Taking evidence by videoconference

The European Judicial Network in civil and commercial matters (EJN civil) has produced a set of factsheets that provide practical information on rules, procedures and technical facilities for videoconferencing between courts in different EU countries.

Council Regulation (EC) No 1206/2001, which covers cooperation between courts in different EU countries on the taking of evidence in civil and commercial cases, provides a general legal framework for the taking of evidence in another country than that of the court. However, each EU country has its own procedural laws in this area, so the details of the process vary according to the law of the country receiving a request for cooperation.

To make it easier for judicial authorities in different EU countries to work together and make full use of videoconferencing for the taking of evidence in another EU country, the European Judicial Network in civil and commercial matters (EJN civil) has produced a set of factsheets. These provide practical information on rules, procedures and technical facilities in different EU countries.

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Last update: 21/02/2019

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Bélgica

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Sí, es posible obtener pruebas de estas dos maneras. Se han desarrollado procedimientos ad hoc; la legislación belga no contiene disposiciones sobre la videoconferencia, pero no la prohíbe.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

Puede tomarse declaración tanto a testigos como a peritos. En la práctica, ya se tomaba declaración a las partes con arreglo al artículo 17.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

En este sentido, debe aplicarse la legislación nacional del órgano jurisdiccional requirente. La obtención de pruebas solicitada no debe infringir los principios fundamentales de la legislación nacional belga [(artículo 17, apartado 5, letra c)].

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

El interrogatorio mediante videoconferencia no tiene que realizarse obligatoriamente ante un órgano jurisdiccional.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

El órgano jurisdiccional requirente determina, de acuerdo con sus propias normas, si la declaración debe grabarse y adopta las disposiciones necesarias.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) Solo en neerlandés, francés o alemán (legislación belga).

b) No existe ningún requisito lingüístico.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

El órgano jurisdiccional requirente proporciona un intérprete y sufraga los costes de la interpretación. Por lo general, el intérprete presta sus servicios en el órgano jurisdiccional requirente, donde tiene lugar la videoconferencia. No obstante, no hay razón alguna por la cual el intérprete no pueda estar físicamente presente junto al testigo.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Esto se determina de conformidad con la legislación nacional del órgano jurisdiccional requirente.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los costes son sufragados por el órgano jurisdiccional requirente.

Este inicia la conexión telefónica y abona cualesquiera costes de transporte. El órgano central se lo hace saber así al órgano jurisdiccional requirente cuando acusa recibo de su solicitud.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

El órgano jurisdiccional extranjero informa al testigo en la citación, en la que se especifica el carácter voluntario de su cooperación.

El órgano central solicita al órgano jurisdiccional requirente que le envíe la citación antes de remitirle el Formulario J. La citación debe precisar claramente que la persona está informada de que su comparecencia en la audiencia es voluntaria.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Mediante la presentación de documentos de identidad.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Esto se hace de conformidad con la legislación nacional del Estado requirente.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Un miembro del personal del órgano central asume temporalmente el papel de coordinador con el fin de acordar los asuntos prácticos, como la fecha y la hora de la audiencia de prueba y de la audiencia propiamente dicha.

Un administrador o secretario del órgano jurisdiccional es responsable de encender y apagar el sistema.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

El órgano central presenta las solicitudes de información adicional al órgano jurisdiccional requirente antes de la audiencia.

Última actualización: 24/02/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Nota: la versión original de esta página checo se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Chequia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

El procedimiento se rige tanto por la Ley n.º 99/1963 (Ley de Enjuiciamiento Civil modificada) como, principalmente, por la Instrucción del Ministerio de Justicia n.º 505/2001 por la que se adoptan los reglamentos internos y administrativos de los tribunales de distrito, regionales y superiores.

De conformidad con el artículo 10 bis de la Instrucción n.º 505/2001 del Ministerio de Justicia, el presidente de la sala (juez único) podrá utilizar equipo técnico para la transmisión por vídeo y audio («videoteléfono») con el fin de tomar declaración a un testigo o perito, si resulta apropiado para proteger los derechos o garantizar la salud de las personas o es necesario por motivos de seguridad o por otros motivos fundados y si es técnicamente factible.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

Con arreglo al artículo 11 bis de la Instrucción n.º 505/2001 del Ministerio de Justicia, los testigos y los peritos podrán prestar declaración mediante videoteléfono.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Solo puede utilizarse el videoteléfono para tomar declaración a testigos y peritos.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Si el presidente de la sala (juez único) acuerda interrogar a un testigo o perito mediante videoteléfono, el lugar en el que el testigo o perito preste declaración se especificará en la citación. En otras palabras, también podrán utilizarse otros espacios que sean adecuados para la audiencia (por ejemplo, el lugar en que se encuentren los peritos o testigos, como un hospital o un laboratorio).

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

La parte esencial de la declaración del testigo queda registrada. Es posible que algunas partes de la declaración deban consignarse textualmente. Otros métodos alternativos consisten en el registro íntegro de la declaración por parte de un funcionario o bien en una grabación de audio o de vídeo y audio, si las disposiciones jurídicas así lo permiten o si el presidente de la sala (juez único) decide que pueden utilizarse dichos métodos.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Si el testigo no conoce la lengua utilizada en la audiencia, tendrá derecho a un intérprete en virtud del artículo 37, apartado 4, de la Ley constitucional n.º 2/1993 (Carta de Derechos y Libertades Fundamentales). De conformidad con el artículo 18, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional designará a un intérprete para la parte cuya lengua materna no sea el checo tan pronto como esta necesidad resulte evidente en el procedimiento.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En virtud de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 18, apartados 1 y 2, el órgano jurisdiccional está obligado a proporcionar a las partes las mismas oportunidades de ejercer sus derechos y a designar un intérprete que asista a cualquier parte cuya lengua materna no sea el checo tan pronto como esta necesidad resulte evidente en el procedimiento.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Cuando se notifique una citación a una persona, el órgano jurisdiccional procederá con arreglo al artículo 51 la Ley de Enjuiciamiento Civil. A menos que la ley o la normativa especial estipule otros requisitos en relación con la citación, esta deberá contener la siguiente información: la causa en la que la persona citada debe comparecer; el objeto, el lugar y la hora de inicio del acto judicial; el motivo de la citación; la condición de la persona citada en el procedimiento; las obligaciones de la persona citada durante el acto judicial y, cuando sea preciso, la duración prevista de dicho acto. La citación podrá notificarse en papel o en formato electrónico y, en casos urgentes, por teléfono o fax. Si la declaración de un testigo o perito tiene lugar por videoteléfono y la persona que presta declaración comparece en el distrito de otro órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional en cuyo distrito comparezca la persona para prestar declaración notificará la citación y el órgano jurisdiccional requirente solicitará su cooperación en la ejecución del acto (comisión rogatoria). De conformidad con el artículo 115, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deberá notificar la citación a las partes de manera que tengan tiempo suficiente para prepararse (por lo general, al menos diez días antes de la fecha en que se tome declaración) salvo que se celebre una vista preliminar.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

La utilización de la videoconferencia conlleva costes de transmisión. La transmisión de la información debe sufragarla el órgano jurisdiccional requirente que inicie la videoconferencia.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Con arreglo al artículo 126, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier persona física que no sea parte del procedimiento está obligada a comparecer ante el órgano jurisdiccional cuando se le cite y a prestar declaración como testigo. Los particulares podrán rehusar prestar declaración solo si al hacerlo se expusieran ellos mismos o expusieran a personas cercanas a ellos al riesgo de un procesamiento penal. Antes del comienzo de una audiencia, los testigos serán siempre informados de la importancia de su declaración, de sus derechos y obligaciones y de las consecuencias penales de un falso testimonio.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Al inicio de una audiencia, el órgano jurisdiccional tiene la obligación, en virtud del artículo 126, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de verificar la identidad del testigo. Por lo general, se hace pidiendo al testigo que presente su documento de identidad o pasaporte.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

De conformidad con el artículo 104, apartado 1, de la Ley n.º 91/2012 sobre derecho internacional privado, los testigos, los peritos y las partes podrán prestar declaración bajo juramento si así lo solicita una autoridad de otro país. En relación con los testigos y las partes del procedimiento, el juramento reza como sigue: «Juro por mi honor que responderé a todas las preguntas realizadas por el tribunal de manera íntegra y veraz y que no ocultaré información». En cuanto a los peritos, el juramento es el siguiente: «Juro por mi honor que emitiré mi dictamen según mi leal saber y entender». Si se declara posteriormente bajo juramento, este será modificado de la manera correspondiente.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

En la preparación de la videoconferencia se adoptan disposiciones específicas basadas en las necesidades de los órganos jurisdiccionales requirente y requerido.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

En la preparación de la videoconferencia se adoptan disposiciones específicas basadas en las necesidades de los órganos jurisdiccionales requirente y requerido.

Última actualización: 25/03/2020

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Nota: la versión original de esta página alemán se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
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Práctica de pruebas por videoconferencia - Alemania

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

La obtención de pruebas por videoconferencia está permitida en el Derecho procesal civil alemán, con arreglo al artículo 128a, apartado 1, primera frase, de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO), si así lo acuerdan las partes. La toma de declaración debe ser transmitida simultáneamente en forma de vídeo y de audio al lugar en que se halle el testigo o perito durante la toma de declaración, y a la sede del órgano jurisdiccional. En caso de que se haya autorizado a las partes o a sus representantes legales o asesores a estar en otro sitio, la toma de declaración debe transmitirse también simultáneamente en forma de vídeo y de audio a ese otro lugar. Para las tomas de declaración por vídeo por un órgano jurisdiccional alemán en virtud de una solicitud recibida con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1206/2001 (asistencia judicial «activa»), es posible que el artículo 128a de la ZPO deba aplicarse con ciertas modificaciones, dado que el órgano jurisdiccional que obtiene las pruebas no es el mismo que conoce del asunto y que está interesado en la apreciación directa obtenida. Cuando el órgano jurisdiccional requirente solicita que se obtengan pruebas directamente con arreglo al artículo 17 del Reglamento (asistencia judicial «pasiva»), en principio todas las solicitudes de obtención directa de pruebas que utilicen tecnologías de la comunicación deben ser atendidas, y también es posible la obtención de pruebas más allá de lo dispuesto en el artículo 128a de la ZPO. Solo es posible rechazar solicitudes por las causas que figuran en el artículo 17, apartado 5. Sin embargo, el órgano central puede establecer condiciones para la obtención directa de pruebas con arreglo a la legislación alemana.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

Es posible tomar declaración a testigos, peritos y partes por videoconferencia (artículo 128a, apartado 2, primera frase, de la ZPO).

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

De conformidad con el Derecho procesal civil alemán, se pueden obtener pruebas tomando declaración a testigos, peritos y partes por medio de tecnologías de la información (artículo 128a, apartado 2, de la ZPO). La obtención de pruebas (documentos e inspección ocular) por videoconferencia no está expresamente permitida.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

La ley no especifica dónde se ha de hallar la persona a la que se toma declaración. Sin embargo, con arreglo al Derecho procesal civil alemán, el lugar desde el cual se efectúa la transmisión a la sede judicial debe estar situado en Alemania.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

El artículo 128a, apartado 3, de la ZPO no prevé la grabación de las tomas de declaración por videoconferencia. Sin embargo, es posible la grabación de la obtención de pruebas con motivo de la asistencia judicial prestada en la obtención directa de pruebas con arreglo al artículo 17 del Reglamento.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) Para las solicitudes formuladas en virtud de los artículos 10 a 12, la toma de declaración debe realizarse en alemán. Si en el procedimiento intervienen personas que no dominen el alemán, debe recurrirse a un intérprete. Se puede prescindir de los servicios del intérprete si todos los intervinientes dominan la lengua extranjera de que se trate.

b) En el caso de la asistencia judicial prestada mediante la obtención directa de pruebas, el órgano jurisdiccional requirente decide la lengua en que se ha de tomar la declaración. Sin embargo, el órgano central puede ejercer la facultad prevista en el artículo 17, apartado 4, para imponer condiciones para la obtención directa de pruebas, como la lengua de la toma de declaración.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En el caso de asistencia judicial «activa», la dirección del procedimiento y la obtención de pruebas corresponde al órgano jurisdiccional alemán que presta la asistencia. Se ha de acudir a un intérprete para la obtención de pruebas por parte de los órganos jurisdiccionales alemanes, aunque solo uno de los intervinientes no domine el alemán. El órgano jurisdiccional debe comprobar si la persona tiene el conocimiento necesario de alemán, lo soliciten o no las partes. El órgano jurisdiccional tiene libertad para elegir al intérprete. En el caso de obtención «pasiva» de pruebas en virtud del artículo 17, el órgano jurisdiccional requirente decide si son necesarios intérpretes y cuáles se eligen. Con arreglo al artículo 17, apartado 4, el órgano central puede conceder la autorización si se cumplen determinadas condiciones; por ejemplo, puede exigir el uso de intérpretes. Entre las condiciones establecidas, el órgano central puede también exigir que la prueba se practique en alemán.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

En caso de asistencia judicial activa, los testigos y los peritos son citados de manera informal por el órgano administrativo del órgano jurisdiccional requerido, a no ser que este decida optar por la notificación formal. Si el órgano jurisdiccional dispone que la toma de declaración se lleve a cabo por videoconferencia, las personas cuyo testimonio se haya de transmitir deberán ser citadas para comparecer en el lugar donde se haya de efectuar la transmisión. La citación debe especificar las partes, el objeto de la toma de declaración, la fecha de la toma de declaración y las consecuencias de no comparecer. La citación debe incluir datos precisos de la dirección y la hora de la toma de declaración. No se establece el plazo que se ha de fijar en la notificación.

Si el órgano jurisdiccional requirente ha de obtener pruebas directamente con arreglo al artículo 17 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requerido debe informar de la hora y el lugar a la persona a la que se ha de tomar declaración. La hora y el lugar normalmente dependen de la situación en los órganos jurisdiccionales alemanes (dónde se encuentra el equipo y cuándo puede ser utilizado). Por lo tanto, la hora y el lugar de la toma de declaración están estrechamente vinculados a la autorización por parte del órgano central. En principio, no hay un plazo establecido, pero se ha de tener en cuenta la mayor lentitud de las entregas internacionales de correo.

No hay establecido ningún procedimiento especial para la planificación de la videoconferencia. En la práctica, el órgano central normalmente nombra a una persona de contacto en el tribunal donde se ha de celebrar, y esa persona se ocupa de resolver todas las cuestiones prácticas.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

El uso de la tecnología de videoconferencia entraña el coste de comprar, mantener y poner en funcionamiento la instalación. Son costes que no se pueden cargar a los intervinientes en el procedimiento civil. También se producen costes por las tarifas de telecomunicaciones. El órgano jurisdiccional requerido puede exigir el reembolso de las tarifas de telecomunicaciones con arreglo al artículo 10, apartado 4, en relación con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

De conformidad con el artículo 64, apartado 2, del Reglamento sobre asistencia judicial en materia civil (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen, ZRHO), el órgano jurisdiccional requirente debe informar a la persona a la que se va a tomar declaración del carácter voluntario de la misma.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

En caso de duda sobre la identidad de la persona a la que se va a tomar declaración, el órgano jurisdiccional deberá comprobarla en cualquier fase del procedimiento.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Cuando se solicita a un órgano jurisdiccional alemán que obtenga pruebas para el órgano jurisdiccional requirente por videoconferencia, dicha obtención de pruebas y, por tanto, también la toma de juramento, se llevan a cabo conforme al procedimiento del órgano jurisdiccional requirente. Dado que la colaboración de la persona que facilita la información en la obtención directa de pruebas y, por tanto, su cooperación en la prestación de juramento son de carácter voluntario (de lo cual ha de ser informada formalmente esa persona), no se puede exigir al Estado requerido que imponga más requisitos a la toma de juramento. Sin embargo, el órgano central debe velar, en todo caso, por el cumplimiento de toda prohibición (con arreglo al Derecho alemán) de dar testimonio o de prestar declaración que sea irrenunciable para la persona que facilita la información. Por ejemplo, no está permitido tomar declaración a los funcionarios públicos alemanes sin el previo consentimiento de la autoridad para la que trabajen, ni a los médicos sin que estos hayan sido exonerados de su deber de confidencialidad.

La posibilidad de tomar juramento y qué información precisa el órgano jurisdiccional requirente lo decide el órgano central competente. Al decidir sobre la autorización, el órgano central debe asegurarse de que no se eluda ninguna prohibición de prestar testimonio que pese sobre la persona que facilita la información. Por ese motivo, el órgano central debe averiguar, por ejemplo, las circunstancias en las que se supone que la persona que facilita la información la ha obtenido. Por ejemplo, el Derecho alemán supedita la prestación de testimonio de los funcionarios públicos al previo consentimiento de la autoridad para la que trabajan.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

El sistema judicial está organizado federalmente, y la responsabilidad recae sobre la administración judicial del Land (estado federado) correspondiente. Esto significa que no existen normas generales a este respecto a escala nacional, y el procedimiento de obtención de pruebas lo dirige y aplica la administración judicial de cada Land, por lo que los procedimientos pueden variar considerablemente de un Land a otro. En la práctica, las normas del procedimiento las establece el Tribunal Superior Regional en cuya jurisdicción se encuentre el órgano jurisdiccional requerido.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Las solicitudes de obtención de pruebas recibidas del extranjero y las comunicaciones con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1206/2001 deben hacerse en alemán o ir acompañadas de una traducción al alemán (artículo 1075 de la ZPO).

