1 Existencia del proceso monitorio
El capítulo ХХХVІІІ, «Procedimiento monitorio», de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial del Estado n.o 59, de 20 julio de 2007, con efecto a partir del 1 de marzo de 2008, en su versión modificada del B.O.E n.o 42/2009, y según las últimas modificaciones introducidas en el B.O.E. n.o 13/2017) prevé un procedimiento simplificado por medio del cual el demandante puede recuperar los créditos que se le adeudan cuando quepa presumir que el demandado no los impugnará.
1.1 Ámbito del procedimiento
1.1.1 ¿A qué asuntos es aplicable este procedimiento (por ejemplo, solo a las demandas pecuniarias, solo a las reclamaciones contractuales, etc.)?
El acreedor puede presentar una petición de procedimiento monitorio respecto a los siguientes asuntos:
- demandas pecuniarias o demandas relativas a bienes fungibles, cuando sean competencia del tribunal de distrito;
- la transmisión de un bien inmueble que el deudor haya recibido con la obligación de devolverlo, que sea objeto de una garantía pignoraticia, o que haya sido transferido por el deudor con la obligación de ceder su posesión, cuando el asunto sea competencia del tribunal de distrito.
Por otra parte, según contempla expresamente el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el demandante también podrá presentar una petición de procedimiento monitorio si la demanda se refiere a lo siguiente, independientemente de su cuantía:
- un acto administrativo en virtud del cual se haya encomendado a los órganos jurisdiccionales de lo civil la autorización de la ejecución;
- un documento o extracto de los libros contables que demuestre la existencia de créditos contraídos con órganos públicos, ayuntamientos y bancos;
- un documento público, acuerdo u otro tipo de contrato, con certificación notarial de las firmas, que mencione obligaciones relativas al pago de sumas de dinero u otros bienes fungibles, así como cualquier obligación de transmitir determinados bienes;
- un extracto del registro de garantías prendarias relativo a una garantía registrada y al inicio de un proceso de ejecución (con respecto a la transmisión de activos pignorados);
- un extracto del registro de garantías prendarias relativo a un contrato de compraventa registrado por el que se conserva la titularidad hasta que se haya pagado el precio, o un acuerdo de arrendamiento (en relación con la devolución de activos vendidos o arrendados);
- un acuerdo de prenda o escritura hipotecaria con arreglo a los artículos 160 y 173, apartado 3, de la Ley de Obligaciones y Contratos;
- un documento público válido por el que se constituya una deuda privada, estatal o municipal, cuando su ejecución se tramite por el procedimiento que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil;
- una notificación de impago de impuestos;
- un pagaré, una letra de cambio u otro título valor equivalente, así como los bonos o cupones sobre estos.
Si la petición se acompaña de un documento en virtud del artículo 417 de la LEC al que se refiera la demanda, el acreedor podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución inmediata y emita un mandamiento a tal efecto.
1.1.2 ¿Existe un límite máximo para poder reclamar un crédito mediante este procedimiento?
Cuando el crédito se constituye por medio de alguno de los documentos públicos recogidos en el artículo 417 de la LEC, no existe límite máximo alguno respecto a su cuantía.
Según las restantes disposiciones sobre demandas pecuniarias, demandas relacionadas con bienes fungibles o con la transmisión de bienes inmuebles, solo se podrá emitir un requerimiento de pago cuando el procedimiento sea competencia del tribunal de distrito. El tribunal de distrito es responsable de conocer de las cuestiones civiles y mercantiles cuando la cuantía del crédito asciende a 25 000 BGN, así como todos los procedimientos relativos a pensiones alimenticias, litigios laborales y derivados de una notificación de impago de impuestos.
1.1.3 ¿Acudir a este procedimiento es facultativo u obligatorio?
Este procedimiento monitorio es de carácter facultativo. Aunque se cumplan los requisitos previos para la incoación de un procedimiento monitorio, el demandante no estará obligado a elegir este procedimiento para defenderse, sino que podrá interponer una demanda siguiendo el procedimiento general.
