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Requerimiento europeo de pago

Italia
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Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 Existencia del proceso monitorio

Entre otros procedimientos simplificados, la Ley de Enjuiciamiento Civil italiana prevé un procedimiento monitorio (procedimento di ingiunzione) (artículos 633 y siguientes). Se trata de un procedimiento ex parte, puesto que el órgano jurisdiccional decide sobre la solicitud del acreedor sin tomar declaración al deudor ni permitirse que presente por escrito su respuesta o sus alegaciones.

Solo se toma declaración al deudor posteriormente, en caso de que impugne la orden de pago.

La orden de pago puede solicitarse solo para ciertas reclamaciones (demanda de pago de una cantidad de dinero o entrega de una cantidad específica de bienes fungibles, etc.) y está sujeta a determinadas condiciones establecidas en el Código Civil (por ejemplo, los acreedores deben aportar pruebas escritas de su demanda).

Si el órgano jurisdiccional que concede la demanda considera que está fundada, ordenará al deudor que pague la cantidad de dinero dentro de un plazo determinado de habitualmente 40 días, pero también notificaré al deudor que puede recurrir la orden dentro del mismo plazo y que, de no hacerlo, la orden de pago será definitiva y podrá ser ejecutada.

1.1 Ámbito del procedimiento

El procedimiento es aplicable a las demandas presentadas por acreedores a quienes se les debe dinero o una cantidad específica de bienes fungibles, o por cualquier persona con derecho a recibir un bien mueble específico.

1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?

Cuando el procedimiento se refiera a una demanda pecuniaria, debe especificarse con precisión la cantidad en cuestión. Esto impide que se pueda recurrir a una orden de pago para reclamaciones extracontractuales, por ejemplo, para reclamar una indemnización por un daño sufrido como consecuencia de un acto ilegal.

1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?

No, no hay un umbral superior. Una orden de pago puede requerirse para demandas por cualquier valor.

1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?

El uso del procedimiento monitorio es opcional. Un acreedor siempre tiene la opción de emprender una acción legal ordinaria.

1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?

Sí.

1.2 Tribunal competente

La orden de pago debe solicitarse ante el juez de paz (giudice di pace) o ante el órgano jurisdiccional general (tribunale) que sería competente en el caso de un procedimiento ordinario. El juez de paz tiene competencia para conocer solamente de las demandas de escasa cuantía, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase el anexo que se menciona más abajo). Cuando la solitud se presenta ante un órgano jurisdiccional general, este se compone de un solo juez.

Las demandas relativas a las tasas por servicios jurídicos prestados, ya sean judiciales o extrajudiciales, o al reembolso de los honorarios de abogados, oficiales de justicia o cualquier persona que haya prestado sus servicios en el curso de un proceso judicial, las analiza el órgano jurisdiccional que conoció del asunto al que se refiere la demanda del acreedor.

Los abogados pueden solicitar una orden de pago contra sus clientes ante el órgano jurisdiccional del lugar donde estén registrados como parte de un colegio/asociación de abogados (consiglio dell’ordine). De igual modo, los notarios pueden presentar demandas ante el órgano jurisdiccional del lugar donde estén registrados como parte de una asociación de notarios (consiglio notarile) (véase también la ficha sobre «Jurisdicción»).

1.3 Requisitos formales

La demanda de pago debe contener la información que recoge el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase el anexo que se menciona más abajo), y debe presentarse ante la oficina del secretario judicial del órgano jurisdiccional, junto con los documentos que la acompañen.

1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)

No, no existe un formulario especial.

1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?

Por norma, sí es obligatoria. No obstante, en determinados casos los demandantes pueden representarse a sí mismos ante los órganos jurisdiccionales. Uno de esos casos se da cuando la demanda la conoce un juez de paz y concierne una cantidad de dinero de 1 100 EUR o menos. Otro caso se da cuando el demandante tiene cualificación para ejercer como abogado ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?

La solicitud debe describir la demanda y las razones que la justifican. Las razones para presentar la demanda no necesitan describirse en detalle, y pueden incluir una descripción breve de los hechos y documentos pertinentes.

1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?

Sí. Las pruebas escritas para la demanda incluyen, en particular, acuses de recibo y promesas unilaterales por escrito. Cuando una demanda esté relacionada con la provisión de bienes o servicios, y dicha provisión fue realizada de una empresa a otro, o de una empresa a una persona que no ejerce actividad profesional o comercial, las pruebas escritas de la demanda también pueden consistir en extractos reales de la contabilidad de la empresa acreedora, siempre que dicha contabilidad haya sido mantenida de la forma requerida por Ley. Las facturas comerciales también pueden constituir pruebas escritas de la demanda adecuadas, siempre que estén acompañadas de una copia sellada del registro de facturas del demandante.

En cuanto a las pruebas justificativas, se aplican normas específicas a las demandas relativas a tasas y reembolsos incoadas por abogados, notarios y miembros de otras profesiones, así como a las incoadas por el Estado y por las autoridades públicas.

