Insolvencia y quiebra

Finlandia
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Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

Los procedimientos de insolvencia en Finlandia

Por insolvencia se entiende la incapacidad del deudor para pagar las deudas a su vencimiento que no tenga carácter temporal. Por procedimiento de insolvencia se entiende un procedimiento de ejecución que abarca todas las deudas del deudor.

En Finlandia hay tres tipos de procedimientos de insolvencia: el concurso de acreedores (konkurssi), el saneamiento de empresas (yrityssaneeraus) y el plan de reestructuración de deudas de personas físicas (yksityishenkilön velkajärjestely). Los concursos de acreedores se rigen por las disposiciones de la Ley Concursal (Konkurssilaki 120/2004), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004. La Ley sobre saneamiento de empresas (Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) y la Ley sobre planes de reestructuración de deudas de personas físicas (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993) entraron en vigor el 8 de febrero de 1993.

El concurso de acreedores es un procedimiento de liquidación de los activos de un deudor y reparto del producto de la liquidación entre los acreedores. El saneamiento de empresas y la reestructuración de la deuda de personas físicas son procedimientos de saneamiento con los que el deudor resolver sus dificultades financieras.

El deudor puede también acordar un convenio con sus acreedores sobre el pago de sus deudas y llegar a otros acuerdos al margen de los procedimientos de insolvencia oficiales. Los acuerdos celebrados de forma voluntaria no están regidos por la ley y no se tratan en esta ficha informativa.

A continuación, se exponen los principales puntos relativos a estos procedimientos de insolvencia.

1 ¿Contra quién puede incoarse un procedimiento de insolvencia?

Concurso de acreedores

El concurso de acreedores es de aplicación general, por lo que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser declaradas en concurso de acreedores. Una persona jurídica puede declararse en concurso de acreedores incluso si ha sido eliminada del registro correspondiente o disuelta. También pueden declararse en concurso de acreedores tanto una masa hereditaria como una masa concursal.

Saneamiento de empresas

Cualquier empresa o sociedad que lleve a cabo una actividad económica, al igual que cualquier persona física que ejerza una profesión liberal o cualquier otra actividad de forma autónoma, puede ser objeto de un procedimiento de saneamiento.

No obstante, están excluidas del procedimiento de saneamiento determinadas empresas, como las entidades de crédito y las compañías aseguradoras sujetas a una legislación y a un control particulares.

Reestructuración de deudas de una persona física

Las personas físicas pueden beneficiarse de una reestructuración de sus deudas. En determinadas condiciones, se puede conceder una reestructuración de deudas a las personas físicas que sean empresarios individuales, que ejerzan una actividad en el marco de una sociedad colectiva o que sean socios comanditarios de una sociedad comanditaria simple.

2 ¿Cuáles son las condiciones para la apertura de un procedimiento de insolvencia?

La condición general para la apertura de los tres tipos de procedimientos de insolvencia es que el deudor sea insolvente. Por insolvencia se entiende la incapacidad del deudor para pagar las deudas a su vencimiento que no tenga carácter temporal.

Los procedimientos de saneamiento también se pueden iniciar cuando el deudor está en riesgo de insolvencia.

Concurso de acreedores

La solicitud de declaración de concurso de acreedores puede ser presentada por el deudor o por un acreedor. La condición general para declarar el concurso de acreedores es la insolvencia del deudor. La Ley Concursal establece varios requisitos para determinar si existe insolvencia; se considera que un deudor es insolvente si se cumple alguno de estos requisitos, salvo que se demuestre lo contrario.

Se considera que un deudor es insolvente si:

  1. el deudor declara que es insolvente y no existen motivos específicos para oponerse a su declaración;
  2. el deudor ha suspendido los pagos;
  3. se ha determinado durante los seis meses anteriores a la solicitud de la declaración del concurso de acreedores por ejecución forzosa que el deudor no podrá hacer frente a la totalidad de sus deudas; o
  4. el deudor que tiene o ha tenido la obligación de llevar una contabilidad de su actividad empresarial durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de concurso, no ha pagado al acreedor una deuda indiscutible y ya vencido, en el plazo de una semana a partir de la recepción del requerimiento de pago.

Un acreedor puede presentar una solicitud de declaración de concurso de acreedores si la deuda reclamada se basa en una sentencia, en otro título con fuerza ejecutoria o en un compromiso firmado por el deudor que no haya sido impugnado por él mismo por motivos justificados, o si la exigibilidad de la deuda no presenta dudas por cualquier otro motivo. La deuda reclamada no tiene por qué haber vencido ya. Se restringe la legitimación para solicitar la declaración del concurso de acreedores por una deuda insignificante o en los casos en que el acreedor cuente con una garantía para la deuda.

El concurso de acreedores se considera incoado cuando así se declara por resolución judicial. Entonces, el órgano jurisdiccional designa a un administrador concursal. Una vez iniciado el concurso de acreedores, el deudor pierde el derecho a disponer de los bienes pertenecientes a la masa concursal.

El administrador concursal debe informar a los acreedores del inicio del concurso de acreedores. En el caso de los acreedores extranjeros en el sentido del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos de insolvencia, la notificación se efectúa de acuerdo con dicho Reglamento.

La apertura del procedimiento de concurso de acreedores se comunica asimismo, entre otros, al Registro de Concursos y Reestructuraciones, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Hipotecas, al Registro de Buques y Construcciones Navales, al Registro de Aeronaves, al Registro de Hipotecas Mercantiles, al Registro de Vehículos y al Registro de Acciones.

La decisión del órgano jurisdiccional de primera instancia de declarar el concurso de acreedores o de desestimar una solicitud de este tipo puede ser recurrida ante una instancia jurisdiccional superior.

Saneamiento de empresas

El deudor o un acreedor puede solicitar la apertura de un procedimiento de saneamiento. Un saneamiento por iniciativa del acreedor no requiere el consentimiento del deudor. La mayoría de las solicitudes son presentadas por los deudores.

Un procedimiento de saneamiento puede iniciarse cuando el deudor es insolvente y no existe ningún obstáculo legal para hacerlo. Constituiría un obstáculo legal, por ejemplo, el hecho de que la insolvencia no pueda resolverse mediante un programa de saneamiento o que el patrimonio del deudor sea insuficiente para cubrir los costes del procedimiento de saneamiento. Los procedimientos de saneamiento también se pueden iniciar cuando el deudor está en riesgo de insolvencia inminente. No obstante, los procedimientos de saneamiento en base a una insolvencia inminente solo pueden iniciarse a petición de un acreedor si la deuda representa un importe considerable. Además, se puede iniciar el procedimiento de saneamiento si el deudor y al menos dos acreedores presentan una solicitud conjunta, o si los acreedores respaldan la solicitud del deudor.

Las consecuencias jurídicas propias de un procedimiento de saneamiento comienzan a desplegar efectos a partir de la fecha de la resolución de incoación del procedimiento. Una vez presentada la solicitud, el órgano jurisdiccional puede ordenar, a instancia del solicitante o del deudor, la prohibición del pago de las deudas y la ejecución de sus garantías, la prohibición del cobro de deudas por parte del deudor y la prohibición de embargos o cualquier otra medida de ejecución que surta efecto antes del inicio del procedimiento.

