier retribución no percibida antes de que el empresario fuera declarado insolvente, las vacaciones no pagadas antes de que el empresario fuera declarado insolvente y las prestaciones no percibidas cuando el contrato de trabajo se canceló antes o después de que el empresario fuera declarado insolvente. Si un empresario es insolvente, el acreedor en el procedimiento concursal con relación a las bonificaciones de seguro de desempleo no percibidas en la fecha de vencimiento es el Estado.

En los procedimientos de reorganización y en los procedimientos de reestructuración de deudas, no es posible hablar de la masa concursal, y los créditos se satisfacen de conformidad con el plan de reorganización o de reestructuración de la deuda. El plan de reorganización no libera a una persona que sea responsable de forma conjunta y solidaria del cumplimiento de una obligación de una empresa del cumplimiento de sus propias obligaciones. Si la persona que es responsable de forma conjunta y solidaria del cumplimiento de una obligación de una empresa cumple la obligación, esa persona solo tendrá derecho de recurso contra la empresa en la medida en que la empresa sea responsable del cumplimiento de una obligación de conformidad con el plan de reorganización. La aprobación de un plan de reestructuración no libera a una persona que sea responsable conjunta y solidariamente del cumplimiento de la obligación del deudor del cumplimiento de sus propias obligaciones. Cuando la persona responsable de forma conjunta y solidaria del cumplimiento de la obligación del deudor cumple la obligación, esa persona solo tendrá derecho de recurso contra el deudor en la medida en que el deudor sea responsable del cumplimiento de la obligación de conformidad con el plan de reestructuración.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Conclusión del procedimiento concursal y efectos de la conclusión

Los procedimientos concursales concluyen con la desestimación de la solicitud de concurso, la extinción del procedimiento concursal, una vez que los motivos del concurso hayan dejado de existir, con el consentimiento del acreedor, cuando se aprueba el informe final, cuando se aprueba un convenio de acreedores o por otros motivos dispuestos en la ley.

El órgano jurisdiccional concluirá el procedimiento por extinción mediante sentencia sin declarar concurso de acreedores, independientemente de la insolvencia del deudor, cuando los bienes del deudor sean insuficientes para cubrir las costas y gastos incurridos en el procedimiento concursal y cuando sea imposible recuperar o demandar los bienes o presentar una demanda contra un miembro de un órgano de administración. El órgano jurisdiccional también podrá concluir el procedimiento por extinción sin declarar el concurso de acreedores, independientemente de la insolvencia del deudor, cuando los bienes del deudor consistan principalmente en créditos de resarcimiento o créditos contra terceros y el cobro de estos créditos sea poco probable. El órgano jurisdiccional no concluirá el procedimiento por extinción cuando el deudor, un acreedor o un tercero transfiera la cantidad determinada por el órgano jurisdiccional como depósito para cubrir las costas y gastos incurridos en el procedimiento a la cuenta prevista para tal fin. Si el procedimiento concursal de un deudor persona jurídica termina por extinción, el administrador provisional liquidará la persona jurídica dentro del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la resolución relativa a la conclusión del procedimiento sin procedimiento de liquidación cuando, al extinguirse el procedimiento concursal, el deudor tenga algún bien, primero se pagarán la retribución del administrador provisional y los gastos necesarios.

El órgano jurisdiccional concluirá el procedimiento concursal a instancia del deudor cuando los motivos de su apertura han dejado de existir, siempre que el deudor pruebe que no es insolvente o que no es probable que devenga insolvente si se declaró el concurso porque era probable que el deudor deviniera insolvente en el futuro. Si el procedimiento concursal concluye porque los motivos de su apertura han dejado de existir, la persona jurídica no se disuelve.

El órgano jurisdiccional concluirá el procedimiento concursal a instancia del deudor cuando todos los acreedores que presentaron sus créditos dentro del plazo establecido otorguen su consentimiento para la conclusión del procedimiento. Si un deudor persona jurídica es insolvente de forma permanente, el órgano jurisdiccional decidirá sobre la liquidación del deudor persona jurídica mediante una resolución de conclusión del procedimiento.

Los procedimientos concursales terminan con la aprobación de un informe final, cuando el administrador concursal presenta el informe final al comité concursal y al órgano jurisdiccional. En el informe final, el administrador concursal facilita información relativa a la masa concursal y al dinero recibido por su venta, pagos, los créditos admitidos por los acreedores, las acciones presentadas y las acciones que no se han presentado aún, etc. Los acreedores pueden presentar objeciones al informe final ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional decide sobre la aprobación del informe final y la conclusión del procedimiento concursal. El órgano jurisdiccional denegará la aprobación del informe final, mediante una resolución, y lo devolverá al administrador concursal para que continúe el procedimiento concursal cuando el informe final revele que se han infringido los derechos del deudor o de los acreedores en el procedimiento concursal.

El procedimiento concursal también puede terminar con la declaración de un convenio de acreedores. El convenio de acreedores es un acuerdo entre el deudor y los acreedores relativo al pago de las deudas y supone la reducción de las deudas o la ampliación del plazo de pago. Los convenios de acreedores se celebran en los procedimientos concursales a propuesta del deudor o del administrador concursal tras la declaración del concurso de acreedores. La resolución de un convenio de acreedores se adopta en la junta general de acreedores. El órgano jurisdiccional decidirá si aprueba el convenio de acreedores. El órgano jurisdiccional concluirá el procedimiento concursal con una resolución por la que apruebe el convenio de acreedores.

Si el procedimiento concursal no concluye en el plazo de dos años desde que se declaró el concurso, el administrador concursal presentará un informe al comité concursal y al órgano jurisdiccional cada seis meses hasta la conclusión del procedimiento. En dicho informe el administrador concursal establecerá las razones por las que el procedimiento concursal no se ha completado y facilitará información relativa a la masa concursal vendida o sin vender y a la administración de la masa concursal. El órgano jurisdiccional liberará al administrador de sus obligaciones cuando el procedimiento concursal haya concluido, a menos que la ley disponga lo contrario. El órgano jurisdiccional podrá rehusar la liberación del administrador de sus obligaciones cuando, en el momento en que el procedimiento concluya, la masa concursal no se haya vendido en su totalidad, todavía haya dinero pendiente de cobro por la masa concursal, no se hayan conocido las acciones presentadas por el administrador concursal, o el administrador concursal pretenda o deba presentar una acción. En este caso, el administrador concursal también seguirá cumpliendo sus obligaciones tras la conclusión del procedimiento concursal. Si, tras la conclusión del procedimiento concursal y la liberación del administrador concursal de sus obligaciones, se recibe dinero en la masa concursal, las cantidades de dinero depositadas para su distribución se declaran disponibles o resulta evidente que la masa concursal incluye objetos que no se tuvieron en cuenta cuando se preparó la propuesta de distribución, el órgano jurisdiccional tomará una decisión sobre la distribución subsecuente por iniciativa propia o a instancia del administrador concursal o de un acreedor.

Conclusión del procedimiento de reorganización y efectos de la conclusión

El procedimiento de reorganización termina cuando concluye antes de la fecha de vencimiento, el plan de reorganización se anula, el plan de reorganización se aplica antes de la fecha de vencimiento o vence el plazo de aplicación del plan de reorganización fijado en el mismo plan. Cuando se aplica un plan de reorganización antes de la fecha de vencimiento, el procedimiento de reorganización termina si la empresa ha cumplido todas las obligaciones asumidas en virtud del plan de reorganización antes de que venza el plazo para aplicarlo.

El procedimiento de reorganización podrá concluir antes de la fecha de vencimiento únicamente antes de que se apruebe el plan de reorganización. El órgano jurisdiccional concluirá el procedimiento de reorganización antes de la fecha de vencimiento cuando la empresa incumpla la obligación de cooperar o no pague la cantidad establecida por el órgano jurisdiccional como depósito para cubrir la retribución y los gastos del asesor de la reorganización o el experto; cuando el plan de reorganización no se apruebe; cuando la empresa presente una solicitud a tal efecto; cuando los motivos para la apertura del procedimiento de reorganización dejen de existir; cuando los bienes de la empresa se estén dilapidando o los intereses de los acreedores se vean perjudicados; cuando el plan de reorganización no se presente antes de la fecha de vencimiento o cuando la demanda sea ambigua. Si el órgano jurisdiccional concluye el procedimiento de reorganización antes de la fecha de vencimiento, todos los efectos de la apertura de tal procedimiento de reorganización dejarán de existir de forma retroactiva.

Cuando vence el plazo de aplicación del plan de reorganización, concluye el procedimiento de reorganización.

El procedimiento de reorganización también podrá concluir si se anula el plan de reorganización. Se anulará un plan de reorganización cuando la empresa haya sido condenada por un delito de quiebra fraudulenta o por un delito penal relacionado con el procedimiento de ejecución después de que se aprobara el plan de reorganización; cuando la empresa incumpla sustancialmente sus obligaciones en virtud del plan de reorganización, si resulta evidente, transcurrida al menos la mitad del periodo de validez del plan de reorganización, que la empresa no es capaz de cumplir las obligaciones que asumió de conformidad con el plan de reorganización; a instancia del asesor de reorganización si la tasa de supervisión no se paga o si la empresa se niega a ayudar al asesor de la reorganización durante el cumplimiento de la obligación de supervisión o no facilita información al asesor de reorganización que este último necesita para el ejercicio de la supervisión; cuando la empresa presente una solicitud de anulación del plan de reorganización o cuando la empresa se declare en concurso de acreedores. Si se anula el plan de reorganización, los efectos de la apertura del procedimiento de reorganización dejarán de existir de forma retroactiva.

Conclusión del procedimiento de reestructuración de deudas y efectos de la conclusión

El procedimientos de reestructuración de deudas termina cuando la solicitud de reestructuración de la deuda es desestimada o denegada, se anula el plan de reestructuración de la deuda, concluye el procedimiento o vence el plazo de aplicación fijado en el plan de reestructuración de la deuda. Cuando se aplica un plan de reestructuración de la deuda antes de la fecha de vencimiento, el procedimiento concluye si el deudor ha cumplido todas las obligaciones asumidas en virtud del plan de reestructuración antes de que expire el plazo de aplicación del plan de reestructuración.

El órgano jurisdiccional anulará un plan de reestructuración a instancia de un deudor siempre y cuando a este se le declare en concurso de acreedores. El órgano jurisdiccional podrá anular un plan de reestructuración cuando el deudor incumpla sustancialmente sus obligaciones en virtud de dicho plan; cuando resulte evidente, transcurrida al menos la mitad del periodo de validez del plan de reestructuración, que el deudor no es capaz de cumplir las obligaciones asumidas en virtud del mismo, que el deudor no tiene problemas de solvencia o los ha superado, que el deudor ha presentado información sustancialmente incorrecta o incompleta sobre sus bienes, rentas, acreedores u obligaciones, ya sea de forma dolosa o debido a negligencia grave, que el deudor ha pagado a acreedores que no contemplaba el plan de reestructuración, perjudicando así en gran medida los intereses de otros acreedores, que el deudor no ayuda al órgano jurisdiccional o al asesor en el cumplimiento de la obligación de supervisión o no facilita la información necesaria para el ejercicio de la supervisión, o cuando el deudor no pague la cantidad determinada por el órgano jurisdiccional como depósito para cubrir la retribución y gastos de los asesores y expertos. Si se anula un plan de reestructuración, los efectos de admitir la solicitud de reestructuración de la deuda se suspenden de forma retroactiva.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Derechos de los acreedores tras la conclusión del procedimiento concursal

Una vez concluido el procedimiento concursal, los acreedores pueden presentar contra el deudor, conforme al procedimiento general, aquellos créditos que podrían haber presentado durante el procedimiento concursal pero que no presentaron, los créditos que sí presentaron pero que no se satisficieron o contra los que el deudor formuló una objeción. En este caso, los intereses y los intereses moratorios no se calcularán para el periodo del procedimiento concursal.

Si un deudor persona física es liberado de las obligaciones que no cumplió durante el procedimiento concursal, se extinguirán los créditos de los acreedores que son parte del procedimiento concursal contra el deudor, incluidos los créditos de los acreedores del procedimiento concursal que no presentaron sus créditos en dicho procedimiento, excepto las obligaciones destinadas a la indemnización por los daños y perjuicios causados dolosamente mediante un acto ilícito o las obligaciones por pensión de alimentos para un menor o un progenitor.

Después de la conclusión de los procedimientos concursales, los acreedores también pueden presentar créditos nacidos de obligaciones consolidadas que no fueron satisfechos en el procedimiento concursal contra el deudor. Los créditos nacidos durante el procedimiento concursal que no se pudieron presentar en dicho procedimiento también se pueden presentar contra el deudor en virtud del procedimiento general. En este caso, el plazo comienza a contar desde la fecha de conclusión del procedimiento concursal. En la medida en que el crédito de un acreedor admitido en el procedimiento concursal no se satisficiera en dicho procedimiento, la sentencia es el instrumento de ejecución, a menos que el deudor haya formulado una objeción al crédito o el órgano jurisdiccional haya admitido la demanda del acreedor.

Derechos de los acreedores tras la conclusión del procedimiento de reorganización

Si el procedimiento de reorganización concluye cuando vence el plazo para aplicar un plan de reorganización, un acreedor puede ejecutar un crédito reestructurado en virtud del plan de reorganización únicamente en la medida en que se acordara en el plan pero no se cumpliera de conformidad con el plan en cuestión.

Si un plan de reorganización se anula o se suspende de forma prematura, los efectos de la apertura del procedimiento de reorganización dejarán de existir de forma retroactiva. El derecho de un acreedor cuyo crédito se reestructuró en virtud del plan de reorganización se restablece contra la empresa en el importe inicialmente previsto. También se deben tener en cuenta los beneficios del acreedor en el curso de la aplicación del plan de reorganización.

Derechos de los acreedores tras la conclusión del procedimientos de reestructuración de deudas

Cuando se deniega o desestima una solicitud o cuando concluye un procedimiento, todos y cada uno de los efectos derivados de la admisión de la solicitud dejarán de existir de forma retroactiva. El derecho de un acreedor cuyo crédito se reestructuró en virtud del plan de reorganización se restablece contra el deudor en el importe inicialmente previsto. También se deben tener en cuenta los beneficios del acreedor en el curso de la aplicación del plan de reestructuración.

Tras el vencimiento del plazo de aplicación del plan de reestructuración, un acreedor puede ejecutar un crédito reestructurado en virtud del plan de reestructuración únicamente en la medida en que se acordara en el plan pero no se cumpliera de conformidad con el plan en cuestión.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Procedimiento concursal

Cuando una solicitud de concurso se satisface o cuando el procedimiento concursal concluye en un convenio de acreedores, las costas y gastos incurridos en dicho procedimiento se pagan con cargo a la masa concursal. Si el órgano jurisdiccional desestima o deniega la solicitud de concurso de un acreedor o si el procedimiento concluye porque el acreedor retira la solicitud de concurso, el acreedor reembolsará las costas y gastos incurridos en el procedimiento concursal. En caso de extinguirse el procedimiento concursal, el órgano jurisdiccional determinará el reparto de las costas y gastos incurridos en el procedimiento concursal de acuerdo a las circunstancias.

Si el procedimiento abierto a instancia del deudor concluye por extinción sin que se declare el concurso y los bienes del deudor no son suficientes para hacer frente a los pagos debidos, el órgano jurisdiccional ordenará al deudor el pago de la retribución y los gastos del administrador provisional sujetos a reembolso, pero podrá ordenar que se rembolsen con cargo a los fondos de la masa concursal. Los pagos relativos a la retribución y los gastos del administrador provisional retirados de la masa concursal no excederán de 397 EUR (incluyendo los impuestos establecidos por ley, salvo el impuesto sobre el valor añadido). El órgano jurisdiccional no ordenará que la retribución y los gastos del administrador provisional se paguen con cargo a los fondos de la masa concursal cuando el deudor, un acreedor o un tercero hayan transferido la cantidad determinada por el órgano jurisdiccional como depósito para cubrir la retribución y los gastos del administrador provisional sujetos rembolso a la cuenta prevista con este fin.

Procedimiento de reorganización

Si se inicia un procedimiento de reorganización, el órgano jurisdiccional establecerá un plazo durante el cual la empresa deberá transferir el importe determinado por el órgano jurisdiccional como depósito para cubrir la retribución y los gastos iniciales del asesor de la reorganización a la cuenta prevista con este fin. Si la empresa no abona esta cantidad, el órgano jurisdiccional dará el procedimiento de reorganización por terminado. El órgano jurisdiccional fijará el importe de la retribución y los gastos del asesor de la reorganización que deberán abonarse cuando se comunique quién es dicho asesor o cuando se apruebe el plan de reorganización sobre la base del informe de las actividades y gastos del asesor de la reorganización.

Si el órgano jurisdiccional involucra a expertos en el procedimiento de reorganización, estos expertos tienen derecho a que se les rembolsen los gastos incurridos en el cumplimiento de sus obligaciones, siempre que sean necesarios y justificados, y a recibir una retribución por el cumplimiento de sus funciones. El órgano jurisdiccional fijará el importe de la retribución y los gastos del experto que deberán rembolsarse cuando se comunique quién es el experto a partir del informe sobre las actividades y gastos del experto que se haya presentado dentro del plazo establecido por el órgano jurisdiccional. A la hora de fijar la retribución del experto, el órgano jurisdiccional también puede oír a la empresa.

Procedimiento de reestructuración de deudas

El deudor sufraga las costas y los gastos ocasionados en el procedimiento de reestructuración de deudas. Las costas procesales de los acreedores correrán a cargo de los propios acreedores. El órgano jurisdiccional podrá ordenar al deudor que sufrague las costas procesales de los acreedores si el deudor presentó dolosamente una solicitud de reestructuración de la deuda injustificada o causó gastos procesales a los acreedores de cualquier otro modo, presentando dolosamente información falsa o una solicitud u objeción injustificadas. El Estado no concederá al deudor ningún tipo de asistencia procesal para pagar las tasas estatales. Si el plan de reestructuración de la deuda se aplica, el deudor no tiene que rembolsar los gastos de la asistencia procesal concedida por el Estado. Si se designa un asesor o experto, el órgano jurisdiccional determinará el importe que el deudor debe transferir como depósito para cubrir la retribución y los gastos del asesor o experto a la cuenta prevista con este fin.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Procedimiento concursal

Cuando se declara el concurso, el derecho del deudor a administrar y disponer de la masa concursal se transfiere al administrador concursal. Una vez declarado el concurso, cualquier disposición del deudor respecto a los objetos que forman parte de la masa concursal es nula de pleno derecho. En el caso de que el deudor sea una persona física, puede disponer de la masa concursal con el consentimiento del administrador. Cualquier disposición sin el consentimiento del administrador intereses moratorios será nula y sin efecto.

El órgano jurisdiccional puede revocar, mediante un procedimiento de recuperación, cualquier transacción u otra acción del deudor que se concluya o realice antes de la declaración de concurso y que perjudique los intereses de los acreedores. Si se ha concluido una transacción sujeta a recuperación o se ha llevado a cabo cualquier otra acción sujeta a recuperación durante el periodo que va de la designación de un administrador provisional a la declaración de concurso, se considera que la transacción o la acción han perjudicado los intereses de los acreedores.

El deudor, un acreedor o el administrador concursal pueden solicitar que el órgano jurisdiccional revoque una resolución de la junta general de acreedores si esta es contraria a Derecho o se hizo contraviniendo el procedimiento previsto en la ley o si el derecho a impugnar la resolución está estipulado directamente en la ley. También se puede solicitar la revocación de una resolución de la junta general de acreedores si la resolución perjudica los intereses comunes de los acreedores.

Si se ha iniciado un procedimiento para liberar a un deudor que es persona física de sus obligaciones, el órgano jurisdiccional, a instancia del acreedor, puede anular la resolución que libera al deudor de aquellas obligaciones que no se cumplieron durante el procedimiento concursal dentro del plazo de un año desde la emisión de la resolución, si se hace evidente que el deudor ha incumplido sus obligaciones dolosamente durante el procedimiento para la liberación del deudor de sus obligaciones y de ese modo ha impedido sustancialmente la satisfacción de los créditos de los acreedores.

Si el deudor y los acreedores acuerdan firmar un convenio de acreedores después de la declaración de concurso, el órgano jurisdiccional podrá anular tal convenio si el deudor incumple las obligaciones derivadas del convenio, es condenado por un delito de quiebra fraudulenta o por un delito penal relacionado con el procedimiento de ejecución o cuando, transcurrida al menos la mitad del periodo de validez del convenio de acreedores, resulta evidente que el deudor no es capaz de cumplir las condiciones del convenio de acreedores. La anulación de un convenio de acreedores afecta a todos los acreedores que participaron en él, y, por tanto, protege al conjunto de acreedores.

Procedimiento de reorganización

El órgano jurisdiccional anulará un plan de reorganización cuando la empresa haya sido condenada por un delito de quiebra fraudulenta o por un delito penal relacionado con el procedimiento de ejecución después de que se haya aprobado el plan de reorganización; cuando la empresa incumpla sustancialmente sus obligaciones en virtud del plan de reorganización; cuando resulte evidente, transcurrida al menos la mitad del periodo de validez del plan de reorganización, que la empresa no es capaz de cumplir las obligaciones que asumió de conformidad con el plan de reorganización; a instancia del asesor de reorganización si la tasa de supervisión no se paga o si la empresa no ayuda al asesor de la reorganización en el cumplimiento de la obligación de supervisión o no facilita información al asesor de la reorganización que este último necesita para el ejercicio de la supervisión; a instancia de la empresa o si la empresa se declara en concurso de acreedores. El de un acreedor cuyo crédito fue reestructurado en virtud del plan de reorganización se restablece contra la empresa en el importe inicial previsto, y teniendo en cuenta también los beneficios del acreedor en el curso de la aplicación del plan de reorganización.

Procedimiento de reestructuración de deudas

El órgano jurisdiccional anulará un plan de reestructuración a instancia del deudor o si a este se le declara en concurso de acreedores; si el deudor incumple sustancialmente las obligaciones derivadas del plan de reestructuración; si resulta evidente, transcurrida al menos la mitad del periodo de validez del plan de reestructuración, que el deudor no es capaz de cumplir las obligaciones que asumió en virtud del plan, el deudor no tiene problemas de solvencia o los ha superado y la reestructuración de los créditos de los acreedores ya no es justa para los acreedores debido a un cambio sustancial en las circunstancias; si el deudor ha presentado información significativamente incorrecta o incompleta sobre sus bienes, rentas, acreedores u obligaciones, ya sea de forma dolosa o debido a negligencia grave; si el deudor ha pagado a acreedores que no contemplaba el plan de reestructuración, perjudicando así en gran medida los intereses de otros acreedores; si el deudor no ayuda al órgano jurisdiccional o al asesor en el cumplimiento de la obligación de supervisión o no facilita la información necesaria para el ejercicio de la supervisión, o si el deudor no paga la cantidad determinada por el órgano jurisdiccional como depósito. El derecho de un acreedor cuyo crédito se reestructuró en virtud del plan de reorganización se restablece contra el deudor en el importe inicialmente previsto. También se deben tener en cuenta los beneficios del acreedor en el curso de la aplicación del plan de reestructuración.

Última actualización: 12/02/2018

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Insolvencia - Grecia

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Se puede iniciar un procedimiento concursal contra comerciantes y asociaciones de personas con personalidad jurídica que persigan un objetivo económico.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Para incoar un procedimiento, el propio deudor, un acreedor con interés legítimo o el fiscal del tribunal de primera instancia deberán presentar la solicitud (eisangeléas protodikón) si hay consideraciones de interés público. Requisitos para incoar un procedimiento: a) cuando la solicitud se haya presentado por parte de un acreedor, el deudor deberá estar en situación de suspensión de pagos; b) cuando la solicitud se haya presentado por parte del deudor, bastará con la probabilidad de que sea incapaz de pagar sus deudas. El tribunal establecerá la fecha de suspensión de pagos, que no podrá ser superior a dos años antes de la fecha de publicación de la resolución. El presidente del tribunal, a petición de cualquier persona que tenga interés legítimo, podrá ordenar cualquier medida que se estime necesaria para prevenir cambios en los bienes del deudor que puedan ser perjudiciales para los acreedores. Tales medidas dejarán de aplicarse automáticamente cuando se dicte la resolución que declare el concurso.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

La masa concursal (ptocheutikí periousía) incluye todos los bienes que sean propiedad del deudor, independientemente de dónde se encuentren en la fecha en que se efectúa la declaración de concurso. Ello no incluye a) los bienes inembargables, tales como los bienes que son absolutamente necesarios para la subsistencia básica del deudor y su familia, ni bienes que el deudor necesite para poder trabajar con el fin de subsistir, o b) cualquier bien excluido en virtud de disposiciones legislativas específicas. No incluye tampoco ningún bien adquirido por el deudor después de la declaración de concurso.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Con efectos a partir de la declaración de concurso, el insolvente pierde la capacidad de gestionar sus bienes, es decir, de administrarlos y disponer de ellos. Cualquier acto de gestión por parte del deudor sin que medie consentimiento del administrador concursal (sýndikos) será inejecutable. El administrador será quien gestione los bienes. Solo en los casos excepcionales que establezca la ley, el deudor podrá ocuparse de la gestión de sus propios bienes. El administrador designado deberá ser un abogado con al menos cinco años de experiencia. El juez ponente del tribunal (eisigitís dikastís) supervisará el trabajo del administrador. Algunos de los actos del administrador requieren la autorización del tribunal que conoce del procedimiento concursal (el «tribunal concursal», ptocheutikó dikastírio). La responsabilidad última en la dirección del procedimiento concursal corresponde al tribunal concursal.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Una declaración de concurso no afecta al derecho del acreedor a alegar una compensación contra una demanda de reconvención del deudor, siempre que se reúnan las condiciones de compensación antes de la declaración de concurso. Cualquier prohibición de compensación también será aplicable al concurso.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Cualquier contrato bilateral que esté pendiente de cumplimiento en la fecha de la declaración de concurso, y del que el deudor sea parte permanecerá en vigor, salvo que el Código concursal disponga lo contrario. Tras obtener la autorización del juez ponente, el administrador tiene derecho a cumplir cualquier contrato pendiente y exigir a las contrapartes el cumplimiento. Cualquier contrato de carácter duradero permanecerá en vigor, salvo que la ley especifique lo contrario. Los contratos financieros quedan excluidos. Las disposiciones del régimen concursal no afectan al derecho de resolución de conformidad con la ley o el contrato. La declaración de concurso permite justificar la terminación de los contratos de carácter personal de los que el deudor es parte. El administrador podrá transferir una relación contractual en la que el deudor es la contraparte de un tercero. Las relaciones laborales terminan tras una declaración de concurso.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Tras una declaración de concurso, se suspenden automáticamente todos los procedimientos a instancia de acreedores individuales contra el deudor para satisfacer sus pretensiones o cobrar sus créditos en el ámbito de aplicación de la insolvencia, sin perjuicio de las disposiciones de los acreedores garantizados, para los cuales la suspensión no se aplicará a las garantías que formen parte de la masa concursal. No obstante, se podrá aplicar una suspensión de algunos meses a aquellos acreedores sujetos a determinadas condiciones. En concreto, tras la declaración de concurso, están prohibidos los siguientes actos: proseguir las acciones, interponer demandas declarativas o de condena, continuar con dichas demandas, interponer o conocer de apelaciones, y dictar decretos de carácter administrativo o fiscal, o ejecutarlos sobre los bienes de la masa concursal.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

El administrador proseguirá con todos los procesos judiciales pendientes que pueda haber en la fecha de la declaración de concurso en los que el deudor sea el acreedor. Si él es el deudor, los procesos judiciales se suspenderán y se seguirá con el procedimiento de presentación y verificación.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Los acreedores deberán presentar sus demandas contra el deudor en el Registro de Resoluciones Concursales (grammatéas ton ptocheúseon). Todos los acreedores, independientemente de los privilegios o garantías, incluyendo aquellos cuyas reclamaciones son condicionales, forman la junta de acreedores (synéleusi ton pistotón). La primera reunión se convoca en la sentencia que declare el concurso. La junta podrá elegir a un comité de acreedores de tres miembros (epitropí pistotón), que podrá, a su vez, designar a un representante común para todos los miembros. El comité de acreedores de tres miembros supervisará el desarrollo de los procedimientos concursales.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Al concluir el inventario de los bienes muebles e inmuebles del deudor, el administrador podrá consultar al juez ponente y pedir permiso para vender bienes o bienes muebles incluidos en la masa, pero solo para satisfacer las necesidades actuales. Solamente tras concluir la verificación de los acreedores, y siempre que no se acepte o ratifique un plan de reorganización de la empresa, o si dicha aceptación o ratificación se cancela, el administrador podrá liquidar los bienes del deudor y distribuir los ingresos a los acreedores disponiendo de la empresa como un todo o de sus bienes de forma individual. Se puede disponer de los bienes inmuebles del deudor únicamente con la autorización del tribunal concursal, concedida a una petición del administrador y a partir de un informe del juez ponente.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Todos los acreedores del deudor podrán presentar sus reclamaciones y entregar sus documentos en el Registro de Resoluciones Concursales sin importar si sus créditos son privilegiados o si están o no garantizados mediante garantías reales. Los acreedores incluidos en los procedimientos de insolvencia son aquellos que, en la fecha de la declaración de concurso, tienen un derecho pecuniario contractual frente al deudor que se ha generado previamente y que se puede reclamar ante un órgano jurisdiccional. No se puede presentar ningún crédito generado después de la apertura del procedimiento de insolvencia. Las costas procesales del administrador, las incurridas para la gestión de la masa, la remuneración del administrador y cualquier crédito sobre la masa (omadiká pistómata) se deducirán previamente, después de la decisión de liquidar la masa concursal, y se satisfarán antes de proceder al pago de los acreedores del deudor según el orden de prelación.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Los créditos se deben presentar por escrito en el Registro de Resoluciones Concursales, especificando su tipo, causa, fecha de generación, etc., dentro del plazo de un mes desde la fecha de publicación de la sentencia que declare la insolvencia en el Boletín de Noticias Jurídicas de la Caja de Abogados (Deltío Dikastikón Dimosieúseon tou Tameíou Nomikón). Aun cuando haya vencido el plazo de presentación anteriormente mencionado, el acreedor podrá presentar un escrito de oposición (anakopí) y una petición para que el tribunal de insolvencia verifique su crédito. Lo siguiente se aplica para la verificación: a) se lleva a cabo por el administrador en presencia del juez ponente tres días después de que se establezca el plazo de vencimiento para presentar créditos; b) un acreedor cuyo crédito se está verificando podrá ocuparse de la verificación de forma personal o a través de un tercero debidamente autorizado; c) la verificación se lleva a cabo comparando los documentos del acreedor con los libros y documentos del deudor; d) el juez ponente elabora un informe sobre la verificación de los acreedores; e) en caso de duda, el juez ponente decidirá si se admite el crédito, pudiendo admitirlo de forma provisional; f) el deudor, el administrador y los acreedores cuyos créditos se han aceptado previamente podrán formular objeciones durante la verificación. No existe un sitio web ad hoc que facilite impresos específicos para el procedimiento mencionado. No obstante, hay impresos específicos disponibles en el Registro de Resoluciones Concursales en el tribunal de primera instancia (protodikeío).

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Cuando se ha tomado la decisión de liquidar la masa concursal, el administrador, sin dilaciones indebidas, elabora una lista de distribución y la entrega al juez ponente. Este último declarará la lista ejecutable y la publicará en su oficina. En la distribución se tendrán en cuenta los siguientes privilegios generales: i) los créditos que resulten de todo tipo de financiación que se haya proporcionado con el fin de mantener en funcionamiento la actividad del deudor; ii) las deudas para el tratamiento médico del deudor y los gastos funerarios; iii) los créditos para el suministro de los alimentos básicos; iv) las deudas contraídas con los empleados con respecto a su empleo, los honorarios de abogados; v) las deudas contraídas con los agricultores; vi) las deudas contraídas con el Estado heleno y las autoridades locales; vii) las deudas contraídas con el fondo de garantía (synengyitikó), y los privilegios específicos de acreedores, tales como créditos privilegiados sobre un bien mueble o inmueble del deudor o sobre una cantidad de dinero. Cuando se dé una concurrencia de privilegios en el caso de ingresos por la enajenación de un bien o una cantidad de dinero, las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Civil aplican mutatis mutandis.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

El deudor y el administrador deberán entregar un plan de reorganización al tribunal de insolvencia. El plan debe incluir información sobre la capacidad financiera del deudor y la propuesta de satisfacción de los acreedores, una descripción de las medidas que se van a tomar como los cambios organizativos y los planes de negocios, la formación de derechos y la clasificación general de cada acreedor, etc. El tribunal concursal procederá, de oficio y de forma preliminar, al examen del plan en un plazo de veinte días desde su presentación, y podrá rechazarlo por los motivos específicos establecidos por ley. Si el tribunal no rechaza el plan, este establece un plazo no inferior a tres meses para que los acreedores lo acepten o no, y una fecha en la que los acreedores tienen que reunirse. La deliberación y el voto relativo al plan tienen lugar en presencia del juez ponente. Se requiere una mayoría especial para aceptar el plan. Tras la aceptación del plan de reorganización de la empresa por parte de los acreedores, se entrega al tribunal para su ratificación. Después de que se dicte una sentencia firme de aprobación del plan, esta pasa a ser vinculante para todos los acreedores, independientemente de la jerarquía y de si han presentado o no sus créditos. Se pone fin al procedimiento concursal. Los acreedores podrán interponer recursos de forma individual.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Tras la declaración de conclusión del concurso, se pone fin al desapoderamiento del deudor, que vuelve a poder administrar sus bienes, y los acreedores pueden nuevamente iniciar procedimientos de forma individual. En concreto, los procedimientos concursales se terminan tras la liquidación de los bienes; el administrador presentará un informe en el plazo de un mes.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Las costas y gastos de los procedimientos concursales se cargan a la masa concursal.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Cualquier acto realizado por el deudor en el periodo comprendido entre la suspensión de pagos y la declaración de concurso (el «período de sospecha», ýpopti períodos) que sea perjudicial para el conjunto de acreedores podrá ser revocado (actos sujetos a la revocación potencial, práxeis dynitikís anáklisis) o deberá ser revocado (actos sujetos a la revocación obligatoria, práxeis ypochreotikís anáklisis) de conformidad con los términos y condiciones establecidos en ley concursal. El administrador y, bajo determinadas condiciones, el acreedor, podrán interponer un recurso de revocación ante el tribunal concursal. Cualquiera que haya adquirido alguno de los bienes del deudor sobre la base de un acto revocado deberá devolverlo a la masa concursal.

Última actualización: 13/02/2018

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Insolvencia - España

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

El procedimiento judicial de insolvencia, denominado concurso de acreedores, resulta aplicable tanto al deudor civil como al comerciante, persona física o jurídica. La Ley 25/2015, de 28 de Julio ha introducido especialidades para el concurso del deudor persona física, especialmente para permitir liberar al deudor de las deudas no satisfechas en el concurso.

Cualquier deudor puede ser declarado en concurso, sea persona física (también los menores o incapaces) o jurídica, empresario o consumidor, aunque en la ley se contienen algunas especialidades en relación con la clase de deudor de que se trate, especialmente en el supuesto de sociedades mercantiles o de consumidores.

Las personas jurídicas pueden ser declaradas en concurso, aunque se encuentren en liquidación. Es irrelevante que formen parte de un grupo de empresas, resultando posible la declaración de concurso de una o varias empresas insolventes en él integradas, pero no del grupo como tal.

Puede ser declarada en concurso la herencia, en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.

No pueden ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

2.1 Condiciones para la apertura del procedimiento de insolvencia:

La Ley exige como condiciones para declarar el concurso determinados requisitos subjetivos y objetivos.

A) Presupuesto subjetivo: cualquier deudor puede ser declarado en concurso, sea persona física o jurídica, empresario o consumidor, aunque en la ley se contienen algunas especialidades en relación con la clase de deudor de que se trate, especialmente en el supuesto de sociedades mercantiles o de consumidores.

No pueden ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

B) Presupuesto objetivo: es la insolvencia del deudor, entendida como imposibilidad de pagar regularmente sus obligaciones exigibles.

2.2 Partes que pueden solicitar la apertura del procedimiento:

En función de si el concurso es solicitado por el deudor o por los acreedores los requisitos para su presentación varían.

Si el concurso se solicita por el deudor, - concurso voluntario-, éste debe justificar ante el tribunal que se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que no puede pagar regularmente sus obligaciones exigibles. En el caso de que la insolvencia sea actual existe un deber de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que el deudor conozca o debiera haber conocido su situación de insolvencia.

No obstante, la ley permite que en este plazo de dos meses el deudor comunique al juzgado que está negociando con sus acreedores un acuerdo para refinanciar su deuda, en cuyo caso el plazo se interrumpe durante las negociaciones y los acreedores no podrán iniciar la ejecución separada de los bienes del deudor necesarios para el ejercicio de su actividad durante tres meses. Transcurrido este plazo, si no se alcanza el acuerdo con los acreedores, el deudor deberá solicitar el concurso en el plazo de un mes.

Con su solicitud el deudor está obligado a presentar determinados documentos, tales como una memoria sobre su actividad económica, un inventario de sus bienes, la lista de sus acreedores con indicación de las garantías de los créditos, una relación de sus trabajadores y la contabilidad si estuviera obligado a llevarla.

El deudor, que puede ser una persona física o una persona jurídica, tiene la obligación de solicitar el concurso cuando se encuentre en una situación de insolvencia actual, que se define como aquella situación en la que una persona no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. En cambio si la insolvencia es inminente, -todavía no existe pero se prevé que va a ocurrir-, el deudor está simplemente facultado para solicitar la declaración de concurso.

La presentación de la solicitud ante el juzgado de lo mercantil debe cumplir unos requisitos imperativos, previstos en el artículo 6.2 de la Ley Concursal (memoria expresiva de su historia económica y jurídica; indicación de si desarrolla una actividad económica; si es una persona jurídica identificará a sus socios, administradores o liquidadores y al auditor de cuentas; inventario de sus bienes y derechos, con los correspondientes datos para su identificación; relación alfabética de los acreedores, con indicación del domicilio, cuantía y vencimiento de los créditos, y de las garantías existentes; relación en su caso de los trabajadores con los que cuente; si está obligado a llevar contabilidad debe aportar los libros de cuentas, y si pertenece a un grupo de empresas deberá indicarlo y presentar las cuentas consolidadas del grupo).

El deudor soporta un deber de colaboración con el juez del concurso y con la administración concursal, no sólo en un sentido pasivo, de someterse a los requerimientos que se le formulen, sino activo, de informar sobre cuanto resulte trascendente. Este deber implica un  deber de comparecer (ante el juzgado y ante los administradores), de colaborar, y de informar. Estos deberes alcanzan al deudor persona física y a los administradores, de hecho o derecho, de la persona jurídica, actuales o que hubieren desempeñado el cargo en los dos años anteriores.  El incumplimiento de este deber se tipifica como presunción de dolo o culpa grave, a los efectos de declaración del concurso como culpable (para los casos en que la sección de culpabilidad se abra, esto es, por aprobación de un convenio perjudicial o apertura de la liquidación).

El deudor puede ser declarado responsable de la insolvencia y ser sancionado.  Una de las finalidades del concurso es la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor, o de otros sujetos vinculados a él, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en su generación o agravamiento, depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades a través del cuadro de sanciones que recogen los arts. 172 y 172 bis de la Ley Concursal.

2.3 Procedimiento de apertura y momento en el que el procedimiento produce efectos:

El Juez examinará la documentación presentada y si se justifica la insolvencia o su inminencia, declarará al deudor en concurso de acreedores el mismo día de la solicitud o el siguiente. Si la documentación presentada resulta incompleta, el juez podrá dar un plazo único de cinco días para completarla.

La declaración de concurso también puede ser solicitada por cualquiera de los acreedores, en cuyo caso el concurso recibe la denominación de necesario. El acreedor solicitante debe justificar la insolvencia actual del deudor y debe presentar un título por el que se haya despachado ejecución contra el deudor y no se hayan obtenido bienes suficientes para el cobro de su deuda o bien justificar la existencia de ciertos hechos de los que se presume la insolvencia, como son: el haber dejado de pagar de modo general sus obligaciones, la existencia de embargos generalizados sobre su patrimonio, el alzamiento o liquidación apresurada de sus bienes o el impago de determinadas deudas cualificadas (hacienda, seguridad social, créditos laborales).

Solicitado el concurso por algún acreedor, se cita al deudor y éste cuenta con la posibilidad de oponerse a la declaración de concurso. En tal caso el juez convocará a una vista en la que las partes podrán proponer pruebas con algunas limitaciones, y el juez decidirá si existe o no la situación de insolvencia actual y declarará en su caso el concurso. También lo declarará si el deudor lo acepta o no se opone o no comparece a la vista.

El deudor persona natural en situación de insolvencia actual o inminente que tenga un pasivo estimado no superior a cinco millones de euros puede solicitar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. También pueden hacerlo las personas jurídicas que cumplan los requisitos previstos en el artículo 231 de la Ley Concursal.

La resolución judicial declarando el concurso produce efectos desde que se dicte, aunque se interponga recurso.

2.4 Publicidad de la declaración de insolvencia:

La publicación de la declaración del concurso se realizará preferentemente por medios electrónicos, y un extracto de la resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado, aunque el juez puede acordar su publicación en más medios si lo considera imprescindible.

2.5 Medidas provisionales:

A petición del solicitante del concurso, y en su caso previa prestación de una caución para asegurar posibles responsabilidades, al admitir a trámite la solicitud el juez podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor, en la forma prevista en la legislación procesal general.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

3.1 Bienes que integran la masa activa:

Forman parte de la masa (denominada “masa activa”) todos los bienes y derechos del deudor en la fecha de la declaración del concurso, así como todos los que adquiera o se reintegren durante el procedimiento. Se exceptúan aquellos bienes que la ley declara inembargables.

Los acreedores privilegiados sobre buques o aeronaves podrán separar éstos de la masa mediante el ejercicio de las acciones que concede la legislación sectorial.

En el caso de concurso del deudor persona física que se encuentre casado, formarán parte de la masa activa sus bienes privativos, y si su régimen económico es de comunidad, también se integrarán los bienes comunes, cuando éstos deban responder de las obligaciones del deudor.

El concurso no supone el cese de actividad del deudor, que podrá continuar desarrollando la explotación de su empresa, según el régimen de autorización o suspensión de sus facultades que se haya acordado. En general se exigirá la autorización de la administración concursal para los actos de administración o disposición en los casos de intervención de facultades, pero es posible que se autoricen ciertos actos con carácter general si forman parte de la actividad normal de la empresa. En principio, hasta la aprobación del convenio o la apertura de la liquidación no se pueden gravar bienes para financiar a la empresa en concurso sin autorización del juez. En el apartado siguiente se expone el régimen de la suspensión o intervención de las facultades del deudor.

La financiación a través de nuevos ingresos de tesorería en el marco de un proceso de refinanciación tiene parcialmente (en su mitad) la consideración de crédito contra la masa.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

4.1 Competencias del deudor:

En principio, se parte de la diferenciación entre concurso voluntario y concurso necesario (art. 22), determinándose que en el primero el deudor conserva la administración y disposición de su patrimonio, quedando sometido a la intervención de los administradores, mediante su autorización o conformidad. Para el concurso necesario, la regla es la contraria, previéndose la suspensión para el deudor de las facultades de administración y disposición de su patrimonio, siendo sustituido por la administración concursal. La regulación no pretende sancionar al concursado, sino que su fin es conservar el patrimonio, asegurar el resultado del procedimiento.

El criterio, no obstante, es el de la continuación de la actividad económica del deudor, razón por la que el artículo 44 permite al administrador concursal el establecimiento de un catálogo de actividades que por su naturaleza y cuantía queden exonerados del necesario control.  El sistema es de carácter flexible, pues se prevé que por resolución motivada pueda el juez determinar la suspensión de facultades en el caso del concurso voluntario y la mera intervención, con el régimen de autorización o de conformidad, en el caso del concurso necesario, señalando los riesgos que se pretenden evitar y las ventajas que se quieran obtener.

De igual forma, el régimen inicial de limitación o sustitución de facultades, puede ser modificado en cualquier momento ulterior también mediante resolución motivada, y a instancia de la administración concursal, y oído el concursado (no de oficio), con la exigencia de que a tal cambio se le dé la misma publicidad que fue dada a la declaración del concurso.

Terminado el concurso la limitación de las facultades concluye. En otro caso, se prolonga hasta la aprobación del convenio, que podrá establecer medidas limitativas o prohibitivas de aquéllas. Si el concurso concluye en liquidación, la apertura de esta fase comporta la suspensión del deudor.

La LC, como regla general, quiere que el patrimonio del deudor afecto al concurso se mantenga inalterado, sin embargo en ciertos casos resulta posible proceder durante el concurso a la venta de bienes del deudor con autorización judicial, que no será necesaria en ciertos casos. También resulta posible la venta de unidades productivas durante el concurso, en la forma que establece el artículo 146 bis.

Como excepción a la regla general de continuidad de la actividad del deudor en concurso, se prevé que a instancia de la administración concursal, oído el deudor y los representantes de los trabajadores, se pueda proceder al cierre de las oficinas o al cese de la actividad del deudor. Cuando ello suponga la extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos de trabajo, el juez actuará conforme a normas especiales.

La ley también establece obligaciones específicas respecto de la contabilidad del deudor y se regulan separadamente los efectos del concurso sobre los órganos de las personas jurídicas en concurso.

4.2 Nombramiento y competencias del Administrador Concursal:

El administrador concursal es un órgano necesario, auxiliar del juez, que tiene encomendada la gestión del concurso. Declarado el concurso, el juez ordenará la formación de la denominada sección segunda, en la que se incluirá todo lo relativo a su nombramiento, estatuto, facultades y responsabilidad.

El administrador concursal es elegido entre las personas físicas y jurídicas inscritas voluntariamente en el Registro Público Concursal, de conformidad con las condiciones desarrolladas reglamentariamente. A estos fines, se distingue entre concursos de tamaño pequeño, mediano y grande. La primera designación de la lista se hará mediante sorteo y posteriormente se realizará por el turno correlativo, con excepción de los concursos de gran tamaño, en los que el juez motivadamente podrá designar al administrador concursal que considere más conveniente, siguiendo los criterios que la ley señala. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El juez  nombrará administradores concursales de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate de concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de entidades aseguradoras.

Normalmente se designa un solo administrador concursal.  Por excepción en aquellos concursos en que exista una causa de interés público que así lo justifique, el juez del concurso podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración Pública acreedora o a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella.

El artículo 33 de la Ley Concursal relaciona con detalle las funciones del administrador concursal, que clasifica en funciones de carácter procesal, propias del deudor o de sus órganos de administración, en materia laboral, relativas a los derechos de los acreedores, funciones de informe y evaluación, de realización de valor y liquidación  y de secretaría. Su función más relevante es la de presentar el informe previsto en el artículo 75, al que unirá una propuesta de inventario y la lista de acreedores.

La retribución del administrador concursal se fija por el juez de conformidad con un arancel, tal como se determina en un Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre.

El administrador concursal designado ha de aceptar el cargo y puede ser recusado o separado por el juez concurriendo justa causa. Puede también designar auxiliares delegados que le asistan en su función.

4.3 El juez del concurso:

La competencia para conocer de los procesos concursales corresponde a la justicia mercantil, como rama especializada dentro de la jurisdicción civil. El juez declara el concurso y dirige el procedimiento. El artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio) estable un catálogo de competencias de los jueces mercantiles, entre ellas, de manera destacada, cuantas cuestiones se susciten en materia concursal.

En la declaración de concurso, o antes con carácter cautelar,  el juez puede limitar derechos fundamentales del deudor. Estas limitaciones pueden consistir en: a) intervención de las comunicaciones, postales y telefónicas; b) limitación el deber de residencia, con posibilidad de arresto domiciliario; y c) entrada y registro en el domicilio.  Si el deudor fuera una persona jurídica estas medidas pueden adoptarse  también respecto de todos o alguno de los administradores o liquidadores (los actuales y los que hubieren desempeñado el cargo dentro de los dos años anteriores).

Por su parte, el artículo 8 de la Ley Concursal atribuye al juez del concurso competencia “exclusiva y excluyente” sobre un conjunto de materias, en general sobre todas aquellas acciones que se dirijan o tengan una relación directa con el patrimonio del deudor concursado. También tiene competencia para acordar o suspender colectivamente los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado y para conocer de las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores de la sociedad concursada.

Con carácter prejudicial, a los solos efectos del proceso concursal, su competencia se extiende también a cuestiones administrativas o sociales directamente  relacionadas con el concurso.

La Ley Concursal establece normas sobre competencia internacional y territorial  y normas procesales específicas sobre el cauce procesal a seguir, que prevalecen sobre las establecidas en la legislación procesal general.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Declarado el concurso, no resulta posible la compensación de créditos o deudas del concursado. Pero sí se admite la compensación cuando sus requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración del concurso, aunque la resolución que los declare se dicte con posterioridad. Estos requisitos están previstos con carácter general en el art. 1196 del Código Civil (reciprocidad principal de los créditos, homogeneidad de prestaciones, vencimiento y carácter líquido y exigible).

Esta regla se excepciona en los concursos con elemento extranjero, cuando la Ley aplicable al crédito recíproco del concursado lo permita en situaciones de insolvencia.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

6.1 Efectos sobre los contratos en los cuales el deudor sea parte:

La Ley Concursal regula los efectos del concurso sobre los contratos celebrados por el concursado con terceros que antes de la declaración del concurso estén pendientes de cumplimiento; el problema se plantea con referencia a los contratos bilaterales, pues los unilaterales determinarán el reconocimiento del crédito del tercero que resulte acreedor o la exigencia frente a éste del crédito para integrarlo en la masa activa, tal como expresa el apartado primero del art. 61. Los contratos celebrados con administraciones públicas se regirán por la legislación administrativa especial.

Como principio general, el artículo 61.2 establece que la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. Las indemnizaciones resultantes de la resolución también son crédito contra la masa.

Reforzando la vigencia de estos contratos, la Ley tiene por no puestas las cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o de extinción del contrato por la sola causa de la declaración del concurso de cualquiera de las partes.

Si resulta conveniente para el interés del concurso, se permite la resolución del contrato, que podrá solicitarse del juez del concurso por la administración concursal -en caso de suspensión-, o por el deudor, -en caso de intervención-. En tales supuestos, el juez habrá de citar de comparecencia al concursado, a la administración concursal y a la otra parte contractual. Si existe acuerdo entre los comparecientes, dictará auto declarando la resolución del contrato. En otro caso, se tramitará la controversia por el cauce del incidente concursal, y el juez resolverá lo que corresponda sobre restitución de prestaciones e indemnizaciones que procedan, que se satisfarán con cargo a la masa, lo que, claramente, puede no ser interesante, cuando su importe sea elevado.

6.2 Resolución por incumplimiento:

De conformidad con el art. 62, la declaración de concurso no afectará a la resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes. Si se trata de contratos de tracto sucesivo, la facultad resolutoria podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración del concurso. No obstante, aunque exista causa de resolución, el juez atendiendo al interés del concurso, puede acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado.

La acción resolutoria se ejercitará ante el juez del concurso, por el cauce del incidente concursal. Estimada la demanda, -acordada, por tanto, la resolución del contrato-, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiere cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración del concurso; si fuere posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. El crédito comprenderá el resarcimiento por los daños y perjuicios que procedan. (art. 62.4).

La ley dedica un precepto específico, el art. 64, a la regulación de los efectos sobre los contratos de trabajo, y regula en el art. siguiente los efectos sobre los contratos de alta dirección.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

7.1 Prohibición de nuevas demandas declarativas

Los jueces civiles y laborales no pueden admitir demandas a trámite cuyo conocimiento venga atribuido al juez del concurso (en esencia aquéllas que se dirijan frente al patrimonio del concursado).

Si por error se hubiere admitido a trámite una de estas demandas, se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez todas las actuaciones. Tampoco los jueces de lo mercantil admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución.

7.2 Efectos de la declaración del concurso sobre las ejecuciones y apremios sobre el patrimonio del deudor:

La regla general es la de que declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios, administrativos o tributarios, sobre los bienes del concursado. Si se vulnera la prohibición, la sanción será la nulidad de pleno derecho. La norma establece dos excepciones de modo que puede continuarse la ejecución pese a la declaración de concurso y hasta la aprobación del plan de liquidación: a’) los procedimientos administrativos de ejecución en los que se haya dictado diligencia de embargo; y b’) de las ejecuciones laborales en las que se hubieren embargado bienes del concursado antes de la declaración, y siempre que los bienes objeto del embargo no resulten necesarios para continuar con la actividad empresarial o profesional del deudor.

Para las ejecuciones pendientes, el art. 55.2 dispone, que las actuaciones que se hallaren en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de la declaración del concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal de los créditos correspondientes.

Existen normas especiales para la ejecución de garantías reales, que se exponen en la cuestión siguiente, al tratar de los efectos sobre ciertos créditos.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

8.1 Efectos sobre los juicios declarativos pendientes en el momento de declararse el concurso:

Los juicios declarativos en los que el deudor sea parte y que se encuentren pendientes en el momento de la declaración de concurso continuarán hasta la firmeza de la sentencia, aunque, por excepción, sí se acumularán de oficio al concurso los juicios por reclamación de daños y perjuicios de la persona jurídica contra sus administradores, liquidadores o auditores, que continuarán por su cauce procesal.

Procedimientos arbitrales: los convenios arbitrales en los que sea parte el deudor quedarán sin valor, durante la tramitación del concurso (art. 52), con lo que se impide el inicio de un proceso arbitral después de la declaración de concurso; los que se encuentren en tramitación se continuarán hasta la firmeza del laudo.

8.2 Ejercicio de acciones del concursado (art. 54):

La ley determina la legitimación para el ejercicio de acciones del concursado en función de las facultades que éste conserve. En líneas generales, puede afirmarse que si el deudor se encuentra suspendido, su ejercicio -se entiende que para el ejercicio de las acciones de índole no personal-, se atribuye a la administración concursal; si intervenido, al propio deudor, con la adecuada autorización de la administración concursal si afectan a su patrimonio. En caso de intervención, si la administración concursal considera conveniente para los intereses del concurso la interposición de una demanda y el deudor no la interpone, el juez puede autorizar a aquélla para interponerla.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

9.1 Participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia:

Los acreedores pueden solicitar del juez la declaración de concurso, petición a la que el deudor puede oponerse, en cuyo caso se celebra una vista y el juez resolverá por medio de auto. Si declara el concurso éste tendrá la consideración de “necesario”, lo que normalmente implicará que el deudor quede suspendido en la administración y disposición de su patrimonio y sustituido por la administración concursal.

En la declaración de concurso a los acreedores se les concede el plazo de un mes desde la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado para que insinúen sus créditos, comunicación que coexiste con el deber del administrador concursal de comunicar individualmente a los acreedores que resulten de la documentación del deudor la carga de comunicar sus créditos. No existe un plazo diferente para los acreedores domiciliados en el extranjero. Esta comunicación debe hacerse por escrito y debe dirigirse al administrador concursal, y en ella se identificará el crédito con los datos necesarios de cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda, y si se invoca un privilegio especial debe indicarse los bienes o derechos afectos al pago y sus datos registrales. También se acompañarán los documentos justificativos. Estas comunicaciones pueden hacerse por vía electrónica.

El administrador concursal deberá decidir respecto de cada crédito su inclusión o exclusión y su cuantía en la lista de acreedores que acompañará a su informe, así como su clasificación. Los acreedores disconformes con la clasificación o la cuantía del crédito o los que no hayan sido incluidos pueden impugnar el informe dentro del plazo de diez días, presentando una demanda de incidente concursal, que el juez resolverá por sentencia. Con carácter previo a la presentación de su informe, -en los diez días antes de su presentación-, el administrador concursal dirigirá una comunicación electrónica a los acreedores respecto de los que tenga su dirección comunicándoles el proyecto de lista de acreedores y de inventario. Los acreedores disconformes podrán dirigirse a la administración concursal a fin de que se rectifique cualquier error o se completen los datos que resulten necesarios.

Los acreedores intervienen también en la fase de convenio y de liquidación. En la fase de convenio podrán presentar una propuesta de convenio y podrán también prestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio presentada por el deudor y, en todo caso, serán convocados a junta, en la que se debatirá el convenio y se votará su aprobación, que requiere la concurrencia de las mayorías previstas en el artículo 124 de la Ley Concursal. También es posible una tramitación escrita cuando el número de acreedores exceda de trescientos.

Algunos acreedores pueden oponerse a la aprobación del convenio (los no asistentes a la junta o los que hayan sido privados ilegítimamente de su derecho de voto) y, una vez aprobado, los acreedores pueden solicitar el incumplimiento del convenio.

En fase de liquidación los acreedores pueden formular observaciones al plan de liquidación presentado por la administración concursal y pueden formular observaciones al informe final, antes de que se declare la conclusión del concurso.

En la sección de calificación los acreedores ostentan la condición de parte y pueden formular observaciones al informe del administrador concursal y al dictamen del Ministerio Fiscal, aunque no están legitimados para formular pretensiones autónomas de calificación.

Finalmente, en la conclusión del concurso los acreedores también pueden formular observaciones, oponiéndose en ciertos supuestos a la conclusión.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

10.1 Disposición de bienes de la masa en fase común:

Como el concurso no suspende la actividad del deudor, resultará posible que declarada la insolvencia éste continúe disponiendo de sus bienes, lo que podrá hacer en función del régimen de intervención de sus facultades que se haya establecido: si está intervenido quedará sometido a la autorización o conformidad del administrador concursal, y si está suspendido la disposición de su patrimonio corresponderá a éste.

Hasta que se apruebe el convenio o hasta que se abra la fase de liquidación, en principio, no se pueden enajenar o gravar los bienes de la masa sin autorización del juez. De ello se exceptúa: a) la venta de los bienes que el administrador concursal considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la tramitación del proceso; b) la venta de bienes no necesarios para la continuidad de la actividad, con la garantía de que el precio se corresponda sustancialmente con el valor dado al bien en el inventario; c) los actos de disposición de bienes inherentes a la continuación de la actividad del deudor.

En este último caso, en los supuestos en los que el deudor no esté suspendido de sus funciones de administración y disposición del patrimonio, la administración concursal podrá determinar con carácter previo los actos u operaciones propios del giro o tráfico de la empresa, que el deudor podrá realizar por sí mismo en función de su naturaleza o cuantía. Estos actos también podrá realizarlos el deudor desde la declaración del concurso hasta que entre en funciones la administración concursal.

10.2 Disposición de bienes de la masa en fase de liquidación:

En la liquidación se pueden distinguir dos grandes fases:

a) la realización de las operaciones de liquidación, conforme a un plan, elaborado por la administración concursal, que se somete a las observaciones del deudor, acreedores y representantes de los trabajadores, y se somete a la aprobación judicial. La ley pretende, siempre que sea posible, la conservación de la empresa y con este fin la ley establece normas especiales para la venta de unidades productivas; el plan puede ser impugnado ante el juez, y las operaciones de liquidación deben realizarse siguiendo lo dispuesto en el plan. Si el plan no resulta aprobado, la ley prevé normas supletorias.

b) el pago a los acreedores, con la salvedad de que dicho pago puede comenzar aunque no haya terminado las operaciones de liquidación.

Sin embargo, debe precisarse que no todas las operaciones de liquidación tienen lugar en esta fase procesal. Es posible que durante la fase común se vayan realizando determinados bienes, con fines diversos del pago de los acreedores, como son la necesidad de conservación de los bienes de la masa activa, con el fin de mantener la actividad económica del deudor, o bien que determinados acreedores, titulares de privilegios sobre buques o aeronaves, puedan separar estos bienes de la masa para el ejercicio de las acciones que les concede la legislación especial, y, por último, que determinadas ejecuciones iniciadas antes del concurso por los acreedores singularmente privilegiados puedan continuar su tramitación, así como las ejecuciones administrativas cuando esté dictada providencia de embargo antes de dictarse el auto declarando el concurso.

La venta de activos en liquidación se realiza en principio con gran libertad, conforme a lo establecido en el plan de liquidación, aprobado por el juez. Es posible también que se contrate por el administrador concursal a una entidad especializada que proceda a la venta de determinados activos, generalmente a costa de su retribución. No obstante, la reforma operada por la Ley 9/2015, de 25 de mayo ha establecido normas imperativas, sobre todo en relación con los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial. En lo no previsto en el plan se aplicarán las normas de enajenación de bienes en ejecuciones singulares en el proceso civil. Normalmente los bienes se venderán a través de un sistema de venta directa, con determinadas garantías de publicidad en función de la naturaleza del bien de que se trate. También resulta permitida la cesión en pago o para pago a los acreedores no públicos.

La ley dicta normas específicas para la venta de unidades productivas durante todas las fases del concurso, presididas por un principio de conservación de la empresa, de manera que con un único contrato de venta se transmiten de manera global todos los activos y con reglas especiales para la transmisión de los pasivos de la actividad de que se trate.

En principio, la venta de la unidad productiva supone la transmisión de todos los contratos instrumentalmente vinculados con la actividad, y la no asunción de deudas anteriores al concurso, salvo que los adquirentes sean personas vinculadas al deudor, o resulten de aplicación las normas laborales sobre sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación, que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial. Para asegurar la continuación de la empresa, el nuevo adquirente y los trabajadores podrán celebrar acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Declarado el concurso, todos los acreedores, ya sean ordinarios o privilegiados, y con independencia de su nacionalidad y domicilio, quedan integrados en la masa pasiva. Su finalidad, con base en los principios de la par conditio creditorum y de sometimiento a la ley del dividendo, consiste en dar a todos los créditos un tratamiento igualitario ante la comprobada insolvencia patrimonial del deudor para la satisfacción de todas sus deudas (arts. 49 y 76).

Existe una previa división esencial entre acreedores concursales y acreedores que no se ven afectados por el concurso: los acreedores de la masa.

Los créditos contra la masa se enuncian en el art. 84.2 de la Ley Concursal, con una relación taxativa, de manera que los que no se incluyan en ella serán créditos concursales. En principio y en su gran mayoría, se trata de créditos generados después de la declaración del concurso, como consecuencia de la tramitación del procedimiento o de la continuación de la actividad del deudor, o los que surjan por responsabilidad extracontractual. No obstante se incluyen también otros supuestos, como los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, los de alimentos del deudor o de las personas respecto de las cuales éste tenga obligación legal de prestarlos.

En otros casos, estos créditos surgen de resoluciones dictadas durante el procedimiento, por ejemplo en la determinación de las consecuencias de una rescisión o como efecto de la resolución de contratos.

Se consideran también créditos contra la masa la mitad del importe de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la Disposición adicional cuarta.

En caso de liquidación, son también contra la masa los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5.

Los créditos contra la masa son prededucibles, esto es, tienen preferencia respecto de todos los demás créditos, y no les afecta la suspensión del devengo de los intereses.

Los créditos por salarios de los últimos treinta días de trabajo se han de pagar inmediatamente. El resto de los créditos de la masa se pagan a su vencimiento, pero el administrador concursal puede alterar esta regla cuando así lo exija el interés del concurso y haya bienes suficientes para el pago de todos los créditos contra la masa.

Ahora bien, la ley establece normas específicas (art. 176 bis) para el caso de que el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para pagar los créditos contra la masa. En tal caso, es obligada la conclusión del concurso. Cuando el administrador así lo prevea deberá comunicarlo al juez y procederá a pagar los créditos contra la masa por un orden específico, previsto en el apartado 2 de dicho precepto.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

En la declaración de concurso a los acreedores se les concede el plazo de un mes desde la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado para que insinúen sus créditos, comunicación que coexiste con el deber del administrador concursal de comunicar individualmente a los acreedores que resulten de la documentación del deudor la carga de comunicar sus créditos. No existe un formulario especial para ello. No existe tampoco un plazo diferente para los acreedores domiciliados en el extranjero, aunque resultará de aplicación lo dispuesto en los arts. 53 a 55 del Reglamento 848/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos de insolvencia.

La comunicación del crédito debe hacerse por escrito y debe dirigirse al administrador concursal, y en ella se identificará el crédito con los datos necesarios de cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda, y si se invoca un privilegio especial debe indicarse los bienes o derechos afectos al pago y sus datos registrales. También se acompañarán los documentos justificativos. Estas comunicaciones pueden hacerse por vía electrónica.

El administrador concursal deberá decidir respecto de cada crédito su inclusión o exclusión y su cuantía en la lista de acreedores que acompañará a su informe, así como su clasificación. Los acreedores disconformes con la clasificación o la cuantía del crédito o los que no hayan sido incluidos pueden impugnar el informe dentro del plazo de diez días, presentando una demanda de incidente concursal, que el juez resolverá por sentencia. Con carácter previo a la presentación de su informe, -en los diez días antes de su presentación-, el administrador concursal dirigirá una comunicación electrónica a los acreedores respecto de los que tenga su dirección comunicándoles el proyecto de lista de acreedores y de inventario. Los acreedores disconformes podrán dirigirse a la administración concursal a fin de que se rectifique cualquier error o se completen los datos que resulten necesarios.

Si el acreedor no comunica su crédito temporáneamente, todavía cabe que se incluyan por el administrador concursal en la lista o que sean incluidos por el juez al resolver sobre la impugnación de la lista de acreedores, pero tendrán la condición de subordinados. No obstante, no quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.

Los créditos que no accedan a la lista ni siquiera de esta forma, al haber sido comunicados fuera de plazo, pierden toda posibilidad de ser cobrados en el concurso.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

La ley clasifica los créditos concursales en tres categorías (art. 89): privilegiados, ordinarios y subordinados. Los privilegiados a su vez, se subdividen en especiales y generales y, dentro de ellos, se opera una subdivisión en clases en la forma que establece el nuevo apartado 2 del artículo 94. La clasificación de créditos opera en la Ley Concursal con un criterio de automatismo. La categoría de créditos ordinarios es residual: son ordinarios todos los que no entren en las otras dos categorías de privilegiados u ordinarios.

A) Son créditos con privilegio especial (art. 90): Son créditos con privilegio especial:

1.º  Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.

2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.

3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.

4.º Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.

5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores gravados.

6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.

El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de acreedores. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza.