Última actualización: 01/06/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Nota: la versión original de esta página estonio se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Estonia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Sí, es posible obtener pruebas mediante videoconferencia. El artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) n.° 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, prevé el derecho de solicitar la utilización de la videoconferencia. La videoconferencia también puede utilizarse para la obtención de pruebas en virtud del artículo 17 del Reglamento; el órgano central o la autoridad competente fomentarán la utilización de los medios tecnológicos de comunicación como videoconferencias y teleconferencias. Los órganos jurisdiccionales estonios cuentan con las instalaciones necesarias para realizar videoconferencias. En virtud del artículo 15, apartado 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (disponible en línea El enlace abre una nueva ventanaaquí), las disposiciones de esta Ley son aplicables a la asistencia para la obtención de pruebas en Estonia sobre la base de las solicitudes realizadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté previsto de otro modo en las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. De conformidad con el artículo 15, apartado 5, de la Ley, salvo que esté previsto de otro modo en la ley o en un acuerdo internacional, los órganos jurisdiccionales estonio proporcionarán asistencia judicial para la ejecución de un acto procesal a petición de un órgano jurisdiccional extranjero si, con arreglo a la legislación estonia, el acto procesal requerido se encuentra dentro de la jurisdicción del órgano jurisdiccional estonio y no está prohibido por la ley. Un acto procesal podrá también ejecutarse de conformidad con la ley de un Estado extranjero si es necesario para la tramitación del procedimiento en dicho Estado y los intereses de las partes del procedimiento no se ven perjudicados por ello. Las audiencias celebradas mediante videoconferencia están reguladas por el artículo 350 de la Ley. No son aplicables disposiciones o restricciones específicas a la realización de videoconferencias en virtud del Reglamento n.º 1206/2001, incluidas las videoconferencias realizadas directamente por el órgano jurisdiccional requirente de otro Estado miembro en virtud del artículo 17 del Reglamento.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

De conformidad con el artículo 350, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una parte interviniente en una audiencia celebrada mediante videoconferencia tendrá la oportunidad de ejecutar actos procesales en tiempo real, es decir, podrá prestar declaración bajo juramento o sin juramento en un procedimiento petitorio; con arreglo al artículo 350, apartado 2, también se podrá tomar declaración a un testigo o perito mediante videoconferencia.

Es decir, una parte de un procedimiento podrá prestar declaración bajo juramento o, en un procedimiento de petición, sin juramento por videoconferencia, y un testigo o perito también podrá prestar declaración mediante este sistema.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Véase la respuesta a la pregunta anterior.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

En virtud del artículo 350, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional podrá organizar una audiencia mediante videoconferencia, de manera que las partes en el procedimiento o sus representantes o asesores tengan la oportunidad de encontrarse en otro lugar en el momento de la audiencia y de ejecutar actos procesales en tiempo real desde dicho lugar.

Es decir, el órgano jurisdiccional podrá organizar una videoconferencia, de manera que la persona no tenga que encontrarse presente en el órgano jurisdiccional cuando preste declaración.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Sí, se permite grabar las audiencias. La grabación se efectuará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52 o el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La tecnología de teleconferencias utilizada por los órganos jurisdiccionales permite que las audiencias sean grabadas en virtud del artículo 52 de la Ley; sin embargo, los medios necesarios para almacenar, tratar y archivar dichas grabaciones no se han introducido aún en los órganos jurisdiccionales. Así pues, en la práctica no se graban las teleconferencias.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

En virtud del artículo 32, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la lengua de los procedimientos judiciales es el estonio. Con arreglo al artículo 32, apartado 2, de la Ley, las actas de las audiencias y de los demás actos procesales se redactan en estonio. El órgano jurisdiccional podrá consignar cualquier testimonio o declaración prestados durante una audiencia en una lengua extranjera en las actas, literalmente en la lengua en la que se preste además de una traducción al estonio, si es necesario para una adecuada presentación del testimonio o de la declaración. La Ley de Enjuiciamiento Civil estonia no incluye ninguna disposición específica sobre la lengua utilizada en la toma de declaración o testimonio a petición de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en virtud del Reglamento (CE) n.° 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, incluida la obtención de pruebas en virtud del artículo 17 del Reglamento.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

De conformidad con el artículo 34, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si una parte interviniente en un procedimiento no es competente en estonio y no tiene un representante en el procedimiento, el órgano jurisdiccional dispondrá, si es posible, la intervención de un intérprete o traductor en el procedimiento a instancia de dicha parte o de oficio. No se dispondrá la intervención de un intérprete o traductor si el órgano jurisdiccional y las demás partes comprenden la declaración de dicha parte en el procedimiento. En el caso de imposibilidad de disponer inmediatamente de un intérprete o traductor, el órgano jurisdiccional dictará un auto por el que se exigirá a la parte en el procedimiento que necesite la asistencia de un intérprete o traductor que encuentre un intérprete, traductor o representante competente en estonio en un plazo fijado por el órgano jurisdiccional (artículo 34, apartado 2, de la Ley). La Ley de Enjuiciamiento Civil estonia no incluye disposiciones específicas sobre la ubicación del intérprete o traductor que participe en la obtención de pruebas en virtud del Reglamento.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

De conformidad con el artículo 343, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de notificar la hora y el lugar de una audiencia, el órgano jurisdiccional notifica citaciones a las partes en el procedimiento y a otras personas convocadas a la audiencia. Con arreglo al artículo 343, apartado 2, de la Ley, el intervalo entre la fecha de notificación de las citaciones y la fecha de la audiencia debe ser de diez días como mínimo. Dicho intervalo también podrá ser más corto si las partes del procedimiento así lo acuerdan.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los costes aplicables a la obtención de pruebas en virtud del Reglamento n.º 1206/2001 están especificados en su artículo 18. De conformidad con el artículo 15, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional requirente no sufraga los costes del acto procesal. El órgano jurisdiccional que ejecuta el acto procesal comunica al órgano jurisdiccional requirente los costes, que se consideran gastos relativos al asunto tramitado. Habida cuenta de que se trata de costes esenciales para el procedimiento, los costes de la obtención de pruebas se sufragan con arreglo al artículo 148, apartado 1, de la Ley, en el que se afirma que, a menos que el órgano jurisdiccional dicte lo contrario, las costas procesales esenciales serán abonadas por adelantado, en la medida que ordene el órgano jurisdiccional, por la parte en el procedimiento que presentó la demanda a la que estén asociados. Si ambas partes presentan la demanda, o si se cita a un testigo o perito, o se lleva a cabo una inspección de oficio, las partes comparten las cosas equitativamente. Puesto que los órganos jurisdiccionales tienen instalaciones de videoconferencia, no se aplicarán costes por su uso.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Es aplicable el artículo 17, apartado 2, del Reglamento, por el que se debe informar a las personas afectadas del carácter voluntario de la prestación de declaración ante el órgano jurisdiccional requirente.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

De conformidad con el artículo 347, apartado 2, primer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al comienzo de una audiencia el órgano jurisdiccional verifica que las personas citadas están presentes en la sala y sus identidades. La Ley no prevé un procedimiento específico para la verificación de la identidad personal en una audiencia, pero es obligatorio que el órgano jurisdiccional verifique la identidad de las personas citadas. Con este fin, comprueba, por ejemplo, un documento de identidad con foto de la persona citada.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

En virtud del artículo 269, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una parte en un procedimiento debe prestar el siguiente juramento antes de prestar declaración:

«Yo, (nombre), juro por mi honor y conciencia que diré toda la verdad sobre el asunto sin ocultar, añadir ni cambiar nada». La parte en el procedimiento presta juramento oralmente y firma el texto del mismo.

Con arreglo al artículo 36, apartado 1, de la Ley, una persona que no sea competente en estonio debe prestar juramento en una lengua en la que sea competente; de conformidad con el artículo 36, apartado 2, deberá estampar su firma en el texto estonio del juramento, que se traduce directamente a la persona antes de que lo firme.

La segunda frase del apartado 1 del artículo 262 de la Ley dispone que, antes de la prestación de declaración, el órgano jurisdiccional debe explicar al testigo su obligación de decir la verdad y el contenido de los artículos 256 a 259 de la Ley. Según el artículo 303, apartado 5, de la Ley, las disposiciones relativas al interrogatorio de testigos serán aplicables también a los peritos. Se advertirá al perito que no sea un perito forense o un perito homologado, antes de que emita su dictamen pericial, de las consecuencias de emitir un dictamen pericial incorrecto a sabiendas, y el perito confirmará el dictamen firmando las actas o el texto de la advertencia. Dicha advertencia firmada se entregará al órgano jurisdiccional junto con el dictamen pericial.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

De conformidad con el artículo 350, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en una audiencia organizada mediante videoconferencia debe quedar garantizado, el derecho de todas las partes en el procedimiento de presentar demandas y solicitudes y de contestar a las demandas y solicitudes de las demás partes, y la audiencia debe celebrarse en condiciones técnicamente seguras durante la transmisión en tiempo real al órgano jurisdiccional de la imagen y del sonido del interviniente en el procedimiento que no esté presente en las sede judicial y viceversa.

Todos los órganos jurisdiccionales cuentan con un empleado del Centro de Sistemas de Información y Registros que trabaja como especialista de TI en plantilla, y es el encargado del funcionamiento de las instalaciones de videoconferencia y de la resolución de cualquier problema técnico.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

La información necesaria se encuentra en el formulario de solicitud. Cualquier información adicional necesaria dependerá de las circunstancias específicas de cada asunto judicial.

Última actualización: 25/07/2019

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
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Práctica de pruebas por videoconferencia - Irlanda

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Se pueden obtener pruebas por videoconferencia en los órganos jurisdiccionales de Irlanda, ya sea directamente o con la participación de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. Los procedimientos incluyen la circular del Tribunal Superior «HC45: utilización de la videoconferencia para la obtención de pruebas en materia civil.»

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existen restricciones de entre las sugeridas en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

No existen restricciones sobre el tipo de pruebas que pueden obtenerse.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

No existen restricciones, siempre que el juez dé su beneplácito.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

En Irlanda, existen medios para grabar los interrogatorios por videoconferencia. El acceso a tal grabación debe ser ordenada por el órgano jurisdiccional.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

La audiencia debe llevarse a cabo en inglés o irlandés si se lleva a cabo en Irlanda. No obstante, en el caso de una audiencia fuera de Irlanda no existen restricciones en cuanto a la lengua.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Si el órgano jurisdiccional se encuentra en Irlanda y el asunto es una cuestión de Derecho penal o de Derecho de familia, las autoridades judiciales de Irlanda deberán proporcionar el intérprete. Si se trata de un asunto civil, las partes serán las responsables de organizar la interpretación.

Si el órgano jurisdiccional requirente no entiende el inglés o el irlandés, es responsabilidad suya el organizar su propia interpretación.

No existe ninguna restricción acerca de la ubicación del intérprete.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Todas las disposiciones se acordarán entre los dos órganos jurisdiccionales. Se recomienda realizar pruebas previas para cerciorarse del buen funcionamiento de la conexión.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los costes variarán en función de una serie de circunstancias como el lugar de la videoconferencia (es decir, si se trata de un tribunal u otros locales); el momento de la audiencia (es decir, si tiene lugar fuera del horario normal del órgano jurisdiccional y el personal debe alargar su horario de trabajo); si se requieren procedimientos especiales; y si se generan costes por la utilización de los equipos. El órgano jurisdiccional requerido informará al órgano jurisdiccional requirente de los costes. El pago se efectuará en euros.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Incumbe al órgano jurisdiccional requirente informar a los testigos al respecto.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Corresponde al órgano jurisdiccional verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

El juramento debe efectuarse con arreglo al procedimiento habitual de los órganos jurisdiccionales de Irlanda.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Esta es una cuestión que debe acordarse entre los dos órganos jurisdiccionales.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Ninguna, excepto si existen solicitudes especiales (por ejemplo, lengua de signos, acceso para sillas de ruedas, requisitos religiosos especiales para el juramento, etc.).

Última actualización: 18/11/2019

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Grecia

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Sí, aunque por el momento solo en el Tribunal de primera instancia de Atenas.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existen restricciones. Todas las partes en el procedimiento pueden prestar declaración por videoconferencia.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

No existen restricciones sobre el interrogatorio de testigos, partes, peritos, etc.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

El interrogatorio puede tener lugar en salas especialmente diseñadas de un órgano jurisdiccional o de una autoridad consular griega en el extranjero.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Se permite la grabación de las audiencias celebradas mediante videoconferencia, y el secretario del órgano jurisdiccional o el secretario de la autoridad consular griega en el extranjero redactan las actas.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

La audiencia debe celebrarse en lengua griega; si es necesario, se contará con la presencia de un intérprete.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Si una parte en el procedimiento solicita al órgano jurisdiccional que interrogue a un testigo, a otra parte o a un perito que deba testificar por videoconferencia pero no hable griego, la responsabilidad de encontrar intérpretes y abonar sus honorarios corresponderá a dicha parte. Los intérpretes deben encontrarse en la misma sala que el juez que realiza la videoconferencia o que el secretario de la autoridad consular griega en el extranjero.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

De acuerdo con el Decreto presidencial 142/2013, artículo 3: «El órgano jurisdiccional decidirá de oficio o a instancia de una de las partes si debe realizarse una videoconferencia en un asunto específico. Corresponde al órgano jurisdiccional decidir si acepta dicha petición o no, tras determinar si la utilización de estos medios tecnológicos es necesaria para el desarrollo eficaz del procedimiento. Habida cuenta de las circunstancias de cada caso, el órgano jurisdiccional podrá aprobar la solicitud de videoconferencia exigiendo garantías adicionales para la tramitación adecuada del procedimiento. a) A instancia de una de las partes: la parte interesada deberá presentar ante el secretario del órgano jurisdiccional en el que el asunto esté siendo tramitado una solicitud de audiencia mediante videoconferencia (artículo 270, apartado 7, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) o de interrogatorio por videoconferencia o de declaración por videoconferencia (artículo 270, apartado 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En la solicitud se indicará el órgano jurisdiccional o la autoridad consular de la localización remota; los nombres de las personas que participarán en la videoconferencia; sus direcciones (incluidas las de correo electrónico) y los números de teléfono y fax en los que se les pueda localizar; el acto procesal para el que se solicita la videoconferencia; la duración prevista y cualquier equipo especial necesario. También se indicarán las condiciones especiales fijadas por las partes para la realización de la videoconferencia. La solicitud podrá presentarse en cualquier momento y en cualquier fase del procedimiento, siempre que su aceptación no exceda los plazos del acto procesal en cuestión establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La solicitud y todos los documentos justificativos relacionados podrán presentarse también electrónicamente de acuerdo con las disposiciones aplicables. La comunicación con vistas a la planificación y realización de la videoconferencia será responsabilidad de los funcionarios del órgano jurisdiccional y de la ubicación remota, y podrá tener lugar mediante cualquier medio apropiado, como teléfono, correo electrónico o fax. La solicitud será admitida o desestimada mediante resolución judicial. Dicha resolución será comunicada por el secretario del órgano jurisdiccional a la parte requirente por cualquier medio adecuado. Si se admite la solicitud, la parte requirente informará a las demás partes de que el acto procesal en cuestión tendrá lugar mediante videoconferencia. b) De oficio: la decisión de realizar una videoconferencia podrá ser adoptada por el órgano jurisdiccional que juzgue el asunto y comunicada a las partes de oficio».

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Si una parte en el procedimiento solicita al órgano jurisdiccional que interrogue a un testigo, a otra parte o a un perito que deba testificar por videoconferencia pero no hable griego, la responsabilidad de encontrar intérpretes y abonar sus honorarios corresponderá a dicha parte. La parte abonará los honorarios directamente al intérprete.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

La persona es informada por el órgano jurisdiccional.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

El juez que preside las actuaciones debe verificar la identidad de la persona interrogada. Con el fin de identificar a la persona que comparece en la ubicación remota, el juez estará asistido por el secretario o registrador de la ubicación remota, o por otra persona autorizada por el cónsul.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

El juez que preside las actuaciones pregunta al testigo, perito, etc. interrogado si prefiere prestar juramento religioso o civil. Esto también es aplicable a los intérpretes, antes de comiencen a desempeñar su función.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Los funcionarios responsables del órgano jurisdiccional deben estar presentes antes y durante la videoconferencia.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Ninguna.

Última actualización: 13/09/2019

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Práctica de pruebas por videoconferencia - España

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Se pueden obtener en  las dos modalidades.

Normativa:

- artículo 177  de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ) remisión por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil;

- artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ) en lo que respecta al desarrollo de la videoconferencia; La LOPJ, en su apartado 3 permite que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de periciales y vistas, se puedan realizar a través de videoconferencia, a presencia del Juez o tribunal, con presencia o intervención, en su caso de las partes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, se practica en audiencia pública salvo en casos excepcionales.

- Reglamento 1/2018 sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional..

Supuestos en que España requiera la colaboración de una autoridad extranjera

En estos casos la Ley 29/2015 tiene  un carácter subsidiario, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que da prioridad a la aplicación en esta materia de las normas de la Unión Europea y de los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte. En el ámbito de la cooperación jurídica internacional en materia civil, las Autoridades Españolas pueden cooperar con las autoridades extranjeras; no se exige reciprocidad, sin embargo el Gobierno puede, mediante Real Decreto, establecer que dichas Autoridades no cooperarán con las Autoridades de un Estado extranjero cuando exista una denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla por las Autoridades de dicho Estado.

Supuesto en que los órganos jurisdiccionales españoles están habilitados para el establecimiento de comunicaciones judiciales directas

Se respetará en todo caso la legislación en vigor en cada Estado. Se entiende por comunicaciones judiciales directas aquéllas que tienen lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediación alguna. Tales comunicaciones no afectarán ni comprometerán la independencia de los órganos jurisdiccionales involucrados ni los derechos de defensa de las partes.