El administrador judicial se encarga de notificar a los acreedores la incoación del procedimiento. Asimismo, el procedimiento de saneamiento debe notificarse a determinadas autoridades e inscribirse, entre otros sitios, en el Registro de Concursos y Reestructuraciones, en el Registro Mercantil y en los registros hipotecarios.

La decisión del órgano jurisdiccional de primera instancia de iniciar un procedimiento de saneamiento o de desestimar una solicitud de este tipo puede ser recurrida ante una instancia jurisdiccional superior.

Reestructuración de deudas de una persona física

Solo el deudor puede solicitar la reestructuración de sus deudas. La iniciación de un procedimiento de reestructuración de deudas requiere que el deudor sea insolvente y no pueda mejorar su capacidad de pago para poder hacer frente a sus deudas. La razón principal de la insolvencia debe ser una disminución esencial de la capacidad del deudor para pagar debido a un cambio en las circunstancias, principalmente por causas ajenas al deudor como, por ejemplo, una enfermedad. Por otra parte, la reestructuración de deudas también puede concederse si está justificada en vista de la proporción entre las deudas del deudor y su capacidad para pagarlas. Al evaluar la capacidad de pago del deudor, se tienen en cuenta, por ejemplo, los activos, los ingresos actuales y los ingresos potenciales del deudor.

No debe concurrir ningún impedimento legal para la solicitud del procedimiento de reestructuración de deudas (por ejemplo, una deuda contraída a través de un delito, o de forma irresponsable). Sin embargo, la reestructuración de la deuda puede concederse a pesar de que concurra un impedimento general si existe una buena razón para hacerlo. En tales casos, se presta especial atención a las medidas adoptadas por el deudor para pagar sus deudas, a la fecha de vencimiento de los importes reclamados, a la situación del deudor, así como a la importancia de la reestructuración de las deudas, tanto desde el punto de vista del deudor como del de los acreedores.

No se puede conceder una reestructuración de deudas si el deudor no dispone de medios de pago por un motivo considerado temporal o si, por un motivo similar, el deudor no está en condiciones de pagar sus deudas ordinarias por encima de un importe considerado insignificante.

Las consecuencias jurídicas propias de un procedimiento de reestructuración de deudas comienzan a desplegar efectos a partir de la fecha de la resolución de incoación del procedimiento. Una vez presentada la solicitud, el órgano jurisdiccional puede ordenar, a instancia del deudor, la prohibición temporal del pago de las deudas y la ejecución de sus garantías, la prohibición del cobro de deudas por parte del deudor o la prohibición de embargos o cualquier otra medida de ejecución que surta efecto antes del inicio del procedimiento.

3 ¿Qué bienes forman parte de la masa del deudor? ¿Cómo se tratan los activos que son adquiridos por el deudor o que se le transfieren tras la apertura del procedimiento de insolvencia?

Concurso de acreedores

Los activos del deudor al inicio del concurso de acreedores y los que adquiera antes de su conclusión componen la masa concursal. La masa concursal también comprende los frutos y rentas de dichos activos. Además, la masa concursal comprende bienes que pueden recuperarse en virtud de la Ley sobre la reintegración de activos en la masa concursal (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991) o sobre cualquier otro fundamento.

Por regla general, los activos no embargables no componen la masa concursal. Además, los activos adquiridos o los ingresos obtenidos por una persona física después del inicio del procedimiento de concurso de acreedores no se incluyen en la masa concursal.

Saneamiento de empresas

En el marco del procedimiento de saneamiento, se prepara un programa de saneamiento para el deudor. Algunos elementos que debe contener el programa son un balance de la situación financiera del deudor, es decir, de los activos, pasivos y otras obligaciones del deudor. El programa de saneamiento se elabora tomando como base la totalidad de los activos del deudor en el momento de incoación del procedimiento. En el marco del saneamiento también pueden revocarse algunos negocios: una transacción que podría haberse anulado si se hubiera presentado una solicitud de concurso de acreedores en lugar de una solicitud de saneamiento puede anularse en el marco de un procedimiento de saneamiento por los mismos motivos aplicables en el caso del concurso de acreedores.

Aunque en circunstancias excepcionales es posible modificar el programa de saneamiento después de su aprobación, estas modificaciones no pueden aumentar el importe de los pagos que deban hacerse a cada acreedor. Sin embargo, los activos transferidos al deudor después de la aprobación del programa de saneamiento pueden dar lugar a que los acreedores tengan derecho a exigir pagos adicionales al deudor. Se puede ordenar al deudor que realice los pagos suplementarios fijados en el programa si se considera que su situación económica ha mejorado con respecto al momento en que se preparó el programa. Se puede presentar una demanda de pagos suplementarios, si hay motivos para exigir tales pagos, ante el órgano jurisdiccional a más tardar un año después de la presentación ante dicho órgano del informe final.

Reestructuración de deudas de una persona física

En el marco de la reestructuración de deudas, el deudor debe proponer un calendario de pagos acorde a su capacidad de pago. A la hora de evaluar la capacidad de pago del deudor, se deben tener en cuenta, por ejemplo, el producto de la liquidación de los activos del deudor, sus ingresos actuales y sus ingresos potenciales, así como sus gastos de subsistencia necesarios y sus obligaciones de alimentos. Por otra parte, todos los ingresos del deudor que excedan sus gastos de subsistencia y sus obligaciones de alimentos se utilizan para saldar las deudas, así como todos los demás activos del deudor que no se utilicen para satisfacer sus necesidades básicas. Los activos considerados como necesidades básicas del deudor incluyen la vivienda de propiedad del deudor, el mobiliario de la misma en la medida de lo razonable y los efectos personales e instrumentos de trabajo del deudor en la medida de lo razonable. Los activos que sean considerados necesarios para el deudor solo pueden liquidarse en los casos previstos por la ley.

Además, el calendario de pagos puede obligar al deudor a realizar pagos suplementarios si recibe ingresos o activos adicionales durante el período de vigencia del calendario de pagos. El deudor está obligado a transferir a los acreedores una parte de las donaciones y demás pagos extraordinarios recibidos durante el período de vigencia del calendario de pagos. Cuando los ingresos del deudor excedan los ingresos establecidos en el calendario de pagos, se puede ordenar al deudor que pague a los acreedores una parte de esos ingresos adicionales.

4 ¿Qué competencias tienen el deudor y el administrador concursal, respectivamente?

Concurso de acreedores

El concurso de acreedores es declarado por un órgano jurisdiccional. Corresponde asimismo al órgano jurisdiccional nombrar a un administrador concursal. Se puede nombrar como administrador concursal, siempre que acepte el nombramiento, a una persona que reúna los requisitos de capacidad de obrar y competencia y experiencia necesarios y que se considere idónea a todos los efectos para desempeñar dicha función. El administrador concursal no debe tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor, su imparcialidad con respecto a los acreedores o su capacidad para el correcto desempeño de la tarea.