B) Son créditos con privilegio general (art. 91):

1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso.

2.º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.

3.º Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.

4.º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.

5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual.

6.º Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.

7.º Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe.

C) Son créditos subordinados los recogidos en el artículo 92:

1.º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.

2.º Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor.

3.º Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.

4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.

5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican. Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.

6.º Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.

7.º Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.

13.1 Pago de los créditos:

El pago de los créditos con privilegio especial se hace con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva. Existen reglas especiales respecto de estos créditos, que facultan al administrador concursal a su pago con cargo a la masa sin realización de los bienes, liberando la carga. También es posible que los bienes se vendan con subsistencia del gravamen, subrogándose el adquirente en las obligaciones del deudor. Para la venta de estos bienes la ley establece normas específicas en el art. 155.

El pago de los créditos con privilegio general se pagan por su orden, a prorrata dentro de cada categoría. Después se pagan los créditos ordinarios, aunque el orden de pago puede alterarse por el juez, a solicitud de la administración concursal, en ciertas condiciones (art. 157). Los créditos ordinarios se pagan a prorrata, en función de la liquidez de la masa activa.

Finalmente se pagan los créditos subordinados, por el orden previsto en el art. 92.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

14.1 Procedimiento de reorganización:

Cuando se habla de “procedimientos de reorganización” puede hacerse referencia a dos situaciones diferentes: al convenio como forma de solución al concurso, y a la posibilidad de que el deudor evite el concurso mediante un acuerdo de reorganización o reestructuración de su deuda con los acreedores. Ambas cuestiones se regulan en la Ley Concursal.

A) El convenio

Terminada la denominada fase común del concurso, cuando se han fijado definitivamente las masas activas y pasivas, caben dos posibles soluciones: el convenio o la liquidación. La obtención del convenio tiene cierto carácter preferente, pues la ley establece que deberá abrirse siempre la fase de convenio salvo que el deudor haya pedido la liquidación.

Tanto el deudor como los acreedores que superen una quinta parte del pasivo pueden presentar una propuesta de convenio al finalizar la fase común. El deudor está también autorizado a presentar una propuesta anticipada de convenio, si bien algunos deudores tienen vetada esta posibilidad (los condenados por determinados delitos y los que no hayan presentado cuentas anuales debiendo hacerlo).

La propuesta anticipada de convenio va dirigida a que el deudor y sus acreedores de forma rápida y sin necesidad de agotar todos los trámites del concurso, obtengan un convenio. La tramitación de la propuesta exige que vaya acompañada de adhesiones de acreedores en un determinado porcentaje. Presentada la propuesta ha de ser evaluada por el administrador concursal y el resto de acreedores pueden prestar su adhesión; si éstas alcanzan las mayorías exigidas, el juez aprobará en sentencia el convenio presentado.

La tramitación normal de la fase de convenio comienza con la resolución que ponga fin a la fase común; en ella el juez fijará fecha para la celebración de la junta de acreedores, si bien si el número de acreedores excede de trescientos se prevé una tramitación escrita. A partir de ahí se abre un plazo para que el deudor o los acreedores presenten sus propuestas de convenio, que deben tener un contenido mínimo. Si cumplen todas las condiciones, el juez las admitirá a trámite y se dará traslado para que la administración concursal las evalúe.

La junta de acreedores será presidida por el juez y a ella han de concurrir para que se entienda correctamente constituida los acreedores que titulen más de la mitad del pasivo ordinario. El deudor y el administrador concursal están obligados a asistir. En la junta se deliberará y votarán las propuestas de convenio, que para ser aprobadas han de obtener las mayorías previstas en el art. 124 de la ley, en función de su contenido. Seguidamente el juez dictará sentencia aprobando la propuesta aceptada por la junta, y existe un trámite de oposición previo por parte de la administración concursal o de los acreedores no asistentes o que hayan sido privados de sus derechos.

El convenio será eficaz desde la fecha de la sentencia que lo apruebe y desde ese momento cesan los efectos del concurso, que quedan sustituidos por los establecidos en el convenio. También cesan los administradores concursales.  El convenio vincula a al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados y a los privilegiados que hubieran votado a favor. También puede vincular a los acreedores con privilegio en función de las mayorías obtenidas en su aprobación. Una vez cumplido el convenio, el juez lo declarará así y ordenará la conclusión del concurso.

El convenio puede resultar incumplido, en cuyo caso cualquier acreedor puede solicitar del juez una declaración de incumplimiento.

B) Reorganización de deuda a través de acuerdos de refinanciación que eviten el concurso.

La experiencia desde la publicación de la Ley Concursal había demostrado el fracaso del concurso como medio para lograr, a través de la solución convenida, la continuidad de la actividad empresarial. Por ello la recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 (“sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial”)  instaba a los Estados Miembros a adoptar medidas para evitar  el concurso a través de acuerdos de refinanciación de deuda entre el deudor y los acreedores. El legislador español en las últimas reformas de la Ley Concursal, ha introducido en esta línea cuatro tipos de medidas: a) el establecimiento de un sistema de comunicación previa por parte del deudor al juez de lo mercantil, de que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para lograr un acuerdo de refinanciación, lo que suspende la obligación de solicitar el concurso y permite paralizar las ejecuciones individuales en ciertos casos y por un período de tiempo; b) el establecimiento de escudos protectores para preservar los acuerdos de refinanciación frente a las acciones rescisorias; c) mediante el establecimiento de un procedimiento de homologación de los acuerdos de refinanciación, que refuerza sus efectos; y d) a través de medidas incentivadoras de la conversión de deuda en capital social. Expondremos en este apartado tan sólo la regulación de la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación, contenida en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal.

Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros. La ley dicta normas específicas en cuanto a las reglas de cómputo de los porcentajes de pasivos financieros y en relación con los préstamos sindicados,

El procedimiento consistirá en la presentación por el deudor o los acreedores de una solicitud acompañada de certificación del auditor expresiva de la concurrencia de las mayorías exigidas en cada caso, en función del nivel de protección pretendido, con el mínimo del 51% del pasivo financiero.  El juez examinará la solicitud y si la admite a trámite dictará providencia declarando la paralización de las ejecuciones singulares durante el procedimiento de homologación.

Publicado el auto de homologación, se abre un plazo de 15 días para que los acreedores de pasivos financieros disidentes puedan impugnarlo. Los motivos de impugnación sólo pueden ser, bien el incumplimiento de los requisitos formales, bien el carácter desproporcionado del sacrificio exigido. El procedimiento de impugnación es el del incidente concursal con intervención del deudor y del resto de acreedores parte en el acuerdo, y se dictará sentencia no apelable. Se prevé también expresamente que, en relación con los efectos del acuerdo homologado, -que se producen desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el BOE-, que el juez podrá decretar la cancelación de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos singulares de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación.

Los efectos de la homologación judicial  no se van a limitar a extender, con superación del principio de la relatividad de los contratos, los efectos de la espera pactada. El efecto general es el de la protección frente a las rescisorias, pero la extensión de efectos a los acreedores disidentes dependerá del porcentaje de aprobación. Así: a´) se supera el blindaje de los acreedores con garantía real;  b´) los efectos del acuerdo se gradúan en función de las mayorías obtenidas en su aprobación y en atención a la cobertura efectiva o no del crédito por la garantía real.

Los acreedores de pasivos financieros que no hubieren suscrito el acuerdo pero que resulten afectados por la homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación. Respecto de los acreedores financieros que lo hayan suscrito, el mantenimiento de sus efectos para fiadores o avalistas dependerá de lo acordado en la respectiva relación jurídica.

Cualquier acreedor, adherido o no al acuerdo, podrá solicitar la declaración de incumplimiento ante el juez que lo hubiere homologado, por el cauce del incidente y sin recurso frente a la sentencia. Declarado el incumplimiento, podrán instar los acreedores el concurso o iniciar ejecuciones individuales.

Si se ejecutan garantías reales de créditos afectados por el acuerdo, y salvo pacto en contrario, el acreedor podrá hacer suyas las cantidades obtenidas en determinadas condiciones.

14.2 Exoneración del pasivo insatisfecho del deudor persona física:

La Ley 25/2015 ha introducido en la Ley Concursal el mecanismo conocido como de “segunda oportunidad”, en un nuevo art. 178 bis.

El precepto excepciona la regla general del art. 178.2 según la cual, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes.

Para poder acceder a este beneficio es necesario que el deudor sea de buena fe, para lo que se exigen los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse a un plan de pagos.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración con el juez o con el administrador concursal

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

La concesión del beneficio exige un procedimiento que se inicia a instancia del deudor y en el que intervienen el administrador concursal y los acreedores personados. Se exige que el deudor presente un plan de pagos respecto de los créditos a los que no afecte la exoneración, que habrán de abonarse en un plazo máximo de cinco años.

Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. También podrá el juez, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

Los créditos afectados por la exoneración serán todos los ordinarios y los subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. Respecto de los créditos con privilegio especial, afectará a la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía.

El beneficio de la exoneración puede ser revocado a instancia de cualquier acreedor concursal cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados.

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos: a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho; b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos, o; c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

En caso de que el juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.

14.3 La conclusión del concurso:

Las causas de conclusión del concurso se establecen en el artículo 176 de la Ley Concursal. Básicamente el concurso concluye por las siguientes causas:

a) cuando se revoque el auto de declaración de concurso por la Audiencia Provincial

b) cuando se declare el cumplimiento del convenio

c) cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para pagar los créditos contra la masa

d) cuando se compruebe el pago de todos los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por otros medios

e) cuando finalizada la fase común, renuncien todos los acreedores o desistan del procedimiento.

La conclusión debe ser aprobada por el juez y los interesados cuentan con un trámite de oposición. La ley regula especialmente el supuesto de conclusión del concurso por insuficiencia de bienes del deudor cuando éstos no sean bastantes para pagar los créditos contra la masa. Esta posibilidad puede comprobarse con la misma solicitud del deudor, en cuyo caso el juez en la misma resolución declarará el concurso y lo concluirá al mismo tiempo.

Cuando se declare la conclusión del concurso cesarán todas las limitaciones que pesaban sobre las facultades del deudor. En el caso de que el deudor sea una persona física, la ley establece normas especiales para que el deudor consiga la exoneración del pago de los créditos que no hayan sido satisfechos en el concurso. Los requisitos para esta remisión se establecen en el artículo 178 bis. Se exige que el deudor sea de buena fe y que cumpla con determinadas obligaciones. El deudor deberá solicitar este beneficio y podrán formular alegaciones tanto la administración concursal como los acreedores. El beneficio podrá revocarse en ciertos casos, como por ejemplo si el deudor mejora su situación económica o si no cumple el plan de pagos a que se hubiere comprometido para pagar las deudas que no resulten afectadas por este beneficio.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

En los casos de conclusión del concurso del deudor persona jurídica como consecuencia de la liquidación, la personalidad de ésta se extingue.

Si la conclusión tiene lugar por cumplimiento del convenio, los acreedores habrán visto satisfechos sus créditos conforme a las previsiones de aquél. Los acreedores privilegiados que no se hubieran adherido al convenio podrán continuar o iniciar ejecuciones singulares, bajo ciertas circunstancias.

Es posible también que durante el cumplimiento del convenio la personalidad del deudor se extinga a través de un proceso de modificación estructural, que determine la asunción de los pasivos por una nueva sociedad o por una sociedad absorbente.

En el caso del deudor persona física, la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa, determina que los acreedores puedan iniciar ejecuciones individuales contra el deudor, salvo que éste haya sido exonerado del pasivo insatisfecho en la forma que prevé el art. 178 bis.

15.1 La reapertura del concurso:

La declaración de concurso de deudor persona natural dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de otro anterior por liquidación o insuficiencia de masa activa tendrá la consideración de reapertura de éste.

La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad.

En el año siguiente a la fecha de la resolución de conclusión de concurso por insuficiencia de masa activa, los acreedores podrán solicitar la reapertura del concurso con la finalidad de que se ejerciten acciones de reintegración, indicando las concretas acciones que deben iniciarse o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable, salvo que se hubiera dictado sentencia sobre calificación en el concurso concluido.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Según el art. 84.2.2º de la Ley Concursal, son créditos contra la masa todos aquellos gastos judiciales necesarios para la solicitud del concurso y para su tramitación. En particular todos los créditos derivados de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.

Igualmente son créditos contra la masa, según el apartado tercero del mismo artículo, los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.

En los casos de conclusión de concurso por insuficiencia de masa, los créditos por costas y gastos judiciales se pagan con anterioridad al resto de créditos contra la masa, con la excepción de los créditos de los trabajadores y por alimentos (art. 176 bis.2).

Los honorarios de la administración concursal son crédito contra la masa y es fijada por el juez de conformidad con un arancel aprobado reglamentariamente; de momento está todavía vigente el aprobado por el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre. El art. 34 establece normas especiales para su determinación y efectividad.

La ley prevé la posibilidad del nombramiento de auxiliares delegados del administrador concursal, cuyas retribuciones corren a cargo de éste.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

La regulación de las acciones rescisorias concursales se contiene en los arts. 71 a 73 de la Ley concursal. Estos preceptos han sufrido sucesivas modificaciones, principalmente en relación a la configuración de los “escudos protectores” de los acuerdos de refinanciación.

El artículo 71 contiene el sistema legal de las acciones de reintegración, a partir de una cláusula general que declara “rescindibles” todos los actos realizados por el deudor siempre que tales actos sean “perjudiciales para la masa activa”, hubiera o no habido “intención fraudulenta”. Para dotar de seguridad a los efectos de la rescisión se determina un concreto período temporal: los dos años anteriores a la fecha del auto de declaración del concurso.

A) Plazo de la rescisión

La ley opta por el establecimiento de un plazo determinado de rescisión: dos años contados hacia atrás desde la fecha del auto de declaración del concurso.

B) El concepto de “perjuicio patrimonial”.

Los actos realizados en el período sospechoso por el deudor son rescindibles porque son perjudiciales para la masa activa. El perjuicio patrimonial ha de ser probado cumplidamente por el actor. No obstante, la LC, ante las dificultades que normalmente lleva consigo la prueba del acto perjudicial, facilita el ejercicio de la acción mediante el establecimiento de un juego de presunciones.  Como sucede en otros lugares de la ley, las presunciones pueden ser iuris et de iure o iuris tantum. Así: a) el perjuicio patrimonial se presume iuris et de iure en dos supuestos: a´) cuando se trate de actos de disposición gratuitos, salvo liberalidades de uso; y b´) cuando se trate de pagos y otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración del concurso, excepto si cuentan con garantía real, en cuyo caso la presunción admite prueba en contrario; b) El perjuicio patrimonial se presume iuris tantum también en tres supuestos: a´) cuando se trate de un acto de disposición a título oneroso a favor de persona especialmente relacionada con el concursado; b´) cuando se trate de la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o a favor de nuevas obligaciones contraídas en sustitución de aquéllas, y c´) los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que cuenten con garantía real y que tengan vencimiento posterior a la declaración del concurso.

C) Procedimiento

La legitimación activa para el ejercicio de la acción rescisoria concursal corresponde a la administración concursal. Sin embargo, con la finalidad de protección de los acreedores ante la inactividad de los administradores concursales, la ley establece una legitimación subsidiaria o de segundo grado para aquellos acreedores que hubieran instado por escrito a la administración concursal el concreto ejercicio de una acción rescisoria, si en el plazo de dos meses desde la fecha de requerimiento la acción no fuera ejercitada por la administración concursal. La ley contiene normas dirigidas a asegurar que los administradores concursales atiendan con eficacia esta función de asegurar la integridad de la masa activa. Contra los acuerdos de refinanciación la legitimación es exclusiva de la administración concursal, con exclusión de toda legitimación subsidiaria.

Para la protección de los acuerdos de refinanciación existen normas especiales, producto de recientes modificaciones legales, que configuran escudos protectores que hacen resistentes estos acuerdos, adoptados bajo ciertas condiciones, a las acciones de refinanciación (artículo 71 bis).

Última actualización: 29/03/2019

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Insolvencia - Francia

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Cualquier persona que ejerza una actividad comercial o artesanal, cualquier agricultor u otra persona física que realice una actividad profesional independiente, incluida una profesión liberal, sometida a un marco legislativo o normativo, o cuyo título se encuentre protegido, así como cualquier persona jurídica de derecho privado, puede ser objeto de un procedimiento de salvaguardia, de intervención judicial o de liquidación judicial.

Los trabajadores por cuenta propia pueden beneficiarse de la apertura de un procedimiento de insolvencia.

Únicamente las personas en activo pueden acogerse a la apertura de un procedimiento de salvaguardia. En el caso de la administración o de la liquidación judiciales, la persona podrá haber cesado su actividad profesional en el momento de la apertura del procedimiento.

Las personas jurídicas de derecho privado que pueden ser objeto de un procedimiento de insolvencia son: las empresas comerciales, las sociedades civiles, las agrupaciones de interés económico, las asociaciones, los sindicatos profesionales o los comités de empresas.

Las agrupaciones de derecho privado que no estén dotadas de personalidad jurídica, como las empresas conjuntas o en formación, no podrán acogerse a la apertura de un procedimiento de insolvencia.

Toda persona jurídica de derecho público quedará también excluida.

Salvaguardia acelerada y salvaguardia financiera acelerada:

Un deudor podrá recurrir a un procedimiento de salvaguardia acelerada o de salvaguardia financiera acelerada si sus cuentas han sido certificadas por un auditor o revisadas por un perito mercantil, siempre y cuando tenga más de 20 asalariados o más de 3 millones de euros de volumen de negocios (impuestos no incluidos), o más de 1,5 millones de euros para la totalidad de su balance. Los procedimientos de salvaguardia acelerada y de salvaguardia financiera acelerada se pueden abrir, asimismo, a un deudor que haya formulado cuentas consolidadas.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

El procedimiento de salvaguardia se abre ante las dificultades insuperables para el deudor, siempre que no exista suspensión de pagos.

La administración judicial se inicia cuando el deudor, ante la imposibilidad de hacer frente al pasivo exigible con su activo disponible, se encuentra en suspensión de pagos.

La administración judicial tiene como objetivo permitir la continuidad de la actividad empresarial, mantener el empleo y liquidar el pasivo. La apertura de este procedimiento debe solicitarla el director de la empresa en los 45 días siguientes a la suspensión de pagos.

La liquidación judicial se inicia cuando la empresa se encuentra en suspensión de pagos y cuando la administración resulta manifiestamente imposible.

El deudor es la única persona que puede solicitar el inicio de un procedimiento de salvaguardia.

En cambio, los procedimientos de administración o liquidación judiciales pueden ser solicitados, además de por el deudor, por un acreedor o por la fiscalía, siempre que no exista un procedimiento de conciliación en curso (procedimiento previo a la quiebra).

El auto de apertura del procedimiento de insolvencia tiene efecto desde la fecha en que es pronunciado; por tanto, entra en vigor a las 0h del día en que esemitido.

El auto de apertura se notifica al deudor en los ocho días siguientes a la fecha de su publicación y se comunica a los administradores concursales y a la fiscalía, incluidos aquellos de los demás Estados miembros donde el deudor esté establecido.

Dicho auto produce efecto inmediato sobre todas las partes.

En los quince días que siguen a la fecha del auto de apertura se incluirá una mención del mismo en el registro mercantil, en el censo de actividades económicas (Répertoire des métiers) o en un registro especial de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

Además, se incluirá un extracto del auto en el Bodacc (Boletín oficial de anuncios civiles y comerciales) y en el boletín de anuncios legales del lugar donde se encuentre la sede o la razón social del deudor.

Salvaguardia acelerada y salvaguardia financiera acelerada

Asimismo, existen los procedimientos de salvaguardia acelerada y salvaguardia financiera acelerada.

El procedimiento de salvaguardia acelerada puede abrirse a petición de un deudor sujeto a un procedimiento de conciliación que justifique haber elaborado un proyecto de plan para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

El hecho de que el deudor se encuentre en suspensión de pagos no es impedimento para la apertura del procedimiento de salvaguardia acelerada si esa situación no antecede a la solicitud de apertura del proceso de conciliación en más de 45 días.

El procedimiento de salvaguardia financiera acelerada puede abrirse en las mismas condiciones que el procedimiento de salvaguardia acelerada y siempre que las cuentas del deudor muestren que su endeudamiento posibilita la adopción de un plan, únicamente por parte de los acreedores que sean miembros del Comité francés de entidades de crédito.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

La totalidad del patrimonio del deudor es objeto del procedimiento de insolvencia.

Si el deudor es un empresario a título individual, su patrimonio personal también se verá afectado.

No obstante, la residencia principal de un empresario a título individual que ejerza una actividad comercial, industrial, artesanal, agrícola o liberal es, por ley, inembargable porparte de los acreedores profesionales.

Los restantes bienes raíces, construidos o no, no destinados a un uso profesional, pueden también ser objeto de una declaración de inembargabilidad. Esta declaración, que deberá realizarse mediante documento notarial y publicarse, únicamente surtirá efecto respecto de los acreedores profesionales cuyos derechos surjan tras la publicación.

La inembargabilidad de la residencia principal del deudor por parte de los acreedores responde al objetivo de protección del deudor y su familia.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

El desapoderamiento del deudor

Salvaguardia y administración judicial

En caso de apertura de un procedimiento de salvaguardia o de administración judicial, el deudor no será desapoderado y continuará administrando su empresa.

En el régimen de salvaguardia, un administrador judicial supervisa o asiste al deudor en la gestión de su empresa, en función de la misión que le haya asignado el juzgado.

En el de intervención judicial, el administrador judicial asiste al deudor en la gestión o se encarga él mismo de la gestión, parcial o totalmente, en lugar del deudor.

Liquidación judicial

Cuando se abre un procedimiento de liquidación judicial, el deudor es desposeído de la administración y disposición de sus bienes. Tanto sus derechos como las acciones relativas a su patrimonio profesional son ejercidos por el liquidador, que se encarga, de esta forma, de administrar sus bienes.

Los administradores concursales

Los administradores concursales son personas designadas judicialmente y pertenecientes a profesiones reguladas, que actúan bajo la supervisión de la fiscalía.

Estos profesionales liberales especialistas deben estar registrados en las listas nacionales y responder a criterios estrictos de aptitud y ética.

También puede nombrarse a personas no registradas en dichas listas que posean experiencia o cualificaciones específicas en relación al asunto.

Los administradores concursales son designados por el juzgado al inicio del procedimiento y

pueden llegar a asumir responsabilidad civil en las condiciones previstas en el derecho común.

Los honorarios de los administradores concursales están determinados por baremos establecidos por decreto; es el juez quien ordena al deudor su remuneración conforme a esas tarifas.

Los poderes de los administradores concursales y del deudor

La figura del administrador judicial (administrateur judiciaire)

En principio, el juzgado que inicia un procedimiento de salvaguardia o de administración judicial nombra a un administrador judicial, que podrá ser propuesto por el deudor, en procedimientos de salvaguardia, o por la fiscalía.

El nombramiento no es obligatorio si el deudor cuenta con menos de veinte empleados y si su volumen de negocio es inferior a tres millones de euros (impuestos no incluidos).

En casos de salvaguardia acelerada y de salvaguardia financiera acelerada, el nombramiento de un administrador judicial es siempre obligatorio.

En los casos de salvaguardia, el administrador judicial supervisa o asiste al deudor en la gestión de su empresa, en función de la misión que le haya asignado el juzgado.

En lo que se refiere a la administración judicial, el administrador asiste al deudor en la gestión o se encarga él mismo, parcial o totalmente, en lugar del deudor.

El administrador judicial debe hacer (o mandar hacer al deudor) los actos necesarios para conservar los derechos de la empresa frente a los deudores de esta, así como los actos necesarios para la preservación de la capacidad de producción.

El administrador judicial goza de poderes propios, como el de gestionar, con su firma, las cuentas corrientes del deudor, a quien se prohíbe emitir cheques, el de exigir que se mantengan los contratos en vigor y el de proceder a los despidos necesarios.

La figura del apoderado judicial (mandataire judiciaire)

El apoderado judicial es nombrado, obligatoriamente, por el juzgado, en cualquier procedimiento colectivo.

Tiene por misión representar a los acreedores y su interés colectivo.

Para ello, crea la lista de los créditos declarados, incluidos los salariales, con sus propuestas de admisión, de rechazo o de reenvío al órgano jurisdiccional competente, y envía dicha lista al juez-comisario.

El liquidador

En la sentencia de liquidación judicial, el juzgado nombra a un liquidador.

El liquidador deberá comprobar los créditos y proceder a las operaciones de liquidación de los bienes del activo del deudorcon el fin de repartir el activo restante entre los acreedores.

Procede a las operaciones de despido, pudiendo optar por el mantenimiento de los contratos en vigor.

Además, representa al deudor desapoderado y ejerce, de esta forma, la mayoría de sus derechos y acciones patrimoniales a lo largo del procedimiento de liquidación judicial. Sin embargo, no puede ejercer los derechos extrapatrimoniales del deudor.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

La compensación es el modo en que las obligaciones recíprocas se extinguen en la cantidad concurrente.

Solo puede darse entre dos personas simétricamente acreedoras y deudoras la una de la otra.

De esta forma, la compensación realiza un doble pago abreviado entre créditos recíprocos.

En principio, está prohibido que el deudor pague cualquier crédito que surgiera antes del auto de apertura de la salvaguardia o de la administración judicial.

No obstante, esta prohibición de pago de créditos anteriores puede levantarse en el caso de pagos por compensación de créditos conexos. Se considerarán conexos todos los créditos recíprocos surgidos o derivados de la ejecución o el incumplimiento del mismo contrato.

Si un crédito conexo al crédito anterior naciera posteriormente al auto de apertura, es posible proceder a su pago mediante compensación con el crédito anterior, siempre que este último se haya declarado.

Los créditos recíprocos se consideran conexos cuando han surgido o derivan de la ejecución o del incumplimiento del mismo contrato o de un conjunto de contratos.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Procedimiento de mantenimiento de los contratos en vigor

La apertura del procedimiento de insolvencia no cuestiona la existencia de contratos en vigor entre el deudor y sus socios (distribuidores, clientes...) a fecha de la apertura.

El contrato en vigor es un contrato en curso de existencia y en curso de ejecución en el momento de la apertura del procedimiento, un contrato de ejecución continua que no ha concluido en esa fecha o un contrato de ejecución instantánea que aún no se ha producido, pero que ya se hacelebrado.

El co-contratante del contrato en vigor tendrá cierto privilegio y será reembolsado con carácter preferente en relación al resto de acreedores.

Salvaguardias y administración judicial

El contrato, a priori, proseguirá automáticamente; el administrador judicial tiene una prerrogativa de orden público que le permite exigir la continuación del contrato, a condición de pagar las prestaciones que le serán proporcionadas.

Si no hubiera administrador judicial, el deudor ejercerá su facultad de exigir la ejecución de los contratos en curso, previo acuerdo del apoderado judicial.

El contrato en vigor se ejecutará con normalidad, conforme a las disposiciones contractuales.

El administrador judicial tiene la facultad de resolver el contrato por incumplimiento anticipado por parte del deudor si descubriera que este no dispone de fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

El contrato en vigor será resuelto de pleno derecho si, en el plazo de un mes, el administrador judicial no ha exigido expresamente la ejecución del contrato en vigor.

También quedará resuelto a falta de pago y de acuerdo por parte del co-contratante para continuar la relación contractual.

El administrador judicial podrá, asimismo, solicitar al juez-comisario que declare la rescisión del contrato en vigor si esta rescisión fuera necesaria para la salvaguardia o la administración del deudor, y a condición de que no perjudique de forma excesiva los intereses del co-contratante.

Liquidación judicial

Todos los contratos en vigor, en principio, se mantendrán.

El liquidador es el único con capacidad para exigir la ejecución de los contratos en vigor, proporcionando la prestación prometida al deudor.

El contrato en vigor será resuelto de pleno derecho si, en el plazo de un mes, el liquidador no ha exigido expresamente la ejecución del contrato en vigor.

También quedará resuelto cuando la prestación del deudor corresponda al pago de una cantidad pecuniaria, en la fecha en que se informe al co-contratante de la decisión del liquidador de no continuar el contrato, así como a falta de pago.

El liquidador tiene, asimismo, la facultad de resolver el contrato por incumplimiento anticipado por parte del deudor si descubriera que este no dispone de fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

Si la prestación no consistiera en el pago de una cantidad pecuniaria, el liquidador podrá, asimismo, solicitar al juez-comisario que declare la rescisión del contrato si fuera necesaria para las operaciones de liquidación y no perjudicara de forma excesiva los intereses del co-contratante.

Cesión de contratos en vigor

En caso de administración judicial, si el plan de intervención prevé la cesión de la empresa a un tercero, el tribunal puede ordenar la cesión de los contratos que sean de utilidad para la empresa (arrendamiento, suministro, franquicia, leasing, autorización de explotación...).

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

En los procedimientos de insolvencia, los acreedores deben hacer valer sus derechos contra el deudor exclusivamente en el marco del procedimiento de insolvencia, y no pueden ejercer acciones individuales para exigir el pago al deudor.

La sentencia de cierre del procedimiento de liquidación judicial por insuficiencia de activo no devuelve a los acreedores el ejercicio individual de sus acciones contra el deudor.

No obstante, existen excepciones a esta regla:

- para las acciones relativas a bienes adquiridos por medio de una sucesión abierta durante el procedimiento de liquidación judicial;

- cuando el crédito tenga como origen una infracción respecto de la que se haya establecido la culpa del deudor o cuando sea relativa a los derechos de la persona del acreedor;

- cuando el crédito tenga por origen maniobras fraudulentas cometidas en perjuicio de los órganos de protección social. El origen fraudulento de un crédito es determinado bien por resolución judicial, bien mediante sanción impuesta por una institución de seguridad social.

Los acreedores recuperarán, asimismo, su derecho de emprender acciones legales individuales en los casos siguientes:

- si se declara la quiebra personal del deudor;

- si se declara al deudor culpable de bancarrota;

- si el deudor, en relación con cualquier elemento de su patrimonio, o alguna persona jurídica de la que haya sido dirigente, han sido sometidos a un procedimiento de liquidación judicial anterior, concluido por insuficiencia de activo, menos de cinco años antes de la apertura del procedimiento al que se encuentra sometido; así como el deudor que, durante los cinco años anteriores a dicha fecha, se haya beneficiado de una condonación de deuda;

- si el procedimiento se abrió como procedimiento territorial, en el sentido del del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia.

Asimismo, en caso de fraude de acreedores, el juzgado autoriza que se reanuden las acciones individuales de cualquier acreedor contra el deudor. El juzgado se pronunciaráal cierre del procedimiento, tras haber oído o debidamente convocado al deudor, al liquidador y a los controladores. También podrá pronunciarse al respecto, con posterioridad, a petición de cualquier parte interesada, en las mismas condiciones.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

El auto de apertura de un procedimiento de insolvencia interrumpe o prohíbe las acciones emprendidas contra el deudor con el fin de conseguir el pago de un importe o la resolución de un contrato por impago de cantidades pecuniarias.

Los procedimientos de ejecución y las medidas preventivas se suspenderán, igualmente.

También se interrumpirán o suspenderán las acciones de los acreedores que hubieran actuado antes de la apertura del procedimiento colectivo.

De esta forma, se verán afectados todos los acreedores anteriores, tanto si disfrutan o no de garantías.

La interrupción y la prohibición de las acciones legales se aplican a todos los procedimientos de insolvencia.

Los procesos en curso se interrumpirán hasta que el acreedor denunciante proceda a la declaración de su crédito,tras lo cual se retomarán enseguida de pleno derecho, pero únicamente con miras a constatar el crédito y a fijar el importe, excluyéndose la condena del deudor.

Las acciones judiciales y los procedimientos de ejecución diferentes a los anteriormente citados continuarán, contra el deudor, a lo largo del período de observación, tras la imputación del apoderado judicial y del administrador judicial, cuando estos tuvieran una misión de asistencia o de representación del deudor, o tras una reanudación del proceso por iniciativa del apoderado judicial o del administrador judicial.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Salvaguardia y administración judicial

Ante la adopción de un plan de salvaguardia, se consulta a los acreedores sobre los plazos para el pago o la condonación de las deudas.

El administrador judicial envía las propuestas al apoderado judicial, quien representa a los acreedores.

El apoderado judicial recibe, individual o colectivamente, el acuerdo de cada acreedor que haya declarado su crédito.

El apoderado judicial no está obligado a consultar a los acreedores cuyas modalidades de pago no resulten modificadas por el proyecto de plan, ni para los que dicho plan prevea un pago integral en efectivo en cuanto finalice el plan o se admitan los créditos.

Juntas de acreedores

Cuando un deudor cuenta con un número de asalariados superior a 150 y un volumen de negocios mayor a 20 millones de euros se constituyen juntas de acreedores, que deberán pronunciarse sobre los proyectos de plan de liquidación del pasivo.

Las juntas de acreedores reúnen en diversas asambleas a diferentes categorías de acreedores para enviarles propuestas que podrán debatir y sobre las que se pronunciarán colectivamente; es decir, los acreedores minoritarios deberán someterse a la decisión de los mayoritarios.

Existe un comité de entidades de crédito, compuesto por entidades financieras y establecimientos de crédito y afines, así como un comité compuesto por los principales proveedores de bienes o servicios. En los casos en que haya obligacionistas se convocará una asamblea general del conjunto de acreedores titulares de obligaciones, emitidas en Francia o en el extranjero, para deliberar sobre el proyecto adoptado por las juntas de acreedores.

El administrador judicial deberá consultar a las juntas de acreedores en relación al proyecto de plan para que estas voten a favor de un plan, antes de que el juzgado se pronuncie.

En presencia de las juntas de acreedores, todos los acreedores miembros de una junta podrán presentar propuestas alternativas al proyecto de plan presentado por el deudor.

De esta forma, el proyecto de plan podrá emanar del deudor o, en caso de administración judicial, del administrador, con participación del deudor, pero también surgir de una iniciativa de los acreedores miembros de dichas juntas. El plan adoptado por las juntas y, si fuese diferente, el apoyado por el deudor o eladministrador, podrán ser presentados, a continuación, aljuzgado, de forma simultánea.

Salvaguardia acelerada

En caso de que se inicie un procedimiento de salvaguardia acelerada, las juntas de acreedores (comités de entidades de crédito y comité de proveedores de bienes y servicios) se constituirán obligatoriamente y, si procediera, la asamblea general de obligacionistas.

También se consultará individualmente a los acreedores que no estén en ninguna junta.

Salvaguardia financiera acelerada

En caso de que se inicie un procedimiento de salvaguardia financiera acelerada, solo se constituirá obligatoriamente el comité de entidades de crédito y, si procediera, la asamblea general de obligacionistas.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Todos los créditos surgidos con anterioridad al auto de apertura del procedimiento deberán declararse, independientemente de su naturaleza o carácter: comercial, civil, administrativo (Tesoro público, instituciones de protección y seguridad social...) o penal (multa). Es indiferente si el crédito es quirografario o preferente, exigible o sujeto a un plazo, real o condicional.

Los créditos que surjan periódicamente tras el auto de apertura para sufragar los gastos del procedimiento o como contrapartida a una prestación realizada al deudor para su actividad profesional se pagarán en su fecha de vencimiento.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Todo acreedor cuyo crédito haya surgido con anterioridad al auto de apertura deberá declarar sus créditos al apoderado judicial, en caso de salvaguardia o intervención, o al liquidador en caso de liquidación.

El plazo para la declaración es de dos meses, a contar desde la publicación legal del auto de apertura.

El deudor podrá tambiéndeclarar por sí mismo el crédito de alguno de sus acreedores en las mismas condiciones.

La declaración ha de referirse, asimismo, a varios créditos nacidos tras el auto de apertura, aquellos que no gocen de la preferencia de pago existente en beneficio de los créditos útiles para la empresa o vinculados a las necesidades procesales.

El crédito declarado deberá indicar los importes debidos y devengados, las fechas dedevengo, la naturaleza del privilegio o de la garantía existente y las modalidades del cálculo de los intereses.

No se impondrá ninguna forma específica para la declaración del crédito. Dicha declaración deberáexpresar, de forma inequívoca, la voluntad del acreedor de reclamar el pago de su crédito, figurar en el estado de créditos y participar en el procedimiento.

Tras haber recibido las observaciones del deudor, el apoderado judicial creará la lista de acreedores declarados con sus propuestas de admisión, rechazo o reenvío a la jurisdicción competente.

Dicha lista se enviará al juez-comisario y se comunicará al administrador judicial.

Antes de aceptar o rechazar un crédito, el juez-comisario comprueba que exista, el importe y la naturaleza del mismo, en función de los elementos de prueba que el autor de la declaración envíe y, eventualmente, de los elementos aportados por los que hayan sido escuchados y por el apoderado judicial.

Los acreedores que no hayan declarado sus créditos en los plazos establecidos quedarán excluidos y no podrán competir en el reparto ni reclamar dividendos, en caso de que se adopte un plan o se liquiden los activos del deudor, si no obtuvieran del juez-comisario una exención de los efectos de su exclusión por expiración de plazo.

Si quedaran exentos de los efectos derivados de dicha exclusión podrán competir en las distribuciones posteriores a su solicitud.

Salvaguardia acelerada y salvaguardia financiera acelerada

El deudor crea la lista de los créditos de cada uno de los acreedores que haya participado en la conciliación y que deben ser objeto de la declaración de créditos. La lista será certificada por el auditor de cuentas del deudor y depositada en la secretaría del juzgado.

El apoderado judicial enviará a cada acreedor el extracto de la lista relativa a su crédito.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Un acreedor preferente goza de una garantía que le asegura la prioridad en el pago ante otros acreedores simples, llamados quirografarios, por parte de su deudor, en caso de apertura de procedimiento colectivo contra este último.

De esta forma, un acreedor puede ser preferente:

- porque dispone de una garantía que su deudor le ha proporcionado o que ha obtenido por la vía judicial, o

- porque la ley le otorga preferencia por motivos de su condición.

No todos los acreedores preferentes son iguales. Cuando varios acreedores preferentes están en concurrencia, serán reembolsados en un orden establecido por la ley, pero siempre antes que los acreedores quirografarios.

Los acreedores quirografarios son reembolsados con el activo restante del deudor, tras el pago a los acreedores preferentes. El reparto se efectuará en función de la cuota asignada a cada uno.

Los tipos de privilegios

Salvaguardia e intervención judicial

La liquidación del precio de venta de un inmueble entre los acreedores se efectuará en el orden siguiente:

  1. Créditos «súper preferentes» de los salarios: pago de la remuneración de los últimos sesenta días de trabajo anteriores al auto de apertura;
  2. Costas judiciales surgidas periódicamente tras el auto de apertura para sufragar el curso del procedimiento: gastos relativos a la conservación, la liquidación de bienes y la distribución de su precio entre los acreedores (gastos de inventario y de publicidad, remuneración de los apoderadosjudiciales...);
  3. Créditos garantizados mediante el privilegio de la conciliación: beneficia a los acreedores que efectúen una aportación de liquidez o proporcionen un nuevo bien o servicio con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de la empresa y su sostenibilidad;
  4. Privilegio de los créditos posteriores al auto de apertura: créditos surgidos para sufragar el curso del procedimiento o el mantenimiento provisional de la actividad, o créditos surgidos como contrapartida de una prestación ofrecida al deudor durante el mantenimiento de la actividad o durante la ejecución de un contrato en vigor mantenido por el liquidador, o créditos surgidos para sufragar los gastos corrientes del deudor en tanto que persona física;
  5. Créditos garantizados por el privilegio general de los asalariados: pago de la remuneración de los seis meses de trabajo anteriores al auto de apertura;
  6. Créditos garantizados por un privilegio especial o por una hipoteca;
  7. Créditos quirografarios

La liquidación del precio de venta de un bien mueble entre los acreedores se efectuará en el orden siguiente:

  1. Créditos con garantía mobiliaria especial, con derecho de retención;
  2. Créditos «súper preferentes» de los salarios: pago de la remuneración de los últimos sesenta días de trabajo anteriores al auto de apertura;
  3. Costas judiciales surgidas periódicamente tras el auto de apertura para sufragar el curso del procedimiento: gastos relativos a la conservación, la liquidación de bienes y la distribución de su precio entre los acreedores (gastos de inventario y de publicidad, remuneración de los apoderados judiciales...);
  4. Créditos garantizados mediante el privilegio de la conciliación: beneficia a los acreedores que efectúen una aportación de liquidez o proporcionen un nuevo bien o servicio con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de la empresa y su sostenibilidad;
  5. Privilegio de los créditos posteriores al auto de apertura: créditos surgidos para sufragar el curso del procedimiento o el mantenimiento provisional de la actividad, o créditos surgidos como contrapartida de una prestación ofrecida al deudor durante el mantenimiento de la actividad o durante la ejecución de un contrato en vigor mantenido por el liquidador, o créditos surgidos para sufragar los gastos corrientes del deudor en tanto que persona física;
  6. Privilegio del Tesoro;
  7. Créditos garantizados por privilegio especial mobiliario sin derecho de retención;
  8. Créditos garantizados por otros privilegios generales mobiliarios;
  9. Créditos quirografarios

Liquidación judicial

La liquidación del precio de venta de un inmueble entre los acreedores se efectuará en el orden siguiente:

  1. Créditos salariales «súper preferentes» de los salarios: pago de la remuneración de los últimos sesenta días de trabajo anteriores al auto de apertura;
  2. Costas judiciales surgidas periódicamente tras el auto de apertura para sufragar el curso del procedimiento: gastos de inventario y de publicidad, remuneración de los apoderados judiciales...;
  3. Créditos garantizados mediante el privilegio de la conciliación: beneficia a los acreedores que autoricen una aportación de liquidez o proporcionen un nuevo bien o servicio con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de la empresa y su sostenibilidad;
  4. Créditos con garantías inmobiliarias especiales;
  5. Privilegio de los créditos posteriores al auto de apertura: créditos surgidos para sufragar el curso del procedimiento o el mantenimiento provisional de la actividad, o créditos surgidos como contrapartida de una prestación ofrecida al deudor durante el mantenimiento de la actividad o durante la ejecución de un contrato en vigor mantenido por el liquidador, o créditos surgidos para sufragar los gastos corrientes del deudor en tanto que persona física;
  6. Créditos quirografarios

La liquidación del precio de venta de un bien mueble entre los acreedores se efectuará en el orden siguiente:

  1. Créditos con garantía mobiliaria especial, con derecho de retención;
  2. Créditos salariales «súper preferentes» de los salarios: pago de la remuneración de los últimos sesenta días de trabajo anteriores al auto de apertura;
  3. Costas judiciales surgidas periódicamente tras el auto de apertura para sufragar el curso del procedimiento: gastos de inventario y de publicidad, remuneración de los apoderados judiciales...;
  4. Créditos garantizados por el privilegio de la conciliación;
  5. Privilegio de los créditos posteriores al auto de apertura: créditos surgidos para sufragar el curso del procedimiento o el mantenimiento provisional de la actividad, o créditos surgidos como contrapartida de una prestación ofrecida al deudor durante el mantenimiento de la actividad o durante la ejecución de un contrato en vigor mantenido por el liquidador, o créditos surgidos para sufragar los gastos corrientes del deudor en tanto que persona física;
  6. Créditos garantizados por una hipoteca mobiliaria o créditos con garantías de prenda sobre el material o las herramientas;
  7. Privilegio del Tesoro;
  8. Créditos con garantía mobiliaria especial, sin derecho de retención;
  9. Otros privilegios mobiliarios (artículo 2331 del Código Civil francés) y privilegio general de los salarios;
  10. Créditos quirografarios

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Salvaguardia y administración judicial

Los procedimientos de salvaguardia y administración judicial se han instituido para permitir salvar a la empresa, por medio de un plan, manteniendo la actividad y el empleo, así como la liquidación del pasivo. Un plan de salvaguardia o de administración solo cesará si se cumplen los siguientes requisitos:

El deudor, en caso de salvaguardia, o el, en caso de administración judicial, elabora un proyecto de plan, siempre que exista una posibilidad viable de salvar la empresa. Dicho plan incluirá tres componentes:

- un componente económico y financiero, que determinará las perspectivas de administración en función de las posibilidades y de las modalidades de actividades, del estado del mercado y de los medios de financiación disponibles;

- una definición de las modalidades de liquidación del pasivo y de las eventuales garantías, que el director de la empresa deberá suscribir para asegurar que se ejecuten;

- un componente social, en el que se expondrán y justificarán el nivel y las perspectivas de empleo, así como las condiciones sociales previstas para continuar con la actividad. En los casos en que el proyecto prevea despidos por razones económicas, deberá recapitular las medidas ya adoptadas y definir las acciones que se llevarán a cabo, con miras a facilitar medidas de reconversión e indemnización destinadas a los empleados cuyos puestos se vean en peligro.

El plan mencionará el conjunto de compromisos suscritos por las personas responsables de su ejecución que sean necesarios para recuperar la empresa.

El juzgado se pronunciará, a continuación, sobre el proyecto de plan que le ha presentado el deudor o uno de los acreedores.

La resolución del tribunal por la que se adopta un plan de salvaguardia o de intervención, o un plan de cesión, constituye una sentencia judicial. El plan presentará, igualmente, un aspecto contractual, si se constituyeran juntas de acreedores.

La duración del plan no excederá de diez años; quince años para los agricultores.

El juzgado designará, durante el periodo de ejecución del plan, a un administrados oapoderado judicial, en calidad de comisario de la ejecución, para que supervise dicha ejecución.

El cese del plan pone fin al período de observación. El deudor se verá de nuevo en posesión de sus bienes y podrá volver a gestionar su empresa, sin perjuicio de las medidas que el juzgado le haya impuesto en el plan.

De hecho, el deudor deberá respetar las disposiciones del plan en todos sus aspectos.

De no hacerlo, en caso de incumplimiento de sus compromisos o de producirse una suspensión de pagos durante la ejecución del plan de salvaguardia o de la administración judicial, el deudor se expondrá a una resolución del plan y a una reanudación del procedimiento.

Conversión en liquidación judicial La liquidación judicial podrá pronunciarse tanto durante el período de observación abierto mediante resolución de salvaguardia o resolución de administración judicial como al final del mismo.

El juzgado deberá pronunciar la liquidación judicial en cuanto sea imposible continuar con la empresa o cuando no pueda adoptarse el plan de cesión en el marco del procedimiento de administración judicial.

Fin de las obligaciones del deudor, en tanto que persona física en liquidación judicial

El desapoderamiento del deudor se producirá desde el día del fallo de la liquidación judicial hasta el cierre de la misma. En ese momento recuperará sus derechos y podrá volver a llevar a cabo acciones.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

La finalización de la ejecución del plan de salvaguardia o de administración judicial no permite a los acreedores que no hubieran declarado su crédito iniciar acciones judiciales contra el deudor.

La reanudación excepcional de los procesos individuales está prevista, únicamente, en los casos en que se cierre la liquidación judicial por falta de activo.

Momento en que el procedimiento de insolvencia se considera concluido

El período de observación designa el período que va desde el día del auto de apertura hasta la fecha de la sentencia por la que se adopta el cese del plan de salvaguardia o de administración judicial, o la decisión de liquidación judicial.

Tanto en los procedimientos de salvaguardia como en los de administración judicial, la actividad continúa durante el período de observación y el deudor continúa, en principio, gestionando su empresa, con ciertas restricciones.

Cuando exista una posibilidad viable de salvar a la empresa, el período de observación tendrá como finalidad concluir con un plan de salvaguardia o de administración judicial.

La adopción de un plan de salvaguardia o de administración devolverá al deudor el control de sus bienes, pero no por ello pone fin al procedimiento.

De hecho, el cierre del procedimiento se produce cuando los informes de fin de misión del administrador y del apoderado hayan sido aprobados por el juez-comisario. El presidente del tribunal pronunciará una orden de cierre, que es una medida de la administración judicial no sujeta a recurso.

El procedimiento quedará, de esta forma, cerrado judicialmente, en el momento de la orden de cierre.

No obstante, los efectos del procedimiento no acaban con la orden de cierre, ya que el plan de salvaguardia o de administración judicial se encuentra aún en vigor.

El deudor deberá respetar las disposiciones del plan en todos sus aspectos.

De no hacerlo, en caso de incumplimiento de sus compromisos o de producirse una suspensión de pagos durante la ejecución del plan de salvaguardia o de la administración judicial, el deudor se expondrá a una resolución del plan y a una reanudación del procedimiento.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los gastos y costas del procedimiento correrán por cuenta de la empresa objeto del procedimiento de insolvencia.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Cuando el juzgado inicia un procedimiento de administración judicial o de liquidación judicial, la fecha de la suspensión de pagos del deudor coincide, en principio, con la fecha del auto de apertura del procedimiento.

No obstante, el juzgado tendrá la posibilidad de fijar la fecha de la suspensión de pagos en una fecha anterior, hasta en 18 meses, de la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia.

El período comprendido entre la fecha de suspensión de pagos y la fecha de la apertura del procedimiento de administración judicial o de liquidación judicial se llamará, en este caso, «período de sospecha».

Algunos actos realizados por el deudor en el período de sospecha que puedan parecer fraudulentos quedarán anulados.

La acción de nulidad de los actos realizados durante el período de sospecha será competencia exclusiva del juzgado encargado del procedimiento.

El ejercicio de la acción queda reservado al administrador judicial, al apoderado judicial, al liquidador y a la fiscalía.

Los acreedores podrán, a título individual o colectivo (por intermediación del apoderado judicial), ejercer acciones de inoponibilidad de los actos realizados por el deudor.

El acto será nulo respecto de todas las partes con efecto retroactivo.

Existen doce casos de nulidad obligatoria que afectan a los actos anormales:

  • cualquier acto, a título gratuito, de cesión de bienes muebles o inmuebles;
  • cualquier contrato conmutativo en el que las obligaciones del deudor excedan considerablemente las de la otra parte;
  • cualquier pago, independientemente del modo en que se haya realizado, por deudas no vencidas el día del pago;
  • cualquier pago de deudas vencidas, salvo el realizado en efectivo, efectos de comercio, transferencias bancarias, hoja de cesión o cualquier otra forma de pago comúnmente admitida en las relaciones comerciales;
  • cualquier depósito o consignación de importes efectuados tras la entrega en prenda de un bien a falta de resolución judicial que haya adquirido fuerza de cosa juzgada;
  • cualquier hipoteca convencional, hipoteca judicial, así como hipoteca legal de los cónyuges, y cualquier derecho de pignoración o entrega en prenda constituidos sobre los bienes del deudor por deudas contraídas con anterioridad;
  • cualquier medidacautelar, a menos que la inscripción o el acto de embargo sean anteriores a la fecha de suspensión de pagos;
  • cualquier autorización y ejercicio de opción de compra por parte de los empleados de la empresa;
  • cualquier traspaso de bienes o de derechos en un patrimonio fiduciario, a menos que dicho traspaso se haya efectuado como garantía de una deuda contraída de manera concomitante;
  • cualquier cláusula adicional a un contrato de fideicomiso por la que derechos o bienes ya traspasados a un patrimonio fiduciario se constituyan como garantía de las deudas contraídas con anterioridad a dichacláusula;
  • cuando el deudor sea un empresario a título individual con responsabilidad limitada (EIRL) cualquier asignación o modificación en la asignación de un bien, a condición de que se produzca el pago de ingresos no destinados a la actividad profesional, cuyo resultado provoque un empobrecimiento del patrimonio sujeto al procedimiento, en beneficio de otro patrimonio del mismo empresario;
  • la declaración notarial de inembargabilidad realizada por el deudor.

Estos actos deberán ser anulados por el juzgado, independientemente de si las partes han actuado de buena o mala fe.

El juzgado podrá, asimismo, anular los actos de cesión de bienes muebles e inmuebles a título gratuito, así como la declaración de inembargabilidad realizados en los seis meses anteriores a la fecha de suspensión de pagos. Estos casos quedarán sujetos a una nulidad facultativa.

Última actualización: 13/02/2018

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Insolvencia - Croacia

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

El procedimiento preconcursal y el procedimiento de insolvencia pueden incoarse tanto contra personas jurídicas como contra los activos de deudores individuales, a menos que la ley disponga lo contrario. A los efectos de la Ley Concursal (Stečajni zakon o SZ), un deudor individual es una persona física sujeta al pago de impuestos sobre la renta por ejercer una actividad por cuenta propia, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta (Zakon o porezu na dohodak), o bien sujeta al pago de impuestos sobre sociedades, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Zakon o porezu na dobit).

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

a) El procedimiento preconcursal puede incoarse si el juez determina que el deudor corre el riesgo de entrar de forma inminente en situación de insolvencia, es decir, que no podrá pagar sus deudas pendientes cuando estas venzan.

Se considera que la situación de insolvencia es inminente si todavía no se han dado las circunstancias que determinan la insolvencia del deudor y se cumplen las siguientes condiciones:

− en el registro de orden de prioridad de pago de deudas que mantiene la Agencia Financiera (Financijska agencija) figuran una o más deudas impagas a nombre del deudor para las cuales existe un comprobante válido de deuda y que deberían haberse pagado con cargo a cualquier cuenta del deudor, sin su autorización previa;

− en caso de retraso superior a treinta días en el pago de los sueldos de los empleados, con arreglo a un contrato de trabajo, las normas laborales, un convenio colectivo de trabajo, normas especiales, o cualquier otro documento que rija las obligaciones de los empleadores para con sus empleados; o

− en caso de retraso superior a treinta días en el pago de contribuciones e impuestos correspondientes a los sueldos mencionados en el párrafo anterior, a contar desde el momento en que se hicieron exigibles como resultado del pago de dichos sueldos.

b) El procedimiento de insolvencia puede incoarse si el juez determina que existen motivos para declarar la insolvencia del deudor, es decir, en caso de incapacidad de pago de sus deudas o sobreendeudamiento.

Se habla de insolvencia cuando el deudor experimenta dificultades constantes para pagar sus deudas pendientes. El hecho de que el deudor haya pagado o pueda pagar la totalidad o parte de los créditos de algunos de sus acreedores no garantiza su solvencia.

Se considera que un deudor es insolvente en los siguientes casos:

− si, en el Registro de orden de prioridad de pago de deudas que mantiene la Agencia Financiera figuran una o más deudas impagas a nombre del deudor, pendientes de pago durante más de sesenta días, para las cuales existe un comprobante válido de deuda y que deberían haberse pagado con cargo a cualquier cuenta del deudor, sin su aprobación previa;

− si no se han pagado tres sueldos consecutivos de los empleados, con arreglo a un contrato de trabajo, las normas laborales, un convenio colectivo de trabajo, normas especiales, o cualquier otro documento que rija las obligaciones de los empleadores para con sus empleados.

Se considera que existe sobreendeudamiento cuando los activos de la persona jurídica deudora no le permiten pagar sus deudas.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

En el procedimiento de insolvencia, forman parte de la masa activa del concurso la totalidad de los bienes del deudor en la fecha de apertura del procedimiento, así como los adquiridos durante el procedimiento. La masa activa está destinada a pagar los costes del procedimiento de insolvencia, los créditos de los acreedores del deudor y los créditos cuyo pago queda garantizado por determinados derechos sobre sus activos.

La libre disposición de los bienes de la masa activa por parte de personas previamente autorizadas para representar al deudor, con arreglo a derecho, o por parte del deudor individual tras la apertura del procedimiento de insolvencia, es nula de pleno derecho, a excepción de la efectuada de conformidad con el principio de veracidad de los registros públicos. Los importes que hubiesen aumentado el valor de la masa activa serán devueltos a la contraparte.

Si el deudor individual recibe una herencia o un legado antes de la apertura o durante el procedimiento de insolvencia, solo él podrá decidir si acepta o rechaza dicha herencia o legado.

Si el deudor forma una comunidad de bienes, una sociedad colectiva u otra relación jurídica con terceros, la repartición de activos entre dichas personas no se verá afectada por el procedimiento de insolvencia. Podrá solicitarse el pago preferente de las deudas originadas por dicha relación mediante los activos que integran la participación del deudor.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

a) Procedimiento preconcursal: los requisitos para la designación del administrador concursal son los mismos que los aplicables a la designación del liquidador. De estimarlo necesario, el juez puede designar a un administrador concursal al incoar el procedimiento preconcursal. El administrador concursal cesa en sus funciones al dictarse el auto de confirmación del convenio preconcursal, al incoarse el procedimiento de insolvencia o por decisión de los acreedores.

Las funciones del administrador concursal durante el procedimiento preconcursal son las siguientes:

1. analizar las operaciones comerciales del deudor;

2. analizar el inventario de activos y pasivos del deudor;

3. analizar la veracidad de los créditos registrados;

4. impugnar créditos cuando, sobre la base de la documentación proporcionada por el acreedor o por cualquier otro motivo, tenga dudas sobre su veracidad;

5. controlar las operaciones comerciales del deudor, en particular, las operaciones financieras, las deudas contraídas con terceros, la emisión de instrumentos de garantía de pago y las actividades de venta de bienes o servicios, garantizando que los activos del deudor no se vean comprometidos;

6. demandar al deudor ante el órgano jurisdiccional si este incumple las disposiciones del artículo 67 de la SZ;

7. emitir órdenes y certificados, con arreglo a los artículos 69 y 71 de la SZ;

8. garantizar el pago en tiempo y forma de la totalidad de los costes del procedimiento preconcursal;

9. realizar otras actividades, de conformidad con la SZ.

Desde el comienzo hasta el final del procedimiento preconcursal, el deudor solo podrá efectuar pagos necesarios en el curso de las actividades normales de la empresa. Durante ese período, el deudor no podrá pagar deudas incurridas y exigibles con anterioridad a la apertura del procedimiento preconcursal, a excepción del pago de sueldos brutos de empleados o antiguos empleados del deudor, con arreglo a una relación laboral, siempre que el crédito hubiese sido exigible hasta la fecha de apertura del procedimiento preconcursal; indemnizaciones por despido hasta el importe que establezca la ley o un convenio colectivo; indemnizaciones por daños producidos por accidentes laborales o enfermedades profesionales; y reclamaciones de aumentos de sueldo hasta el importe de la base contributiva de los sueldos y otros derechos sustantivos de los empleados, con arreglo a contratos de trabajo y convenios colectivos, exigibles tras la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento preconcursal, así como otros pagos necesarios en el curso de las actividades normales de la empresa, con arreglo a leyes especiales.

Desde la fecha de la propuesta de apertura del procedimiento preconcursal hasta la emisión de la decisión de incoar dicho procedimiento, el deudor no podrá hipotecar ni enajenar sus bienes, a menos que cuente con la autorización previa del administrador concursal o del juez, si no se designó a un administrador concursal.

b) Procedimiento de insolvencia: el liquidador del procedimiento de insolvencia es seleccionado al azar de la lista «A» de liquidadores del territorio de competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, a menos que la SZ disponga lo contrario. Sobre la base de esta selección, el juez designa al liquidador en el auto de apertura del procedimiento de insolvencia. Con carácter excepcional, si se designó a un administrador concursal en el procedimiento preconcursal previo o a un liquidador provisional en el procedimiento de insolvencia, el juez nombrará a dicho administrador concursal o liquidador provisional como liquidador.

El liquidador asume las facultades y las obligaciones de los órganos corporativos del deudor, a menos que la SZ disponga lo contrario. Si el deudor sigue administrando la empresa durante el procedimiento de insolvencia, de conformidad con el artículo 217, apartado 2, de la SZ, será el liquidador quien administre las operaciones comerciales.

El liquidador actúa en representación del deudor. Gestiona solo aquellas operaciones del deudor individual que afecten a la masa y asume las funciones de representante legal del deudor.

El liquidador tiene el deber de actuar a conciencia y de forma organizada y se encarga, en particular, de lo siguiente:

1. ordenar los registros contables hasta la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia;

2. elaborar una estimación preliminar de los costes del procedimiento de insolvencia y entregarla a la junta de acreedores para su aprobación;

3. crear un comité encargado de elaborar el inventario de activos;

4. elaborar un primer balance de los activos del deudor;

5. gestionar, con la debida diligencia, las operaciones iniciadas y no concluidas del deudor, así como las operaciones necesarias para preservar sus bienes;

6. garantizar el cobro de los créditos del deudor;

7. gestionar a conciencia las operaciones del deudor a las que se refiere el artículo 217, apartado 2, de la SZ;

8. entregar al Instituto de Seguros de Pensiones de Croacia los documentos relacionados con el estatuto de los beneficiarios, con arreglo al Derecho laboral;

9. realizar o cobrar, con la debida diligencia, los bienes y los derechos del deudor que forman parte de la masa;

10. organizar la distribución de los activos entre los acreedores y realizar dicha distribución tras la aprobación correspondiente;

11. entregar el informe final a la junta de acreedores;

12. distribuir otros importes entre los acreedores;

13. tras el cierre del procedimiento de insolvencia, representar a la masa concursal con arreglo a la SZ.

El liquidador debe presentar informes escritos sobre el desarrollo del procedimiento de insolvencia y el balance de los activos de la masa, utilizando un formulario tipo y al menos una vez por trimestre.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Si, al incoarse el procedimiento de insolvencia, el acreedor tenía derecho a compensación, con arreglo a la ley o a un contrato, la apertura del procedimiento no afectará a su derecho.

Si, al incoarse el procedimiento de insolvencia, existen uno o más créditos sujetos a compensación, a condición de que se cumpla una condición suspensiva, o que no sean exigibles o que no deban pagarse de la misma forma, solo se compensarán cuando se cumplan las condiciones necesarias. En la compensación no se aplica la regla de que los créditos pendientes de pago se vuelven exigibles al incoarse el procedimiento de insolvencia, y de que los créditos no pecuniarios o de importe no especificados se compensan según el valor monetario estimado al incoarse el procedimiento de insolvencia. Si el crédito que va a utilizarse para la compensación pasa a ser incondicional y el crédito vence antes de poder compensarse, la compensación no será posible.

Los créditos denominados en monedas o unidades de cuenta diferentes pueden compensarse, a condición de que dichas monedas o unidades de cuenta puedan cambiarse fácilmente en el lugar de pago del crédito utilizado para la compensación. La conversión se realiza al tipo de cambio aplicable en el lugar del pago del crédito al recibirse la declaración de compensación.

La compensación no será posible en los siguientes casos:

1. si la deuda del acreedor contra la masa nació únicamente tras la apertura del procedimiento de insolvencia;

2. si el crédito fue cedido al acreedor por otro acreedor únicamente tras la apertura del procedimiento de insolvencia;

3. si el acreedor adquirió el crédito por cesión en los seis meses anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia o si no se incoó el procedimiento preconcursal en los seis meses anteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia y el acreedor sabía o debió haber sabido que el deudor había sido declarado insolvente o que se había presentado una propuesta de apertura de un procedimiento preconcursal o de insolvencia contra el deudor. No obstante lo anterior, la compensación será posible si el crédito fue cedido en relación con el cumplimiento de un contrato pendiente de cumplimiento o si el acreedor recuperó el derecho a reclamar el crédito como resultado de la impugnación exitosa de un acto jurídico realizado por el deudor;

4. si el acreedor adquirió el derecho de compensación mediante un acto jurídico anulable.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Si, al incoarse el procedimiento de insolvencia, el deudor y la contraparte de un contrato bilateral vinculante no han cumplido dicho contrato total o parcialmente, el liquidador podrá cumplir el contrato en lugar del deudor y exigir a la contraparte que haga lo mismo. Si el liquidador se niega a cumplir el contrato, la contraparte podrá reclamar el crédito adeudado por incumplimiento contractual solo en calidad de acreedor concursal. Si la contraparte solicita al liquidador que presente sus observaciones sobre su derecho de opción, el liquidador debe notificarle inmediatamente si exigirá el cumplimiento del contrato, por carta certificada y, a más tardar, después de la audiencia de información. No obstante lo anterior, si, en el momento de celebrarse la audiencia de información, la contraparte hubiese sufrido ya perjuicios considerables e informará de ello al liquidador, este deberá notificarle si exigirá el cumplimiento del contrato, por carta certificada y en los ocho días siguientes. Si el liquidador no envía dicha notificación, no podrá exigir el cumplimiento del contrato.

Si la prestación debida es divisible y, al incoarse el procedimiento de insolvencia, la contraparte ha cumplido parcialmente sus obligaciones en materia de prestación, podrá hacer valer su derecho a una contraprestación correspondiente a ese cumplimiento parcial en calidad de acreedor concursal, aun cuando el liquidador haya exigido el cumplimiento de las obligaciones contractuales restantes. Si la contraparte no exige contraprestación, no tendrá derecho a reclamar la devolución de los importes que se agreguen a la masa concursal como consecuencia del cumplimiento parcial del contrato.

Si se registra una reserva en el Registro de Propiedad para garantizar el derecho de reclamar la adquisición o la revocación de derechos sobre un bien inmueble del deudor, sobre un derecho registrado a favor del deudor, sobre el derecho de exigir un cambio de contenido o la prioridad sobre dicho derecho, el acreedor podrá reclamar su crédito en calidad de acreedor concursal. Esto también es aplicable si el deudor asumió todas las demás obligaciones para con el acreedor y luego no las cumplió en todo o en parte. Esta disposición también es aplicable a las reservas registradas en el registro de buques, en el registro de buques en construcción o en el registro de aeronaves.

Si, antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, el deudor ha vendido sus bienes muebles con reserva de dominio y transferido la propiedad de dichos bienes al comprador, este podrá exigir el cumplimiento del contrato de compraventa. Esto también es válido si el deudor ha asumido otras obligaciones para con el comprador que ha incumplido total o parcialmente. Si, antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, el deudor ha comprado un bien inmueble con reserva de dominio y lo ha recibido del vendedor, el liquidador tendrá un derecho de opción sobre dicho bien, con arreglo al artículo 181 de la SZ.

Los alquileres y arrendamientos de bienes inmuebles no se ven afectados por la apertura del procedimiento de insolvencia. Esto también es válido para los contratos de alquiler y arrendamiento que el deudor haya celebrado en calidad de propietario de bienes que, con fines de aseguramiento, se transfirieron a un tercero que financió su adquisición o fabricación. Los derechos adquiridos antes de la apertura del procedimiento de insolvencia y los derivados de la cancelación anticipada del contrato solo pueden ser ejercidos por la contraparte en calidad de acreedor concursal.