Las Autoridades Judiciales Españolas denegarán las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia civil , cuando:

a) El objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea contrario al orden público;

b) El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española;

c) El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En su caso, ésta podrá remitir la solicitud a la autoridad competente, informando de ello a la autoridad requirente

d) La solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por la Ley 29/2015 para su tramitación;

e) Cuando el Gobierno establezca mediante real decreto, que las autoridades españolas no cooperarán con las autoridades de un Estado extranjero  que haya denegado reiteradamente las solicitudes de cooperación o haya fijado la prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existe ninguna limitación en cuanto a la intervención, bien de las partes del proceso, o de cualquier interviniente en alguna prueba, sean testigos, o peritos; la apreciación de idoneidad, así como de la información suministrada a los peritos quedará a criterio del Juzgado o Tribunal.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Las limitaciones - en todo caso de carácter excepcional y que han de ser establecidas mediante resolución judicial motivada valorando la proporcionalidad de la restricción -, afectan a  la protección de derechos fundamentales, o a la protección del superior interés de personas menores de edad.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Se ha de practicar en la sede judicial del Órgano Jurisdiccional, en el que se desarrolla el proceso y ante el que se realiza la prueba en audiencia pública o restringida en casos excepcionales. No existe restricción respecto al lugar en el que se encuentra la persona que debe intervenir en el proceso mediante videoconferencia. El letrado de la administración de justicia del Órgano Jurisdiccional ante el que se desarrolla el proceso debe acreditar, desde la propia sede judicial, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia, mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación o por conocimiento personal.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Sí. Es más, es obligatoria su grabación para su constancia.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 147 LEC, las actuaciones orales, en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. Todos los órganos judiciales en España disponen de mecanismos audiovisuales para la grabación de los juicios y de las audiencias. El soporte físico se archiva el formato Dvd bajo la custodia del Letrado de la administración de justicia. Se puede expedir copia a las partes, a su cargo.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Si interviene un Órgano Judicial Español, para la práctica de la actuación procesal y su debida documentación, parece necesario que sea en castellano, salvo que se admita alguna de las lenguas co-oficiales en determinados territorios (Galicia, Cataluña, Valencia, País Vasco), para el caso de que las personas que deban declarar mediante videoconferencia conocieran y quisieran expresarse en dichas lenguas.

En el caso del artículo 17, no existe inconveniente, dado su carácter voluntario para quien se somete a dicha prueba, a que se practique en el idioma del país requirente.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En el ámbito civil, la intervención de intérpretes, tanto durante el acto de juicio, como después, para la documentación de lo realizado si no lo proporcional la parte que va a hacer uso de ellos, se posibilita a través de los servicios de la administración de justicia, transferidos en alguna de las Comunidades Autónomas, en otro caso quien proporciona dichos servicios es el Ministerio de Justicia. El coste de la prestación de dichos servicios, puede atribuirse a la parte que ha sido condenada en costas, modalizado en los casos de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Bajo el presupuesto de aseguramiento de la efectiva contradicción, el intérprete puede estar situado tanto en la sede del órgano jurisdiccional , como la del lugar donde se encuentra la persona que intervendrá en la audiencia a través de videoconferencia.

En todo caso se le requerirá al intérprete, la prestación de juramento o promesa de decir verdad y que actuará con la mayor objetividad posible, en el cumplimiento de su función .

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

El procedimiento interno para la práctica de un interrogatorio – en el caso previsto por el artículo 10 del Reglamento - es el contemplado en los artículos 301 y siguientes LEC – tratándose del interrogatorio de las partes -, en los artículos 360 y siguientes – tratándose del interrogatorio de testigos – y 335 y siguiente, respecto a la emisión de dictámenes y su sometimiento a efectiva contradicción en audiencia pública por peritos -.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

En principio la videoconferencia no tiene costo, si bien de querer obtenerse copia de la grabación alguna parte interesada deberá facilitar soporte informático, o abonar el importe correspondiente.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Porque se realiza bajo la dirección del Órgano Jurisdiccional Español.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Ver arriba la respuesta a la pregunta 4

El Letrado de la Administración de Justicia del Órgano Jurisdiccional ante el que se desarrolla el proceso, debe acreditar desde la propia sede judicial, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia, mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación o por conocimiento personal.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Es preciso distinguir los siguientes supuestos:

a) A las partes, no se les exige juramento o promesa en la práctica de su interrogatorio, si bien en la comunicación para su verificación, ha de apercibirse al interesado que en caso de incomparecencia injustificada, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial.

b) A los testigos: antes de declarar, cada testigo está obligado a prestar juramento o promesa de decir verdad, con la conminación de las penas establecidas para el delito de falso testimonio en causa civil, de las que le instruirá el tribunal si manifestare ignorarlas.

Cuando se trate de testigos menores de edad penal, no se les exige juramento ni promesa de decir verdad.

c) A los peritos, al emitir su dictamen, deben manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Este juramento o promesa se reitera en el acto del juicio cuando somete el dictamen a que contradictorio entre las partes y el propio tribunal.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

La gestión de los medios de comunicación audiovisuales se habrá concertado con antelación, y los servicios de la Secretaría del Decanato, o del órgano judicial, habrán establecido el día y hora, así como el lugar en que se practicará la videoconferencia, cuidando de la presencia de personal suficiente para que se lleve a efecto. Normalmente se realizan pruebas previas acerca del correcto funcionamiento de las conexiones y aparatos

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Toda aquella que se considere conveniente para la mejor práctica y desarrollo de la diligencia de prueba.

Última actualización: 28/10/2019

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Croacia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

De conformidad con los artículos 10 a 12 y con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001 (en lo sucesivo, el «Reglamento»), relativos a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, en la República de Croacia, el interrogatorio a un testigo, una parte o un experto para obtener pruebas se puede llevar a cabo vía videoconferencia, de tal modo que al recopilar pruebas en virtud del Reglamento, el órgano jurisdiccional de la República de Croacia puede:

1. solicitar la práctica de diligencias de obtención de pruebas directamente al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, o

2. de acuerdo con los supuestos del artículo 17 del Reglamento, solicitar la realización de diligencias de obtención de pruebas directamente en otro Estado miembro.

La obtención de pruebas en virtud del Reglamento arriba mencionado se establece en el artículo 507, letras d a h, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o parničnom postupku) ['Narodne novine' (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia) núms. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, «ZPP»).

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

La videoconferencia se puede utilizar para interrogar a testigos y también para obtener pruebas de peritos o expertos y de las partes.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

La República de Croacia no aplica ninguna restricción especial en cuanto al tipo de pruebas que se pueden obtener vía videoconferencia. El órgano jurisdiccional encargado del procedimiento decide qué tipo de pruebas se tomarán y cómo, con el fin de acreditar un hecho concreto. El órgano jurisdiccional decide, a su discreción, qué hechos considerará probados tras una evaluación concienzuda y minuciosa de cada unas de las pruebas, tanto por separado como en conjunto, en función del resultado de todo el proceso. Sin embargo, la videoconferencia normalmente se usa para obtener pruebas a partir del testimonio de las partes y los testigos, ya que existen ciertos impedimentos y obstáculos técnicos para obtener pruebas a partir de la inspección de un documento o de la realización de una investigación sobre el terreno.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Por regla general, las vistas se llevan a cabo en los órganos jurisdiccionales, pero en realidad no existen limitaciones jurídicas en cuanto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

No hay disposiciones legales que contemplen específicamente la grabación de los interrogatorios por videoconferencia, pero el artículo 126, letras a, b y c, de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un marco jurídico para las grabaciones de voz de las vistas. La grabación de voz la determina el órgano jurisdiccional mediante una resolución formal, ya sea de oficio o a instancia de las partes. Los métodos para almacenar y transmitir grabaciones de voz, los requisitos técnicos para hacerlo y los modos de grabación se indican en el Reglamento del órgano jurisdiccional (Sudski poslovnik) (NN núms. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 y 45/16).

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

En el caso de las solicitudes realizadas de conformidad con los artículos 10 al 12 del Reglamento, las vistas se celebran normalmente en croata, rigiéndose el uso de lenguas minoritarias en procedimientos civiles por una ley especial (los procedimientos civiles deben celebrarse en croata, salvo que la ley establezca el uso de otra lengua en órganos jurisdiccionales concretos). Además, en virtud del artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el procedimiento no se celebra en la lengua de la parte o de otros participantes en el  proceso, se ofrecerá la interpretación a su lengua de lo que se exponga en la vista y de los documentos que en ella se usen como pruebas.

En el caso de obtención directa de pruebas en virtud del artículo 17 del Reglamento, la vista para esta obtención de pruebas se puede llevar a cabo en una lengua extranjera puesto que la efectúa directamente el órgano jurisdiccional que solicitó la vista, aunque debe garantizarse una traducción adecuada a una lengua que las partes y el resto de participantes en el proceso entiendan.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En principio, el órgano jurisdiccional requerido pondrá a disposición un intérprete jurado judicial para cubrir las necesidad de las vistas que se celebren con arreglo a los artículos 10 a 12 del Reglamento. En determinadas circunstancias (artículo 251, ampliado en el artículo 263, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el órgano jurisdiccional puede disponer que lleven a cabo la interpretación los intérpretes judiciales que la parte proponga.

Del mismo modo, el uso de los servicios de interpretación puede ser fruto de un acuerdo entre el órgano jurisdiccional que solicitó la obtención de pruebas y el órgano jurisdiccional requerido, y el intérprete puede proceder de cualquiera de los dos órganos jurisdiccionales. En la práctica, los intérpretes judiciales se asignan al lugar donde se encuentre la persona que necesita la interpretación, si el órgano jurisdiccional requirente celebra la vista en su propia lengua de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento, o al lugar del órgano jurisdiccional requirente, si la vista la conduce el órgano jurisdiccional requerido acorde con los artículos 10 a 12 del Reglamento.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Según establece el artículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los testigos reciben una citación por escrito en la que se indican, entre otras cosas, la hora y el lugar de la vista. La citación para la vista en la que se recogerán pruebas mediante el interrogatorio de la parte debe entregarse conforme a las normas de entrega en mano. Si la parte cuenta con un representante legal, este entregará a la parte o a la persona que vaya a ser interrogada la citación para la vista en la que se recogerán pruebas mediante el interrogatorio de las partes (artículo 268 en referencia a los artículo 138 y 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). A los testigos que no estén en condiciones de acudir al órgano jurisdiccional por razón de edad, enfermedad o discapacidad física grave se les podrá interrogar en su casa. La Ley de Enjuiciamiento Civil no determina con qué antelación debe citarse a los testigos; sin embargo, se deberá dar a las partes tiempo suficiente para prepararse para la vista (al menos ocho días antes de la vista).

En el caso de las vistas que se celebren en virtud de los artículos 10 a 12 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requerido notifica al testigo/la parte la hora y el lugar de la vista, mientras que para las vistas que se celebran según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requirente se encarga de entregar la citación.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Según establece el artículo 153 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la parte que solicita la obtención de pruebas está obligada por orden judicial a depositar por adelantado el importe necesario para cubrir los costes estimados para la obtención de pruebas. Si las dos partes solicitan la obtención de pruebas o si el órgano jurisdiccional ordena tal obtención de oficio, dicho órgano exigirá que las partes depositen a partes iguales la cantidad requerida.

En cuanto a los costes asociados a la videoconferencia, se aplica el artículo 18 del Reglamento.

En la República de Croacia, la obtención de pruebas por videoconferencia es gratuita.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Se informará a la persona de ello en la citación, pero la Ley de Enjuiciamiento Civil no precisa otros requisitos.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Antes de proceder a interrogar a los testigos, se les pregunta su nombre y apellido, su número de identificación personal, el nombre de su padre, su ocupación, su dirección, su lugar de nacimiento, su edad y su relación con las partes (artículo 243, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Conforme al artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional puede determinar que las declaraciones de los testigos se hagan bajo juramento, aunque en el caso dispuesto en el artículo 17 del Reglamento, se podría aplicar la normativa del Estado requirente bajo ciertas condiciones, incluso si, antes de la vista, este Estado comunica a la autoridad competente o al órgano central del Estado requerido su intención de escuchar el testimonio de los testigos bajo juramento.

Conforme al artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el interrogatorio a las partes se lleva cabo sin prestación de juramento.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé ninguna disposición a este respeto, pero en la práctica, el personal técnico y el personal judicial necesario deben estar presentes antes de la videoconferencia y durante la misma para garantizar que se cumplen todos los requisitos técnicos para su celebración.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

No existe ninguna regla para solicitar información adicional, pero mientras se fija la fecha de la vista, el órgano jurisdiccional requirente y el requerido pueden considerar necesario buscar una solución a algunos problemas técnicos, de forma que la vista se desarrolle correctamente. En la práctica, normalmente estos asuntos los resuelven los jueces por correo electrónico.

Última actualización: 22/02/2019

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Italia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

No existe una referencia específica en el sistema jurídico italiano ni, en concreto, en el Código de Procedimiento Civil (Codice di Procedura Civile) en relación con la obtención de pruebas por videoconferencia.

No obstante, la videoconferencia es de hecho una característica de nuestro sistema jurídico.

El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil contempla que el juez instructor, al disponer que se proceda a la obtención de pruebas, debe establecer el tiempo, el lugar y el método para la obtención de las pruebas. De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1206/2001 del Consejo, los métodos de obtención de pruebas que puede utilizar el juez incluyen la videoconferencia.

En el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil se prevé que el juez pueda utilizar material grabado que requiera el uso de medios, herramientas y procedimientos mecánicos.

Las videoconferencias están previstas explícitamente en el Código de Procedimiento Penal (Codice di Procedura Penale) (por ejemplo, en el artículo 205 ter).

Así, con respecto al procedimiento regulado mediante los artículos 10 y ss. del Reglamento, la limitación que se menciona en el artículo 10, apartado 4, es decir, la «incompatibilidad» con el marco legal italiano, puede descartarse.

La única limitación aplicable a una solicitud de videoconferencia sería si existieran dificultades prácticas significativas.

En relación con el método de obtención de varios tipos de pruebas, se aplican el Reglamento de la UE y el Código de Procedimiento Civil italiano, así como las disposiciones de aplicación correspondientes.

En cuanto al procedimiento regulado por el artículo 17, después de verificar que los requisitos previstos en el apartado 5 se han cumplido y de autorizar posteriormente la obtención directa de pruebas, el Estado miembro requerido debe «alentar» el uso de la videoconferencia, la cual, como método de obtención de pruebas, debe ser verificado ante el órgano jurisdiccional requerido caso por caso.

Por consiguiente, salvo en el caso de dificultades prácticas significativas que se produzcan cuando el órgano jurisdiccional requerido no pueda utilizar este instrumento de comunicación, todas las pruebas pueden obtenerse mediante videoconferencia sobre la base de una solicitud conforme a la ley de acuerdo con el artículo 10 y ss. o autorizada según el artículo 17.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

La videoconferencia es una herramienta útil para interrogar a los testigos y a las partes que intervienen en los procesos judiciales. A ese respecto, no existen problemas de compatibilidad con la legislación italiana, la cual, por el contrario, prevé la obtención de pruebas de los testigos, el interrogatorio informal de las partes y el interrogatorio de las partes bajo juramento.

En relación con la intervención de expertos, debe abordarse la causa principal del problema relativo a la admisibilidad de los dictámenes de los expertos, especialmente en relación con la obtención directa de pruebas (artículo 17).

En la legislación italiana, los testimonios de los expertos están regulados por el artículo 61 y los artículos 191 a 201 del Código de Procedimiento Civil. Los expertos suelen redactar un dictamen (artículo 195, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil) pero el órgano jurisdiccional también puede solicitar una aclaración. Por tanto, una vez admitida la posibilidad de un dictamen elaborado por expertos, no debe haber obstáculos para interrogar a los expertos mediante videoconferencia. Ciertamente, el Código de Procedimiento Civil italiano prevé que «cuando el Presidente lo considere apropiado, podrá invitar al experto a participar en el debate en presencia de los miembros del órgano jurisdiccional y expresar su opinión en una sesión cerrada en presencia de las partes, que podrán aclarar y presentar su caso a través de su abogado».

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

En términos prácticos, la videoconferencia parece una herramienta eficaz para la obtención de pruebas, el interrogatorio de los testigos cara a cara y la obtención de declaraciones de las partes procesales.

No obstante, las normas no abordan directamente la cuestión o el carácter obligatorio de las pruebas y podrían surgir problemas prácticos en relación con la consulta de los expertos, por ejemplo, las pruebas escritas a mano, los datos genéticos o las pruebas telefónicas.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Las pruebas se obtienen normalmente en las dependencias de las instancias judiciales o policiales territorialmente competentes del Estado miembro requerido que cuenten tanto con el equipo como con el personal técnico necesario para las grabaciones. Hasta el presente, no obstante, no existen «antecedentes» de uso de videoconferencias en los procesos civiles.

Cuando se utiliza la videoconferencia en los procesos penales, normalmente se utiliza un local que cuenta con las instalaciones adecuadas situado en el distrito del Tribunal de Apelación del órgano jurisdiccional requerido (sala del tribunal, tribunal protegido por medidas de seguridad o sala en el caso de las instalaciones penitenciarias).

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

No existen obstáculos legislativos en torno al registro de las vistas, en caso de que esté permitido por la legislación del Estado requirente.

No obstante, para la obtención de pruebas de conformidad con el artículo 4 y ss., se aplican el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 46 de las disposiciones de aplicación de este mismo código relativas a la redacción de las actas procesales.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Este aspecto no está regulado directamente por el Reglamento.

El artículo 5, en el que se establece que las solicitudes y comunicaciones deben redactarse en la lengua oficial del Estado miembro requerido, podría proporcionar una indicación sobre la lengua en que deben realizarse las vistas.

En el caso de las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 10 y ss., a las que se aplica la legislación nacional, la vista deberá efectuarse en italiano.

En el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil se dispone que «durante todo el juicio, es obligatorio el uso de la lengua italiana». En caso de que deba declarar una persona que no hable italiano, el juez puede designar a un intérprete.

En los procedimientos mencionados en el artículo 17, no obstante, se aplica la legislación del Estado requirente. Esta disposición también puede tener consecuencias en relación con la lengua en que se obtienen las pruebas. De nuevo, la lengua debe ser la del Estado requirente. En este caso, podría solicitarse la intervención de intérpretes.

El órgano jurisdiccional con competencia para autorizar la obtención directa de pruebas también puede facilitar orientaciones sobre las condiciones para la obtención de pruebas, entre las que podría incluirse la lengua que debe utilizarse.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

El Reglamento no contiene disposiciones concretas a ese respecto.

En los procedimientos mencionados en el artículo 10 y posteriores, se aplica la legislación del Estado requerido.

En cualquier caso, se aplica el artículo 122, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil.

El Código prevé la designación de un intérprete cuando debe interrogarse a una persona que no habla el italiano. Por ello, se asume que la lengua del juicio (y del juez) será el italiano.