No se puede nombrar como administrador concursal a una persona jurídica. El administrador concursal desempeña una función crucial en la administración de los asuntos relacionados con la liquidación de la masa concursal. Entre otras cosas, las funciones del administrador judicial incluyen la representación de la masa concursal, encargarse de su administración ordinaria, elaborar el inventario de la masa concursal, elaborar el balance del deudor, controlar la aceptación de deudas y elaborar la lista de desembolsos.

El administrador concursal se ocupa también de la administración y venta de los bienes pertenecientes a la masa concursal y del reparto del producto de la venta. Al empezar el procedimiento de concurso de acreedores, el deudor pierde el poder de disposición sobre los bienes de la masa concursal. El deudor debe cooperar para que el procedimiento concursal pueda llegar a buen término y comunicar la información necesaria al administrador concursal para que este pueda elaborar el inventario de la masa concursal y dar fe del mismo. El deudor tiene derecho a recibir información sobre la masa concursal, a participar en las sesiones de la junta de acreedores y a expresar su opinión sobre los asuntos que se sometan a decisión.

Saneamiento de empresas

Al inicio del procedimiento de saneamiento de una empresa, el órgano jurisdiccional designa a un administrador judicial. Este debe ser una persona mayor de edad, de reconocida honradez, que no esté en concurso de acreedores y que cumpla los demás requisitos legales. Esta persona debe reunir los requisitos de capacidad de obrar y de competencia y experiencia necesarios para su función. El administrador judicial no debe tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor o su imparcialidad con respecto a los acreedores. No se puede nombrar como administrador judicial a una persona jurídica.

El administrador judicial es responsable de la consecución de los objetivos del procedimiento de saneamiento y de proteger los intereses de los acreedores. Prepara una relación de los activos y pasivos del deudor y elabora una propuesta de programa de saneamiento (algunas otras figuras, como, por ejemplo, el deudor, tienen derecho a presentar su propia propuesta de programa de saneamiento). Además, supervisa las actividades del deudor.

El órgano jurisdiccional puede constituir un comité de acreedores para representar a los acreedores y ayudar, con carácter consultivo, al administrador judicial en el desempeño de sus funciones. No se constituye este comité si se considera innecesario a causa del reducido número de acreedores o por algún otro motivo.

El deudor conserva la facultad de disposición sobre sus bienes y actividades, salvo que la ley establezca lo contrario. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, el deudor no puede, sin el consentimiento del administrador judicial, por ejemplo, contraer una nueva deuda, a menos que la deuda esté relacionada con las actividades regulares del deudor y que su importe y condiciones no sean inusuales. A petición del administrador judicial o de un acreedor, las facultades del deudor también podrían verse restringidas de otras formas, en particular si existiera el riesgo de que el deudor actuase de manera que pudiera perjudicar o comprometer los intereses de los acreedores. El deudor debe colaborar y facilitar información al órgano jurisdiccional, al administrador judicial y al comité de acreedores.

El deudor está facultado para seguir ejerciendo sus derechos procesales en procesos judiciales suspendidos y para ejercitar acciones judiciales, a menos que el administrador judicial decida asumir el ejercicio de esta facultad del deudor.

Reestructuración de deudas de una persona física

El órgano jurisdiccional puede nombrar a un administrador judicial para la reestructuración de la deuda cuando sea necesario para aclarar la situación financiera del deudor, para la liquidación de sus activos o la reestructuración de la deuda. Se puede nombrar como administrador judicial, siempre que acepte el nombramiento, a una persona mayor de edad, de reconocida integridad, que no esté en concurso de acreedores y que no tenga limitada su capacidad de obrar. El administrador judicial debe tener la competencia y la experiencia requeridas para el desempeño de sus funciones. No debe tener ninguna relación con el deudor ni con ninguno de los acreedores que pudiera comprometer su independencia con respecto al deudor o su imparcialidad con respecto a los acreedores. No se puede nombrar como administrador judicial a una persona jurídica.

La función del administrador judicial, en su caso, consiste en elaborar la propuesta de calendario de pagos y desempeñar las demás funciones que le atribuya el órgano jurisdiccional. A la hora de elaborar la propuesta de calendario de pagos, el administrador judicial debe negociar con el deudor y los acreedores y proporcionarles la información necesaria sobre la reestructuración de la deuda, así como darles la oportunidad de formular una declaración motivada sobre la petición y la propuesta de calendario de pagos. También se puede encomendar al administrador judicial la liquidación de los bienes del deudor y el reparto del producto de la liquidación entre los acreedores. Si no se nombra a un administrador judicial, el deudor es el responsable de elaborar la propuesta de calendario de pagos. Corresponde al órgano jurisdiccional competente iniciar el procedimiento de reestructuración de deudas de un particular.

El órgano jurisdiccional también es responsable de aprobar el calendario de pagos. El deudor conserva la titularidad y el derecho de posesión de sus bienes. Sin embargo, todos los activos del deudor que no se consideren necesarios de este se utilizan para saldar las deudas. El deudor está obligado a proporcionar al órgano jurisdiccional, a los acreedores y, si lo hubiere, al administrador judicial, toda la información necesaria sobre cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda. El deudor también contribuye a la adecuada ejecución del procedimiento de reestructuración de la deuda.

5 ¿En qué condiciones pueden reclamarse las compensaciones?

Concurso de acreedores

Salvo en determinados casos excepcionales, el acreedor tiene derecho a compensar una deuda contraída con el deudor con una deuda que este tenga con él al inicio del procedimiento concursal, incluso si ambas deudas aún no han vencido. El derecho de compensación no se aplica a las deudas que no den derecho al acreedor a un desembolso de la masa concursal, ni a ningún crédito subordinado a otros. El acreedor tiene el deber de proporcionar información sobre las deudas que se pueden utilizar para una compensación.

Saneamiento de empresas

A pesar de existir una prohibición de ejecución de las deudas, el acreedor tiene derecho a compensar una deuda contraída con el deudor al inicio del procedimiento en las mismas condiciones que en el procedimiento de concurso de acreedores. La compensación también debe notificarse al administrador judicial.

El derecho de compensación no se aplica a una entidad de crédito que quiera compensar la cantidad que reclama con fondos que el deudor tiene depositados en dicha entidad desde que la prohibición de cobro entre en vigor, o con fondos que estén en ese momento en la entidad de crédito en vías de ser transferidos a la cuenta del deudor, si la cuenta puede ser utilizada para realizar pagos.

Reestructuración de deudas de una persona física

Una vez iniciada la reestructuración de la deuda, no se aplica al deudor ninguna medida para cobrar una deuda sujeta a la suspensión de pago o para asegurar su pago. La suspensión temporal de cobro también incluye la compensación entre los activos exigibles al deudor y las deudas exigibles al acreedor. Sin embargo, esta suspensión no se aplica a la compensación de deudas tributarias.

6 ¿Qué efectos tienen los procedimientos de insolvencia sobre los contratos en curso de los que el deudor es parte?

Por regla general, los contratos que no afecten a activos exigibles sujetos al procedimiento de insolvencia siguen siendo válidos y no sufren modificación en todos los tipos de procedimientos de insolvencia.