El liquidador puede cancelar contratos de alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles que el deudor hubiese celebrado en calidad de arrendatario, con independencia de los términos del contrato y respetando el período de preaviso establecido por ley. En ese caso, la contraparte, en calidad de acreedor concursal, puede reclamar una compensación por la cancelación anticipada del contrato. Si, al incoarse el procedimiento de insolvencia, el deudor todavía no había tomado posesión del bien inmueble, el liquidador y la contraparte podrán rescindir el contrato. Si el liquidador rescinde el contrato, la contraparte, en calidad de acreedor concursal, podrá reclamar una compensación por los daños sufridos como consecuencia de la cancelación anticipada del contrato. Ambas partes deben notificar a la contraparte, a instancia de esta y en un plazo de quince días, su intención de rescindir el contrato. De lo contrario, perderán el derecho de retractación.

Si el deudor, en calidad de arrendatario de un bien inmueble en el periodo anterior a la incoación del procedimiento de insolvencia, dispone de créditos en concepto de alquileres y arrendamientos futuros, esta situación tendrá efectos jurídicos siempre que esté relacionada con alquileres o arrendamientos correspondientes al mes civil en el que se incoa el procedimiento de insolvencia. Si el procedimiento de insolvencia se incoa después del decimoquinto día del mes, la existencia de esos créditos también tendrá efectos jurídicos durante siguiente mes civil y afectará fundamentalmente al pago del alquiler o del arrendamiento. Los créditos basados en títulos ejecutivos son equivalentes a los créditos contractuales.

El liquidador podrá cancelar el contrato de alquiler o arrendamiento en nombre del deudor en calidad de propietario, dentro del período de preaviso establecido por ley y con independencia del período de preaviso establecido en el contrato.

El tercero a quien el liquidador hubiese traspasado el bien inmueble alquilado por el deudor y que, por tanto, celebra el contrato de alquiler o arrendamiento en lugar de este puede cancelar el contrato dentro del plazo de preaviso establecido por ley.

Si el deudor es el arrendatario, la contraparte no podrá cancelar el contrato de alquiler tras la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia en los siguientes casos:

1. por retraso en el pago de rentas o alquileres adeudados con anterioridad a la apertura del procedimiento de insolvencia;

2. si se deterioró la situación financiera del deudor.

La apertura del procedimiento de insolvencia no provoca la cancelación de los contratos de trabajo o de servicio celebrados con el deudor. Es un motivo particular que puede justificar la cancelación de contratos de trabajo. Tras la apertura del procedimiento de insolvencia, el liquidador, en nombre del deudor (empleador), y el empleado podrán cancelar el contrato de trabajo, con independencia del período de contratación previsto y de las disposiciones establecidas por ley o en el contrato relativas a la protección de los empleados. El período de preaviso será de un mes, a menos que la ley prevea un plazo más corto. Si el empleado estima que la cancelación del contrato de trabajo no es conforme a derecho, podrá hacer valer sus derechos, de conformidad con la Ley Laboral (Zakon o radu).

Con la autorización del juez, el liquidador puede celebrar nuevos contratos de trabajo de duración determinada, sin las restricciones establecidas por las normas generales aplicables a contratos de trabajo de duración determinada, a fin de concluir las operaciones comerciales en curso y evitar posibles daños. Con la autorización del juez y con arreglo a las normas y al convenio colectivo correspondiente, el liquidador determinará los sueldos y las prestaciones de los empleados. Los sueldos y las prestaciones debidos a los empleados tras la apertura del procedimiento de insolvencia son créditos contra la masa.

Los empleados pierden el derecho de participación al incoarse el procedimiento de insolvencia. Los acuerdos celebrados con el consejo de trabajadores no serán vinculantes para el liquidador.

Las órdenes del deudor relativas a los bienes que integran la masa activa dejarán de surtir efecto al incoarse el procedimiento de insolvencia. Si la persona que recibió la orden no estaba al corriente de la apertura del procedimiento de insolvencia, por razones ajenas a su voluntad, y sigue desarrollando su actividad, la orden del deudor se seguirá considerando válida. Los créditos de quienes reciban órdenes relacionadas con la continuación de esas actividades se satisfacen como créditos contra la masa. A fin de reparar un daño, la persona que recibió la orden debe seguir desarrollando su actividad tras la apertura del procedimiento de insolvencia, hasta que el liquidador pueda hacerse cargo de ella. Los créditos reclamados por personas que reciban órdenes relativas a dichas actividades son créditos contra la masa.

Las ofertas hechas a o por el deudor dejan de surtir efecto el día de apertura del procedimiento de insolvencia, a menos que hubiesen sido aceptadas antes de esa fecha.

En lo que respecta a los contratos comerciales con arreglo a los cuales terceros se hayan comprometido a brindar un servicio determinado en nombre del deudor y en lo concerniente a la autorización del deudor en relación con los activos que integran la masa activa y que haya perdido validez al incoarse el procedimiento de insolvencia, a fin de reparar el daño, la persona que haya recibido la orden debe seguir desarrollando la actividad incluso tras la apertura del procedimiento de insolvencia, hasta que el liquidador pueda hacerse cargo de ella. Los créditos reclamados por personas que reciban órdenes relacionadas con la continuidad de la actividad son créditos contra la masa.

Las disposiciones contractuales que impidan o limiten de antemano la aplicación de las disposiciones de la SZ son nulas de pleno derecho.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

a) Procedimiento preconcursal: no pueden incoarse procedimientos de ejecución, administrativos ni de garantía contra el deudor una vez incoado y hasta la finalización del procedimiento preconcursal. Los procedimientos de esta clase que estén en curso al incoarse el procedimiento preconcursal serán suspendidos. Los procedimientos suspendidos continuarán a solicitud de los acreedores:

- tras la conclusión de un convenio preconcursal, en relación con créditos o parte de los créditos impugnados durante el procedimiento preconcursal;

- tras una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento preconcursal.

Estas disposiciones no son aplicables a los procedimientos que no se vean afectados por el procedimiento preconcursal, ni a procedimientos de liquidación de deudas incurridas tras la apertura del procedimiento preconcursal.

En lo relativo a procedimientos sujetos a una orden de suspensión emitida por un órgano jurisdiccional debido a la apertura de un procedimiento preconcursal y en los cuales se haya dictado una resolución definitiva de confirmación de un convenio preconcursal que incluya el crédito reclamado por el acreedor, el órgano jurisdiccional continuará el procedimiento y rechazará la reclamación o interrumpirá el procedimiento de ejecución o garantía, a excepción de los créditos o partes de créditos impugnados en el procedimiento preconcursal.

b) Procedimiento de insolvencia: tras la apertura del procedimiento de insolvencia, los acreedores individuales no podrán reclamar la ejecución o ejecutar la garantía de su crédito contra el deudor respecto de aquellos activos que formen parte de la masa concursal ni de otros activos del deudor. Los acreedores que no sean concursales no podrán reclamar la ejecución o ejecutar la garantía de créditos futuros contra deudores individuales generados por relaciones laborales u otros servicios ni otros créditos similares durante el procedimiento concursal, a excepción de la ejecución de créditos o de garantías de créditos por pensiones alimentarias y otros créditos que pueden pagarse con los ingresos generados por el trabajo del deudor, los cuales no pueden emplearse para pagar otros tipos de créditos. Esos procedimientos de ejecución de créditos y de garantías de créditos pendientes al incoarse el procedimiento de insolvencia serán interrumpidos. Una vez que estos procedimientos continúen, el órgano jurisdiccional competente para la ejecución interrumpirá el procedimiento.

Tras incoarse el procedimiento de insolvencia, los acreedores con derecho a reclamar la exclusión de una parte de los activos del deudor de la masa concursal (izlučni vjerovnici) pueden hacer valer sus derechos, exigiendo el cumplimiento y ejecutando la garantía de sus créditos contra el deudor, de conformidad con las normas generales aplicables a los procedimientos de ejecución. Los procedimientos de ejecución y de garantías suspendidos que los acreedores hayan incoado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia seguirán su curso y serán ejecutados por un órgano jurisdiccional competente para la ejecución, con arreglo a las normas aplicables a los procedimientos de ejecución.

Tras la apertura del procedimiento de insolvencia, los acreedores con derechos preferentes (razlučni vjerovnici) no pueden incoar procedimientos de ejecución ni de garantía. Los procedimientos de ejecución y de garantías pendientes al incoarse el procedimiento de insolvencia serán interrumpidos. Los procedimientos de ejecución y de ejecución de garantías interrumpidos seguirán su curso ante el juez que conoce del procedimiento de insolvencia, con arreglo a las normas aplicables a la realización de activos de la masa concursal sujetos a derechos preferentes.

Tras la apertura del procedimiento de insolvencia, la inscripción en registros públicos será posible si se cumplieron los requisitos de inscripción antes de que la apertura del procedimiento de insolvencia surtiese los efectos jurídicos oportunos.

Los créditos contra la masa concursal que no estén fundados en actos jurídicos del liquidador no podrán ejecutarse hasta pasados seis meses desde la apertura del procedimiento de insolvencia.

Esta disposición no es aplicable a los siguientes tipos de créditos:

1. créditos contra la masa concursal nacidos de contratos bilaterales vinculantes celebrados por el liquidador;

2. créditos nacidos de una relación contractual permanente tras el vencimiento del primer plazo dentro del cual el liquidador podría haber cancelado el contrato correspondiente;

3. créditos nacidos de una relación contractual permanente si el liquidador ha recibido una contraprestación a favor de la masa concursal.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

a) Procedimiento preconcursal: desde la fecha de apertura hasta la de finalización del procedimiento preconcursal, no podrán incoarse procedimientos civiles contra el deudor. Los procedimientos de esta clase que estén en curso en la fecha de incoación del procedimiento preconcursal serán suspendidos. Los procedimientos suspendidos continuarán a solicitud de los acreedores:

- tras la conclusión de un convenio preconcursal, en relación con créditos o parte de los créditos impugnados durante el procedimiento preconcursal;

- tras una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento preconcursal.

Estas disposiciones no son aplicables a procedimientos que no se vean afectados por el procedimiento preconcursal, ni a procedimientos de liquidación de deudas incurridas tras la apertura del procedimiento preconcursal.

En lo relativo a procedimientos sujetos a una orden de suspensión emitida por un órgano jurisdiccional debido a la apertura de un procedimiento preconcursal y respecto de los cuales se hubiese dictado luego una resolución definitiva de confirmación de un convenio preconcursal que incluye el crédito reclamado, el órgano jurisdiccional continuará el procedimiento y rechazará la reclamación o interrumpirá los procedimientos de ejecución o de garantía, a excepción de los créditos o partes de créditos impugnados en el procedimiento preconcursal.

b) Procedimiento de insolvencia: el liquidador, en nombre y por cuenta del deudor, asumirá la responsabilidad por los litigios, incluidos los procedimientos arbitrales, incoados en relación con los activos que formen parte de la masa concursal y que estuviesen en curso al incoarse el procedimiento concursal. Los litigios relativos a créditos presentados en el procedimiento concursal se interrumpirán hasta que puedan ser analizados en la audiencia de verificación.

El liquidador asumirá la responsabilidad por los litigios pendientes contra el deudor al incoarse el procedimiento de insolvencia cuando estos estén relacionados con:

1. la exclusión de activos de la masa concursal;

2. pago preferente;

3. créditos contra la masa concursal.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

a) Procedimiento preconcursal: los acreedores del deudor en un procedimiento preconcursal son las personas que, al incoarse dicho procedimiento, tengan créditos pecuniarios contra él. Las normas de la SZ aplicables al derecho de voto en los convenios concursales son igualmente aplicables al derecho de voto de los acreedores en el plan de reestructuración.

Los acreedores expresan su voto por escrito en el formulario disponible a tal efecto. Dicho formulario debe ser entregado al juez, a más tardar, al comienzo de la audiencia de votación y debe ser firmado y certificado por una persona autorizada. Si, al comenzar la audiencia, los acreedores no han presentado el formulario de votación o han presentado un formulario que no permite determinar de forma inequívoca el sentido de su voto, se considerará que han votado en contra del plan de reestructuración.

Los acreedores presentes en la audiencia votan a través del formulario de votación disponible a tal efecto. Si los acreedores con derecho a voto no votan en la audiencia, se considerará que han votado en contra del plan de reestructuración.

Cada una de las categorías de acreedores con derecho a voto vota por separado en relación con el plan de reestructuración. Las normas de clasificación de los participantes en convenios concursales son igualmente aplicables a la clasificación de acreedores en procedimientos preconcursales.

Se considerará que los acreedores han aceptado el plan de reestructuración si la mayoría ha votado a favor del plan y si, en todas las categorías, la suma de los créditos de los acreedores que votaron a favor alcanza al menos el doble de la suma de los créditos de los acreedores que votaron en contra.

Los acreedores que ejercen un derecho conjunto o cuyos derechos formaron un único derecho unificado hasta el surgimiento de los motivos para la apertura del procedimiento preconcursal se consideran como un único acreedor a efectos de la votación. Los titulares de derechos independientes o de derechos de usufructo son tratados de forma independiente.

b) Procedimiento de insolvencia y comité de acreedores: a fin de proteger los intereses de los acreedores durante el procedimiento de insolvencia, antes de la primera audiencia de acreedores, el juez podrá establecer un comité de acreedores y designar a sus miembros.

Tanto los acreedores con créditos por importes grandes como los acreedores con créditos por importes pequeños deben estar representados en el comité de acreedores. Además, el comité de acreedores debe contar con la participación de un representante de los antiguos empleados del deudor, a menos que estos participen en el procedimiento en calidad de acreedores con créditos de importes poco significativos.

Los acreedores con derechos preferentes (razlučni vjerovnici) y las personas que no sean acreedores pero puedan contribuir al trabajo del comité aportando conocimientos especializados pueden ser designados para integrar el comité de acreedores.

El número de miembros del comité de acreedores debe ser impar (nueve, como máximo). Si el comité está compuesto por menos de cinco miembros, todos los acreedores ejercerán las facultades del comité de acreedores.

Si, en la audiencia de verificación, los créditos reconocidos de los acreedores alcanzan un importe superior a los 50 millones HRK y, al incoarse el procedimiento de insolvencia, el deudor mantiene contratos laborales con más de 20 empleados, corresponderá al juez autorizar a los acreedores a adoptar una decisión con vistas a la creación de un comité de acreedores.

El comité de acreedores debe supervisar al liquidador y ayudarle en la realización de las actividades de la empresa, así como controlar las operaciones, con arreglo al artículo 217 de la SZ, verificar los libros y los registros de la empresa y ordenar la verificación de la facturación y de los importes en efectivo. El comité de acreedores puede autorizar a sus miembros para que realicen actividades individuales dentro de su ámbito de competencia.

Entre las funciones del comité de acreedores se encuentran, en particular, las siguientes:

1. revisar los informes elaborados por el liquidador sobre la evolución del procedimiento de insolvencia y el estado de la masa concursal;

2. revisar los libros contables de la empresa y toda la documentación de la que se encarga el liquidador;

3. formular objeciones ante el juez contra los actos del liquidador;

4. aprobar la estimación de costes incurridos como resultado del procedimiento de insolvencia;

5. si el juez lo solicita, emitir un dictamen sobre la liquidación de los activos del deudor;

6. si el juez lo solicita, emitir un dictamen sobre la continuación de las operaciones comerciales o actividades del deudor;

7. si el juez lo solicita, emitir un dictamen sobre el reconocimiento de pérdidas justificadas incluidas en el inventario de activos.

(3) El comité de acreedores debe notificar a los acreedores la evolución del procedimiento y el estado de la masa concursal.

La junta de acreedores

El juez convoca una junta de acreedores. Pueden participar en la junta todos los acreedores concursales, todos los acreedores concursales con derechos de cobro preferente, el liquidador y el deudor individual.

En la audiencia de información o en cualquier audiencia posterior, la junta de acreedores tendrá las siguientes facultades:

1. crear un comité de acreedores, si no se ha creado ya, cambiar la composición del comité o disolverlo;

2. nombrar a un nuevo liquidador;

3. decidir sobre la continuación o interrupción de las actividades del deudor y sobre la forma y las condiciones en las que se liquidarán los activos del deudor;

4. ordenar al liquidador que redacte un convenio concursal;

5. aprobar cualquier decisión que sea de la competencia del comité de acreedores;

6. decidir sobre otras cuestiones relativas a la implementación y la finalización del procedimiento de insolvencia, con arreglo a la SZ.

La junta de acreedores está facultada para solicitar al liquidador que presente notificaciones e informes sobre el estado de la empresa y de las operaciones comerciales. Si no se ha establecido un comité de acreedores, la junta de acreedores podrá ordenar la verificación de la facturación y de los importes en efectivo que administra el liquidador.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Al incoarse el procedimiento de insolvencia, la persona jurídica deudora pierde sus derechos, que son cedidos al liquidador. Los derechos del deudor individual de administrar y disponer de los bienes que integran la masa concursal también son cedidos al liquidador.

Tras la apertura del procedimiento, el liquidador debe tomar posesión y asumir la gestión de los activos de la masa de inmediato.

El liquidador puede solicitar al juez basándose en una orden de ejecución de incoación del procedimiento de insolvencia que ordene la entrega por parte del deudor de los bienes en su poder y que adopte medidas de ejecución forzosa de dicha orden.

Una vez adoptada la resolución definitiva de apertura del procedimiento de insolvencia, el liquidador puede solicitar al juez que ordene a terceros que entreguen bienes de la masa concursal en su poder. Junto con dicha solicitud, el liquidador debe presentar un documento que certifique la titularidad de esos bienes. El juez decidirá sobre la solicitud del liquidador tras oír a los terceros que se encuentran en posesión de bienes de la masa.

El liquidador elaborará una lista de los distintos bienes que integran la masa activa. El deudor individual y las personas previamente autorizadas para representar legalmente al deudor deben colaborar con el liquidador para la elaboración de esa lista, proporcionándole la información necesaria, a menos que ello provoque el retraso injustificado del procedimiento.

El liquidador elaborará una lista de todos los acreedores del deudor que encuentre en los libros contables y en la documentación de la empresa, a partir de la información proporcionada por el deudor, de las declaraciones de créditos y de otras fuentes.

El liquidador efectuará un examen sistemático, con respecto a la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, en el que se constaten y se comparen los activos y los pasivos de la masa y su estimación.

El inventario de la masa concursal, la lista de acreedores y el examen de los activos y pasivos de la masa han de presentarse ante la secretaría del órgano jurisdiccional, a más tardar, ocho días antes de la audiencia de información.

La apertura del procedimiento de insolvencia no exime al deudor de su deber, establecido por la legislación mercantil y tributaria, de llevar los libros contables y suministrar información financiera sobre su empresa. El liquidador debe asumir estas obligaciones en relación con la masa concursal.

A más tardar, quince días antes de la audiencia de información, el liquidador debe presentar ante el juez un informe sobre la situación financiera del deudor y los motivos de dicha situación, que se publicará en el boletín electrónico de anuncios (e-Oglasna ploča suda) del órgano jurisdiccional, a más tardar, ocho días antes de la audiencia de información.

Tras la audiencia de información, el liquidador deberá realizar los activos de la masa lo antes posible, siempre que ello no fuese contrario a la decisión de la junta de acreedores.

El liquidador debe realizar los activos de la masa de conformidad con las decisiones de la junta de acreedores y del comité de acreedores.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Al incoarse el procedimiento de insolvencia, la persona jurídica deudora pierde sus derechos, que son cedidos al liquidador. Los derechos del deudor individual de administrar y disponer de los bienes que integran la masa concursal también son cedidos al liquidador.

Tras la apertura del procedimiento, el liquidador debe tomar posesión y asumir la gestión de los bienes de la masa de inmediato.

El liquidador, basándose en una orden de ejecución de incoación del procedimiento de insolvencia, puede solicitar al juez que ordene la entrega por parte del deudor de activos en su poder y que adopte medidas de ejecución forzosa de dicha orden.

Una vez adoptada la resolución definitiva de apertura del procedimiento de insolvencia, el liquidador puede solicitar al juez que ordene a terceros que entreguen bienes de la masa concursal en su poder. Junto con dicha solicitud, el liquidador debe presentar un documento que certifique la titularidad de esos bienes. El juez decidirá sobre la solicitud del liquidador tras oír a los terceros que se encuentran en posesión de bienes de la masa.

El liquidador elaborará una lista de los bienes que integran la masa activa. El deudor individual y las personas previamente autorizadas para representar legalmente al deudor deben colaborar con el liquidador para la elaboración de esa lista, proporcionándole la información necesaria, a menos que ello provoque el retraso injustificado del procedimiento.

El liquidador elaborará una lista de todos los acreedores del deudor que encuentre en los libros contables y en la documentación de la empresa, a partir de la información proporcionada por el deudor, de las declaraciones de créditos y de otras fuentes.

El liquidador efectuará un examen sistemático, con respecto a la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, en el que se constaten y se comparen los activos y los pasivos de la masa y su estimación.

El inventario de la masa concursal, la lista de acreedores y el examen de los activos y pasivos de la masa han de presentarse ante la secretaría del órgano jurisdiccional, a más tardar, ocho días antes de la audiencia de información.

La apertura del procedimiento de insolvencia no exime al deudor de su deber, establecido por la legislación mercantil y tributaria, de llevar los libros contables y suministrar información financiera sobre su empresa. El liquidador debe asumir estas obligaciones en relación con la masa concursal.

A más tardar, quince días antes de la audiencia de información, el liquidador debe presentar ante el juez un informe sobre la situación financiera del deudor y los motivos de dicha situación, que se publicará en el boletín electrónico de anuncios (e-Oglasna ploča suda) del órgano jurisdiccional, a más tardar, ocho días antes de la audiencia de información.

Tras la audiencia de información, el liquidador deberá realizar los activos de la masa lo antes posible, siempre que ello no fuese contrario a la decisión de la junta de acreedores.

El liquidador debe realizar los activos de la masa de conformidad con las decisiones de la junta de acreedores y del comité de acreedores.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

a) Procedimiento preconcursal: los créditos se presentan ante la unidad correspondiente de la Agencia Financiera mediante un formulario normalizado, acompañado de copias de la documentación acreditativa de los créditos.

El Departamento de Administración Fiscal del Ministerio de Finanzas (Ministarstvo financija – Porezna uprava) puede presentar créditos de impuestos, sobretasas y contribuciones a seguros obligatorios correspondientes a sueldos e ingresos, así como otros créditos que están autorizados a cobrar con arreglo a normas especiales, además de los impuestos y sobretasas sobre ingresos por empleo y contribuciones básicas de personas aseguradas con motivo de una relación laboral.

En procedimientos preconcursales, los empleados y antiguos empleados del deudor y el Departamento de Administración Fiscal del Ministerio de Finanzas no pueden presentar créditos correspondientes a relaciones laborales, indemnizaciones por despido hasta el importe establecido por ley o por convenios colectivos, ni indemnizaciones por daños provocados por accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Este tipo de créditos no puede reclamarse en el procedimiento preconcursal. Si el solicitante omitió o cometió errores en la declaración de estos créditos en la propuesta de apertura del procedimiento preconcursal, los empleados y antiguos empleados del deudor y el Departamento de Administración Fiscal del Ministerio de Finanzas pueden presentar objeciones.

Al presentar los créditos, los acreedores con derecho de cobro preferente (razlučni vjerovnici) deben informar sobre dicho derecho, su fundamento jurídico y la parte de los activos del deudor afectada por dicho derecho, y deben declarar si renuncian o no al cobro preferente de esos créditos.

Al presentar los créditos, los acreedores con derecho a reclamar la exclusión de una parte de los activos del deudor de la masa concursal (izlučni vjerovnici) deben proporcionar información sobre dicho derecho, su fundamento jurídico y la parte de los activos del deudor sujeta a ese derecho de exclusión.

Al presentar los créditos, ambos tipos de acreedores (los razlučni vjerovnici y los izlučni vjerovnici) deben declarar si están de acuerdo o no con que se suspenda la liquidación mediante los activos sujetos a derechos preferentes o la segregación de activos sujetos a derechos de exclusión, a los fines de la ejecución del plan de reestructuración.

El convenio preconcursal no debe interferir con el derecho de los acreedores al cobro preferente mediante los activos sujetos a derechos preferentes, a menos que dicho convenio disponga lo contrario. Si el convenio preconcursal dispone lo contrario expresamente, debe especificar la parte de los derechos de dichos acreedores que ha de reducirse, durante cuánto tiempo se aplazará la liquidación y qué otras disposiciones del procedimiento preconcursal son aplicables a dichos derechos.

Si el acreedor no presentó un crédito, pero este figura en la propuesta de apertura del procedimiento preconcursal, dicho crédito se considerará presentado.

El deudor y el administrador concursal, en caso de ser nombrado, deben dar su opinión sobre los créditos presentados por los acreedores. Dichas observaciones han de presentarse ante el departamento correspondiente de la Agencia Financiera mediante un formulario normalizado en el que ha de indicarse la siguiente información sobre cada uno de los créditos:

1. el número de crédito que figura en la lista de créditos presentados;

2. los datos de identificación de los acreedores;

3. el importe del crédito presentado;

4. el reconocimiento o la impugnación del crédito por parte del deudor y del administrador concursal, en caso de ser nombrado;

5. el importe impugnado del crédito;

6. la prueba de la inexistencia del crédito o de la parte del crédito impugnado;

Al expirar el plazo para presentar observaciones sobre los créditos presentados, el deudor y el administrador concursal, en caso de ser nombrado, ya no podrán impugnar créditos que hubiesen reconocido previamente.

Los acreedores pueden impugnar créditos presentados por otros acreedores.

La impugnación ha de presentarse ante el departamento correspondiente de la Agencia Financiera mediante un formulario normalizado en el que ha de indicarse la siguiente información:

1. los datos de identificación del acreedor que impugna el crédito;

2. el número de referencia del crédito impugnado, que figura en la lista de créditos presentados;

3. los datos de identificación del acreedor que presentó el crédito impugnado;

4. el importe del crédito impugnado;

5. una declaración del acreedor que impugnó el crédito;

6. el importe impugnado del crédito;

7. la prueba de la inexistencia del crédito o de la parte del crédito impugnado;

La Agencia Financiera elabora un cuadro con los créditos presentados y otro cuadro con los créditos impugnados en un formulario normalizado.

b) Procedimiento de insolvencia: los créditos se presentan ante el liquidador mediante un formulario normalizado por duplicado, acompañado de copias de la documentación acreditativa de los créditos.

El liquidador elabora una lista de todos los créditos presentados por los empleados y antiguos empleados del deudor hasta la apertura del procedimiento de insolvencia, expresados en cantidades brutas y netas. Deben entregarse dos copias del documento de presentación de dichos créditos para su firma.

Los créditos reclamados por acreedores con rango de prelación inferior solo se presentan a instancia especial del juez. Al presentarse dichos créditos, debe indicarse que son de un rango de prelación inferior y la categoría a la que pertenece el acreedor.

Los acreedores con derecho a reclamar la exclusión de activos (izlučni vjerovnici) deben informar al liquidador de dicho derecho, de su fundamento jurídico, de los activos sujetos a exclusión y de la compensación a la que tiene derecho en relación con dicho derecho de exclusión.

Los acreedores con derechos preferentes (razlučni vjerovnici) deben informar al liquidador de dicho derecho, de su fundamento jurídico y de los activos sujetos a dicho derechos preferentes. Si esos acreedores también presentan créditos en calidad de acreedores concursales, deben indicar en la presentación la parte de los activos del deudor afectados por el derecho preferente y el importe del crédito que probablemente no se liquide con arreglo a dicho derecho referente.

Los acreedores conservan su derecho de cobro preferente, aún cuando no informen debidamente al liquidador sobre ellos. No obstante, los acreedores pierden su derecho de cobro preferente y no podrán reclamar al deudor o a los acreedores concursales indemnizaciones por daños ni de ningún otro tipo si el bien objeto de dicho derecho de cobro preferente se realizó en su ausencia en el procedimiento de insolvencia y el derecho preferente no se consignó en ningún registro público o el liquidador no sabía y no habría podido saber sobre la existencia de dicho derecho preferente.

Los créditos presentados se analizan en la audiencia de verificación en relación con su importe y el orden de prelación.

El liquidador debe responder concretamente si reconoce o impugna cada uno de los créditos presentados.

Los créditos impugnados por el liquidador, el deudor individual o los acreedores concursales deben analizarse por separado. Los derechos de exclusión y los derechos preferentes no son objeto de análisis.

Los créditos se consideran reconocidos si, en la audiencia de verificación, el liquidador los reconoce y ningún acreedor concursal los impugna o si se rechaza su impugnación. Aun cuando el deudor individual impugne un crédito, este podrá ser reconocido.

El juez elabora un cuadro de los créditos verificados en el que precisa el importe reconocido de cada crédito, su orden de prelación y la persona que los impugnó. El cuadro también incluye la impugnación hecha por el deudor individual. Además, el juez deja asentado el reconocimiento del crédito en las letras de cambio y otros títulos de crédito correspondientes.

Sobre la base del cuadro de créditos verificados, el juez decide sobre el importe y el orden de prelación de los créditos individuales reconocidos o impugnados. En virtud de esa decisión, el juez también decidirá sobre la posibilidad de presentar demandas para el reconocimiento o la impugnación de los créditos.

Si el liquidador impugnó un crédito, el juez sugerirá al acreedor que interponga una demanda contra el deudor para exigir el reconocimiento del crédito impugnado.

Si uno de los acreedores concursales impugna un crédito reconocido por el liquidador, el juez sugerirá al acreedor que interponga una demanda para que se reconozca la impugnación del crédito. En dicha demanda, la persona que impugne un crédito actúa en nombre y por cuenta del deudor.

Si se impugnan créditos reclamados por empleados o antiguos empleados del deudor, la demanda para el reconocimiento de los créditos impugnados ha de interponerse con arreglo a las disposiciones generales aplicables a procedimientos judiciales y las disposiciones especiales aplicables a procedimientos en materia laboral.

Si el acreedor del crédito impugnado cuenta con un título ejecutivo, el juez sugerirá a la parte que solicita la impugnación que interponga una demanda para fundamentar la impugnación.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Los créditos se pagan en función de los fondos disponibles. Los acreedores subordinados no se tienen en cuenta en la distribución parcial de fondos. La distribución de fondos es realizada por el liquidador. Para distribuir cualquier importe, el liquidador debe contar con la autorización previa del comité de acreedores o, a falta de este, del juez.

Los créditos con privilegio especial son los importes brutos de créditos de empleados y antiguos empleados del deudor derivados de una relación laboral hasta la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, las indemnizaciones por despido hasta el importe establecido por ley o por un convenio colectivo, y las indemnizaciones por daños provocados por accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

Los créditos con privilegio general incluyen todos los demás créditos contra el deudor, a excepción de los créditos subordinados.

Una vez pagados los créditos privilegiados, los créditos subordinados se pagan según el siguiente orden de prelación:

1. los intereses de los créditos de los acreedores concursales acumulados desde la apertura del procedimiento de insolvencia;

2. los costes incurridos por los acreedores individuales al participar en el procedimiento;

3. las multas por actos delictivos o infracciones y los costes incurridos como resultado de los procedimientos correspondientes;

4. las reclamaciones de prestación de servicios por parte del deudor sin contraprestación;

5. las reclamaciones de devolución de préstamos para reponer el capital de un miembro de una empresa o los créditos correspondientes;

Los créditos pendientes pasan a ser exigibles al incoarse el procedimiento de insolvencia.

Los créditos supeditados a una condición resolutoria que ha de cumplirse tras la apertura del procedimiento de insolvencia se consideran incondicionales hasta tanto no se cumpla dicha condición.

Los costes incurridos como consecuencia del procedimiento de insolvencia y las demás obligaciones relativas a la masa concursal son créditos contra la masa y se liquidan primero. El liquidador liquida los créditos por orden de vencimiento.

Antes de distribuir los importes, el liquidador elabora un inventario de los créditos que se tendrán en cuenta para la distribución (inventario de distribución). Los créditos de los empleados y antiguos empleados del deudor derivados de relaciones laborales e incurridos hasta la apertura del procedimiento de insolvencia se liquidan según el importe bruto. El inventario debe incluir la suma de los créditos y el importe de la masa concursal disponible para ser distribuido entre los acreedores.

Los acreedores con derecho de cobro preferente respecto de los cuales el deudor sea, además, personalmente responsable tienen hasta quince días como máximo desde la publicación del inventario de distribución para presentar ante el liquidador la prueba de que han renunciado a dicho derecho de cobro preferente, y por qué importe, o de que sus créditos no se han pagado de esa forma. Si no presentan dicha prueba dentro del plazo estipulado, sus créditos no se tendrán en cuenta en la distribución parcial.

En la distribución parcial, se salda el importe total de los créditos sujetos a condición suspensiva. El importe de dichos créditos se mantiene en reserva durante la distribución.

En la distribución final, los créditos sujetos a condición suspensiva no se tienen en cuenta si la posibilidad de que se cumpla la condición es tan remota que, en el momento de la distribución, no tiene ningún valor material. En ese caso, los importes reservados para el pago de dichos créditos en distribuciones anteriores se integran en la masa destinada a la distribución final.

Los acreedores excluidos de la distribución parcial y que, posteriormente, reúnan las condiciones estipuladas en los artículos 275 y 276 de la SZ recibirán el mismo importe que los demás acreedores, que se pagará con el saldo de la masa concursal en la distribución siguiente. Solo entonces podrán seguirse pagando los créditos de los demás acreedores.

La distribución final comenzará tan pronto como se hayan realizado todos los bienes de la masa activa y se haya obtenido la autorización del juez.

Si, en la distribución final, hay fondos suficientes para pagar el importe total de los créditos de todos los acreedores, el liquidador transferirá el excedente al deudor individual. Si el deudor es una persona jurídica, el liquidador transferirá el excedente a las personas que tengan participaciones en la empresa deudora en función del importe que hubiesen percibido en un procedimiento de liquidación separado del procedimiento de insolvencia.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

a) Procedimiento preconcursal: si los acreedores aceptan el plan de reestructuración, el juez dictará una resolución de reconocimiento de la aprobación del plan y confirmará el convenio preconcursal, salvo en los siguientes casos:

− si uno de los acreedores demuestra con suficiente certeza que el plan de reestructuración sitúa los importes por debajo del nivel que deberían recibir en ausencia de un plan de reestructuración;

− si no parece probable que la implementación del plan de reestructuración vaya a permitir al deudor recuperar la solvencia antes de que finalice el ejercicio en curso o dentro de los dos años naturales siguientes;

− si el plan de reestructuración no especifica los importes que los acreedores recibirán si no se impugnan sus créditos; o

− si el plan de reestructuración propone la capitalización de los créditos de uno o más acreedores y los miembros de la empresa deudora no emiten una resolución para la autorización de dicha actividad, con arreglo a la Ley de Sociedades (Zakon o trgovačkim društvima).

Si no se cumplen las condiciones para la confirmación del convenio preconcursal, el juez dictará una resolución de denegación de la confirmación del convenio y suspenderá el procedimiento.

La confirmación del convenio preconcursal tiene efectos jurídicos tanto sobre los acreedores que participaron como sobre los que no participaron en el procedimiento y permite la confirmación posterior de los créditos impugnados.

El deudor que hubiese obtenido un beneficio de deudas condonadas con arreglo a un convenio preconcursal confirmado deberá conservar dicho beneficio hasta que venza el plazo para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del convenio preconcursal.

Si un acreedor condona una deuda con arreglo a un convenio preconcursal confirmado, el importe de dicha deuda condonada se considerará un gasto deducible de impuestos incurrido por el acreedor.

b) Procedimiento de insolvencia: inmediatamente después de terminar la distribución final, el juez dictará una resolución de cierre del procedimiento de insolvencia que será enviada a la autoridad a cargo del registro en el que figure el deudor. Al ser eliminada del registro, la persona jurídica deudora deja de existir y la persona física deudora pierde la condición de comerciante individual, empresario o trabajador autónomo.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Tras la conclusión del procedimiento de insolvencia contra un deudor individual, los acreedores concursales pueden seguir reclamando los créditos restantes sin limitaciones.

Los acreedores concursales pueden exigir al deudor el pago de sus créditos en virtud de una resolución de reconocimiento de dichos créditos, siempre que estos hayan sido reconocidos y no hayan sido impugnados por el deudor en la audiencia de verificación. Un crédito cuya impugnación no haya sido aceptada es equivalente a un crédito no impugnado.

A propuesta del liquidador, de los acreedores o de oficio, el juez ordenará la continuación del procedimiento a fin de una distribución ulterior, si, tras la audiencia final, se cumplen las siguientes condiciones:

1. se reúnen los requisitos previos para que los fondos de reserva se distribuyan entre los acreedores;

2. los importes pagados con fondos de la masa se reincorporan en la masa activa;

3. se identifican activos que integran la masa activa.

El juez ordenará la continuación del procedimiento para la distribución ulterior de los fondos, independientemente de si este se cerró o no.

El juez puede decidir no ordenar la distribución ulterior y transferir los fondos disponibles para su distribución entre los acreedores, o bien transferir el activo identificado al deudor individual, si lo estima apropiado, en vista del importe poco significativo que este representa, de su escaso valor y de los costes del procedimiento para la distribución ulterior. El juez puede supeditar la continuación del procedimiento de distribución ulterior al pago anticipado de los costes procesales.

Tras la distribución ulterior, el juez dictará una resolución de cierre del procedimiento de insolvencia.

Tras ordenarse la distribución ulterior, el liquidador distribuirá, con arreglo al inventario final, los importes de los que pueda disponerse libremente y los ingresos provenientes de la realización de los bienes de la masa identificados posteriormente, y entregará el informe final al juez.

Los acreedores concursales cuyos créditos fueron puestos en conocimiento del liquidador:

1. durante la distribución parcial, tras la identificación del capital disponible para su distribución;

2. durante la distribución final, tras el cierre de la audiencia final;

3. durante la distribución ulterior, tras la publicación de la lista de distribución;

solo pueden reclamar el pago de sus créditos con el saldo de la masa concursal disponible después de la distribución.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los acreedores asumen sus propias costas del procedimiento preconcursal y de insolvencia, a menos que la SZ disponga lo contrario.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Los actos jurídicos realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia que impidan el pago uniforme de los créditos concursales (perjudicando así a los acreedores) o que beneficien a unos acreedores respecto de otros (tratamiento preferencial de acreedores) pueden ser impugnados por el liquidador, en nombre del deudor, y por los acreedores concursales, con arreglo a las disposiciones de la SZ. Las omisiones que hagan que el deudor pierda un derecho o que sirvan de fundamento, permitan mantener o sirvan de garantía para el reclamo de créditos pecuniarios contra el deudor se consideran equivalentes a esos actos jurídicos.

Los actos jurídicos que proporcionen a un acreedor garantía o satisfacción de un modo y en un momento que es congruente con la esencia de sus derechos (liquidación congruente) y realizados en los tres meses previos a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia pueden ser impugnados si, al realizarse, el deudor había sido declarado insolvente y el acreedor estaba al tanto de dicho estado de insolvencia.

Los actos jurídicos que proporcionan a un acreedor garantía o satisfacción de un modo conforme con la esencia de sus derechos pueden ser impugnados si se realizaron tras la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia y el acreedor, en el momento de su realización, estaba al tanto de que el deudor había sido declarado insolvente o de que se había presentado una propuesta de apertura de un procedimiento de insolvencia.

Se considera que el acreedor estaba al tanto de que el deudor era insolvente o de que se había presentado una propuesta de apertura de un procedimiento de insolvencia si conocía o debió haber conocido las circunstancias de las cuales se hubiese podido deducir dicha situación.

Se considera que las personas que mantenían una relación cercana con el deudor al realizarse el acto jurídico deberían haber estado al tanto de que se le había declarado insolvente o de que se había presentado una propuesta de apertura de un procedimiento de insolvencia.

Los actos jurídicos que proporcionan garantía o satisfacción a un acreedor que no tenía derecho a presentar un crédito o a hacerlo de esa manera y en ese momento pueden ser impugnados en las siguientes circunstancias:

1. si se realizaron durante el mes previo a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia o después de presentarse dicha propuesta; o

2. si se realizaron durante el tercer o el segundo mes previo a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia y, en ese momento, el deudor ya había sido declarado insolvente; o

3. si se realizaron durante el tercer o el segundo mes previo a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia y, en ese momento, el acreedor sabía que dicho acto jurídico sería perjudicial para los acreedores concursales.

Se considera que el acreedor sabía que el acto sería perjudicial para los demás acreedores si conocía o debió haber conocido las circunstancias de las cuales se hubiese podido deducir que los acreedores se verían perjudicados. Las personas que mantenían una relación cercana con el deudor al realizarse el acto jurídico deberían haber sabido que dicho acto sería perjudicial para los acreedores concursales.

Los actos jurídicos realizados por el deudor que perjudiquen directamente a los acreedores concursales pueden ser impugnados en las siguientes circunstancias:

1. si se realizaron durante los tres meses previos a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia y, en ese momento, el deudor había sido declarado insolvente y la contraparte estaba al tanto de ello; o

2. si se realizaron tras presentarse la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia y, en ese momento, la otra persona sabía o debió haber sabido que el deudor había sido declarado insolvente o que se había presentado una propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia.

Los actos jurídicos del deudor que provoquen la pérdida o impidan el ejercicio de cualquiera de sus derechos, así como los actos que permitan reclamar el pago de créditos pecuniarios contra el deudor se consideran equivalentes a los actos que perjudican directamente a los acreedores.

Los actos jurídicos que el deudor hubiese realizado durante los diez años anteriores a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia, o con posterioridad a dicha presentación, con la intención de perjudicar a los acreedores, pueden ser impugnados si la otra parte conocía la intención del deudor al realizar el acto en cuestión. Se considera que esa otra parte conocía la intención del deudor si sabía que el deudor corría el riesgo de ser declarado insolvente y que el acto en cuestión perjudicaría a los acreedores.

Se considera que el acreedor sabía que el deudor corría el riesgo de ser declarado insolvente y que el acto en cuestión perjudicaría a los acreedores si conocía o debió haber conocido las circunstancias de las cuales se hubiese podido deducir que el deudor se encontraba en situación de insolvencia y que el acto en cuestión perjudicaría a los acreedores.

Los contratos a título oneroso celebrados entre el deudor y personas cercanas al deudor pueden ser impugnados si perjudican directamente a los acreedores. Sin embargo, estos contratos no podrán impugnarse si se celebraron más de dos años antes de presentarse la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia o si la contraparte demuestra que, en ese momento, no conocía la intención del deudor de perjudicar a los acreedores.

Los actos jurídicos del deudor a título gratuito o con una contraprestación poco significativa pueden ser impugnados, a menos que se hubiesen realizado cuatro años antes de presentarse la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia. Si se trata de una donación ocasional de un valor poco significativo, el acto no podrá impugnarse.

Los actos jurídicos de los miembros de la empresa consistentes en la reclamación del rembolso de préstamos para la sustitución de capital o en reclamos similares son nulos en los siguientes casos:

1. si constituyen una garantía y se realizaron durante los cinco años previos a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia o después de presentarse dicha propuesta;

2. si garantizan el cobro y se realizaron durante el año previo a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia o después de presentarse dicha propuesta.

Los actos jurídicos por los cuales se devuelve a un socio de la empresa sin derecho a voto la totalidad o parte de su participación o se le concede una dispensa total o parcial de participación en las pérdidas incurridas pueden ser impugnados si el contrato en el que se basan dichos actos se celebró durante el año previo a la presentación de la propuesta de apertura del procedimiento de insolvencia contra la empresa o después de presentarse dicha propuesta. Lo mismo sucede en caso de disolución del socio sin derecho a voto, con arreglo al contrato.

En caso de liquidación congruente, los pagos efectuados por el deudor mediante letra de cambio no podrán reclamarse al beneficiario si, de conformidad con la ley sobre instrumentos negociables, al rechazar el pago, este perdiera el derecho de reclamar otros créditos.

Los actos jurídicos se consideran realizados cuando surten efectos jurídicos.

De ser necesario inscribir el acto jurídico en un libro o registro público para que surta efectos jurídicos, este se considera realizado cuando se cumplan las demás condiciones de validez, la declaración de intención del deudor de realizar dicha inscripción sea vinculante y la contraparte solicite la inscripción de un cambio jurídico. Lo mismo sucede con las solicitudes de inscripción anticipada para garantizar el derecho a efectuar cambios jurídicos.

Si el acto jurídico está sujeto al cumplimiento de una condición o de un plazo, se tiene en cuenta el momento de su realización y no el momento del cumplimiento de la condición o del plazo.

Los actos jurídicos para los cuales se dictó un auto de ejecución y los realizados durante el proceso de ejecución pueden ser impugnados.

Si, para la realización del acto jurídico, el deudor aceptó una contraprestación del mismo valor que se integró directamente en su activo, el acto jurídico sobre el que se basa el cumplimiento puede ser impugnado si se comprueba la intención de causar un daño.

El liquidador, en nombre del deudor y con autorización del juez, podrá impugnar actos jurídicos realizados por el deudor. La reclamación se presenta contra la persona a la que va dirigido el acto jurídico impugnado.

El liquidador podrá solicitar la impugnación de actos jurídicos durante el año y medio posterior a la apertura del procedimiento de insolvencia.

Todos los acreedores concursales pueden solicitar la impugnación de actos jurídicos, por su cuenta ya sus expensas, en los siguientes casos:

- si el liquidador no solicitó la impugnación de dichos actos jurídicos dentro del plazo estipulado en el artículo 212, apartado 3, de la SZ, dentro de los tres meses posteriores al vencimiento del plazo estipulado en el artículo 212, apartado 3, de la SZ;

- si el liquidador retiró la demanda de impugnación de dichos actos jurídicos, dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la resolución definitiva de retirada de la demanda en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional (e-Oglasna ploča suda);

- si recurrieron previamente al liquidador y este afirmó que no solicitaría la impugnación de los actos jurídicos, dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la declaración del liquidador en el tablón de anuncios del órgano jurisdiccional;

- si recurrieron previamente al liquidador y este no manifestó, en el plazo de tres meses, si solicitaría o no la impugnación de los actos jurídicos, dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la solicitud de dicha declaración.

Si se admite la solicitud de impugnación de los actos jurídicos, estos no tendrán efectos jurídicos sobre la masa concursal, y la contraparte deberá devolver al deudor todos los beneficios materiales adquiridos mediante la operación impugnada, a menos que la SZ disponga lo contrario. El liquidador, en nombre y por cuenta del deudor o de la masa concursal, y los acreedores concursales, en representación propia y en beneficio del deudor o de la masa concursal, podrán presentar una propuesta de ejecución basada en la resolución de admisión de la solicitud de impugnación de los actos jurídicos.

Quien acepte el cumplimiento de un acto jurídico sin contraprestación o con una contraprestación poco significativa deberá devolver dicha contraprestación solo si se enriqueció con ella, a menos que supiera o debiera haber sabido que dicho cumplimento sería perjudicial para los acreedores.

Las resoluciones definitivas relacionadas con solicitudes de impugnación de actos jurídicos son aplicables tanto al deudor concursado, como a la masa concursal y a todos los acreedores concursales, a menos que la SZ disponga lo contrario.

Si el juez admite la solicitud de impugnación de un acto jurídico, la contraparte deberá devolver a la masa concursal todos los beneficios materiales obtenidos de la operación impugnada. Una vez devueltos los beneficios a la masa concursal, los acreedores demandantes tendrán un derecho preferente de pago mediante dichos beneficios, en proporción al importe de su crédito aprobado.

Los actos jurídicos del deudor pueden impugnarse presentando objeciones dentro del proceso judicial, sin límite de tiempo.

Pueden impugnarse incluso los actos jurídicos de los herederos y otros sucesores a título universal de la contraparte.

Los actos jurídicos de los sucesores legítimos de la contraparte pueden impugnarse en los siguientes casos:

1. si, al realizar la adquisición, el sucesor legítimo conocía las circunstancias en las que se basa la anulabilidad de la adquisición realizada por su antecesor;

2. si, al realizar la adquisición, el sucesor legítimo tenía una relación cercana con el deudor, a menos que demuestre que, en ese momento, no estaba al tanto de las circunstancias en las que se basa la anulabilidad de la adquisición realizada por su antecesor;

3. si el sucesor legítimo adquirió el bien por cesión sin contraprestación o por una contraprestación poco significativa.

Los actos jurídicos realizados tras la apertura del procedimiento de insolvencia y cuya validez se base en las normas que rigen la confianza en los registros públicos pueden ser impugnados con arreglo a las normas aplicables a la impugnación de actos jurídicos realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia.

Última actualización: 23/08/2019

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Insolvencia - Italia

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Se puede iniciar un procedimiento de insolvencia contra operadores comerciales (particulares o empresas) siempre que tengan o tuvieran:

a) activos por valor de 300 000,00 EUR o más en los tres años anteriores a la solicitud de insolvencia o de un convenio con los acreedores; o bien

b) unos ingresos brutos anuales de 200 000,00 EUR o más cada uno de los tres años anteriores a la solicitud de insolvencia o de un convenio con los acreedores; o bien

c) un endeudamiento total (en la fecha de la solicitud de insolvencia o de un convenio con los acreedores) de 500 000,00 EUR o más (independientemente de la fecha en que se haya contraído).

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

a) Para iniciar un procedimiento de insolvencia es preciso que la empresa se encuentre en una situación de insolvencia. Lo pueden solicitar:

- los deudores,

- los acreedores,

- el ministerio fiscal.

b) Para adoptar un convenio con los acreedores (concordato preventivo) es preciso que la empresa se encuentre en crisis (p. ej., que esté sufriendo dificultades financieras que no sean lo suficientemente graves como para provocar insolvencia). Solo los deudores pueden solicitarlo.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Todos los activos forman parte de la masa del concurso, excepto los siguientes:

1) los bienes y los derechos estrictamente personales;

2) las pensiones alimenticias, los salarios, las pensiones, las nóminas y lo que los insolventes ganen con su trabajo dentro de los límites de lo que es necesario para mantenerse a sí mismos y a sus familias;

3) las rentas derivadas de los bienes de los hijos de un insolvente, a su disposición por ministerio de la ley, los activos en fondos reservados para las necesidades de la familia (fondo patrimoniale) y las rentas derivadas de ellos, excepto en los casos previstos en el artículo 170 del Código civil;

4) los artículos que, por ley, no se puedan embargar.

La masa del concurso también incluye todos los bienes adquiridos por el insolvente tras la apertura del procedimiento, pero no incluye las obligaciones contraídas con el fin de adquirir y mantener esos bienes.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

El administrador concursal (administrador) tiene el poder/deber de gestionar los bienes, venderlos y repartir lo obtenido de la venta entre los acreedores.

El insolvente puede ser interrogado por el administrador para que le revele información y puede impugnar medidas que el administrador concursal y el administrador judicial hayan tomado, pero solo si se adoptaron infringiendo la ley (no solo, por lo tanto, por razones de conveniencia).

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Cualquiera que deba pagar dinero al administrador concursal puede compensar esta deuda con un crédito (controcredito) en relación con el mismo procedimiento, pero solo si ambos (la deuda y el crédito) se generaron antes de la apertura del procedimiento.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

El administrador puede decidir si los contratos que estaban vigentes en el momento del inicio del procedimiento de insolvencia se deberían mantener o rescindir.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Los acreedores pueden emprender acciones legales tras la apertura de los procedimientos de insolvencia solo en el caso de que el administrador no lo haga, es decir, si no emprende ninguna acción (de forma consciente o simplemente por negligencia).

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Tan solo el administrador podrá proseguir con los pleitos que un acreedor haya iniciado contra una persona que posteriormente sea declarada insolvente.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

El comité de acreedores está formado por hasta tres o cinco acreedores y cuenta con poderes significativos, a saber:

- autorizar transacciones, acuerdos, el abandono de pleitos, el reconocimiento de los derechos de terceros, la cancelación de hipotecas, la devolución de garantías, la liberación de obligaciones, la aceptación de herencias y donaciones, y todos los demás actos de administración especial;

- solicitar al órgano jurisdiccional la sustitución del administrador;

- aprobar el plan de liquidación;

- autorizar al administrador que se haga cargo de los contratos vigentes en la fecha de la declaración de concurso;

- seguir las operaciones de inventario de los bienes del insolvente;

- acceder a todos los documentos relativos al procedimiento;

- autorizar al administrador a no incluir en el activo (o a renunciar a liquidar) uno o más bienes, si la liquidación resulta manifiestamente desventajosa;

- solicita al administrador judicial la suspensión de la venta de bienes.

Además de los poderes administrativos mencionados, el comité de acreedores emite dictámenes sobre las medidas que el administrador judicial o el tribunal mismo hayan tomado, y puede, en concreto:

- autorizar a los acreedores garantizados a vender bienes que sean parte de la garantía;

- autorizar al administrador judicial a seguir gestionando temporalmente la empresa (el comité de acreedores debe aprobarlo);

- autorizar al administrador judicial a arrendar el negocio (el comité de acreedores debe aprobar el arrendamiento).

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

El administrador puede (previa autorización):

- continuar gestionando la empresa;

- arrendar el negocio;

- vender todos los bienes para distribuir los ingresos netos a los acreedores;

- decidir no vender los bienes de bajo valor.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Cualquier acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional que declare al deudor insolvente. No es necesario que el acreedor cuente con una orden de ejecución; lo que es importante es que existan pruebas documentales para la demanda.

Todos los acreedores (incluidos, por lo tanto, los que solicitaron una declaración de insolvencia y la obtuvieron) deben solicitar la admisión de sus pretensiones tras la apertura de los procedimientos de insolvencia.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Los acreedores pueden presentar sus pretensiones sin representación legal.

Sus solicitudes deben incluir las pruebas documentales de la demanda y deben presentarse por vía electrónica (usando un correo electrónico certificado).

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Lo que se obtenga de la venta de los bienes se distribuye entre todos los acreedores por orden de prioridad. La ley otorga derechos de preferencia a muchos créditos (hipotecas, garantías, créditos preferentes generales o especiales) sobre algunos o todos los bienes.

Si (como pasa casi siempre) lo que se obtiene de la cesión es insuficiente para pagar todos los créditos, estos importes no se distribuyen en proporción a la cantidad del crédito sino en el orden establecido en el Código civil.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Los procedimientos de insolvencia se cierran cuando:

- no se ha presentado ninguna demanda;

- se han satisfecho todas las demandas;

- se han distribuido todos los ingresos originados por la venta de los bienes;

- se comprueba que no hay más bienes por vender u otros ingresos.

Una vez que se cierran los procedimientos de insolvencia, el insolvente recupera la capacidad de iniciar y responder a acciones legales, y puede adquirir bienes sin ponerlo en conocimiento del administrador.

Los acuerdos con los acreedores concluyen cuando se aprueba el acuerdo entre el deudor y los acreedores, pero, si el acuerdo exige la enajenación de activos (concordato liquidatorio), el proceso se mantiene abierto para la venta y, por lo tanto, concluye una vez se han vendido todos los activos y se han distribuido todos los ingresos resultantes de la venta entre los acreedores.

Una vez que se alcanza un acuerdo con los acreedores, el insolvente queda liberado de todas sus deudas.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Una vez que se concluyen los procedimientos de insolvencia, los acreedores pueden emprender acciones contra el deudor para cobrar la deuda pendiente (esto es, la parte de la deuda que el administrador no haya reembolsado), salvo que se haya obtenido una condonación de la deuda, en cuyo caso los acreedores no pueden reclamar nada del insolvente.

Una vez que se alcanza un acuerdo con los acreedores, estos no pueden reclamar nada del deudor. Sin embargo, si el deudor no cumple sus obligaciones, los acreedores pueden solicitar la rescisión del acuerdo en el plazo de un año.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Las costas de los procedimientos de insolvencia recaen en los propios procedimientos de insolvencia, y se pagan de los ingresos resultantes de la venta de los bienes.

Si no hay bienes, el Estado se encarga de pagar el administrador y los gastos en que este haya incurrido.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Los actos jurídicos llevados a cabo por el insolvente antes de la apertura del procedimiento de insolvencia pueden ser revocados en caso de haber sido realizados dentro de un determinado plazo (un año o seis meses antes de la apertura del procedimiento).

Los actos jurídicos llevados a cabo por el insolvente tras la apertura del procedimiento de insolvencia son nulos.

Los actos de administración especial llevados a cabo en el marco de los acuerdos con los acreedores y sin la autorización del tribunal son nulos.

Última actualización: 29/10/2018

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Insolvencia - Chipre

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Insolvencia (ptóchevsi): el procedimiento de insolvencia (diátagma ptóchevsis) solo puede incoarse contra una persona física declarada insolvente.

Liquidación (ekkathárisi): el procedimiento de liquidación (diátagma ekkathárisis) puede incoarse contra cualquier persona jurídica, al igual que ocurre con la liquidación voluntaria (ekoúsia ekkathárisi), extrajudicial o bajo supervisión judicial.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Insolvencia: las normas aplicables a la insolvencia de personas físicas figuran en la Ley Concursal (perí Ptóchevsis Nómos, Cap. 5), que fue modificada considerablemente en los últimos dos años a fin de reflejar la evolución de la situación económica y social.

La solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia puede ser presentada por el acreedor o por el mismo deudor, por deudas de más de 15 000 EUR, siempre y cuando el deudor haya incurrido en cesación de pagos y se encuentre, tenga su residencia habitual o haga negocios en Chipre, o sea miembro de una empresa o sociedad que desarrolle actividades comerciales en Chipre.

Un deudor incurre en cesación de pagos (práxi ptóchevsis), entre otras cosas, cuando:

a) un acreedor obtiene una sentencia firme de pago de cualquier importe en su contra y este no efectúa el pago;

b) presenta una declaración de insolvencia al no poder reembolsar sus deudas;

c) presenta una solicitud de insolvencia;

d) un plan de pago personal del cual formaba parte fracasa o es suspendido con arreglo a las disposiciones de la Ley de Insolvencia de Personas Físicas (perí Aferengyótitas Fysikón Prosópon Nómos).

Liquidación de empresas: una empresa puede liquidarse, bien porque no puede pagar sus deudas, bien por una decisión especial de la propia empresa de disolverse mediante la liquidación de sus bienes y el pago de la totalidad o parte de sus deudas. Un auto de liquidación puede dictarse cuando una empresa no puede pagar sus deudas. El importe adeudado no debe superar los 5 000 EUR. La solicitud de liquidación puede ser presentada ante el órgano jurisdiccional por un acreedor o por los accionistas de la empresa.

Liquidación voluntaria:

Existen tres tipos de liquidación voluntaria:

  • Liquidación voluntaria solicitada por los acreedores (ekoúsia ekkathárisi apó pistotés): esta vía extrajudicial de liquidación se emplea cuando la empresa es declarada insolvente y el consejo de administración decide liquidarla. La liquidación voluntaria solicitada por los acreedores comienza con una convocatoria de acreedores destinada a considerar la adopción de una decisión especial de liquidación voluntaria aprobada por los accionistas de la empresa en asamblea general.
  • Liquidación voluntaria solicitada por los socios (ekoúsia ekkathárisi apó mél): es otra vía de liquidación extrajudicial iniciada por decisión especial de la asamblea general de accionistas cuando la empresa es solvente.
  • Liquidación voluntaria bajo supervisión judicial (ekoúsia ekkathárisi ypó tin epopteía tou Dikastiríou): cuando una empresa aprueba una decisión de liquidación voluntaria, el órgano jurisdiccional puede ordenar que esta se lleve a cabo bajo supervisión judicial.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Insolvencia: forman parte de la masa activa todos los bienes que pertenezcan o hayan sido conferidos al concursado al incoarse el procedimiento de insolvencia o que hayan sido adquiridos por o transferidos al concursado antes de su rehabilitación, a excepción de los bienes indispensables para su subsistencia y la de su familia.

También forman parte de la masa activa los bienes adquiridos tras incoarse el procedimiento de insolvencia y antes de la rehabilitación del deudor o la anulación de la insolvencia.

Liquidación: los bienes objeto de liquidación son los que integraban el patrimonio de la empresa antes de incoarse el procedimiento de liquidación o antes de la fecha de la resolución especial de liquidación voluntaria.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Insolvencia: cuando se incoa un procedimiento de insolvencia, el administrador judicial (epísimos paralíptis) asume la gestión de los bienes del concursado. Posteriormente, cualquier administrador concursal autorizado (adeiodotiménos sýmvoulos aferengyótitas) puede ser designado como administrador (diacheiristís). Las funciones del administrador son vender los bienes del concursado y distribuir los ingresos provenientes de la venta entre los acreedores. Cuando el administrador judicial o cualquier administrador concursal asuman la función de administrador, el concursado conserva la plena propiedad de sus bienes, aunque estos sean administrados exclusivamente por el administrador desde la incoación del procedimiento de insolvencia.

Liquidación: al incoarse un procedimiento de liquidación, si los acreedores no designan a un liquidador, el administrador judicial asumirá automáticamente las funciones de liquidador (ekkatharistís), a menos que se designe a un administrador concursal autorizado como liquidador en la solicitud que el administrador judicial presenta ante el órgano jurisdiccional, o por decisión de la junta de acreedores y de los socios y miembros responsables de aportaciones a la empresa. Las funciones del liquidador son vender los bienes de la empresa disuelta y distribuir los ingresos provenientes de la venta entre los acreedores y los socios y miembros responsables de aportaciones a la empresa. Una vez que el administrador judicial o concursal asumen la función de liquidador de los bienes de la entidad jurídica en liquidación, aunque la empresa conserve la plena propiedad de sus bienes, estos son administrados por el liquidador a efectos de su liquidación desde la incoación del procedimiento de liquidación.

Liquidación voluntaria: en el caso de la liquidación voluntaria, la empresa deja de operar desde la incoación del procedimiento de liquidación, a excepción de lo estrictamente necesario para poder sacar beneficio de la liquidación. Las funciones del liquidador son vender los bienes de la empresa en liquidación y distribuir los ingresos provenientes de la venta entre los acreedores y los socios y miembros responsables de aportaciones a la empresa.

  • Liquidación voluntaria solicitada por los acreedores: los acreedores y la empresa se reúnen por separado para nombrar al administrador concursal que desean que cumpla las funciones de liquidador. Pero, en caso de desacuerdo entre ambos, el liquidador será el elegido por los acreedores.
  • Liquidación voluntaria solicitada por los miembros: los socios de la empresa, reunidos en asamblea general, nombran a un administrador concursal autorizado como liquidador a cargo de resolver los asuntos pendientes de la empresa y distribuir sus bienes. Al designarse al liquidador, los consejeros cesan en sus funciones, a menos que la asamblea general de la empresa o el propio liquidador determinen que estos deben seguir ejerciendo su cargo.
  • Liquidación voluntaria bajo supervisión judicial: al dictar el auto de liquidación de la empresa bajo supervisión judicial, el órgano jurisdiccional puede designar en ese mismo auto o en otro a un liquidador adicional. El liquidador designado judicialmente tiene las mismas facultades, obligaciones y funciones que el liquidador designado por resolución especial o por decisión de los acreedores, tal como se describe más arriba.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Insolvencia: la ley prevé la posibilidad de solicitar la compensación cuando existen créditos o deudas u otras transacciones mutuas entre el concursado y cualquier persona antes de dictarse el auto de declaración de concurso, a menos que, al conceder el crédito, dicha persona supiese que el deudor había incurrido en cesación de pagos.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Insolvencia: los contratos legítimos celebrados por el concursado y pendientes de cumplimiento permanecen en vigor y el concursado sigue siendo personalmente responsable de su cumplimiento.

Liquidación: los contratos legítimos celebrados por una empresa en liquidación y pendientes de cumplimiento permanecen en vigor. Lo mismo es aplicable a los contratos legítimos celebrados por empresas en liquidación voluntaria.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Insolvencia: para que una demanda interpuesta contra el concursado tras la incoación de un procedimiento de insolvencia pueda ser admitida a trámite, debe obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional.

Liquidación: para que una demanda interpuesta contra una empresa en liquidación tras incoarse el procedimiento de liquidación pueda ser admitida a trámite, debe obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Insolvencia: las demandas interpuestas contra el concursado antes de la incoación del procedimiento de insolvencia seguirán su curso, sin que sea necesaria la autorización del órgano jurisdiccional para ello.

Liquidación: para que las demandas interpuestas contra una empresa en liquidación antes de la incoación del procedimiento de insolvencia puedan seguir su curso será necesaria la autorización del órgano jurisdiccional. El administrador judicial o el liquidador de la empresa estarán a cargo de la tramitación de esos procesos.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Insolvencia: para participar en el procedimiento de insolvencia, el acreedor debe rellenar los formularios de prueba de deuda (epalíthevsi chréous) y aportar todos los elementos de prueba pertinentes. El administrador judicial o concursal admitirá o rechazará los elementos de prueba. Posteriormente, los acreedores recibirán dividendos según el orden de prioridad establecido en la Ley Concursal. Una vez admitidas las pruebas, los acreedores podrán participar en las reuniones convocadas por el administrador judicial o concursal a cargo de liquidar la empresa.

Liquidación: para participar en el procedimiento de liquidación, el acreedor debe rellenar los formularios de prueba de deuda y aportar todos los elementos de prueba pertinentes. Se aplica el mismo procedimiento que en el caso de la insolvencia, solo que, en la liquidación, los dividendos se distribuyen según lo dispuesto por la Ley de Sociedades (perí Etaireión Nómos, cap. 113).

Esto mismo es aplicable a la liquidación voluntaria, en particular, a la solicitada por los acreedores, en la que estos participan directamente desde el inicio del procedimiento, momento en el que se les solicita que designen a un liquidador.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Insolvencia: el administrador tiene la facultad y la autoridad para enajenar bienes inmuebles de la manera que considere apropiada, en interés del buen desarrollo del procedimiento. Posteriormente, los acreedores recibirán dividendos según el orden de prioridad establecido en la Ley Concursal. En el caso de los inmuebles gravados por hipoteca, debe obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional para su enajenación.

Liquidación: el liquidador puede enajenar los bienes inmuebles de la empresa en liquidación de la manera que considere apropiada, en interés del buen desarrollo del procedimiento. Posteriormente, los acreedores recibirán dividendos según el orden de prioridad establecido en la Ley de Sociedades. En el caso de los inmuebles gravados por hipoteca, debe obtenerse la autorización del órgano jurisdiccional para su enajenación. Las mismas normas se aplican a la liquidación voluntaria.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Insolvencia: al incoarse el procedimiento de insolvencia, los acreedores deben presentar pruebas de las deudas contraídas por el deudor hasta la fecha de la declaración de insolvencia o liquidación y relacionadas con reclamaciones de cantidades ciertas. Las demandas interpuestas después de la declaración de insolvencia quedan excluidas del procedimiento concursal, y los acreedores deberán reclamar sus créditos por su cuenta.