El coste de los honorarios de los intérpretes debe ser reembolsado y correrán a cargo del órgano jurisdiccional requirente (véase el artículo 18).

En relación con el procedimiento conforme al artículo 17, véase el punto 6. La lengua de la vista debe ser la del Estado requirente. Por ello, debe hacerse referencia a la legislación del Estado requirente para determinar quién es el responsable de designar al intérprete o intérpretes. En este caso, el órgano jurisdiccional competente para autorizar la obtención directa de pruebas podría solicitar información en relación con la designación del intérprete.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

El artículo 250 del Código de Procedimiento Civil prevé que el funcionario judicial, a petición de la parte interesada, informe a los testigos de que deben comparecer en un lugar determinado, en una fecha determinada y a una hora determinada y les comunique el órgano jurisdiccional encargado de obtener las pruebas y el juicio durante el cual serán interrogados. En el artículo 103 de las disposiciones de aplicación del Código de Procedimiento Civil se declara que los testigos deben ser informados al menos siete días antes de que se celebre la vista a la que han sido convocados.

Las disposiciones que regulan el interrogatorio de los testigos están recogidas en los artículos 244 a 257 bis del Código de Procedimiento Civil y los artículos 102 a 108 de sus disposiciones de aplicación.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los costes de las videoconferencias realizadas de conformidad con el artículo 4 (pruebas indirectas), según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 4, se reembolsarán a petición del órgano jurisdiccional requerido, conforme a lo establecido en el artículo 18, apartado 2.

Esta obligación relativa al reembolso no se contempla para la obtención directa de pruebas mediante videoconferencia por parte del órgano jurisdiccional extranjero, de conformidad con el artículo 17.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Es responsabilidad del órgano jurisdiccional requirente informar a la persona que será interrogada de que las pruebas se obtendrán de forma voluntaria; de conformidad con el artículo 17, esta condición es uno de los factores en los que se basa la autorización para la obtención directa de pruebas.

No obstante, las normas no prevén ninguna obligación similar por parte del órgano jurisdiccional requerido.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

En general, el órgano jurisdiccional requirente encargado de efectuar la videoconferencia es responsable de verificar la identidad de los testigos de conformidad con el artículo 17. En el caso de las pruebas indirectas, en lo que al examen de testigos se refiere, la verificación de la identidad del testigo está regulada por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: el juez instructor solicitará al testigo que indique su nombre, apellido, nombre del padre, edad y ocupación e instará al testigo a declarar si tiene algún tipo de relación familiar con las partes o un interés en el juicio. La identificación tendrá lugar después de efectuarse el juramento, según lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. En la práctica, el juez examinador también solicita al testigo un documento identificativo e introduce los datos en las actas literales del procedimiento.

En relación con las partes que serán interrogadas, si interviene un apoderado especial, también se requerirá un poder especial.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

En relación con el procedimiento mencionado en el artículo 17, no se contempla ninguna norma específica. Puede resultar útil recibir información sobre la relevancia penal (para el sistema jurídico del Estado requirente) del perjurio o la omisión, que depende de la legislación del Estado solicitante que regula los procesos judiciales.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

El Departamento de Administración Penitenciaria de Italia, que es responsable de los enlaces de videoconferencia, realiza pruebas de compatibilidad con el personal técnico extranjero en los instantes inmediatamente previos a la videoconferencia.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Junto con la solicitud de asistencia judicial internacional, el órgano jurisdiccional requirente también debe facilitar, si dispone de ella, información técnica en relación con el sistema de videoconferencias utilizado en su país y el nombre y número de teléfono de una persona de contacto, preferiblemente un técnico especialista, así como la lengua que debe utilizarse durante estas actividades.

Última actualización: 24/03/2020

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Chipre

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Es posible obtener pruebas por videoconferencia, ya sea con la participación de un órgano jurisdiccional del Estado miembro solicitante, ya sea de forma directa. Esta posibilidad está prevista en la legislación nacional, a saber, el capítulo 9, artículo 36A, de la Ley de medios de prueba, en su versión modificada por la Ley 122(I)/2010. Con arreglo al artículo 36A, los órganos jurisdiccionales podrán, a su discreción, establecer las condiciones que estimen necesarias para obtener pruebas, siempre y cuando dichas condiciones no sean incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por la República de Chipre.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existe ninguna restricción. Cualquier persona cuyo testimonio se estime necesario podrá ser interrogada, siempre y cuando la solicitud de obtención de pruebas entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1206/2001 y sea compatible con la legislación nacional.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

No existe ninguna restricción en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse mediante videoconferencia, a condición de que la solicitud de obtención de pruebas sea compatible con la legislación nacional y que sea técnicamente posible obtener las pruebas solicitadas.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

No existe ninguna restricción.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Solo se registra el acta de la audiencia.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

El interrogatorio se llevará a cabo en la lengua materna de la persona que preste declaración y será traducido por un intérprete al idioma oficial del órgano jurisdiccional, es decir, al griego.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

El registro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto respecto del cual se interrogue a la persona en cuestión deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la intervención de intérpretes.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Se enviará una citación de testigo a la persona que deba prestar declaración y se fijará una fecha de audiencia que le permita recibir la notificación con la antelación suficiente.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

El coste de la intervención de intérpretes será soportado por el Estado en el que esté situado el órgano jurisdiccional a cargo de las actuaciones, y el coste del soporte técnico proporcionado en la fecha de la audiencia será soportado por el Estado en el que se encuentre el testigo.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

A tal efecto se envía una citación de testigo.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

El testigo presta juramento o promesa de decir verdad y se acredita su identidad.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

El órgano jurisdiccional solicitante deberá proporcionar los datos que permitan identificar a la persona que deba prestar declaración. Al prestar juramento, la persona que deba prestar declaración jurará sobre la Biblia o el Corán, según sus creencias religiosas, o prometerá decir la verdad.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Las autoridades competentes (los departamentos de registro de los órganos judiciales) habrán concertado con antelación todo lo relativo a la celebración de la audiencia y, el día previo a la fecha del interrogatorio, se hará una prueba de conexión.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

No se necesita ninguna información complementaria.

Última actualización: 13/05/2019

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Luxemburgo

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Sí, pueden realizarse ambos procedimientos. En la mayoría de las solicitudes remitidas a Luxemburgo, se pide que un órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente pueda interrogar a un testigo mediante videoconferencia.

No existen disposiciones específicas relativas a las videoconferencias, de modo que son de aplicación los artículos de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil referidos a los interrogatorios de testigos, las comprobaciones personales del juez y la comparecencia personal de las partes. Actualmente, no existe jurisprudencia relativa a las videoconferencias.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

Podrá tomarse declaración por videoconferencia a los testigos y, en determinados casos, a las partes y a los peritos judiciales. No obstante, hasta ahora las solicitudes se han limitado al interrogatorio de testigos.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

La única restricción mencionable es que la declaración de los testigos es voluntaria. Si un testigo se niega a comparecer, las autoridades luxemburguesas no tienen modo alguno de obligarle a hacerlo.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Debe tratarse de pruebas que puedan obtenerse en los locales de órganos jurisdiccionales dotados del material técnico necesario.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Si el Estado requirente desea grabar la videoconferencia, deberá obtener la conformidad expresa del testigo interrogado en Luxemburgo. Luxemburgo, como Estado requerido, no grabará la videoconferencia puesto que tal grabación está prohibida por la ley luxemburguesa.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) francés, alemán

b) todas las lenguas

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

El órgano jurisdiccional de Luxemburgo, como Estado requerido, se encargará de organizar la interpretación siempre que sea necesaria para comunicarse eficazmente con las autoridades del Estado requirente o con la persona interrogada.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Las autoridades luxemburguesas y, en concreto, el órgano jurisdiccional responsable de la diligencia de prueba, se pondrán en contacto con las autoridades del Estado requirente para acordar la fecha y hora de la videoconferencia. El plazo de citación será de al menos 15 días. Las autoridades luxemburguesas se encargarán de convocar a las personas.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

De conformidad con el Reglamento, el Estado requerido autorizará la videoconferencia y el Estado requirente se ocupará de todas las cuestiones formales, organizativas y técnicas, incluida la información de los interesados.

El Estado luxemburgués se hará cargo de los gastos derivados del uso de la videoconferencia y de las indemnizaciones de los testigos. Los gastos de interpretación corresponden a priori al Estado requirente.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

La persona será informada de ello en el escrito de citación y por el juez o el secretario judicial antes de proceder a la videoconferencia.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

El órgano jurisdiccional de Luxemburgo, como Estado requerido, llevará a cabo un control de identidad comprobando los documentos de identidad al comienzo de la declaración.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Los testigos y los peritos deberán prestar juramento de decir la verdad. Se les informará de que pueden ser sancionados con multas y penas de prisión en caso de falso testimonio.

Se prestará juramento ante el órgano jurisdiccional requirente.

En el caso del artículo 17, el Estado requirente aplicará sus condiciones. El juez luxemburgués presente durante la videoconferencia, como Estado requerido, intervendrá únicamente en caso de que surja algún problema.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

En la fecha y hora establecidas para la videoconferencia, estarán presentes un juez, un secretario judicial, un técnico y, cuando proceda, un intérprete.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Para proceder a la videoconferencia, deberán quedar claras una serie de cuestiones de orden técnico. El éxito de una declaración por videoconferencia descansa en una buena preparación previa y en una colaboración eficaz entre puntos de contacto.

Última actualización: 10/01/2020

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Nota: la versión original de esta página húngaro se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Hungría

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

La Ley III de 1952 de Enjuiciamiento Civil ofrece al órgano jurisdiccional la posibilidad, bien a instancia de parte o bien de oficio, de tomar declaración a una parte, a otros intervinientes en el procedimiento judicial o a un perito o testigo, mediante una red de telecomunicación en circuito cerrado. La declaración a través de este tipo de red resulta especialmente adecuada en los casos en que dicha declaración puede acelerar el procedimiento o cuando sería considerablemente difícil o muy costosa de organizar en el órgano jurisdiccional en el que se esté tramitando el asunto.

Las normas sobre la prestación de declaraciones mediante una red de telecomunicación en circuito cerrado pueden consultarse en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existen restricciones respecto de las personas que pueden prestar declaración mediante una red de telecomunicación en circuito cerrado. Esté método puede utilizarse para tomar declaración a las partes y a otros intervinientes en el procedimiento judicial, así como a testigos y peritos.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Puede utilizarse una red de telecomunicación en circuito cerrado para tomar declaración a las partes y a otros intervinientes en el procedimiento judicial, así como a peritos o testigos.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

La prestación de declaración mediante una red de telecomunicación en circuito cerrado puede tener lugar en las dependencias del órgano jurisdiccional o de otro órgano, en salas destinadas a ese fin.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna disposición sobre la grabación de imagen y sonido de declaraciones prestadas a través de una red de telecomunicación en circuito cerrado. No obstante, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, en el caso de una declaración tomada mediante una red de telecomunicación en circuito cerrado, las actas de la audiencia deben consignar también las circunstancias en las que se prestó la declaración, indicando las personas presentes en la sala utilizada para tal fin.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

En el caso de las solicitudes realizadas en virtud de los artículos 10 a 12, es aplicable la Ley de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con dicha Ley, los procedimientos judiciales han de desarrollarse en húngaro, pero no se puede colocar a nadie en situación de desventaja por falta de conocimiento de la lengua húngara. En el transcurso del procedimiento, todos los intervinientes tienen el derecho de utilizar su lengua materna o su lengua regional o minoritaria, tal como está previsto en los acuerdos internacionales. Cuando sea preciso, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de contar con la presencia de un intérprete.

En cuanto a las solicitudes efectuadas con arreglo al artículo 17, el órgano jurisdiccional requirente celebra la audiencia en virtud del artículo 17, apartado 6, de conformidad con la legislación de su Estado miembro.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En el caso de las solicitudes realizadas en virtud de los artículos 10 a 12, si es necesario garantizar la utilización de la lengua materna o de una lengua regional o minoritaria, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de ser asistido por un intérprete.

La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna disposición sobre la ubicación del intérprete en el caso de una declaración prestada a través de una red de telecomunicación en circuito cerrado.

En cuanto a las solicitudes efectuadas con arreglo al artículo 17, son aplicables las disposiciones del artículo 17, apartados 4 y 6.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna disposición especial sobre las citaciones a las audiencias celebradas a través de una red de telecomunicación en circuito cerrado. La citación para comparecer en una audiencia debe enviarse con la suficiente antelación a fin de que sea posible devolver al órgano jurisdiccional antes de la audiencia el acuse de recibo por el que se confirma que la notificación se ha efectuado con arreglo a la ley.

Si ha de notificarse la demanda al demandado, además de la citación, la audiencia debe fijarse de manera que se garantice la notificación de la demanda al demandado, por regla general, al menos quince días antes de la fecha de la audiencia. El presidente del órgano jurisdiccional podrá acortar dicho plazo en casos urgentes.

En cuanto a las solicitudes efectuadas con arreglo al artículo 17, son aplicables las disposiciones del artículo 17, apartados 4 y 6.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los costes varían y deben ser sufragados por el órgano jurisdiccional requirente.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

En virtud del artículo 17, apartado 2, el órgano jurisdiccional requirente debe informar al interesado de que su comparecencia en la audiencia es de carácter voluntario.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

La identidad de la persona que presta declaración a través de una red de telecomunicación en circuito cerrado se verifica conforme a lo siguiente:

- la información proporcionada por la persona en cuestión con el fin de verificar su identidad y dirección;

- la presentación, mediante la transmisión de datos de imagen, de un documento de identidad o de un permiso de residencia válidos.

El órgano jurisdiccional también utiliza medios electrónicos o realiza consultas directas en bases de datos para confirmar que:

- la información facilitada por la persona que presta declaración a través de una red de telecomunicación en circuito cerrado, a fin de verificar su identidad y dirección, se corresponde con los registros existentes;

- el documento oficial de identidad pertinente y el permiso de residencia presentados por la persona que presta declaración mediante una red de telecomunicación en circuito cerrado se corresponden con los registros existentes y son válidos.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé la prestación de juramento en los procedimientos judiciales.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

No existen disposiciones jurídicas especiales al respecto. La organización debe acordarse entre el órgano jurisdiccional requirente y el órgano jurisdiccional requerido. No obstante, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la presencia de una persona responsable de garantizar el funcionamiento del equipo técnico necesario para las declaraciones prestadas través de una red de telecomunicación en circuito cerrado en la sala destinada a ese fin.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Por lo general, no es necesaria información adicional.

Última actualización: 16/10/2017

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Malta

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Si Malta es el Estado requirente, la videoconferencia se utilizará como último recurso.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existe ninguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración; puede tomarse declaración tanto a testigos como a peritos y partes.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

La determinación de la admisibilidad de las pruebas queda a criterio del órgano jurisdiccional.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Si Malta es el Estado requerido, la persona debe prestar declaración en el juzgado.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Sí. Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y se dispone de una instalación a tal efecto.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) Si Malta es el Estado requerido, las solicitudes de audiencia realizadas de conformidad con los artículos 10 a 12 se llevan a cabo en maltés o inglés;

(b) Si Malta es el Estado requirente, las solicitudes realizadas de conformidad con el artículo 17 se llevarán a cabo en maltés o inglés.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Si Malta es el Estado requerido y, por consiguiente, va a examinar las pruebas, el artículo 596, apartado 1, del Código de Organización y Enjuiciamiento Civil (ley 12 de las Leyes de Malta), establece que «si el órgano jurisdiccional no comprende la lengua en la que se aportan las pruebas, podrá nombrar un intérprete cualificado a expensas de forma provisional de la parte que presta testimonio». El intérprete en este caso debe encontrarse en el mismo lugar que el testigo.

Si Malta es el Estado requirente, de conformidad con el artículo 17 y cuando se realiza una obtención directa de pruebas, la ubicación del intérprete depende de la circunstancia del caso.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Cuando las diligencias de prueba se realizan de conformidad con los artículos 10 a 12 y si Malta es el Estado requerido, el artículo 568, apartado 1, del Código de organización y enjuiciamiento civil establece que «los testigos serán convocados por medio de una citación que será emitida a solicitud de la parte interesada». Se deberá dejar pasar un mes entre las sesiones para que exista tiempo suficiente para notificar a los testigos.

De conformidad con el artículo 17, cuando Malta sea el Estado requirente, la decisión de los medios que se utilizarán para notificar la fecha y el lugar a la persona de debe prestar declaración queda a criterio del órgano jurisdiccional. Se deberá dejar pasar un mes entre las sesiones para que exista tiempo suficiente para notificar a los testigos.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Debe pagarse una tasa de 100 EUR que cubre las primeras dos horas de conferencia.

Debe pagarse una tasa de 50 EUR por hora por cada hora adicional.

También se aplica una tasa técnica de 58 EUR por hora.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Antes de prestar declaración, el órgano jurisdiccional advierte al testigo de que si no se siente cómodo para prestar testimonio debe informar de este hecho al órgano jurisdiccional requirente.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

El órgano jurisdiccional puede solicitar a la persona a la que se va a interrogar que muestre su pasaporte o documento de identidad antes de prestar testimonio. El testigo será informado antes de la sesión de que debe traer consigo estos documentos.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

De conformidad con el artículo 111 del Código de Organización y Enjuiciamiento Civil «un testigo que profese la religión católica romana deberá prestar juramento de conformidad con la costumbre de dicha fe; y un testigo que no profese dicha religión deberá prestar juramento de la manera que considere más conforme a su conciencia».

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Las personas de contacto son las siguientes:

Charles Calleja, Departamento técnico superior audiovisual.

Esta persona es responsable de conectar, comprobar y ayudar técnicamente durante la videoconferencia.

Teléfono +356 25902375 - Oficina 4ª planta de los Tribunales de Justicia de La Valeta.

El enlace abre una nueva ventanamailto:charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, Disponibilidad de videoconferencia.

Teléfono +356 25902391 - Oficina 4ª planta de los Tribunales de Justicia de La Valeta.

El enlace abre una nueva ventanamailto:maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, Secretario.

Teléfono +356 25902211 - Oficina 4ª planta de los Tribunales de Justicia de La Valeta.