Concurso de acreedores

Si, en el momento del inicio del concurso de acreedores, el deudor no hubiese abonado la contraprestación de un contrato del que era parte, la otra parte contratante debe solicitar una declaración que establezca si la masa concursal se puede usar para el pago del contrato. Si el administrador concursal declara que se puede usar la masa concursal para el pago del contrato y fija una garantía aceptable para ese pago, el contrato no puede rescindirse. Sin embargo, la otra parte contratante puede rescindir el contrato si este es de carácter personal, o si hay algún otro motivo especial por el cual no pueda exigirse a la otra parte que permanezca vinculada al contrato.

Cuando un empleador se declare en concurso de acreedores, el contrato de trabajo puede ser rescindido por cualquiera de las partes, independientemente de su duración. El plazo de preaviso siempre es de 14 días, independientemente del que sea aplicable en circunstancias normales. El salario relativo al período que dure el concurso de acreedores se paga con la masa concursal.

La masa concursal se responsabiliza del pago del arrendamiento previsto en el contrato de arrendamiento de los locales profesionales para el período durante el cual se utilicen los locales, incluso si no asume las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Si no se hubiese declarado, en un plazo de al menos un mes fijado por el arrendador, que la masa concursal asume las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento tras el inicio del concurso de acreedores, el arrendador tiene derecho a rescindir el contrato de arrendamiento.

Si, en virtud de un contrato de cesión de bienes muebles, la cláusula de conservación de propiedad o de recuperación quedare sin efecto por el pago del precio de compra, la masa concursal está autorizada a concluir el contrato mediante la notificación al vendedor y el pago del precio de compra pendiente de acuerdo con las condiciones anteriores, más los intereses de demora. La notificación y el pago de la deuda deben efectuarse en un plazo razonable a petición del vendedor, o si este exige la devolución de sus bienes.

Se puede anular un negocio individual en virtud del motivo de recuperación al que hace referencia la Ley sobre la reintegración de activos en la masa concursal (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991).

Saneamiento de empresas

El inicio del procedimiento de saneamiento no tiene efecto sobre los negocios existentes del deudor, a menos que la ley establezca lo contrario.

Un contrato de arrendamiento o un contrato de arrendamiento financiero en el que el deudor sea el arrendatario puede ser rescindido por el deudor de manera que finalice dos meses después de la notificación de rescisión, no obstante las cláusulas relativas a la duración o a la rescisión del contrato.

Una persona que antes del inicio del procedimiento se haya comprometido con el deudor a ejecutar un contrato pero que no haya completado dicha ejecución en el momento del inicio del procedimiento tiene derecho a una contraprestación por lo que haya ejecutado si la ejecución pudiera ser considerada una parte de las actividades ordinarias del deudor. Si la cuestión se refiere a otro tipo de contrato celebrado antes del inicio del procedimiento y si en el momento del inicio del procedimiento el deudor no hubiese cumplido con su obligación de pago en virtud del contrato, el administrador judicial puede, a petición de la otra parte, determinar si el deudor debe o no seguir siendo parte en el contrato. Si la respuesta es negativa o si no se da en un plazo razonable, la otra parte tiene derecho a rescindir el contrato.

Un contrato conforme al cual el deudor deba realizar un pago vinculado con una deuda en proceso de saneamiento se considera cancelado, salvo que la obligación de realizar el pago se base en el programa de saneamiento aprobado.

Si un empleador está sujeto a un procedimiento de saneamiento, tiene derecho, en determinadas condiciones, a rescindir un contrato de trabajo independientemente de su duración, con un preaviso de dos meses.

Un negocio que podría haber sido anulado si se hubiera presentado una solicitud de concurso de acreedores en lugar de una solicitud de saneamiento puede ser anulado a petición del acreedor en el marco del procedimiento de saneamiento, por los motivos previstos por la Ley sobre la reintegración de activos en la masa concursal.

Reestructuración de deudas de una persona física

El deudor está autorizado a rescindir un contrato de arrendamiento en el que el deudor sea el arrendatario, o a rescindir cualquier otro tipo de contrato de consumo o de régimen de pago único que surta efecto a partir de dos meses después de la notificación de rescisión.

El deudor debe renunciar a los activos que no satisfagan sus necesidades básicas y que se hayan obtenido sobre la base de un régimen de pago parcial o único.

Quedan cancelados los contratos por los que el deudor sea responsable sobre la base de o en relación con la reestructuración de la deuda, a menos que este pasivo haya sido incorporado en el calendario de pagos o esté reconocido por ley.

Una persona que antes del inicio del procedimiento se haya comprometido con el deudor a ejecutar un contrato pero que no haya completado dicha ejecución en el momento del inicio del procedimiento tiene derecho a una contraprestación por lo que haya ejecutado si la ejecución pudiera ser considerada una parte de las actividades ordinarias del deudor.

Un negocio que podría haber sido anulada si se hubiera presentado una solicitud de concurso de acreedores en lugar de una solicitud de reestructuración de deudas puede ser anulado a petición del acreedor en el marco del procedimiento de reestructuración de deudas, por los motivos previstos por la Ley sobre la reintegración de activos en la masa concursal.

7 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre los procedimientos incoados por acreedores individuales (con excepción de los procesos en curso)?

Concurso de acreedores

Tras el inicio del concurso de acreedores, no se admite ninguna acción contra la masa concursal con el fin de obtener un título de ejecución en relación con una deuda del concurso, ni se practican medidas de ejecución sobre los activos de la masa concursal para el cobro de una deuda del concurso. Sin embargo, un acreedor que sea titular de una garantía puede realizar esta para satisfacer su deuda.

Saneamiento de empresas

Por regla general, tras el inicio de un procedimiento de saneamiento, el deudor está sujeto a una prohibición de reembolsar las deudas y los acreedores, a una prohibición de cobro de sus créditos. No se toma ninguna medida de ejecución contra el deudor para cobrar una deuda en el marco de un saneamiento ni para garantizar su pago. En determinados casos, un acreedor titular de una garantía puede solicitar al órgano jurisdiccional que le conceda permiso para realizar la garantía con el fin de obtener el pago. Esto es posible, por ejemplo, si es evidente que, habida cuenta del acuerdo de saneamiento, no es necesario que el deudor siga conservando los activos que sirven como garantía.

Por regla general, tras el inicio del procedimiento, no se aplican contra el deudor medidas cautelares basadas en resoluciones oficiales.

Reestructuración de deudas de una persona física

Al igual que en los procedimientos de saneamiento, en los procedimientos de reestructuración de la deuda al acreedor se le aplica una suspensión temporal del cobro de su crédito. Cuando una deuda se encuentre sujeta a una suspensión de pago, no se toma ninguna medida de ejecución contra el deudor para cobrar una deuda o para garantizar su pago. Tampoco se aplican al deudor sanciones por demora. Sin embargo, en determinados casos, un acreedor titular de una garantía puede solicitar que el órgano jurisdiccional le conceda permiso para realizar la garantía con el fin de obtener el pago. Esto es posible, por ejemplo, si los activos que sirven como garantía no se utilizan para satisfacer necesidades básicas del deudor o si el deudor no necesita los activos para el ejercicio de su actividad.