Liquidación: tras incoarse el proceso de liquidación o dictarse la resolución especial de liquidación voluntaria, los acreedores podrán presentar pruebas de las deudas contraídas por el deudor hasta la fecha del auto o la resolución especial de liquidación‑ y relacionadas con reclamaciones de cantidades ciertas. Las demandas interpuestas después de la fecha del auto o resolución especial de liquidación quedan excluidas del procedimiento de liquidación, y los acreedores deberán reclamar sus créditos a los directivos de la empresa en liquidación.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Insolvencia: al dictarse un auto de declaración de insolvencia, los acreedores tienen 35 días a partir de la fecha de publicación del auto para presentar por escrito los comprobantes de deuda ante el administrador judicial o concursal. En el comprobante deben figurar los datos relativos a la deuda, los nombres de todos los garantes y si el acreedor cuenta con una garantía. En los 10 días siguientes, el administrador judicial o concursal debe admitir o rechazar la prueba por escrito a efectos de la distribución de los dividendos. Si un acreedor o garante no está de acuerdo con la decisión del administrador judicial o concursal, puede impugnarla ante la justicia en un plazo de 21 días.

Liquidación: al incoarse un procedimiento de liquidación, los acreedores tienen 35 días a partir de la fecha de publicación del auto para presentar por escrito los comprobantes de deuda ante el administrador judicial o concursal. En el comprobante deben figurar los datos relativos a la deuda, los nombres de todos los garantes y si el acreedor cuenta con una garantía. En los 10 días siguientes, el administrador judicial o concursal debe admitir o rechazar la prueba por escrito a efectos de la distribución de los dividendos. Si un acreedor o garante no está de acuerdo con la decisión del administrador judicial o del liquidador, puede impugnarla ante la justicia en un plazo de 21 días. Las mismas normas se aplican a la liquidación voluntaria.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Insolvencia: al distribuirse la masa activa, las deudas de cada categoría se clasifican de forma igualitaria y proporcional (principio del tratamiento igualitario de los acreedores), a menos que esta sea suficiente para pagar la totalidad de los créditos de todos los acreedores. La clasificación de los créditos es la siguiente:

  • gastos reales de administración y retribución del administrador,
  • tasas debidas al administrador judicial,
  • gastos incurridos por los acreedores solicitantes,
  • deudas privilegiadas,
  • deudas sin garantía.

Liquidación: al distribuirse los bienes objeto de liquidación, las deudas de cada categoría se clasifican de forma igualitaria y proporcional (principio del tratamiento igualitario de los acreedores), a menos que estos sean suficientes para pagar la totalidad de los créditos de todos los acreedores. La clasificación de los créditos es la siguiente:

  • gastos reales y retribución del liquidador,
  • tasas debidas al administrador judicial o al liquidador,
  • gastos incurridos por los acreedores solicitantes,
  • deudas privilegiadas,
  • gastos variables,
  • créditos sin garantía.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Insolvencia: el concursado puede presentar una propuesta de convenio de acreedores (symvivasmós) por escrito antes el administrador judicial o concursal. Se organiza una junta de acreedores en la que deberá aprobarse un plan de pago por mayoría de tres cuartas partes de los votos de los acreedores con deudas acreditadas. Si los acreedores aceptan la propuesta, el concursado o el administrador judicial o concursal solicitan la aprobación del órgano jurisdiccional. Dicha aprobación será vinculante para todos los acreedores con deudas acreditadas. Si se cumplen las condiciones del convenio de acreedores, las deudas acreditadas se considerarán satisfechas en su totalidad.

El procedimiento de insolvencia se tendrá por concluido cuando se anule el auto de declaración de insolvencia.

Liquidación: el procedimiento de liquidación concluye cuando la empresa se disuelve o cuando se anula el auto de liquidación.

El procedimiento de liquidación voluntaria concluye y la concursada queda disuelta pasados tres meses desde la entrega al administrador judicial del dictamen final sobre el estado de las cuentas de la empresa, elaborado tras la liquidación y distribución de todos sus bienes.

Sin embargo, quien tenga interés en reactivar una empresa disuelta de forma voluntaria o por orden judicial deberá solicitarlo judicialmente dentro de los dos años posteriores a la disolución.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Insolvencia: en caso de anulación de un auto de declaración de insolvencia, para la cual los acreedores hubiesen prestado su consentimiento sin haber visto satisfecha la totalidad de su crédito, dichos acreedores podrán reclamar las cantidades debidas tras la anulación del auto.

Liquidación: en caso de anulación de un auto de liquidación, para la cual los acreedores hubiesen prestado su consentimiento sin haber visto satisfecha la totalidad de su crédito, dichos acreedores podrán reclamar las cantidades debidas tras la anulación del auto.

Quien tenga interés en reactivar una empresa disuelta de forma voluntaria o por orden judicial deberá solicitarlo judicialmente dentro de los dos años posteriores a la disolución.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Insolvencia: las costas del procedimiento de insolvencia son asumidos por los acreedores que solicitan la declaración de concurso. Los gastos de intervención del administrador judicial son de 500 EUR. Los gastos incurridos durante el procedimiento de insolvencia son créditos contra la masa activa.

Liquidación: las costas del procedimiento de liquidación son asumidos por los acreedores que solicitan la liquidación. Los gastos de intervención del administrador judicial son de 500 EUR. Los gastos incurridos durante el procedimiento de liquidación y distribución de los bienes de la empresa son créditos contra la masa activa.

Las costas de la presentación y el registro de documentos relacionados con el procedimiento de liquidación voluntaria con intervención del administrador judicial son de alrededor de 440 EUR. Los gastos incurridos durante el procedimiento de liquidación y distribución de los bienes de la empresa son créditos contra la masa activa.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Insolvencia: una serie de disposiciones aplicables a los procedimientos de insolvencia permiten al administrador solicitar al órgano jurisdiccional la recuperación de bienes en beneficio de los acreedores. Las principales disposiciones son las siguientes:

Α. Transferencia fraudulenta (dólia metavívasi):

Si el administrador o el liquidador pueden probar que determinado bien de una empresa o persona física fue transferido sin contraprestación o a cambio de una contraprestación considerablemente inferior al valor real del bien, podrán solicitar al órgano jurisdiccional que anule esa transferencia o acto fraudulentos.

Para que esta disposición surta efecto, la transferencia debió hacerse en las siguientes circunstancias: (a) en los tres años anteriores a la fecha del concurso, a menos que se hubiese realizado de buena fe y a título oneroso; o (b) en los 10 años anteriores a la fecha del concurso si, en el momento de la transferencia, la persona física en cuestión no pudo pagar la totalidad de sus deudas sin transferir el bien en cuestión. En el caso de las empresas en liquidación, para que un acto se considere fraudulento, debió cometerse en los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento de liquidación, es decir, la fecha de presentación de la solicitud de liquidación.

Β. Preferencia fraudulenta (dólia protímisi):

Si el administrador o el liquidador pueden probar que un acreedor recibió un tratamiento preferencial, podrán solicitar al órgano jurisdiccional que declare la nulidad de ese tratamiento.

Liquidación: una serie de disposiciones aplicables a los procedimientos de liquidación permiten al liquidador solicitar ante el órgano jurisdiccional la recuperación de bienes en beneficio de los acreedores. Las principales disposiciones son las siguientes:

Α. Transferencia fraudulenta:

Si el administrador o el liquidador pueden probar que determinado bien de una empresa o persona física fue transferido sin contraprestación o a cambio de una contraprestación considerablemente inferior al valor real del bien, podrán solicitar al órgano jurisdiccional que anule esa transferencia o acto fraudulentos.

Para que esta disposición surta efecto, la transferencia debió hacerse en las siguientes circunstancias: (a) en los tres años anteriores a la fecha del concurso, a menos que se hubiese realizado de buena fe y a título oneroso; o (b) en los 10 años anteriores a la fecha del concurso, si, en el momento de la transferencia, la persona física en cuestión no pudo pagar la totalidad de sus deudas sin transferir el bien en cuestión. En el caso de las empresas en liquidación, para que un acto se considere fraudulento, debió cometerse en los seis meses anteriores al comienzo de la liquidación, es decir, la fecha de presentación de la solicitud de liquidación.

Β. Preferencia fraudulenta:

Si el administrador o el liquidador pueden probar que un acreedor recibió un tratamiento preferencial, podrán solicitar al órgano jurisdiccional que declare la nulidad de ese tratamiento.

Última actualización: 13/05/2019

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Insolvencia - Luxemburgo

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

En Luxemburgo existen ocho procedimientos de insolvencia.

Tres de ellos afectan solo a los comerciantes (personas físicas y jurídicas):

  1. El procedimiento de quiebra, previsto en el Código de Comercio, es un procedimiento destinado a liquidar el patrimonio del comerciante que ha pasado a ser insolvente y cuyo crédito se ha agotado.
  2. El convenio preventivo de quiebra, previsto en la Ley de 14 de abril de 1886 relativa al convenio preventivo de quiebra, es un procedimiento que, bajo determinadas condiciones, se incoa contra el deudor que cumple las condiciones de quiebra. Cuando el convenio se haga por abandono del activo, el objetivo del procedimiento será, como en el caso del procedimiento de quiebra, permitir la liquidación del activo del comerciante que haya procedido a su abandono. No obstante, este procedimiento difiere del de quiebra por el hecho de que el comerciante elude los efectos generados por el procedimiento de quiebra.
  3. El procedimiento de gestión controlada, previsto en la resolución del Gran Ducado de 24 de mayo de 1935 en la que se establece la gestión controlada, es un procedimiento destinado a reorganizar los negocios del comerciante que la solicite. Sin embargo, el comerciante también puede solicitar acogerse a este procedimiento cuando desea enajenar su activo en buenas condiciones.

Además de estos procedimientos, existe en Derecho luxemburgués un procedimiento contemplado en los artículos 593 y siguientes del Código de Comercio que permite al comerciante obtener la suspensión de pagos bajo determinadas condiciones.

  1. Hay un cuarto procedimiento al que solo tienen acceso las personas físicas que no ejerzan actividades comerciales. Se trata del procedimiento de endeudamiento excesivo, previsto en la Ley de 8 de enero de 2013 relativa al endeudamiento excesivo, que tiene por objeto permitir al solicitante rectificar su situación financiera mediante el establecimiento de un plan de reembolso de sus deudas.

Además, existen procedimientos de insolvencia específicos para los notarios, entidades de crédito, empresas de seguros y fondos de inversión (por ser específicos a una categoría profesional o a un sector de actividad, no figuran en la presente ficha).

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

1. Quiebra

Hay varias formas de iniciar un procedimiento de quiebra: confesión del deudor, asignación en quiebra por parte de uno o de varios acreedores, o de oficio.

La confesión de la quiebra debe realizarla el comerciante ante la Secretaría del tribunal de distrito en materia mercantil que corresponda al domicilio de su sede social. La confesión debe hacerse en el periodo de un mes a contar desde el momento en el que se cumplen las condiciones de quiebra.

Cuando uno o varios acreedores del comerciante deudor deciden interponer una acción mediante asignación en quiebra, deben recurrir a un agente judicial para que, mediante cédula, ordene al comerciante que comparezca ante el tribunal de distrito en materia mercantil en un plazo de ocho días (asignación en fecha fija). Este tribunal se pronunciará sobre el fundamento de la asignación en quiebra.

El procedimiento de quiebra también se puede abrir de oficio teniendo en cuenta la información de la que dispone el tribunal. En este caso, el tribunal debe convocar al quebrado, mediante el agente judicial, a una audiencia oral en la que expondrá su situación.

Antes de declarar la quiebra de un comerciante, el tribunal de distrito en materia mercantil (en lo sucesivo «el Tribunal Mercantil») debe verificar si la persona o la sociedad en cuestión cumple las tres condiciones siguientes:

  • condición de comerciante: persona física que lleva a cabo en su profesión habitual (a título principal o a título accesorio) actividades consideradas comerciales según la ley (por ejemplo, las actividades incluidas en el artículo 2 del Código de Comercio), o una persona jurídica constituida mediante una de las formas sociales previstas en la Ley modificada de 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles (por ejemplo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, etc.);
  • suspensión de pagos: presupone el impago de deudas ciertas, líquidas y exigibles (por ejemplo, salarios, seguridad social, etc.); las deudas a término o contingentes y las obligaciones naturales no son suficientes; y
  • agotamiento del crédito: el comerciante ya no consigue crédito en los bancos, ni ante sus proveedores o acreedores.

Si el hecho de que el comerciante se niegue a pagar o no pueda pagar ni una sola deuda (con independencia de su importe) que sea cierta, líquida y exigible, es suficiente, en principio, para establecer la suspensión de pagos, un simple problema pasajero de tesorería no implica la condición de quiebra, siempre y cuando el comerciante consiga obtener el crédito necesario para continuar sus operaciones y cumplir sus compromisos.

2. Convenio preventivo de quiebra

EL convenio preventivo de quiebra se reserva al «deudor desafortunado y de buena fe». Estas condiciones están sujetas a la apreciación del tribunal según las circunstancias de la causa.

Tras la vista inicial, el Tribunal Mercantil nombra a uno de sus jueces para verificar la situación del demandante con el fin de preparar un informe.

Teniendo en cuenta este informe, el tribunal podrá conceder o no un periodo de suspensión de pagos para que el comerciante pueda realizar propuestas concordatarias a sus acreedores.

3. Gestión controlada

El comerciante deudor debe presentar una solicitud motivada ante el Tribunal Mercantil del distrito en el que se encuentre el principal establecimiento del comerciante o, si se trata de una empresa, su domicilio social.

Para que el comerciante pueda beneficiarse de la gestión controlada, su crédito deberá haberse agotado o la ejecución integral de sus compromisos deberá estar comprometida. Además, la solicitud debe tener como objeto reorganizar los negocios del deudor o enajenar su activo en buenas condiciones. Finalmente, la jurisprudencia exige que el deudor comerciante sea de buena fe. En tal contexto, el tribunal tiene poder discrecional para evaluar si, según los hechos y circunstancias de la causa, se da o no la buena fe que se exige para la obtención de esta facilidad.

4. Endeudamiento excesivo

La situación de endeudamiento excesivo de personas físicas se caracteriza por que el deudor, con domicilio en Luxemburgo, claramente no puede hacer frente al conjunto de sus deudas no profesionales vencidas o que van a vencer; asimismo, tampoco puede satisfacer el compromiso de garantizar o pagar solidariamente las deudas de un comerciante o una empresa, siempre que no haya sido, de hecho o de derecho, gerente de dicha empresa.

El procedimiento de concurso de acreedores está formado por las siguientes tres fases:

  • la fase del concurso convencional que se desarrolla ante la Comisión de Mediación en materia de endeudamiento excesivo,
  • la fase judicial que se incoará ante el juez de paz del domicilio del deudor sobreendeudado,
  • la fase de recuperación personal llamada «quiebra civil» que se desarrolla ante el juez de paz del deudor sobreendeudado.

Cabe destacar que la fase llamada recuperación personal, subsidiaria de las otras dos fases del procedimiento de concurso de acreedores, no puede iniciarse mientras el deudor sobreendeudado se encuentre en una situación irremediablemente comprometida que se caracteriza por la imposibilidad de implementar las siguientes medidas:

  • las medidas del plan de concurso convencional, o bien
  • las medidas propuestas por la Comisión de Mediación en el marco del concurso convencional, y
  • las medidas previstas en el marco del procedimiento judicial.

Debe señalarse, además, que las demandas de admisión al procedimiento de concurso convencional se remiten al presidente de la Comisión de Mediación.

Puede descargarse un formulario de demanda de admisión del procedimiento de concurso convencional en la siguiente dirección:  El enlace abre una nueva ventanahttps://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

Por otra parte, los acreedores del deudor deben declarar sus créditos al servicio de información y de asesoramiento en materia de endeudamiento excesivo. Puede descargarse un formulario de declaración de créditos en la siguiente dirección:  El enlace abre una nueva ventanahttps://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

1. Quiebra

A partir de la declaración judicial de quiebra, el comerciante quebrado pierde la capacidad de administrar sus bienes, incluso los que pueda recuperar después de la pronunciación de dicha declaración.

El desapoderamiento afecta a todos los bienes del quebrado, tanto muebles como inmuebles. Con este mecanismo, se pretende proteger los intereses de la masa de acreedores.

Normalmente, el síndico acude a los locales del quebrado para elaborar un inventario con los bienes que se encuentren allí. A ese respecto, el síndico deberá hacer una clasificación cuidadosa que distinga entre los bienes que realmente pertenecen al quebrado y aquellos sobre los que terceros pueden ejercer diversos derechos reales.

Al enajenar los activos muebles e inmuebles, el síndico se asegurará de que se vendan todos los activos de la quiebra en el mejor interés de la masa de acreedores. Para la cesión de los bienes, el síndico necesita la autorización judicial del tribunal. La venta de los bienes muebles e inmuebles debe efectuarse según las formas previstas en el Código de Comercio. El activo se debe cargar en la cuenta bancaria abierta en nombre del procedimiento de insolvencia.

2. Endeudamiento excesivo

El juez garantiza que se realice un balance de la situación económica y social del deudor, que se revisen los créditos y que se evalúen activos y los pasivos.

El juez, después de haber decidido la apertura del procedimiento de recuperación personal y haber determinado la existencia de los bienes que se deben liquidar, procederá a la liquidación judicial del patrimonio del deudor.

El juez de paz resuelve sobre las posibles impugnaciones del crédito y pronuncia la liquidación del patrimonio personal del deudor. Se excluyen solo los bienes muebles necesarios para la vida cotidiana y los bienes no profesionales indispensables para el ejercicio de su actividad profesional. La liquidación judicial del patrimonio del deudor sobreendeudado en el marco del procedimiento de recuperación personal se efectúa de acuerdo con los objetivos de la ley, es decir, enderezar la situación financiera del deudor de modo que le permita, a él y a las personas con las que convive, llevar una vida digna.

Es un liquidador nombrado por el juez quien ejerce los derechos y las acciones del deudor sobre la masa patrimonial.

El liquidador dispone de un periodo de seis meses para vender los bienes del deudor de mutuo acuerdo u organizando una venta forzada.

Efectos del procedimiento de recuperación personal:

  1. el activo obtenido después de la liquidación judicial de los bienes es suficiente para satisfacer a los acreedores: el juez pronuncia la clausura del procedimiento;
  2. el activo obtenido después de la liquidación judicial de los bienes no es suficiente para satisfacer a los acreedores: el juez pronuncia la clausura por insuficiencia de activos;
  3. el deudor no posee nada más que los bienes muebles necesarios para la vida cotidiana y los bienes no profesionales indispensables para el ejercicio de su actividad profesional: el juez pronuncia la clausura por insuficiencia de activos;
  4. el activo solo está formado por bienes desprovistos de valor comercial o los gastos de cuya venta serían claramente desproporcionados en vista de su valor de mercado: el juez pronuncia la clausura por insuficiencia de activos.

La clausura por insuficiencia de activos tiene como consecuencia la amortización de todas las deudas no profesionales del deudor.

Sin embargo, no se incluyen las siguientes deudas en la amortización de deudas de carácter no profesional del deudor:

  • las deudas que el fiador o el coobligado haya pagado en lugar del deudor;
  • las deudas contempladas en el artículo 46 de la ley, es decir, la porción corriente de las deudas alimenticias y las reparaciones pecuniarias adjudicadas a las víctimas de los actos de violencia voluntarios por la lesión corporal sufrida.

No obstante, las deudas previstas en el artículo 46 de la ley pueden desaparecer en la medida en la que el acreedor involucrado ha aceptado la reparación, reprogramación o amortización de las deudas en cuestión.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

1. Quiebra

Una vez que se dicte la sentencia declaratoria de quiebra, el comerciante quebrado pierde la capacidad de administrar todos sus bienes, incluso los que le puedan corresponder.

Después de dicha sentencia, la administración de los bienes se encomienda a un síndico.

Cuando el quebrado es una persona jurídica, la masa consiste en el conjunto de los activos y pasivos de la empresa, sin tener en cuenta los derechos que poseen los socios en calidad de tales.

Los síndicos se eligen entre las personas que ofrecen más garantías por sus conocimientos y lealtad sobre la gestión.

En la práctica, los jueces del tribunal del distrito en materia mercantil eligen a los síndicos de la lista de los abogados. No obstante, en el caso en que conviene para la quiebra, el tribunal puede asimismo nombrar a notarios o expertos contables/auditores de empresas.

Como en todos los procedimientos referentes a comerciantes, la competencia en materia de quiebra corresponde al Tribunal Mercantil.

Dicho tribunal pronuncia la sentencia declaratoria de quiebra, determina la fecha de la cesación de los pagos, nombra a los distintos participantes (juez comisario, síndico), fija la fecha de declaración de créditos y la fecha de cierre del acta de comprobación de créditos, y pronuncia la clausura del procedimiento de quiebra.

La administración de los bienes se encomienda a un síndico designado por el tribunal, que deberá encargarse de enajenar los bienes del deudor y distribuir el producto de su liquidación entre los distintos acreedores, al tiempo que respeta las normas relativas a los privilegios y garantías reales.

El juez comisario está encargado de controlar las operaciones, la gestión y la liquidación de la quiebra. Durante la vista, expondrá todas las impugnaciones que pueda plantear y tomará las medidas urgentes necesarias para la seguridad y la conservación de los bienes de la masa. También presidirá las reuniones de los acreedores de la quiebra.

A partir de la declaración de quiebra, el comerciante quebrado pierde la capacidad de administrar sus bienes y no puede realizar ningún pago, operación u otros actos relacionados con dichos bienes.

2. Endeudamiento excesivo

En lo que respecta a las obligaciones del deudor y a las consecuencias del inicio del procedimiento del concurso de acreedores de las deudas sobre su patrimonio, cabe destacar que el deudor debe comprometerse a mantener una buena conducta.

Durante este periodo de buena conducta, el deudor está obligado a:

  • cooperar con las autoridades y organismos que intervienen en el procedimiento al aceptar comunicar voluntariamente toda la información sobre su patrimonio, ingresos, deudas y cambios producidos en su situación;
  • ejercer, en la medida de lo posible, una actividad remunerada correspondiente a su capacidad;
  • no empeorar su insolvencia y actuar honestamente para disminuir las deudas;
  • no favorecer a ningún acreedor, a excepción de los acreedores de alimentos para los pagos corrientes, los arrendadores para las cuotas corrientes del alquiler de una vivienda correspondiente a las necesidades elementales del deudor, los proveedores de servicios y de productos esenciales para una vida digna, y los acreedores para las cuotas corrientes correspondientes a una vía ejecutiva iniciada contra el deudor de los pagos de las indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas tras actos de violencia voluntarios, como compensación de las lesiones físicas causadas;
  • respetar los compromisos tomados en el marco del procedimiento.

Según se trate de la fase convencional o de la judicial intervendrán dos tipos de instancia.

La fase de concurso convencional se desarrolla ante la Comisión de Mediación. Esta comisión se compone de miembros nombrados por el ministro, cuenta con un presidente y un secretario, y se reúne al menos una vez cada trimestre. Para que la Comisión de Mediación admita a los candidatos, estos deben presentar un certificado de antecedentes penales y, una vez nombrados, deben informar al Ministerio de todas las acciones penales o condenas en su contra con el fin de que se les sustituya. Los miembros de la Comisión de Mediación reciben una retribución de 10 euros por sesión y el presidente recibe 20 euros por sesión.

La Comisión de Mediación decide, entre otros aspectos, sobre la admisión de las demandas y las declaraciones de créditos, y aprueba o modifica los proyectos de los planes de concurso convencional que se sometan a su consideración después de la instrucción por parte del servicio de información y de asesoramiento en materia de endeudamiento excesivo, en adelante llamado «servicio».

Si dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la decisión de admisión por la Comisión, las partes interesadas no aceptan el plan propuesto, la Comisión levanta acta de insolvencia en la que se constata el fracaso de la fase convencional. Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicación del acta de insolvencia en el repertorio, el deudor puede incoar un procedimiento de administración judicial ante el juez de paz de su domicilio. En caso de que el deudor no interponga un recurso durante el plazo indicado, no podrá iniciar un nuevo procedimiento de concurso de acreedores hasta que pasen dos años desde la fecha de publicación del acta de insolvencia en el repertorio.

Si se inicia la fase de administración judicial, se convocará entonces a las partes ante el juez de paz, el cual podrá exigir la entrega de todos los documentos o elementos que permitan determinar el patrimonio del deudor (activo y pasivo).

Sobre la base de los elementos que se le hayan entregado, el juez decidirá un plan de administración que incluirá las medidas necesarias para que el deudor pueda cumplir sus compromisos.

El plan de administración decidido por el juez tendrá una duración máxima de siete años y, en una serie limitada de casos, podrá declararse nulo y sin efecto, en particular, si el deudor no respeta las obligaciones que le impone el plan de administración.

3. Gestión controlada

En el procedimiento de gestión controlada, el deudor pierde su poder de decisión en beneficio de los comisarios, que se encargan de elaborar un inventario y establecer un proyecto de reorganización, u otro de liquidación y reparto del activo. También se prohíbe al deudor intervenir de tal manera que dificulte la misión de los comisarios nombrados en este procedimiento.

4. Convenio con los acreedores

Durante el procedimiento de convenio, el deudor no podrá enajenar, hipotecar ni comprometer sus bienes sin autorización del juez delegado. Por su parte, el juez delegado deberá realizar un inventario y analizar el estado de le empresa. Asimismo podrá, si es necesario, recurrir a la asistencia de expertos .

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Los distintos procedimientos anteriormente mencionados no ponen fin a los privilegios de los acreedores, excepto el procedimiento de convenio.

1. Convenio con los acreedores

En efecto, si participan en la votación sobre el convenio, los acreedores con garantías reales (artículo 10 de la Ley de 14 de abril de 1886) pierden la posición de acreedores privilegiados.

2. Quiebra

En materia de quiebra, según la jurisprudencia, desde el pronunciamiento de la sentencia declaratoria de quiebra no se puede realizar ninguna compensación, ni legal, ni judicial, ni convencional, incluso entre créditos preexistentes, si les ha faltado hasta ese momento una de las tres condiciones de liquidez, exigibilidad y fungibilidad. Si bien la sentencia declaratoria de quiebra puede entorpecer la compensación legal, no debe entenderse que lo hará de forma absoluta y retroactiva. La sentencia de quiebra no afecta a la compensación legal si se reunían las condiciones necesarias antes de la apertura de la quiebra. El Tribunal de Apelación determinó que « el periodo de sospecha no impide este tipo de compensación. La compensación legal funciona a pesar de la suspensión de los pagos. No es un acto del deudor, funciona sin que él lo sepa; no se contempla en el artículo 445 del Código de Comercio. »

En lo que respecta a la compensación judicial, esta no se puede pronunciar una vez que se haya producido la apertura de un procedimiento colectivo. Sin embargo, puede tener lugar durante el periodo de sospecha, siempre y cuando la sentencia sea firme (vías de recurso agotadas). En este caso la compensación no puede entrar en vigor hasta el día de la sentencia.

En lo que respecta a la compensación convencional, obviamente, esta no se puede pronunciar una vez que se haya producido la apertura de un procedimiento colectivo. Además, tampoco se puede pronunciar durante el periodo de sospecha, ya que, según el artículo 445 del Código de Comercio, se considera un modo anormal de pago que se puede sancionar con la nulidad. [1

No obstante, cabe destacar que, en la Ley de 5 de agosto de 2005 sobre las garantías financieras, se contemplan las excepciones concretas a las reglas descritas aquí en lo que respecta, por ejemplo, a los convenios de compensación firmados entre las partes el día de la apertura del procedimiento de insolvencia (o posteriormente a la apertura, véanse los artículos 18 y siguientes de la Ley de 5 de agosto de 2005 sobre las garantías financieras).

3. Gestión controlada

En materia de gestión controlada, convenio o suspensión de pagos, tales compensaciones no se pueden realizar una vez que el deudor pierda la libre disposición de sus derechos y bienes.


[1] « La compensación como garantía de un crédito frente a un deudor en quiebra », Pierre HURT, J.T. 2010, p. 30.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Una de las primeras dificultades que se le plantean al síndico tras la apertura del procedimiento de quiebra son los contratos en vigor firmados antes de que se declarase la quiebra. Aparte de los contratos laborales, que expiran automáticamente el día en que se declara la quiebra (artículo 12, apartado 1, del Código de Trabajo), normalmente se acepta que los contratos vigentes sigan existiendo mientras no los rescinda el síndico .

El síndico debe sopesar los intereses de que se trate para decidir si es conveniente mantener temporalmente estos contratos o no. Si existen cláusulas contractuales que establecen la rescisión del contrato en caso de quiebra de una de las partes, hay que decidir si el síndico desea impugnar la aplicabilidad de esas cláusulas o no (teniendo en cuenta que se puede debatir su validez; por ejemplo, estas cláusulas se consideran nulas en Bélgica en materia de alquiler comercial).

De todas formas, en principio, es el síndico solo quien debe decidir entre la ejecución o la rescisión de los contratos. En caso de que el otro contratista esté en desacuerdo y solicite la rescisión automática del contrato por motivos de quiebra, el síndico se expone a ser sometido a un proceso judicial de resultado incierto, y a la creación de nuevos costes a cuenta de la masa [1].


[1] Fuentes: «Les procédures collectives au Luxembourg» (Los procedimientos colectivos en Luxemburgo), Yvette HAMILIUS y Brice HELLINCKX (responsables del 3er capítulo), Editions Larcier 2014, p. 86

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

1. Los procedimientos de convenio, quiebra, suspensión de pagos y gestión controlada

En los procedimientos de convenio, quiebra, suspensión de pagos y gestión controlada, se suspenderán los actos de ejecución forzosa contra el comerciante y sus bienes.. En cambio, ninguno de los textos legales vigentes en Luxemburgo impide a los acreedores realizar actos que tengan por objeto mantener la integridad del patrimonio del deudor.

En todos estos procedimientos, el deudor pierde la capacidad de disponer libremente de sus bienes. Desde la sentencia declaratoria de quiebra hasta la clausura del procedimiento, no puede iniciarse ninguna acción de manera válida solo contra el quebrado en cuanto a los bienes afectados por el desapoderamiento. » (Lux. 12 de enero de 1935, Pas. 14, p. 27) «Durante la quiebra los acreedores sin garantías y los que gozan de un privilegio general no pueden demandar al quebrado, ni tampoco al síndico, con el objeto de solicitar su condena; para que se reconozca su crédito, solo pueden recurrir a la declaración de crédito o a la interposición de un recurso». (Cass. 13 de noviembre de 1997, Pas. 30, p. 265)

Sin embargo, en ciertos casos, los actos de disposición seguirán pudiendo realizarse , aunque con el aval de la persona delegada por el Tribunal Mercantil (en materia de suspensión de pagos o de gestión controlada).

Además, la sentencia declaratoria de quiebra hace exigibles las deudas no vencidas e interrumpe el devengo de intereses.

2. Endeudamiento excesivo

En materia de concurso de acreedores, la decisión de admisión de la solicitud del deudor por parte de la Comisión implica automáticamente la suspensión de las medidas de ejecución sobre los bienes de este, excepto las referentes a obligaciones de alimentos, la suspensión del devengo de los intereses y la exigibilidad de las deudas no vencidas.

En caso de que la fase convencional no dé resultados, el juez de paz ante quien se sustancie la fase judicial podrá suspender las medidas de ejecución en condiciones iguales a las anteriormente mencionadas.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

El síndico, en calidad de tal, continuará con los procesos en curso en el momento de la apertura del procedimiento de insolvencia. No obstante, la parte o las partes demandantes de estos procesos deben regularizar el procedimiento mediante la intervención del síndico que es el único con facultad para representar al deudor quebrado.

En caso de condena del deudor, el o los acreedores que hayan iniciado los procesos antes de su declaración de quiebra obtienen un título al que pueden acogerse en el marco de la liquidación de quiebra. Sin embargo, la ejecución forzada de este título no es posible cuando la sentencia declaratoria de quiebra haya tenido como consecuencia el desapoderamiento del deudor de la administración de todos sus bienes.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

1. Quiebra

La publicación de la quiebra en uno o varios periódicos distribuidos en Luxemburgo informa a los acreedores de la declaración de quiebra de su deudor. Están obligados a presentar ante la secretaría del tribunal del distrito en materia mercantil la declaración de sus créditos con sus títulos en el plazo fijado en la sentencia declaratoria de quiebra. El secretario registra las declaraciones y acusa recibo de ellas.

Las declaraciones de crédito deben estar firmadas e incluir, entre otros extremos, los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los acreedores, así como el importe y las causas del crédito, y las garantías o títulos correspondientes. A continuación, tendrá lugar una verificación de los diferentes créditos declarados, en presencia del síndico, del deudor quebrado y del juez comisario.

En caso de impugnación dentro de este procedimiento, podrá convocarse a los acreedores para que, en un interrogatorio contradictorio, se expliquen sobre los detalles relativos a su crédito, como la validez o el importe exacto. .

Si el síndico ha podido comprobar que existen activos que se pueden repartir entre los acreedores, convocará a estos a una sesión de rendición de cuentas en la cual los acreedores pueden manifestar su posición acerca del proyecto de reparto.

En caso de insuficiencia de activos, se pronuncia la clausura del procedimiento concursal.

Cuando el síndico no desempeñe su cometido a satisfacción de los acreedores, estos pueden dirigir sus quejas al juez comisario que, si es necesario, podrá sustituir al síndico.

2. Gestión controlada

En la gestión controlada, los comisarios deben remitir a los acreedores los detalles sobre el proyecto de reorganización o de enajenación de los activos.

En este caso, los acreedores podrán ser convocados para hacer valer sus observaciones. En el plazo de quince días a contar desde la fecha en que se informa a los acreedores, estos deben informar a la secretaría si aceptan o se oponen al proyecto, el cual solo se podrá llevar a cabo si se adhieren más de la mitad de los acreedores cuyos créditos representen más de la mitad del pasivo.

3. Convenio con los acreedores

En el convenio con los acreedores, se convoca una junta de acreedores para que puedan deliberar sobre las propuestas de convenio establecidas por el juez delegado. Los acreedores deberán, en este marco, declarar sus créditos y, asimismo, declarar si se adhieren o no a las propuestas de convenio.

Después, los acreedores podrán aún, en el momento de la vista de homologación del convenio, hacer valer sus observaciones. Asimismo, podrán presentar un recurso contra la sentencia que apruebe el convenio cuando no hayan sido convocados a la asamblea de acreedores o cuando hayan votado en contra de las propuestas de convenio.

4. Endeudamiento excesivo

En primer lugar, en la fase de concurso convencional, los acreedores están obligados a comunicar su crédito al Servicio de información y de asesoramiento en materia de endeudamiento excesivo. Posteriormente, los acreedores pueden participar activamente en la adopción de un proyecto de solución convencional mediante el mencionado servicio.

La Comisión de Mediación en materia de endeudamiento excesivo convocará entonces a los acreedores y les presentará las propuestas elaboradas en el marco del concurso convencional. Al menos el sesenta por ciento de los acreedores cuyos créditos representen el sesenta por ciento de los créditos deben, entonces, declarar que se adhieren al proyecto de solución convencional para que se pueda considerar aceptado. El silencio de los acreedores significa que se adhieren.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Los síndicos de una quiebra representan tanto a la persona quebrada como al conjunto de sus acreedores. En esta doble capacidad, no solo son responsables de administrar los bienes de la quiebra, sino que también están autorizados a controlar, como demandantes o demandados, todas las acciones que buscan la conservación de los activos que deben usarse como garantía para los acreedores, así como la recuperación o el aumento de esos activos en bien del interés de estos últimos (Tribunal de Apelación, 2 de julio de 1880, Pas. 2, p. 49).

El síndico puede llevar a cabo acciones relacionadas con la garantía común de los acreedores, compuesta por el patrimonio del quebrado, es decir, que tiendan a la recuperación, protección o liquidación de ese patrimonio (Tribunal de Apelación, 25 de febrero de 2015, Pas. 37, p. 483).

En lo que respecta a los contratos vigentes después de la declaración de quiebra, el síndico debe decidir si procede rescindirlos o si sería mejor, en el caso de que puedan liberar activos, mantener su vigencia para cubrir posteriormente el pasivo del quebrado.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Todos los acreedores deben declarar sus créditos, sin importar su naturaleza y si son o no créditos privilegiados. Sin embargo, la excepción a este procedimiento son los créditos de la masa, es decir, los créditos que surgen con posterioridad y en el interés de los procedimientos de la quiebra (por ejemplo, costes del síndico, alquileres vencidos después de la sentencia de quiebra, etc.).

Primero se han de devolver los créditos de la masa que surgen después de iniciar el procedimiento de insolvencia y que resultan de la administración de la quiebra o de la continuidad de determinadas actividades de la empresa quebrada, antes de que se distribuya el resto de créditos entre el conjunto de acreedores. Por tanto, en todos los casos, los créditos de la masa son devueltos antes que de los de otros acreedores.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

1. Quiebra

En el marco del procedimiento de quiebra, el juicio de quiebra se publicará por distintas vías (prensa, inscripción en el Tribunal Mercantil), con el fin de permitir que los acreedores del deudor quebrado se enteren de la situación y puedan manifestarse (artículo 472 del Código de Comercio).

Los acreedores deberán entonces hacer una declaración de crédito a la secretaría del Tribunal Mercantil y depositar sus justificantes (artículo 496 del Código de Comercio).

En la siguiente dirección está disponible un formulario con el que los acreedores pueden realizar esta declaración de crédito: El enlace abre una nueva ventanahttps://justice.public.lu/fr/creances/declaration-creance.html.

Los créditos serán comprobados por el síndico encargado de la liquidación de la quiebra, el cual podrá rechazarlos (artículo 500 del Código de Comercio).

Todos los créditos declarados que se impugnen se remitirán al tribunal.

Sin embargo, si hay alguna impugnación que, en razón de la materia, no sea competencia del tribunal de distrito en materia comercial, se remitirá al tribunal competente para que tome una decisión en cuanto al fondo. También se remitirá al tribunal de distrito en materia comercial para que se pronuncie sobre ella, de acuerdo con el artículo 504, en relación con las cantidades que pueden impugnar los acreedores en el contexto de los debates del convenio. (Artículo 502).

2. Convenio con los acreedores

En materia de convenio, el deudor que lo solicite deberá indicar en su petición la identidad y el domicilio de sus acreedores, así como el importe de sus créditos (artículo 3 de la Ley de 14 de abril de 1886).

Se procederá a la notificación a los acreedores por carta certificada (artículo 8 de la Ley de 14 de abril de 1886). En este correo se les invitará a participar en la asamblea del convenio.

La convocatoria se publicará también en la prensa.

Durante la asamblea del convenio, los acreedores deberán declarar el importe de sus créditos.

Como ya se ha especificado, la participación en la votación conlleva que todos los créditos asegurados mediante una garantía real pierdan la calidad de créditos privilegiados (artículo 10 de la Ley de 14 de abril de 1886).

3. Suspensión de ejecución

En materia de suspensión de ejecución, el deudor deberá también adjuntar una lista con la identidad y la dirección de sus acreedores, y el importe de sus créditos.

Los acreedores serán convocados por carta certificada (artículo 596 Código de Comercio) y por la prensa.

Durante la reunión a la que se les habrá invitado, deberán declarar el importe de sus créditos (artículo 597 del Código de Comercio).

4. Gestión controlada

En materia de gestión controlada, no habrá procedimiento de declaración de crédito ni de admisión. En su solicitud, el deudor deberá comunicar al tribunal la identidad de sus acreedores.

El tribunal comunicará posteriormente a estos últimos el plan de reorganización o de enajenación del activo elaborado por los comisarios designados por el tribunal.

5. Procedimiento de endeudamiento excesivo:

En el plazo de un mes desde la publicación del anuncio del concurso de acreedores en el registro, los acreedores del deudor con endeudamiento excesivo deben declarar sus créditos al Servicio de Información y de Asesoramiento en Materia de Endeudamiento Excesivo (Service d’information et de conseil en matière de surendettement).

La declaración de crédito debe cumplir lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Gran Ducado de 17 de enero de 2014 que implementa la Ley de 8 de enero de 2013 sobre el endeudamiento excesivo.

Hay un El enlace abre una nueva ventanamodelo de declaración disponible.

La Comisión de Mediación analiza si las declaraciones de crédito son admisibles.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

El principio básico que domina el Derecho concursal es el de que cada acreedor reciba una cantidad idéntica proporcional al importe de su crédito.

Primero se paga a los acreedores que tengan una garantía o un privilegio.

Los acreedores privilegiados deben clasificarse en un orden legal que sea público (arrendadores de inmuebles, acreedores hipotecarios, acreedor con garantías sobre fondo de comercio y, sobre todo, el tesoro público en sentido amplio).

En general, el síndico debe remitirse a los artículos 2096 a 2098, 2101 y 2102 del Código Civil.

El síndico debe verificar cada caso con referencia a las disposiciones legales y a la jurisprudencia.

El activo neto disponible para los acreedores sin garantías debe distribuirse mediante prorrateo de acuerdo con el artículo 561, párrafo 1, del Código de Comercio.

Cuando el síndico sabe a cuánto ascienden los honorarios fijos establecidos por el tribunal, ha clasificado los acreedores privilegiados y sabe cuál es la cantidad restante que se debe repartir entre los acreedores sin garantías, establece un plan de reparto de activos que presenta previamente al juez comisario. De acuerdo con el artículo 533 del Código de Comercio, el síndico invitará a todos los acreedores a la rendición de cuentas mediante carta certificada, a la que adjuntará una copia del plan de reparto de activos.

El quebrado debe ser convocado mediante diligencia judicial o mediante publicación en un periódico luxemburgués.

A menos que algún acreedor impugne la rendición de cuentas llevada a cabo por el síndico, este último presentará el acta de la rendición de cuentas, preparada teniendo en cuenta el plan de reparto de activos, ante el juez comisario y el secretario del tribunal para su firma.

Tras la rendición de cuentas, el síndico pagará a los acreedores.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

1. Quiebra

En caso de quiebra, cuando se hayan efectuado los pagos, el síndico podrá introducir una petición de clausura del procedimiento, a la que seguirá la resolución de clausura que, como su nombre indica, termina el procedimiento de quiebra.

En virtud del artículo 536 del Código de Comercio, el quebrado que no haya sido declarado en bancarrota negligente o fraudulenta ya no podrá ser demandado por sus acreedores, salvo que retorne a mejor fortuna en los siete años desde que tuvo lugar la clausura del procedimiento debido a insuficiencia del activo.

En virtud del artículo 586 del Código de Comercio, el quebrado que haya pagado íntegramente el principal, los interés y los costes de todas las cantidades debidas, podrá obtener su rehabilitación presentando la oportuna demanda al Tribunal Superior de Justicia.

2. Convenio, suspensión de pagos y gestión controlada

En materia de convenio, de suspensión de pagos o de gestión controlada, la resolución por la cual el tribunal concede la medida requerida clausura el procedimiento.

El tribunal podrá imponer sanciones civiles y penales contra el deudor quebrado.

Si el tribunal constata que la quiebra es el resultado de faltas graves y tipificadas cometidas por el quebrado, podrá declarar la prohibición de ejercer una actividad comercial tanto directamente como por la mediación de otra persona. Esta prohibición incluye también la de ejercer una función que implique capacidad de decisión en una sociedad.

Entre las demás sanciones civiles, existen para la quiebra de sociedades mercantiles la posibilidad de que la quiebra se amplíe a sus directivos, así como las posibilidades de acciones a que se refieren los artículos 1382 y 1383 del Código Civil (responsabilidad de derecho común), y los artículos 59 y 192 de la Ley sobre las sociedades mercantiles.

También podrán imponerse sanciones penales (quiebras fraudulentas) contra el quebrado.

En materia de convenio, los que se hayan beneficiado de este procedimiento deben reembolsar a sus acreedores si retornan a mejor fortuna (artículo 25 de la Ley de 14 de abril de 1886 sobre el convenio preventivo de quiebra).

El convenio no tiene efecto en las siguientes deudas:

  • impuestos y otras cargas públicas;
  • créditos garantizados por privilegios, hipotecas o pignoraciones;
  • créditos causados por obligaciones alimentarias.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Tras la clausura del procedimiento de insolvencia, si hay algún activo, los acreedores reciben todo el importe o una fracción del importe de sus créditos de acuerdo con las condiciones de reparto aceptadas en la sentencia de clausura.

Si el quebrado no ha sido declarado en bancarrota negligente o fraudulenta, ya no podrá ser demandado por sus acreedores, excepto si retorna a mejor fortuna en un plazo de 7 años desde la sentencia de clausura del procedimiento de quiebra.

Los acreedores también pueden interponer una acción en virtud de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil para exigir la responsabilidad de derecho común de los dirigentes del quebrado, así como también pueden interponer una acción basándose en los artículos 59 y 192 de la Ley sobre las sociedades mercantiles (responsabilidad de los administradores y dirigentes en el marco de la ejecución de su mandato).

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los gastos de la petición de quiebra se incluyen en los costes de la masa.

Como son gastos que surgen en interés del procedimiento de quiebra, se pagan con los activos de la quiebra antes de que el síndico distribuya el resto de activos entre los diferentes acreedores.

La Ley de 29 de marzo de 1893 sobre la asistencia jurídica y el procedimiento de débito establece, en sus artículos 1 y 2, los diferentes costes que pueden surgir de las formalidades exigidas en el procedimiento de insolvencia y determina el orden de su pago en caso de que no haya activos suficientes.

El tribunal del distrito competente establece los honorarios del síndico según el Reglamento del Gran Ducado de 18 de julio de 2003.

El síndico debe presentar ante el tribunal del distrito en materia mercantil una memoria con los costes y honorarios basándose en los activos recuperados.

En el artículo 536, apartado 1, párrafo 2, del Código de Comercio, se establece que los costes y honorarios de los procedimientos de quiebra clausurados debido a la falta de activos los anticipará la Oficina para la Gestión de Registros (Administration de l’Enregistrement) en las condiciones establecidas en la Ley de 29 de marzo de 1893 sobre asistencia jurídica y el procedimiento de débito.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

1. Quiebra

En la sentencia declaratoria de quiebra se puede establecer la fecha de cesación de los pagos del quebrado en una fecha anterior a la de la propia sentencia. Sin embargo, esta fecha no puede ser anterior en más de seis meses a la sentencia.

Para proteger los intereses de los acreedores, el periodo entre la cesación de los pagos y la sentencia declaratoria se denomina «periodo de sospecha».

Determinados actos llevados a cabo durante este periodo y que pueden ir en detrimento de los derechos de los acreedores, serán nulos y no tendrán efecto. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:

  • los actos relacionados con los bienes muebles o inmuebles que el quebrado haya cedido de manera gratuita, o a título oneroso cuando el precio de venta sea claramente inferior al valor del bien en cuestión;
  • los pagos efectuados, ya sean en efectivo, por transporte, venta, compensación o, de cualquier otro modo, para las deudas que aún no hayan vencido;
  • todos los pagos realizados, salvo en efectivo o a través de efectos comerciales, respecto de las deudas vencidas;
  • las hipotecas o demás derechos reales concedidos por el deudor para las deudas contraídas antes de la cesación de los pagos.

Sin embargo, para el resto de actos, el principio de nulidad no es automático.

De este modo, determinados pagos efectuados por el quebrado respecto de las deudas vencidas y demás actos onerosos llevados a cabo durante el periodo de sospecha podrán anularse, si se prueba que los terceros que hayan recibido los pagos o negociado la quiebra conocían su situación de cesación de pagos.

Cuando un acreedor sabe que su deudor no puede hacer frente a sus compromisos, no debe buscar que se le trate de manera privilegiada en detrimento de la masa de acreedores.

Los El enlace abre una nueva ventanaderechos de hipoteca y de preferencia que se hayan adquirido legalmente podrán inscribirse hasta la fecha de la sentencia declaratoria de la quiebra. Sin embargo, los derechos registrados en los diez días anteriores a la fecha de cesación de los pagos o posteriormente pueden declararse nulos si pasan más de quince días entre la fecha del acta de constitución de la hipoteca y la de su inscripción.

Por último, todos los actos o pagos realizados en fraude de acreedores, es decir, los que haya realizado el deudor sabiendo el perjuicio que va a causar a los acreedores (como reducir la masa, no respetar el orden de los créditos, etc.), se consideran nulos, sin importar la fecha en la que tuvieron lugar.

El concepto de periodo de sospecha no se aplica a los contratos de garantías financieras ni a los créditos futuros, cedidos a un organismo de titulización.

2. Convenio con los acreedores

El deudor no podrá enajenar, hipotecar ni comprometer sus bienes sin autorización del juez delegado durante el procedimiento aplicado para la obtención del convenio.

3. Gestión controlada

Desde la fecha de la decisión en la que se nombra a un juez comisario para proceder al inventario de la empresa, el comerciante no puede, bajo pena de nulidad, enajenar, establecer garantías o hipotecas, comprometerse ni recibir capital mueble sin la autorización escrita de dicho juez.

También cabe destacar que la ley sobre la gestión controlada establece sanciones penales para los comerciantes que hayan encubierto parte de sus activos, han exagerado el importe de su pasivo o permitido la participación de acreedores cuyos créditos se hubieran exagerado.

4. Endeudamiento excesivo

En caso necesario, el juez puede nombrar a personas responsables de proporcionar asistencia en los ámbitos social, educativo o de gestión de las finanzas, para garantizar que la parte de los ingresos del deudor que no se destine al reembolso de las deudas se use para los fines para los cuales está prevista.

Estas personas, para llevar a cabo su labor, están autorizadas para tomar cualquier medida destinada a evitar que esta parte de los ingresos se desvíe de su fin natural o que los intereses de la unidad familiar del deudor se vean afectados.

Última actualización: 23/05/2019

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Insolvencia - Hungría

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Los procedimientos de insolvencia para personas jurídicas están regulados por la Ley XLIX de 1991 relativa a los procedimientos concursales y de liquidación (Ley concursal).

La Ley concursal regula dos tipos de procedimientos de insolvencia: procedimientos concursales y de liquidación.

Los procedimientos concursales son procedimientos de reorganización cuyo objetivo es conceder a un deudor afectado por una situación de insolvencia un aplazamiento del pago, con el objeto de llegar a un acuerdo voluntario e intentar concertar dicho acuerdo a fin de reestablecer la solvencia.

Los procedimientos de liquidación son procedimientos cuyo objetivo es que los acreedores obtengan satisfacción de acuerdo con determinadas normativas cuando un deudor insolvente es disuelto sin herederos en el curso de un procedimiento cuyo propósito es dividir el total del activo de la masa de insolvencia del deudor entre los acreedores. Sin embargo, el procedimiento de liquidación debe finalizarse en caso de que el deudor haya pagado por completo su deuda y los costes del procedimiento, o en caso de que se llegue a un acuerdo voluntario sobre las condiciones de la regularización de la deuda con los acreedores y este sea aprobado por el órgano jurisdiccional.

Las leyes que regulan las filiales húngaras de empresas con sede social en el extranjero, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector financiero (entidades de crédito, empresas financieras, empresas de seguros, empresas de servicios de inversión, depósitos públicos), por ejemplo, incluyen normas derogatorias especiales.

Los procedimientos concursales no existen para empresas del sector financiero, aunque los órganos de supervisión tienen la posibilidad de intervenir en las primeras etapas de cualquier deterioro de su capacidad financiera, a fin de evitar situaciones de insolvencia, y deben crearse fondos (Fondo de Compensación de Daños, Fondo de Protección de Inversores, Fondo de Garantía de Depósitos) para proteger a los clientes y compensarlos.

En el caso de empresas del sector financiero, el Banco Central de Hungría, en el marco de sus competencias como autoridad de supervisión financiera, puede llevar la liquidación de las mismas ante un tribunal tras revocar su licencia para continuar con sus actividades.

La Ley relativa a organizaciones de la sociedad civil incluye algunas normas derogatorias en relación con los procedimientos concursales y de liquidación de las estas organizaciones (asociaciones, fundaciones), pero por lo demás se aplica lo dispuesto en la Ley concursal.

Procedimientos de regularización de deudas de personas físicas (quiebra personal)

La Ley CV de 2015 relativa a la regularización de deudas de personas físicas entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. Esta Ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico para regularizar las deudas, además de ofrecer protección frente a la insolvencia mediante la cooperación entre el deudor y sus acreedores. La Ley protege principalmente a los deudores hipotecarios, en particular a aquellos que han tenido atrasos prolongados, que están endeudados con varios acreedores y cuya propiedad residencial podría verse afectada por una venta forzosa.

Los procedimientos empiezan de manera extrajudicial, coordinados por el primer prestamista hipotecario. Si no se llega a un acuerdo extrajudicial, se inicial los procedimientos concursales judiciales. En un principio, los procedimientos judiciales también tienen como objetivo llegar a un acuerdo, pero si dicho acuerdo no se aprueba, el órgano jurisdiccional determina las condiciones de regularización de la deuda.

El Gobierno ha establecido el Servicio de insolvencia para familias del Estado. Esta organización desempeña un papel importante en los procedimientos de regularización de deudas. El Servicio de insolvencia para familias verifica si el deudor cumple con los requisitos legales, guarda un registro público de los datos de los procedimientos y emplea a administradores familiares. Los administradores familiares llevan a cabo tareas preparatorias y colaborativas para el órgano jurisdiccional en el curso de la regularización de la deuda ante el tribunal, ejecutan las resoluciones judiciales, apoyan al deudor, supervisan la gestión del hogar del deudor, venden los activos del deudor con valor comercial y pagan a los acreedores.

Si se culmina con éxito una regularización de la deuda, la deuda liquidada durante los procedimientos no puede ser reclamada más tarde al deudor y los acreedores reciben una proporción específica de su reclamación en un periodo de tiempo previsible.

Los procedimientos de regularización de la deuda de personas físicas todavía no se notifican con arreglo al Reglamento (UE) n.º 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo.

De acuerdo con la Ley concursal, la organización deudora podrá iniciar los procedimientos concursales con la aprobación de su principal órgano decisorio, utilizando un formulario (la representación legal es obligatoria durante los procedimientos). El deudor no podrá presentar dicha reclamación si está sujeto a un procedimiento concursal pendiente o se ha dictado una decisión de primera instancia ordenando su liquidación. Las condiciones y limitaciones temporales para la admisión de una solicitud renovada de procedimiento concursal son el pago de los créditos del acreedor que existieron o surgieron durante el procedimiento concursal previo, el plazo de dos años desde la conclusión final del procedimiento concursal previo o, en caso de que se rechazara de oficio la solicitud previa, el plazo de un año desde que se anunciara la resolución definitiva en dicho asunto.

Como norma general, en caso de que el deudor sea insolvente, los procedimientos de liquidación podrán ejecutarse previa petición del deudor o sus acreedores, o de oficio por el tribunal, en determinados casos especificados en la Ley concursal. La Ley concursal establece de manera explícita quién podrá ejecutar los procedimientos de liquidación y regula las normas de procedimiento, ya sea previa petición o de oficio.

Ambos tipos de procedimientos son procedimientos de regularización de deuda colectivos, los acreedores del deudor deben participar en los procedimientos y no deben reclamar sus créditos por otra vía o en otros procedimientos contra el deudor durante estos procedimientos.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Procedimientos concursales:

Los procedimientos concursales podrán ser solicitados por el director de la entidad deudora, aunque se exige obligatoriamente la representación por parte de un abogado o un consejero jurídico.

Solo podrá iniciarse un procedimiento concursal a la vez contra el mismo deudor, y no podrá estar pendiente ningún procedimiento de liquidación contra el mismo. Únicamente podrán renovarse los procedimientos concursales si el deudor ha saldado las deudas reclamadas en el procedimiento anterior y si no han transcurrido dos años desde entonces. Además, si el órgano jurisdiccional rechazó el procedimiento concursal anterior de oficio por defecto de forma, no podrá iniciarse ningún procedimiento concursal durante un año.

Procedimientos de liquidación

Los procedimientos de liquidación podrán ser interpuestos por el deudor, un acreedor, el administrador que participó en el procedimiento de liquidación anterior o un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa en casos especificados por la ley. Por ejemplo, un procedimiento de liquidación podrá ser interpuesto por el órgano jurisdiccional si no se ha llegado a un acuerdo voluntario durante el procedimiento concursal, o si se ordena la disolución de una empresa que infrinja gravemente la ley de conformidad con sus facultades de supervisión jurídica como tribunal mercantil.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Los activos del deudor de la masa de insolvencia son la suma de todos los activos fijos y los activos circulantes en el sentido de la legislación en materia de contabilidad.

Todo aumento de activos durante los procedimientos concursales también forma parte de los activos de la masa de insolvencia.

El deudor conserva derechos relacionados con la gestión de los activos de la masa de insolvencia, pero bajo la supervisión del administrador. En los procedimientos de liquidación, el deudor no conserva los derechos relacionados con la gestión de los activos de la masa de insolvencia: dichos derechos se transfieren al liquidador. El liquidador es el representante legal de la organización deudora y lleva a cabo el registro y la evaluación de los derechos del acreedor, la realización de los bienes y la distribución de los ingresos entre los acreedores bajo la supervisión del tribunal.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

En los procedimientos concursales y de liquidación, un deudor en el sentido de la Ley concursal podrá ser un agente económico de los enumerados en dicha Ley. En los procedimientos concursales, el procedimiento es interpuesto por el deudor, quien podrá continuar sus actividades económicas durante el procedimiento. Los directivos y propietarios de la entidad deudora no están restringidos en el ejercicio de sus derechos, pero solo podrán ejercerlos sin infringir los derechos del administrador contemplados por la ley. El deudor lleva a cabo el registro y la clasificación de los créditos en colaboración con el administrador y, con la participación del mismo, prepara un programa y una propuesta para la negociación del convenio, de cara a lograr un convenio centrado en restaurar o conservar la situación de solvencia. El convenio contiene el acuerdo entre el deudor y los acreedores sobre las condiciones de la regularización de la deuda y todo lo que consideren importante para la reorganización.

Hasta el inicio de los procedimientos concursales y de liquidación, se considera un acreedor a una persona que tiene créditos pecuniarios atrasados o créditos expresados en términos monetarios de acuerdo con una decisión definitiva y ejecutable de un tribunal o autoridad pública o que sean reconocidos o no sean impugnados por el deudor. En los procedimientos concursales, el acreedor también es toda persona cuyos créditos vencidos durante el procedimiento concursal o después hayan sido registrados por el administrador, o , en un procedimiento de liquidación, cualquier otra persona cuyos créditos hayan sido registrados por el liquidador.

En los procedimientos concursales, un administrador es una persona jurídica nombrada por un órgano jurisdiccional, autorizada a desempeñar las funciones de un administrador concursal. El administrador debe nombrar a uno de sus empleados, con las calificaciones apropiadas, para llevar a cabo las actividades del administrador. La obligación de esta persona consiste en controlar las actividades económicas del deudor a fin de llegar a un convenio, al tiempo que tiene en cuenta los intereses del acreedor, registrar los créditos del acreedor, colaborar en la redacción de una propuesta de convenio y refrendar las actas de las resoluciones adoptadas en las negociaciones del convenio.

El liquidador es toda organización liquidadora (una persona jurídica autorizada para desempeñar las funciones de un administrador concursal) nombrada por un tribunal, representante legal de la organización en liquidación que garantiza también los intereses de los acreedores y desempeña las funciones previstas por la ley. La legislación establece requisitos personales y profesionales estrictos para las organizaciones liquidadoras, entre los que se incluyen la formación profesional regular.

La organización liquidadora nombra a un administrador concursal para que lleve a cabo las actividades de un liquidador.

El nombre de la organización liquidadora y el administrador concursal también se introducen en el registro de personas jurídicas del tribunal.

Los procedimientos concursales y de liquidación son procedimientos civiles de jurisdicción voluntaria ante un tribunal. En asuntos no regulados por la Ley concursal se aplica lo dispuesto en el Código Civil, con excepciones que tienen su origen en las características de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Los procedimientos concursales son ordenados por el órgano jurisdiccional, mientras que los procedimientos de liquidación son ordenados por el órgano jurisdiccional como consecuencia de la declaración de insolvencia del deudor o, en otros casos especificados por la ley o a raíz de una petición de otro órgano jurisdiccional, autoridad pública o del administrador. En el inicio del procedimiento el órgano jurisdiccional nombra al administrador o liquidador de una lista de liquidadores. Cuando se interponen procedimientos de liquidación, el tribunal nombra (a petición de los acreedores) un liquidador con competencias de administrador temporal para que supervise las actividades del deudor hasta que se ordene la liquidación.

Las objeciones presentadas contra toda medida ilegal u omisión por parte del administrador o liquidador son consideradas por el órgano jurisdiccional, y en caso de una medida ilegal u omisión, el órgano jurisdiccional requiere que el administrador o liquidador desempeñe sus actividades de acuerdo con la ley y, si esta se infringe, se retira al administrador o liquidador del procedimiento y se nombra a uno nuevo.

Durante los procedimientos concursales el deudor está protegido frente a la insolvencia, los procedimientos de ejecución se suspenden y se concede al deudor un aplazamiento del pago o una moratoria al pago de deudas contraídas previamente.

Si la mayoría prevista por la Ley concursal acepta el acuerdo voluntario y este cumple los requisitos legales, el órgano jurisdiccional aprueba el acuerdo y el deudor está vinculado por él.

Si no se llega a un acuerdo voluntario, el órgano jurisdiccional ordena que el deudor sea disuelto de oficio.

También puede llegarse a un acuerdo entre el deudor y los acreedores en los procedimientos de liquidación. El órgano jurisdiccional establece una fecha para las negociaciones del convenio durante el procedimiento de liquidación y, si el voto respecto al acuerdo voluntario es favorable y dicho acuerdo cumple la legislación, el órgano jurisdiccional lo aprueba. En los procedimientos de liquidación, las condiciones para la aprobación de un acuerdo voluntario son que, mediante el acuerdo, el deudor deje de ser insolvente y que se liquiden los créditos prioritarios o que se disponga de garantías para su pago.

El órgano jurisdiccional decide si cerrar o abandonar los procedimientos concursales o de liquidación .

Si se cierran los procedimientos de liquidación sin un sucesor del deudor, una vez recibida la notificación del órgano jurisdiccional, el tribunal mercantil elimina al deudor disuelto por liquidación del registro mercantil, o a la organización de la sociedad civil del registro de organizaciones cívicas.

En los procedimientos de liquidación el pago de los salarios de los empleados está garantizado por el Fondo de Garantía Salarial, sujeto a las condiciones establecidas en la Ley relativa al Fondo de Garantía Salarial.

Consecuencias jurídicas de interponer los procedimientos:

Durante los procedimientos concursales, el órgano jurisdiccional adopta medidas para publicar un aplazamiento temporal inmediato del pago en el Boletín del Registro Mercantil a petición del deudor, de acuerdo con la Ley concursal. Posteriormente se examina la pertinencia de la solicitud, cuando el órgano jurisdiccional emite su decisión de rechazar la solicitud de oficio en casos especificados por la ley o, si no es ese el caso, toma la decisión de ordenar procedimientos concursales. Los procedimientos concursales empiezan con la publicación de dicha orden en el Boletín del Registro Mercantil. Como consecuencia de la apertura de los procedimientos concursales, se concede al deudor un aplazamiento del pago para la ejecución de los créditos pecuniarios hasta las 00:00 horas del segundo día hábil después de 120 días (con algunas excepciones), y la moratoria podrá prolongarse incluso hasta 365 días. Durante el periodo de aplazamiento del pago, solo podrá efectuarse el pago de los créditos indicados en el acto jurídico, no se producen consecuencias jurídicas relativas a la no ejecución o ejecución tardía de la obligación de pago, y se suspende la ejecución de los créditos pecuniarios contra el deudor, por lo que este consigue una oportunidad realista de elaborar un programa centrado en restaurar la situación de solvencia y saldar sus deudas.

Si el órgano jurisdiccional declara insolvente al deudor porque se dan todas las causas de la insolvencia definidas en el acto jurídico, se ordena la liquidación del deudor en un auto y, tras su entrada en vigor, se nombra a un liquidador mediante un auto publicado en el Boletín del Registro Mercantil, en el que también se insta a los acreedores a notificar sus créditos. Los derechos de propiedad cesan cuando se ordena el procedimiento de liquidación, que sirve para proteger los activos de la masa de insolvencia, y a partir de la fecha de inicio de la liquidación solo el liquidador, como representante del deudor, podrá realizar una declaración legal relativa a los activos del deudor. Todas las deudas del agente económico expiran en la fecha de inicio de la liquidación (vencen).