El enlace abre una nueva ventanamailto:alan.a.darmanin@gov.mt

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Antes de la fecha de la sesión, el tribunal requirente deberá facilitar:

a. Zona horaria.

b. Citación para las diligencias de prueba (fecha y hora).

c. IP fijo.

d. Detalles de su contacto de enlace técnico.

Última actualización: 08/03/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Nota: la versión original de esta página neerlandés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
Ya se ha traducido a las siguientes lenguas.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Países Bajos

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no incluye normas generales al respecto. No obstante, la videoconferencia no se excluye, por lo que es posible en estos casos conforme a la legislación.

De conformidad con el Derecho civil, la videoconferencia suele utilizarse como alternativa a la comisión rogatoria.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

Si una persona puede ser oída de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, en principio también es posible hacerlo mediante videoconferencia. No existen disposiciones específicas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

No existen normas sobre restricciones específicas. Son aplicables las normas nacionales de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

No se aplican normas específicas a la audiencia mediante videoconferencia. Son aplicables las normas nacionales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La norma es que las personas deben prestar declaración en el juzgado. Podrán hacerse excepciones si un testigo está enfermo o incapacitado de algún modo para desplazarse hasta el juzgado (artículo 175 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos).

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

El interrogatorio de testigos por parte de un órgano jurisdiccional de los Países Bajos mediante videoconferencia se considera equivalente a la transmisión en directo de una vista ordinaria. De conformidad con la ley, el magistrado que procede a la audiencia realiza una transcripción judicial de los interrogatorios de los testigos. Se aplican las mismas normas a las vistas por videoconferencia, por lo que también deben registrarse mediante una transcripción judicial. La legislación no prohíbe que se realice una grabación de imagen o sonido además de la transcripción judicial, pero esta grabación no se considerará equivalente a la transcripción judicial.

De conformidad con la legislación futura, el juez puede decidir que se realice una grabación de imagen o sonido de la vista oral para sustituir la transcripción judicial en papel. De este modo, también puede efectuarse una grabación de la transcripción judicial de la audiencia de un testigo en caso necesario.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Si el órgano jurisdiccional requerido se encuentra en los Países Bajos, la vista se realizará en neerlandés. No se aplican normas especiales a este respecto.

La legislación aplicable de los Países Bajos prevé que una autoridad competente establezca las condiciones para la obtención directa de pruebas que considere útiles o necesarias para la buena administración de justicia.

7 En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

La Ley de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos no prevé acuerdos especiales sobre la asistencia de intérpretes. En los casos civiles en los Países Bajos, en principio las partes deben facilitar sus propios intérpretes.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

De conformidad con la legislación aplicable de los Países Bajos, el órgano jurisdiccional requerido puede determinar cuál de las partes será responsable de la convocatoria derivada de una solicitud para obtener pruebas.

Las convocatorias no efectuadas por una de las partes serán efectuadas por el secretario del órgano jurisdiccional requerido. De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos, los testigos deben ser convocados al menos una semana (de conformidad con la legislación futura, al menos 10 días) antes de la vista.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los costes para la forma especial y las tecnologías de la comunicación no serán pagados por las partes. Estos costes no se repercuten de conformidad con la legislación de los Países Bajos. Son asumidos por el Estado, del cual puede solicitarse un reembolso en virtud del artículo 18, apartado 2, considerado junto con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento, si la obtención directa de pruebas implica tomar declaración a una persona, el órgano jurisdiccional requirente informa a dicha persona de que la vista se realiza de forma voluntaria. No se aplican más requisitos.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos, le corresponde al juez comprobar la identidad (artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos).

El juez solicita a los testigos que indiquen su apellido, nombre, edad, profesión y lugar de residencia. También se les pregunta acerca de su relación con las partes (consanguinidad o afinidad, empleo).

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos, el juramento o la afirmación se realiza ante el juez antes de la audiencia. El testigo declara que su testimonio será fiel a la verdad y nada más que la verdad. Los testigos que deliberadamente falten a la verdad cometerán perjurio. La obtención directa de pruebas se realiza de conformidad con la legislación del Estado requirente.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

La solicitud internacional de asistencia legal en la que se utiliza una videoconferencia se organiza con el personal de asistencia de TIC de la jurisdicción (SPIRIT). Dicho personal dispone los elementos técnicos y logísticos.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

La autoridad competente podrá solicitar esta información.

Última actualización: 29/01/2020

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Austria

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Ambas formas de obtención de pruebas por videoconferencia son posibles y están admitidas en Austria. El procedimiento civil austriaco se regula en La ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO) en cuanto a los procedimientos contenciosos, mientras que los no contenciosos se regulan en la Ley de jurisdicción voluntaria (Außerstreitgesetz, AußStrG). Las disposiciones relativas a la obtención de pruebas se recogen en la ZPO (apartados 266 a 389) y en la AußStrG (apartados 16, 20 y 31 a 35, con remisión parcial a la ZPO), así como en las disposiciones especiales que regulan clases concretas de procedimiento, como el artículo 85, relativo a la obligación de participar en procedimientos de paternidad. Los procedimientos y disposiciones nacionales pertinentes se describen con detalle en las respuestas a las siguientes cuestiones y en la ficha técnica «Obtención de pruebas - Austria».

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

De conformidad con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos contenciosos) y con el artículo 35 de la AußStrG en relación con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos no contenciosos), la videoconferencia puede utilizarse para la obtención de pruebas y, por tanto, también para tomar declaración a las partes, a los testigos y a los peritos.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

De conformidad con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos contenciosos) y con el artículo 35 de la AußStrG en relación con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos no contenciosos), la videoconferencia puede utilizarse para la obtención de pruebas. Sin embargo, pueden oponerse a ello impedimentos prácticos; por ejemplo, cuando en la obtención de pruebas deba recurrirse a certificados o a la inspección ocular.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Cualquier persona puede ser citada por el juzgado o tribunal de su localidad para que preste declaración por videoconferencia. Todos los órganos jurisdiccionales, fiscalías y centros penitenciarios de Austria están equipados con al menos un equipo de videoconferencia. No existe ninguna norma en el Derecho austriaco en virtud de la cual la obtención de pruebas mediante videoconferencia solo esté permitida en la sede de órganos jurisdiccionales.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

En materia civil, la legislación austriaca no contiene ninguna disposición general sobre protección de datos en relación con la grabación de las tomas de declaración por videoconferencia. Por lo tanto, para la grabación es preciso el consentimiento de todas las personas participantes en la videoconferencia. Y lo mismo sucede con la obtención indirecta de pruebas, que, con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (en lo sucesivo, «el Reglamento»), debe llevarse a cabo aplicando el Derecho del Estado requerido.

No obstante, las solicitudes de obtención directa de pruebas se efectúan de conformidad con el Derecho del Estado requirente (artículo 17, apartado 6, del Reglamento). Si dicha legislación prevé la grabación de las videoconferencias sin el consentimiento de las personas intervinientes, esto es lícito desde el punto de vista del Derecho austriaco.

En principio, la toma de declaración por videoconferencia puede ser grabada con cualquier equipo de videoconferencia. En los lugares donde los procedimientos judiciales se graban como regla general (en muchos tribunales penales), el equipo técnico disponible puede ser utilizado para grabar la toma de declaración por videoconferencia. La toma de declaración puede ser grabada en cualquier otro lugar mediante la simple instalación del dispositivo de grabación pertinente.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) Con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento, la obtención de pruebas se debe efectuar con arreglo al Derecho del Estado requerido. Por lo tanto, la toma de declaración se ha de llevar a cabo en alemán (en algunos tribunales austriacos se permiten también el croata, el esloveno o el húngaro). El órgano jurisdiccional requirente puede solicitar que se utilice su propia lengua oficial (u otra lengua) dentro de un procedimiento especial de ejecución de su solicitud de obtención de pruebas. No obstante, el órgano jurisdiccional requerido puede desestimar dicha petición si se oponen a ello grandes dificultades de hecho (artículo 10, apartado 3, del Reglamento).

b) Con arreglo al artículo 17, apartado 6, del Reglamento, el órgano jurisdiccional requirente debe llevar a cabo la obtención directa de pruebas de conformidad con el Derecho de su Estado miembro y, por lo tanto, en alguna de las lenguas oficiales admitidas por dicho Derecho. No obstante, como Estado miembro requerido, Austria está facultada, con arreglo al artículo 17, apartado 4, para exigir el uso de su lengua como condición para la obtención de pruebas.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En cuanto a la obtención indirecta de pruebas, al margen de cualquier reembolso efectuado con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento, la responsabilidad por la consecución de intérpretes recae fundamentalmente sobre el órgano jurisdiccional requerido. No obstante, los órganos jurisdiccionales implicados deben cooperar de forma constructiva (al igual que en otros ámbitos).

En cuanto a la obtención directa de pruebas, con arreglo al artículo 17 del Reglamento, la responsabilidad de conseguir intérpretes recae fundamentalmente sobre el órgano jurisdiccional requirente. El artículo 17 no exige al Estado miembro requerido que preste asistencia a este respecto, pero tampoco lo prohíbe. El artículo 39a, apartado 4, de la Ley jurisdiccional (Jurisdiktionsnorm, JN) obliga al tribunal que preste asistencia judicial a brindar asistencia práctica en la obtención de pruebas si así se lo solicita el órgano jurisdiccional extranjero. Dicha asistencia puede incluir la búsqueda de un intérprete adecuado, por ejemplo.

La decisión del Estado del cual han de proceder los intérpretes se ha de tomar en función de lo que sea más adecuado en cada caso.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

La persona a la que se ha de tomar declaración es citada para prestar declaración por videoconferencia en Austria de la misma manera y con los mismos plazos que se aplicarían si fueran citadas ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

No existen gastos telefónicos por el uso de la videoconferencia mediante Protocolo de Internet (IP). En cuanto a las videoconferencias mediante ISDN, se pueden generar gastos para la persona que llama, al igual que ocurre con las llamadas telefónicas. Dichos gastos pueden variar en función de la situación de la instalación a la que se llame.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

En principio, la responsabilidad incumbe al órgano jurisdiccional requirente, que está obligado por el artículo 17, apartado 2, del Reglamento y casi siempre es él mismo quien cita a las personas implicadas para asistir a la videoconferencia. Si la autoridad central austriaca o un órgano jurisdiccional austriaco advierten que el artículo 17, apartado 2, del Reglamento puede haber sido infringido al preparar o proceder a la obtención directa de pruebas, dicha autoridad o tribunal debe asegurarse, en colaboración con el órgano jurisdiccional requerido, de que se respete la citada disposición. Los funcionarios de justicia de Austria están formados en la aplicación del Reglamento n.º 1206/2001 y tienen acceso también a la «Guía europea de videoconferencias en procedimientos transfronterizos» a través de la intranet del Ministerio de Justicia.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Para verificar la identidad de las personas se recurre a la identificación fotográfica. Asimismo, la identidad es objeto de comprobación en el marco de la toma de declaración (artículo 30, apartado 1, de la ZPO).

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Las disposiciones relativas a la toma de juramento a las partes se recogen en los artículos 377 y 379 de la ZPO, y las de los testigos, en los artículos 336 a 338 del ZPO.

Tanto las partes como los testigos están obligados a prestar juramento. Aunque legalmente no se puede obligar a las partes a prestar juramento, los testigos pueden ser sancionados por negarse ilícitamente a hacerlo (artículos 325 y 326 de la ZPO; las sanciones son las mismas que las aplicadas por negarse a testificar e incluyen multas o incluso penas de prisión de hasta seis semanas).

Con arreglo al artículo 288, apartado 2, del Código penal (Strafgesetzbuch, StGB), la aportación o confirmación de una prueba falsa bajo juramento y otras formas de falsificar un juramento previsto en la legislación aplicable se pueden castigar con pena de prisión de entre seis meses y cinco años.

La aportación de pruebas falsas por una parte en el procedimiento que no haya prestado juramento no se considera una infracción punible. Sin embargo, un testigo que no ha prestado juramento y que aporta una prueba falsa puede ser condenado con pena de prisión de hasta tres años (artículo 288, apartado 1, del StGB).

Con arreglo al artículo XL de la Ley de introducción a la Ley de enjuiciamiento civil (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, EGZPO), deben observarse las disposiciones de la Ley de 3 de mayo de 1868, Boletín Oficial Imperial (RGBl.) n.º 33 (texto del juramento y otras formalidades) (véase El enlace abre una nueva ventanahttp://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067).

De conformidad con los artículos 336, apartado 1, y 377, apartado 1, de la ZPO, las personas que ya hayan sido condenadas previamente por prestar falso testimonio, que sean menores de 14 años o que tengan una comprensión insuficiente de la naturaleza y el significado del juramento a causa de la falta de madurez o por una discapacidad intelectual no pueden prestar juramento, por lo que no pueden ser sometidas al mismo.

Las citadas disposiciones relativas a la toma de declaración de un testigo o una parte bajo juramento no se pueden aplicar en los casos sujetos a la Ley de jurisdicción voluntaria (artículo 35 de la AußStrG).

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

En todos los locales del Ministerio de Justicia que disponen de equipo de videoconferencia existe un funcionario responsable de su custodia. Dicha persona puede manejar el equipo y efectuar ajustes menores en el mismo. Todo equipo de videoconferencia está conectado a una unidad central en el departamento de informática del Ministerio Federal de Justicia (Bundesministerium für Justiz, BMJ). Dese allí, los administradores informáticos pueden ajustar todos los equipos de videoconferencia de toda Austria.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Se precisa la siguiente información del órgano jurisdiccional requirente:

  • Dirección IP y/o número de ISDN con el código de marcado
  • Nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de un funcionario del órgano jurisdiccional requirente responsable de los aspectos técnicos del equipo remoto.
Última actualización: 02/06/2018

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Polonia

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

En Polonia pueden obtenerse pruebas mediante videoconferencia, de conformidad con los artículos 10 a 12 y con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como de conformidad con el Convenio de la Haya, de 18 de marzo de 1970, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil [Boletín Legislativo (Dziennik Ustaw) de 2000, n.º 50, epígrafe 582] en relación con otros países no sujetos al citado Reglamento.

La videoconferencia está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 235, apartados 2 y 3, y el Reglamento del Ministerio de Justicia, de 24 de febrero de 2010, relativo a los recursos y al equipo técnico necesarios para la obtención de pruebas a distancia en los procedimientos civiles.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

La legislación polaca no impone ninguna restricción de este tipo: se puede tomar declaración a peritos, partes y testigos mediante videoconferencia.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

La legislación polaca no establece restricciones especiales sobre el tipo de prueba que puede obtenerse por videoconferencia.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

La legislación polaca no establece restricciones especiales sobre el lugar en que la persona debe prestar declaración por videoconferencia. Por regla general, la prestación de declaración tiene lugar en un órgano jurisdiccional, con sujeción al artículo 17 del Reglamento n.º 1206/2001, en virtud del cual el lugar de la declaración lo determina el órgano jurisdiccional requirente.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

La legislación polaca no prevé disposiciones detalladas sobre la grabación de las audiencias por videoconferencia; corresponde al juez que obtiene la prueba decidir si se graba o no la audiencia celebrada mediante videoconferencia.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Por norma general, la audiencia se desarrolla en polaco. Si la persona que presta declaración no entiende la lengua polaca, se deberá contar con la presencia de un intérprete.

No existen disposiciones especiales sobre las audiencias celebradas en virtud del artículo 17, no obstante, cuando el órgano central acuerde la obtención directa de pruebas, este podrá exigir al órgano jurisdiccional requirente que proporcione un intérprete.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

En principio, en relación con las audiencias celebradas en virtud de los artículos 10 a 12, el órgano jurisdiccional requerido debe proporcionar el intérprete (por regla general, de la lista de intérpretes jurados). En circunstancias excepcionales, no obstante, el órgano jurisdiccional podrá aceptar un intérprete propuesto por una de las partes.

Por lo que se refiere a las audiencias celebradas con arreglo al artículo 17, cuando el órgano central exija al órgano jurisdiccional requirente que proporcione un intérprete, el órgano jurisdiccional requerido garantizará que este se encuentre presente.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

En relación con las audiencias celebradas en virtud de los artículos 10 a 12, el órgano jurisdiccional requerido notifica al testigo o a la parte la hora y el lugar de la audiencia al menos siete días antes de la fecha de la misma. En circunstancias excepcionales, el órgano jurisdiccional requerido notifica al testigo o a la parte la hora y el lugar de la audiencia con tres días de antelación.

En cuanto a las audiencias celebradas con arreglo al artículo 17, el órgano central notifica al testigo o a la parte que se ha acordado la celebración de la audiencia y que su comparecencia será solo de carácter voluntario, sin la utilización de medidas coercitivas. Es responsabilidad del órgano jurisdiccional requirente notificar la hora y el lugar de la audiencia.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Cuando la obtención de pruebas mediante la utilización de medios tecnológicos modernos genere costes para el órgano jurisdiccional requerido, es aplicable el artículo 1135¹, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se prevé que si la cumplimentación de una solicitud de un órgano jurisdiccional u otra autoridad de un país extranjero genera costes asociados a la utilización de un método diferente al prescrito por la legislación polaca, el órgano jurisdiccional polaco no cumplimentará la solicitud hasta que el órgano jurisdiccional u otra autoridad del país extranjero haya efectuado el pago correspondiente por adelantado dentro del plazo prescrito.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

El órgano central notifica al testigo o a la parte que se ha acordado la celebración de la audiencia y que su comparecencia será solo de carácter voluntario, sin la utilización de medidas coercitivas.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

El órgano jurisdiccional verifica la identidad de la persona exigiéndole que presente un documento adecuado, como un documento de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

En cuanto a las audiencias celebradas con arreglo al artículo 17, si el órgano jurisdiccional requirente informa al órgano central de su intención de tomar declaración a un testigo bajo juramento, el órgano central podrá solicitar el texto del juramento. Si dicho juramento entra en conflicto con los principios básicos de la legislación del país requerido, el órgano central podrá negarse a la celebración de la audiencia o solicitar que se utilice el texto del juramento previsto en la legislación polaca.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Por norma general, todos los órganos jurisdiccionales cuentan con un empleado encargado del funcionamiento del equipo técnico. En el caso de que haya problemas de comunicación, se puede recurrir al punto de contacto polaco de la Red Judicial Europea.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

En general, no se requiere información adicional en virtud de la legislación polaca. No obstante, puede ser necesaria en determinados casos.