El acreedor puede ejercitar una acción o iniciar otro tipo de procedimiento para conservar su derecho de ejecución o para obtener un título para su ejecución. Por regla general, a pesar de las prohibiciones derivadas del inicio de la reestructuración de deudas, el acreedor también puede solicitar medidas cautelares y la ejecución de dichas medidas.

8 ¿Qué efectos tiene un procedimiento de insolvencia sobre la continuación de los procesos en curso en el momento de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia?

Concurso de acreedores

Una vez iniciado el concurso de acreedores, el deudor pierde su poder de disposición sobre los activos de la masa concursal en beneficio del administrador concursal. Por consiguiente, el administrador concursal está capacitado para adoptar la condición de parte en los negocios relativos a los activos pertenecientes a la masa concursal: se reserva al administrador concursal la posibilidad de reanudar los procesos judiciales suspendidos entre el deudor y terceros en relación con los activos de la masa concursal. Si el administrador concursal no aprovecha esta facultad, el deudor puede hacerlo.

Asimismo, se da al administrador concursal la oportunidad de reanudar los procesos judiciales relativos a deudas concursales contra el deudor. Si el administrador rechazase utilizar esta facultad y si el deudor no desease reanudar el procedimiento, el demandante puede solicitar la resolución del asunto.

Saneamiento de empresas

El deudor está facultado para seguir ejerciendo sus derechos procesales en procesos judiciales suspendidos y otros procedimientos jurídicos de los que sea parte, a menos que el administrador judicial decida asumir el ejercicio de esta facultad del deudor. La misma disposición se aplica a los procedimientos judiciales u otros procedimientos que se suspendan tras el inicio del procedimiento de saneamiento.

El administrador judicial está autorizado a presentar demandas e iniciar procedimientos judiciales u otros procedimientos pertinentes por cuenta del deudor, así como a ejercer los derechos procesales correspondientes al deudor en dichos procedimientos. Además, el administrador judicial puede aceptar notificaciones en nombre del deudor.

Reestructuración de deudas de una persona física

El inicio de un procedimiento de reestructuración de deudas no afecta a los procesos judiciales pendientes ni a los derechos procesales correspondientes del deudor.

9 ¿Cuáles son los principales elementos de la participación de los acreedores en el procedimiento de insolvencia?

Concurso de acreedores

Los acreedores pueden presentar la solicitud de declaración de concurso de acreedores.

En los procedimientos de concurso de acreedores, los acreedores ejercen una autoridad suprema. Esta facultad sobre la masa concursal es ejercida por los acreedores en la medida en que la decisión no sea establecida por ley o decidida por el administrador concursal. Además, los acreedores pueden conservar su autoridad con respecto a asuntos de la administración ordinaria de la masa, o delegar parte de su autoridad en el administrador concursal. La autoridad de los acreedores sobre la masa concursal empieza cuando se inicia el concurso y cesa cuando este termina.

Los acreedores que posean un pasivo de la masa concursal contra el deudor tienen derecho a ejercer esta autoridad. Tras la fecha del control de admisibilidad de los créditos, solo disponen de este derecho los acreedores que hayan declarado sus créditos y los acreedores cuyos créditos puedan de alguna otra manera tenerse en consideración en la lista de desembolsos, así como los acreedores titulares de garantías que hayan presentado un informe sobre sus créditos contra el deudor.

El órgano decisorio más importante es la junta de acreedores, pero también se pueden aplicar otros procedimientos de toma de decisiones. Los acreedores pueden constituir también un comité de acreedores para actuar como órgano de negociación y de enlace entre el administrador concursal y los acreedores. El peso del voto de los acreedores se determina sobre la base de su deuda actual en el concurso. Las decisiones de la junta de acreedores se adoptan por el voto de aquellos acreedores cuyo peso de voto conjunto sea superior a la mitad del peso de voto total de los participantes en la votación. En los procedimientos alternativos de toma de decisiones, los votos se contabilizan sobre la base del peso de voto de los acreedores que expresen su opinión.

Saneamiento de empresas

Cualquier acreedor puede solicitar el saneamiento.

Puede constituirse un comité de acreedores que actúe como representante del conjunto de los acreedores. El comité representa a todos los grupos de acreedores y sus funciones son ayudar al administrador judicial en el desempeño de sus funciones y supervisar las actividades del administrador judicial en nombre de los acreedores. El comité toma sus decisiones por mayoría simple.

A la hora de preparar la propuesta de programa de saneamiento, el administrador judicial negocia con el comité de acreedores y, si fuera necesario, con cada uno de los acreedores por separado. Además, los acreedores o grupos de acreedores cuyos créditos excedan el límite establecido por la ley están autorizados a presentar una propuesta de programa de saneamiento. Una vez elaborada la propuesta de programa de saneamiento, se remite a los acreedores para su aprobación. En el caso de que no haya impedimentos para la aprobación del programa, el programa puede ser aprobado con la aceptación de todos los acreedores, la aceptación por mayoría en todos los grupos de acreedores y, en determinadas circunstancias, incluso sin la aceptación por mayoría en todos los grupos de acreedores.

Reestructuración de deudas de una persona física

Los acreedores no pueden solicitar la reestructuración de la deuda de un particular. Sin embargo, por regla general, antes de solicitar la reestructuración de la deuda, el deudor intenta negociar un acuerdo con los acreedores. De conformidad con las prácticas establecidas de crédito y cobro de deudas, el acreedor colabora para llegar a un acuerdo.

Los acreedores pueden presentar una declaración sobre la solicitud de reestructuración de la deuda y sobre la propuesta de calendario de pagos. Cuando sea necesario, los acreedores deben proporcionar información de su crédito por escrito. Un calendario de pagos aprobado puede ser modificado a petición de los acreedores, pudiendo también ser anulado por determinados motivos.

10 ¿De qué forma puede el administrador concursal utilizar o enajenar bienes de la masa?

Concurso de acreedores

La masa concursal se administra con la diligencia y atención debidas, de conformidad con las buenas prácticas en materia de administración de masas concursales.

Una de las funciones del administrador concursal es realizar la venta de los activos de la masa concursal. El administrador concursal liquida los bienes de la masa de la manera más ventajosa, de modo que de la venta se obtengan los mayores beneficios posibles. Solo pueden venderse garantías pertenecientes a la masa concursal si el acreedor protegido por la garantía lo consiente o si el órgano jurisdiccional concede el permiso correspondiente.

Los activos pertenecientes a la masa concursal no pueden ser vendidos al administrador concursal, ni a sus asistentes, ni a las personas relacionadas con el administrador concursal o con uno de sus asistentes.

Saneamiento de la empresa y reestructuración de deudas

Los derechos del administrador judicial se limitan al acceso a la información necesaria para cumplir sus obligaciones. El deudor conserva la titularidad y el derecho de posesión de sus activos y el administrador judicial no está autorizado en ningún caso a utilizar o enajenar los activos del deudor.

No obstante, el deudor necesita el consentimiento del administrador judicial para un cierto número de operaciones que implican la enajenación de sus activos.

Reestructuración de deudas de una persona física

En los procedimientos de reestructuración de deudas, se puede ordenar al administrador judicial que liquide los activos y que tome medidas conexas, así como que reparta los fondos resultantes entre los destinatarios.