La liquidación tiene como objetivo distribuir todos los activos del deudor entre sus acreedores, debiendo finalizarse incluso los procedimientos de ejecución contra los activos sujetos a los procedimientos de liquidación. Los procedimientos contenciosos y los de jurisdicción voluntaria iniciados antes de la fecha de inicio de la liquidación continúan ante el tribunal que conozca del asunto. Tras la fecha de inicio de la liquidación, todos los créditos pecuniarios relativos a los activos de la masa de insolvencia solo podrán alegarse en el marco del procedimiento de liquidación. Toda restricción en la enajenación o carga establecidas sobre los bienes inmuebles u otros activos del deudor cesa en la fecha de inicio de la liquidación, mientras que los derechos de recompra y las opciones de compra, así como los derechos de prenda, cesan cuando se vende el activo. Una persona autorizada podrá satisfacer sus créditos a partir de un depósito de garantías generales proporcionado por el deudor hasta la fecha de inicio de la liquidación. Después, la persona autorizada deberá devolver el importe restante al liquidador.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Durante el procedimiento de liquidación, los acreedores podrán hacer valer un crédito contra el deudor si se registra en el procedimiento; no pueden realizarse compensaciones extrajudiciales, excepto para liquidaciones aplicadas de conformidad con convenios comerciales internacionales. No obstante, en caso de que haya una demanda previa pendiente entre el acreedor y el deudor, el acreedor podrá compensar todos los créditos alegados en la demanda con su deuda respecto al deudor.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

La apertura de los procedimientos de liquidación en sí no tiene el efecto jurídico de finalizar los contratos asumidos previamente por el deudor. Los contratos pueden rescindirse como parte del procedimiento, en el caso de procedimientos concursales bajo la supervisión del administrador y, en el caso de procedimientos de liquidación, el liquidador rescinde los contratos como representante legal del deudor. El liquidador tiene derecho a rescindir los contratos con efecto inmediato o a cancelarlos.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Los activos del deudor no pueden ser objeto de la ejecución, un acreedor que sea acreedor prendario no puede vender la prenda, mientras que las deudas se saldan durante los procedimientos de liquidación.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Las demandas interpuestas previamente son concluidas por el órgano jurisdiccional ante el que se presentaron. Si el deudor pierde la demanda, la parte que ha ganado participa como acreedor en el procedimiento de liquidación. Si el deudor gana la demanda, todos los activos o fondos debidos se incluyen en los activos de la masa de insolvencia. La Ley concursal establece en varios puntos que aportar información a los acreedores es obligación del administrador o liquidador.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Los acreedores podrán formar comités de acreedores o elegir a un representante con el que el liquidador debe consultar, al que el liquidador está obligado a informar y cuyo consentimiento implícito o explícito debe obtenerse para adoptar determinadas medidas.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

El liquidador podrá vender los activos del deudor al comprador que haya hecho la mejor oferta durante un procedimiento de venta pública en un portal de ventas en línea auditado.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Tanto las deudas contraídas previamente como aquellas que surjan tras la apertura de los procedimientos de insolvencia podrán ser alegadas por el acreedor al notificar su reclamación en el procedimiento concursal o el procedimiento de liquidación como acreedor.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

El administrador concursal (el administrador en los procedimientos concursales o el liquidador en los procedimientos de liquidación) registra los créditos de los acreedores y presenta los créditos impugnados ante el órgano jurisdiccional que desarrolla el procedimiento concursal o de liquidación para que dicte sentencia.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

El liquidador utiliza los ingresos procedentes de la venta de una prenda (después de deducir una serie de gastos) para el pago de la misma. El importe restante se distribuye entre los acreedores de acuerdo con la distribución de activos, teniendo en cuenta la clasificación para satisfacer los créditos de los acreedores establecida en la Ley concursal, y según el balance de liquidación provisional o el balance de liquidación final.

Tras la venta de otros activos, los ingresos podrán distribuirse después de que se haya aceptado el balance de liquidación provisional o el balance de liquidación final, teniendo en cuenta la distribución de activos aprobada por el órgano jurisdiccional y la clasificación para la satisfacción de los acreedores estipulada en la Ley concursal.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

El deudor podrá llegar a un acuerdo voluntario con acreedores en un procedimiento concursal o en un procedimiento de liquidación. Si el acuerdo cumple la legislación, el órgano jurisdiccional lo aprueba y declara que el procedimiento ha sido cerrado. En dichos casos, el deudor continúa sus actividades. Los créditos del acreedor se satisfacen del modo y en la medida indicados en el acuerdo, el deudor está exento de pagar cualquier otro importe.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

En un procedimiento concursal cerrado por un acuerdo voluntario aprobado por el órgano jurisdiccional, los créditos del acreedor se satisfacen en las condiciones y según el plazo indicados en el acuerdo. Si el deudor no respeta el acuerdo, los acreedores podrán interponer un procedimiento de ejecución o iniciar la liquidación del deudor.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los acreedores pagan una tasa de registro. La interposición de procedimientos de insolvencia (procedimientos concursales, procedimientos de liquidación) está sujeta a una tasa. De lo contrario, todos los gastos incurridos serán asumidos por el deudor.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

El liquidador o los acreedores podrán impugnar dichas transacciones presentando una petición y podrán solicitar que la transacción sea declarada «no válida». Por tanto, todos los activos devueltos al deudor aumentan los activos de la masa de insolvencia.

El liquidador o los acreedores podrán interponer demandas contra los antiguos directivos de la entidad deudora por aquellas actividades que fueran perjudiciales para los intereses de los acreedores, ya porque los antiguos directivos no tuvieron en cuenta estos intereses al desempeñar sus funciones directivas, lo que llevó a una disminución de los activos del agente económico, ya porque frustró la satisfacción completa de los créditos de los acreedores o porque eludió el pago de las tasas medioambientales. Si esto se demuestra, el antiguo director de la entidad deudora debe compensar a los acreedores por los daños causados.

Última actualización: 03/12/2018

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Insolvencia - Malta

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas) y procedimientos de quiebra (sociedades y comerciantes)

En virtud del Derecho nacional, se pueden identificar dos tipos de personas a las que se pueden aplicar los procedimientos de insolvencia, que son las sociedades y los comerciantes. A estos tipos de personas se les pueden aplicar dos regímenes diferentes. Las sociedades mercantiles se dividen en sociedades colectivas, sociedades en comandita y sociedades de responsabilidad limitada.

Se entablan procedimientos de insolvencia contra todas las personas anteriormente mencionadas (físicas y jurídicas), aunque se aplican diferentes procedimientos, reglamentos y disposiciones. De hecho, pueden incoarse procedimientos de quiebra (capítulo 13 de las Leyes de Malta) contra sociedades colectivas, sociedades en comandita y comerciantes. Las sociedades colectivas y las sociedades en comandita, a todos los efectos, se consideran comerciantes en los procedimientos de quiebra. El término «comerciante» se define en el capítulo 13 como cualquier persona que, de profesión, ejerce actos de comercio en su propio nombre e incluye cualquier sociedad mercantil.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

Se entablan procesos de reorganización contra las sociedades a los efectos de los artículos 327 a 329B del capítulo 386 de la Ley de sociedades de 1995.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

La sociedad, en virtud de un acuerdo adoptado por la asamblea general, su consejo de administración, cualquier obligacionista, acreedor o contribuyente, podrá instar ante los tribunales el procedimiento de disolución y posterior liquidación de la sociedad si esta no puede pagar sus deudas. La prueba a los efectos del artículo 214, apartado 2, letra a), inciso ii) del capítulo 386, es la siguiente:

La sociedad se considerará incapaz de hacer frente al pago de sus deudas:

a) si una deuda de la sociedad ha quedado sin satisfacer totalmente o en parte al cabo de veinticuatro semanas desde la ejecución de un título ejecutivo contra la sociedad por cualquiera de los actos ejecutivos especificados en el artículo 273 del Código de Organización y Procedimiento Civil, o

b) si se prueba a satisfacción del órgano jurisdiccional que la sociedad es incapaz de hacer frente a sus deudas, teniendo también en cuenta sus pasivos contingentes y potenciales.

El órgano jurisdiccional garantizará a las partes la oportunidad de exponer su caso y, en última estancia, decidir si se cumplen los requisitos para la insolvencia, en cuyo caso el ordenará su disolución y la fecha estimada de la insolvencia será la fecha en que se presentó la demanda ante el órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 223 del capítulo 386.

En el periodo comprendido entre el auto de disolución en caso de insolvencia y la presentación de la demanda de insolvencia ante el órgano jurisdiccional, este podrá, en cualquier momento, designar un administrador provisional de las propiedades o de las actividades comerciales de la sociedad según se especifique en su designación. El administrador provisional desempeñará sus funciones hasta que se dicte el auto de liquidación o se desestime la demanda de liquidación, salvo que, antes de ese momento, dimita o sea removido de su cargo por el órgano jurisdiccional por motivos fundados.

Insolvencia - Liquidación voluntaria de acreedores

Aparte de lo anterior, una sociedad se puede disolver de forma voluntaria y, si los directores piensan que los activos de la sociedad no bastan para hacer frente a sus obligaciones, se convocará una reunión de acreedores para nombrar un administrador concursal (o una comisión de liquidación) que disfrute de la confianza de los acreedores y se encargue de liquidar la sociedad sin necesidad de procedimientos judiciales. Las normas de cumplimiento son las disposiciones de los artículos 277 y siguientes del capítulo 386.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

La sociedad mediante una resolución extraordinaria, los directores previa decisión del consejo de administración o acreedores de la sociedad que representen más de la mitad de la cuantía de la deuda, pueden instar el procedimiento de reorganización (procedimiento de recuperación a los efectos del artículo 329B del capítulo 386) ante los tribunales si la sociedad no puede pagar sus deudas o es posible que, de forma inminente, no pueda pagarlas. Como en el caso anterior, una sociedad se considerará incapaz de hacer frente al pago de sus deudas:

a) si una deuda de la sociedad ha quedado sin satisfacer totalmente o en parte al cabo de veinticuatro semanas desde la ejecución de un título ejecutivo contra la sociedad por cualquiera de los actos ejecutivos especificados en el artículo 273 del Código de Organización y Procedimiento Civil, o

b) si se prueba a satisfacción del órgano jurisdiccional que la sociedad es incapaz de hacer frente a sus deudas, teniendo también en cuenta sus pasivos contingentes y potenciales.

El órgano jurisdiccional decidirá si se reorganiza la sociedad, emitiendo un auto de recuperación de la sociedad en los veinte días laborales siguientes desde la demanda de administración de las actividades comerciales de la sociedad al órgano jurisdiccional durante un periodo que este ha de especificar (en la actualidad, un periodo de un año prorrogable por otro año, aunque en virtud de las enmiendas en curso este periodo se reducirá a cuatro meses prorrogables por sucesivos periodos de cuatro meses hasta un máximo de doce meses).

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Cualquier acreedor puede instar un procedimiento de quiebra si la deuda a él debida es una deuda comercial o de otra clase y, aunque dicha deuda no haya vencido todavía, proceder sumariamente ante la sala primera del Tribunal Civil en contra del deudor o de su representante legítimo, demandando una declaración de que dicho deudor se halla en estado de quiebra.

El criterio para ser declarado insolvente es la suspensión del pago de deudas por parte del deudor. El órgano jurisdiccional dictará sentencia declarando la quiebra y designará a uno o varios curadores que ejecuten las funciones asignadas a los efectos del capítulo 13 del Código Mercantil.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas) (incluidos los acreedores que hacen una liquidación voluntaria)

Se liquidan todos los activos de la sociedad para cubrir las responsabilidades del deudor. No se hace distinción entre los activos que ya forman parte de la masa del deudor y los que el deudor recibe tras la apertura del procedimiento de insolvencia.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

En el procedimiento de quiebra que afecta a comerciantes y sociedades colectivas y en comandita, todos los bienes muebles e inmuebles pueden formar parte de la masa que hay que liquidar. En caso de quiebra, una vez que se ha dictado la declaración de quiebra, la persona insolvente se verá ipso jure privada de la administración de todo su patrimonio, ya esté relacionado con sus actividades comerciales o no, salvo su derecho a alimentos diarios para poder subsistir.

Sus bienes pasarán a manos de un curador que, a su vez, tendrá derecho a vender y enajenar las propiedades con autorización judicial. Los bienes perecederos de la persona insolvente se venderán a través de un subastador acreditado previa autorización judicial.

La venta de los bienes no perecederos y otras propiedades también requerirá autorización judicial.

En tales circunstancias, el juez dará las instrucciones que considere más ventajosas en interés de la persona insolvente y de los acreedores, para permitir que el curador restablezca el patrimonio de la persona insolvente o lo aumente, siempre que esto también redunde en beneficio de los acreedores.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

En cuanto el órgano jurisdiccional dispone la disolución de una sociedad aduciendo que esta es insolvente, nombra un administrador concursal.

El capítulo 386 impone la obligación de que el administrador concursal tiene que ser una persona física, con la cualificación de abogado o censor jurado de cuentas o auditor, o estar registrada en el Registro Mercantil como persona idónea para desempeñar la función de administrador concursal.

Otra restricción del administrador concursal es que no puede actuar como administrador concursal de una sociedad concreta si ha desempeñado el cargo de director o secretario de una sociedad, o ha desempeñado cualquier otro cargo relacionado con esa sociedad, en cualquier momento durante los cuatro años anteriores a la fecha de disolución de la sociedad.

El órgano jurisdiccional dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar quién pagará la remuneración del administrador concursal. Por defecto, el administrador concursal será remunerado con cargo a los bienes de la sociedad. No obstante, en caso de resultar insuficientes, el órgano jurisdiccional podrá decidir que el pago lo efectúen otras personas (vinculadas) con arreglo a sus indicaciones.

A los efectos del artículo 296 del capítulo 386, las competencias de los responsables de la sociedad (directores y secretario de la sociedad) cesarán con el nombramiento de un administrador concursal y, por tanto, ni los directores, incluido el consejero delegado, ni el secretario de la sociedad estarán facultados para negociar en nombre y por cuenta de la sociedad en liquidación. El administrador concursal tomará bajo su custodia o control todos los bienes y todos los derechos de los que tenga motivos justificados para creer que la sociedad es titular.

A los efectos del artículo 238 del capítulo 386, el administrador concursal en una liquidación judicial, con el refrendo del órgano jurisdiccional o de la comisión de liquidación, tendrá la facultad de:

a) emprender o defender cualquier acción u otro procedimiento legal en nombre y por cuenta de la sociedad;

b) ejercer la actividad de la sociedad en la medida necesaria para obtener una liquidación ventajosa de la misma;

c) pagar a los acreedores de acuerdo con su graduación legal;

d) alcanzar cualquier compromiso o acuerdo con los acreedores o personas que pretenden ser acreedores, que tienen o afirman tener cualquier crédito, presente o futuro, seguro o contingente, comprobado o adeudado por daños y perjuicios a la sociedad, o del que podría ser responsable la sociedad, y someter a arbitraje cualquiera de estos asuntos;

e) exigir obligaciones a contribuyentes o supuestos contribuyentes y pactar cualquier compromiso o acuerdo relacionado con las deudas, responsabilidades y créditos de la sociedad, presentes o futuros, seguros o contingentes, comprobados o adeudados por daños y perjuicios a la sociedad, pendientes o supuestamente pendientes entre la sociedad y un contribuyente o un supuesto contribuyente, u otro deudor o supuesto deudor, y todas las cuestiones relacionadas de cualquier forma con o que afecten a los bienes o a la liquidación de la sociedad, en las condiciones que se convengan, y exigir cualquier garantía para la liquidación de cualquier obligación, deuda, responsabilidad o crédito y aprobar su gestión íntegra;

f) representar a la sociedad en todos los asuntos y hacer todo lo que sea necesario para la liquidación de las actividades de la sociedad y la distribución de sus activos.

Además, el órgano jurisdiccional podrá disponer que el administrador concursal, cuando no haya comisión de liquidación, ejerza cualquiera de las competencias señaladas en las letras a) o b) anteriores sin refrendo judicial.

En general, el administrador concursal en una liquidación judicial tendrá la facultad de:

a) vender los bienes muebles e inmuebles, incluidos todos los derechos, de la sociedad en una subasta pública o mediante un acuerdo privado con competencias para la transmisión de la totalidad o parte;

b) realizar todos los actos y ejecutar, en nombre y por cuenta de la sociedad, todas las escrituras, recibos y otros documentos;

c) fijar condiciones económicas para la seguridad de los bienes de la sociedad;

d) designar un mandatario que actúe por su cuenta en su condición de administrador concursal para fines especiales.

El ejercicio por el administrador concursal en una liquidación judicial de las competencias conferidas por este artículo estará sujeto al control del órgano jurisdiccional y cualquier acreedor o contribuyente podrá recurrir al órgano jurisdiccional con respecto a cualquier ejercicio real o propuesto de cualquiera de estas competencias.

En el periodo comprendido entre el auto de disolución en caso de insolvencia y la presentación de la solicitud de insolvencia ante el órgano jurisdiccional, cuando el órgano jurisdiccional designe un administrador provisional, las competencias de los directivos de la sociedad también cesarán en la medida en que el órgano jurisdiccional encargue al administrador la administración del patrimonio o de las actividades comerciales de la sociedad según especifique el órgano jurisdiccional en la designación.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

A los efectos del artículo 329B, apartado 6, letra a), del capítulo 386, durante el periodo de vigencia de un auto de recuperación de una sociedad (reorganización), la sociedad seguirá desempeñando sus actividades normales bajo la gestión de un controlador especial.

El controlador especial tiene que ser una persona de quien el órgano jurisdiccional haya confirmado a su satisfacción que cuenta con unas competencias y una experiencia probadas en la gestión de empresas mercantiles, que está cualificada y dispuesta a aceptar el nombramiento, y que no tiene ningún conflicto de intereses con relación a este nombramiento.

La sociedad se hará cargo de la remuneración del controlador especial. De hecho, en su nombramiento, el órgano jurisdiccional fijará un plazo, que no podrá ser superior a 10 días hábiles desde que se dicte el auto de recuperación de la sociedad, en el que la sociedad depositará una suma de dinero en el órgano jurisdiccional u ofrecerá otra garantía adecuada u otra disposición apropiada que, en opinión del órgano jurisdiccional, sea suficiente para cubrir la remuneración y los gastos del controlador especial relacionados con este nombramiento.

Una vez nombrado el controlador especial, cualquier competencia conferida a la sociedad por ley o en virtud de sus estatutos quedará suspendida a no ser que se obtenga el consentimiento del controlador especial para ejercer dichas competencias, consentimiento que se puede dar de forma general o con relación a uno o varios casos concretos. En su defecto, esta competencia recaerá en el controlador especial.

En general, el controlador especial estará facultado para:

a) custodiar o tener bajo su control todos los bienes de la sociedad, siendo, por tanto, responsable de gestionar y supervisar sus actividades, negocios y propiedades;

b) después de informar al órgano jurisdiccional, remover del cargo a los directores de la sociedad y nombrar un gerente;

c) contratar personal para la prestación de servicios profesionales o administrativos y comprometer a la sociedad al pago de los respectivos honorarios o gastos, y

d) convocar reuniones de los miembros o acreedores de la sociedad.

Además, el controlador especial tendrá competencia, previa autorización expresa del órgano jurisdiccional, para:

i) adherir a la sociedad a cualquier compromiso con una duración superior a seis meses;

ii) extinguir la relación laboral de los empleados de la sociedad cuando lo considere necesario para asegurar la continuación de la sociedad como una empresa viable en su totalidad o en parte.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Como se explica más arriba, con respecto a los comerciantes que realizan sus actividades comerciales en su propio nombre y a las sociedades, la ley aplicable es el Código Mercantil, título de quiebra.

Con relación a las competencias del administrador concursal de la quiebra, este se denominará «curador», una persona que el órgano jurisdiccional considera adecuada para desempeñar lealmente las obligaciones de su cargo, aunque pueda tener algún parentesco con la persona insolvente o ser acreedor de la persona insolvente.

El curador, tras asumir las obligaciones de su cargo, tomará posesión de todos los bienes e y derechos de la persona insolvente. Además, tomará todas las medidas necesarias para preservar los derechos de la persona insolvente frente a sus deudores y registrar también en el registro público cualquier hipoteca que afecte a bienes de los deudores de la persona insolvente. El curador es responsable de sus actos ante la persona insolvente.

El curador tiene también la obligación de ejercitar acciones judiciales para el cobro de las cantidades adeudadas a la persona insolvente, pero no será legítimo que los curadores adquieran compromiso alguno ni acepten el arbitraje de cualquier litigio sin el consentimiento por escrito de la mayoría de los acreedores, por la cuantía de las deudas de la persona insolvente, y la autorización del juez.

En el plazo de un mes a partir de la fecha de la declaración judicial de quiebra, el curador hará un inventario de los bienes de la persona insolvente.

Todo acreedor tiene derecho a ver esta lista y el acreedor y la persona insolvente están obligados a asistir a la elaboración del inventario.

Este inventario contendrá una lista real junto con una descripción y una evaluación de los bienes de la persona insolvente.

El curador no podrá disponer de los bienes sin el consentimiento del órgano jurisdiccional y todo el procedimiento estará abierto al escrutinio público. El producto de cualquier venta realizada por el curador en nombre de la persona insolvente o de la sociedad se consignará en una lista y todos los recibos y facturas se documentarán debidamente.

El órgano jurisdiccional podrá solicitar a los curadores, a la persona insolvente y a los acreedores que presten juramento con respecto a toda la información que considere necesaria.

En relación a las competencias del deudor, este tiene derecho a controlar que el curador esté llevando los asuntos de la quiebra de acuerdo con la ley y de forma correcta.

El deudor tiene derecho a informar al órgano jurisdiccional cuando las acciones emprendidas por el curador no se estén realizando con arreglo a las condiciones de la resolución judicial o cuando sus asuntos estén siendo mal administrados.

Los libros y documentos de la persona insolvente se abrirán para ser inspeccionados en cualquier momento, lo que significa que el deudor tiene derecho a saber, comprobar y verificar las acciones del curador designado por el órgano jurisdiccional.

El deudor tiene derecho legal a una pensión de alimentos periódica para subsistir, lo que significa que el órgano jurisdiccional atribuirá al deudor una asignación de fondos procedente de sus propios bienes, que le entregará el curador. Se trata de una indemnización para que puedan vivir él y su familia, siempre que no se presuma que la persona insolvente haya actuado de manera fraudulenta.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Procedimientos de insolvencia y reorganización (sociedades anónimas)/Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

A los efectos del capítulo 459, cualquier cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente o cualquier otra cláusula contractual que disponga o esté relacionada con la liquidación o compensación de las sumas debidas por cada una de las partes a la otra en concepto de créditos mutuos, deudas mutuas u otras transacciones mutuas será ejecutable en los términos fijados, ya sea antes o después de la quiebra o insolvencia, respecto de las deudas mutuas, créditos mutuos o transacciones mutuas que hayan nacido o se hayan establecido antes de la quiebra o insolvencia de una de las partes, contra:

() las partes del contrato;

b) cualquier garante o persona que preste aval a cualquiera de las partes del contrato;

c) el administrador concursal, síndico, curador, controlador, controlador especial u otro agente similar de cualquiera de las partes del contrato, y

d) los acreedores de las partes del contrato.

Lo anterior no se aplicará con respecto a ningún acuerdo de liquidación por compensación exigible anticipadamente suscrito en un momento en que la otra parte sabía o debería haber sabido que estaba pendiente una demanda de disolución y liquidación de la sociedad por insolvencia, o que la sociedad había adoptado medidas formales conforme a cualquier ley aplicable para dar lugar a su disolución y liquidación por insolvencia.

Tampoco se aplicará cuando la parte insolvente sea una persona física (no un comerciante) o una sociedad mercantil que no sea una sociedad anónima (sociedad colectiva o sociedad en comandita) y la otra parte conocía o debería haber conocido hechos de la misma naturaleza que los señalados en el párrafo anterior con relación a la parte insolvente.

Ninguna autoridad o mandato de un contrato para ejecutar cualquier cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente será revocado por la declaración de quiebra o insolvencia de cualquier otra parte del contrato.

Asimismo, se prevé que, a pesar de lo dispuesto por cualquier otra ley nacional, nada limitará ni retrasará la aplicación de cualquier cláusula contractual que disponga o esté relacionada con la liquidación o compensación que, de otra manera, sería ejecutable y ninguna orden, mandamiento o requerimiento judicial y ningún procedimiento de la naturaleza que sea tendrán efecto alguno sobre tal extremo. No obstante, a pesar de lo dicho en este párrafo, nada evitará la aplicación de cualquier ley que impida que una liquidación o compensación se pueda ejecutar en cualquier caso concreto por razón de fraude o cualquier otro motivo similar, ni permitirá la ejecutabilidad de la liquidación o compensación si cualquier cláusula de un contrato entre las partes interesadas invalidara la liquidación o compensación por razón de fraude u otro motivo similar.

La ley específica que es legítimo que las partes de un contrato:

  • acuerden cualquier sistema o mecanismo que capacite a las partes para convertir una obligación no financiera en una obligación monetaria de valor equivalente y para valorar dicha obligación con miras a una liquidación o compensación;
  • acuerden la tasa de cambio o el método que se usará para establecer la tasa de cambio que aplicará a cualquier liquidación o compensación cuando las sumas que haya que liquidar o compensar estén expresadas en diferentes divisas y establecer la divisa en la que se hará efectivo el pago del importe neto;
  • acuerden que cualquier transacción o negocio llevados a cabo conforme a un contrato, ya sea identificados de forma específica o por referencia a un tipo o clase de transacción o negocio, se tratará como una única transacción o negocio a efectos de las cláusulas contractuales de liquidación o compensación y que todas estas transacciones o negocios se tratarán como una única transacción o negocio por las partes o cualquier administrador concursal, síndico, curador, controlador o controlador especial u otro agente que negocie con las partes y con cualquier órgano jurisdiccional.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

El artículo 303 del capítulo 386 establece que los privilegios, hipotecas u otras cargas, la transmisión o cualquier otra disposición de bienes o derechos, y cualquier pago, ejecución u otro acto relacionado con los bienes o derechos ejecutados o realizados por o en contra de una sociedad, y cualquier obligación que haya soportado la sociedad dentro de los seis meses anteriores a la disolución de la sociedad se considerarán una preferencia fraudulenta contra sus acreedores si la transacción, ya sea de naturaleza gratuita u onerosa, se ha hecho a un precio inferior a su valor real o si se otorga preferencia. En estos casos, la transacción (preferencia fraudulenta) será nula.

El precio inferior al valor real se define como sigue:

a) una sociedad realiza una transacción a un precio inferior al valor real cuando:

i) la sociedad hace una donación o realiza de cualquier otro modo una transacción por la que la sociedad no vaya a recibir ninguna prestación, o

ii) la sociedad realiza una transacción para recibir una prestación cuyo valor, en dinero o su equivalente, es significativamente inferior al valor en dinero o su equivalente de la prestación prevista por la sociedad.

La preferencia se define como sigue:

b) una sociedad otorga preferencia a una persona si:

i) esa persona es uno de los acreedores de la sociedad o un fiador o garante de cualquiera de las deudas de la sociedad u otras obligaciones, y

ii) la sociedad hace algo o soporta algo que hay que hacer que, en ambos casos, tiene como efecto colocar a esa persona en una posición que, en caso de que la sociedad se liquide por insolvencia, será mejor que la posición que hubiera tenido si ese acto o su omisión no se hubiera producido.

Una excepción a lo anterior sería que la persona, a favor de la cual se hace, realiza o soporta la transacción, demostrara que no sabía ni tenía razones para creer que fuese posible que la sociedad se disolviera por motivo de insolvencia.

Aparte de lo anterior, no hay otra cláusula que tenga efectos directos sobre los contratos.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

Ningún acto jurídico ad hoc regula los efectos del procedimiento de reorganización sobre los contratos.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Según el Código Mercantil, y de manera más precisa su artículo 485, se podrá anular todo acto de transmisión de bienes, cualquier obligación que se adquiera o cualquier renuncia a una sucesión manifestada por la persona insolvente a título gratuito u oneroso con el fin de defraudar a sus acreedores.

Al contrario que la Ley de Sociedades, el Código Mercantil no especifica un plazo, como el artículo 303 del capítulo 386 de las Leyes de Malta.

En los anteriores casos, esos actos se pueden anular si se prueba que la persona insolvente conocía la existencia de circunstancias que propiciaron una declaración de quiebra.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

En cuanto se abre un procedimiento de insolvencia (la sociedad se disuelve por resolución judicial que declare la insolvencia), no se puede emprender ninguna acción o procedimiento (prohibición de emprender acciones) contra la sociedad o sus bienes, excepto con la autorización del órgano jurisdiccional y sujeta a los términos que este pueda imponer. La ley no especifica en qué casos el órgano jurisdiccional autorizaría la incoación o continuación de un procedimiento judicial por parte de un acreedor, pero el principio general es que, durante el procedimiento de insolvencia, los activos de la sociedad serán administrados de forma ordenada en beneficio de todos los acreedores y ningún acreedor debería poder obtener ventajas emprendiendo acciones contra la sociedad.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

El Derecho nacional prevé la suspensión del procedimiento durante la reorganización (recuperación de una sociedad). De hecho, el artículo 329B, apartado 4, del capítulo 386 establece que, a raíz de la presentación de la demanda de reorganización (recuperación de una sociedad), a menos que se desestime, o durante el periodo de ejecución del procedimiento de recuperación:

a) se aplazará cualquier demanda de liquidación pendiente o nueva;

b) no podrá adoptarse ni ejecutarse resolución alguna para la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad;

c) se aplazará la ejecución de créditos de naturaleza monetaria contra la sociedad y cualquier interés que, de otra forma, se pueda acumular;

d) durante el periodo de alquiler, ningún propietario ni ninguna otra persona a quien se le adeude el alquiler podrá ejercitar ningún derecho de rescisión del contrato de alquiler de los locales alquilados a una sociedad por incumplimiento por parte de esta última de los términos y condiciones del alquiler de esos locales sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones;

e) no se podrán tomar medidas para ejecutar una garantía de los bienes de la sociedad o recuperar bienes que estén en posesión de la sociedad en virtud de contratos de arrendamiento con opción a compra sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones;

f) no se llevará a cabo ningún acto ni mandamiento cautelar o ejecutivo mencionado en el capítulo 16 del Código de Organización y Procedimiento Civil en contra de la sociedad o de los bienes de la sociedad sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones, y

g) no se incoará ni continuará ningún procedimiento judicial contra la sociedad o sus bienes sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

En el procedimiento de quiebra contra un comerciante o una sociedad, una vez designado un curador por el órgano jurisdiccional, todas las acciones contra la persona y los bienes de la persona insolvente solo se podrán interponer contra el curador y no contra la persona o la sociedad insolvente, de acuerdo con el artículo 500 del capítulo 13.

El acreedor tiene derecho a saber, examinar y verificar cómo administra el curador los asuntos de la persona insolvente, y a solicitar amparo judicial si el curador perjudica sus derechos.

En el procedimiento de recuperación, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de dictar un auto provisional de prórroga para la recuperación de los asuntos de la persona o sociedad insolvente.

No obstante, al contrario que en la recuperación de una sociedad anónima, los acreedores todavía pueden interponer acciones contra el curador que representa al comerciante o la sociedad insolvente.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

En cuanto se abre un procedimiento de insolvencia (la sociedad se disuelve por resolución judicial que declara su insolvencia), no se puede iniciar ninguna acción ni procedimiento (suspensión) contra la sociedad o sus bienes excepto con la autorización del órgano jurisdiccional y sujeta a los términos que este pueda imponer. La ley no especifica en qué casos el órgano jurisdiccional autorizaría la incoación o continuación de un procedimiento judicial por parte de un acreedor, pero el principio general es que durante el procedimiento de insolvencia los activos de la sociedad serán administrados de forma ordenada en beneficio de todos los acreedores y ningún acreedor debería poder obtener ventajas emprendiendo acciones contra la sociedad.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

El Derecho nacional prevé la suspensión del procedimiento durante la reorganización (recuperación de una sociedad). De hecho, el artículo 329B, apartado 4, del capítulo 386 establece que, a raíz de la presentación de la demanda de reorganización (recuperación de una sociedad), a menos que se desestime, o durante el periodo de ejecución del procedimiento de recuperación:

a) se aplazará cualquier solicitud de liquidación pendiente o nueva;

b) no podrá adoptarse ni ejecutarse resolución alguna para la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad;

c) se aplazará la ejecución de créditos de naturaleza monetaria contra la sociedad y cualquier interés que, de otra forma, se pueda acumular;

d) durante el periodo de alquiler, ningún propietario ni ninguna otra persona a quien se le adeude el alquiler podrá ejercitar ningún derecho de rescisión del contrato de alquiler de los locales alquilados a una sociedad por incumplimiento por parte de esta última de los términos y condiciones del alquiler de esos locales sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones;

e) no se podrán tomar medidas para ejecutar una garantía de los bienes de la sociedad o recuperar bienes que estén en posesión de la sociedad en virtud de contratos de arrendamiento con opción de compra sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones;

f) no se llevará a cabo ningún acto ni mandamiento cautelar o ejecutivo mencionado en el capítulo 16 del Código de Organización y Procedimiento Civil en contra de la sociedad o de los bienes de la sociedad sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones, y

g) no se iniciará ni continuará ningún procedimiento judicial contra la sociedad o sus bienes sin autorización judicial sujeta en su caso a condiciones.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

El Derecho nacional, de conformidad con el Código Mercantil, no prevé la suspensión del procedimiento. No obstante, a instancia del curador, es posible su demanda al juez que conoce de la quiebra, para que este pueda regular y ocuparse de los asuntos de la quiebra protegiendo los derechos y obligaciones de la persona insolvente y asegurándose de que se respetan y atienden los derechos de acuerdo con la demanda presentada por el acreedor.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

Los acreedores pueden intervenir en el procedimiento de insolvencia si demuestran que tienen interés en el mismo, y como tales, podrían presentar alegaciones durante el procedimiento judicial.

Los acreedores son informados del proceso en curso por el administrador concursal, que también celebra reuniones, y se les permite que den su opinión.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

El artículo 329B del capítulo 329B establece de forma específica que tanto el órgano jurisdiccional como el controlador especial actuarán, inter alia, en defensa de los intereses de los acreedores.

El controlador especial está también obligado a convocar reuniones de los acreedores, la primera de las cuales se celebrará a más tardar un mes después de su nombramiento.

Durante estas reuniones, el controlador especial designará una comisión mixta de acreedores y miembros para prestar la asistencia y el asesoramiento que aquel requiera para la gestión de los asuntos, las actividades comerciales y los bienes de la sociedad y su recuperación como proyecto viable en curso.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Los acreedores podrán intervenir en el procedimiento de quiebra y participar en él si demuestran que tienen un interés en el mismo y se podrían presentar alegaciones durante el procedimiento judicial.

El curador informará a los acreedores sobre el proceso en curso y también celebrará reuniones en las que se permitirá a los acreedores formular alegaciones.

Los acreedores también tienen derecho de voto y el acuerdo final, en forma de convenio propuesto por, las partes requiere el consentimiento de las tres partes cuartas partes de los acreedores, en términos de cuantía de la deuda, que hayan probado su demanda.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

El administrador concursal podrá vender los bienes aceptando la oferta más ventajosa para los activos de la sociedad.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

El controlador especial no podrá disponer de los bienes de la sociedad sin una autorización judicial específica o, a sugerencia del plan de recuperación que se apruebe posteriormente, con o sin enmiendas del órgano jurisdiccional. En cualquier caso, el órgano jurisdiccional dirigirá o aprobará el método de disposición de los activos de la sociedad.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

En el procedimiento de quiebra, el curador dispondrá de los bienes aceptando la oferta más ventajosa para los activos de la sociedad, recabando la autorización judicial para hacerlo.

En el procedimiento de recuperación de una sociedad o una persona insolvente, según el artículo 498 del capítulo 13, el curador aceptará el plan de recuperación, aunque el juez dispone de una amplia facultad de apreciación para dictar las disposiciones que considere más ventajosas en interés de la persona insolvente y de los acreedores.

No obstante, es posible que un acreedor se oponga a la autoridad del juez si el acreedor, alegando una causa justa probada, demuestra que no es de interés para los acreedores.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

No se establece ninguna diferencia entre las demandas formuladas que aparecen después de la apertura del procedimiento de insolvencia y las interpuestas previamente. En el procedimiento de insolvencia el órgano jurisdiccional puede, no obstante, en el caso de que los activos sean insuficientes para satisfacer las deudas, dictar un auto para el pago con cargo a los activos de los costes, cargas y gastos en que se haya incurrido en la disolución y liquidación de la sociedad en el orden de prelación que el órgano jurisdiccional considere conveniente, atendiendo al siguiente orden general de prelación:

a) los gastos imputables o en que incurra el síndico o el administrador concursal para la conservación, el cobro o la recaudación cualquiera de los activos de la sociedad;

b) otros gastos soportados o desembolsos realizados por el síndico o bajo su autoridad, incluidos los soportados o realizados para ocuparse de las actividades comerciales de la sociedad;

c) la remuneración del administrador provisional, si lo hubiera;

d) los gastos del demandante y de cualquier persona que figure en la demanda cuyos gastos autorice el órgano jurisdiccional;

e) la remuneración del administrador especial, si lo hubiera;

f) cualquier cantidad adeudada a una persona contratada o autorizada a intervenir en la preparación del balance patrimonial o contable;

g) cualquier indemnización realizada por orden judicial con relación a los gastos de una demanda de exención de la obligación de presentar un balance patrimonial o de ampliación del plazo para presentar ese balance patrimonial;

h) cualquier desembolso necesario del administrador concursal a lo largo de su administración, incluidos los gastos soportados por los miembros de la comisión de liquidación o sus representantes y autorizados por el administrador concursal;

i) la remuneración de cualquier persona empleada por el administrador concursal para prestar cualquier servicio para la sociedad, como requieren o autorizan las disposiciones del capítulo 386;

j) la remuneración del síndico y del administrador concursal.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

No aplicable.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

No se establece ninguna diferencia entre las demandas formuladas tras la apertura del procedimiento de insolvencia y las interpuestas previamente. En el procedimiento de quiebra, el órgano jurisdiccional puede, en el caso de que los activos sean insuficientes para satisfacer las deudas, dictar un auto para el pago con cargo a los activos de los costes, cargas y gastos en que se haya incurrido en la disolución y liquidación en el orden de prelación que el órgano jurisdiccional considere conveniente, y atendiendo al siguiente orden general de prelación:

a) los gastos imputables o en que incurra el curador para la conservación, el cobro o la recaudación de los activos de la sociedad;

b) otros gastos soportados o desembolsos realizados por el curador o bajo su autoridad, incluidos los soportados o realizados para ocuparse de las actividades comerciales de la sociedad;

c) la remuneración del curador, si lo hubiera;

d) los gastos del demandante y de cualquier persona que figure en la demanda cuyos gastos autorice el órgano jurisdiccional;

e) la remuneración del administrador especial y del registrador, si los hubiera;

f) cualquier cantidad adeudada a una persona contratada o autorizada a intervenir en la preparación del balance patrimonial o contable;

g) cualquier indemnización realizada por orden judicial con relación a los gastos de una demanda de exención de la obligación de presentar un balance patrimonial o de ampliación del plazo para presentar ese balance patrimonial;

h) cualquier desembolso necesario del curador a lo largo de su administración, incluidos los gastos soportados por los miembros de la comisión, si la hubiera, o sus representantes y que el curador autorice.

Una vez abonados estos gastos, se pagará primero a los acreedores garantizados según la fecha de registro de su demanda y después se pagará a todos los demás acreedores en el momento en que se registren. Si no hubiera suficientes fondos para los últimos créditos (acreedores no garantizados), estos tendrán el mismo orden de prelación.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

Las demandas de crédito se aceptarán a la discreción del administrador concursal. No hay normas reguladoras específicas de la forma de redactar una demanda de crédito. Es conveniente señalar que cuando el síndico sea nombrado administrador concursal, se utilizará el siguiente formulario para las demandas de crédito:

SÍNDICO

c/ MFSA

Notabile Road

Attard, BKR3000

Detalles de la sociedad disuelta

1

Nombre y número de registro

2

Fecha efectiva de la disolución

Detalles del acreedor

3

Nombre y apellido/número de registro

4

Dirección

5

Dirección de correo electrónico

6

Teléfono/número de teléfono móvil

/

Detalles de la deuda

7

Importe total del crédito, incluidos los intereses sin capitalizar adeudados en la fecha de la disolución

8

Importe total de los intereses sin capitalizar en la fecha de la disolución

9

Descripción del origen de la deuda incluidas todas las fechas relevantes

(Adjuntar páginas adicionales, si fuera necesario)

10

Detalles de los documentos y otras pruebas que apoyen la demanda de crédito (adjuntar copia auténtica certificada y numerar los documentos sucesivamente)

(Adjuntar páginas adicionales, si fuera necesario)

Detalles de la garantía (si la hubiera)

11

Descripción del tipo de garantía ofrecida/obtenida

(Adjuntar páginas adicionales, si fuera necesario)

12

Fecha en que se ha ofrecido/obtenido la garantía

13

Importe de la deuda garantizada

Declaración del acreedor

14

Yo, el abajo firmante, por la presente declaro que, según mi leal saber y entender, la información proporcionada en este formulario es verdadera, correcta y completa:

Firma del acreedor

Nombre y apellido en mayúsculas

Número del documento de identidad

15

Si firma en representación de una persona jurídica, complete los datos siguientes:

En nombre y por cuenta de ____________________________________________________

n.º de registro _________________________ en mi condición de _____________________________.

En cuanto al plazo en que se tienen que formular estas demandas de crédito, el artículo 255 del capítulo 386 faculta al órgano jurisdiccional para que fije el plazo o los plazos dentro de los cuales los acreedores tienen que probar sus deudas o créditos, o deben ser excluidos del beneficio de cualquier distribución realizada antes de la prueba de dichas deudas.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

Ningún acto jurídico ad hoc regula los efectos del procedimiento de reorganización con respecto a la interposición, verificación y admisión de demandas de crédito.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

Hay que advertir que, con respecto a la insolvencia de conformidad con la legislación maltesa, no hay una lista definitiva de acreedores clasificados, ya que la clasificación no se regula en una ley específica, sino en distintos actos legislativos. A continuación, se indica la legislación que regula la clasificación de los créditos:

El artículo 302 del capítulo 386 establece que, en la liquidación de una sociedad cuyos activos sean insuficientes para pagar las deudas, los derechos de los acreedores garantizados y no garantizados y la prelación y clasificación de sus deudas estarán regulados por la ley vigente.

El artículo 535 del capítulo 13 también establece que los acreedores que tengan compromisos, privilegios o hipotecas se clasificarán de acuerdo con la ley vigente.

Tanto el artículo 535 del capítulo 13 como el artículo 302 del capítulo 386 establecen que la clasificación de la deuda estará regulada por la ley vigente.

Según la legislación maltesa, el principio de igualdad de prelación se encuentra de forma indirecta en el artículo 1996 del capítulo 16 del Código Civil, que establece que las causas legítimas de preferencia son los privilegios, las hipotecas y el beneficio de la separación de bienes. También establece que será legítimo que un acreedor subordine, postergue, condone o modifique de cualquier otra forma sus derechos actuales o futuros de pago, ejecución, clasificación y otros derechos similares actuales o futuros a favor de otra persona. Dicha subordinación, postergación, condonación, modificación o acción similar se podrá ejercitar a través de un acuerdo, o de una declaración unilateral, con cualquier persona, incluso otro acreedor, determinado o por determinar en el momento de la entrada en vigor de dicho acuerdo o de la formulación de dicha declaración.

Por tanto, las diferencias en la clasificación se crean a través de un acuerdo. Como consecuencia, si no hay privilegios ni hipotecas, ni beneficio de la separación de bienes, los deudores se clasificarán en el mismo orden.

Teniendo en cuenta lo anterior, habría que consultar las diferentes leyes específicas que otorgan prelación a algunos créditos, como la Ley del impuesto sobre el valor añadido, capítulo 406, la Ley de empleo y relaciones laborales, capítulo 452, y la Ley de seguridad social, capítulo 318.

El artículo 62 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido establece que:

«El administrador concursal tendrá un privilegio especial sobre los activos que formen parte de la actividad económica de una persona con respecto a cualquier impuesto que deba esta persona de conformidad con esta ley y dicho impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra ley, se pagará con preferencia a una deuda que tenga cualquier otro privilegio, salvo una deuda que tenga un privilegio general y una deuda mencionada en el artículo 2009, letras a) o b), del Código Civil».

El artículo 20 de la Ley de empleo y relaciones laborales establece que:

«Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier otra ley, los créditos de los empleados por un máximo de tres meses del actual salario adeudado por el empleador al empleado y la compensación de vacaciones a la que el empleado tiene derecho, junto con cualquier indemnización debida al empleado por el cese del empleo, o cualquier notificación al respecto, constituirá un crédito privilegiado sobre los activos del empleador y se pagará con preferencia a los demás créditos, ya sean privilegiados o hipotecarios:

siempre y cuando, en cada caso, la cuantía máxima del crédito privilegiado no supere el equivalente del salario mínimo nacional pagadero en el momento del crédito por un periodo de seis meses».

El artículo 116, apartado 3 de la Ley de seguridad social establece que:

«Sin perjuicio de los dispuesto en otras leyes, el crédito del director por cualquier cantidad debida en virtud de cualquier contribución de primera o segunda categoría de conformidad con este artículo constituirá un crédito privilegiado en el caso de las contribuciones de primera categoría, con el mismo orden de prelación que los sueldos de los empleados sobre los activos del empleador y, en el caso de las contribuciones de segunda categoría, sobre el patrimonio del trabajador por cuenta propia o no asalariado de que se trate, y se pagarán con preferencia sobre todos los otros créditos (excluidos los salarios), ya sean privilegiados o hipotecarios».

Además, los artículos 2088 a 2095 del Código Civil regulan en concreto el orden de prioridad de los privilegios. Establecen, entre otras cosas, que las deudas se tienen que pagar según el orden de registro. Las hipotecas e registradas el mismo día tendrán un orden de prelación similar.

Aunque en el procedimiento de insolvencia el órgano jurisdiccional puede (y en la mayoría de los casos lo hará), cuando los activos sean insuficientes para satisfacer las deudas, dictar un auto para pagar con cargo a los activos los costes, cargas y gastos soportados en la disolución y liquidación de la sociedad en el orden de prelación que el órgano jurisdiccional considere conveniente, atendiendo al siguiente orden general de prelación:

a) los gastos imputables o en que incurra el síndico o el administrador concursal para la conservación, el cobro o la recaudación cualquiera de los activos de la sociedad;

b) otros gastos soportados o desembolsos realizados por el síndico o bajo su autoridad, incluidos los soportados o realizados para ocuparse de las actividades comerciales de la sociedad;

c) la remuneración del administrador provisional, si lo hubiera;

d) los gastos del demandante y de cualquier persona que figure en la demanda cuyos gastos autorice el órgano jurisdiccional;

e) la remuneración del administrador especial, si lo hubiera;

f) cualquier cantidad adeudada a una persona contratada o autorizada a intervenir en la preparación del balance patrimonial o contable;

g) cualquier indemnización realizada por orden judicial con relación a los gastos de una demanda de exención de la obligación de presentar un balance patrimonial o una ampliación del plazo para presentar ese balance patrimonial;

h) cualquier desembolso necesario del administrador concursal a lo largo de su administración, incluidos los gastos soportados por los miembros de la comisión de liquidación o sus representantes y autorizados por el administrador concursal;

i) la remuneración de cualquier persona empleada por el administrador concursal para prestar cualquier servicio para la sociedad, como requieren o autorizan las disposiciones del capítulo 386;

j) la remuneración del síndico y del administrador concursal.

Durante el procedimiento de insolvencia, el administrador concursal preparará un informe con una clasificación de los acreedores y un plan de distribución, que presentará ante el órgano jurisdiccional. A los acreedores se les permitirá formular alegaciones si están en desacuerdo con el contenido del informe, y el órgano jurisdiccional podrá pedir su rectificación. El órgano jurisdiccional aprobará en última instancia la clasificación y el plan, y pedirá al administrador concursal que proceda al pago de los acreedores.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

No aplicable.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Ante todo, las disposiciones legales que regulan la distribución de los beneficiosa son principalmente el artículo 531 del Código Mercantil y las leyes en conformidad con el Código Mercantil, que incluyen la clasificación de los acreedores entre los acreedores que tienen privilegios legales y los acreedores que tienen una hipoteca garantizada. Se trata de acreedores garantizados que emanan de disposiciones legales o de escrituras públicas según la fecha en que se inscribieron en el registro y que también está regulados por el artículo 535 del Código Mercantil.

Por eso, los créditos de los acreedores simples (que no están registrados como acreedores) tienen el mismo orden de prelación.

Una vez que se declara insolvente a una persona, tiene lugar una reunión dentro de los diez días posteriores a la declaración de insolvencia en la cual se analizan los créditos ante el juez, el registrador, el curador, la persona insolvente y los acreedores, y se elabora un inventario.

En esta reunión, se escucha a la persona insolvente, que propone los términos del convenio. Se discute si el caso en cuestión merece convenio de acreedores (los acreedores no registrados como acreedores mediante un privilegio o hipoteca, o a través de un compromiso) en nombre de todos los acreedores, y los acreedores tienen derecho a impugnarlo dentro de los ocho días siguientes.

Se celebrará una segunda reunión presidida de nuevo por el juez en la que se admitirá el convenio de acreedores por tres cuartas partes de la suma que la persona insolvente haya admitido adeudar.

Después, una vez que se establezca el inventario de todos los acreedores, se celebrará otra reunión presidida por el juez previa notificación publicada de acuerdo con la ley.

En esta reunión, cada acreedor presentará su caso, y si el curador se opone a cualquier acreedor, el acreedor tendrá que probar su caso al curador y al convenio de acreedores.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

Durante el procedimiento de insolvencia, en cuanto el administrador concursal haya liquidado todos los bienes de la sociedad, o todos los que, en su opinión, puedan liquidarse sin prolongar de forma innecesaria la insolvencia, y haya distribuido el pago final, si lo hubiera, a los acreedores, haya liquidado los derechos de los contribuyentes entre ellos, haya hecho una devolución final, si la hubiera, a los contribuyentes, y haya presentado las cuentas en nombre de la sociedad, expresando su satisfacción por que el administrador concursal haya cumplido los requisitos del capítulo 386 y otros requisitos similares, si los hubiera, eventualmente establecidos por este y, tras considerar el informe y cualquier objeción que pueda presentar cualquier acreedor, contribuyente o persona interesada, el órgano jurisdiccional liberará al administrador concursal de sus obligaciones.

Posteriormente, el órgano jurisdiccional ordenará que el nombre de la sociedad se cancele del Registro a partir de la fecha de la orden. El auto se notificará al Registro de sociedades, que hará efectiva la cancelación.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

El artículo 329B, apartado 12, prevé diferentes supuestos de conclusión del procedimiento de recuperación:

a) Si, en cualquier momento durante el procedimiento de recuperación de la sociedad, al controlador especial, previa consulta a la comisión de acreedores y miembros, le pareciera inútil para la sociedad continuar con dicho procedimiento, el controlador especial solicitará de inmediato al órgano jurisdiccional la conclusión del procedimiento de recuperación de la sociedad, exponiendo sus motivos detallados y globales para ello, y el órgano jurisdiccional ordenará que la sociedad sea disuelta.

Se aplicará el proceso contemplado en el capítulo 386 relativo al procedimiento de insolvencia.

b) Si, en cualquier momento durante el procedimiento de recuperación de la sociedad, al controlador especial, previa consulta a la comisión de acreedores y miembros, le pareciera que los asuntos de la sociedad han mejorado hasta el punto de estar en condiciones de pagar sus deudas, enviará una petición al órgano jurisdiccional, exponiendo sus motivos detallados y globales para ello y solicitando al órgano jurisdiccional que ordene la conclusión del procedimiento de recuperación de la sociedad. En el caso de que el órgano jurisdiccional acceda a la petición, fijará los términos y condiciones que considere necesarios en las circunstancias del caso.

En este caso, la sociedad seguirá operando mientras se considere viable. La suspensión del procedimiento cesará en cuanto el órgano jurisdiccional acepte la petición mencionada anteriormente.

c) Si, en cualquier momento durante el procedimiento de recuperación de la sociedad, el director de la sociedad o los miembros reconocen en una asamblea general extraordinaria que los asuntos de la sociedad han mejorado hasta el punto de que esta se halla en condiciones de pagar sus deudas, podrán enviar una petición al órgano jurisdiccional acompañada de la documentación y la información de apoyo apropiadas, confirmando su satisfacción y solicitando al órgano jurisdiccional que dicte un auto de conclusión del procedimiento de recuperación de la sociedad; el órgano jurisdiccional no dictará ningún auto de aceptación o denegación de la petición sin haber oído previamente al controlador especial. Si el órgano jurisdiccional accede a la petición, fijará los términos y condiciones que considere necesarios en las circunstancias del caso.

Como en el caso anterior, la sociedad seguirá operando mientras se considere viable. La suspensión del procedimiento cesará en cuanto el órgano jurisdiccional acepte la petición mencionada anteriormente.

d) Al final del periodo de su nombramiento, el controlador especial enviará un informe escrito final al órgano jurisdiccional que incluya sus opiniones y motivos detallados y globales sobre si la sociedad tiene o no perspectivas razonables de seguir siendo viable en su totalidad o en parte y si, en el futuro, estará en condiciones de pagar sus deudas de forma regular.

Si el informe final enviado por el controlador especial expresa la opinión de que la sociedad tiene perspectivas razonables de seguir siendo viable, en su totalidad o en parte, adjuntará un plan de recuperación preciso y detallado que incluirá todas las propuestas necesarias para que la sociedad siga siendo viable, con las explicaciones exigibles para que tenga lugar la recuperación, incluyendo propuestas relacionadas con los recursos financieros, el mantenimiento de los trabajadores y la futura gestión de la sociedad. Dicho plan de recuperación también explicará la forma propuesta de pagar a los acreedores todos o parte de sus créditos, ya sea mediante un compromiso voluntario con todos los acreedores, ya sea por la aprobación judicial de un convenio que no haya sido firmado por todos los acreedores.

Después de recibir el informe final y el plan de recuperación, el órgano jurisdiccional podrá pedir explicaciones y aclaraciones si lo considera apropiado, que se darán tanto verbalmente como por escrito si así lo ordenara. Posteriormente, el órgano jurisdiccional podrá rechazar el plan de recuperación propuesto o aceptarlo y aprobarlo en su totalidad o en parte, y podrá requerir enmiendas. Cuando el órgano jurisdiccional apruebe el plan de recuperación enviado por el controlador especial, con o sin enmiendas a discreción del órgano jurisdiccional, el plan de recuperación se hará efectivo y será vinculante para todas las partes interesadas a todos los efectos legales. La suspensión del procedimiento cesará en cuanto el órgano jurisdiccional apruebe el plan de recuperación.

e) Si el órgano jurisdiccional dicta un auto de conclusión del procedimiento de recuperación basándose en que la sociedad no tiene ninguna perspectiva razonable de seguir siendo viable y no estará en condiciones de pagar sus deudas de forma regular en el futuro, dispondrá la liquidación judicial de la sociedad.

Se aplicará el proceso contemplado en el capítulo 386 relativo al procedimiento de insolvencia.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Durante el procedimiento de quiebra, en cuanto el curador haya liquidado todos los bienes de la sociedad, o todos los que, en su opinión, puedan liquidarse sin prolongar de forma innecesaria la quiebra, haya distribuido un pago final, si lo hubiera, entre los acreedores, haya adaptado los derechos de los contribuyentes entre ellos, haya hecho una devolución final, si la hubiera, a los contribuyentes, y haya presentado las cuentas en nombre de la sociedad, expresando su satisfacción porque el curador ha cumplido los requisitos del capítulo 13 y otros requisitos similares, si los hubiera, establecidos por este y, tras considerar el informe y cualquier objeción que haya podido presentar cualquier acreedor, contribuyente o persona interesada, el órgano jurisdiccional liberará al curador de sus obligaciones.

Posteriormente, el órgano jurisdiccional ordenará que el nombre de la sociedad se cancele del Registro a partir de la fecha de la orden. El auto se notificará al registrador de sociedades, que hará efectiva la cancelación.

Por supuesto, lo anterior se aplica a las sociedades.

En lo referente a los comerciantes, una vez que el comerciante se declara insolvente y se distribuyen los beneficios, en ese caso, la persona insolvente, mediante una petición al registrador, puede requerir comparecer ante el juez el día que este convoque a los acreedores y al curador implicados en su quiebra para determinar si el comerciante puede ser rehabilitado para ejercer de nuevo el comercio.

Si el comerciante no ha actuado de forma fraudulenta ni dolosa, puede ser rehabilitado para el ejercicio del comercio. Esta rehabilitación tiene el efecto de liberar a la persona insolvente, con respecto a su persona y a las propiedades posteriormente adquiridas, de todas las deudas que se le puedan haber reclamado en cualquier momento anterior a la declaración de quiebra.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

A los efectos del artículo 315, apartado 1, del capítulo 386, un acreedor podría reclamar una indemnización contra cualquier parte que se considere que ha realizado las actividades comerciales de la sociedad con la intención de defraudar a los acreedores de la sociedad, o a los acreedores de cualquier otra persona, o con cualquier otra finalidad fraudulenta. En los casos basados en una demanda al órgano jurisdiccional, puede declarar que cualquiera de las personas que desempeñaban a sabiendas las actividades comerciales mencionadas son personalmente responsables, sin ninguna limitación de responsabilidad, de todas o de algunas de las deudas u otras responsabilidades de la sociedad si el órgano jurisdiccional así lo estimara.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

Ningún acto jurídico ad hoc regula los derechos de los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Una vez concluido el procedimiento de quiebra, ya sea sociedad o comerciante, los acreedores no tendrán ningún derecho, a menos que puedan probar que el comerciante o la sociedad han actuado de forma dolosa o fraudulenta con los acreedores.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

La persona que presenta la demanda de declaración de insolvencia o la sociedad soportan las costarás, según determine el órgano jurisdiccional.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

En el procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad), la sociedad soportará las costas del procedimiento.

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

El demandante o la persona insolvente soportarán las costas y los gastos.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Procedimiento de insolvencia (sociedades anónimas)

El artículo 303 del capítulo 386 dispone que los privilegios, hipotecas u otras cargas, transmisiones u otras disposiciones de bienes o derechos, y cualquier pago, ejecución u otro acto relacionado con los bienes o derechos ejecutado o realizado por o en contra de una sociedad, y cualquier obligación que haya soportado la sociedad dentro de los seis meses anteriores a la disolución de la sociedad deberán considerarse una preferencia fraudulenta contra sus acreedores ya se trate de una transacción gratuita u onerosa si se ha hecho a un precio inferior a su valor real o si se otorga preferencia. En estos casos, la transacción (preferencia fraudulenta) será nula.

El precio inferior a su valor real se define como sigue:

a) una sociedad realiza una transacción a un precio inferior a su valor real cuando:

i) la sociedad hace una donación o realiza de cualquier otro modo una transacción por la que no vaya a recibir ninguna prestación, o

ii) la sociedad realiza una transacción para recibir una prestación cuyo valor, en dinero o su equivalente, es significativamente inferior al valor en dinero o su equivalente de la prestación prevista por la sociedad.

La preferencia se define como sigue:

b) una sociedad otorga preferencia a una persona cuando:

i) esa persona es uno de los acreedores de la sociedad o un fiador o garante de cualquiera de las deudas de la sociedad u otras responsabilidades, y

ii) la sociedad hace algo o soporta algo que hay que hacer que, en ambos casos, tiene como efecto colocar a esa persona en una posición que, en el caso de que la sociedad se liquide por insolvencia, será mejor que la posición que hubiera tenido si el acto o su omisión no se hubiera producido.

Una excepción a lo anterior sería que la persona, a favor de la cual se hace, realiza o soporta la transacción demostrara que no sabía ni tenía razones para creer que fuese posible que la sociedad se disolviera por motivo de insolvencia.

Procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad)

Ningún acto jurídico ad hoc dispone la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos legales perjudiciales para el órgano general de los acreedores en el procedimiento de reorganización (recuperación de una sociedad).

Procedimiento de quiebra (sociedades y comerciantes)

Ningún acto jurídico ad hoc dispone la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos legales perjudiciales para el órgano general de los acreedores en los procedimientos de quiebra o recuperación.

Última actualización: 15/02/2018

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Insolvencia - Rumania

La información proporcionada en esta página no es aplicable a los procedimientos de insolvencia de personas físicas que son consumidores. La Ley n.o 151/2015 relativa a los procedimientos de insolvencia de personas físicas (Legea n.o 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice) todavía no es de aplicación (su entrada en vigor ha sido aplazada al 31 de diciembre de 2016), y la Comisión todavía no ha sido informada sobre los procedimientos aplicables a fin de incluirlos en la lista de anexos del Reglamento (UE) 2015/848.

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Los procedimientos descritos en la Ley n.o 85/2014 relativa a los procedimientos de prevención de insolvencia y a los procedimientos de insolvencia (Legea n.o 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) son aplicables a los empresarios (profesionişti), según se definen en el artículo 3, apartado 2, del Código Civil, a excepción de aquellos que ejercen profesiones liberales y aquellos cuya insolvencia se rige por normas especiales (artículo 3).

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Si el procedimiento de insolvencia es incoado por el deudor, debe existir un estado de insolvencia en el que los fondos disponibles no sean suficientes para pagar las deudas ciertas, líquidas y exigibles de un importe inferior a 40 000 RON; si el procedimiento de insolvencia es incoado por un acreedor, los fondos disponibles no deben ser suficientes para pagar una deuda cierta, líquida y exigible de un importe superior a 40 000 RON (imposibilidad de pagar la deuda tras haber transcurrido 60 días desde la fecha de vencimiento).

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

La masa activa está integrada por todos los bienes y títulos de propiedad del deudor, incluidos los adquiridos tras la incoación del procedimiento de insolvencia y que son susceptibles de ejecución forzosa (executare silită), con arreglo al Código de Enjuiciamiento Civil (artículo 5, apartado 5, de la Ley n.o 85/2014).

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Tras la incoación del procedimiento de insolvencia, se designa a un administrador especial (administrator special) y a un administrador concursal (practician în insolvenţă). Según el tipo de procedimiento de que se trate, se nombrará a un profesional diferente: si es una reorganización bajo control judicial, el administrador concursal será un administrador judicial (administrator judiciar); si es una liquidación (faliment), será un liquidador judicial (lichidator judiciar). El administrador especial es una persona física o jurídica designada por la junta general de accionistas, socios y miembros de la empresa y encargada de proteger sus intereses durante el procedimiento y, si el deudor es autorizado a seguir gestionando sus negocios, también deberá realizar los actos de administración necesario en nombre y representación del deudor (artículo 5, apartado 4, de la Ley n.o 85/2014).

Las funciones del administrador especial son las siguientes:

a) participar, en calidad de representante del deudor, en el enjuiciamiento de acciones como las mencionadas en los artículos 117 a 122 o de acciones que resulten del incumplimiento de las disposiciones del artículo 84;

b) presentar objeciones con arreglo al procedimiento establecido por ley;

c) presentar el plan de reorganización;

d) tras la confirmación del plan y siempre que no se le haya impedido al deudor gestionar sus negocios, administrar dichos negocios bajo la supervisión del administrador judicial;

e) tras incoarse el procedimiento de liquidación, participar en la elaboración del inventario y firmar el registro, recibir el informe final y el estado financiero, y participar en la reunión organizada para la resolución de objeciones y la aprobación del informe;

f) recibir la notificación de finalización del procedimiento.

Si se le impide al deudor gestionar sus negocios, será representado por el administrador o el liquidador judiciales, quien estará además a cargo de la gestión de los negocios, y el administrador especial se limitará a representar los intereses de los accionistas, socios y miembros (artículo 56 de la Ley n.o 85/2014).

Administrador judicial (administratorul judiciar)

El administrador judicial puede ser una persona física o jurídica (incluido el representante de la persona jurídica) y debe ser un profesional de la administración concursal según la ley. Las principales funciones del administrador judicial son las siguientes:

a) analizar la situación financiera del deudor y los documentos presentados a fin de elaborar un informe de propuesta de incoación del procedimiento simplificado o de continuación de la etapa de seguimiento del procedimiento ordinario, informe que ha de entregarse al juez delegado (judecătorutui-sindic) para su aprobación en el plazo establecido por este, que no puede superar los 20 días desde la designación del administrador;

b) analizar la actividad empresarial del deudor y elaborar un informe exhaustivo en el que se describan las causas y las circunstancias que provocaron el estado de insolvencia, incluyendo cualquier posible prueba o dato respecto de los presuntos responsables del estado de insolvencia y la existencia de motivos para considerarlos responsables, y estudiando cualquier posibilidad real de reorganizar la empresa deudora o explicando las razones por las cuales la reorganización no es posible, así como agregar el informe a los autos en el plazo estipulado por el juez delegado, que no puede superar los 40 días desde el nombramiento del administrador;

c) si el deudor no cumplió con la obligación de presentar sus registros contables en el plazo legal, elaborar esos registros y, si el deudor presentó dichos registros, verificarlos, corregirlos y completarlos;

d) elaborar un plan de reorganización de la empresa deudora, en función del contenido del informe mencionado en la letra a) anterior;

e) supervisar las operaciones de gestión de activos del deudor;

f) dirigir la totalidad de la actividad empresarial del deudor, o bien parte de ella, en cuyo caso, deberá seguir las instrucciones expresas del juez delegado relativas a las funciones del administrador y las condiciones para la realización de pagos desde la cuenta de activos del deudor;

g) convocar, presidir y prestar servicios administrativos para las juntas de acreedores y asambleas de accionistas, socios o miembros, cuando el deudor sea una persona jurídica;

h) interponer demandas para la anulación de transacciones o actos fraudulentos realizados por el deudor que menoscaben los derechos de los acreedores, así como de determinadas transferencias de activos y operaciones comerciales realizadas y garantías contratadas por el deudor que vayan en detrimento de los derechos de los acreedores;

i) notificar de inmediato al juez delegado si descubre que el deudor no tiene activos o estos son insuficientes para cubrir los gastos procesales;

j) resolver determinados contratos celebrados por el deudor;

k) verificar los créditos y, cuando corresponda, presentar objeciones al respecto, notificar a los acreedores cuando un crédito no haya sido admitido total o parcialmente, y elaborar la lista de créditos;

l) proceder al cobro de créditos, promover el cobro de créditos relativos a activos o sumas de dinero transferidos por el deudor antes de la incoación del procedimiento de insolvencia, e interponer y tramitar demandas para el cobro de créditos en poder del deudor, para lo cual podrá contratar los servicios de un abogado;

m) celebrar compromisos, liquidar deudas, y liberar y renunciar a garantías, con la autorización previa del juez delegado;

n) informar al juez delegado sobre cualquier circunstancia que exija su intervención;

o) elaborar un inventario de los activos del deudor;

p) ordenar que se complete la evaluación de los activos del deudor para la fecha estipulada para la entrega de la lista final de créditos;

q) enviar una notificación para la publicación en el Boletín de Procedimientos de Insolvencia (BPI) sobre la inclusión del informe de evaluación en autos, en un plazo de dos días desde dicha inclusión.

El juez delegado tiene discreción (încheiere) para encomendar cualquier tarea al administrador judicial, además de las enumeradas en el apartado 1, a excepción de aquellas que la ley reserva al juez.