1.4 Inadmisión de la petición inicial

Si el órgano jurisdiccional considera que la demanda no está lo suficientemente fundamentada, informará de ello al demandante a través del secretario judicial, solicitando que el demandante aporte pruebas adicionales. Si el demandante no responde o no retira la solicitud, o si su solicitud no puede ser aceptada, el órgano jurisdiccional la desestimará por medio de una resolución judicial motivada.

En tales casos, la demanda puede volver a presentarse bien a través de un procedimiento especial, bien a través del procedimiento ordinario.

1.5 Recursos

La denegación no puede recurrirse ni a través de un recurso ordinario ni a través de un recurso de casación.

1.6 Declaración de oposición

Si el órgano jurisdiccional acepta una demanda, expide una orden de pago que debe notificársele al demandado en el plazo de 60 días a partir de la resolución judicial cuando deba notificarse dentro de Italia, o de 90 días si debe notificarse fuera de Italia

Una vez recibe la orden de pago, el deudor tiene 40 días para impugnar la demanda.

Cuando existan razones suficientes para hacerlo, el plazo de presentación de alegaciones a la demanda puede reducirse a 10 días o ampliarse hasta 60 días. Si el demandado vive en otro país de la UE, el plazo es de 50 días y puede reducirse a 20 días. Si el demandado vive en un país de fuera de la UE, el plazo es de 60 días y puede reducirse a 30 o ampliarse a 120 días.

Los demandados pueden recurrir la demanda incluso después de que venza el plazo, si consiguen probar que no fueron informados a su debido tiempo por una notificación irregular de la orden de pago, por cualquier evento imprevisible o por causa de fuerza mayor. No puede presentarse ninguna alegación pasados 10 días a partir de la primera medida de ejecución.

El recurso contra una orden de pago (opposizione) debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que la dictó, por medio de una citación judicial (citazione) que debe notificársele al demandante en la dirección indicada en la demanda. La citación que impugna la orden de pago debe contener la información que habitualmente contienen las citaciones. En particular, el oponente debe enumerar las razones para oponerse a la demanda.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Una alegación de esta naturaleza da lugar a un procedimiento judicial ordinario, en el que el órgano jurisdiccional revisa la validez de la demanda de pago.

1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición

Si no se presenta alegación alguna en el plazo previsto, o si el demandado no comparece ante el órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional que dictó la orden de pago declarará que esta puede ejecutarse en virtud de la solicitud del demandante.

1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?

Existen cuatro supuestos posibles.

El primero tiene lugar cuando el plazo de alegaciones a la demanda todavía no se ha agotado. El solicitante puede requerir que el órgano jurisdiccional declare la orden provisionalmente ejecutable con efecto inmediato. Esta solicitud puede concederse solo si se cumplen las condiciones especiales para la ejecución provisional, que están recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil: por ejemplo, si la demanda se origina en una letra de cambio o cheque, o si el retraso en la ejecución causaría un grave daño al acreedor. Como condición para la ejecución provisional en esta fase temprana, el órgano jurisdiccional puede requerir que el acreedor deposite una fianza a favor del deudor.

El segundo supuesto tiene lugar cuando el deudor a quien se ha notificado la orden de pago no presenta sus alegaciones a tiempo. Cuando esto ocurre, el acreedor puede presentar una solicitud para la ejecución de la orden.

El tercer supuesto se da cuando el deudor ha presentado alegaciones y el caso sigue pendiente de resolución. En esa situación, el acreedor puede presentar una solicitud para la ejecución provisional de la orden de pago. Esta petición puede atenderse solo cuando se cumplen las condiciones recogidas en la Ley (por ejemplo, cuando la alegación no viene documentada por ningún tipo de prueba escrita). El órgano jurisdiccional puede también ordenar la ejecución provisional de solo una parte de la orden, es decir, hasta la cantidad que el deudor no ha impugnado. El órgano jurisdiccional también puede conceder la ejecución provisional de la orden de pago si el acreedor proporciona una fianza que cubra la cantidad del posible reembolso, más los y daños y perjuicios.

El cuarto supuesto se da cuando se desestima la alegación: como consecuencia de esa desestimación, la orden de pago se puede ejecutar, si es que no podía ejecutarse antes.

Las órdenes de pago que se han declarado ejecutivas en virtud de cualquiera de los supuestos anteriores también permiten al acreedor inscribir una hipoteca judicial sobre los bienes del deudor.

1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?

Una orden de pago que haya adquirido carácter ejecutivo debido a que el deudor no presentó alegaciones puede ser revocada en los casos excepcionales previstos en la legislación (por ejemplo, si se prueba que la decisión del órgano jurisdiccional se dictó sobre la base de pruebas que posteriormente resultaron ser falsas). Cuando la orden de pago afecta a derechos de terceros, esas terceras partes también pueden presentar alegaciones.

Una sentencia que agota el procedimiento de alegación puede recurrirse de acuerdo con el procedimiento ordinario.

Anexos relacionados

Orden de pago: Código de Procedimiento Civil, artículos 633-656 PDF (112 Kb) it

Orden de Pago: Código de Procedimiento Civil, jurisdicción PDF (46 Kb) it

Última actualización: 02/05/2017

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