11 ¿Qué créditos deben reconocerse en la masa del deudor y qué tratamiento tienen los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia?

Concurso de acreedores

Una deuda concursal es una deuda contraída por el deudor con base en un negocio jurídico anterior al inicio del concurso. Además, los créditos garantizados y los créditos cuya base o importe sean condicionales, estén impugnados o sean poco claros por otros motivos, cuentan como créditos concursales. En una relación de deuda continua, la parte de la deuda del período anterior al inicio del concurso de acreedores se considera crédito concursal.

En Finlandia, las masas concursales pueden estar vinculadas de manera independiente por contratos y, por tanto, pueden conllevar sus propios derechos y obligaciones. Los créditos surgidos después del inicio del concurso de acreedores se consideran «gastos de administración», es decir, deudas de la masa concursal que se pagan en su totalidad con los activos de la masa. La administración concursal se responsabiliza de toda deuda resultante del procedimiento concursal o fundamentada en un nuevo contrato o un compromiso de la masa concursal, y de toda deuda de cuya liquidación sea responsable con arreglo a las disposiciones legales. Las deudas de este tipo más corrientes son la remuneración del administrador concursal, la remuneración de los asalariados y los gastos de arrendamiento de los locales profesionales.

Saneamiento de empresas

Por deuda a sanear se entienden todas las deudas de un deudor contraídas antes de la presentación de la solicitud, incluidas las deudas garantizadas y las deudas cuya base o importe sean condicionales, estén impugnados o sean poco claros. Dichas deudas son pagaderas de conformidad con el programa de pago incluido en el programa de saneamiento.

Las deudas contraídas después de la presentación de la solicitud se pagan a su vencimiento. Lo mismo se aplica a las comisiones, cargos y otros gastos de explotación derivados de una relación contractual continua o de un contrato permanente de uso o posesión, en la medida en que se refieran al periodo posterior a la presentación de la solicitud.

Reestructuración de deudas de una persona física

La reestructuración de la deuda abarca todas las deudas del deudor existentes antes del inicio del procedimiento de reestructuración. Esto incluye las deudas garantizadas y las deudas condicionales, contenciosas o indefinidas en cuanto a su importe o fundamento, así como los intereses sobre dichas deudas devengados entre el inicio de la reestructuración de la deuda y la confirmación del calendario de pagos, y los gastos de cobro y de ejecución de las deudas, cuando el deudor dé la orden de pagarlas.

Las deudas no afectadas por la reestructuración de la deuda se reembolsan a su vencimiento.

12 ¿Qué normas rigen el reconocimiento, verificación y admisión de los créditos?

Concurso de acreedores

Para tener derecho a un desembolso, el acreedor debe presentar el crédito por escrito ante el administrador concursal no más tarde de la fecha de declaración de créditos indicada. La carta de presentación del crédito debe indica, por ejemplo, el importe de principal de la deuda, los intereses devengados y el fundamento del crédito y de los intereses. La presentación también puede ser revisada o complementada después de la fecha de presentación. También puede presentarse un crédito de manera retroactiva si el acreedor paga a la administración concursal una comisión adicional, a menos que hubiera un motivo válido para no haber presentado el crédito en la fecha indicada. El administrador concursal puede tener en cuenta un determinado crédito en la propuesta de lista de desembolsos sin haber recibido su presentación, en el caso de que no se impugnen el fundamento ni el importe del crédito.

El administrador concursal confirma la legitimidad de los créditos presentados y su posible orden de prelación. Los créditos que confieran derecho de desembolso se indican en la propuesta de lista de desembolsos. El administrador concursal, un acreedor o el deudor pueden impugnar un crédito incluido en la propuesta de lista de desembolsos. La impugnación del crédito debe detallar los motivos de la controversia. Cuando se haya impugnado el crédito de un acreedor, el administrador concursal reserva al acreedor el derecho de prestar declaración al respecto y de presentar pruebas en apoyo de su crédito. Un crédito que no haya sido impugnado en su momento se considera aceptado.

Después de esto, el administrador concursal establece una lista de desembolsos teniendo en cuenta las controversias y las declaraciones y presenta la lista para su homologación por parte del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional da audiencia a las controversias y demás desacuerdos. Si una controversia no puede resolverse durante la vista oral, esta se resuelve por separado en un procedimiento civil. Por último, el órgano jurisdiccional homologa la lista de desembolsos.

Saneamiento de empresas

El deudor adjunta un informe sobre los acreedores, las deudas y sus garantías a su solicitud de inicio de procedimiento de saneamiento. Cuando el órgano jurisdiccional dicta el auto de inicio del procedimiento de saneamiento, fija el plazo para que los acreedores presenten sus créditos por escrito al administrador judicial, en el caso de diferir de los declarados por el deudor.

Una vez entregado el proyecto de programa de saneamiento al órgano jurisdiccional, este da a las partes en cuestión la oportunidad de presentar por escrito al administrador judicial sus objeciones a los créditos mencionados en la propuesta, presentar por escrito sus alegaciones sobre la propuesta dentro de un período determinado, o prestar declaración ante el órgano jurisdiccional. Tanto el administrador judicial como el deudor pueden presentar objeciones en nombre del deudor. Si es posible, se resuelve sobre las objeciones y la propuesta de forma conjunta. De lo contrario, el asunto de las objeciones puede ser resuelto en el marco de un procedimiento judicial separado. Una vez que el órgano jurisdiccional ha resuelto sobre el saneamiento de deudas poco claras, la persona que haya preparado la propuesta puede rectificarla, rehacerla o completarla. Después de esto, los acreedores votan la propuesta de programa de saneamiento.

Por regla general, toda deuda contraída durante el procedimiento de saneamiento que no haya sido declarada por el deudor o por el acreedor y que no haya sido notificada al administrador judicial de ningún otro modo antes de la aprobación del programa de saneamiento, se extingue con la aprobación del programa de saneamiento.

Reestructuración de deudas de una persona física

Cuando presente una solicitud de reestructuración de sus deudas, el deudor debe elaborar una lista de todos los acreedores y de sus créditos. Al dictar el auto de inicio del procedimiento de reestructuración de la deuda, el órgano jurisdiccional envía a los acreedores copias del auto, de la solicitud y de la propuesta de calendario de pagos del deudor. El órgano jurisdiccional señala también un plazo para el envío de las notificaciones escritas de los acreedores sobre el importe de las deudas susceptibles de reestructuración si estos difieren de las declarados por el deudor, así como un plazo para la presentación por escrito de las alegaciones de los acreedores respecto de la solicitud y la propuesta de calendario de pagos del deudor y las posibles objeciones a las deudas incluidas en la propuesta.

Las objeciones se tratan en relación con el procedimiento de reestructuración de la deuda y se incorporan en el calendario de pagos, si fuera posible, sin causar un retraso sustancial en la reestructuración de la deuda. De lo contrario, el órgano jurisdiccional dictamina que el asunto se resuelva en una acción separada o por medio de otro procedimiento. Seguidamente, el calendario de pagos puede ser aprobado, siempre que se conceda al deudor la reestructuración de la deuda.