El administrador judicial entrega un informe mensual en el que explica la manera en que ha ejercido sus funciones, justifica los gastos incurridos para la gestión del procedimiento y demás gastos pagados con la masa activa y, según corresponda, explica la evolución del inventario.

Para cumplir sus funciones, el administrador judicial puede contratar los servicios de profesionales como abogados, contables, tasadores y otros especialistas. El administrador judicial y cualquiera de los acreedores pueden formular objeciones contra el informe de evaluación elaborado.

Liquidador judicial (lichidator judiciar)

Si el juez delegado dicta un auto de liquidación, nombrará a un liquidador encargado de efectuar dicha liquidación. La misión del administrador judicial termina cuando el juez delegado establece las funciones del liquidador. Las principales funciones del liquidador judicial son las siguientes:

a) analizar la situación real de la actividad empresarial del deudor respecto del cual se incoa el procedimiento simplificado y elaborar un informe exhaustivo sobre las causas y las circunstancias que provocaron la situación de insolvencia, identificando a los presuntos responsables del estado de insolvencia y la existencia de motivos para considerarlos responsables;

b) dirigir la actividad empresarial del deudor;

c) interponer demandas para la anulación de transacciones o actos fraudulentos realizados por el deudor que menoscaben los derechos de los acreedores, así como de determinadas transferencias de activos, operaciones comerciales y argumentos invocados por el deudor para conceder preferencias que pudieran ir en detrimento de los derechos de los acreedores;

d) impedir el movimiento de activos, elaborar un inventario de los activos y tomar las medidas necesarias para preservarlos;

e) cancelar determinados contratos celebrados por el deudor;

f) verificar los créditos y, cuando corresponda, presentar objeciones al respecto, notificar a los acreedores cuando sus créditos no hayan sido admitidos total o parcialmente, y elaborar las listas de créditos;

g) proceder al cobro de créditos del deudor que resulten de la transferencia de activos o sumas de dinero antes de la incoación del procedimiento, cobrar créditos e interponer y tramitar demandas para el cobro de créditos en poder del deudor, para lo cual podrá contratar los servicios de un abogado;

h) recibir pagos en nombre del deudor e ingresarlos en su cuenta de activos;

i) vender activos pertenecientes al deudor de conformidad con la ley;

j) celebrar compromisos, liquidar deudas y liberar y renunciar a garantías, con la previa autorización del juez delegado;

k) informar al juez delegado sobre cualquier circunstancia que exija su intervención;

l) realizar cualquier otra tarea que el juez delegado le encomiende.

En el procedimiento de convenio de acreedores (concordat preventiv), el deudor interviene mediante su representante legal o designado.

Las tareas del administrador del convenio de acreedores (administrator concordatar) son las siguientes:

a) elaborar la lista de acreedores, incluidos aquellos cuyos créditos hayan sido impugnados o estén pendientes de admisión, así como la lista de acreedores que firmaron el convenio. Los acreedores que hayan interpuesto demandas contra deudores que sean solidariamente responsables en el marco del procedimiento del convenio de acreedores serán inscriptos en la lista de acreedores en la que constará el valor nominal del crédito reclamado hasta que este haya sido satisfecho en su totalidad;

b) elaborar, junto con el deudor, la propuesta de convenio y sus componentes y redactar el plan del convenio y de cobranza;

c) tomar medidas para resolver extrajudicialmente cualquier controversia entre el deudor y los acreedores o entre los acreedores;

d) solicitar al juez delegado que apruebe el convenio;

d) garantizar que el deudor cumpla con sus obligaciones relativas al convenio;

f) informar de inmediato a la junta de acreedores que firmaron el convenio sobre el incumplimiento o el inadecuado cumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones;

g) elaborar y enviar informes mensuales o trimestrales a la junta de acreedores que firmaron el convenio sobre su trabajo como administrador del convenio y sobre la empresa deudora, incluida su opinión sobre la ausencia o presencia de motivos para dar por terminado el convenio de forma anticipada;

h) convocar a una reunión a los acreedores que firmaron el convenio;

i) solicitar al órgano jurisdiccional que de por concluido el procedimiento de convenio de acreedores;

j) realizar cualquier otra tarea a la que se haga referencia en el convenio de acreedores o que requiera el juez delegado (artículo 19 de la Ley n.o 85/2014).

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

La incoación del procedimiento de insolvencia no impide a los acreedores ejercer su derecho de reclamar la compensación de sus créditos con los del deudor siempre que se cumplan los requisitos previstos por ley para la compensación de créditos en la fecha de incoación del procedimiento. La compensación también puede ser registrada por el administrador o el liquidador judiciales.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Los contratos pendientes de cumplimiento en la fecha de incoación del procedimiento de insolvencia seguirán en vigor. Las cláusulas que prevean la cancelación o interrumpan el plazo estipulado de un contrato o que exijan el pago anticipado como consecuencia de la incoación de un procedimiento de insolvencia son nulas de pleno derecho. La norma que prevé la continuidad de los contratos pendientes de cumplimiento y la nulidad de las cláusulas de cancelación o pago anticipado de obligaciones no es aplicable a los contratos financieros cualificados ni a las operaciones de compensación bilateral con arreglo a un contrato financiero cualificado o a un acuerdo de compensación bilateral.

En el plazo de prescripción de tres meses desde la incoación del procedimiento y a fin de optimizar el valor de los activos del deudor, el administrador o el liquidador judiciales pueden cancelar cualquier contrato, arrendamiento en curso o contrato a largo plazo que las partes contratantes no hayan cumplido en su totalidad o en gran medida. En ese caso, el acreedor tendrá derecho a reclamar la compensación al deudor.

Si, en los tres primeros meses posteriores a la incoación del procedimiento, un contratista solicita por escrito al administrador o al liquidador judiciales que cancele el contrato, estos tienen 30 días desde la recepción de dicha solicitud para atender el pedido. De lo contrario, el contrato se considerará cancelado y el administrador o liquidador ya no podrán exigir su cumplimiento.

La ley también reglamenta la situación de algunos contratos particulares, como los relativos al suministro de servicios públicos, arrendamientos y contratos marco de compensación.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Desde la fecha de comunicación de la decisión de aprobación del convenio de acreedores, las demandas interpuestas contra el deudor por acreedores individuales que hubiesen firmado el convenio, así como el plazo de prescripción del derecho de reclamar la ejecución de los créditos quedan automáticamente suspendidos.

No se suspenden los intereses, las multas ni ningún gasto incurrido en relación con los acreedores que firmaron el convenio, a menos que estos hubiesen prestado su consentimiento por escrito para ello en el borrador del convenio de acreedores.

En el auto de aprobación del convenio de acreedores, el juez delegado suspende todo procedimiento de ejecución forzosa.

A instancia del administrador del convenio y siempre que el deudor haya ofrecido garantías a los acreedores, el juez delegado puede aplazar hasta 18 meses la fecha prevista de pago de los importes debidos a los acreedores que no hubiesen firmado el convenio. Durante ese plazo, no se computarán intereses, multas ni ningún otro gasto relativo al crédito. La norma relativa al aplazamiento de la fecha de pago de los créditos no es aplicable a los contratos financieros cualificados ni a las operaciones de compensación bilateral con arreglo a un contrato financiero cualificado o a un acuerdo de compensación bilateral.

El convenio de acreedores es aplicable a los acreedores presupuestarios (creditori bugetari), siempre que se cumplan las normas nacionales y europeas en materia de ayuda pública.

Durante el convenio de acreedores aprobado, no pueden incoarse procedimientos de insolvencia contra el deudor.

Los acreedores que obtengan un título ejecutivo contra el deudor durante el procedimiento pueden firmar el convenio, o bien cobrar el crédito por cualquier otro medio previsto por ley.

Desde la incoación del procedimiento de insolvencia, quedan suspendidos de forma automática todas las demandas judiciales y los reclamaciones extrajudiciales, así como todos los procedimientos de ejecución forzosa de créditos contra la masa. Los acreedores solo podrán ejercer sus derechos en el marco del procedimiento de insolvencia, solicitando el reconocimiento de su reclamación. La incoación del procedimiento provoca la suspensión del plazo de prescripción para la interposición de demandas.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Desde la incoación del procedimiento de insolvencia, quedan suspendidas de forma automática todas las demandas judiciales y extrajudiciales, así como todos los procedimientos de ejecución forzosa de créditos contra la masa.

No se suspenderán los siguientes procedimientos:

a) los recursos del deudor contra demandas interpuestas por acreedores con anterioridad a la incoación del procedimiento y contra demandas civiles iniciadas en actuaciones penales (acţiunile civile din procesele penale) contra el deudor;

b) las demandas contra codeudores y terceros garantes;

c) los procedimientos extrajudiciales pendientes ante comisiones de deporte de federaciones deportivas regidas por la Ley n.o 69/2000 relativa a la educación física y el deporte (Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000), en su versión modificada y actualizada, en relación con el desistimiento unilateral de jugadores de contratos laborales individuales o acuerdos civiles y las sanciones deportivas aplicables al respecto, así como controversias relativas a los derechos de los jugadores de participar en competiciones.

Cabe destacar que la suspensión de procedimientos mencionada anteriormente es aplicable solo a litigios relativos a créditos contra la masa y no a aquellos relacionados con los derechos y las obligaciones extrapatrimoniales, que no serán suspendidos.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Se organiza una junta con todos los acreedores del deudor insolvente.

La junta de acreedores (adunarea creditorilor) es convocada y presidida por el administrador o el liquidador judiciales. Los acreedores conocidos son convocados por el administrador o el liquidador en los casos expresamente establecidos por ley siempre que sea necesario.

Los acreedores son citados mediante una convocación publicada en el Boletín de Procedimientos de Insolvencia al menos cinco días antes de la junta y acompañada del orden del día de la junta. Los acreedores pueden ser representados por titulares de un poder auténtico y específico para tales efectos y, en el caso de los acreedores presupuestarios y otras personas jurídicas, por un acto de delegación firmado por el jefe de unidad. Salvo disposición legal expresa en contrario, los acreedores también podrán votar por correspondencia.

Salvo que la ley exija una mayoría especial, la junta de acreedores quedará válidamente constituida cuando esté presente al menos el 30 % de los acreedores con derecho a voto, y las decisiones de la junta se adoptarán por mayoría de votos favorables emitidos de forma expresa por los acreedores con derecho a voto presentes. Los votos sujetos a condiciones se considerarán votos en contra. Los acreedores que voten por correspondencia se consideran presentes a efectos de la votación.

Tras la celebración de la junta en primera convocatoria, el juez delegado y, posteriormente, los acreedores podrán designar a un comité integrado por tres o cinco acreedores con derecho a voto (según la cantidad de acreedores) que reclamen créditos preferentes, presupuestarios y sin garantía, ordenados según su valor. El comité de acreedores (comitetul creditorilor) desempeñará las siguientes funciones:

a) analizar la situación del deudor y hacer recomendaciones a la junta de acreedores respecto a si el deudor debe seguir desarrollando su actividad empresarial y sobre los planes de reorganización propuestos;

b) negociar las condiciones de nombramiento con el administrador o el liquidador que los acreedores desean que el juez nombre;

c) tomar conocimiento de los informes elaborados por el administrador o el liquidador judiciales, revisarlos y, cuando corresponda, presentar objeciones al respecto.

d) elaborar informes sobre las medidas propuestas por el administrador o el liquidador judiciales y sus efectos que se presentarán ante la junta de acreedores, y proponer otras medidas, acompañadas de las debidas justificaciones;

e) solicitar la supresión del derecho del deudor de administrar sus negocios;

f) solicitar judicialmente la anulación de determinados actos u operaciones fraudulentas realizadas por el deudor en perjuicio de los acreedores cuando esta no haya sido solicitada por el administrador o el liquidador judiciales.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Dependiendo de la situación específica del deudor y de si se le ha impedido administrar sus negocios, el administrador concursal tendrá las tareas que se describen a continuación:

El administrador judicial supervisa las operaciones de gestión de los bienes del deudor. Dirige la totalidad de la actividad empresarial del deudor, o bien parte de ella, en cuyo caso deberá seguir las instrucciones del juez delegado relativas a las funciones del administrador y las condiciones para la realización de pagos desde la cuenta de activos del deudor.

El administrador concursal cobra créditos, celebra compromisos, elabora el inventario y vende los activos del deudor.

El deudor podrá disponer de sus bienes solo cuando se le haya permitido administrar sus negocios y dentro de los límites de su situación actual. Sus actos serán supervisados y controlados por el administrador judicial.

Al comenzar el procedimiento de liquidación, el liquidador judicial administra los negocios del deudor, cancela los contratos, cobra los créditos, vende los activos, celebra compromisos, recibe pagos en la cuenta del deudor, etc. En una liquidación, el único habilitado para disponer de los bienes del deudor es el liquidador judicial.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Todos los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la incoación del procedimiento, a excepción de los empleados, cuyos créditos son registrados por el administrador judicial sobre la base de los registros contables, deben presentar una solicitud de admisión del crédito en el plazo establecido en el auto de declaración de concurso, acompañada de los justificativos correspondientes. Todas las solicitudes de reconocimiento de crédito presentadas ante el órgano jurisdiccional se considerarán legítimas y precisas a menos que sean impugnadas por el deudor, el administrador judicial o los acreedores. Los que figuran en la lista de créditos son créditos contra la masa y se pagan de conformidad con el orden de prelación que establece la ley.

Los créditos reclamados después de la incoación del concurso, durante el período de observación o durante el proceso judicial de reorganización se pagan atendiendo a los justificativos presentados y no tienen que formar parte de la masa. Esta norma también es aplicable a las demandas que se interpongan tras la incoación del procedimiento de liquidación.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

A excepción de los empleados, cuyos créditos son registrados por el administrador judicial sobre la base de los registros contables, todos los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la incoación del concurso deben solicitar la admisión del crédito en el plazo establecido en el auto de declaración de concurso. La solicitud debe contener el nombre y el domicilio particular o social del acreedor, el importe adeudado, los motivos de la reclamación y datos sobre posibles motivos para que su crédito se considere preferencial. También deben adjuntarse a la solicitud de reconocimiento de crédito los justificantes correspondientes y los posibles motivos para que el crédito se considere preferencial, en el plazo establecido para la presentación de la solicitud.

La solicitud de reconocimiento de crédito debe presentarse aun cuando no se cuente con un título ejecutivo. Los créditos que no estén vencidos en la fecha de incoación del concurso o que estén sujetos a condiciones forman parte de la masa pasiva.

En el caso de las solicitudes de admisión de créditos presentadas por una parte perjudicada en un proceso civil iniciado junto con actuaciones penales, el crédito se registrará y quedará en suspenso a la espera del resultado final del proceso en su favor.

Se incluyen en un inventario final los créditos preferenciales de un valor igual o inferior al valor de mercado de la garantía, determinado mediante una tasación ordenada por el administrador o el liquidador judiciales y realizado por un perito tasador (evaluator).

Todos los créditos serán sometidos al proceso de verificación, a excepción de aquellos confirmados por una sentencia ejecutiva o por un laudo ejecutivo. Tampoco se someterán al proceso los créditos presupuestarios con título ejecutivo que no se hubiesen impugnado en el plazo legal establecido.

El administrador o liquidador judiciales elabora un inventario preliminar de créditos, que podrá ser impugnado ante el juez delegado por el deudor o los acreedores. Salvo que al notificar la incoación del procedimiento se hubiesen infringido las normas aplicables a la citación y la notificación de actuaciones procesales, los titulares de créditos anteriores a la incoación del concurso que no hubiesen presentado la solicitud de reconocimiento del crédito en el plazo establecido (que figura en la notificación y no debe superar los 45 días desde la incoación del procedimiento) pierden el derecho de que su crédito se incluya en el inventario de créditos autorizados a formar parte del procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento, el acreedor no podrá reclamar el crédito al deudor ni a ningún otro miembro o socio con responsabilidad ilimitada de la empresa deudora, a menos que el deudor sea condenado por concurso delictivo (bancrută simplă) o fraudulento (bancrută frauduloasă) o se le considere responsable de realizar pagos o transferencias fraudulentas. La pérdida del derecho a reclamar el crédito será determinada por el administrador o el liquidador judiciales, que no registrará el crédito en el inventario correspondiente.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Los fondos provenientes de la venta de los activos y los derechos que integran el patrimonio del deudor y destinados al pago de los créditos en orden de preferencia se distribuirán en el siguiente orden:

  1. los honorarios, los derechos de timbre y cualquier otro gasto generado por la venta de los activos en cuestión, incluidos los gastos incurridos para conservar y administrar esos activos, los incurridos por los acreedores en procedimientos de ejecución forzosa, los créditos de proveedores de servicios públicos vencidos después de la incoación del concurso, y los sueldos de personas empleadas en el interés común de todos los acreedores, a la fecha de distribución de los fondos, que serán sufragados a prorrata del valor de todos los activos del deudor;
  2. los créditos preferentes reclamados durante el procedimiento de insolvencia, incluido el capital, los intereses y otros gastos accesorios, según corresponda;
  3. los créditos preferentes, incluida la totalidad del capital, los intereses y los aumentos y multas de cualquier tipo.

Si el importe generado por la venta de estos activos no es suficiente para pagar la totalidad de los créditos en cuestión, los acreedores tendrán un crédito sin garantía o un crédito presupuestario, según corresponda, para el cobro de la diferencia, la cual se sumará a los créditos restantes en la categoría correspondiente. Si, tras el pago de los importes mencionados anteriormente, queda un excedente, el liquidador judicial lo depositará en la cuenta de activos del deudor. Los créditos reclamados en un procedimiento de liquidación se pagarán de la siguiente forma:

1. los honorarios, los derechos de timbre y cualquier otro gasto generado como consecuencia del procedimiento, incluidos los gastos incurridos para conservar y administrar los activos del deudor, para seguir desarrollando la actividad empresarial del deudor y para el pago de los sueldos de personas empleadas a efectos del procedimiento;

2. los créditos generados por la financiación de actividades durante el procedimiento;

3. los créditos generados por relaciones laborales;

4. los créditos generados por el desarrollo de la actividad empresarial del deudor tras la incoación del procedimiento, los créditos de co-contratistas y de terceros adquirientes de buena fe o subadquirentes que devuelven sus activos o el valor correspondiente a la masa activa;

5. los créditos presupuestarios;

6. los créditos por importes debidos por el deudor a terceros en cumplimiento de obligaciones de manutención, prestaciones por hijos menores o el pago regular de importes para garantizar su subsistencia;

7. los créditos por importes fijados por el juez delegado para garantizar el sustento del deudor y su familia, cuando el deudor sea una persona física;

8. los créditos relacionados con préstamos bancarios, incluidos los gastos e intereses; los créditos relacionados con el suministro de mercancías, servicios o otro tipo de trabajos; los créditos por rentas y arrendamientos, incluidos los bonos;

9. otros créditos sin garantía;

10. los créditos subordinados en el siguiente orden de preferencia:

a) los créditos derivados de activos de terceros que adquirieron mercancías del deudor de mala fe; los créditos de subadquirentes de mala fe tras la admisión de las solicitudes de anulación; cuando el deudor sea una persona jurídica, los préstamos otorgados al deudor por un socio o accionista que sea titular de al menos el 10 % del capital social o de los derechos de voto en la asamblea general o, cuando corresponda, por un miembro de una agrupación de intereses económicos (grupu de interes economic);

b) los créditos derivados de actos a título gratuito.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Si el convenio de acreedores concluye en el plazo estipulado en el contrato, el juez delegado dicta una resolución por la que se reconoce el cumplimiento de los objetivos del convenio. En ese caso, las modificaciones hechas a los créditos que figuran en el convenio de acreedores serán definitivas (artículo 36 de la Ley n.o 85/2014).

El procedimiento de reorganización para el mantenimiento de la actividad empresarial o para la ejecución del plan de liquidación (lichidare pe bază de plan) terminan con una resolución dictada sobre la base de un informe elaborado por el administrador judicial en el que se deja asentado el cumplimiento de todas las obligaciones de pago asumidas en el plan de liquidación y el pago de todos los créditos vencidos. Si un procedimiento de reorganización se transforma luego en un procedimiento de liquidación, este concluirá con arreglo a las normas aplicables a este último. Desde la fecha de confirmación del plan de reorganización bajo la supervisión del órgano jurisdiccional y durante el proceso de reorganización, el deudor estará exento del pago de la diferencia entre el importe de las obligaciones asumidas antes de la confirmación del plan y el importe indicado en el plan.

El procedimiento de liquidación culmina cuando el juez delegado aprueba el informe final, se distribuyen todos los fondos y activos de la masa y se depositan los fondos no reclamados en una cuenta bancaria. Al concluir el procedimiento, se ordena la eliminación del deudor de los registros correspondientes.

Al concluir el procedimiento, el juez delegado y el administrador o el liquidador judiciales y cualquier otra persona que los hubiese asistido cesan en sus funciones y quedan exentos de toda responsabilidad respecto del procedimiento, el deudor y sus bienes, los acreedores, los titulares de derechos preferenciales, los accionistas y los socios.

Al concluir el procedimiento de liquidación, el deudor, si es una persona física (que realiza actividades comerciales), quedará liberado de las obligaciones contraídas con anterioridad a la liquidación, a menos que hubiese sido condenado por concurso delictivo o por realizar transferencias o pagos fraudulentos, en cuyo caso, solo quedará liberado de las obligaciones satisfechas en el procedimiento.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Tras la conclusión de cualquier tipo de procedimiento de insolvencia, los acreedores pierden el derecho de demandar al deudor por créditos nacidos antes de la incoación del procedimiento.

Los acreedores podrán reclamar la totalidad de sus créditos a los deudores solidarios y garantes del deudor.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Todos los gastos incurridos durante el procedimiento judicial, incluidos los generados por las notificaciones, las invitaciones y la comunicación de documentación procesal por parte del administrador o el liquidador judiciales son créditos contra la masa (artículo 39 de la Ley n.o 85/2014). Si los recursos económicos del deudor no son suficientes, se recurrirá al fondo de liquidación (fondul de lichidare) para satisfacer los saldos pendientes.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

El administrador o el liquidador judiciales pueden solicitar la anulación de los actos y operaciones fraudulentos efectuados por el deudor en detrimento de los derechos de los acreedores durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento.

Los siguientes actos u operaciones del deudor pueden ser anulados a fin de devolver a la masa los activos transferidos o el importe de otros beneficios concedidos:

a) las transferencias sin contraprestación realizadas durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento, a excepción de las relacionadas con el apoyo de causas humanitarias;

b) las operaciones en las que el valor de la cosa dada por el deudor es visiblemente superior al de la cosa recibida, realizadas durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento;

c) los actos realizados durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento con la intensión de proteger los activos de las reclamaciones de los acreedores o de vulnerar sus derechos de cualquier otra forma;

d) las transferencias de propiedad a acreedores para satisfacer deudas anteriores, realizadas durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento, si el importe que el acreedor obtendría en caso de liquidación del deudor es inferior al valor de la transferencia de propiedad;

e) la concesión de un derecho preferencial respecto de un crédito sin garantía durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento;

f) el pago anticipado de deudas durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento, si la fecha de vencimiento de dichas deudas fuera posterior a la incoación del procedimiento;

g) las transferencias o la asunción de obligaciones por parte del deudor durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento con la intensión de disimular o retrasar el estado de insolvencia o cometer fraude en perjuicio de un acreedor;

Los siguientes actos u operaciones también pueden anularse y recuperarse los beneficios correspondientes, si se realizaron durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento con personas que mantienen relaciones jurídicas con el deudor:

a) los actos y operaciones realizados con socios comanditarios (asociat comanditat) o con socios que representan al menos el 20 % del capital social o de los derechos de voto en una asamblea general de accionistas, si el deudor es una sociedad limitada (societate în comandită) o una empresa agrícola (societate agricolă) bajo la forma de sociedad (în nume colectiv) o de sociedad de responsabilidad limitada (cu răspundere limitată).

b) las operaciones realizadas con miembros o directores de la empresa deudora, si esta es una agrupación de intereses económicos;

c) las operaciones realizadas con accionistas que representen al menos el 20 % de las acciones de la empresa deudora o de los derechos de voto en una asamblea general de accionistas, si la empresa deudora es una sociedad anónima;

d) las operaciones realizadas con directores, gerentes o miembros del órgano de control de la empresa deudora, si esta es una cooperativa, una sociedad anónima o una empresa agrícola;

e) las operaciones realizadas con personas físicas o jurídicas que mantienen una posición de control sobre el deudor o su empresa;

f) las operaciones realizadas con copropietarios o con personas que ostenten la propiedad compartida de un bien común;

g) las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado de parentesco, de las personas físicas mencionadas en los puntos a) a f) anteriores.

El administrador o el liquidador judiciales pueden interponer demandas de nulidad de actos fraudulentos cometidos por el deudor en detrimento de los acreedores en el plazo de un año desde el vencimiento del plazo para elaborar el primer informe del administrador o liquidador judiciales y, a más tardar, dieciséis meses después de la incoación del procedimiento. Si la demanda es admitida, las partes recuperarán su antigua posición y volverán a registrarse las obligaciones existentes a la fecha de la transferencia.

Si el administrador o el liquidador judiciales no interponen la demanda de nulidad mencionada anteriormente, el comité de acreedores o un acreedor que represente más del 50 % del importe de los créditos contra la masa pueden interponer la demanda correspondiente ante el juez delegado.

No pueden interponerse demanda de nulidad contra actos constitutivos (act de constituire) ni de transferencia de propiedad realizados por el deudor en virtud del derecho de propiedad, en el desarrollo normal de las actividades diarias de la empresa. Las demandas de nulidad de actos constitutivos o de transferencia de propiedad serán automáticamente inscritas en el registro público correspondiente.

En los actos y operaciones mencionados anteriormente, existe una presunción juris tantum de fraude en perjuicio de los intereses de los acreedores.

Tras la incoación del procedimiento de insolvencia, todos los actos, operaciones y pagos realizados por el deudor con posterioridad al inicio del procedimiento son nulos de pleno derecho, a excepción de los necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa y los autorizados por el juez delegado o el administrador judicial.

Última actualización: 18/12/2018

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Insolvencia - Eslovenia

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Los procedimientos de insolvencia y los procedimientos de reestructuración preventiva se rigen por la El enlace abre una nueva ventanaLey sobre operaciones financieras, procedimientos de insolvencia y liquidación forzosa (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) (en lo sucesivo, la ZFPPIPP).

I. PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

1. Procedimientos de reestructuración o reorganización financiera

Se puede iniciar un procedimiento de convenio forzoso contra:

- una persona jurídica constituida como sociedad o cooperativa, salvo que la ley prevea lo contrario en el caso de una determinada sociedad o cooperativa por razón de la actividad a la que se dedica;

- un empresario;

- cualquier otra persona jurídica cuando así lo disponga la ley.

El procedimiento de convenio forzoso incluye también normas especiales sobre el convenio forzoso de una empresa grande, mediana o pequeña. Este procedimiento ofrece una amplia gama de medidas para la reestructuración financiera de las obligaciones del deudor (por ejemplo, los créditos garantizados de los acreedores).

Los procedimientos simplificados de convenio forzoso solo se permiten contra una sociedad considerada como microempresa conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades (Zakon o gospodarskih družbah) o contra un empresario que cumpla los criterios de microempresa o pequeña empresa.

2. Procedimientos concursales

Se puede iniciar un procedimiento concursal contra cualquier entidad jurídica salvo que la ley que rige una determinada forma jurídica o un determinado tipo de entidad jurídica o una determinada persona jurídica prevea lo contrario. Solo está permitido el procedimiento concursal contra una empresa de seguros de invalidez si cuenta con el consentimiento del Gobierno esloveno.

Se puede iniciar un procedimiento concursal para personas contra los bienes de:

- un empresario;

- un particular (médico, notario, abogado, agricultor u otra persona física que no sea empresario y que ejerza una actividad profesional);

- un consumidor.

Es posible iniciar un procedimiento concursal para sucesiones contra los bienes de un testador con sobreendeudamiento (persona física fallecida).

II. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA

Procedimientos de reestructuración preventiva

Únicamente están permitidos los procedimientos de reestructuración preventiva contra una sociedad de capital considerada como empresa grande, mediana o pequeña conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

Insolvencia

El requisito clave para iniciar procedimientos de insolvencia es la existencia de circunstancias de insolvencia. Por insolvencia se entiende una situación donde:

- el deudor ha sido insolvente durante un largo periodo de tiempo por no poder hacer frente a todas sus obligaciones en dicho periodo;

- el deudor se ha convertido en insolvente a largo plazo debido a que el valor de sus bienes es inferior a la suma de sus obligaciones (sobreendeudamiento), o debido a que la pérdida de la sociedad de capital del deudor junto con la pérdida acumulada en el ejercicio actual es superior a la mitad del capital social, y los beneficios acumulados o procedentes de las reservas no pueden cubrir dichas pérdidas.

Procedimientos de insolvencia preliminares y principales

En los procedimientos de insolvencia se incluyen los procedimientos de insolvencia «preliminares» y «principales». Se inician procedimientos de insolvencia preliminares al presentar la petición de apertura de un procedimiento (petición de apertura del procedimiento de insolvencia). Durante un procedimiento de insolvencia preliminar, el órgano jurisdiccional emite una resolución sobre las condiciones de apertura del procedimiento. Los procedimientos principales se abren mediante una resolución del órgano jurisdiccional relativa a la apertura de un procedimiento de insolvencia (apertura del procedimiento de insolvencia).

Partes en los procedimientos de insolvencia preliminares y principales

En los procedimientos preliminares, los actos procedimentales pueden ser ejecutados por el peticionario del procedimiento, un deudor contra quien se ha presentado la petición de apertura del procedimiento cuando el deudor no es el peticionario, y un acreedor que pueda demostrar que probablemente tenga un crédito contra el deudor contra quien se ha presentado la petición de apertura del procedimiento, siempre que el acreedor comunique su intención de participar en los procedimientos preliminares.

En los procedimientos de insolvencia principales, los actos procedimentales pueden ser ejecutados por cualquier acreedor que realice una reclamación en el procedimiento contra el deudor insolvente, así como por el deudor insolvente (en procedimientos de convenio forzoso, procedimientos simplificados de convenio forzoso y procedimientos concursales para personas).

Apertura y notificación de los procedimientos

El mismo día que un órgano jurisdiccional emite una resolución sobre la apertura de un procedimiento se publica dicha resolución en las páginas web donde se publican los documentos judiciales, los documentos de los participantes y otro tipo de información relativa a los procedimientos de insolvencia. El órgano jurisdiccional informa a los acreedores sobre la apertura del procedimiento mediante una notificación que se debe publicar el mismo día y a la misma hora en que se publica la resolución sobre la apertura del procedimiento. Dicha resolución contiene información importante sobre el procedimiento. Las consecuencias legales de la apertura del procedimiento comienzan el día en que se publica la notificación de la apertura del procedimiento concursal.

Peticionario del procedimiento

La petición de apertura de un procedimiento de convenio forzoso solamente puede presentarla un deudor insolvente o un socio personalmente responsable de una empresa deudora. La petición de apertura de un procedimiento de convenio forzoso contra una empresa grande, mediana o pequeña también pueden presentarla los acreedores que posean conjuntamente al menos el 20 % de todos los pasivos financieros. Puede ser el caso, por ejemplo, de bancos considerados como entidades que están bien informadas y que cuentan con la información, la infraestructura y el personal necesarios para elaborar un plan de reestructuración financiera para el deudor insolvente.

Se realizan procedimientos de convenio forzoso para permitir que un deudor sea financieramente solvente a corto y largo plazo mediante la aplicación de medidas adecuadas de reestructuración financiera. Para que el deudor pueda participar en actividades empresariales de forma habitual (y tenga liquidez necesaria para ejercer actividades corrientes), no se permite la venta forzosa de los bienes del deudor en el periodo de incertidumbre durante el procedimiento de convenio forzoso. Para compensar esta «ventaja» y para evitar que el deudor abuse de ella, durante el procedimiento, sus operaciones empresariales quedarán restringidas solo a las actividades empresariales habituales.

Solo los deudores insolventes pueden presentar la petición de apertura de un procedimiento simplificado de convenio forzoso. En estos procedimientos, solo los créditos ordinarios no garantizados son objeto de reestructuración. Los procedimientos simplificados de convenio forzoso no tienen ningún efecto con los créditos preferentes o garantizados, ni con los créditos relativos a los impuestos y las contribuciones.

La petición de apertura de un procedimiento concursal debe ser presentada por un deudor, un socio responsable de un deudor, un acreedor o el Fondo de garantía pública, pensiones alimenticias y discapacidad de la República de Eslovenia (Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije). El acreedor debe demostrar la probabilidad de que tenga éxito su reclamación contra el deudor y de que el deudor lleva más de dos meses de demora en el pago del crédito. El Fondo de garantía pública, pensiones alimenticias y discapacidad de la República de Eslovenia debe demostrar la probabilidad de que existan reclamaciones de los trabajadores contra el deudor del procedimiento concursal propuesto, y también de que el deudor lleve más de dos meses de demora en el pago de dichos créditos.

Los procedimientos de reestructuración preventiva se llevan a cabo a fin de que el deudor, que probablemente va a ser insolvente en el plazo de un año, pueda aplicar determinadas medidas para reestructurar sus obligaciones financieras, así como otras medidas de reestructuración financiera que son necesarias para eliminar las causas de la posible insolvencia, sobre la base de un acuerdo de reestructuración financiera. La petición de apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva solo puede ser presentada por un deudor. La petición de apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva debe ser acordada por acreedores que posean al menos el 30 % de todos los activos financieros frente al deudor. El deudor debe adjuntar a la petición una copia compulsada de la declaración de los acreedores donde dan su consentimiento a la apertura del procedimiento.

Páginas web donde se publican los procedimientos de insolvencia

En todos los procedimientos de insolvencia, se deben publicar los siguientes contenidos en las páginas web para publicaciones públicas relativas a dichos procedimientos:

  • información sobre los procedimientos particulares de convenio forzoso, concursales, de liquidación obligatoria, simplificados de convenio forzoso, de reestructuración preventiva y concursales para sucesiones;
  • resoluciones judiciales emitidas durante los procedimientos (salvo ciertas excepciones previstas por ley);
  • notificaciones sobre la apertura de los procedimientos, notificaciones sobre las fechas de las audiencias y otras notificaciones y convocatorias de votación emitidas por los órganos jurisdiccionales conforme a la ley;
  • registros de las audiencias y sesiones de la junta de acreedores;
  • informes de los administradores y de los deudores insolventes de procedimientos de convenio forzoso;
  • listas de créditos verificados;
  • comunicaciones de las partes durante los procedimientos y otros documentos judiciales que deben publicarse con arreglo a la ZFPPIPP;
  • todos los avisos de subasta pública en los procedimientos concursales y las invitaciones a presentar ofertas relativas a la liquidación de la masa concursal.

Las páginas web donde se publican los procedimientos de insolvencia están gestionadas por la Agencia de la República de Eslovenia de Registros jurídicos públicos y servicios relacionados (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; en lo sucesivo, AJPES). Existe la presunción legal incuestionable de que las partes de un procedimiento de insolvencia y cualquier otra persona tienen conocimiento de las resoluciones judiciales, de las peticiones de las otras partes en relación con los procedimientos y de otros actos jurídicos ocho días después de su publicación. Por este motivo las páginas web son El enlace abre una nueva ventanapúblicas y gratuitas.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Procedimientos de convenio forzoso

Tras la apertura de un procedimiento de convenio forzoso, el deudor debe conservar sus bienes. Únicamente puede vender bienes no necesarios para sus operaciones empresariales si se considera que la venta de dichos bienes es una medida del plan de reestructuración financiera. Tras la apertura del procedimiento de convenio forzoso, el deudor solo podrá pedir préstamos con el consentimiento del órgano jurisdiccional y sin que estos superen el valor total de los activos líquidos necesarios para financiar las operaciones empresariales habituales y para cubrir los gastos del procedimiento de convenio forzoso.

Los créditos que surgen de la financiación de las operaciones empresariales habituales del deudor en el procedimiento de convenio forzoso y del procedimiento de reestructuración preventiva se pagan en el posible procedimiento concursal posterior mediante el reparto general de la masa concursal, antes de pagar los créditos preferentes (concretamente los gastos del procedimiento).

Procedimientos concursales

La masa concursal de un deudor que es una persona jurídica incluye los bienes del concursado en el momento de la apertura del procedimiento, todos los bienes obtenidos mediante la liquidación y gestión de la masa concursal y la impugnación de los actos jurídicos del concursado, así como los bienes obtenidos como resultado de que el concursado haya seguido realizando operaciones empresariales tras la apertura del procedimiento concursal de conformidad con la ZFPPIPP. La masa concursal también incluye los bienes obtenidos por las acciones interpuestas contra los socios personalmente responsables del concursado, salvo los activos que se necesitan con urgencia para satisfacer las necesidades básicas.

La masa concursal de un concursado contra quien se ha iniciado un procesamiento concursal para personas incluye todos los bienes que el concursado obtiene durante el periodo de verificación hasta la exención de las obligaciones o hasta la conclusión del procedimiento concursal. En el procedimiento concursal para personas, se excluye de la masa concursal lo siguiente:

- objetos [objetos de uso personal (prendas de vestir, calzado, etc.), objetos de uso doméstico (mobiliario, frigorífico, hornilla, lavadora, etc.)] que necesitan con urgencia el deudor y los miembros de su hogar, objetos que necesita con urgencia el deudor para el ejercicio de su actividad profesional, premios y reconocimientos, anillos de boda, correspondencia personal, material manuscrito y otros documentos personales (imágenes y fotografías de miembros de la familia, etc.);

- derechos de cobro (derechos de cobro relativos al mantenimiento legal, a una compensación por lesiones corporales conforme al seguro de invalidez, a la ayuda social financiera, etc.).

Asimismo, en la masa concursal de un procedimiento concursal para personas no se incluyen las rentas del trabajo del deudor necesarias para obtener los ingresos sociales mínimos (el deudor conserva al menos el 76 % del salario mínimo y, en caso de que el deudor tenga a su cargo a un miembro de la familia u otra persona, debe garantizarse por ley la cantidad prescrita por persona a su cargo).

En el procedimiento concursal para personas, se garantizan al deudor los mismos ingresos sociales mínimos que recibiría en caso de una acción ejecutiva individual.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Competencia y funciones de un órgano jurisdiccional

Los tribunales de primera instancia tienen competencia para instruir procedimientos de insolvencia. Un solo magistrado preside los procedimientos de insolvencia. El Tribunal Superior de Liubliana (Višje sodišče v Ljubljani) es competente territorialmente para decidir sobre los recursos de todos los procedimientos de insolvencia.

Nombramiento de un administrador y sus poderes

Los administradores tienen poderes y funciones en los procedimientos de insolvencia, tal como está previsto por ley, para proteger los intereses de los acreedores. En los procedimientos de convenio forzoso y concursales se nombra un administrador. El órgano jurisdiccional nombra al administrador a través de una resolución sobre la apertura del procedimiento de insolvencia. En los procedimientos de convenio forzoso contra empresas grandes, medianas o pequeñas, el órgano jurisdiccional nombra un administrador a través de una resolución especial el día después de recibir una petición de apertura del procedimiento.

En los procedimientos de convenio forzoso, el administrador supervisa las operaciones empresariales del deudor. Para tal fin, el deudor insolvente debe proporcionar toda la información necesaria para dicha supervisión y debe permitir la inspección de su documentación y los registros empresariales. En estos procedimientos, la capacidad jurídica del deudor es limitada. Tras la apertura del procedimiento, el deudor solo puede realizar operaciones empresariales habituales (actuales) relacionadas con su actividad profesional y liquidar sus obligaciones empresariales. Tras la apertura del procedimiento, el deudor puede gestionar sus bienes únicamente en la medida en que sea necesario para llevar a cabo su actividad empresarial habitual, y no puede pedir préstamos ni créditos, presentar garantías o avales, ni celebrar contratos o realizar otros actos que pudieran conducir a la desigualdad de trato de los acreedores o impedir la aplicación de la reestructuración financiera. Tras la apertura del procedimiento de convenio forzoso, el deudor puede, además de contratos ordinarios y supeditado a la obtención del consentimiento de un órgano jurisdiccional, vender bienes que no sean necesarios para su actividad empresarial si su venta se determina como medida del plan de reestructuración financiera. El deudor puede pedir préstamos o créditos sin que estos superen el valor total de los activos líquidos necesarios para financiar las operaciones empresariales habituales y para cubrir los gastos del procedimiento de convenio forzoso. El órgano jurisdiccional decide dar su consentimiento o no en función de la opinión del administrador o de la junta de acreedores.

Cuando se inicia un procedimiento concursal contra una entidad jurídica, cesan los poderes que poseen los representantes del deudor, el titular del apoderamiento y otras personas autorizadas para representar al deudor, así como los poderes de gestión de sus actividades empresariales. El administrador adquiere poderes para gestionar la empresa del deudor insolvente durante el procedimiento concursal con arreglo a las necesidades del procedimiento, así como para representar al deudor en:

  • actos procesales y otros actos jurídicos relacionados con la verificación de los créditos y con los derechos de separación y exclusión;
  • actos procesales y otros actos jurídicos dirigidos a impugnar actos jurídicos del deudor insolvente;
  • contratos legales y otros actos necesarios para liquidar la masa concursal;
  • solicitud de una dispensa y el ejercicio de otros derechos adquiridos por el deudor insolvente como consecuencia jurídica de la apertura del procedimiento concursal;
  • otros negocios jurídicos que pudiese ejecutar el deudor insolvente con arreglo a la ley.

Una vez abierto el procedimiento concursal para personas, la capacidad jurídica del concursado queda restringida por:

1. No poder celebrar contratos ni realizar otros negocios o actos jurídicos que impliquen la gestión de los bienes de la masa concursal;

2. No poder, sin el consentimiento de un órgano jurisdiccional, realizar lo siguiente:

  • pedir préstamos o créditos ni presentar garantías;
  • abrir cuentas bancarias u otras cuentas de caja;
  • renunciar a la sucesión u otros derechos de propiedad.

Si un negocio u otro acto jurídico de un concursado no es conforme a estas normas no tendrá efecto jurídico, salvo que la otra parte contratante no supiese o no hubiese podido saber que se había iniciado el procedimiento concursal para personas contra el deudor al concluir el negocio o acto jurídico cuyo objeto fuese la enajenación de los bienes del deudor incluidos en la masa concursal. Por regla general, y no se admiten pruebas de lo contrario, se considera que la otra parte contratante estaba al corriente de que se había iniciado un procedimiento concursal para personas contra el deudor, si el contrato o cualquier otro negocio jurídico se había celebrado más de ocho días después de que se publicase la notificación de la apertura del procedimiento concursal en las páginas web públicas destinadas a la publicación de procedimientos de insolvencia.

En los procedimientos de reestructuración preventiva no interviene ningún administrador. La capacidad jurídica del deudor no queda restringida en estos procedimientos. Tampoco interviene ningún administrador en los procedimientos simplificados de convenio forzoso.

Autorización para actuar como administrador

La función de administrador solo puede llevarla a cabo una persona que tenga una autorización válida del ministerio competente para asuntos jurídicos para realizar la función de administrador en los procedimientos de insolvencia y de liquidación forzosa.

El ministro competente para asuntos jurídicos concederá una autorización para actuar como administrador a una persona que cumpla las siguientes condiciones:

  • sea nacional de la República de Eslovenia o un Estado miembro de la Unión, un Estado miembro del EEE o un Estado miembro de la OCDE y tenga dominio operativo del esloveno;
  • tenga capacidad jurídica y tenga un buen estado de salud general;
  • haya cursado al menos estudios de enseñanza superior de primer ciclo u otra formación comparable obtenida en el extranjero que esté homologada, reconocida o evaluada con arreglo a la ley en materia de reconocimiento y evaluación de la formación, o bien que esté autorizado para realizar las funciones de auditor o auditor autorizado;
  • tenga una experiencia laboral mínima de tres años relacionada con su formación profesional;
  • tenga una póliza de seguro de responsabilidad que cubra los posibles daños causados de al menos 500 000 EUR al año;
  • haya superado un examen profesional para actuar como administrador;
  • sea una persona digna de la confianza pública para actuar como administrador;
  • haya declarado al ministerio competente para asuntos jurídicos que llevará a cabo de forma concienzuda y responsable su función de administrador, y que se esforzará por lograr la rápida conclusión de los procedimientos con las condiciones de reembolso más ventajosas para los acreedores en cada uno de los procedimientos de insolvencia que le sean asignados.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Compensación de los créditos tras la apertura de los procedimientos de convenio forzoso

En caso de que, tras la apertura de un procedimiento de convenio forzoso, haya un crédito de un acreedor contra un deudor insolvente y una demanda de reconvención del deudor insolvente contra dicho acreedor, los créditos se consideran compensados al iniciarse el procedimiento de convenio forzoso. Esta norma también se aplica a los créditos no monetarios y a los créditos no pagaderos en el momento de la apertura del procedimiento de convenio forzoso. La apertura del procedimiento de convenio forzoso no tiene ningún efecto sobre los créditos garantizados y preferentes ni sobre los derechos de exclusión. En los procedimientos de insolvencia contra empresas grandes, medianas o pequeñas, los créditos garantizados pueden someterse a una reestructuración financiera.

Compensación de los créditos tras la apertura de los procedimientos concursales

En caso de que, tras la apertura de un procedimiento concursal, haya un crédito de un acreedor contra un concursado y una demanda de reconvención del concursado contra dicho acreedor, los créditos se consideran compensados al iniciarse el procedimiento concursal. Esta norma también se aplica a los créditos no monetarios y a los créditos no pagaderos en el momento de la apertura del procedimiento concursal. El acreedor no debe notificar su crédito frente al concursado en el procedimiento concursal, sino que debe notificar su compensación al administrador en un plazo de tres meses a partir de que se publique la notificación de la apertura del procedimiento concursal. En caso de que el acreedor no informe al administrador sobre la compensación, el acreedor será responsable frente al concursado de los gastos y otras pérdidas en que incurra el concursado a causa de esta omisión por parte del acreedor. En caso de que el crédito del acreedor frente al concursado sea condicional, habrá compensación si el acreedor la exige y el órgano jurisdiccional da su consentimiento.

Un crédito frente a un concursado que sea anterior a la apertura del procedimiento concursal o que un nuevo acreedor adquiera antes de que se inicie el procedimiento concursal y que esté basado en la cesión de un acreedor anterior no se podrá compensar a través de una demanda de reconvención del concursado contra el nuevo acreedor si dicho crédito es anterior a la apertura del procedimiento concursal.

Un crédito frente a un concursado anterior a la apertura del procedimiento concursal puede no compensarse a través de una demanda de reconvención del concursado contra el acreedor si dicho crédito es posterior a la apertura del procedimiento concursal.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Se suspenden las órdenes de realizar un negocio u otro acto jurídico de un deudor si este las ha emitido antes de la apertura del procedimiento concursal. Tras la apertura del procedimiento concursal, un proveedor de servicios de pagos no puede efectuar pagos a partir de activos monetarios del deudor insolvente con arreglo a una resolución en materia de ejecución o recuperación forzosa. Se suspenden las ofertas del concursado antes de la apertura del procedimiento concursal, salvo si el destinatario había aceptado la oferta antes de la apertura del procedimiento concursal.

El administrador puede rescindir contratos de alquiler y arrendamiento tras la apertura del procedimiento concursal si el concursado había celebrado estos contratos antes de la apertura de dicho procedimiento con un mes de antelación, independientemente de cuáles sean las normas legales generales y las condiciones del contrato. En caso de que el concursado ejerza su derecho de rescisión, el plazo de preaviso comienza el último día del mes en que la otra parte contratante recibe la declaración del concursado sobre la rescisión, y vence el último día del siguiente mes. La otra parte contratante tiene derecho a ser indemnizada por el concursado por los daños y perjuicios derivados del ejercicio de su derecho de rescisión, en contra de la normativa general. En el procedimiento concursal se deben notificar las acciones por daños y perjuicios que se pagan con la masa distribuible con arreglo a la ley sobre el pago de los créditos del acreedor.

La apertura del procedimiento concursal no tiene efecto en un acuerdo de compensación ni en un contrato financiero cualificado donde se aplican las normas establecidas en el acuerdo de compensación. En caso de que, después de determinar los derechos y obligaciones recíprocos conforme a las normas establecidas en el acuerdo de compensación, surja un crédito monetario neto contra el concursado de otra parte contratante, la otra parte contratante debe notificar el crédito en el procedimiento concursal y el crédito se paga con la masa distribuible, conforme a lo establecido en la ley sobre el pago de los créditos del acreedor.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Inadmisibilidad a efectos de la ejecución y los derechos de prenda

Tras la apertura de un procedimiento de insolvencia contra un deudor insolvente, por lo general no está permitido por ley emitir una resolución a efectos de la ejecución o un derecho de prenda, salvo que la ley prevea lo contrario.

Tras la apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva contra un deudor, no está permitido emitir una resolución a efectos de la ejecución o un derecho de prenda relativa a un derecho financiero sometido a reestructuración preventiva.

Conclusión de los procedimientos abiertos de ejecución o un derecho de prenda

Los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda iniciados contra un deudor insolvente con anterioridad a la apertura de un procedimiento de convenio forzoso concluyen tras las apertura de este último procedimiento, y podrían continuar únicamente sobre la base de una resolución del órgano jurisdiccional que realiza el procedimiento de convenio forzoso establecido por ley como base para continuar con los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda.

La apertura de un procedimiento concursal tiene las siguientes consecuencias legales en los procedimientos de ejecución o de un derecho de prenda iniciados contra un deudor insolvente antes de la apertura del procedimiento concursal:

  • si, en los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda sobre bienes muebles o inmuebles, el acreedor no ha adquirido aún el derecho de separación antes de la apertura del procedimiento concursal, los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda se suspenden al iniciarse el procedimiento concursal;
  • si, en los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda sobre bienes muebles o inmuebles, el acreedor ha adquirido el derecho de separación antes de la apertura del procedimiento concursal, y si la venta de los bienes que son objeto del derecho de separación aún no ha tenido lugar antes de la apertura del procedimiento concursal, los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda se suspenden al iniciarse el procedimiento concursal;
  • si un acreedor de un procedimiento de ejecución adquiere un derecho de separación antes de la apertura del procedimiento concursal, y si antes de la apertura del procedimiento concursal la venta de los bienes que son objeto del derecho de separación ha tenido lugar con la apertura del procedimiento concursal, la apertura del procedimiento concursal no tiene efectos en el procedimiento de ejecución;
  • se suspenden los procedimientos de seguridad mediante una medida provisional o preliminar tras la apertura del procedimiento concursal, y se anulan todas las acciones realizadas en dichos procedimientos.

Los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda iniciados contra el deudor antes de la apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva para ejecutar o garantizar un derecho financiero que es objeto de reestructuración preventiva, concluyen tras la apertura de los procedimientos de reestructuración preventiva. El órgano jurisdiccional de ejecución resuelve sobre la conclusión de los procedimientos de ejecución o un derecho de prenda tras la petición del deudor.

Principio de consolidación de los procedimientos concursales

Un acreedor puede notificar su crédito para ejecutar una obligación derivada de la relación que existe con el concursado hasta la apertura del procedimiento concursal solo en procedimientos concursales contra dicho deudor y con arreglo a las normas de los procedimientos [normas sobre notificación y verificación de los créditos, instrucciones para los litigios (interponer una demanda) relativos a créditos impugnados, etc.].

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Cuando un acreedor ha interpuesto una demanda para determinar un crédito antes de la apertura del procedimiento concursal, el litigio se suspende con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Civil (Zakon o pravdnem postopku). Si un acreedor ha interpuesto una demanda antes de la apertura del procedimiento concursal debe notificar su crédito en el procedimiento concursal.

El día en que se publica la resolución sobre la verificación de los créditos, dejan de ser aplicables los fundamentos por los que se suspendía la demanda como consecuencia del procedimiento concursal. Si se reconoce el crédito de un acreedor, concluye su interés legal de interponer una demanda sobre dicho crédito y se suspenden los procedimientos de la demanda. El acreedor recibirá una parte proporcional igual que la del resto de acreedores cuyos créditos ordinarios no garantizados fueron reconocidos en el procedimiento concursal.

Si el administrador impugna el crédito de un acreedor en un procedimiento concursal, el acreedor debe presentar una petición para que prosiga la demanda suspendida en el plazo de un mes tras la publicación de la resolución sobre la verificación de créditos. En tal caso, el acreedor litigante tan solo debe determinar la existencia del crédito. Si el crédito de un acreedor queda impugnado por otro acreedor, el acreedor debe ampliar su demanda para incluir como nuevo demandado al acreedor que impugna el crédito, en el plazo de un mes tras la publicación de la resolución sobre la verificación de créditos. Si en la demanda se determina su crédito, el acreedor recibirá una parte proporcional igual que la del resto de acreedores cuyos créditos ordinarios no garantizados fueron reconocidos en el procedimiento concursal.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

En los procedimientos de insolvencia principales, los actos procedimentales pueden ser ejecutados por cualquier acreedor del procedimiento que trate de determinar su crédito frente al deudor insolvente. Por regla general, todos los acreedores (como parte) del procedimiento concursal tienen derecho a recurrir cualquier resolución del órgano jurisdiccional salvo si la ley establece que solo determinadas partes pueden recurrir una resolución en particular. El recurso se debe presentar en un plazo de quince días. Para aquellas personas a quienes debe notificarse la resolución con arreglo a la ZFPPIPP, el plazo de quince días empieza a contar a partir de la notificación de la resolución. Para el resto de personas, el plazo de quince días empieza a contar a partir de la publicación de la resolución.

En los procedimientos de insolvencia, un acreedor también puede ejecutar actos procedimentales a través de la junta de acreedores que, como conjunto de acreedores en representación de todos los acreedores que forman parte del procedimiento, está autorizada para ejecutar los actos procedimentales previstos por ley. En los procedimientos de convenio forzoso, se crea una junta de acreedores, y en los procedimientos concursales, solo se crea si lo solicitan los acreedores.

Procedimientos de convenio forzoso

Junta de acreedores

En los procedimientos de convenio forzoso, el órgano jurisdiccional establece una junta de acreedores que, para ejercer sus derechos y poderes, tiene derecho a inspeccionar los registros empresariales del deudor (es decir, pueden examinar las operaciones y la situación financiera del deudor) a fin de proteger el interés de los acreedores y de aportar las propuestas y opiniones necesarias para proteger a los acreedores del procedimiento. En los procedimientos de convenio forzoso, la junta de acreedores puede, a efectos de la reestructuración financiera del deudor insolvente, adoptar una decisión conforme a ciertas condiciones legislativas para aumentar el capital social mediante inyecciones de capital o contribuciones en especie, que son objeto de los créditos de los acreedores frente al deudor insolvente.

Las reformas legislativas de finales de 2013, realizadas para facilitar una reestructuración financiera eficaz de las empresas grandes y medianas, incluían normas especiales para el convenio forzoso contra estas empresas, lo cual reforzó de manera significativa la posición de los acreedores. Las normas para estos procedimientos también son aplicables a las empresas pequeñas de conformidad con la reforma legislativa de 2016. En los procedimientos de convenio forzoso, para la correcta realización de las funciones del administrador, se requiere una amplia experiencia y formación, por lo que a la hora de nombrar un administrador no se aplica la norma de nombramientos en función del orden secuencial automático del nombramiento, y el órgano jurisdiccional elige un administrador conforme a su propia valoración. Cuando son los propios acreedores quienes proponen la apertura de un procedimiento de convenio forzoso contra un deudor insolvente con arreglo a la nueva disposición legal, el órgano jurisdiccional nombra el administrador propuesto por los peticionarios. De conformidad con el nuevo sistema, la junta de acreedores también puede nombrar un representante de los acreedores. Esto permite a la junta de acreedores realizar un mejor seguimiento de la actividad empresarial de la empresa deudora y los procesos de gestión al aplicar las medidas de la reestructuración financiera que son de su competencia (por ejemplo, medidas sobre la reestructuración empresarial para optimizar los costes empresariales o para aumentar la eficiencia empresarial). Los poderes de la junta de acreedores se han ampliado para incluir la posibilidad de modificar el plan de reestructuración financiera.

Recursos de un acreedor particular del procedimiento de convenio forzoso

Un acreedor o el administrador pueden impugnar el procedimiento de convenio forzoso:

  • si el deudor no es insolvente y puede hacer frente a todas sus obligaciones íntegra y puntualmente;
  • si el deudor insolvente puede hacer frente a sus obligaciones en mayor proporción o en un plazo más breve del que se ofrecía en la propuesta de convenio forzoso;
  • si es poco probable que la aplicación del plan de reestructuración financiera permita al deudor volver a ser solvente a corto o largo plazo;
  • si es poco probable que los acreedores, mediante la confirmación del convenio forzoso, tal como propuso el deudor, tengan condiciones más favorables para el pago de sus créditos que si se hubiese iniciado un procedimiento concursal;
  • si el deudor insolvente no cumple las normas que restringen su actividad empresarial durante el procedimiento de convenio forzoso o se demora más de quince días en el pago de la cantidad mínima del salario de los empleados o en el pago de los impuestos y las contribuciones que el deudor debe calcular y pagar al mismo tiempo que el salario de los empleados.

Todo acreedor que se vea afectado por la confirmación de un convenio forzoso puede pedir al órgano jurisdiccional que anule dicho convenio forzoso confirmado si el deudor insolvente puede pagar la totalidad del crédito del acreedor. La demanda para determinar un crédito anulable se debe interponer dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para pagar el crédito, conforme a lo establecido en el convenio forzoso confirmado. Todo acreedor que se vea afectado por la confirmación de un convenio forzoso puede pedir al órgano jurisdiccional que anule dicho convenio forzoso confirmado si se ha obtenido por medios fraudulentos. Se puede interponer una demanda para determinar un crédito anulable en el plazo de dos años después de que la resolución de confirmación del convenio forzoso sea definitiva.

Procedimientos concursales

Junta de acreedores

En los procedimientos concursales, la junta de acreedores tiene derecho a inspeccionar toda la documentación que posee el administrador del procedimiento concursal y a examinar la documentación sobre el procedimiento que debe conservar el administrador. En los procedimientos concursales, la junta de acreedores puede dar:

  • su opinión sobre la realización de las operaciones empresariales necesarias del concursado;
  • su consentimiento sobre la continuación de las operaciones empresariales del concursado;
  • su opinión sobre el plan propuesto por el administrador en relación con el procedimiento concursal;
  • su opinión sobre la resolución de vender los bienes;
  • su consentimiento si un precio inicial o de reserva es inferior a la mitad del valor de los bienes sobre la base del valor de liquidación;
  • su opinión sobre la valoración que ha realizado el administrador sobre los costes del procedimiento concursal y su reforma;
  • su opinión sobre la conclusión del procedimiento concursal.

En los procedimientos simplificados de convenio forzoso y los procedimientos de reestructuración preventiva, no se crea la junta de acreedores.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

En los procedimientos concursales, un administrador es el representante legal del concursado y, como tal, está autorizado para gestionar la masa concursal y liquidarla.

El administrador concursal gestiona la masa concursal, en particular, arrendando los bienes del concursado y aumentando sus activos monetarios. El administrador también puede alcanzar un acuerdo por la vía judicial o extrajudicial para lo cual necesita la opinión de la junta de acreedores y el consentimiento del órgano jurisdiccional. Tras la apertura del procedimiento concursal, los bienes del concursado se pueden alquilar o arrendar solo si con ello su venta no se demora. Se puede celebrar un contrato de alquiler o arrendamiento solo con una determinada duración que no debe ser superior a un año. El administrador puede, con el consentimiento del órgano jurisdiccional, establecer un derecho de compra preferente en relación con los bienes que son arrendados en beneficio del arrendatario.

El administrador está obligado por ley a invertir los activos monetarios del concursado. Los activos monetarios solo se pueden invertir en valores de deuda emitidos por la República de Eslovenia u otro Estado miembro de la Unión, el Banco Central Europeo, el Banco de Eslovenia o un banco central de otro Estado miembro de la Unión, o bien en valores de deuda (salvo los valores subordinados) emitidos por un banco con domicilio social en la República de Eslovenia o una entidad de crédito con sede en otro Estado miembro de la Unión. Los depósitos bancarios en efectivo solo pueden efectuarse en un banco con domicilio social en la República de Eslovenia o una entidad de crédito con domicilio social en otro Estado miembro de la Unión.

En el marco de la liquidación, el administrador concursal puede vender los bienes del concursado, reclamar sus créditos y ejecutar otros actos jurídicos para ejercer sus derechos de propiedad. Puede celebrarse un contrato para la venta de bienes del concursado a través de una subasta pública o una convocatoria de licitación vinculante. Solo excepcionalmente puede celebrarse un contrato mediante negociaciones directas con un comprador. La venta comienza con una (primera) resolución del órgano jurisdiccional relativa a la venta. El órgano jurisdiccional emite una resolución sobre la venta a petición del administrador y basada en la opinión de la junta de acreedores. Si se venden los bienes sobre los cuales un acreedor independiente tiene derecho de reembolso preferente (derecho de prenda adquirido), también se pedirá la opinión de dicho acreedor independiente. En la resolución por la que el órgano jurisdiccional decide por primera vez la venta de bienes particulares, el órgano jurisdiccional también decide:

1. el método de venta;

2. el precio inicial en una subasta pública o el precio de reserva en una convocatoria de licitación vinculante;

3. el importe de la fianza.

En caso de que no prospere una subasta pública o una convocatoria de licitación para la venta de bienes particulares sobre la base de la primera resolución sobre la venta, en la siguiente resolución sobre la venta el órgano jurisdiccional puede:

1. Elegir una de las siguientes opciones:

- decidir de nuevo que la venta debe realizarse a través de una subasta pública o una convocatoria de licitación vinculante; y

- estipular un precio inicial o de reserva más bajo que el de la primera resolución; o

2. Decidir realizar una convocatoria de licitación no vinculante para la venta basada en negociaciones directas.

El órgano jurisdiccional estipula el precio de reserva en el procedimiento para aceptar las ofertas vinculantes basadas en el valor fiscal de los bienes. En la primera resolución sobre la venta, el precio de reserva no puede ser inferior a la mitad del valor de los bienes sobre la base del valor de liquidación. En la siguiente resolución sobre la venta, el órgano jurisdiccional puede estipular un precio inicial o de reserva que sea inferior a la mitad del valor de los bienes, sobre la base del valor de liquidación, si cuenta con el consentimiento de la junta de acreedores o de un acreedor independiente.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

En los procedimientos concursales, los acreedores deben notificar sus créditos contra el concursado que sean anteriores a la apertura del procedimiento concursal, salvo aquellos que no sea necesario notificar por ley. Un acreedor que sea responsable en la obligación del concursado en calidad de codeudor, garante o prendador solidariamente responsable debe notificar en el procedimiento concursal una posible demanda por compensación que no haya surgido antes de la apertura de dicho procedimiento en el marco de la condición diferida de que el acreedor adquiera la demanda por compensación contra el concursado siempre que el pago del crédito se realice con posterioridad a la apertura del procedimiento concursal. Si otros codeudores o garantes solidariamente responsables también son responsables de la ejecución del crédito del acreedor, además del concursado, el acreedor debe notificar y determinar la cantidad total del crédito en el procedimiento concursal hasta que se haya pagado en su totalidad conforme a la condición resolutoria, que concluye cuando otro codeudor o garante solidariamente responsable efectúe el pago del crédito del acreedor. Si el acreedor presenta la notificación fuera de plazo, se anula su crédito contra el concursado y el órgano jurisdiccional desestima la tardía notificación de dicho crédito.

En los procedimientos concursales, no es necesario notificar los créditos preferentes en relación con el pago de los salarios y la indemnización sobre el sueldo de los empleados cuyo trabajo resulte innecesario debido a la apertura del procedimiento concursal, desde su apertura hasta la finalización del plazo de preaviso, así como la indemnización por despido de los trabajadores cuyos contratos de trabajos fueron rescindidos por el administrador debido a que su trabajo resulta innecesario por la apertura del procedimiento concursal o durante dicho procedimiento. También se notifican los créditos relacionados con el cálculo y el pago de impuestos.

Cuando un crédito se garantiza mediante un derecho de separación, el acreedor debe notificar este crédito garantizado en el procedimiento concursal, así como notificar el derecho de separación. Si, según la situación que exista al iniciar el procedimiento concursal, se registra un derecho de propiedad del concursado sobre bienes inmuebles y dicho derecho queda restringido por una hipoteca debidamente registrada o una cantidad máxima de hipoteca con aplicación efectiva antes de la apertura del procedimiento concursal, se considera que la hipoteca o la cantidad máxima de hipoteca y el crédito conforme a esta se han registrado en el procedimiento concursal dentro del plazo previsto.

Los acreedores deben notificar sus derechos de exclusión que sean anteriores a la apertura del procedimiento concursal en un plazo de tres meses tras la publicación de la notificación de dicha apertura. Si el acreedor presenta la notificación de los derechos de exclusión fuera de plazo, no cesa el derecho de exclusión. Si el administrador vende los bienes que son objeto de un derecho de exclusión no notificado, el acreedor que posee el derecho de exclusión pierde dicho derecho, pero puede solicitar el pago de una cantidad de dinero obtenido de la venta de estos bienes, menos los costes incurridos en la venta. El acreedor que posee el derecho de exclusión no tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. El acreedor pierde el derecho de exclusividad y el derecho al pago de una cantidad de dinero si no notifica el derecho antes de que se publique el plan sobre el primer reparto general.

Las obligaciones del concursado contraídas con posterioridad a la apertura del procedimiento concursal (salvo algunas excepciones) se consideran gastos del procedimiento. Pueden dividirse del siguiente modo:

- gastos corrientes (por ejemplo, sueldos y otras compensaciones a las partes que prestan los servicios necesarios en el procedimiento concursal, incluidos los impuestos y las contribuciones que el deudor debe calcular y pagar junto con dichos pagos, los gastos del administrador; los gastos de electricidad, agua, calefacción, teléfono y otro tipo de gastos relacionados con el uso de las instalaciones empresariales incurridos en el procedimiento concursal, las primas de seguros para asegurar los bienes de la masa concursal, los gastos de publicación, los gastos judiciales del concursado para impugnar los créditos, los gastos de contabilidad, los servicios administrativos y otro tipo de servicios necesarios en el procedimiento concursal, etc.);

- gastos ocasionales (pago de los créditos de los acreedores surgidos durante el procedimiento de convenio forzoso, ejecución de las obligaciones derivadas de contratos bilaterales incumplidos por ambas partes, ejecución de las obligaciones de concluir negocios jurídicos urgentes y de continuar la actividad empresarial, gastos de tasación de los bienes y otros actos relacionados con la venta, etc.).