Última actualización: 13/03/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
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Nota: la versión original de esta página portugués se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.
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Práctica de pruebas por videoconferencia - Portugal

1 Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Con arreglo al Derecho nacional portugués, el juez del órgano jurisdiccional requirente debe tomar declaración directamente a las personas que deban declarar, mediante videoconferencia, sin intervención del juez del órgano jurisdiccional requerido. Esta es la regla que se aplica a las causas internas en que se realice un interrogatorio por videoconferencia. Esta misma práctica se aplica a los asuntos transfronterizos en que el órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente solicita que el interrogatorio se produzca mediante videoconferencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.

Como alternativa, en los asuntos transfronterizos, el órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente puede solicitar que el interrogatorio por videoconferencia se produzca con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 a 12 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.

Las principales normas procesales nacionales en que se enmarca la obtención de pruebas por videoconferencia de expertos, testigos y partes son las siguientes:

Peritos

Artículo 486 del Código de Procedimiento Civil

Comparecencia de los peritos en la audiencia final

1 - Cuando alguna de las partes lo requiera o así lo ordene el juez los peritos comparecerán en la audiencia final a efectos de prestar, bajo juramento, las explicaciones que les sean pedidas.

2 - Los peritos de establecimientos, laboratorios o servicios oficiales prestarán declaración por teleconferencia desde su lugar de trabajo.

Testigos

Artículo 502 del Código de Procedimiento Civil

Interrogatorio por teleconferencia

1 - Los testigos que residan fuera del partido judicial, o de la respectiva isla en el caso de las regiones autónomas, serán presentados por las partes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 507, apartado 2, cuando estas así lo hayan declarado en el momento de su propuesta, o serán oídos por teleconferencia en la propia audiencia y desde el órgano jurisdiccional del partido judicial en que residan.

2 - El órgano jurisdiccional que conozca de la causa fijará la fecha de la audiencia una vez oído el órgano jurisdiccional en que el testigo deba prestar declaración y procederá a notificársela para que comparezca.

3 - El día del interrogatorio, el testigo se identificará ante el funcionario judicial del órgano jurisdiccional en que vaya a prestar declaración, aunque desde ese momento el interrogatorio se llevará a cabo ante el órgano que conozca de la causa y los representantes de las partes, por teleconferencia, sin necesidad de que intervenga el juez del órgano jurisdiccional en que se presta declaración.

4 - Se interrogará por teleconferencia a los testigos que residan en el extranjero, siempre que en su lugar de residencia existan los medios técnicos necesarios.

5 - En las causas pendientes en órganos jurisdiccionales con sede en las áreas metropolitanas de Lisboa y de Oporto, el interrogatorio no se producirá por teleconferencia cuando el testigo que se vaya a interrogar resida en la respectiva circunscripción, sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 520.

Artículo 520 del Código de Procedimiento Civil

Comunicación directa del órgano jurisdiccional con el declarante

1 - Cuando resulte imposible que la persona que deba declarar en la audiencia comparezca a tiempo, o existan graves dificultades para ello, el juez podrá decidir, con el consentimiento de las partes, que toda explicación indispensable para dirimir la causa correctamente se preste telefónicamente o por otro medio de comunicación directa del órgano jurisdiccional con el declarante, siempre que la naturaleza de los hechos por averiguar o esclarecer sea compatible con la diligencia.

2 - El órgano jurisdiccional deberá asegurarse, valiéndose de los medios posibles, de la autenticidad y la plena libertad de la prestación de la declaración, concretamente disponiendo que el declarante esté acompañado por un funcionario judicial durante su comparecencia y que conste en acta tanto el contenido de la misma como las circunstancias en que fue prestada.

3 - En el caso previsto en el presente artículo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 513 [juramento e interrogatorio preliminar a cargo del juez] y en la primera parte del apartado 4 del artículo anterior [el juez puede ordenar que se repita la declaración en su presencia].

Partes

Artículo 456 del Código de Procedimiento Civil

Momento y lugar de la declaración

1 - La declaración se prestará, como norma, durante la audiencia final, a menos que sea urgente o al declarante le resulte imposible comparecer en el órgano jurisdiccional.

2 - El régimen de prestación de declaración por teleconferencia a que se refiere el artículo 502 será aplicable a las partes que residan fuera del partido judicial, o de la respectiva isla, en el caso de las regiones autónomas.

3 - Asimismo, la declaración podrá prestarse en la audiencia previa, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior, con las adaptaciones necesarias.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existe ninguna restricción taxativa al respecto. La legislación nacional permite que declaren por videoconferencia los testigos, las partes y los peritos, tal como se desprende de los preceptos legales antes citados.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Véase la respuesta a la pregunta anterior.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Por regla general, las personas deben declarar por videoconferencia en el órgano jurisdiccional. No obstante, los peritos de servicios oficiales pueden prestar declaración por videoconferencia desde su lugar de trabajo. Con carácter excepcional, y siempre que se den las circunstancias previstas en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil (citado en la respuesta a la primera pregunta), el órgano jurisdiccional puede tomar declaración por videoconferencia a una persona que se encuentre en un lugar distinto de la sede del mismo.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Sí, los interrogatorios por videoconferencia se graban siempre mediante los sistemas de grabación sonora existentes en los órganos jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Cuando el Estado miembro requerido sea Portugal, la lengua en que debe llevarse a cabo el interrogatorio varía en función de las siguientes situaciones:

a)  Cuando se presentan solicitudes con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 a 12 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, se emplea el portugués. En caso de que tuviesen que declarar extranjeros, estos pueden expresarse en una lengua distinta si no tienen conocimientos de portugués. Para ello, el órgano jurisdiccional requirente debe informar al órgano jurisdiccional requerido de tal circunstancia para que este último designe un intérprete que estará presente en el órgano jurisdiccional requerido.

b)  Cuando se presentan solicitudes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, se emplea la lengua prevista en la legislación nacional del Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional requirente. En caso de que tuviesen que prestar declaración personas que no conocen dicha lengua, el órgano jurisdiccional requirente puede designar, con arreglo a su legislación nacional, un intérprete que estará presente en el órgano jurisdiccional requirente. Como alternativa, el órgano jurisdiccional requirente puede pedir al órgano jurisdiccional portugués (requerido) que designe un intérprete para que esté presente en el órgano jurisdiccional requerido.

En cualquiera de los casos referidos en las letras a) y b) en que resulte necesario designar un intérprete para que esté presente en el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido, este pedirá al órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente que abone los honorarios debidos al intérprete, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Véase la respuesta a la pregunta 6.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

En el Derecho nacional, el procedimiento aplicable a las diligencias para el interrogatorio y para la citación de una persona para que comparezca en un acto procesal está contemplado esencialmente en el artículo 7, apartado 3, en el artículo 172, apartados 5 y 6, en el artículo 220, en el artículo 247, apartado 2, en el artículo 251, apartado 1, y en los artículos 417, 507, 508 y 603 del Código de Procedimiento Civil portugués.

En general compete a la secretaría del órgano jurisdiccional citar de oficio a los testigos, los peritos, las partes y sus representantes cuando deban comparecer en un acto judicial como resultado de una providencia. En concreto, cuando la parte requiera el interrogatorio de un testigo por videoconferencia, compete a la secretaría citar a dicho testigo.

Las citaciones cuyo fin sea emplazar en el órgano jurisdiccional a testigos, peritos y otros intervinientes accidentales (p. ej., un intérprete, un asesor técnico) se llevan a cabo mediante un aviso enviado por correo certificado en el que se indique la fecha, el lugar y el objeto de la comparecencia. La citación se considerará efectuada incluso aunque el destinatario se niegue a recibir el expediente, en cuyo caso el repartidor del servicio postal deberá hacer constar por escrito tal circunstancia.

La citación destinada a emplazar a una parte para que comparezca en un acto judicial o preste declaración se lleva a cabo mediante un aviso enviado a dicha parte por correo certificado y en el que se indique la fecha, el lugar y el objeto de la comparecencia. En este caso, cuando la parte haya designado un abogado, o cuando esté representada simultáneamente por un abogado y un procurador, se notificará también al abogado y al procurador.

Los representantes de las partes son citados electrónicamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden n.º 280/2013, de 26 de agosto de 2013. El sistema informático certifica la fecha de realización de la citación.

La ley no establece ningún plazo estricto en cuanto a la antelación de la citación con respecto a la fecha de la audiencia. En cualquiera de los casos antes referidos, la citación se presume efectuada tres días después del registro o de su realización por vía electrónica. Si el tercer día posterior no fuese hábil, la citación se presume efectuada el primer día hábil siguiente. Por cuestiones prácticas, es necesario respetar como mínimo este plazo de antelación con respecto a la fecha de la audiencia para que se considere que la citación se ha efectuado con validez.

En casos urgentes, el emplazamiento o la anulación de un emplazamiento de testigos, peritos, de otros intervinientes accidentales, de las partes o de sus representantes, se puede efectuar por telegrama, teléfono u otro medio de telecomunicación análogo. La comunicación telefónica se documenta siempre en los autos y va seguida de la confirmación a través de cualquier medio escrito.

En caso de ausencia de una persona que deba comparecer, esta debe justificar su ausencia en la propia audiencia o en el plazo de cinco días (días naturales, aunque si el último día no es hábil, el fin del plazo se traslada al día hábil inmediatamente siguiente).

En caso de ausencia, el Derecho nacional portugués prevé las siguientes medidas coercitivas: Cuando el ausente sea un testigo, en caso de que haya sido citado en tiempo y forma y no justifique su ausencia en el plazo legalmente previsto, será condenado al pago de una multa y el juez puede ordenar su comparecencia bajo custodia. Estas sanciones no se aplican si la vista se pospone por motivos distintos de la ausencia del testigo. Cuando el ausente sea un perito u otro interviniente accidental, en caso de que haya sido citado en tiempo y forma y no justifique su ausencia en el plazo legalmente previsto, será condenado al pago de una multa. Cuando el ausente sea una parte, en caso de que haya sido normalmente notificada y no justifique su ausencia en el plazo legal, será condenada al pago de una multa y el órgano jurisdiccional valorará libremente el valor de la negativa a efectos probatorios. Además, si el órgano jurisdiccional estima que la negativa de la parte hace imposible asumir la carga de la prueba, este puede invertir dicha carga.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

No se cobran gastos por el uso de la videoconferencia.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Cuando el órgano jurisdiccional portugués sea el requirente de una solicitud con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, este citará por correo a la persona que deba declarar para que comparezca en el órgano jurisdiccional designado en el otro Estado miembro (requerido), siguiendo uno de los métodos indicados anteriormente en la respuesta a la pregunta 8, según cada caso. Esta posibilidad de llevar a cabo la citación por correo está contemplada en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, de 13 de noviembre de 2007. En la notificación de la citación se informa a la persona que va a declarar de que su comparecencia es voluntaria.

Cuando el requerido es un órgano jurisdiccional portugués, compete al órgano jurisdiccional requirente notificar a las personas que deban declarar e informarlas de que su comparecencia es voluntaria.

De mutuo acuerdo entre los órganos jurisdiccionales requirente y requerido, la citación de la persona que deba declarar y la comunicación de que su comparecencia es voluntaria puede llevarla a cabo el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido. Esta situación puede darse en la práctica tanto cuando el órgano jurisdiccional portugués es el requirente como cuando es el requerido.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

En el momento del interrogatorio, el funcionario judicial comprueba la presencia de la persona que se va a interrogar y se lo comunica al juez que conducirá el interrogatorio o al órgano jurisdiccional requirente cuando este conduzca directamente el interrogatorio.

Cuando el interrogatorio lo conduce el juez portugués, una vez iniciada la diligencia y antes de que comience la declaración propiamente dicha, se produce, en este orden: i) el juramento del declarante, testigo o perito, prestado ante el juez; ii) el interrogatorio preliminar para identificar a la persona que va a prestar declaración, dirigido por el juez.

Compete al juez llevar a cabo el interrogatorio preliminar mediante el cual identifica a la persona que va a declarar, preguntándole su nombre, profesión, domicilio, estado civil y otras circunstancias que considere necesarias para identificarla.

Además, el juez pregunta a la persona que va a declarar si es pariente, amigo o enemigo de alguna de las partes y si tiene un interés directo o indirecto en la causa, a efectos de evaluar la credibilidad de la declaración.

Si el juez comprueba durante el interrogatorio preliminar que un testigo no es apto o que no es la persona que se debe interrogar, no admitirá que declare. Se considera que un testigo no es apto cuando, sin estar impedido por una anomalía psíquica, no tiene capacidad natural (aptitud física o mental) para prestar declaración.

El interrogatorio preliminar permite al juez, asimismo, determinar si se encuentra ante uno de los casos en que, conforme al Código de Procedimiento Civil portugués, los testigos o las partes pueden negarse a declarar.

Pueden negarse a declarar en calidad de testigos (salvo en las acciones cuyo objeto sea atestiguar el nacimiento o el fallecimiento de los hijos):

a)    los ascendientes en las causas de los descendientes y los adoptantes en las de los adoptados, y viceversa;

b)    el suegro o la suegra en las causas del yerno o de la nuera, y viceversa;

c)    cualquiera de los cónyuges, o excónyuges, en las causas en que sea parte el otro cónyuge o excónyuge;

d)    la persona que conviva, o haya convivido, en una unión de hecho en condiciones análogas a las de los cónyuges con alguna de las partes de la causa.

Compete al juez advertir a las personas a que se refieren las letras anteriores de que les asiste la facultad de negarse a declarar.

Debe abstenerse de declarar en calidad de testigo todo aquel sujeto al secreto profesional, al secreto de los funcionarios públicos o al secreto de Estado por lo que respecta a hechos amparados por el sigilo. En ese caso, el juez comprueba la legitimidad de la causa de abstención y, si lo estima necesario, lo exime del deber de sigilo.

Las partes únicamente pueden declarar en relación con hechos personales. En una acción de naturaleza civil no se admite que la declaración de la parte incida sobre hechos delictivos o contrarios a la moral pública o las buenas costumbres de los que se acuse a la parte en un proceso penal.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Conforme al Derecho nacional portugués:

  • Antes de que comience la declaración, el juez advierte a la persona que se va a interrogar de la importancia moral del juramento que va a prestar, del deber de ser fiel a la verdad y de las sanciones aplicables en caso de falso testimonio.
  • A continuación, el juez conmina al declarante a que preste el juramento siguiente: «Juro por mi honor decir toda la verdad y nada más que la verdad».
  • Negarse a prestar juramento equivale a negarse a declarar. Ambas situaciones se consideran desobediencia, y como tal son punibles cuando no haya una justificación y siempre que el juez realice la advertencia correspondiente.

Durante la obtención de pruebas practicadas directamente en Portugal por videoconferencia, por parte del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, el órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente debe informar al órgano jurisdiccional portugués (requerido) de los siguientes elementos identificativos de la persona que va a declarar: nombre, profesión, domicilio, estado civil y otras circunstancias que estime necesarias para identificarla; en calidad de qué va a prestar declaración (p. ej., parte, testigo, perito, asesor técnico); la lengua en que se expresa; si es necesario designar un intérprete en el órgano jurisdiccional requerido.

Dichos elementos resultan necesarios para que el órgano jurisdiccional portugués (requerido) pueda, por un lado, disponer la designación de un intérprete, y, por el otro, comprobar la presencia de la persona que se va a interrogar a la hora fijada para la videoconferencia.

No obstante, dado que el juez portugués no interviene en la diligencia, el juramento debe prestarse por videoconferencia ante el juez del órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente. Lo mismo sucede con el interrogatorio preliminar, en su caso, y con las cuestiones relativas a la incapacidad de declarar, la negativa a hacerlo, o la abstención, dirigidas por el juez del órgano jurisdiccional requirente, con arreglo a lo dispuesto en la legislación procesal civil del Estado miembro requirente, según lo previsto en el artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Los dos órganos jurisdiccionales, tanto el requirente como el requerido (una vez determinado este por la autoridad central), deben entablar contacto directamente para programar la videoconferencia y convenir un día para realizar una prueba previa.

Por cuestiones prácticas, es preferible que, siempre que sea posible, se lleve a cabo la prueba antes de citar al testigo, para lo cual debe preverse la fecha de la prueba con antelación suficiente para permitir citar al testigo oportunamente.

El día de la prueba y en la fecha de la audiencia por videoconferencia deben estar presentes en ambos órganos jurisdiccionales un técnico informático, de telecomunicaciones, o un funcionario judicial con conocimientos adecuados.

En Portugal, el IGFEJ (Instituto de Gestión Financiera y Estructuras Judiciales, «Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça») dispone de un equipo dedicado a las videoconferencias en los órganos jurisdiccionales.

Por motivos de organización, siempre que sea posible debe comunicarse al IGFEJ la fecha de la prueba y la fecha de la audiencia con tres días de antelación. De esta forma, el IGFEJ podrá comprobar si se reúnen las condiciones técnicas necesarias para realizar la videoconferencia, intervenir inmediatamente en caso de que surja algún problema de comunicación entre los órganos jurisdiccionales, y realizar un seguimiento de las videoconferencias de prueba.

Programación de una videoconferencia en otro Estado miembro a instancias de un órgano jurisdiccional portugués

El órgano jurisdiccional portugués (requirente) debe solicitar previamente al IGFEJ que garantice las condiciones técnicas necesarias para realizar una videoconferencia, intervenga para solventar posibles problemas de comunicación entre los órganos jurisdiccionales y realice un seguimiento de las videoconferencias de prueba.

Para solventar los problemas técnicos, el órgano jurisdiccional portugués solicita al órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido que designe igualmente a un responsable del servicio que presta la videoconferencia a efectos de realizar un seguimiento de la prueba o proporcionar la asistencia técnica necesaria en colaboración con los técnicos portugueses.