El calendario de pagos puede ser modificado a petición del deudor o de un acreedor si, después de la confirmación del calendario de pagos, se tiene conocimiento de una deuda susceptible de reestructuración.

Si aparece una deuda susceptible de reestructuración después de que finalice el calendario de pagos, el deudor paga la deuda según el importe que se habría asignado al acreedor si la deuda se hubiese incluido en el calendario de pagos.

13 ¿Qué normas rigen la distribución de los créditos? ¿Qué prelación tienen los créditos y los derechos de los acreedores?

Por regla general, en todos los tipos de procedimientos de insolvencia, a todos los créditos se les da la misma consideración, es decir, cada acreedor tiene el mismo derecho a recibir un pago en proporción a su crédito. Las excepciones a esta regla tienen que ver con las disposiciones sobre créditos privilegiados y créditos subordinados.

Concurso de acreedores

En el marco de un concurso de acreedores, los desembolsos a favor de los acreedores se pagan de acuerdo con la lista de desembolsos homologada. Las disposiciones relativas a la prioridad de los créditos en los casos en que los activos del deudor sean insuficientes para satisfacer todos los créditos se establecen en la Ley relativa a la prioridad de cobro de los créditos (Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992).

Los créditos garantizados por un activo o un derecho de prenda son créditos privilegiados, así como los créditos que surjan en relación con el saneamiento de una empresa, la pensión alimenticia pagadera a un menor y las hipotecas mercantiles. Los créditos que están subordinados a otros créditos y su orden de prelación se especifican en disposiciones especiales. Algunos de estos créditos son, por ejemplo, los intereses y sanciones por demora en relación con un crédito sin prioridad acumulados hasta el inicio del concurso de acreedores, así como otras deudas de Derecho público como multas y sanciones.

Saneamiento de empresas

Los acreedores que, fuera del procedimiento de saneamiento, tendrían el mismo derecho de pago de sus créditos, tienen condiciones equivalentes dentro de un programa de saneamiento. No obstante, dentro de un programa de saneamiento se puede determinar que los acreedores con créditos subordinados reciban el pago íntegro de sus créditos.

Las medidas aplicables a las deudas garantizadas son limitadas, ya que el capital de una deuda garantizada no puede reducirse. El saneamiento de la deuda no afecta a la existencia ni al contenido del derecho de garantía de un acreedor.

En el marco del saneamiento de la deuda, los intereses y otros costes de los créditos devengados durante el procedimiento de saneamiento que no sean deudas garantizadas se consideran subordinados.

Reestructuración de deudas de una persona física

Los fondos disponibles del deudor y los fondos procedentes de la liquidación de sus activos se reparten entre las deudas ordinarias en proporción a su importe. Pueden aplicarse a las deudas ordinarias todas las medidas de reestructuración disponibles, pero no es posible anular la obligación de pago relativa a las deudas garantizadas.

El saneamiento de la deuda no afecta a la existencia ni al contenido del derecho de garantía de un acreedor.

Se utiliza el mecanismo menos perjudicial para el acreedor que al mismo tiempo permita remediar la situación financiera del deudor. Se asigna menor prioridad al pago, a partir de los fondos disponibles y el producto de la liquidación, de los créditos que tendrían consideración de subordinados en el caso de que el deudor fuese declarado en concurso de acreedores y los intereses devengados entre el inicio de la reestructuración de la deuda y la confirmación del calendario de pagos.

14 ¿Qué condiciones y efectos tiene la conclusión de los procedimientos de insolvencia (en particular mediante convenio)?

Concurso de acreedores

El administrador concursal elabora su lista de imputación de acuerdo con lo dicho en el apartado 12. El procedimiento concursal judicial termina con la elaboración de la lista de imputación.

Todo el procedimiento concursal termina una vez que los acreedores han aprobado la liquidación definitiva de las cuentas. El administrador concursal establece la liquidación definitiva de las cuentas una vez que la masa concursal haya sido contabilizada y se hayan liquidado los activos pertenecientes a la masa. Es posible establecer la liquidación definitiva de las cuentas incluso si la masa concursal está parcialmente sin contabilizar debido a que no se han vendido las garantías u otros activos de poco valor, o porque un crédito en concurso o una parte insignificante de los créditos no está clara.

La celebración de un convenio puede concluir el procedimiento concursal si este convenio está respaldado por el deudor y por la mayoría de los acreedores. Con la homologación del convenio cesa el nombramiento del administrador concursal y se extingue la autoridad de los acreedores en el concurso.

El órgano jurisdiccional dicta un auto de conclusión del concurso si los fondos de la masa concursal son insuficientes para sufragar los costes del procedimiento concursal o si no fuera conveniente continuar con el concurso por cualquier otro motivo. Sin embargo, no se dicta auto judicial de conclusión del concurso si el concurso continúa bajo tutela de la Administración Pública. Algunos de los motivos para continuar con el procedimiento bajo tutela de la Administración Pública pueden ser, por ejemplo, la necesidad de que el deudor sea sometido a inspección. La tutela de la Administración Pública termina con la liquidación definitiva de las cuentas.

Se puede ordenar anular el concurso de acreedores por un motivo válido en los ocho días posteriores a la declaración del concurso. En ese caso, el concurso de acreedores deja de producir efectos jurídicos.

La responsabilidad por las deudas se mantiene después del concurso de acreedores. El deudor no es eximido de la responsabilidad por las deudas del concurso de acreedores que no se hayan pagado en su totalidad durante este procedimiento.

Saneamiento de empresas

El procedimiento judicial de saneamiento finaliza con la aprobación del programa de saneamiento. La aprobación del programa devuelve al deudor su plena capacidad y cesa los efectos jurídicos relacionados con la apertura del procedimiento, tales como la prohibición de realizar pagos y cobrar deudas. Tras la aprobación del programa de saneamiento, las condiciones de las deudas en proceso de saneamiento se rigen por el programa de saneamiento y, por regla general, quedan extinguidas las deudas de saneamiento no declaradas en el saneamiento.

A petición del supervisor o de un acreedor, el órgano jurisdiccional puede dejar sin efecto el programa de saneamiento si el deudor ha incumplido el programa y este incumplimiento es sustancial. El programa de saneamiento también se extingue si el deudor se declara en concurso de acreedores antes de la conclusión del programa. El órgano jurisdiccional también puede dejar sin efecto un acuerdo sobre de reestructuración de la deuda dentro del programa de saneamiento si, por ejemplo, el deudor ha descuidado las obligaciones con el acreedor que le incumben en virtud del programa. Tras la extinción del programa, el acreedor tiene los mismos derechos que tenía antes de la aprobación del programa de saneamiento.

Al finalizar el programa de saneamiento, el supervisor o, en su defecto, el deudor, presenta un informe final sobre la ejecución del programa.

Reestructuración de deudas de una persona física

El procedimiento judicial de reestructuración de deudas termina una vez que el órgano jurisdiccional aprueba el calendario de pagos. Una vez aprobado el calendario de pagos, las condiciones de las deudas se rigen por el calendario de pagos. Las obligaciones de pago establecidas en el calendario de pagos son vinculantes para el deudor hasta que haya cumplido todas las obligaciones especificadas. Independientemente de la terminación del calendario de pagos, las obligaciones del deudor especificadas en el mismo continúan en vigor hasta que se hayan cumplido. El deudor no queda eximido del pago de las deudas restantes hasta que haya cumplido todas las obligaciones establecidas en el calendario de pagos.