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Al notificar un crédito, el acreedor obtiene el derecho de ejecutar actos procedimentales en el procedimiento concursal. Los créditos se pueden notificar dentro del plazo establecido. Se notifican únicamente los créditos que sean anteriores a la apertura de los procedimientos de insolvencia.

En los procedimientos de convenio forzoso, la notificación y verificación de los créditos se lleva a cabo sobre todo para evaluar la legitimidad procedimental de un acreedor que vota en un convenio forzoso. Los créditos se deben presentar en un plazo de treinta días después del día en que se publica la notificación de la apertura del procedimiento en las páginas web de la Agencia de la República de Eslovenia de Registros jurídicos públicos y servicios relacionados (AJPES). Si no se presenta la notificación o se realiza fuera de plazo, el acreedor no pierde el crédito, pero sí su derecho de voto.

En los procedimientos concursales, la notificación y verificación de los créditos son la base para determinar el reparto de la masa concursal. En estos procedimientos, los acreedores deben notificar sus créditos en el plazo de tres meses a partir del día en que se publica la notificación de la apertura del procedimiento concursal en las páginas web de AJPES.

En los procedimientos concursales para personas, el acreedor no pierde el crédito si se hubiese notificado fuera del plazo establecido y el administrador lo incluye en la lista de créditos adicionales.

Un acreedor contra el que se ha interpuesto una demanda para impugnar los actos jurídicos del concursado debe, en el plazo de un mes a partir del día en que se notifica la demanda, notificar en el procedimiento concursal su crédito como condicional, ya que surgiría si prospera la demanda mediante una resolución definitiva. Un acreedor debe presentar su reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de la rescisión por parte del administrador de un contrato de arrendamiento o un contrato incumplido por ambas partes, en el plazo de un mes con posterioridad a la recepción de una declaración del concursado por la que ejerce sus derechos de rescisión o desistimiento.

Contenido de un crédito

La notificación de un crédito en un procedimiento de insolvencia debe contener:

1. El importe que se debe reconocer como crédito en el procedimiento;

2. Una descripción de los hechos en virtud de los cuales se admite el crédito y pruebas de ello, incluida la documentación presentada.

La notificación de un crédito en un procedimiento concursal también debe contener información sobre la cuenta bancaria donde debe efectuarse el pago del crédito. Si el acreedor interpuso una demanda o inició otro procedimiento antes de la apertura del procedimiento concursal, también se debe incluir información sobre el órgano jurisdiccional u otra autoridad competente que lleve este caso, así como su número de referencia.

La solicitud para verificar un crédito debe contener:

1. el importe del principal del crédito;

2. si un acreedor en un procedimiento de insolvencia trata de obtener intereses además del principal: el importe capitalizado de cualquier interés calculado para el periodo comprendido del vencimiento a la apertura del procedimiento de insolvencia; en el caso de los créditos preferentes del administrador: el importe capitalizado de los intereses estimado;

3. si un acreedor en un procedimiento de insolvencia desea percibir, además del principal, los gastos incurridos al ejecutar el crédito en el órgano jurisdiccional u otros procedimientos iniciados con anterioridad a la apertura del procedimiento de insolvencia: el importe de estos gastos;

4. si el acreedor desea determinar que el crédito es preferente: una petición expresa para que el crédito se considere preferente en el reparto;

5. si el acreedor desea determinar que el crédito es condicional: una descripción expresa de las circunstancias a las que se debe la realización de una condición diferida o resolutoria relativa al crédito.

En los procedimientos de insolvencia, un acreedor puede presentar varios créditos mediante una sola solicitud.

Procedimiento de verificación de los créditos

El procedimiento de verificación de los créditos consta de tres etapas:

1. Declaración del administrador sobre los créditos presentados:

El administrador realiza una declaración sobre el reconocimiento o la impugnación de los créditos mediante la elaboración de una lista básica de créditos verificados (osnovni seznam preizkušenih terjatev). En esta lista, el administrador indica si se reconoce o impugna cada uno de los créditos. El órgano jurisdiccional publica la lista en las páginas web para las publicaciones relativas a los procedimientos de insolvencia. Los acreedores pueden objetar cualquier error relacionado con los créditos notificados en la lista básica, en un plazo de quince días tras su publicación, mediante la presentación de una objeción a la lista básica (ugovor proti osnovnem seznamu). Si la objeción del acreedor se considera justificada, el administrador debe corregir la lista básica.

2. Declaración del acreedor sobre los créditos notificados de otros acreedores:

Todos los acreedores que hayan notificado su crédito en el procedimiento en el plazo establecido pueden objetar contra los créditos de otros acreedores, mediante la presentación de una objeción para la impugnación de un crédito (ugovor o prerekanju terjatve). En los procedimientos de convenio forzoso, el acreedor debe presentar una objeción para impugnar un crédito en un plazo de quince días, y en los procedimientos concursales, en el plazo de un mes tras la publicación de la lista básica de los créditos verificados. En los procedimientos concursales para personas y en los procedimientos de convenio forzoso, el deudor insolvente también puede presentar esta objeción como parte del procedimiento. El administrador incluye las declaraciones de los acreedores y del deudor con créditos impugnados en la lista adicional de créditos verificados (dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev). Los errores derivados de no haber tramitado una objeción presentada se reclaman como objeción contra la lista adicional.

3. Resolución del órgano jurisdiccional sobre la verificación de los créditos:

El órgano jurisdiccional se pronuncia sobre esta cuestión a través de una resolución sobre la verificación de los créditos (sklep o preizkus terjatev). Sobre la base de esta resolución, el administrador prepara una lista final de los créditos verificados (končni seznam preizkušenih terjatev) que el órgano jurisdiccional publica junto con la correspondiente resolución.

En dicha resolución, el órgano jurisdiccional adopta una decisión sobre las objeciones, sobre los créditos verificados e impugnados y sobre los créditos que probablemente se van a demostrar y sobre quién debe adoptar medidas en otros procedimientos (por ejemplo, demandas) a fin de determinar su crédito. El plazo para interponer una demanda es de un mes.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

La masa concursal corresponde a los bienes del concursado, que se liquida para cubrir los gastos del procedimiento y para pagar los créditos de los acreedores. La ley distingue entre la «masa concursal» y la «masa concursal especial». La masa concursal especial incluye bienes que son objeto de un derecho de separación o activos monetarios obtenidos mediante la liquidación de los bienes. Para todos los bienes que son objeto de un derecho de separación, es necesario determinar otra masa concursal y gestionar estos bienes de manera independiente respecto de los bienes que forman parte de la masa concursal general y los bienes que pertenecen a otra masa concursal especial.

La parte liquidada de una masa concursal es una masa distribuible cuya finalidad es pagar los créditos de los acreedores. La masa distribuible general son los activos monetarios generados al liquidar la masa concursal general, menos los gastos incurridos en el procedimiento concursal. La masa distribuible especial son los activos monetarios generados al liquidar la masa concursal especial, menos los gastos incurridos en la liquidación.

Con respecto al pago preferente en los procedimientos concursales, los créditos de los acreedores que sean anteriores a la apertura del procedimiento se clasifican del siguiente modo:

  • créditos garantizados, cuyo pago se garantiza a través de un derecho de separación que incluye el derecho al pago preferente del crédito con bienes específicos;
  • créditos no garantizados, de entre los cuales los créditos preferentes se pagan en primer lugar, a continuación los créditos ordinarios, seguidos de los créditos subordinados y, por último, los derechos de los accionistas.

Los créditos garantizados son aquellos cuyo pago se garantiza mediante un derecho de separación. Un derecho de separación es cualquier derecho que incluya el derecho al pago preferente del crédito con bienes específicos. El derecho de separación más habitual es el derecho de prenda. En los procedimientos concursales, los créditos garantizados se abonan como prioridad con dinero obtenido de la venta de los bienes sujetos al derecho de separación.

Los créditos no garantizados son aquellos que no están garantizados mediante un derecho de separación. Estos créditos están supeditados al reembolso de los créditos garantizados a efectos del pago con bienes sujetos al derecho de separación. Los pagos del resto de los bienes se abonan en el siguiente orden: 1) créditos preferentes, 2) créditos ordinarios y 3) otros créditos subordinados.

  • Los créditos preferentes son aquellos créditos (no garantizados) que, por ley, deben abonarse como prioridad antes de que se abonen los créditos ordinarios (no garantizados) (por ejemplo, los salarios y la indemnización sobre el sueldo de los últimos seis meses antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, la indemnización por despido de los trabajadores, las contribuciones pendientes de pago, etc.). Cuando se inicia un procedimiento concursal debido a que no ha prosperado el procedimiento de convenio forzoso, los créditos surgidos durante dicho procedimiento tienen absoluta prioridad y se abonan antes que los créditos preferentes.
  • Los créditos ordinarios son créditos no garantizados que no son ni preferentes ni subordinados.
  • Los créditos subordinados son créditos no garantizados que se abonan solo después de todos los créditos no garantizados frente al deudor, sobre la base de una relación jurídica entre el acreedor y el deudor si este se declara insolvente. En un convenio forzoso, los créditos subordinados se pueden convertir en una cuota de participación. Si no se transfieren como contribuciones en especie, los convenios forzosos confirmados pueden dar lugar a su conclusión.

Los derechos de los accionistas, acciones o participaciones no tienen las características (carácter jurídico) de un derecho obligatorio, y gracias a ellos los accionistas tienen derecho a una parte proporcional de la masa concursal restante.

Antes de que se realicen los pagos a los acreedores, el importe necesario para cubrir los gastos derivados del procedimiento concursal se resta de la masa concursal (masa distribuible). Se paga a los acreedores en el siguiente orden: los acreedores de separación, que tienen su crédito garantizado mediante un derecho de separación (por ejemplo, una hipoteca), son los primeros en recibir el pago con los bienes sujetos a seguridad (masa distribuible especial). Los acreedores de créditos sujetos a contratos u otros negocios jurídicos realizados por el concursado en el periodo comprendido desde la apertura del procedimiento de convenio forzoso hasta la apertura del procedimiento concursal, con arreglo a las normas en materia de restricción de la actividad empresarial en los procedimientos de convenio forzoso previstas por ley, cobrarán primero con la masa distribuible general. A continuación, cobrarán los acreedores con créditos preferentes (trabajadores) y, por último, el resto de los acreedores, aquellos con créditos ordinarios no garantizados y con créditos subordinados. Los bienes liquidados restantes se reparten entre los accionistas.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Procedimientos de convenio forzoso

Un convenio forzoso acordado por el voto de los acreedores también debe ser confirmado por un órgano jurisdiccional. En una resolución sobre la confirmación del convenio forzoso, el órgano jurisdiccional:

1. decide si confirmar o no el convenio forzoso;

2. determina el contenido del convenio confirmado que debe indicar:

- el porcentaje del pago de los créditos de los acreedores;

- los plazos relativos al pago de estos;

- el tipo de interés sobre los créditos de los acreedores en el periodo comprendido desde la apertura del procedimiento de convenio forzoso hasta el vencimiento del plazo del pago;

3. decide qué créditos se han verificado en el procedimiento de convenio forzoso;

4. ordena al deudor que pague los créditos de los acreedores, tal como se ha verificado en el procedimiento de convenio forzoso, en las debidas proporciones, dentro de los plazos y con los tipos de interés que se hayan establecido en el convenio forzoso confirmado.

En el procedimiento se aplica la norma de prioridad absoluta. La aplicación de la reestructuración financiera de la actividad empresarial del deudor en el procedimiento de convenio forzoso implica que:

  • los accionistas del deudor solo pueden conservar la parte del capital social del deudor correspondiente a los bienes restantes del deudor que recibirían si se iniciase un procedimiento concursal contra el deudor;
  • los acreedores deben tener condiciones más favorables para el pago de sus créditos que si se hubiese iniciado el procedimiento concursal contra el deudor, teniendo en cuenta el orden de prioridad y otras normas sobre el pago de créditos preferentes, ordinarios y subordinados y los créditos garantizados en el procedimiento concursal;
  • prosigan las operaciones de la actividad empresarial del deudor o la parte viable de esta.

El deudor realiza la reestructuración financiera pidiéndole a los acreedores que acepten la reducción de sus créditos ordinarios o el aplazamiento de sus pagos. El deudor debe ofrecer a todos los acreedores el mismo porcentaje de pago de los créditos ordinarios, el mismo plazo del pago y el mismo tipo de interés desde la apertura del procedimiento de convenio forzoso hasta el vencimiento del plazo de su pago. Si el deudor es una sociedad de capital, este debe pedir al acreedor que elija una de las dos siguientes opciones:

  • aceptar la reducción y el aplazamiento de la fecha de vencimiento de sus créditos ordinarios;
  • aceptar que los créditos se transfieran al deudor como contribución en especie sobre la base de un aumento del capital social del deudor (conversión de deuda en capital).

Los convenios forzosos no afectan a los créditos preferentes ni a los derechos de exclusión. Los créditos subordinados concluyen. En los convenios forzosos, los créditos garantizados solo se pueden reestructurar de manera voluntaria. En los procedimientos de convenio forzoso relativos a empresas grandes, medianas o pequeñas, los créditos garantizados se pueden reestructurar mediante el aplazamiento del vencimiento o la reducción del tipo de interés, en el sentido de que una decisión respaldada por una mayoría del 75 % también se aplica a los acreedores con derecho de separación que no votaron por el convenio forzoso. En estos procedimientos, es posible excluir la parte viable de la actividad empresarial del deudor para otra empresa (empresa semilla) como medida de reestructuración financiera. También está permitido reestructurar los derechos de separación en un derecho de separación conjunto (se requiere una mayoría del 85 %).

Procedimientos concursales contra una persona jurídica

La finalidad de los procedimientos concursales es liquidar la masa concursal y pagar a los acreedores. Por regla general, puede celebrarse un contrato para la venta de bienes del concursado mediante una subasta pública o una convocatoria de licitación vinculante. Se puede organizar una subasta pública aumentando o reduciendo el precio inicial. En los procedimientos concursales, la actividad empresarial u otra actividad de la empresa se puede mantener mediante la venta de la empresa en una subasta pública como unidad de negocio o mediante la venta de sus partes viables (venta de una empresa como negocio en marcha).

Antes de que se realicen los pagos a los acreedores, el importe necesario para pagar los gastos derivados del procedimiento concursal se resta de la masa concursal. Se paga a los acreedores en el siguiente orden: los acreedores de separación cuyos créditos estaban garantizados por un derecho de separación (por ejemplo, una hipoteca) son los primeros en recibir el pago con los bienes sujetos a seguridad; en segundo lugar, cobran los acreedores de créditos sujetos a contratos u otros negocios jurídicos realizados por el concursado en el periodo comprendido desde la apertura del procedimiento de convenio forzoso hasta la apertura del procedimiento concursal, con arreglo a las normas en materia de restricción de la actividad empresarial en los procedimientos de convenio forzoso previstas por ley; a continuación, cobran los acreedores con créditos preferentes (trabajadores) y, por último, el resto de los acreedores, aquellos con créditos ordinarios no garantizados y con créditos subordinados. Los bienes liquidados restantes se reparten entre los accionistas.

Procedimientos concursales para personas

Al igual que en los procedimientos concursales para entidades jurídicas, los procedimientos concursales para personas se llevan a cabo para efectuar el pago proporcional y simultáneo de los créditos de todos los acreedores. Por consiguiente, los acreedores reciben el pago con los bienes del deudor de forma proporcional y al mismo tiempo. La masa concursal incluye todos los bienes de la persona con sobreendeudamiento cuando se inicia el procedimiento concursal, a menos que se exima su aplicación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ejecución Civil y Seguridad (Zakon o izvršbi in zavarovanju). Dado que una persona física, a diferencia de una persona jurídica, no deja de existir cuando concluye el procedimiento concursal, no concluyen los créditos de los acreedores que no se saldaron durante el procedimiento. A diferencia de los créditos de los acreedores en los procedimientos concursales de una entidad jurídica, la ejecución de los créditos en los procedimientos concursales para personas no concluye cuando finaliza el procedimiento. Las resoluciones sobre el término de los procedimientos concursales para personas que incluyen una lista de los créditos reconocidos pendientes de pago constituyen un medio para que los acreedores pendientes de pago soliciten la ejecución de estos créditos.

Para eximirse de sus obligaciones, se brinda al concursado la oportunidad de presentar una petición antes de que se emita la resolución sobre el término de los procedimientos concursales para personas, en la que solicite la exención de las obligaciones contraídas con anterioridad a la apertura del procedimiento concursal para personas que no se abonarán de conformidad con dicho procedimiento. Si el concursado presenta una petición de exención de las obligaciones y si el procedimiento de exención de las obligaciones tras el periodo de verificación se resuelve satisfactoriamente en su favor, se eximiría la parte de sus obligaciones que de otro modo podrían ejecutarse con arreglo a una resolución sobre el término de los procedimientos concursales, por lo que cesaría el derecho de los acreedores de hacerla cumplir ante los órganos jurisdiccionales.

Incluso en el caso de que la exención de las obligaciones resulte favorable al deudor, la exención no afecta a los siguientes tipos de obligaciones del deudor:

1. derechos de prioridad de los trabajadores;

2. créditos contra el concursado basados en el mantenimiento legal, la compensación por los daños y perjuicios derivados de la reducción de las actividades básicas o la reducción o pérdida de capacidad para trabajar, y la compensación por la pérdida del mantenimiento debido al fallecimiento de la persona que lo realizaba;

3. créditos relativos a sanciones monetarias o la recuperación de la ventaja pecuniaria obtenida por un delito penal dictaminada en un procedimiento penal;

4. créditos sometidos a una suspensión condicional que depende de la recuperación de la ventaja pecuniaria obtenida por un delito penal o bien de la reparación del perjuicio causado por un delito penal;

5. créditos relativos a multas o la recuperación de la ventaja pecuniaria obtenida por un delito menor dictaminada en un procedimiento de delitos menores;

6. créditos relativos a la recuperación de bienes obtenidos ilegalmente;

7. créditos relativos a la reparación del perjuicio causado de forma deliberada o por negligencia grave.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Los procedimientos de convenio forzoso concluyen mediante una resolución final del órgano jurisdiccional por la que se confirma el convenio forzoso.

Todo acreedor cuyo crédito se vea afectado por la confirmación de un convenio forzoso puede pedir al órgano jurisdiccional que anule dicho convenio forzoso confirmado si el deudor insolvente puede pagar gran parte o la totalidad de los créditos ordinarios de estos acreedores. La demanda para determinar que un crédito es anulable se debe interponer dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para pagar el crédito, conforme a lo establecido en el convenio forzoso confirmado.

Todo acreedor que se vea afectado por la confirmación de un convenio forzoso puede pedir al órgano jurisdiccional que anule dicho convenio forzoso confirmado si se ha obtenido por medios fraudulentos.

La demanda para determinar un crédito anulable se debe interponer en el plazo de dos años después de que una resolución de confirmación del convenio forzoso sea definitiva.

El órgano jurisdiccional que emitió la resolución de confirmación del convenio forzoso es competente para pronunciarse sobre la demanda.

En una resolución por la que un órgano jurisdiccional anula el convenio forzoso confirmado, el órgano jurisdiccional puede ordenar al deudor que pague cualquier parte de los créditos afectados por el convenio forzoso confirmado, en el plazo que estipule el órgano jurisdiccional, cuya duración no puede ser superior a un año después de que la resolución sea definitiva.

Conclusión de los procedimientos concursales contra una persona jurídica

Los procedimientos concursales contra una persona jurídica concluyen mediante una resolución sobre el término de los procedimientos concursales. El órgano jurisdiccional emite una resolución basada en el informe final del administrador, que se elabora después de que el administrador haya realizado todos los actos previstos por la ley y sobre la base del dictamen de la junta de acreedores. El administrador debe presentar el informe final ante el órgano jurisdiccional en el plazo de un mes una vez realizado el reparto final.

Si se encuentran bienes del concursado después de que un órgano jurisdiccional haya emitido una resolución sobre el término del procedimiento concursal, se debe iniciar de nuevo el procedimiento contra el deudor respecto a los bienes hallados con posterioridad, a petición de un acreedor con derecho a ejecutar actos procedimentales en el procedimiento concursal contra el deudor y cuyo derecho a participar no había cesado antes de que finalizase el procedimiento, o bien a petición de un accionista del concursado.

Conclusión de los procedimientos concursales contra personas

Los procedimientos concursales contra personas concluyen mediante una resolución sobre el término del procedimiento concursal.

Si se concede la exención de las obligaciones a un deudor contra el que se ha iniciado un procedimiento concursal para personas, todos los acreedores afectados por dicha resolución final sobre la exención de las obligaciones pueden pedir al órgano jurisdiccional que anule dicha exención objeto de la resolución, en caso de que el deudor haya obtenido dicha resolución de exención de las obligaciones ocultando o presentando de forma engañosa información sobre sus bienes o a través de otra manera fraudulenta. Se debe interponer una demanda en el plazo de tres años después de que la resolución de exención de las obligaciones sea definitiva (artículo 411 de la ZFPPIPP). Los acreedores que —después de que la resolución de exención de las obligaciones sea definitiva— encuentren bienes del deudor que este poseía antes de que se concediese dicha exención (y que ocultase) también pueden solicitar la anulación de la exención de las obligaciones mediante la apertura de un procedimiento concursal respecto a estos bienes. En tal caso, la demanda de anulación de la exención de las obligaciones no tiene que presentarse en el plazo de tres años.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Los acreedores deben asumir sus propios gastos derivados de participar en el procedimiento de insolvencia.

En los procedimientos de convenio forzoso iniciados a petición del deudor, los gastos del procedimiento y cualquier otro gasto en que se incurra corren a cargo del deudor.

En los procedimientos de convenio forzoso contra empresas grandes, medianas o pequeñas iniciados a petición de los acreedores, los gastos iniciales del procedimiento corren a cargo del peticionario del procedimiento. En estos procedimientos, el peticionario también asume los gastos de los honorarios del administrador. El deudor contra quien se ha iniciado el procedimiento asume los gastos generados por los siguientes pagos correspondientes a:

- contratos celebrados con el asesoramiento de expertos jurídicos y financieros sobre los servicios jurídicos y financieros necesarios para elaborar el informe relativo a las operaciones y la situación financiera del deudor, y debe presentarse el plan de reestructuración financiera y otros documentos como parte de la propuesta de convenio forzoso;

- contratos donde un experto realice la auditoría del informe sobre las operaciones y la situación financiera del deudor;

- contratos donde un tasador autorizado revise el plan de reestructuración financiera.

En los procedimientos concursales, los gastos del procedimiento y los gastos incurridos durante el procedimiento se cargan a la masa concursal antes de que se paguen los créditos con la masa distribuible. Si un acreedor presenta una petición para iniciar un procedimiento concursal, este debe dejar una fianza para cubrir los gastos iniciales del procedimiento, y conservará el derecho a recuperar este anticipo de conformidad con las normas sobre el pago de los gastos de los procedimientos concursales.

En los procedimientos de reestructuración preventiva, el deudor debe volver a pagar su parte proporcional de los gastos de los acreedores que participaban en el procedimiento que, con arreglo a la práctica empresarial generalmente establecida, suelen correr a cargo del deudor. En el acuerdo de reestructuración financiera, el deudor y los acreedores acuerdan la recuperación de dichos gastos.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Condiciones de la anulabilidad

Los acreedores y el administrador concursal tienen derecho a impugnar un acto jurídico del deudor. Se interpone una demanda o una impugnación contra la persona en cuyo favor se ha ejecutado el acto anulable.

Se puede impugnar cualquier acto jurídico (incluidas las omisiones) que da lugar al pago desigual o reducido de los acreedores concursales o a la colocación de un determinado acreedor en una posición más favorable (otorgando ventaja a los acreedores, lo que se conoce como elemento objetivo de la anulabilidad). Al impugnar, el solicitante debe probar que la parte en cuyo favor se ha ejecutado el acto anulable conocía, o debía haber conocido, la mala situación financiera del deudor (elemento subjetivo de la anulabilidad). La ley prevé presunciones legales cuando considera que se satisface esta condición y en aquellos casos en los que no es posible impugnar actos jurídicos. La ley también establece en detalle el contenido de la solicitud y el método para solicitar la anulabilidad.

Periodo en que se pueden ejecutar los actos anulables

En los procedimientos concursales, los actos jurídicos que se pueden impugnar son aquellos ejecutados en el periodo comprendido entre el último año anterior a la presentación de una petición de apertura del procedimiento concursal y la apertura de dicho procedimiento. Se puede impugnar un acto jurídico pendiente de pago (o actos jurídicos con un valor equivalente desproporcionadamente bajo) si se ha ejecutado en el periodo que comienza 36 meses antes de la presentación de una solicitud de apertura del procedimiento concursal y que finaliza tras la apertura de dicho procedimiento. Se debe interponer una demanda de anulabilidad en un plazo de doce meses después de que una resolución sobre la apertura del procedimiento concursal sea definitiva.

Actos que no pueden impugnarse

No es posible impugnar actos jurídicos ejecutados por el concursado durante el procedimiento de convenio forzoso, con arreglo a las normas jurídicas aplicables a la realización de la actividad empresarial del deudor en el procedimiento; los actos jurídicos ejecutados por el concursado para pagar los créditos de los acreedores en las debidas proporciones, dentro de los plazos y con los tipos de interés que se hayan establecido en un convenio forzoso confirmado; y los pagos de las letras de cambio o cheques en caso de que la otra parte debiese recibir un pago para que el concursado no perdiese su derecho de recuperación respecto de otra persona sujeta a la letra de cambio o cheque.

Tampoco se pueden impugnar los actos jurídicos ejecutados por el deudor para pagar los créditos de los acreedores o para hacer frente a otras obligaciones de conformidad con un acuerdo confirmado sobre la reestructuración financiera.

Características especiales del procedimiento concursal para personas

En los procedimientos concursales para personas, el periodo de anulabilidad relativo a los actos jurídicos pendientes de pago y a los actos jurídicos ejecutados por el concursado en favor de una persona estrechamente relacionada es de cinco años. Esta norma incluye los contratos con personas físicas estrechamente relacionadas, así como personas jurídicas que están relacionadas con el concursado o son personas físicas estrechamente relacionadas. Se trata de personas jurídicas con quienes el concursado o bien personas estrechamente asociadas a este poseen de forma individual o conjunta al menos una participación del 25 % del capital suscrito o tienen una participación del 25 % de los derechos de voto, o el derecho de nombrar y reconocer personas autorizadas para representar a la persona jurídica, o bien se trata de personas que están autorizadas para representar a la persona jurídica o en favor de las empresas asociadas con ellas.

Última actualización: 23/05/2018

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Insolvencia - Finlandia

La insolvencia implica algo distinto a una incapacidad temporal de pagar las deudas a su debido tiempo. En este caso, procedimiento de insolvencia se refiere a un procedimiento que se aplica simultáneamente a todas las deudas del deudor.

En Finlandia hay tres tipos de procedimientos de insolvencia: el concurso, la reestructuración de empresas y la reestructuración de deudas de particulares. Los concursos están regulados por las disposiciones de la Ley concursal (Konkurssilaki 120/2004), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. La Ley sobre reestructuración de empresas (Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) y la Ley sobre reestructuración de la deuda de particulares (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993) entraron en vigor el 8 de febrero de 1993.

El concurso es un procedimiento de liquidación de los activos de un deudor y reparto del producto de la liquidación entre los acreedores. La reestructuración de empresas y la reestructuración de la deuda de particulares son procedimientos de rehabilitación para restaurar la solidez financiera y permitir a los deudores superar sus dificultades financieras.

El deudor puede también alcanzar un acuerdo con sus acreedores sobre el pago de sus deudas y llegar a otros acuerdos fuera de los procedimientos de insolvencia oficiales. No hay disposiciones legales que regulen los acuerdos que se adoptan de forma voluntaria.

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Concurso

El concurso es de aplicación general, por lo que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser declaradas en concurso. Una persona jurídica puede declararse en concurso incluso si ha sido eliminada del registro correspondiente o disuelta. La masa hereditaria también puede ser declarada en concurso.

Reestructuración de la empresa

Cualquier empresa que realice una actividad económica puede ser objeto de un procedimiento de reestructuración, como también puede serlo un comerciante privado. Sin embargo, determinadas empresas, tales como las aseguradoras y las entidades de crédito sujetas a un control y a una regulación especiales, quedan excluidas de este procedimiento.

Reestructuración de deudas

Solo las personas físicas pueden beneficiarse de una reestructuración de la deuda. A las personas físicas que realicen negocios privados mediante una sociedad colectiva o sean socios colectivos de una sociedad comanditaria, se les puede conceder una restructuración de deudas bajo ciertas condiciones.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

La condición general para la apertura de los tres tipos de procedimientos de insolvencia es que el deudor sea insolvente. La insolvencia implica algo distinto a una incapacidad temporal de pagar las deudas a su vencimiento. Los procedimientos de reestructuración también se pueden iniciar cuando el deudor está en riesgo de insolvencia.

Concurso

La solicitud de declaración de concurso puede ser presentada por el deudor o por un acreedor. La condición general para una declaración de concurso es la insolvencia del deudor. La Ley concursal prevé varios supuestos que ayudan a determinar si existe insolvencia; se considera que un deudor es insolvente si se cumplen esos supuestos, salvo prueba en contrario.

Se considerará que un deudor es insolvente si:

1. el deudor declara que es insolvente y no existen motivos específicos para oponerse a su declaración;

2. el deudor he cesado los pagos;

3. se ha determinado en un procedimiento de ejecución durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de concurso que el deudor no podrá hacer frente a la totalidad de sus deudas; o

4. un deudor que tiene o ha tenido la obligación de llevar una contabilidad de su actividad durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de concurso, no ha pagado al acreedor el crédito establecido, en el plazo de una semana a partir de la recepción del requerimiento de pago.

Un acreedor puede presentar una solicitud de declaración de concurso si el crédito reclamado se basa en una sentencia u otro título ejecutorio, en un compromiso firmado por el deudor que no ha sido impugnado por el mismo con justificación obvia, o cuya exigibilidad no presenta dudas por cualquier otro motivo. El crédito reivindicado no debe haber vencido ya. Existen restricciones para las solicitudes de concurso basándose en que el crédito sea insignificante o en los casos en que el acreedor cuente con una garantía para el crédito.

El órgano jurisdiccional nombra a un administrador judicial y garantiza que se publique sin demora una notificación del inicio del concurso en el Boletín Oficial de Finlandia. El anuncio puede también publicarse en cualquier periódico. El administrador judicial deberá informar a los acreedores del inicio del procedimiento. Este inicio se inscribe asimismo, entre otros, en el Registro de Concursos y Reorganizaciones, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Registro de Buques, Registro de Buques en Construcción, Registro de Aeronaves, Registro de Hipotecas Comerciales, Registro de Datos de Vehículos y Conductores y en el Registro de Anotaciones en Cuenta.

Reestructuración de la empresa

Tanto el deudor como un acreedor pueden solicitar la apertura del procedimiento de reestructuración, aunque casi siempre suelen hacerlo los deudores.

Un procedimiento de reestructuración puede iniciarse cuando el deudor es insolvente y no existe ningún obstáculo legal para hacerlo. Un obstáculo sería, por ejemplo, cuando la insolvencia no puede resolverse mediante un programa de reestructuración o cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir los costes del procedimiento. Los procedimientos de reestructuración también se pueden iniciar cuando el deudor está en riesgo de insolvencia inminente. Los procedimientos de reestructuración en base a una insolvencia inminente podrán iniciarse a petición de un acreedor solo si el crédito se refiere a un interés financiero considerable. Además, podrán iniciar el procedimiento de reestructuración dos o más acreedores cuyas reclamaciones representen en total al menos una quinta parte de los créditos conocidos del deudor. Podrán presentar una petición conjunta con el deudor o bien declarar su apoyo a la petición del deudor.

El órgano jurisdiccional publicará un anuncio de la decisión de iniciar el procedimiento de reestructuración en el Boletín Oficial de Finlandia. Compete al administrador judicial comunicar el inicio del procedimiento a los acreedores. El inicio del procedimiento de insolvencia se notifica también a determinadas autoridades y se inscribe, entre otros sitios, en el Registro de Concursos y Reorganizaciones, Registro Mercantil y Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Las consecuencias legales de la iniciación del procedimiento de reestructuración entrarán automáticamente en vigor a partir de la fecha de la sentencia de apertura del procedimiento. Después de la presentación de la petición, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, a instancia del peticionario o del deudor, una prohibición del pago de las deudas y la provisión de garantía de las deudas, una prohibición de cobro de las deudas, una prohibición de embargo u otras medidas de ejecución que surtan efecto antes del inicio del procedimiento.

Reestructuración de deudas

Los casos de reestructuración de deudas se inician a petición del deudor. La iniciación del procedimiento de reestructuración de deudas requiere que el deudor sea insolvente y no pueda mejorar de manera razonable su capacidad de pago para poder cumplir sus deudas. La razón principal de la insolvencia debe ser una disminución esencial de la capacidad del deudor para pagar debido a un cambio en las circunstancias, principalmente por causas ajenas al deudor como, por ejemplo, enfermedad. Por otra parte, la reestructuración de deudas también puede concederse si está justificado en vista de la proporción entre las deudas y otros pasivos del deudor y su capacidad para pagarlos. Al evaluar la capacidad de pago del deudor, se tienen en cuenta, por ejemplo, los activos, los ingresos y el potencial de ingresos del deudor.

No debe haber ningún impedimento legal para los procedimientos de reestructuración de deudas (por ejemplo, una deuda contraída a través de un delito o una deuda contraída de forma imprudente e irresponsable). Sin embargo, la reestructuración de la deuda puede concederse sin perjuicio de un impedimento general si existe una buena razón para hacerlo. En tales casos, se prestará especial atención a las medidas adoptadas por el deudor para reembolsar sus deudas, a la fecha de vencimiento de los importes reclamados y a otras circunstancias del deudor, así como a la importancia de la reestructuración de las deudas, tanto desde el punto de vista del deudor como del de los acreedores.

Las consecuencias legales de la iniciación del procedimiento de reestructuración entrarán automáticamente en vigor a partir de la fecha de la resolución de apertura del procedimiento. Después de la presentación de la petición, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, a instancia del deudor, una prohibición temporal del pago de las deudas y la provisión de garantía de las deudas, o el cobro de deudas, o el embargo y otras medidas de ejecución que surtan efecto antes del inicio del procedimiento.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Concurso

Los activos que el deudor tiene al inicio del concurso y los activos que el deudor adquiere antes de su conclusión serán activos de la masa concursal. El producto de los activos de la masa concursal, así como los activos que pueden recuperarse a la masa concursal y los activos que se adquieren como sustitución de la masa concursal, formarán asimismo parte de la masa concursal.

Por regla general, los activos no embargables no serán activos de la masa concursal. Además, los activos adquiridos o los ingresos obtenidos por una persona física después del inicio del concurso no serán activos de su masa concursal.

Reestructuración de la empresa

En el procedimiento de reestructuración, se prepara un programa de reestructuración para el deudor. El programa contendrá, por ejemplo, un balance de la situación financiera del deudor, es decir, de los activos, pasivos y otras obligaciones del deudor. El programa de reestructuración se preparará tomando como base la totalidad de los activos del deudor en el momento del procedimiento. La recuperación también es posible: una transacción que podría haberse revertido si se hubiera presentado una solicitud de concurso en lugar de una solicitud de reestructuración, puede revertirse en los procedimientos de reestructuración por los mismos motivos aplicables en el caso del concurso.

Aunque en circunstancias excepcionales es posible modificar el programa de reestructuración después de su aprobación, esta modificación ya no puede aumentar los importes de los pagos que deben hacerse a cada acreedor. Sin embargo, los activos transferidos al deudor después de la aprobación del programa de reestructuración de la empresa pueden dar lugar a que los acreedores pidan pagos adicionales al deudor. Se puede ordenar al deudor que haga pagos suplementarios, si se considera que el estado de sus finanzas es mejor en comparación con el momento en que el programa fue preparado. Se puede presentar una demanda de pagos suplementarios si hay motivos para exigir tales pagos, y la demanda se presentará ante el órgano jurisdiccional a más tardar un año después de la presentación ante este del informe final.

Reestructuración de deudas

Al evaluar la capacidad de pago del deudor, se deben tener en cuenta, por ejemplo, los fondos de la liquidación de los activos del deudor, sus ingresos y su potencial de ingresos, así como sus gastos de subsistencia y obligaciones de alimentos. En la liquidación de deudas, el deudor deberá confirmar un calendario de pagos correspondiente a su capacidad de pago. En la reestructuración de deudas, todos los ingresos del deudor que excedan sus gastos de subsistencia y obligación de alimentos, serán utilizados para cubrir las deudas, así como otros activos del deudor que no cubran necesidades básicas del deudor. Los activos considerados como necesidades básicas del deudor incluyen la vivienda donde reside el deudor, el mobiliario de la misma en la medida de lo razonable, y los efectos personales e instrumentos de trabajo del deudor en la medida en que sean razonablemente necesarios. Los activos que sean considerados necesidades básicas del deudor solo podrán liquidarse en los casos previstos por la ley.

Además, el calendario de pagos puede obligar al deudor a hacer pagos suplementarios si recibe ingresos o activos adicionales durante ese periodo. El deudor está obligado a remitir a los acreedores una determinada proporción de los regalos y otros pagos extraordinarios recibidos durante el periodo del calendario de pagos. Cuando los ingresos del deudor excedan los ingresos establecidos en el calendario de pagos, se puede ordenar al deudor que pague a los acreedores una determinada proporción de los ingresos adicionales.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Concurso

La declaración de concurso la dicta un órgano jurisdiccional. Corresponde asimismo al órgano jurisdiccional designar un administrador judicial. Se designa como administrador judicial, si acepta el nombramiento, a una persona que reúna los requisitos de competencia, aptitud y experiencia necesarios y se considere idónea para desempeñar dicha función. El administrador judicial no deberá tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor, su imparcialidad hacia los acreedores o su capacidad para el correcto desempeño de la tarea. No se puede designar como administrador judicial a una persona jurídica.

El administrador judicial tiene un papel crucial en la administración de una masa en concurso. Entre otras cosas, las funciones del administrador judicial incluyen la representación de la masa concursal, gestionar y elaborar el inventario de la masa concursal, elaborar el balance del deudor, recibir la presentación de créditos y elaborar la lista de desembolsos. El administrador judicial se ocupa también de la gestión y venta de los bienes pertenecientes a la masa y del desembolso de fondos.

Al empezar el concurso, el deudor pierde el poder de disposición sobre los bienes de la masa concursal. El deudor deberá cooperar para que el procedimiento concursal pueda concluir y revelar la información necesaria al administrador judicial para que este pueda elaborar el inventario de la masa y dar fe del mismo. El deudor tendrá derecho a recibir información sobre la masa, a asistir a las sesiones de la junta de acreedores y a expresar su opinión sobre los asuntos que se sometan a decisión.

Reestructuración de la empresa

Al inicio del procedimiento de reestructuración de una empresa, el órgano jurisdiccional designará un administrador judicial. Este deberá ser una persona mayor de edad, de reconocida honestidad, que no esté en concurso y que tenga plena capacidad procesal. Esta persona deberá reunir los requisitos de capacidad, aptitud y experiencia necesarios para el puesto. El administrador judicial no deberá tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con el deudor o su imparcialidad hacia los acreedores. No se puede designar como administrador judicial a una persona jurídica.

El administrador judicial es responsable de llevar a cabo el procedimiento y de proteger los intereses de los acreedores, elabora un informe de los activos y pasivos del deudor y una propuesta de programa de reestructuración y también supervisa las actividades del deudor.

El órgano jurisdiccional puede designar un comité de acreedores para representar a los acreedores y ayudar, con carácter consultivo, al administrador judicial en el desempeño de sus funciones. No se designará un comité si se considera innecesario a causa del reducido número de acreedores o por alguna otra razón.

El deudor conservará el poder de disposición sobre sus bienes y actividades, salvo que la ley establezca lo contrario. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, el deudor no podrá, sin el consentimiento del administrador judicial, por ejemplo, contraer una nueva deuda, a menos que la deuda esté relacionada con las actividades regulares del deudor y que su importe y condiciones no sean inusuales. A petición del administrador judicial o de un acreedor, el poder de disposición del deudor podría también verse restringido de otras formas, si hubiera un riesgo de que el deudor actuara de forma tal que pudiera dañar o comprometer los intereses del acreedor. El deudor debe colaborar y facilitar información al órgano jurisdiccional, al administrador judicial y al comité de acreedores. El deudor estará facultado para seguir ejerciendo su derecho de acción en los procedimientos judiciales pendientes o venideros, a menos que el administrador judicial decida asumir el ejercicio de este derecho del deudor.

Reestructuración de deudas

El órgano jurisdiccional podrá designar a un administrador judicial para la reestructuración de la deuda cuando sea necesario para aclarar la situación financiera del deudor, para la liquidación de sus activos o de algún otro modo en relación con la reestructuración de la deuda. Se designa como administrador judicial, si acepta el nombramiento, a una persona mayor de edad, de reconocida integridad, que no esté en concurso y que no esté sujeta a restricciones de competencia. El administrador judicial debe tener la capacidad, las aptitudes y la experiencia requeridas para el desempeño de sus funciones. No deberá tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor o su imparcialidad hacia los acreedores. No se puede designar como administrador judicial a una persona jurídica.

La función del administrador judicial, en su caso, consiste en elaborar la propuesta de calendario de pagos y desempeñar las demás funciones que le imponga el órgano jurisdiccional. Al elaborar la propuesta de calendario de pagos, el administrador judicial deberá negociar con el deudor y los acreedores y proporcionarles la información necesaria sobre la reestructuración de la deuda, así como reservarles la oportunidad de presentar una opinión motivada sobre la petición y la propuesta de calendario de pagos. También se podrá asignar al administrador judicial la liquidación de los bienes del deudor y el traspaso de los fondos de liquidación a los acreedores. Si no se nombra a un administrador judicial, el deudor será responsable de elaborar una propuesta de calendario de pagos. Corresponde a un órgano jurisdiccional iniciar el procedimiento de reestructuración de deudas de un particular. El órgano jurisdiccional también es responsable de confirmar el calendario de pagos.

El deudor conservará el título y el derecho de posesión de sus bienes. Sin embargo, todos los activos del deudor que no se consideren necesidades básicas de este se utilizarán para cubrir las deudas. El deudor está obligado a proporcionar al órgano jurisdiccional, a los acreedores y, si lo hubiere, al administrador judicial, toda la información necesaria sobre cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda. El deudor también contribuirá a la adecuada ejecución de la reestructuración de la deuda.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Concurso

Salvo en determinadas excepciones, el acreedor tiene derecho a utilizar su crédito del pasivo en concurso para compensar una deuda con el deudor al inicio del proceso concursal, incluso si la deuda contraída con el deudor o el crédito aún no han vencido. El derecho de compensación no se aplica a un crédito que no de derecho al acreedor a un desembolso de la masa concursal, ni a ningún crédito de menor antigüedad que otros. El acreedor tiene el deber de proporcionar información sobre los créditos que se utilizarán para compensar.

Reestructuración de la empresa

A pesar de existir una prohibición de ejecución, el acreedor tendrá derecho a compensar un crédito contraído con el deudor al inicio del procedimiento bajo las mismas condiciones que en el procedimiento concursal. La compensación se notificará también al administrador judicial. El derecho de compensación no se aplica a una entidad de crédito que quiera compensar la cantidad que reclama con fondos que el deudor tiene depositados en la entidad a partir de que la prohibición de cobro entre en vigor, o con fondos que estén en ese momento en la entidad de crédito en vías de ser transferidos a la cuenta del deudor, si la cuenta puede ser utilizada para realizar pagos.

Reestructuración de deudas

Después del inicio de la reestructuración de la deuda, no se aplicará al deudor ninguna medida para cobrar una deuda sujeta al aplazamiento de pago o para asegurar su pago. La suspensión temporal de cobro también incluye la compensación entre los activos exigibles del deudor y las deudas al acreedor. Sin embargo, este aplazamiento no se aplica a la compensación de impuestos.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Por regla general, los contratos que no afecten a activos exigibles sujetos al procedimiento de insolvencia seguirán siendo válidos e inalterados en todos los tipos de procedimientos de insolvencia.

Concurso

Si, al inicio del concurso, el deudor no ha ejecutado un contrato del que era parte, la otra parte contratante deberá solicitar una declaración que establezca si la masa concursal está comprometida por el contrato. Si el administrador judicial declara que la masa está comprometida por el contrato y fija una garantía aceptable para la ejecución del contrato, el contrato no puede rescindirse. Sin embargo, la otra parte contratante podrá rescindir el contrato si este es de carácter personal, o hay otra razón especial por la cual no pueda exigirse a la otra parte que permanezca vinculada al contrato.

Además, puede anularse una transacción individual en virtud del motivo de recuperación al que hace referencia la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991).

Reestructuración de la empresa

El inicio del procedimiento de reestructuración no tendrá efecto sobre las obligaciones existentes del deudor, a menos que la ley establezca lo contrario. Un contrato de arrendamiento o un contrato de arrendamiento financiero en el que el deudor es el arrendatario, puede ser terminado por el deudor dos meses después de la notificación de terminación. Una persona que antes del inicio del procedimiento se haya comprometido con el deudor en la ejecución de un contrato pero que no haya completado dicha ejecución en el momento del inicio del procedimiento, tendrá derecho a una contraprestación por su ejecución, si la ejecución pudiera ser considerada parte regular de las actividades del deudor. Si la cuestión se refiere a otro tipo de contrato celebrado antes del inicio del procedimiento y si en el momento del inicio del procedimiento el deudor no ha cumplido con su obligación de pago, el administrador judicial podrá, a petición de la otra parte, determinar si el deudor debe o no mantener su parte del contrato. Si la respuesta es negativa o si no se da en un plazo razonable, la otra parte tiene derecho a anular el contrato. Un contrato conforme al cual el deudor deba realizar un pago vinculado con una deuda de reestructuración será considerado nulo, salvo que la obligación de realizar el pago se base en el programa de reestructuración aprobado.

Un empleador sujeto a un procedimiento de reestructuración tendrá derecho, bajo determinadas condiciones, a rescindir un contrato de trabajo independientemente de su duración con un preaviso de dos meses.

Una transacción que podría haber sido revertida si se hubiera presentado una solicitud de concurso en lugar de una solicitud de reestructuración, podrá ser revertida en los procedimientos de reestructuración por los mismos motivos previstos en la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso.

Reestructuración de deudas

El deudor renunciará a los activos que no satisfagan sus necesidades básicas y que hayan sido obtenidos sobre la base de un sistema de pago parcial o de compra a plazos. El deudor tiene derecho a rescindir un contrato de arrendamiento en el que el deudor es el inquilino, o a rescindir cualquier tipo de contrato de consumo o de compra a plazos, a partir de dos meses después de la notificación de terminación. Una persona que antes del inicio del procedimiento se haya comprometido con el deudor en la ejecución de un contrato pero que no haya completado dicha ejecución en el momento del inicio del procedimiento tendrá derecho a una contraprestación por su ejecución si la ejecución pudiera ser considerada parte regular de las actividades del deudor. Será nulo un contrato por el cual el deudor sea responsable sobre la base o en relación con la reestructuración de la deuda, a menos que la responsabilidad haya sido establecida en el calendario de pagos o por ley.

Una transacción que podría haber sido revertida si se hubiera presentado una solicitud de concurso en lugar de una solicitud de reestructuración de deudas podrá ser revertida en los procedimientos de reestructuración de deudas por los mismos motivos previstos en la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Concurso

Tras el inicio del concurso, no se interpondrá acción alguna contra la masa concursal con el fin de obtener un motivo de ejecución en relación con un crédito del pasivo en concurso, ni se llevará a cabo ninguna medida de ejecución sobre los activos de la masa concursal para el cobro de un crédito del pasivo en concurso. Sin embargo, un acreedor protegido por activos de garantía puede interponer una acción para cobrar el crédito del activo de garantía.

Reestructuración de la empresa

Por regla general, tras el inicio de un procedimiento de reestructuración, el deudor está sujeto a una prohibición de pago y los acreedores están sujetos a una prohibición de cobro de deudas; es decir, no se aplicará ninguna medida al deudor para cobrar una deuda de reestructuración o para garantizar su pago. En determinados casos, un acreedor garantizado puede solicitar al órgano jurisdiccional que le conceda permiso para utilizar la garantía con el fin de obtener el pago. Esto es posible, por ejemplo, si es evidente que, habida cuenta de los acuerdos de reestructuración, no es necesario conservar en poder del deudor la propiedad que sirve como garantía. Por regla general, tras el inicio del procedimiento, no se aplicarán contra el deudor medidas cautelares basadas en decisiones oficiales.

Reestructuración de deudas

Al igual que en los procedimientos de reestructuración de la empresa, en los procedimientos de reestructuración de la deuda el acreedor está sujeto a una suspensión temporal de cobro de la deuda. Cuando una deuda se encuentre en situación de aplazamiento de pago, no se aplicará ninguna medida para cobrar una deuda sujeta a pago o para asegurar su pago. No se aplicará al deudor ninguna medida para cobrar una deuda sujeta a pago o para asegurar su pago. Tampoco se aplicarán al deudor sanciones por demora. Sin embargo, en determinados casos, un acreedor garantizado puede solicitar que el órgano jurisdiccional le conceda permiso para utilizar la garantía con el fin de obtener el pago. Esto es posible, por ejemplo, si los activos que sirven como activos de garantía no se consideran necesidades básicas del deudor o si el deudor no necesita los activos para llevar a cabo su trabajo.

El acreedor puede interponer una acción o iniciar otros procedimientos para conservar su derecho de ejecución o para obtener un título para su ejecución. Por regla general, a pesar de las disposiciones sobre prohibiciones relacionadas con el inicio de la reestructuración de deudas, el acreedor también puede solicitar una orden de medidas cautelares y la ejecución de dicha orden.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Concurso

Al inicio del concurso, el deudor pierde su poder de disposición sobre los activos de la masa concursal en beneficio del administrador. Por consiguiente, el administrador judicial estará capacitado para adoptar la condición de parte en los asuntos relativos a los activos pertenecientes a la masa concursal: se reservará al administrador judicial la posibilidad de reanudar los procedimientos judiciales pendientes entre el deudor y terceros en relación con los activos de la masa concursal. Si el administrador judicial no aprovecha esta oportunidad, el deudor puede reanudar el procedimiento. Del mismo modo, se reservará al administrador judicial la oportunidad de reanudar los procedimientos judiciales contra el deudor relativos a créditos del pasivo en concurso. Si el administrador declina responder a la acción y el deudor no está dispuesto a reanudar el procedimiento, el demandante puede solicitar que se resuelva el caso.

Reestructuración de la empresa

El deudor estará facultado para seguir ejerciendo su derecho de acción en los procedimientos judiciales pendientes o en otros procedimientos pertinentes en los cuales sea parte, a menos que el administrador judicial decida asumir el derecho de acción del deudor. La misma disposición se aplica a los procedimientos judiciales u otros procedimientos que queden pendientes tras el inicio del procedimiento de reestructuración.

El administrador judicial tiene derecho a presentar instancias e iniciar procedimientos judiciales u otros procedimientos pertinentes por cuenta del deudor, así como a ejercer el derecho de acción del deudor en dichos procedimientos. Además, el administrador judicial puede aceptar notificaciones en nombre del deudor.

Reestructuración de deudas

El inicio de la reestructuración de deudas no afectará a los procedimientos judiciales pendientes ni al derecho de acción del deudor en los procedimientos.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Concurso

El acreedor puede presentar una solicitud de declaración de concurso.

Los acreedores ejercen pleno poder de disposición sobre un patrimonio en concurso. El poder de disposición sobre la masa concursal será ejercido por los acreedores en la medida en que la cuestión no sea establecida por ley o decidida por el administrador judicial. Además, los acreedores pueden conservar su poder con respecto a asuntos de la administración de la masa en curso, o asignar parte de su poder al administrador judicial. El derecho a ejercer este poder por parte de los acreedores pertenecerá a aquellos acreedores que tengan un crédito en concurso contra el deudor y que hayan presentado su crédito. El poder de disposición de los acreedores en concurso empezará cuando inicie el concurso y cesará cuando este termine.

El órgano decisorio más importante es la junta de acreedores, pero también se pueden aplicar otros procedimientos de toma de decisiones. Los acreedores pueden establecer también un comité de acreedores para actuar como órgano de negociación y de enlace entre el administrador judicial y los acreedores. El peso del voto de los acreedores se determinará sobre la base de su crédito actual en el concurso. La decisión de la junta de acreedores será determinada por la opinión de aquellos acreedores cuyo peso de voto conjunto sea superior a la mitad del peso de voto total de los participantes en la votación. En los procedimientos alternativos de toma de decisiones, los votos se contarán sobre la base del peso de voto de los acreedores que expresen una opinión.

Reestructuración de la empresa

El acreedor puede solicitar un procedimiento de reestructuración.

Puede designarse un comité de acreedores que actúe como representante del conjunto de los acreedores. El comité representará a todos los grupos de acreedores y sus funciones serán ayudar al administrador judicial en el desempeño de sus funciones y supervisar las actividades del administrador judicial en nombre de los acreedores. El comité tomará sus decisiones por mayoría simple.

Al preparar la propuesta de programa de reestructuración, el administrador judicial negociará con el comité de acreedores y, si fuera necesario, con los acreedores individuales. Además, los acreedores o grupos de acreedores cuyos créditos excedan el límite establecido por la ley tendrán derecho a defender una propuesta de programa de reestructuración. Una vez elaborada la propuesta de programa de reestructuración, se remitirá a los acreedores para su aprobación. En caso de que no haya obstáculos para la aprobación del programa, el programa podrá ser aprobado con la aceptación de todos los acreedores, la aceptación por mayoría en todos los grupos de acreedores y, en determinadas circunstancias, incluso sin la aceptación por mayoría en todos grupos de acreedores.

Reestructuración de deudas

El acreedor no puede solicitar la reestructuración de la deuda de un particular. Sin embargo, por regla general, antes de solicitar la reestructuración de la deuda, el deudor determinará si existe la posibilidad de negociar un acuerdo con los acreedores. De conformidad con las prácticas establecidas de crédito y cobro de deudas, el acreedor cooperará para llegar a un acuerdo.

Los acreedores tendrán la oportunidad de presentar una declaración motivada sobre la petición de reestructuración de la deuda y sobre la propuesta de calendario de pagos. Cuando sea necesario, los acreedores deberán proporcionar detalles de su crédito por escrito. Un calendario de pagos aprobado puede ser modificado a petición del acreedor, o puede ser extinguido por determinados motivos.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Concurso

Los activos del concurso se gestionarán con el debido cuidado y conveniencia. Una de las funciones del administrador judicial es velar por la venta de los activos de la masa. El administrador judicial liquidará los bienes de la masa de la manera más ventajosa, de modo que el resultado de la venta sea lo mejor posible. Solo podrán venderse los activos de garantía pertenecientes a la masa si el acreedor protegido por el activo de garantía consiente a ello o si el órgano jurisdiccional concede el permiso correspondiente. Los activos pertenecientes a la masa no podrán ser transferidos al administrador judicial, ni a sus asistentes, ni a las personas relacionadas con el administrador judicial o con uno de sus asistentes.

Reestructuración de la empresa y reestructuración de deudas

Los derechos del administrador judicial se limitan al derecho de acceso a la información necesaria para cumplir sus obligaciones como administrador judicial. El deudor conservará el título y el derecho de posesión de sus bienes y el administrador judicial no tendrá derecho a utilizar o transferir activos del deudor. Sin embargo, en los procedimientos de reestructuración de deudas, se podrá ordenar al administrador judicial que liquide los activos y que lleve a cabo medidas y acuerdos relacionados, así como que transfiera los fondos resultantes a los destinatarios.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Concurso

Un crédito dentro del pasivo de un concurso es una deuda contraída por el deudor y con una base jurídica anterior al inicio del concurso. Además, los créditos garantizados por activos de garantía y los créditos cuya base o importe sean condicionales, discutidos o poco claros por otros motivos, cuentan todos como créditos en concurso. En una relación de deuda continua, la parte de la deuda del periodo anterior al inicio del concurso se considerará crédito en concurso.

Los créditos surgidos después del inicio del concurso se consideran gastos administrativos, es decir, deuda de la masa concursal que se paga en su totalidad con los activos de la masa.

Reestructuración de la empresa

Las deudas que surjan después de la presentación de la solicitud se pagarán a su vencimiento. Lo mismo se aplica a las tasas, cargos y otros gastos sobre la base de una relación contractual continua o de un contrato de uso o posesión continuo, en la medida en que se refieran al periodo posterior a la presentación de la solicitud.

Reestructuración de deudas

La reestructuración de la deuda cubre todas las deudas del deudor existentes antes del inicio de la reestructuración. Esto incluye los pasivos de garantía y las deudas que sean condicionales, contenciosas o indefinidas en cuanto a su importe o base, así como los intereses sobre dichas deudas acumulados entre el inicio de la reestructuración de la deuda y la confirmación del calendario de pagos y los gastos de cobro y de ejecución de estas, cuando el deudor dé la orden de pagarlas.

Las deudas no afectadas por la reestructuración de la deuda serán reembolsadas a su vencimiento.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Concurso

Para tener derecho a un desembolso, el acreedor deberá presentar el crédito por escrito (carta de presentación) ante el administrador judicial no más tarde de la fecha de presentación indicada. La carta de presentación indicará, por ejemplo, el importe del capital del crédito, los intereses devengados y la base del crédito y de los intereses. La presentación también podrá ser revisada o complementada después de la fecha de presentación. También puede presentarse un crédito de manera retrospectiva si el acreedor paga al administrador judicial un cargo adicional, a menos que hubiera un motivo válido para no presentar el crédito en la fecha indicada. El administrador judicial puede tener en cuenta un determinado crédito en la propuesta de lista de desembolsos sin haber recibido su presentación, en caso de que no se discutan la base o el importe del crédito.

El administrador judicial confirmará la legitimidad de los créditos presentados y su posible orden de prioridad. Los créditos que confieran derecho de desembolso se indicarán en la propuesta de lista de desembolsos. El administrador judicial, un acreedor o el deudor pueden impugnar un crédito incluido en la propuesta de lista de desembolsos. La discusión de un crédito debe detallar los motivos de la controversia. Cuando se haya impugnado el crédito de un acreedor, el administrador judicial reservará al acreedor la oportunidad de ser oído al respecto y de presentar pruebas en apoyo de su crédito. Un crédito que no haya sido impugnado en su momento se considerará aceptado.

Después de esto, el administrador judicial establecerá una lista de desembolsos tomando en cuenta las controversias y las declaraciones y presentará la lista para su certificación por parte del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional oirá las controversias y otros desacuerdos. Si una controversia no puede resolverse en la audiencia, esta se resolverá por separado en un procedimiento civil. Por último, el órgano jurisdiccional certificará la lista de desembolsos.

Reestructuración de la empresa

El deudor adjuntará un informe sobre los acreedores, las deudas y sus activos de garantía, en el momento de solicitar el inicio del procedimiento de reestructuración. Cuando el órgano jurisdiccional emita la orden sobre el inicio del procedimiento de reestructuración, fijará la fecha límite para que los acreedores presenten sus créditos por escrito al administrador judicial, en caso de diferir de los declarados por el deudor.

Cuando el proyecto de programa de reestructuración se haya entregado al órgano jurisdiccional, este reservará a las partes en cuestión la oportunidad de presentar por escrito al administrador judicial sus objeciones a los créditos mencionados en la propuesta, presentar por escrito una opinión motivada sobre la propuesta dentro de un periodo determinado, o ser oídas por el órgano jurisdiccional. Tanto el administrador judicial como el deudor pueden presentar objeciones en nombre del deudor. Si es posible, se decidirá sobre las objeciones y sobre la propuesta de forma conjunta. De lo contrario, el asunto de las objeciones podrá ser resuelto en un procedimiento judicial separado. Una vez que el órgano jurisdiccional haya tomado una decisión sobre la reestructuración de deudas poco claras, la persona que ha preparado la propuesta tendrá la oportunidad de rectificar, revisar o completar la propuesta. Después de esto, los acreedores votarán la propuesta de programa de reestructuración.

Por regla general, la deuda que no haya sido declarada por el deudor o por el acreedor y que no haya sido notificada al administrador judicial de ningún otro modo antes de la aprobación del programa de reestructuración, expirará con la aprobación del programa de reestructuración.

Reestructuración de deudas

Al emitir la orden de inicio de la reestructuración de la deuda, el órgano jurisdiccional enviará copias de la orden judicial, la petición y la propuesta de calendario de pagos del deudor a los acreedores. El órgano jurisdiccional fijará también un plazo para las notificaciones escritas de los acreedores sobre el importe de las deudas susceptibles de reestructuración, si estos difieren de las declarados por el deudor, así como un plazo para la presentación escrita de las opiniones motivadas de los acreedores sobre la petición y la propuesta de calendario de pagos del deudor y posibles objeciones a las deudas incluidas en el propuesta.

Las objeciones se tratarán en relación con el procedimiento de reestructuración de la deuda y se establecerán en el calendario de pagos, si fuera posible, sin causar un retraso sustancial en la reestructuración de la deuda. De lo contrario, el órgano jurisdiccional dictaminará que el asunto se resuelva en una acción separada o por medio de otros procedimientos. Seguidamente, el calendario de pagos puede ser confirmado, siempre que se conceda al deudor la reestructuración de la deuda.

El calendario de pagos puede ser modificado a petición del deudor o de un acreedor si se tiene conocimiento de una deuda susceptible de reestructuración después de la confirmación del calendario. Si aparece una deuda susceptible de reestructuración después de que finalice el calendario de pagos, el deudor pagará la deuda según el importe que habría sido asignado al acreedor si la deuda hubiera sido incluida en el calendario de pagos.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Por regla general, en todos los tipos de procedimientos de insolvencia, a todos los créditos se les da la misma consideración, es decir, cada acreedor tiene el mismo derecho a recibir un pago de los fondos desembolsados en proporción a su crédito. Las excepciones a esta regla se refieren a las disposiciones sobre créditos preferentes y créditos de menor prioridad.

Concurso

En un concurso, los desembolsos a los acreedores se pagarán de acuerdo con la lista de desembolsos certificada. Las disposiciones relativas a la prioridad de los créditos en los casos en que los activos del deudor sean insuficientes para cubrir todos los créditos, se establecen en la Ley relativa a la prioridad de cobro de los créditos (Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992).

Los créditos garantizados por un activo de garantía o el derecho de retención son créditos con prioridad, así como los créditos que surgen en relación con la reestructuración de una empresa, la pensión alimenticia pagadera a un menor y las hipotecas comerciales. Los créditos que están subordinados a otros créditos y su orden de preferencia se especifican mediante disposiciones separadas. Tales créditos incluyen, por ejemplo, los intereses y sanciones por demora en relación con un crédito sin prioridad acumulados hasta el inicio del concurso, así como otros cargos basados en el derecho público como pagos de multas y sanciones.

Reestructuración de la empresa

Los acreedores que, fuera del procedimiento de reestructuración de la deuda, tendrían el mismo derecho de pago de sus créditos, tendrán condiciones equivalentes dentro de las disposiciones del programa de reestructuración. No obstante, en el programa de reestructuración se puede determinar que los acreedores con créditos menores reciban el pago íntegro.

Las medidas aplicables a las deudas garantizadas son limitadas, ya que el capital de una deuda garantizada no puede reducirse. Las condiciones de la deuda no afectarán a la existencia o el contenido del derecho de garantía real de un acreedor. En las disposiciones de la deuda, los intereses y otros costes de crédito devengados durante el procedimiento de reestructuración por deudas que no sean deudas garantizadas se considerarán de menor prioridad.

Reestructuración de deudas

Los fondos disponibles del deudor y los fondos procedentes de la liquidación de sus activos se repartirán entre las deudas ordinarias en proporción a su importe. Pueden aplicarse a las deudas ordinarias todas las medidas de reestructuración disponibles, pero no es posible anular la obligación de pago relativa a las deudas garantizadas. Las condiciones de la deuda no afectarán a la existencia o el contenido del derecho de garantía real de un acreedor. Se utilizará el mecanismo menos perjudicial para el acreedor que al mismo tiempo permita remediar la situación financiera del deudor. Se asignará menor prioridad al pago, a partir de los fondos disponibles y los fondos de liquidación del deudor, a las deudas que tendrían consideración de subordinadas en caso de que el deudor fuese declarado en concurso y de los intereses devengados entre el inicio de la reestructuración de la deuda y la confirmación del calendario de pagos.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Concurso

El procedimiento concursal ante el órgano jurisdiccional termina con el establecimiento de la lista de asignación. El concurso termina una vez que los acreedores han aprobado la liquidación definitiva de las cuentas. El administrador judicial establecerá una liquidación definitiva de las cuentas una vez que la masa concursal haya sido contabilizada y los activos pertenecientes a la masa hayan sido liquidados. Es posible establecer la liquidación definitiva de las cuentas incluso si la masa está parcialmente sin contabilizar debido a que no se han vendido los activos de garantía u otros activos de poco valor, o porque un crédito en concurso o una parte insignificante de los créditos no está clara.

La celebración de un convenio puede concluir el procedimiento concursal si este convenio está respaldado por el deudor y por la mayoría de los acreedores. Con la certificación de un convenio cesará el nombramiento del administrador judicial y se extinguirá el poder de disposición de los acreedores en concurso.

El órgano jurisdiccional dictará una orden de extinción del concurso si los fondos de la masa concursal son insuficientes para los costes del procedimiento concursal o si no fuera conveniente continuar con el concurso por cualquier otro motivo. Sin embargo, no se dictará ninguna orden judicial de extinción del concurso si el concurso continúa bajo tutela judicial. Las razones para continuar con el proceso bajo tutela judicial pueden incluir, por ejemplo, la necesidad de que el deudor sea sometido a inspección. La tutela judicial termina con la liquidación definitiva de las cuentas.