1.1.4 ¿Se aplica este procedimiento cuando el deudor reside en otro Estado miembro o en un país tercero?
No cabrá el procedimiento monitorio cuando el deudor no tenga su domicilio permanente y residencia habitual, o el domicilio social, en el territorio de la República de Bulgaria.
1.2 Tribunal competente
La petición se presenta ante el tribunal de distrito correspondiente al domicilio permanente o la sede del deudor, órgano que dispondrá de un plazo de tres días para comprobar de oficio la competencia territorial. Si el tribunal considera que no es competente para conocer de la demanda, la remitirá al tribunal competente.
1.3 Requisitos formales
1.3.1 ¿Es obligatorio el uso de un formulario normalizado? En caso afirmativo, ¿dónde se puede obtener?)
Para incoar el procedimiento es obligatorio utilizar los impresos aprobados por el Ministerio de Justicia. Los escritos de petición constituyen un anexo al Reglamento n.o 6, de 20 de febrero de 2008, sobre la aprobación de impresos para la petición de procedimiento monitorio, requerimientos de pago y otros documentos relacionados con el proceso monitorio, emitido por el Ministerio de Justicia.
1.3.2 ¿Se exige estar representado por un abogado?
No, no es obligatorio estar representado por un abogado.
1.3.3 ¿Hay que especificar los motivos de la reclamación?
La petición debe contener las circunstancias en las que se basa la reclamación y el fondo de esta.
1.3.4 ¿Hay que presentar una prueba escrita del crédito reclamado? En caso afirmativo, ¿qué documentos son admisibles como medio de prueba?
No es necesario adjuntar a la petición ninguna prueba para demostrar la existencia del crédito. El demandante podrá aportar dichas pruebas, aunque no está obligado a hacerlo, puesto que el objeto de este procedimiento es únicamente verificar si puede discutirse el crédito. Bastará con que el demandante afirme que tal crédito existe. Si el deudor se opone al procedimiento monitorio, se procede a verificar la existencia del crédito como parte del proceso de reclamación. La petición deberá acompañarse de un poder cuando la presente un apoderado, así como de una prueba de pago de los impuestos de timbre y los gastos legales, cuando proceda.
1.4 Inadmisión de la petición inicial
No se admitirá la petición inicial de procedimiento monitorio en los siguientes supuestos:
- Cuando la reclamación no se ajuste a los requisitos contemplados por el artículo 410 de la LEC, es decir, que no sea relativo al pago de un importe monetario o bienes fungibles con un valor máximo de 25 000 BGN, o bienes inmuebles de la categoría recogida en el artículo 410, apartado 1, punto 2, de la LEC, respectivamente; además, si la petición inicial no se ajusta a los requisitos de regularidad, no quedará suspendida sin que se emita una resolución, sino que se rechazará de plano. Solo en circunstancias excepcionales, en las que el demandante no haya utilizado el impreso de petición aprobado o haya empleado un impreso incorrecto, el tribunal le ordenará corregir dicha irregularidad, adjuntando el impreso pertinente (artículo 425, apartado 2, de la LEC) al escrito de notificación y traslado.
- Cuando la reclamación contravenga las disposiciones legales o los principios morales.
- Cuando el deudor no tenga una sede o domicilio permanente en el territorio de la República de Bulgaria o cuando no tenga su domicilio habitual o domicilio social en el territorio de la República de Bulgaria.
1.5 Recursos
No cabe recurso de apelación de las partes contra el procedimiento monitorio, salvo en lo relativo a los gastos. El peticionario podrá interponer recurso de apelación contra una orden por la que se desestime, total o parcialmente, su petición ante la audiencia territorial pertinente, mediante recurso de apelación privado del que no se notificará copia alguna. Asimismo cabe recurso de apelación contra un requerimiento de ejecución inmediata emitido por el tribunal en los casos en que se presente un documento conforme al artículo 417 de la LEC. Deberá presentarse un recurso de apelación privado contra el requerimiento de ejecución inmediata, junto con la oposición al requerimiento de pago emitido, y podrá basarse exclusivamente en consideraciones derivadas de los actos en virtud del artículo 417 de la LEC.