El calendario de pagos queda anulado si el deudor se declara en concurso de acreedores antes de concluir el plazo del calendario. A petición del deudor o de un acreedor, el órgano jurisdiccional puede ordenar la anulación del calendario de pagos si el deudor ha descuidado sus obligaciones según lo especificado por la ley. Tras la terminación del calendario, el acreedor tiene los mismos derechos que tenía antes de la reestructuración de la deuda.

15 ¿Qué derechos tienen los acreedores tras la conclusión del procedimiento de insolvencia?

Concurso de acreedores

El cierre de un procedimiento de concurso de acreedores no libera al deudor de la responsabilidad de las deudas, es decir, el deudor sigue siendo responsable de las deudas concursales que no se hayan pagado en su totalidad en el marco del procedimiento de concurso de acreedores.

Saneamiento de empresas

Los acreedores tienen derecho a recibir el pago de los créditos recogidos en el programa de saneamiento, y el saneamiento no termina hasta que se hayan cumplido las obligaciones del programa. Así pues, después de la conclusión del programa, los acreedores ya no tienen derecho a recibir pago alguno.

Se puede extinguir el programa de saneamiento tal como se indica en el apartado 14. En tal caso, deja de ser válido y los acreedores tienen el mismo derecho al pago de la deuda objeto de saneamiento como si no hubiese existido el programa. No obstante, la extinción del programa no afecta a la validez de las transacciones ya efectuadas en virtud del programa.

Reestructuración de deudas de una persona física

Las condiciones de las deudas se rigen por el calendario de pagos. Se determina la duración del calendario de pagos. El deudor queda plenamente eximido de las deudas que, de acuerdo con el programa, no deban pagarse.

Independientemente de la terminación del calendario de pagos, las obligaciones del deudor especificadas en el mismo continúan en vigor hasta que se hayan cumplido. No obstante, los acreedores dejan de tener derecho a recibir pagos una vez que se hayan efectuado todos los pagos conformes con el calendario de pagos.

16 ¿Quién asume las costas y los gastos en los que se incurre en los procedimientos de insolvencia?

Concurso de acreedores

Los costes del procedimiento concursal consisten en las tasas procesales, la retribución del administrador concursal y todos los demás costes derivados del control y administración de la masa concursal.

Los costes del procedimiento concursal se pagan con los fondos de la masa concursal. Si los fondos de la masa concursal son insuficientes para sufragar los costes, un acreedor puede asumir la responsabilidad de los costes para evitar la suspensión del concurso de acreedores.

El órgano jurisdiccional también puede decidir que el concurso de acreedores continúe bajo tutela de la Administración Pública, si lo considera justificado debido, por ejemplo, a que la masa concursal no dispone de medios suficientes. En tal caso, cesa el nombramiento del administrador concursal y la autoridad de los acreedores en el concurso. Los costes de los procedimientos de concurso de acreedores llevados a cabo bajo tutela de la Administración Pública se pagan con fondos estatales en la medida en que los fondos de la masa concursal sean insuficientes.

Saneamiento de empresas

Los costes del procedimiento, tales como la remuneración del administrador judicial, se pagan con los activos del deudor. También puede asumir la responsabilidad de los costes otra parte, ya que uno de los impedimentos para el saneamiento es la posibilidad de que los activos del deudor sean insuficientes para sufragar los costes del procedimiento. No obstante, rara vez se produce esta asunción de los costes.

Se encargan de los gastos relativos al comité de acreedores, para los distintos grupos de acreedores, los acreedores pertenecientes a cada grupo, salvo que el programa de saneamiento contenga alguna disposición en sentido contrario.

Toda persona que desee ejercer su derecho a presentar una propuesta de programa de saneamiento asume los costes de preparación de dicha propuesta.

Reestructuración de deudas de una persona física

Los costes del procedimiento consisten en un importe razonable por los servicios del administrador judicial y los gastos en que incurra este. Por regla general, el deudor paga la remuneración y los gastos del administrador judicial, hasta un importe que no exceda el de los fondos disponibles del deudor, durante los cuatro meses siguientes a la confirmación del calendario de pagos o del calendario de pagos modificado. La parte de la remuneración y de los gastos no pagados por el deudor se paga con fondos estatales. Si se rechaza la solicitud de reestructuración de la deuda, la totalidad de los honorarios y de los gastos se paga con fondos estatales.

17 ¿Cuáles son las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores?

Las disposiciones relativas a la recuperación de activos se aplican a todos los procedimientos de insolvencia.

Los activos transferidos antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia que reúnan las condiciones establecidas por la ley pueden ser reintegrados a la masa concursal mediante la interposición de una demanda para su recuperación, una demanda relativa a la titularidad o una demanda de nulidad. En todos los tipos de procedimientos de insolvencia se aplican a la recuperación las disposiciones de la Ley sobre la reintegración de activos en la masa concursal (758/1991). Deben existir motivos para la recuperación.

Las condiciones para la existencia de un motivo de recuperación y, por tanto, para anular la transacción, son las siguientes:

  • la transacción se ha utilizado para favorecer de manera inadecuada a un acreedor a expensas de los demás acreedores, para transferir activos fuera del alcance de los acreedores o para aumentar el importe total de la deuda en detrimento de los acreedores;
  • el deudor era insolvente en el momento de la transacción, o la transacción contribuyó a que el deudor se volviera insolvente; si la transacción es una donación, otra condición es que el deudor estuviera endeudado en exceso o se hubiera endeudado en exceso debido a la transacción;
  • la otra parte en la transacción tenía o debería haber tenido conocimiento de que el deudor era insolvente o estaba endeudado en exceso o de los efectos de la transacción en la situación financiera del deudor, así como de otros factores que hacían que la transacción fuera inadecuada.

Si la otra parte de la transacción era un familiar cercano del deudor, se considera que la persona en cuestión tenía conocimiento de los factores antes mencionados, a menos que pueda demostrar que actuó de buena fe. Si una transacción se concluyó más de cinco años antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, solo puede anularse si un familiar cercano del deudor fue parte en la transacción.

Los reembolsos de deudas efectuados más de tres meses antes de la fecha de solicitud del procedimiento de insolvencia se anulan si el reembolso se efectuó utilizando medios de pago inusuales, si se hizo prematuramente o si el importe reembolsado se considera importante habida cuenta de los fondos de la masa concursal. Sin embargo, los reembolsos no se anulan si se consideran ordinarios, habida cuenta de las circunstancias. Los pagos cobrados mediante embargo también pueden ser anulados, siempre que el embargo se haya realizado más de tres meses antes del plazo. El plazo aplicado es más largo en el caso de intervenir familiares cercanos del deudor. El pago se anula incluso si el acreedor actuó de buena fe.

También existen disposiciones específicas que rigen la anulación, por ejemplo, de donaciones, de divisiones de bienes, de compensaciones y de garantías.

Última actualización: 08/02/2021

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