Cuando los órganos jurisdiccionales portugueses son los requirentes, normalmente solicitan la ayuda del Punto de Contacto de Portugal de la RJE en Materia Civil y Mercantil, que en ese caso establece contacto directo con los órganos jurisdiccionales requeridos a efectos de programar la prueba y la videoconferencia. Cuando tiene constancia de la existencia de problemas técnicos, el Punto de Contacto se dirige directamente a los equipos responsables de la videoconferencia en cada uno de los Estados miembros participantes para solicitar las conexiones, datos o ajustes técnicos necesarios e informar a los órganos jurisdiccionales participantes en consecuencia. Esto permite superar las barreras lingüísticas y llevar la videoconferencia a buen término.

Programación de una videoconferencia en un órgano jurisdiccional portugués a instancias de otro Estado miembro

En Portugal, la DGAJ (Dirección General de la Administración de Justicia, «Direcção-Geral da Administração da Justiça») es la autoridad central competente para recibir y aceptar las solicitudes realizadas al amparo del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, procedentes de otro Estado miembro. Una vez aceptada la solicitud, la DGAJ indica al órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente cuál será el órgano jurisdiccional portugués (requerido) en que tendrá lugar la videoconferencia. Una vez ventilado este trámite, deben ser los órganos jurisdiccionales requirente y requerido quienes directamente acuerden una fecha para llevar a cabo una prueba y una fecha posterior para el interrogatorio por videoconferencia.

La DGAJ, en calidad de autoridad central, facilita los contactos directos entre los órganos jurisdiccionales requirente y requerido, así como el contacto del equipo de apoyo a la videoconferencia del IGFEJ para solventar posibles problemas técnicos. Asimismo, el Punto de Contacto de Portugal de la RJE en Materia Civil y Mercantil también puede facilitar los contactos necesarios si así se le solicitase.

Mediante los contactos directos entre los órganos jurisdiccionales se reserva la sala de videoconferencia y se designan los funcionarios que, respectivamente en los órganos jurisdiccionales requirente y requerido, establecerán las conexiones técnicas y acompañarán la videoconferencia. Por regla general, en Portugal, la elección recae en un funcionario judicial con los conocimientos adecuados, a ser posible acompañado del técnico informático del órgano jurisdiccional portugués.

Cuando la videoconferencia se lleva a cabo mediante conexión IP, esta debe realizarse obligatoriamente desde Portugal. A tal efecto, el órgano jurisdiccional portugués solicita previamente al IGEF la apertura de las comunicaciones al exterior.

Por lo que respecta a las videoconferencias llevadas a cabo por la línea telefónica (ISDN), la conexión con los órganos jurisdiccionales portugueses puede realizarse desde órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros.

Cuando surjan problemas técnicos, tanto el técnico informático del órgano jurisdiccional portugués como un técnico del IGFEJ pueden prestar el apoyo necesario.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Al realizar la solicitud de videoconferencia, deben indicarse en el campo 12 del formulario I anexo al Reglamento n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, o anexarse a dicho formulario, los siguientes elementos:

1. Datos técnicos del equipo de videoconferencia utilizado por el órgano jurisdiccional requirente, a saber:

  • Protocolo de comunicación utilizado (p. ej., H.323, H.320)
  • Protocolos de vídeo (p. ej., H.261, H.263 e H.264)
  • Protocolos de audio (p. ej., G.711a, G.711u, G.722, G.729)
  • Protocolos de intercambio de contenidos, en caso de que sea necesario [p. ej., H.239 o BFCP (SIP)]
  • Seguridad: H.235 y el respectivo cifrado compatible
  • Ancho de banda máximo
  • Equipo standalone, MCU o Gateway
  • En caso de MCU o Gateway, si tiene IVR.

2. Datos de conexión RDIS (ISDN) y/o IP pública del órgano jurisdiccional.

3. Solicitud para programar una videoconferencia de prueba antes del acto de obtención de pruebas.

4. Nombre y contactos directos (teléfono, fax y correo electrónico) de la persona que prestará asistencia a la videoconferencia (un funcionario judicial, a ser posible acompañado de un técnico informático o de telecomunicaciones que preste asistencia al órgano jurisdiccional).

Aviso

La información que consta en la presente ficha no vincula ni al Punto de Contacto de la RJE en materia civil ni a los órganos jurisdiccional u otras entidades y autoridades. Tampoco exime de la lectura de los textos legales en vigor. Está sujeta a actualización periódica y a la evolución de la interpretación de la jurisprudencia.

Última actualización: 07/10/2019

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Rumania

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Sí. En este caso, es de aplicación la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, y en particular su artículo 25, apartados 1 y 3, y su artículo 35, apartado 3.

Es posible que la autoridad judicial rumana requerida considere oportuno la aplicación de un procedimiento especial, a petición de la autoridad judicial requirente, siempre que ello no sea contrario al Derecho rumano. El órgano jurisdiccional rumano informará a la autoridad judicial requirente de la fecha y lugar del procedimiento de comisión rogatoria y podrá permitir la participación de jueces o magistrados extranjeros. Con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, el Ministerio de Justicia desempeña competencias relativas a la toma de decisiones sobre las solicitudes presentadas en virtud del artículo 17 de dicho Reglamento.

La videoconferencia debe celebrarse en presencia del juez de primera instancia en cuya jurisdicción vaya a obtenerse la prueba, con la asistencia de un intérprete, si resulta necesario. El juez debe comprobar la identidad de la persona a la que se vaya a tomar declaración y garantizar la observancia de los principios fundamentales del Derecho rumano.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No. El procedimiento de comisión rogatoria permite que se tome declaración a testigos u otras personas implicadas (artículo 17 de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil).

No obstante, en virtud del artículo 26, apartado 2, de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, puede denegarse el procedimiento de comisión rogatoria si la persona a la que se vaya tomar declaración no puede testificar debido a las prohibiciones establecidas por el Derecho rumano o cuando no puedan distribuirse los documentos que se vayan a transmitir o examinar.

Además, con arreglo a los artículos 315, 316 y 317 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, no se puede tomar declaración en calidad de testigos a familiares consanguíneos y por afinidad hasta el tercer grado inclusive, cónyuges, excónyuges, prometidos o parejas de hecho, personas que mantengan una relación hostil o que posean un interés particular con respecto a una de las partes, personas declaradas judicialmente incapaces y personas condenadas por falso testimonio. No obstante, las partes pueden acordar, tácita o expresamente, que se pueda tomar declaración en calidad de testigos a familiares consanguíneos y por afinidad hasta el tercer grado inclusive, cónyuges, excónyuges, prometidos o parejas de hecho, y personas que mantengan una relación hostil o que posean un interés particular con respecto a una de las partes.

En las causas en materia de paternidad, divorcio y otras relaciones familiares, también podrá tomarse declaración a familiares consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado inclusive, salvo descendientes.

Las personas siguientes están exentas de testificar:
1) clérigos, médicos, farmacéuticos, abogados, notarios, agentes judiciales, mediadores, matronas y enfermeras y cualquier otro profesional con obligación legal de confidencialidad o secreto profesional sobre los hechos de los que hayan tenido conocimiento en el trabajo o en el ejercicio de su actividad profesional, aun si esta ha cesado;
2) jueces, fiscales y funcionarios públicos, aun después de que hayan cesado en sus funciones, en relación con las circunstancias secretas de las que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de su cargo;
3) las personas que, por sus respuestas, puedan quedar expuestas a sanción penal o a escarnio público, tanto ellas mismas como sus familiares consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado inclusive, sus cónyuges, excónyuges, prometidos o parejas de hecho.
No obstante, estas personas, salvo los clérigos, pueden testificar si la parte afectada las libera de la obligación de confidencialidad o secreto profesional, excepto cuando la ley disponga lo contrario. Los jueces, los fiscales y los funcionarios públicos también pueden testificar si reciben la autorización para ello de la autoridad o la institución en la que ejercen su cargo o lo hayan ejercido.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

No, no hay restricciones. No obstante, en virtud del artículo 17 de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, el procedimiento de comisión rogatoria permite que se tome declaración a testigos u otras personas implicadas, se obtengan documentos, se recaben dictámenes periciales y se realicen investigaciones o se obtenga otra información u otros documentos necesarios para la resolución de un asunto concreto.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

No, no hay restricciones. No obstante, de conformidad con los artículos 16, 261, apartado 1, y 314 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, es el órgano jurisdiccional que entiende del asunto el que practica las pruebas. Si, por motivos objetivos, solo pueden practicarse las pruebas fuera de la localidad donde tenga su sede el órgano jurisdiccional, estas podrán practicarse mediante el procedimiento de comisión rogatoria a través de un órgano jurisdiccional del mismo grado o incluso de un grado inferior si dicha localidad no posee un órgano jurisdiccional del mismo grado. El órgano jurisdiccional encargado en virtud del procedimiento de comisión rogatoria practica las pruebas en presencia de las partes, o incluso en su ausencia, si estas han sido citadas legalmente, y posee las mismas competencias que el órgano jurisdiccional de remisión en cuanto al proceso que debe seguirse. Al mismo tiempo, el testigo que, por motivos de enfermedad u otro impedimento grave, no pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional podrá ser escuchado en su paradero, de conformidad con el procedimiento de citación de las partes.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Sí, esto está permitido con arreglo al artículo 13 de la Ley n.º 304/2004, de planta judicial, en su versión reeditada.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) en rumano.

b) en rumano, porque el órgano jurisdiccional rumano requerido debe redactar un informe de audiencia en el que se registre la fecha y el lugar de la audiencia, la identidad de la persona a la que se tome declaración, la información sobre la toma de juramento, las condiciones técnicas de la audiencia, etc.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

El órgano jurisdiccional requirente es responsable de proporcionar intérpretes de conformidad con el artículo 27 de la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil. Cuando proceda, el órgano jurisdiccional rumano requerido puede facilitar acceso a un intérprete de Rumanía poniendo a la disposición del órgano jurisdiccional requirente una lista de intérpretes.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Un mes como mínimo y tres meses como máximo.

En este caso, es de aplicación la Ley n.º 189/2003, sobre la asistencia judicial internacional en materia civil y mercantil, y en particular su artículo 25, apartado 3. El órgano jurisdiccional rumano informa a la autoridad judicial solicitante de la fecha y lugar del procedimiento de comisión rogatoria. De conformidad con el artículo 261, apartado 4, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional encargado en virtud del procedimiento de comisión rogatoria practica las pruebas en presencia de las partes, o incluso en su ausencia, si han sido citadas legalmente, y posee las mismas funciones que el órgano jurisdiccional de remisión en cuanto al proceso que debe seguirse.

No obstante, dado que existen dos procedimientos en relación con los órganos extranjeros (el procedimiento de comunicación en el marco de la obtención de pruebas), consideramos que el plazo otorgado debe ser, en la práctica, un mes como mínimo y tres meses como máximo, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre:

- el cumplimiento de las solicitudes de notificación que se contemplan en el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, es decir, por lo que debe prever el plazo mínimo de un mes necesario para el cumplimiento efectivo de la solicitud o de la notificación por correo postal con acuse de recibo;

- las obligaciones del órgano jurisdiccional requirente de atender las solicitudes del órgano jurisdiccional requerido relativas a la aportación de información adicional o al pago del anticipo o depósito, etc., de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

Los motivos estarían relacionados con el tiempo necesario para la traducción de la correspondencia con el órgano jurisdiccional requirente o el testigo y el tiempo necesario para enviar el correo al extranjero, la elevada carga de trabajo y, sobre todo, el calendario de videoconferencias.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

No pueden estimarse los costes, ya que varían en función del tiempo y del país. Estos deben liquidarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del órgano jurisdiccional de apelación, en calidad de órgano de autorización secundario, o en la cuenta del órgano jurisdiccional de primera instancia, como tercer órgano de autorización. Los gastos contraídos en la conexión de vídeo y al establecer la conexión con el Estado requirente, la remuneración de los intérpretes y las dietas abonadas a testigos y expertos, así como los gastos de viaje al Estado requerido, serán reembolsados por el órgano jurisdiccional requirente extranjero al órgano jurisdiccional rumano requerido.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

La persona a la que se vaya a tomar declaración también debe ser citada de conformidad con las disposiciones de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil rumana. Debe informarse a esta persona de que la toma de declaración se llevará a cabo con carácter voluntario en la citación expedida por el órgano jurisdiccional rumano requerido, en la decisión que autoriza la obtención de pruebas por parte del órgano jurisdiccional requirente o en cualquier otro documento.

Con arreglo al artículo 261, apartado 4, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional encargado en virtud del procedimiento de comisión rogatoria practica las pruebas en presencia de las partes, o incluso en su ausencia, si han sido citadas legalmente, y posee las mismas competencias que el órgano jurisdiccional de remisión en cuanto al proceso que debe seguirse.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Con arreglo al artículo 318 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de tomar declaración, el presidente del órgano juridiccional preguntará al testigo su nombre, apellidos, profesión, domicilio y edad, si es familiar consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes, y en qué grado, y si está al servicio de una de las partes. A continuación, el presidente instruirá al testigo sobre la obligación de prestar juramento y el significado de dicho juramento.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

De conformidad con los artículos 319 y 320 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil rumana, antes de ser escuchado, el testigo prestará el juramento siguiente: «Juro que diré la verdad y que no ocultaré nada de lo que sé. Que Dios me ayude».

El testigo prestará juramento mientras su mano descansa sobre la cruz o la Biblia. En cuanto a la divinidad invocada en el texto del juramento, se cambiará en función de la religión del testigo. Las disposiciones mencionadas anteriormente no son aplicables a los testigos que profesen una religión distinta de la religión cristiana.

El testigo que no profese ninguna fe prestará el juramento siguiente: «Juro por mi honor y conciencia que diré la verdad y que no ocultaré nada de lo que sé».

Los testigos que, por razones de conciencia o confesión, no presten juramento pronunciarán las palabras siguientes ante el órgano jurisdiccional: «Me comprometo a decir la verdad y a no ocultar nada de lo que sé.»

Las personas alfabetizadas que sean mudas o sordomudas prestarán juramento transcribiendo el texto del mismo y firmándolo; las personas con discapacidad auditiva pronunciarán el juramento, y las personas analfabetas lo prestarán utilizando signos con ayuda de un intérprete.

Después de que el testigo haya prestado juramento, el presidente recabará su atención sobre el hecho de que, si no dice la verdad, cometerá un delito de perjurio.

Todos estos elementos aparecerán en la declaración escrita.

Los menores que no hayan alcanzado la edad de catorce años y no tengan capacidad para tomar decisiones en el momento de la audiencia podrán ser escuchados sin juramento y sin que se les prohíba hacerlo, pero el órgano jurisdiccional los instruirá de su deber de decir la verdad y tendrá en cuenta sus circunstancias especiales a la hora de juzgar su declaración.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Las personas de contacto podrán ser especialistas informáticos de los órganos jurisdiccionales de apelación, el secretario judicial o el juez. Aproximadamente 144 de los 244 órganos jurisdiccionales poseen servicios de videoconferencia. Cada uno de estos 144 órganos jurisdiccionales posee 2 instalaciones de videoconferencia.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Última actualización: 23/03/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
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Práctica de pruebas por videoconferencia - Eslovenia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Es posible la obtención de pruebas mediante videoconferencia bien con la participación de un órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente o bien directamente por un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro. En todos los asuntos civiles y mercantiles, es aplicable el artículo 114 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o pravdnem postopku), que establece que un órgano jurisdiccional podrá, con el consentimiento de las partes, autorizar que las partes y sus representantes legales se encuentren en lugares diferentes durante la audiencia y se practiquen las diligencias procesales en dichos lugares, siempre que se pueda transferir el sonido y la imagen desde el lugar en que se celebra la audiencia hasta el lugar o lugares en que las partes y sus representantes estén ubicados o viceversa (videoconferencia). Con sujeción a estas condiciones, un órgano jurisdiccional podrá decidir también la obtención de pruebas tomando declaración a las partes y a los testigos, así como a los peritos.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

La videoconferencia podrá utilizarse para tomar declaración a las partes y a los testigos, así como a los peritos. Las partes y sus representantes (por ejemplo, abogados) podrán practicar todas las actuaciones procesales por videoconferencia.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Por lo general, las partes y sus representantes legales podrán practicar todas las actuaciones procesales desde una ubicación remota. La Ley de Enjuiciamiento Civil restringe la posibilidad de obtener pruebas por videoconferencia a un listado de pruebas exhaustivo (declaraciones de partes, testigos y peritos). Por tanto, no es posible utilizar la videoconferencia para obtener pruebas mediante la inspección de instalaciones o mediante el examen de documentos.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Por lo general, las partes y sus representantes legales podrán practicar todas las actuaciones procesales desde una ubicación remota. No existen restricciones respecto a la ubicación cuando la otra parte se encuentra fuera del órgano jurisdiccional.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

El artículo 125 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil proporciona la base jurídica para la grabación de la imagen y el sonido de una audiencia. De acuerdo con esta disposición, el presidente del órgano jurisdiccional podrá ordenar la grabación de la imagen y el sonido de una audiencia. Esto significa que el presidente del órgano jurisdiccional, ante el cual se desarrolla el procedimiento, tiene el derecho discrecional de decidir si se realizará la grabación de la imagen y el sonido de la audiencia. De conformidad con el artículo 114 bis, las partes no tendrán el derecho de solicitar al órgano jurisdiccional que autorice una videoconferencia. Corresponde al órgano jurisdiccional solicitar la celebración de una audiencia por videoconferencia, en cuyo caso será necesario el consentimiento de las partes. La decisión por la cual el órgano jurisdiccional ordena la celebración de una audiencia por videoconferencia deberá pronunciarse con suficiente antelación a la fecha de la audiencia, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la preparación técnica, y las partes deberán ser notificadas de su obligación de comparecer ante el órgano jurisdiccional con suficiente antelación.