1.6 Declaración de oposición
Tras la recepción del requerimiento de pago por el deudor, este contará con un plazo de dos semanas para presentar una declaración de oposición. Un escrito de oposición, en el sentido del artículo 414 de la LEC, es todo aquel cuyo contenido resulta incompatible con la ejecución, toda forma de desacuerdo, toda declaración a partir de la cual resulte obvio que el deudor no está dispuesto a pagar. Según se establece explícitamente, no es necesario incluir en la declaración de oposición justificación alguna.
1.7 Consecuencias de la oposición del deudor
Si el deudor presenta una declaración de oposición en plazo, el tribunal indicará al reclamante que puede incoar diligencias para la constatación del crédito en el plazo de un mes, pagando el importe del impuesto de timbre que proceda. Si el reclamante no acredita haber actuado en el plazo especificado, el tribunal invalidará total o parcialmente el procedimiento monitorio respecto al cual no se hayan incoado diligencias.
1.8 Consecuencias de la ausencia de oposición
1.8.1 ¿Qué hay que hacer para obtener una resolución ejecutiva?
Según el artículo 416 de la LEC, de no presentarse declaración de oposición en plazo o de retirarse esta, el procedimiento monitorio seguirá su curso y, sobre esta base, el tribunal emitirá un mandamiento de ejecución, que se hará constar como corresponda en el procedimiento.
1.8.2 ¿Cabe interponer un recurso contra esta decisión?
En el plazo de un mes desde que tuviera conocimiento del procedimiento monitorio, el deudor que se haya visto privado de la posibilidad de oponerse a la petición podrá presentar una declaración de oposición ante el tribunal de apelación, cuando:
- no se haya notificado debidamente el procedimiento monitorio;
- no se le haya notificado el procedimiento monitorio personalmente y el deudor no tenga su domicilio habitual en el territorio de la República de Bulgaria en la fecha de la notificación;
- no se le haya informado a tiempo de la notificación debido a circunstancias especiales imprevistas;
- no se haya presentado la declaración de oposición debido a circunstancias especiales imprevistas que no pudieron haberse subsanado.
La presentación de esta declaración de oposición no suspende la ejecución del proceso, pero a instancia del deudor y tras la presentación por parte de este del aval pertinente, el tribunal podría suspender la ejecución.
El tribunal aceptará la declaración de oposición si considera que se cumplen los requisitos previos expuestos anteriormente. Si el tribunal de apelación admite la declaración de oposición porque el deudor no tiene una sede o domicilio permanente en el territorio de la República de Bulgaria, o no tiene su domicilio habitual o domicilio social en el territorio de la República de Bulgaria, se invalida de oficio el procedimiento monitorio y el mandamiento de ejecución correspondiente. En caso contrario, si el tribunal de apelación admite la declaración de oposición, se suspende la ejecución del procedimiento monitorio y se remite el asunto al tribunal de distrito, indicando al reclamante que puede interponer una demanda con respecto a su crédito en el plazo de un mes mediante el pago del importe del impuesto de timbre que corresponda.
Asimismo, el deudor podrá impugnar, mediante demanda, el crédito al que haga referencia el procedimiento monitorio cuando surjan nuevos datos o nuevas pruebas escritas de fundamental importancia para el asunto de las que podría no haber tenido conocimiento durante el período de presentación de la declaración de oposición o que podría no haber obtenido en ese tiempo. Se podrá interponer la demanda en un plazo de tres meses desde la fecha en la que el deudor tuviera conocimiento de esa nueva circunstancia o pudiera obtener las nuevas pruebas escritas, pero sin que transcurra más de un año desde el fin del período de recuperación obligatorio del crédito.