Se puede ordenar revertir el concurso por una razón válida dentro de los ocho días posteriores a la declaración de concurso.

La responsabilidad de las deudas continuará también después del concurso. El deudor no será eximido de la responsabilidad por las deudas del concurso que no se hayan pagado en su totalidad durante este.

Reestructuración de la empresa

El procedimiento judicial de reestructuración finaliza con la aprobación del programa de reestructuración. La aprobación del programa devolverá al deudor su libertad de acción y cesará los efectos jurídicos relacionados con la apertura del procedimiento, tales como la prohibición de pagos y cobro de deudas. Tras la aprobación del programa de reestructuración, los términos de las deudas de reestructuración se regirán por el programa de reestructuración y, por regla general, quedarán extinguidas las deudas de reestructuración desconocidas.

A petición del supervisor o de un acreedor, el órgano jurisdiccional puede ordenar la extinción del programa de reestructuración si el deudor ha violado el programa y esta violación no es banal. El programa de reestructuración también se extinguirá si el deudor se declara en concurso antes de la conclusión del programa. El órgano jurisdiccional también puede ordenar la extinción de un acuerdo sobre una deuda del programa de reestructuración si, por ejemplo, el deudor ha descuidado sus obligaciones con el acreedor en virtud del programa. Tras la extinción, el acreedor tendrá los mismos derechos que tenía antes de la aprobación del programa de reestructuración.

Al finalizar el programa de reestructuración, el supervisor o, en su defecto, el deudor, presentará un informe final sobre la aplicación del programa.

Reestructuración de deudas

El procedimiento judicial de reestructuración de deudas termina una vez que el órgano jurisdiccional confirma el calendario de pagos. Una vez confirmado el calendario de pagos, los términos de reestructuración de las deudas se regirán por el calendario de pagos. Las obligaciones establecidas en el calendario de pagos serán vinculantes para el deudor hasta que haya cumplido todas las obligaciones especificadas. Independientemente de la terminación del calendario de pagos, las obligaciones del deudor especificadas en el mismo permanecerán en vigor hasta que se hayan cumplido. El deudor no será eximido del pago de las deudas restantes hasta que haya cumplido todas las obligaciones establecidas en el calendario de pagos.

El calendario de pagos quedará anulado si el deudor se declara en concurso antes de la conclusión del calendario. A petición del deudor o de un acreedor, el órgano jurisdiccional puede ordenar la anulación del calendario de pagos si el deudor ha descuidado sus obligaciones según lo especificado por la ley. Tras la extinción, el acreedor tendrá los mismos derechos que tenía antes de la reestructuración de la deuda.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Concurso

La responsabilidad por las deudas también continuará vigente después del concurso: el deudor seguirá siendo responsable de las deudas en concurso que no se hayan pagado en su totalidad durante el mismo.

Reestructuración de la empresa

Los acreedores tienen derecho a recibir el pago de los créditos detallados en el programa de reestructuración, y la reestructuración no terminará hasta que se hayan cumplido las obligaciones del programa. Así pues, después de la conclusión del programa, los acreedores ya no tendrán derecho a recibir pagos.

Reestructuración de deudas

Los términos de reestructuración de las deudas se regirán por el calendario de pagos. Se determinará la duración del calendario de pagos. Independientemente de la terminación del calendario de pagos, las obligaciones del deudor especificadas en el mismo continuarán vigentes hasta que se hayan cumplido. Después de la conclusión del calendario de pagos, los acreedores ya no tendrán derecho a recibir pagos.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Concurso

Los costes del procedimiento concursal consistirán en las tasas judiciales del procedimiento, los honorarios del administrador judicial y demás costes derivados del control y administración de la masa.

Los costes del procedimiento concursal se cubrirán con los fondos de la masa concursal. Si los fondos de la masa concursal son insuficientes para sufragar los costes, un acreedor puede asumir la responsabilidad de los costes para evitar la extinción del concurso.

El órgano jurisdiccional también puede decidir que el concurso continúe bajo tutela judicial, si lo considera justificado debido, por ejemplo, a que la masa concursal no dispone de medios suficientes. En tal caso, cesará el nombramiento del administrador judicial y el poder de disposición de los acreedores en concurso. Los costes de los procedimientos concursales llevados a cabo bajo tutela judicial se pagarán con fondos estatales en la medida en que los fondos de la masa concursal sean insuficientes.

Reestructuración de la empresa

Los costes del procedimiento, tales como los honorarios del administrador judicial, se deben pagar con los activos del deudor. También puede asumir la responsabilidad por los costes otra parte, ya que uno de los obstáculos para la reestructuración es la posibilidad de que los activos del deudor sean insuficientes para cubrir los costes del procedimiento.

El pago de los costes del comité de acreedores será responsabilidad de los acreedores. Toda persona que desee ejercer el derecho a presentar una propuesta de programa de reestructuración será responsable de los costes de preparación de dicha propuesta.

Reestructuración de deudas

Los costes del procedimiento consistirán en un importe razonable por los servicios del administrador judicial y el pago de los gastos incurridos por el mismo. Por regla general, el deudor cubrirá los honorarios y los gastos del administrador judicial, en un importe que no exceda el de los fondos disponibles del deudor, durante los cuatro meses siguientes a la confirmación del calendario de pagos o del calendario de pagos modificado. La parte de los honorarios y de los gastos no cubiertos por el deudor se pagará con fondos estatales. Si se rechaza la petición de reestructuración de la deuda, la totalidad de los honorarios y de los gastos serán pagados con fondos estatales.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Las disposiciones relativas a la recuperación se aplican a todo tipo de procedimientos de insolvencia.

Los activos transferidos antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia que reúnan las condiciones establecidas por la ley pueden ser reintegrados mediante la interposición de una acción para su recuperación, una acción relativa a un título o una acción por daños y perjuicios. En todos los tipos de procedimientos de insolvencia se aplicarán a la recuperación las disposiciones de la Ley relativa a la reintegración en la masa del concurso (Ley 758/1991). Deben existir motivos para la recuperación.

Las condiciones para la existencia de un motivo de recuperación y, por tanto, para revertir la transacción, son las siguientes:

- La transacción se ha utilizado para favorecer de manera inadecuada a un acreedor a expensas de los demás acreedores, para transferir activos fuera del alcance de los acreedores o aumenta el importe total de la deuda en detrimento de los acreedores;

- El deudor era insolvente en el momento de la transacción, o la transacción contribuyó a que el deudor se volviera insolvente; si la transacción es una donación, otra condición es que el deudor estuviera sobreendeudado o se hubiera sobreendeudado debido a la transacción;

- La otra parte en la transacción tenía o debería haber tenido conocimiento de que el deudor era insolvente/estaba sobreendeudado o de los efectos de la transacción en la situación financiera del deudor, así como de otros factores que hacían que la transacción fuera inadecuada.

Si la otra parte de la transacción era familiar cercano del deudor, se considerará que la persona en cuestión tenía conocimiento de los factores antes mencionados, a menos que pueda demostrar que actuó de buena fe. Si una transacción se concluyó más de cinco años antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, solo podrá revertirse si un familiar cercano del deudor fue parte en la transacción.

Los reembolsos de deudas efectuados más de tres meses antes de la fecha de solicitud del procedimiento de insolvencia se revertirán si el reembolso se efectuó utilizando medios de pago inusuales, si se hizo prematuramente o si el importe reembolsado se considera importante teniendo en cuenta los fondos de la masa. Sin embargo, los reembolsos no se revertirán si se consideran ordinarios, teniendo en cuenta las circunstancias. Los pagos cobrados mediante embargo también podrán ser revertidos, siempre que el embargo se haya realizado más de tres meses antes del plazo límite. El plazo límite aplicado es más largo en caso de intervenir familiares cercanos del deudor. El pago se revertirá incluso si el acreedor ha actuado de buena fe.

También existen disposiciones separadas que rigen la reversión, por ejemplo, de donaciones, división de bienes, compensaciones y activos de garantía.

Última actualización: 10/09/2019

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Insolvencia - Suecia

INTRODUCCIÓN

En Suecia, el Reglamento sobre insolvencia (insolvensforördning) prevé el concurso, la reorganización de negocios y la reestructuración de deudas. Algunos aspectos de las normas suecas relativas a estos procedimientos de conformidad con el artículo 86, apartado 1, del Reglamento sobre insolvencia revisado se exponen brevemente a continuación. La descripción no pretende ser exhaustiva.

CONCURSO

Generalidades

El concurso (konkurs) es una forma de ejecución general de créditos en la que todos los acreedores de un deudor toman los activos totales de este, de manera conjunta y forzosa, para liquidar sus respectivos créditos. Durante el concurso, los activos constituyen un patrimonio concursal (konkursbo) que se administra en beneficio de los acreedores. El patrimonio lo gestionan uno o varios administradores concursales (konkursförvaltare). Su única tarea es gestionar dicho patrimonio. El examen de la solicitud de concurso, la decisión de declaración de concurso y la gestión del mismo tienen lugar en el marco de un procedimiento concursal ante el tribunal del distrito (tingsrätt). Durante un procedimiento concursal, el tribunal resuelve varios asuntos: determina cómo se distribuirá el patrimonio, por ejemplo, o si las deudas deben probarse. En el tribunal se realizan otros pasos, como la prestación de un juramento en el que el deudor jura el inventario de los activos. El administrador es supervisado por la Autoridad de Ejecución (Kronofogdemyndigheten).

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Generalidades

Un comerciante que esté atravesando dificultades de pago puede ser autorizado, mediante una decisión judicial, a someterse a un procedimiento especial para reorganizar su negocio (företagsrekonstruktion). El tribunal designa a un agente de reorganización de negocios (rekonstruktör) para determinar si algunas o todas las operaciones del deudor pueden proseguir y, de ser así, de qué modo, y si se dan las condiciones adecuadas para que el deudor llegue a un acuerdo financiero (uppgörelse) o convenio (ackord) con los acreedores. En el desempeño de sus obligaciones, el agente de reorganización de negocios debe actuar de tal forma que se garantice que no se descuidan los intereses de los acreedores. La decisión de reorganizar un negocio no limita formalmente el control del deudor sobre su propiedad.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Generalidades

La reestructuración de deudas (skuldsanering) libera al deudor, total o parcialmente, de su obligación de pago de las deudas incluidas en la operación de reestructuración. Desde noviembre de 2016, existen dos tipos de reestructuración de deudas en Suecia: la reestructuración de deudas (skuldsanering) de conformidad con la Ley de reestructuración de deudas (skuldsaneringslagen), y la reestructuración de deudas empresariales (F-skuldsanering) de conformidad con la Ley de reestructuración de deudas empresariales (skuldsaneringslagen för företagare). Ambos tipos se explican a continuación.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

Los procedimientos concursales pueden iniciarse en relación con personas físicas o jurídicas (incluidas las personas físicas que no desempeñan actividades comerciales).

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Los procedimientos de reorganización de negocios pueden iniciarse en relación con personas físicas o jurídicas, siempre que la persona en cuestión sea un comerciante. Algunas personas jurídicas quedan excluidas de la Ley, como los bancos, las empresas del mercado crediticio, las aseguradoras y las empresas de negociación de valores.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

La reestructuración de deudas puede concederse a personas físicas [incluidas aquellas que desempeñan actividades comerciales privadas (enskild näringsverksamhet)].

Las solicitudes de reestructuración de deudas son gestionadas por la Autoridad de Ejecución en primera instancia.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

La reestructuración de deudas empresariales puede concederse a las siguientes personas físicas:

1. comerciantes que hayan desempeñado una actividad comercial, si la carga de la deuda procede mayoritariamente de dicha actividad;

2. comerciantes que desempeñen una actividad comercial, si las deudas procedentes de dicha actividad pueden liquidarse correctamente, o si la incapacidad de liquidar esas deudas solo es temporal; o

3. miembros de la familia de un empresario, si la carga de la deuda del miembro de la familia de que se trate procede mayoritariamente de la actividad comercial del empresario.

Por «miembro de la familia» (närstående) se entiende un cónyuge, conviviente, progenitor, hermano, hijo o hijo del cónyuge o conviviente.

Las solicitudes de reestructuración de deudas empresariales son gestionadas por la Autoridad de Ejecución en primera instancia.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

Para iniciar un procedimiento concursal el deudor debe haber incurrido en un impago. «Impago» (obestånd, insolvens) significa que el deudor no puede satisfacer debidamente el pago de sus deudas, y que dicha incapacidad de pago no es solo temporal. La declaración de un deudor por la que se declara insolvente será aceptada salvo si existen motivos específicos que lo desaconsejen. Existen también determinadas presunciones en relación con la prueba de impago. Por ejemplo, el deudor debe ser considerado insolvente, salvo que se demuestre lo contrario, si se han emprendido los procedimientos de ejecución conformes al capítulo 4 del Código de Ejecución (utsökningsbalken), y han permitido determinar que, en los seis meses previos a la solicitud de concurso, el deudor no disponía de suficientes activos para satisfacer el pago íntegro del crédito objeto de ejecución. Se aplica lo mismo si el deudor ha declarado la suspensión de pagos.

La solicitud de concurso puede ser presentada por el deudor o un acreedor.

Si existen motivos razonables para aprobar la solicitud de concurso, y hay razones para creer que el deudor pueda escamotear parte de la propiedad, el tribunal puede ordenar el secuestro (kvarstad) de la propiedad del deudor a la espera de la evaluación de la solicitud. El tribunal también está facultado para imponer una prohibición de viaje.

El tribunal del distrito debe publicar la decisión en la que se declara el concurso de forma inmediata. Aunque la decisión cobra efecto inmediatamente, por lo que el deudor perderá el control de su propiedad tan pronto como se anuncie, se prevé cierta protección para las expectativas legítimas de terceros. Véase también la información que se facilita en el apartado «¿Qué facultades tienen el deudor y el administrador judicial, respectivamente?».

Toda decisión de declaración de un concurso o de desestimación de la solicitud correspondiente que adopte un tribunal de distrito es impugnable ante el tribunal superior.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

La solicitud de reorganización del negocio puede ser presentada por el deudor o un acreedor. Una decisión en la que se autorice la reorganización del negocio solo puede tomarse si se acepta que el deudor no puede satisfacer sus deudas vencidas o que pronto no podrá satisfacerlas. Solo podrá tomarse una decisión de este tipo cuando existan motivos razonables para suponer que se logrará el objetivo de la reorganización del negocio. Una solicitud presentada por un acreedor únicamente podrá ser aprobada con el consentimiento del deudor.

Si la solicitud de un deudor se considera admisible, el tribunal debe evaluarla de inmediato, excepto cuando dicha solicitud haya sido presentada después de la solicitud de un acreedor y el tribunal haya decidido que debe celebrarse una vista para examinarla. Si la solicitud de un acreedor se considera admisible, el tribunal debe fijar una fecha para una vista con el fin de examinarla. La vista se celebrará en las dos semanas posteriores a la presentación de la solicitud ante el tribunal. Podrá celebrarse más tarde si existen motivos especiales para ello, pero en ningún caso en un plazo superior a seis semanas.

Si se aprueba la solicitud, el tribunal debe designar a un agente de reorganización de negocios al mismo tiempo. Podrán ser designados varios agentes de reorganización de negocios si existen motivos especiales para ello. En el plazo de una semana tras la decisión de autorización de la reorganización del negocio, el agente responsable debe notificársela a todos los acreedores conocidos. Las decisiones de reorganización de negocios son aplicables de inmediato, salvo que el tribunal determine lo contrario.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Un deudor puede presentar una solicitud de reestructuración de deudas. Si la solicitud no se desestima por ser inadmisible o estar infundada, debe tomarse la decisión de iniciar la reestructuración de deudas lo antes posible. Una solicitud podrá ser desestimada por estar infundada, por ejemplo, si se desprende de ella o de algún otro informe disponible que no se cumplen las condiciones para la reestructuración de deudas.

Se podrá permitir una reestructuración de deudas si:

1. el deudor es una persona física cuyos intereses principales se encuentran en Suecia;

2. el deudor no puede pagar debidamente sus deudas y se acepta que, en vista de todas las circunstancias del caso, esta incapacidad de pago persistirá en un futuro próximo (el deudor debe ser considerado insolvente); y

3. es razonable hacerlo en vista de las circunstancias personales y financieras del deudor.

Se aplicarán las limitaciones siguientes:

1. no se podrá autorizar una reestructuración de deudas si el deudor está sujeto a una orden por la que se le inhabilita para desempeñar una actividad económica (näringsförbud);

2. si el deudor es un comerciante, se podrá permitir la reestructuración de deudas solo si las circunstancias financieras del negocio pueden investigarse fácilmente; y

3. si el deudor ha sido autorizado previamente a efectuar una reestructuración de deudas, podrá autorizarse una nueva reestructuración de deudas solo si existen motivos especiales para hacerlo.

Si se toma la decisión de iniciar un proceso de reestructuración de deudas, debe publicarse inmediatamente una notificación a tal efecto en el boletín oficial, Post- och Inrikes Tidningar. También debe remitirse una notificación a los acreedores conocidos en el plazo de una semana después de la publicación. Estas notificaciones deben invitar a los acreedores inter alia a presentar sus créditos contra el deudor, normalmente por escrito en el plazo de un mes después de la fecha de publicación, con indicación de los detalles de los mismos y cualquier otra información pertinente para la evaluación del caso, y los datos de la cuenta en la que deberán efectuarse los pagos durante el proceso de reestructuración de deudas.

Podrá interponerse un recurso contra una decisión de incoación del proceso de reestructuración de deudas en el plazo de tres semanas después de la fecha de la decisión.

Después de la decisión de incoación, no podrán embargarse propiedades (utmätning) para ejecutar créditos originados antes de dicha decisión, hasta que la cuestión de la reestructuración de deudas haya sido resuelta por una decisión firme. No obstante, esto no se aplica a los créditos que no abarque la reestructuración. Tampoco es aplicable si, en caso de recurso, un tribunal decide, a petición de un acreedor, que el embargo debe autorizarse.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Un deudor puede presentar una solicitud de reestructuración de deudas empresariales. Si la solicitud no se desestima por ser inadmisible o estar infundada, debe tomarse la decisión de iniciar la reestructuración de deudas empresariales lo antes posible. Una solicitud podrá desestimarse por estar infundada, por ejemplo, si de ella o de algún otro informe disponible se desprende que no se cumplen las condiciones para la reestructuración de deudas empresariales.

Se podrá permitir una reestructuración de deudas empresariales si:

1. los intereses principales del deudor se encuentran en Suecia;

2. el deudor no puede pagar debidamente sus deudas y se acepta que, en vista de todas las circunstancias del caso, esta incapacidad de pago persistirá en un futuro próximo (el deudor debe ser considerado insolvente); y

3. es razonable hacerlo en vista de las circunstancias personales y financieras del deudor.

Se aplicarán las limitaciones siguientes:

1. no se podrá autorizar una reestructuración de deudas empresariales si el deudor está sujeto a una orden por la que se le inhabilita para desempeñar una actividad económica;

2. la reestructuración de deudas empresariales no podrá autorizarse si el deudor es un comerciante que desempeña o ha desempeñado su actividad económica de forma irresponsable;

3. la reestructuración de deudas empresariales no podrá autorizarse si el deudor tiene un margen trimestral de pago de menos de una séptima parte del importe base del precio (prisbasbeloppet) establecido en los apartados 6 y 7 del capítulo 2 del Código de la Seguridad Social (socialförsäkringsbalken) (aproximadamente 6 300 SEK en 2016); y

4. si el deudor ha sido autorizado previamente a efectuar una reestructuración de deudas, podrá autorizarse una nueva reestructuración de deudas solo si existen motivos especiales para hacerlo.

Si se toma la decisión de iniciar un proceso de reestructuración de deudas empresariales, debe publicarse inmediatamente una notificación a tal efecto en el boletín oficial, Post- och Inrikes Tidningar. También debe remitirse una notificación a los acreedores conocidos en el plazo de una semana después de la publicación. Estas notificaciones deben invitar a los acreedores inter alia a presentar sus créditos frente al deudor, normalmente por escrito y en el plazo de un mes desde la fecha de publicación, con indicación de los detalles de los mismos y cualquier otra información pertinente para la evaluación del caso, y los datos de la cuenta en la que deberán efectuarse los pagos durante el proceso de reestructuración de deudas empresariales.

Podrá interponerse un recurso contra una decisión de incoación del proceso de reestructuración de deudas empresariales en el plazo de tres semanas después de la fecha de la decisión.

Después de la decisión de incoación del proceso, no podrán embargarse propiedades para ejecutar créditos originados antes de dicha decisión, hasta que la cuestión de la reestructuración de deudas empresariales haya sido resuelta por una decisión firme. No obstante, esto no se aplica a los créditos que no abarque la reestructuración. Tampoco es aplicable si, en caso de recurso, un tribunal decide, a petición de un acreedor, que el embargo debe autorizarse.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

Excepto que se establezca lo contrario en normas de exención especiales para los actos jurídicos realizados por el deudor o cualquier otra parte inmediatamente después de la decisión de incoación del concurso, el patrimonio concursal incluye todas las propiedades pertenecientes al deudor cuando se publicó la decisión concursal o que acumule el deudor durante el proceso concursal y que puedan utilizarse para la ejecución de los créditos. También se incluye cualquier propiedad que pueda añadirse al patrimonio concursal mediante la reintegración de créditos. En el caso de las personas físicas, existen normas especiales que se aplican a los salarios y a otras propiedades que el deudor necesite para su subsistencia. El deudor puede retener parte de tales propiedades.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

El agente de reorganización de negocios debe notificar la decisión de reorganización del negocio a todos los acreedores conocidos en el plazo de una semana tras la decisión. Con la notificación debe adjuntarse, en particular, un inventario preliminar de los activos y los pasivos del deudor. Así pues, todos los activos están cubiertos por el proceso. No obstante, cabe destacar que la reorganización de negocios puede concluir con un convenio público con los acreedores, si bien no es obligatorio.

Los créditos basados en un acuerdo suscrito por el deudor durante un proceso de reorganización de negocios con el consentimiento del agente de reorganización de negocios tienen un carácter preferente general (allmän förmånsrätt). Un ejemplo de acuerdo de este tipo puede ser un acuerdo relativo a la financiación del negocio que se formalice con el consentimiento del agente de reorganización de negocios durante el proceso de reorganización.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Una decisión por la que se aprueba la reestructuración de deudas debe establecer un plan de pagos. El plan de pagos tendrá una duración de cinco años, excepto que haya motivos de peso para fijar una duración menor. El plan de pagos se inicia en la fecha de la decisión por la que se aprueba la reestructuración. Sin embargo, el deudor empieza a realizar pagos desde la fecha de la decisión de incoación del proceso, y el período durante el cual se ha aplicado dicha decisión debe deducirse, por lo general, de la duración del plan de pagos.

El importe que debe abonar el deudor está determinado de modo que la reestructuración de deudas se aplica a todos los activos e ingresos del deudor, después de la deducción de lo que deba retenerse para su subsistencia y la de su familia. También puede realizarse una reserva para el pago de los créditos que no abarque la reestructuración de deudas.

Si las circunstancias financieras del deudor mejoran considerablemente después de la decisión de reestructuración de deudas, y ello se debe a circunstancias imprevistas, tanto él como los acreedores pueden solicitar que se reevalúe la decisión.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

En caso de reestructuración de deudas empresariales debe establecerse un plan de pagos. El plan de pagos tiene una duración de tres años. El plan de pagos se inicia en la fecha de la decisión por la que se aprueba la reestructuración. Sin embargo, el deudor empieza a realizar pagos desde la fecha de la decisión de incoación del proceso, y el período durante el cual se ha aplicado dicha decisión debe deducirse, por lo general, de la duración del plan de pagos.

El importe que debe abonar el deudor se determina de modo que la reestructuración de deudas empresariales se aplica a todos los activos e ingresos del deudor, después de la deducción de lo que deba retenerse para su subsistencia y la de su familia. También puede realizarse una reserva para el pago de los créditos que no abarque la reestructuración de deudas empresariales.

Si las circunstancias financieras del deudor mejoran considerablemente después de la decisión de reestructuración de deudas empresariales, tanto él como los acreedores pueden solicitar que se reevalúe la decisión.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

CONCURSO

Una vez que se anuncie la decisión concursal, el deudor pierde el control de cualquier propiedad que forme parte del patrimonio concursal. El deudor no podrá contraer ninguna obligación que pueda invocarse durante el concurso. Existen algunas exenciones. Durante el proceso concursal el patrimonio concursal está representado por el administrador. El administrador es designado por el tribunal del distrito y debe tener los conocimientos y la experiencia especiales necesarios para la tarea y ser apto para llevarla a cabo en otros aspectos. Ninguna persona que trabaje en un tribunal puede ser nombrada administrador. Ninguna persona que tenga algún conflicto de intereses puede ser nombrada administrador.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Un agente de reorganización de negocios debe tener los conocimientos y la experiencia especiales necesarios para la tarea, debe gozar de la confianza de los acreedores y debe ser apto para la labor en otros aspectos.

El agente de reorganización de negocios analiza la situación financiera del deudor y, tras consultarlo con él, elabora un plan en el que se establece cómo deben lograrse los objetivos de la reorganización. El plan debe facilitarse al tribunal y a los acreedores. El agente de reorganización de negocios puede recurrir a la asistencia de expertos.

El deudor debe facilitar al agente de reorganización de negocios toda la información relativa a su situación financiera que sea pertinente para la reestructuración del negocio. Debe seguir sus instrucciones en relación con la manera en que debe gestionarse el negocio. Existen algunos actos jurídicos que el deudor no puede realizar sin el consentimiento del agente de reorganización de negocios. Cabe citar el pago de las deudas originadas antes de la decisión, la asunción de nuevas obligaciones y la transferencia o pignoración de propiedad de importancia significativa para el negocio del deudor. Si el deudor no cumple estas obligaciones, no obstante, el acto jurídico en cuestión sigue siendo válido.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

No se nombra a un administrador. Durante el proceso de reestructuración de deudas el deudor conserva el control de su propiedad.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

No se nombra a un administrador. Durante el proceso de reestructuración de deudas el deudor conserva el control de su propiedad.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

CONCURSO

Un crédito frente al deudor que pueda hacerse valer durante el concurso puede ser utilizado por el acreedor para compensar un crédito del deudor frente al acreedor ya existente en el momento del anuncio de la decisión concursal. Tal operación no es posible si la compensación se ha excluido del concurso debido a la naturaleza de los créditos de que se trate. Existen normas especiales que se aplican a los créditos condicionales. También hay exenciones, en particular para los créditos adquiridos recientemente (correspondientes en gran medida a las disposiciones sobre la reintegración en el patrimonio).

En relación con los mercados financieros, existen disposiciones especiales con el fin de que los acuerdos de compensación y similares relativos, en particular, a los instrumentos financieros, sean aplicables en relación con el patrimonio concursal y los acreedores.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Cualquier persona con un crédito sobre el deudor en el momento de la presentación de la solicitud de reorganización del negocio puede, incluso aunque el crédito no haya vencido, utilizarlo para compensar un crédito del deudor frente al acreedor ya existente en aquel momento. Tal operación no es posible si la compensación se ha excluido debido a la naturaleza de los créditos en cuestión o queda excluida de otro modo por las disposiciones de la Ley de Reorganización de Negocios. También hay exenciones, en particular para los créditos adquiridos recientemente (correspondientes en gran medida a las disposiciones sobre la reintegración en el patrimonio).

En relación con los mercados financieros, existen disposiciones especiales con el fin de que los acuerdos de compensación y similares relativos, en particular, a los instrumentos financieros, sean aplicables en relación con el patrimonio concursal y los acreedores cuyos créditos están cubiertos por un convenio público con los acreedores.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

No existen normas especiales en cuanto a la compensación.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

No existen normas especiales en cuanto a la compensación.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

CONCURSO

La Ley Concursal no contiene ninguna norma general sobre el carácter vinculante, para el patrimonio concursal, de los acuerdos formalizados por el deudor. En principio, dicho patrimonio es una persona jurídica independiente y no debe responder de ninguna obligación que pueda surgir de tales acuerdos. El patrimonio concursal puede elegir devenir parte de los acuerdos formalizados por el deudor cuando proceder de tal modo propicie la liquidación. Esto normalmente exigirá el consentimiento de la otra parte.

Existen disposiciones especiales en otros instrumentos legislativos, como la Ley de Ventas (köplagen) y la Ley de Comercio en Instrumentos Financieros (lagen om handel med finansiella instrument). De conformidad con la Ley de Ventas, el patrimonio concursal puede elegir devenir parte de un acuerdo si una de las partes ha sido declarada en quiebra. La otra parte puede solicitar que el patrimonio concursal le notifique oportunamente su voluntad de participar en el acuerdo.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Si, antes de la decisión de reorganización del negocio, la contraparte del deudor tenía derecho a cancelar un acuerdo debido a la aparición o previsión de aparición de una disputa en relación con los pagos o la ejecución en algún otro sentido, la contraparte no podrá cancelar el acuerdo debido a dicha disputa una vez que se haya tomado la decisión, si el deudor solicita oportunamente y con el consentimiento del agente de reorganización de negocios que se ejecute el acuerdo en cuestión. A solicitud de la contraparte, el deudor debe notificar oportunamente a la contraparte si el acuerdo se ejecutará. En caso de ejecución del acuerdo, existen normas especiales relativas a las modalidades de ejecución. También existen disposiciones especiales en la Ley de Ventas y normas especiales relativas a cuestiones como los contratos de empleo y los instrumentos financieros.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

No existen normas especiales en relación con el efecto de la reestructuración de deudas en un contrato en vigor.

Véase también el apartado «¿Cuáles son las condiciones y los efectos del cierre del procedimiento de insolvencia?».

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

No existen normas especiales en relación con el efecto de la reestructuración de deudas empresariales en un contrato en vigor.

Consulte también «¿Cuáles son las condiciones y los efectos del cierre del procedimiento de insolvencia?».

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

CONCURSO

Una vez que se ha anunciado la decisión concursal, la propiedad incluida en el patrimonio concursal generalmente no se podrá embargar (utmäta) para ejecutar ningún crédito frente al deudor. Esto se aplica automáticamente una vez que se ha iniciado el concurso. Existen algunas exenciones aplicables a los créditos con un determinado nivel de preferencia. Cualquier embargo (utmätning) que se efectúe en contra de esta prohibición será nulo e inválido. Sin perjuicio del concurso, una propiedad podrá ser embargada si existe un derecho prendario (panträtt) sobre la propiedad en cuestión para la satisfacción del crédito.

Si el embargo se ha efectuado antes del anuncio de la decisión concursal, por norma general la ejecución podrá continuar independientemente del proceso concursal. Hay algunas excepciones.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Mientras la reorganización del negocio esté en curso, no podrá efectuarse ningún embargo ni ninguna otra medida de ejecución contra el deudor de conformidad con el Código de Ejecución. Hay excepciones, por ejemplo en caso de que el acreedor tenga un derecho prendario o de retención (retentionsrätt) para la satisfacción de la reclamación. No se podrá facilitar asistencia de conformidad con la Ley de Contratos de Compras a Plazos entre Comerciantes (lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.). Durante el proceso de reorganización del negocio, no podrán tomarse decisiones por las que se imponga el secuestro (kvarstad) o el derecho de preferencia de un acreedor (betalningsäkring).

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Después de la decisión de incoación del proceso, no podrá embargarse ninguna propiedad para ejecutar créditos originados antes de dicha decisión, hasta que la cuestión de la reestructuración de deudas haya sido resuelta por una decisión firme. No obstante, esto no se aplica a los créditos que no abarque la reestructuración. Tampoco es aplicable si, en caso de recurso, un tribunal decide, a petición de un acreedor, que el embargo debe autorizarse.

Si el deudor es declarado en quiebra, la solicitud de reestructuración de deudas expira.

Si se admite para su consideración una solicitud de negociación de un convenio público con acreedores después de que el deudor haya solicitado una reestructuración de deudas, deberá suspenderse el procedimiento de reestructuración de deudas. Si se confirma el convenio, la solicitud de reestructuración de deudas expira.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Después de la decisión de incoación del proceso, no podrá embargarse ninguna propiedad para ejecutar créditos originados antes de la decisión, hasta que la cuestión de la reestructuración de deudas empresariales haya sido resuelta por una decisión firme. No obstante, esto no se aplica a los créditos que no abarque la reestructuración. Tampoco es aplicable si, en caso de recurso, un tribunal decide, a petición de un acreedor, que el embargo debe autorizarse.

Si el deudor es declarado en quiebra, la solicitud de reestructuración de deudas empresariales expira.

Si se admite para su consideración una solicitud de negociación de un convenio público con acreedores después de que el deudor haya solicitado una reestructuración de deudas empresariales, deberá suspenderse el procedimiento de reestructuración de deudas. Si se confirma el convenio, la solicitud de reestructuración de deudas empresariales expira.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

Si está en curso un litigio entre el deudor y otra parte en relación con alguna propiedad incluida en el patrimonio concursal, este último puede ocupar el lugar del deudor en el proceso. Si el patrimonio concursal no asume el lugar del deudor, se considera que la propiedad no se incluye en el patrimonio. Si se han emprendido acciones legales contra el deudor para satisfacer un crédito que puede hacerse valer en el procedimiento concursal, el patrimonio concursal puede unirse al pleito del lado del deudor. Existen más disposiciones en relación con este procedimiento.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

La ejecución de créditos está, en principio, prohibida durante el proceso de reorganización del negocio, sin que ello impida, no obstante, que un litigio en curso entre el deudor y otra parte pueda continuar y, evidentemente, concluirse.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Véase el apartado «¿Qué efecto tiene un procedimiento de insolvencia en un procedimiento emprendido por acreedores individuales?».

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Véase el apartado «¿Qué efecto tiene un procedimiento de insolvencia en un procedimiento emprendido por acreedores individuales?».

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

Los acreedores no tienen una función formal en el procedimiento de concurso. El administrador debe consultar a los acreedores particularmente afectados si nada lo impide. Los acreedores también tienen derecho a recibir información del administrador y a presenciar, por ejemplo, las prestaciones de juramento. Un acreedor puede solicitar que se nombre a un supervisor (granskningsman) para supervisar la administración del patrimonio concursal en su nombre.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Cuando un tribunal se pronuncia a favor de la reorganización del negocio, debe fijar una fecha para una reunión de acreedores, que se celebrará en el tribunal. La reunión se celebrará en un plazo de tres semanas desde la fecha de la decisión de reorganización del negocio, salvo que fijar un plazo más largo sea inevitable.

En la reunión de acreedores, los acreedores tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre si la reorganización del negocio debe continuar. Si un acreedor lo solicita, el tribunal designará a una comisión de acreedores entre los acreedores. La comisión estará compuesta por un máximo de tres miembros. En algunos casos, los empleados también tendrán derecho a nombrar a un representante como miembro adicional de la comisión. El tribunal puede nombrar a más miembros si hay motivos especiales para hacerlo. El agente de reorganización de negocios debe consultar a la comisión de acreedores en relación con las cuestiones de importancia si no hay nada que lo impida.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Véase el apartado «¿Cuáles son las normas sobre la presentación, la verificación y la admisión de reclamaciones?».

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

CONCURSO

Durante el concurso, los activos constituyen un patrimonio concursal que se administra en beneficio de los acreedores (véanse los apartados anteriores). El patrimonio es gestionado por uno o más administradores concursales. Por norma general, la propiedad del patrimonio debe venderse lo más rápido que razonablemente sea posible. Si el deudor ha venido gestionado un negocio, en determinadas circunstancias el administrador puede mantenerlo en funcionamiento en nombre del patrimonio concursal.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Durante la reorganización del negocio, el deudor no pierde el control de sus activos.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

No se nombra a un administrador.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

No se nombra a un administrador.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

En Suecia los concursos pueden dividirse en dos categorías, concursos sin prueba de deudas (bevakning) y concursos con prueba de deudas. No se realiza una prueba de deudas salvo que se determine lo contrario. Esto se debe a que los acreedores sin créditos preferentes no suelen recibir nada en caso de concurso. El tribunal del distrito, previa solicitud del administrador, puede decidir que las deudas deben probarse. Se procederá así si cabe suponer que los créditos no preferentes recibirán algún pago en la distribución durante el procedimiento concursal. Si se decide que debe tener lugar un procedimiento de prueba de deudas, los créditos que puedan hacerse valer durante el procedimiento concursal generalmente deberán probarse para que el acreedor reciba algún tipo de pago durante la distribución. Los derechos de preferencia también deben probarse. Cuando un acreedor tiene un derecho prendario o de retención sobre una propiedad, no obstante, no hay necesidad de probar la deuda para que el acreedor tenga derecho al pago de la propiedad en cuestión.

El hecho de que el deudor pierda el control de su propiedad significa que no puede contraer obligaciones exigibles durante el procedimiento concursal. Si el deudor contrae o incurre en obligaciones después del inicio del citado procedimiento, esas obligaciones no suelen poder probarse durante el concurso. Según jurisprudencia reiterada, en algunos casos el deudor puede recuperar el control sobre un activo determinado si el administrador se abstiene explícitamente de reclamarlo.

El patrimonio concursal, representado por el administrador, puede, por ejemplo formalizando un acuerdo, asumir derechos y responsabilidades que generen créditos respecto al propio patrimonio (massafordringar). En principio, este tipo de créditos tienen preferencia sobre los créditos concursales ordinarios (konkursfordringar). La remuneración del administrador y otras deudas similares (conocidas como costes concursales, konkurskostnader), no obstante, deben satisfacerse con recursos del patrimonio concursal antes que cualquier otra deuda en la que haya incurrido el patrimonio. Si los costes concursales no pueden cubrirse con el patrimonio concursal, deben ser abonados generalmente por el Estado. En principio, los créditos concursales se satisfacen solo después de que los costes concursales y los créditos sobre el propio patrimonio se hayan abonado.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

No existen normas generales para la notificación de créditos en caso de reorganización del negocio. En un caso de esta índole, no obstante, el tribunal puede, a solicitud del deudor, decidir autorizar las negociaciones para un convenio público (offentligt ackord) con los acreedores. Cabe la posibilidad de que el acreedor tenga que presentar sus créditos dentro del marco de las negociaciones del convenio (véase a continuación). Solo los acreedores cuyos créditos se hayan originado antes de la presentación de la solicitud de reorganización del negocio participan en las negociaciones del convenio. No obstante, no todos los acreedores participan en ellas: por ejemplo, un acreedor cuyo crédito pueda satisfacerse mediante compensación o con un crédito preferente no participará. El agente de reorganización de negocios elabora un inventario de los activos y pasivos del patrimonio. Si una persona tiene un crédito que no figura en el inventario del patrimonio o aparece mientras tanto, y desea participar en las negociaciones del convenio, debe presentar el crédito por escrito al agente de reorganización de negocios a más tardar una semana antes de la reunión de acreedores.

Los créditos basados en acuerdos suscritos por el deudor con el consentimiento del agente de reorganización de negocios durante la reorganización del negocio disfrutan de una preferencia general.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Una reestructuración de deudas cubre esencialmente todos los créditos en dinero contra un deudor ya originados antes de la fecha en que se anuncie la decisión de incoación. Por ello, los acreedores deben presentar todos los créditos generados antes de la citada decisión y que abarque la reestructuración de deudas, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que el deudor sea liberado de su responsabilidad de pago de las deudas en cuestión (véase el apartado «¿Cuáles son las condiciones y los efectos del cierre del procedimiento de insolvencia?»).

Una reestructuración de deudas, no obstante, no cubre los créditos siguientes:

1. los créditos por manutención familiar, en caso de que la Agencia de la Seguridad Social (Försäkringskassan) o un organismo público extranjero no hayan asumido el derecho de la parte elegible a recibir alimentos;

2. los créditos respecto a los que el acreedor tenga un derecho prendario u otro derecho de preferencia en virtud de las secciones 6 o 7 de la Ley de Preferencia (förmånsrattslagen [1970:979]), o un derecho de retención, siempre que la garantía sea suficiente para que se pueda satisfacer el crédito;

3. los créditos respecto a los que el acreedor haya obtenido, antes de que se anuncie la decisión de incoación, un derecho de preferencia en virtud de la sección 8 de la Ley de Preferencia en relación con la propiedad sobre la que deba ejecutarse el crédito;

4. los créditos cuyo pago no haya vencido y que estén condicionados a la contraprestación que deba aportar el acreedor; o

5. los créditos objeto de disputa.

Si un crédito es condicional, su importe no está definido o su fecha de pago no ha vencido, puede ser objeto de una decisión de exclusión de la reestructuración de deudas. Si un crédito puede considerarse infundado, debe decidirse que no estará cubierto por la reestructuración de deudas.

Los créditos originados después de la decisión de incoación no están cubiertos por la reestructuración de deudas.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Una reestructuración de deudas empresariales cubre esencialmente todos los créditos en dinero contra el deudor ya originados antes de la fecha en que se anuncie la decisión de incoación. Por ello, los acreedores deben notificar todos los créditos generados antes de la decisión de incoación y que abarque la reestructuración de deudas empresariales, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que el deudor sea liberado de su responsabilidad de pago de las deudas en cuestión (véase el apartado «¿Cuáles son las condiciones y los efectos del cierre del procedimiento de insolvencia?»).

Una reestructuración de deudas empresariales, no obstante, no cubre los créditos siguientes:

1. los créditos por manutención familiar, en caso de que la Agencia de la Seguridad Social o un organismo público extranjero no hayan asumido el derecho de la parte elegible a recibir alimentos;

2. los créditos respecto a los que el acreedor tenga un derecho de preferencia en virtud de la sección 5 de la Ley de Preferencia (1970:979), siempre que la garantía sea suficiente para que se pueda satisfacer el crédito;

3. los créditos respecto a los que el acreedor tenga un derecho prendario u otro derecho de preferencia en virtud de las secciones 6 o 7 de la Ley de Preferencia, o un derecho de retención, siempre que la garantía sea suficiente para que se pueda satisfacer el crédito;

4. los créditos respecto a los que el acreedor haya obtenido, antes de que se anuncie la decisión de incoación, un derecho de preferencia en virtud de la sección 8 de la Ley de Preferencia en relación con la propiedad sobre la que deba ejecutarse el crédito;

5. los créditos cuyo pago no haya vencido y que estén condicionados a la contraprestación que deba aportar el acreedor; o

6. los créditos objeto de disputa.

Si un crédito es condicional, su importe no está definido o su fecha de pago no ha vencido, puede ser objeto de una decisión de exclusión de la reestructuración de deudas empresariales. Si un crédito puede considerarse infundado, debe decidirse que no estará cubierto por la reestructuración de deudas empresariales.

Los créditos originados después de la decisión de incoación no están cubiertos por la reestructuración de deudas empresariales.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

CONCURSO

En general, solo los créditos ya originados antes de que la decisión concursal haya sido anunciada podrán hacerse valer durante el concurso. Un crédito podrá hacerse valer durante el concurso aunque sea condicional o no haya vencido su fecha de pago.

Para los casos en los que no se realiza la prueba de deudas, ninguna norma requiere que el acreedor presente su crédito de un modo concreto. En caso de concurso sin prueba de deudas, el administrador, según su propia iniciativa, deberá garantizar que los créditos preferentes reciban su parte en la distribución. En principio nada impide que un acreedor haga valer su crédito en términos vagos hasta el tiempo límite para la impugnación de la distribución propuesta.

Si cabe suponer que los activos son suficientes para el pago a los acreedores que no gozan de preferencia, deben probarse las deudas (véanse los apartados anteriores para obtener más información sobre la prueba de deudas). En caso de que el tribunal del distrito decida que las deudas deben probarse, establecerá un período de entre cuatro y diez semanas para la presentación de pruebas. La decisión de realizar la prueba de deudas se publicará. Los acreedores deben presentar sus créditos por escrito dentro del plazo establecido. Si un acreedor tiene un derecho prendario o de retención sobre una propiedad, no es necesario que presente una prueba de la deuda como parte de este procedimiento para obtener el pago con cargo a la propiedad. Si las deudas se han probado y un acreedor desea presentar un crédito o ejercer un derecho prendario después del plazo de presentación de pruebas, puede presentar las pruebas ex post (efterbevakning). Debe hacerlo a más tardar en la fecha en la que el administrador establezca la distribución propuesta, en otras palabras, antes de que la propuesta se presente ante el tribunal y se publique. Si un acreedor no presenta pruebas de su crédito, pierde la oportunidad de recibir el pago con cargo a los activos que abarque la decisión de distribución. En principio, el acreedor podrá recibir posteriormente el pago en relación con su crédito solo si se pasa a disponer de nuevos recursos (distribución ex post, efterutdelning).

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Según se ha mencionado anteriormente, no existe una obligación general de que los acreedores presenten créditos en caso de reorganización del negocio, pero cabe la posibilidad de que el acreedor tenga que presentar sus créditos como parte de las negociaciones del convenio que puedan tener lugar. El agente de reorganización de negocios debe elaborar un plan de reorganización del negocio. El plan suele mostrar cómo puede resolverse la situación financiera del deudor y cómo se van a mejorar sus resultados operativos. El contenido del plan, no obstante, puede adaptarse a las circunstancias de cada caso.

En determinadas circunstancias, puede celebrarse un convenio público con los acreedores en el contexto de una reorganización del negocio. El deudor presenta una solicitud de negociación de un convenio.

Las solicitudes de negociación de un convenio deben contener una propuesta de convenio en la que se detalle cuánto ofrece el deudor a efectos del pago y cuándo se realizará el pago, y si se ha presentado alguna garantía en relación con el convenio y, de ser así, qué incluye. Debe adjuntarse una lista de inventario de los activos y pasivos del patrimonio.

Si la solicitud de negociación de un convenio se considera admisible, el tribunal debe dictaminar que se autoricen las negociaciones correspondientes de inmediato. Al mismo tiempo, el tribunal debe establecer una fecha para una reunión de acreedores, que se celebrará en el tribunal, convocar la reunión y publicar la decisión.

El deudor, el agente de reorganización de negocios y los acreedores tienen la posibilidad de impugnar cualquier crédito que vaya a ser incluido en el convenio. Existen normas especiales que regulan la posibilidad de participar en la negociación del convenio en relación con los créditos no incluidos en el inventario del patrimonio.

Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la presentación de la solicitud de reorganización del negocio pueden participar en las negociaciones de un convenio. Los acreedores cuyos créditos puedan satisfacerse mediante compensación o tengan preferencia no participan en las negociaciones. Los acreedores que en caso de concurso habrían tenido derecho al pago solo después de otros acreedores tampoco participan, salvo si los demás acreedores que sí participan en las negociaciones lo permiten.

A solicitud de cualquier acreedor, el deudor debe jurar el inventario del patrimonio en la reunión de acreedores.

Los acreedores votan el convenio propuesto en la reunión de acreedores. Una propuesta de convenio que satisfaga al menos el 50 % del importe de los créditos se considera aprobada por los acreedores si tres quintas partes de quienes votan lo hacen a favor y sus créditos ascienden a tres quintas partes del importe total de los créditos con derecho a voto. Si el porcentaje es inferior, la propuesta de convenio se aprueba si tres cuartas partes de los que votan están a favor y sus créditos ascienden a tres cuartas partes del importe total de los créditos con derecho a voto.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Si se toma la decisión de incoar un proceso de reestructuración de deudas, debe publicarse inmediatamente una notificación a tal efecto en el boletín oficial, Post- och Inrikes Tidningar. También debe remitirse una notificación a los acreedores conocidos en el plazo de una semana después de la publicación. En ellas se les debe invitar inter alia a presentar sus créditos respecto al deudor, normalmente por escrito en el plazo de un mes después de la fecha de publicación, con indicación de los detalles de sus créditos y de cualquier otra información pertinente para la evaluación del caso, así como de los datos de la cuenta en la que deberán efectuarse los pagos durante el proceso de reestructuración de deudas.

Después de la decisión de incoación, una vez que se haya reunido información suficiente, se redacta una propuesta de reestructuración de deudas. Esta propuesta se envía a todos los acreedores conocidos cuyos créditos abarque la propuesta, con una invitación para que presenten sus comentarios dentro de un plazo determinado. El que algún acreedor no presente observaciones no impide que se dicte una decisión de aprobación de la reestructuración de deudas.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Si se toma la decisión de incoar un proceso de reestructuración de deudas empresariales, debe publicarse inmediatamente una notificación a tal efecto en el boletín oficial, Post- och Inrikes Tidningar. También debe remitirse una notificación a los acreedores conocidos en el plazo de una semana después de la publicación. En ella se les debe invitar inter alia a presentar sus créditos contra el deudor, normalmente por escrito en el plazo de un mes después de la fecha de publicación, con indicación de los detalles de sus créditos y de cualquier otra información pertinente para la evaluación del caso, así como de los datos de la cuenta en la que deberán efectuarse los pagos durante el proceso de reestructuración de deudas.

Después de la decisión de incoación, una vez que se haya reunido información suficiente, se redacta una propuesta de reestructuración de deudas empresariales. Esta propuesta se envía a todos los acreedores conocidos cuyos créditos abarque la propuesta, con una invitación para que presenten sus comentarios dentro de un plazo determinado. El que algún acreedor no presente observaciones no impide que se dicte una decisión de aprobación de la reestructuración de deudas empresariales.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

CONCURSO

Si los activos del patrimonio concursal son insuficientes para pagar los costes concursales y las deudas del propio patrimonio, el concurso deberá cancelarse (véanse los apartados anteriores sobre los costes concursales y las deudas del patrimonio). Si el concurso se cancela (avskrivas), en principio no se efectuará una distribución a los acreedores.

Si el concurso no se cancela, el dinero del patrimonio concursal que no se utilice para pagar los costes concursales y las deudas del patrimonio se distribuye a los acreedores. En principio, la distribución debe ser conforme a las disposiciones de la Ley de Preferencia.

La Ley de Preferencia regula los derechos recíprocos de los acreedores a recibir pagos en caso de concurso. A continuación se facilitan unos breves datos en relación con la Ley de Preferencia.

Una preferencia en relación con un pago puede ser especial o general. Una preferencia especial hace referencia a una propiedad determinada (por ejemplo, un derecho prendario, de retención o una hipoteca [inteckning] sobre bienes inmuebles). Una preferencia general hace referencia a toda la propiedad incluida en el patrimonio concursal del deudor (como los costes en los que incurran los acreedores para llevar el deudor a concurso y la remuneración del agente de reorganización de negocios si el concurso de que se trate hubiera estado precedido por un reestructuración de ese tipo). Las preferencias especiales prevalecen sobre las generales. Los créditos que no gocen de preferencia tienen idéntica prelación. También puede preverse en un acuerdo que un acreedor tenga derecho al pago únicamente después de que todos los demás acreedores hayan sido satisfechos (un crédito subordinado, efterställd fordran).

La preferencia se mantiene incluso si el crédito se transfiere o se embarga o se cede de otro modo a otra parte.

Si un crédito goza de una preferencia especial en relación con una propiedad determinada, pero la propiedad en cuestión es insuficiente para satisfacerlo, el resto se tratará como un crédito sin preferencia.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

En caso de reorganización del negocio no se realiza una distribución, excepto que se celebre un convenio público con los acreedores.

Un convenio público puede prever que los créditos se reduzcan y liquiden de una forma específica. El convenio debe conceder a todos los acreedores los mismos derechos, y al menos el 25 % del importe de los créditos, salvo si todos los acreedores conocidos que abarque el convenio aprueban un porcentaje inferior o hay motivos concretos para aceptar un porcentaje inferior. La distribución mínima prescrita debe saldarse en el plazo de un año después de la aprobación del convenio, salvo que los acreedores conocidos acepten un período de pago más prolongado. Un convenio también puede prever que al deudor se le conceda únicamente un período de mora en los pagos u alguna otra condonación especial.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Todos los créditos que abarque la reestructuración de deudas gozan de los mismos derechos. A un crédito, no obstante, pueden concedérsele derechos menos favorables con el consentimiento del acreedor pertinente, o puede saldarse antes que otros créditos si el importe disponible en la distribución es pequeño y es razonable hacerlo teniendo en cuenta la escala de las deudas y otras circunstancias.

Las disposiciones que regulan los créditos se establecen en la decisión que autoriza la reestructuración de deudas.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Todos los créditos que abarque la reestructuración de deudas empresariales gozan de los mismos derechos. A un crédito, no obstante, pueden concedérsele derechos menos favorables con el consentimiento del acreedor pertinente, o puede saldarse antes que otros créditos si el importe disponible en la distribución es pequeño y es razonable hacerlo teniendo en cuenta la escala de las deudas y otras circunstancias.

Las disposiciones que regulan los créditos se establecen en la decisión que autoriza la reestructuración de deudas.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

CONCURSO

Si el deudor acepta pagar sus deudas o ha alcanzado otro acuerdo con los acreedores (un acuerdo voluntario, frivillig uppgörelse), el tribunal del distrito debe decidir suspender el concurso. En casos de concurso con prueba de deudas, también puede concluirse un concurso mediante una decisión por la que se apruebe un convenio (ackord i konkurs). En otros casos, el concurso se concluye mediante una cancelación (avskrivning, si los activos son insuficientes para pagar los costes concursales y los créditos sobre el propio patrimonio) o la distribución a los acreedores.

El concurso no libera a una persona física de la obligación de pagar sus deudas (las normas sobre la reestructuración de deudas son diferentes). Las deudas que no se hayan pagado, por lo tanto, seguirán existiendo después del concurso (salvo si están cubiertas por un acuerdo voluntario o convenio con los acreedores).

Las personas jurídicas concursadas son disueltas al término del procedimiento concursal (las disposiciones que regulan este aspecto se encuentran en la legislación sobre el derecho a formar asociaciones). Así pues, en principio los acreedores no pueden hacer valer ningún crédito pendiente contra una persona jurídica después del concurso.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Si se formaliza un convenio público, será vinculante para todos los acreedores, tanto conocidos como desconocidos, facultados para participar en las negociaciones del convenio. Los acreedores que en caso de concurso tengan derecho al pago después de otros acreedores perderán su derecho a recibir un pago del deudor, salvo si todos los acreedores con derecho a participar en las negociaciones del convenio quedan completamente satisfechos con el convenio. Los acreedores con preferencia en relación con una propiedad determinada quedan vinculados por el convenio en relación con los importes que no puedan obtenerse de esa propiedad.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Una decisión de reestructuración de deudas libera al deudor de la obligación de pago de las deudas que abarque dicha reestructuración, en la medida en que se reduzca su importe. La decisión de reestructuración de deudas también libera al deudor de la obligación de pagar deudas desconocidas, excepto que sean deudas que no pueden ser cubiertas por una reestructuración de este tipo.

Una reestructuración de deudas significa que el derecho a percibir un interés o penalizaciones por mora en relación con los créditos cubiertos por la reestructuración expira por lo que respecta al período posterior a la fecha en que se haya anunciado la decisión de incoación.

Una reestructuración de deudas no afecta a los derechos de un acreedor en relación con un avalista o cualquier otro responsable de la deuda en cuestión además del deudor.

En la decisión de aprobación de la reestructuración de deudas debe establecerse un plan de pagos. El plan de pagos tendrá una duración de cinco años, excepto que haya motivos de peso para fijar una duración menor. El plan de pagos se inicia en la fecha de la decisión por la que se aprueba la reestructuración. A la hora de establecer la fecha de vencimiento del plan de pagos, normalmente debe deducirse de su duración el período durante el cual se haya aplicado la decisión de incoación del proceso, excepto que haya motivos para deducir un período inferior en vista de las acciones del deudor después de dicha decisión.

Una decisión de reestructuración de deudas puede ser cancelada o enmendada en determinadas circunstancias. A petición de un acreedor cuyo crédito esté cubierto por la reestructuración de deudas puede ser cancelada o, en los casos mencionados en los puntos 6 y 7, enmendada, si:

1. el deudor ha sido deshonesto con el acreedor;

2. el deudor ha obstruido deliberadamente el procedimiento de concurso o una medida de ejecución;

3. el deudor ha favorecido secretamente a un acreedor determinado para influir en la decisión relativa a la reestructuración de deudas;

4. el deudor ha presentado deliberadamente información incorrecta en su solicitud de reestructuración de deudas o en otro momento de la tramitación del caso, en detrimento del acreedor;

5. el deudor ha facilitado información incorrecta, lo que ha dado lugar a una decisión de una autoridad pública en relación con los impuestos u obligaciones cubiertos por la reestructuración de deudas, o no ha facilitado información pese a habérsele solicitado y ello ha dado lugar a la toma de una decisión errónea o ninguna decisión;

6. el deudor no cumple el plan de pagos y la desviación respecto a este es considerable; o

7. las circunstancias financieras del deudor han mejorado considerablemente después de la decisión de reestructuración de deudas, y ello se debe a circunstancias que no podían preverse cuando se tomó la decisión.

En los casos mencionados en el punto 7, la solicitud debe presentarse en un plazo de cinco años desde la fecha de la decisión de incoación o, si el plan de pagos vencerá más tarde, antes de la fecha de vencimiento del plan. En caso de que se enmiende una decisión de reestructuración de deudas, la duración del plan de pagos puede ser de un máximo de siete años.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Una decisión de reestructuración de deudas empresariales libera al deudor de la obligación de pago de las deudas que abarque dicha reestructuración, en la medida en que se reduzca su importe. La reestructuración también libera al deudor de la obligación de pagar deudas desconocidas, excepto que sean deudas que no pueden ser cubiertas por una reestructuración de este tipo.

Una reestructuración de deudas empresariales significa que el derecho a percibir un interés o penalizaciones por mora en relación con los créditos que abarque la reestructuración expira por lo que respecta al período posterior a la fecha en que se haya anunciado la decisión de incoación.

Una reestructuración de deudas no afecta a los derechos de un acreedor en relación con un avalista o cualquier otro responsable de la deuda en cuestión además del deudor.

En la decisión de aprobación de la reestructuración de deudas empresariales debe establecerse un plan de pagos. El plan de pagos tiene una duración de tres años. Se inicia en la fecha de la decisión por la que se aprueba la reestructuración.

Una decisión de reestructuración de deudas puede ser cancelada o enmendada en determinadas circunstancias. A petición de un acreedor cuyo crédito esté cubierto por la reestructuración de deudas, puede ser cancelada o, en los casos mencionados en los puntos 6 y 7enmendada, si

1. el deudor ha sido deshonesto con el acreedor;

2. el deudor ha obstruido deliberadamente el procedimiento de concurso o una medida de ejecución;

3. el deudor ha favorecido secretamente a un acreedor determinado para influir en la decisión relativa a la reestructuración de deudas;

4. el deudor ha presentado deliberadamente información incorrecta en su solicitud de reestructuración de deudas o en otro momento de la tramitación del caso, en detrimento del acreedor;

5. el deudor ha facilitado información incorrecta, lo que ha dado lugar a una decisión de una autoridad pública en relación con los impuestos u obligaciones cubiertos por la reestructuración de deudas empresariales, o no ha facilitado información pese a habérsele solicitado y ello ha dado lugar a la toma de una decisión errónea o ninguna decisión;

6. el deudor no cumple el plan de pagos, y la desviación respecto a este es considerable; o

7. las circunstancias financieras del deudor han mejorado considerablemente después de la decisión de reestructuración de deudas.

En los casos mencionados en el punto 7, la solicitud debe presentarse en un plazo de tres años desde la fecha de la decisión de incoación o, si el plan de pagos vencerá más tarde, antes de la fecha de vencimiento del plan. En caso de que se enmiende una decisión de reestructuración de deudas empresariales, la duración del plan de pagos puede ser de un máximo de cinco años.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

CONCURSO

Según se ha mencionado anteriormente, el concurso no libera a una persona física de la obligación de pagar sus deudas, mientras que las personas jurídicas concursadas son disueltas después del procedimiento correspondiente.

Si se pasa a disponer de recursos para la distribución después del concurso, se prevé una distribución ex post.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Para más información sobre el convenio público con los acreedores, véanse las secciones precedentes. Si no se ha suscrito un convenio público y el deudor no ha formalizado un acuerdo voluntario o cualquier otro acuerdo con los acreedores, los créditos seguirán estando pendientes una vez finalizada la reorganización del negocio.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

En determinadas circunstancias, un acreedor puede solicitar la reevaluación de la reestructuración de deudas una vez que el deudor haya completado el plan de pagos. Véase el apartado «¿Cuáles son las condiciones y los efectos del cierre del procedimiento de insolvencia?».

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

En determinadas circunstancias, un acreedor puede solicitar la reevaluación de la reestructuración de deudas empresariales una vez que el deudor haya completado el plan de pagos. Véase el apartado «¿Cuáles son las condiciones y los efectos del cierre del procedimiento de insolvencia?».

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

CONCURSO

La remuneración del administrador y el pago de otras deudas similares (los costes concursales), así como el pago de otras deudas en las que haya incurrido el patrimonio concursal, deben sufragarse con cargo al patrimonio concursal antes de la distribución a los acreedores. A su vez, los costes del concurso tienen prioridad sobre otros créditos frente al propio patrimonio. Si no pueden pagarse a partir del patrimonio, los costes del concurso suele pagarlos el Estado.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

El agente de reorganización de negocios (y el supervisor, si lo hay) tiene derecho a recibir una compensación por su trabajo y por los gastos necesarios para la labor. Su remuneración no puede ser superior a la considerada razonable como compensación por su tarea. A petición del agente de reorganización de negocios o del deudor, el tribunal evaluará el derecho de dicho agente a recibir una compensación. Un acreedor cuyo crédito esté cubierto por un convenio también puede solicitar dicha evaluación hasta que se implemente el convenio. Los costes del tribunal y la compensación para el agente de reorganización de negocios y el supervisor deben ser sufragados por el deudor.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Durante el proceso de reestructuración de deudas, el deudor suele efectuar pagos a la Autoridad de Ejecución, que transmite el dinero a los acreedores. La Autoridad de Ejecución impone una tasa anual al deudor por la gestión de sus pagos.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

Durante el proceso de reestructuración de deudas, el deudor suele efectuar pagos a la Autoridad de Ejecución, que transmite el dinero a los acreedores. La Autoridad de Ejecución impone una tasa anual al deudor por la gestión de sus pagos.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

CONCURSO

Las normas de reintegración en el patrimonio concursal (återvinning till konkursbo) se establecen en la Ley de Concursos. La fecha de referencia para calcular los períodos establecidos en las normas de reintegración suele ser el día anterior al de la solicitud de concurso.

Una acto jurídico puede revocarse (går åter) si ha favorecido indebidamente a un acreedor frente a otros, o si los acreedores se han visto privados de la propiedad del deudor, o si han aumentado las deudas del deudor, y si el deudor era insolvente o pasó a serlo debido al procedimiento o como consecuencia del procedimiento en combinación con otros factores, y la otra parte sabía o debía haber sabido que el deudor era insolvente y cuáles eran las circunstancias que hacían impropio dicho acto. Se considera que los miembros de la familia del deudor tienen el conocimiento mencionado en la primera frase, excepto que haya pruebas convincentes de que no tenían ese conocimiento ni podían tenerlo. Si el acto se realizó más de cinco años antes de la fecha de referencia, puede revocarse únicamente si guarda relación con uno de los miembros de la familia del deudor.

El pago de una deuda menos de tres meses antes de la fecha de referencia con un método distinto a los medios de pago habituales, o por adelantado, o por un importe que haya empeorado notablemente la situación financiera del deudor, puede revocarse excepto que pueda considerarse ordinario habida cuenta de las circunstancias. Si el pago se ha efectuado a uno de los miembros de la familia del deudor antes de dicha fecha pero menos de dos años antes de la fecha de referencia, puede revocarse salvo que se demuestre que el deudor no era insolvente y no pasó a serlo como consecuencia de la operación en cuestión.

Existen algunas normas especiales por lo que respecta, en particular, a los regalos, las viviendas compartidas y los salarios. Las normas de reintegración no son de aplicación a algunos pagos al Estado, como los pagos fiscales.

El administrador puede reclamar la reintegración emprendiendo una acción ante los tribunales ordinarios o impugnando las deudas que se vayan probando durante el procedimiento concursal. Si el administrador decide no reclamar la reintegración, y no se produce un acuerdo amistoso, un acreedor puede reclamar la reintegración emprendiendo acciones en los tribunales ordinarios.

En caso de reintegración, la propiedad de la que el deudor se había desprendido se incorpora de nuevo al patrimonio concursal.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS

Una vez que se ha anunciado una decisión de reorganización del negocio, las disposiciones de la Ley de Concursos en materia de reintegración en el contexto de un concurso se aplicarán si se ha formalizado un convenio público con los acreedores (véase el apartado sobre concursos).

En caso de que se pretenda la reintegración de un derecho de preferencia o de un pago obtenido por medio de embargo, el tribunal puede decidir suspender el procedimiento de ejecución hasta nuevo aviso.

El agente de reorganización de negocios o un acreedor cuyo crédito haya sido cubierto por un convenio público emprenderán una acción de reintegración. La acción deberá emprenderse antes de la reunión de acreedores y no podrá tomarse una decisión final hasta que se haya resuelto la cuestión del convenio público. Un acreedor que desee emprender una acción deberá notificarlo al agente de reorganización de negocios. En caso de que no se proceda de tal modo, no se atenderá el caso del acreedor.

Si el proceso de reorganización del negocio finaliza sin que se haya celebrado un convenio público y si el deudor no es llevado a concurso después de que se haya realizado la solicitud en el plazo de tres semanas después de la fecha en que haya finalizado el procedimiento de reorganización del negocio, la solicitud de reintegración presentada deberá desestimarse.

Una vez reembolsados los costes del demandante, los ingresos de la reintegración corresponden a los acreedores que abarque el convenio público. Un demandado que, como consecuencia de la acción del demandante, pueda hacer valer un crédito contra el deudor podrá participar en las negociaciones del convenio sobre la base de dicho crédito y tendrá derecho a deducir el importe que se le adeude en la distribución del importe que de otro modo habría abonado.

A petición de un acreedor cubierto por un convenio público o del deudor, el tribunal que conozca de los procedimientos de reintegración puede ordenar que los activos adeudados al acreedor de conformidad con la sentencia anterior sean sometidos a una administración especial (särskild förväntning). Cualquier propiedad sujeta a esta administración especial solo podrá ser objeto de embargo si el convenio ha expirado.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

No existen disposiciones especiales en cuanto a la reintegración.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS EMPRESARIALES

No existen disposiciones especiales en cuanto a la reintegración.

Última actualización: 19/02/2018

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