Desde 2011, al menos una sala de vistas en cada órgano jurisdiccional de distrito (once ubicaciones) de Eslovenia ha sido equipada con todo lo necesario para la realización de una videoconferencia y su grabación. Es posible grabar únicamente la imagen o el sonido, o ambos al mismo tiempo. Existen también tres equipos móviles de videoconferencia disponibles, que los órganos jurisdiccionales pueden utilizar en sedes locales o de otro tipo. Puesto que una videoconferencia se establece a través de un punto accesible de forma centralizada, todas las videoconferencias podrán ser grabadas por orden judicial.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

De conformidad con los artículos 10 a 12 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requerido podrá tomar declaración específicamente en la lengua oficial de dicho órgano jurisdiccional (en esloveno y en las lenguas de las comunidades nacionales de uso oficial en los órganos jurisdiccionales de dichas zonas, es decir, italiano o húngaro) y, cuando sea necesario, mediante una traducción a la lengua que la parte u otro interviniente en el procedimiento entienda, cuando así lo sugieran estos o cuando el órgano jurisdiccional determine que dicha parte u otro interviniente en el procedimiento no comprende el esloveno.

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requirente tomará declaración directamente. En dicho caso, la declaración podrá prestarse en una lengua extranjera si se facilita una traducción adecuada a la lengua que la parte u otro interviniente en el procedimiento entienda.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Cuando se disponga la presencia de intérpretes, tanto el órgano jurisdiccional requerido como el órgano jurisdiccional requirente podrán adoptar las medidas necesarias (dependiendo del acuerdo entre ambos). Además, los intérpretes judiciales podrán encontrarse en la sede del órgano jurisdiccional requerido o del órgano jurisdiccional requirente, o en un tercer lugar.

En la práctica, los intérpretes judiciales se encuentran en el lugar en que esté la persona que necesita interpretación, es decir, en la sede del órgano jurisdiccional requerido, si el órgano jurisdiccional requirente toma declaración en su lengua, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento, o en la sede del órgano jurisdiccional requirente si es el órgano jurisdiccional requerido el que toma declaración, de conformidad con los artículos 10 a 12 del Reglamento.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

La persona que haya de prestar declaración deberá ser citada personalmente y por escrito para que comparezca ante el órgano jurisdiccional. En la citación se indicará, entre otros, el lugar y la hora de la declaración. Determinados testigos podrán prestar declaración en su domicilio en caso de edad avanzada, enfermedad o discapacidad física grave. La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece con cuánta antelación deberá citarse a los testigos; no obstante, deberá entregarse la notificación a las partes con tiempo suficiente para que se preparen a fin de comparecer en la audiencia, con quince días de antelación como mínimo. Este plazo no es aplicable cuando se cita a una persona como testigo.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

De conformidad con el artículo 153 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la parte que solicita la obtención de pruebas depositará la cantidad que cubra los costes incurridos en dicha práctica de diligencias. Si ambas partes proponen la obtención de pruebas, el órgano jurisdiccional podrá decidir que ambas depositen dicha cantidad a partes iguales. Los costes serán reembolsados de acuerdo con el resultado del asunto.

En la República de Eslovenia la videoconferencia es gratuita.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece condiciones adicionales.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Antes de tomar declaración a los testigos, se les pregunta su nombre y apellido, el nombre de su padre, su ocupación, domicilio, lugar de nacimiento, edad y su relación con las partes (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 238, párrafo tercero).

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece la prestación de juramento. De conformidad con el artículo 238, el órgano jurisdiccional advierte a los testigos, antes del comienzo de la declaración, de que deben decir la verdad y no deben ocultar nada, después de lo cual se les advierte también sobre las consecuencias de prestar falso testimonio.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna disposición al respecto.

En la práctica, al menos una semana antes de una videoconferencia, se realiza una prueba de conexión para comprobar su funcionamiento y su calidad, así como para corregir cualquier deficiencia. Gracias a ello se garantiza que el técnico presente durante la audiencia pueda utilizar el equipo de videoconferencia sin dificultades, puesto que se habrá llevado a cabo una prueba previamente. Los órganos jurisdiccionales, bien en la propia solicitud o bien posteriormente, intercambian los datos de contacto de las personas que serán responsables de los aspectos técnicos de la videoconferencia.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna disposición al respecto.

En la práctica, el órgano jurisdiccional requirente envía al órgano jurisdiccional requerido, junto con la solicitud, un formulario con toda la información técnica sobre el sistema de videoconferencia y los datos de contacto del experto responsable de los aspectos técnicos de la misma. Ambos órganos jurisdiccionales necesitan información sobre los sistemas de videoconferencia, el tipo de conexión (ISDN, IP), la velocidad de conexión, la dirección (número de teléfono), la lengua utilizada en la prueba, la fecha y la hora de la prueba, cualquier diferencia horaria y los datos de contacto del técnico responsable.

Última actualización: 15/03/2017

El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
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Práctica de pruebas por videoconferencia - Eslovaquia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Aunque la legislación eslovaca no contiene normas específicas que permitan la obtención de pruebas con la participación de un órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente, tampoco existen disposiciones que lo impidan. De conformidad con las normas procesales, los órganos jurisdiccionales obtienen pruebas en la salas audiencitas y también, cuando es posible, al margen de estas (Ley de Enjuiciamiento Civil (Občianský súdny poriadok), artículo 122). Con el consentimiento de las partes, el órgano jurisdiccional podrá celebrar una audiencia mediante videoconferencia u otro medio tecnológico de comunicación (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 116, apartado 6). En principio, las partes tienen el derecho de estar presentes cuando se proceda a la obtención de pruebas.

No existen procedimientos específicos para la obtención de pruebas por videoconferencia (aparte de lo descrito anteriormente). Por tanto, solo son aplicables el Reglamento sobre obtención de pruebas (Nariadenie o výkone dôkazu), la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Reglamento administrativo de los órganos jurisdiccionales (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (el vigente en 2015 es el Decreto del Ministerio de Justicia eslovaco n.º 543, de 11 de noviembre de 2005, sobre el Reglamento administrativo de los tribunales de distrito (okresné súdy), los tribunales regionales (krajské súdy), los tribunales especiales (Špeciálny súd) y los tribunales militares (vojenské súdy)).

Todas las demás cuestiones deberán ser resueltas mediante acuerdo entre los órganos jurisdiccionales interesados con la ayuda de la Red Judicial Europea.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existen restricciones en la legislación eslovaca sobre el tipo de persona que puede prestar declaración por videoconferencia. De conformidad con el artículo 125 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todos los medios que puedan emplearse para establecer los hechos de un asunto podrán ser utilizados como prueba. En particular, podrá tomarse declaración a las partes, a los testigos y a los peritos.

En virtud del artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe respetarse la obligación de mantener la confidencialidad de la información clasificada cuando se proceda a la obtención de pruebas.

Con arreglo al artículo 100, apartado 3, si el órgano jurisdiccional decide tener en cuenta la opinión de un menor, dicha opinión será recabada a través del representante del menor o de la autoridad pertinente encargada del bienestar y de la protección legal de los menores y de la asistencia social, o tomando declaración al menor incluso sin la presencia de sus progenitores. Las restricciones específicas dependerán claramente de la edad del menor y del método utilizado por el órgano jurisdiccional para tomar declaración.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Ninguna, excepto aquellas restricciones asociadas a la propia naturaleza de la videoconferencia (el hecho de que resulta imposible llevar a cabo un registro de dependencias por videoconferencia, etc.)

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Por lo general, las pruebas se obtienen en una audiencia (artículo 122 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y las audiencias tienen lugar normalmente en el edificio del órgano jurisdiccional (artículo 25 en conexión con el artículo 35 del Reglamento administrativo de los órganos jurisdiccionales). Por motivos técnicos, resultaría difícil tomar declaración en otro lugar.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

El equipo de videoconferencia puede también grabar las videoconferencias realizadas. No obstante, en virtud de lo dispuesto por el artículo 116, apartado 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una audiencia por videoconferencia solo podrá tener lugar con el consentimiento de las partes. Sin el consentimiento de las partes, serán aplicables las disposiciones generales del artículo 44 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de conformidad con las cuales una audiencia podrá también ser grabada utilizando equipo de grabación de sonido. Dicha grabación de sonido se almacena en un portador de datos, que forma parte del sumario de la causa.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Esta pregunta no se refiere de manera específica a la obtención de pruebas en el extranjero o por videoconferencia. Por regla general, las audiencias celebradas por los órganos jurisdiccionales eslovacos se desarrollan siempre en la lengua oficial y se prevé la asistencia de intérpretes si es necesario.

Cuando se implica a un órgano jurisdiccional eslovaco en la obtención de pruebas, se asume que el órgano jurisdiccional que recibe la solicitud celebrará la audiencia y, por tanto, las pruebas se obtendrán en la lengua de dicho órgano jurisdiccional. Si un órgano jurisdiccional procede a la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17, lo hará en su propia lengua.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

La legislación eslovaca no contiene disposiciones sobre esta cuestión. Se prevé la asistencia de intérpretes según las necesidades, mediante acuerdo entre los órganos jurisdiccionales en cuestión.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

La legislación eslovaca no contiene disposiciones específicas que regulen estas cuestiones. Son aplicables las normas generales relativas a la celebración de audiencias y a la citación de los testigos y las partes. Por lo general, los órganos jurisdiccionales obtienen pruebas en audiencias (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 122) y las citaciones judiciales deben notificarse con suficiente antelación para cumplir el plazo legal de preparación de una audiencia (Reglamento administrativo de los órganos jurisdiccionales, artículo 46/3), que es «normalmente al menos cinco días antes de la fecha en la que debe celebrarse la audiencia» (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 115, apartado 2).

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Los órganos jurisdiccionales eslovacos no cobran tasas por las videoconferencias.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

La legislación eslovaca no contiene disposiciones específicas que regulen estas cuestiones. En general, se asume que el órgano jurisdiccional informará a la persona de sus derechos y obligaciones procesales al comienzo de la audiencia. Esto no es aplicable cuando dichas personas están representadas por un abogado (advokát) (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 5).

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

La legislación eslovaca no contiene disposiciones específicas que regulen estas cuestiones. El procedimiento específico se decidirá mediante un acuerdo ad hoc entre los órganos jurisdiccionales interesados. Obviamente, son aplicables las disposiciones generales sobre la verificación de la identidad de la persona que presta declaración. En estas disposiciones se establece que al comienzo de la audiencia debe verificarse la identidad del testigo así como cualesquiera circunstancias que pudieran tener un impacto en la credibilidad del testigo (relaciones familiares, etc.; Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 126, apartado 2).

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

La legislación eslovaca solo contiene disposiciones específicas que regulan estas cuestiones en los procedimientos penales, no en los civiles.

No obstante, de conformidad con el artículo 126, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los órganos jurisdiccionales informan a los testigos al comienzo de cada audiencia sobre la importancia de las declaraciones testificales y sobre los derechos y obligaciones de los testigos (decir la verdad y no ocultar nada) y sobre las consecuencias penales del falso testimonio. Se debe tener en cuenta que esta disposición legal (falso testimonio) no es aplicable a las partes del procedimiento.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Todos los órganos jurisdiccionales eslovacos tienen un administrador al que puede recurrirse para planificar una sesión de prueba de la conexión de vídeo, la fecha de la audiencia, etc. Dicho administrador tiene formación sobre el funcionamiento de las instalaciones de videoconferencia. En el caso de que surja cualquier problema, el administrador puede ponerse en contacto con el técnico del órgano jurisdiccional y podrá disponer que el técnico esté presente el día de la audiencia.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Se precisa la información técnica necesaria para establecer la conexión con el equipo del órgano jurisdiccional requirente.

Última actualización: 10/02/2020

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Finlandia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Ambos procedimientos son posibles. El órgano jurisdiccional requirente deberá especificar claramente en la solicitud a qué procedimiento se refiere.

Cuando las solicitudes se realizan en virtud de los artículos 10 a 12 del Reglamento, son aplicables a la audiencia las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la presentación de las pruebas.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

No existen dichas restricciones en relación con los asuntos en materia civil o mercantil. Los peritos y las partes también pueden prestar declaración por videoconferencia.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

Ninguna.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

No.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

No está prohibida la grabación de las audiencias celebradas por videoconferencia, pero no todos los órganos jurisdiccionales tienen a su disposición el equipo necesario. Deberá formularse una pregunta específica al respecto cuando se presente la solicitud.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Cuando las solicitudes se realizan en virtud de los artículos 10 a 12, la audiencia se desarrolla en finés o sueco. En el caso de una obtención directa de pruebas con arreglo al artículo 17, el órgano jurisdiccional requirente decide qué lengua debe utilizarse.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Cuando las solicitudes se realizan en virtud de los artículos 10 a 12, la provisión y ubicación de los intérpretes es un asunto que debe ser acordado entre el órgano jurisdiccional requirente y el órgano jurisdiccional requerido. En el caso de las solicitudes efectuadas con arreglo al artículo 17, el órgano jurisdiccional requirente es responsable de facilitar intérpretes y decidir dónde deben ubicarse.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

Cuando las solicitudes se realizan en virtud de los artículos 10 a 12, el órgano jurisdiccional requerido envía una citación por escrito a la persona que debe prestar declaración. Idealmente, deberá notificarse la citación al menos entre dos y tres semanas antes de la fecha de la audiencia. En cuanto a las solicitudes efectuadas con arreglo al artículo 17, el órgano jurisdiccional requirente es responsable de notificar la citación y adoptar las medidas necesarias.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Cuando una persona presta declaración de conformidad con los artículos 10 a 12 del Reglamento ante un órgano jurisdiccional con equipo de vídeo, la utilización de la videoconferencia no genera, normalmente, costes independientes. Cuando se toma declaración a una persona en virtud del artículo 17 en un lugar distinto del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional requirente asume los costes de la videoconferencia.

10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

El órgano jurisdiccional que ha presentado una solicitud en virtud el artículo 17, apartado 2, del Reglamento debe informar al interesado de que su comparecencia es de carácter voluntario.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

Cuando las solicitudes se realizan en virtud de los artículos 10 a 12, el órgano jurisdiccional requerido verifica la identidad de la persona que presta declaración y comprueba, si es necesario, el documento de identidad o el pasaporte de la persona. En el caso de las solicitudes efectuadas con arreglo al artículo 17, el órgano jurisdiccional requirente es responsable de verificar la identidad de la persona a la que se toma declaración.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

No es aplicable ningún requisito especial de prestación de juramento durante la obtención directa de pruebas en virtud del artículo 17. Se prestará juramento de conformidad con la legislación correspondiente al órgano jurisdiccional que tome declaración al testigo.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

El órgano jurisdiccional requirente proporciona el nombre de dicha persona de contacto.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

El órgano jurisdiccional requirente deberá, idealmente, proporcionar los nombres de las personas de contacto tanto para las disposiciones técnicas como para las cuestiones (jurídicas) específicas del caso.

– La solicitud deberá contener los datos de contacto (direcciones de correo electrónico o números de teléfono) de las personas de contacto, para que se pueda recurrir a ellas también durante la audiencia en caso de que haya problemas con la conexión de vídeo u otras cuestiones similares.

– Si los Estados participantes en la videoconferencia se encuentran en zonas horarias diferentes, se deberá especificar en la solicitud si las horas mencionadas son las horas del Estado requirente o del Estado requerido.

Última actualización: 13/08/2019

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Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Práctica de pruebas por videoconferencia - Suecia

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?

Sí, pueden obtenerse pruebas mediante videoconferencia bien con la participación del órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente o bien directamente por el órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro.

En virtud del artículo 5 de la Ley (2003:493) sobre el Reglamento (CE) relativo a la obtención de pruebas en materia civil o mercantil («el Reglamento sobre la obtención de pruebas»), las pruebas deben ser obtenidas por los tribunales de distrito (tingsrätter); los tribunales aplicarán las normas sobre la obtención de pruebas al margen de la vista principal contenidas en el capítulo 35, artículos 8 a 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (rättegångsbalken), salvo que se especifique lo contrario en el Reglamento.

Cabe destacar que en los asuntos en que el Reglamento sobre la obtención de pruebas no es aplicable, existen disposiciones en otras leyes como, por ejemplo, la Ley (1946:816) relativa a la obtención de pruebas para un órgano jurisdiccional extranjero.

2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?

Cualquier parte que deba prestar declaración en un asunto podrá hacerlo por videoconferencia.

3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?

No se imponen restricciones especiales.

4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?

Las diligencias de obtención de pruebas las practican los tribunales de distrito. Por lo demás, no se imponen restricciones especiales.

5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?

Sí, está permitido y se dispone de los medios.

6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

a) La audiencia debe desarrollarse en sueco pero el órgano jurisdiccional podrá ser asistido por un intérprete.

b) Esto dependerá de las normas del Estado requirente.

7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?

Si se toma declaración en sueco será el órgano jurisdiccional sueco el que adopte las decisiones relativas a los intérpretes.

8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?

El órgano jurisdiccional requerido envía una citación, en la que se especifica el lugar y la hora, a la persona que debe prestar declaración. No existen requisitos normativos en cuanto a la antelación con la que debe señalarse la fecha de la audiencia.

9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?

Si el órgano jurisdiccional sueco así lo solicita, el órgano jurisdiccional requirente debe sufragar los honorarios de peritos e intérpretes, los costes incurridos como resultado de una solicitud de ejecución de acuerdo con un procedimiento especial y los costes de los medios tecnológicos de comunicación, como la videoconferencia y la teleconferencia (véanse el artículo 18, apartado 2, y el artículo 10, apartados 3 y 4, del Reglamento sobre la obtención de pruebas).

10 Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?

Corresponde al órgano jurisdiccional requirente informar al interesado de que la comparecencia en las diligencias de obtención de pruebas practicadas de conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre obtención de pruebas es de carácter voluntario.

11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?

No existe ningún procedimiento regulado de manera específica para la verificación de la identidad en este contexto.

12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?

Por regla general, son aplicables las normas nacionales sobre juramentos y no se han establecido condiciones ni requisitos de información específicos para la aplicación del artículo 17.

13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?

Todos los órganos jurisdiccionales cuentan con personal encargado del funcionamiento de las instalaciones de videoconferencia.

14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?

Por lo general, no es necesaria ninguna información adicional.

Última actualización: 02/06/2017

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