Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

  • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
  • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
  • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
  • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
  • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
  • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
  • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

National report - United Kingdom PDF (448 Kb) en

Last update: 18/01/2019

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Costas procesales - Bélgica

En esta página encontrará información sobre las costas judiciales en Bélgica. Para un análisis más detallado de las costas procesales, consulte los siguientes casos:

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia - Divorcio

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia - Custodia de los hijos y pensión alimenticia

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia - Pensiones alimentarias

El enlace abre una nueva ventanaDerecho mercantil - Contratos

El enlace abre una nueva ventanaDerecho mercantil - Responsabilidad

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

En materia civil

Los honorarios de los oficiales de justicia en los procedimientos civiles y mercantiles se rigen por un Decreto Real de 30 de noviembre de 1976. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el«Moniteur Belge» de 31 de diciembre de 2008.

Los textos y tarifas se pueden consultar en la lista de la El enlace abre una nueva ventanaCámara Nacional de Oficiales de Justicia de Bélgica (rúbrica «Tarifs et taux d’intérêt» y luego «Toutes affaires») o en el sitio del El enlace abre una nueva ventanaPortal del Poder Judicial de Bélgica (rúbrica «Législation»).

En materia penal

Los honorarios de los oficiales de justicia en los procedimientos penales se rigen por un Decreto Real de 28 de diciembre de 1950 y por una Circular Ministerial de 22 de enero de 2009. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el «Moniteur Belge» de 12 de enero de 2009.

Los textos y tarifas se pueden consultar en la lista de la El enlace abre una nueva ventanaCámara Nacional de Oficiales de Justicia de Bélgica (rúbrica «Tarifs et taux d’intérêt» y luego «Toutes affaires») o en el sitio del El enlace abre una nueva ventanaPortal del Poder Judicial de Bélgica (rúbrica «Législation»).

Abogados

Los honorarios de los abogados no están reglamentados. El abogado los fija libremente y pueden ser negociados entre cliente y abogado, pero, con todo, este último debe fijarlos dentro de los límites de una moderación equitativa. El Colegio de Abogados puede supervisar que el abogado no supere dichos límites.

Existen varios modos de cálculo: una remuneración por hora, una remuneración por prestación, una remuneración según el valor del asunto (porcentaje del valor del litigio, etc.). El artículo 446 ter del Código Judicial belga prohíbe la celebración de pactos sobre honorarios basados exclusivamente en el resultado de la intervención. El abogado debe comunicar por anticipado a su cliente el método que utilizará para calcular sus honorarios. Los honorarios de los abogados no están sujetos al IVA en Bélgica.

Costas judiciales fijas

Costas fijas de los procedimientos civiles

Costas fijas para los justiciables en los procedimientos civiles

En Bélgica, las costas de los tribunales son fijas. Las costas varían en función de la jurisdicción ante la que se incoe el procedimiento y de la etapa del proceso (primera instancia o apelación).

Las costas de los procedimientos judiciales se denominan «dépens» (gastos) y son objeto de los artículos 1017 y siguientes del Código Judicial. En el artículo 1018 se detallan las costas que forman parte de los gastos. Entre los gastos se incluyen los siguientes:

  • los derechos varios, de secretaría y de registro. Los derechos de secretaría incluyen los derechos de asignación de turno, de redacción y de expedición, y se detallan en el Código de los impuestos sobre actos y declaraciones registrables, sobre inscripción de hipotecas y sobre actos de los secretarios judiciales, en sus artículos 268 y siguientes;
  • las costas, tasas y salarios de las actas judiciales;
  • las costas de la expedición de la sentencia;
  • las costas de todas las medidas de instrucción, en particular la tasa de testigos y peritos. En relación con los testigos, el Decreto Real de 27 de julio de 1972 determina el importe de la tasa y de los reembolsos;
  • los gastos de desplazamiento y de alojamiento de los magistrados, secretarios y partes, cuando el juez ordena su desplazamiento, y los gastos de actas cuando se han hecho exclusivamente para el proceso;
  • la indemnización procesal contemplada en el artículo 1022;
  • los honorarios, tasas y gastos del mediador designado de conformidad con el artículo 1734.

El artículo 1019 establece que los derechos de registro que entran en los gastos incluyen:

  • el derecho fijo general,
  • los derechos fijos específicos y
  • los derechos sobre las sentencias de condena, liquidación o colocación de sumas o valores mobiliarios.

En algunos casos, cuando el demandante o la persona que interviene en el procedimiento no es de nacionalidad belga y el demandado sí lo es, este último puede pedir que el demandante o la persona que interviene en el procedimiento deposite una fianza para garantizar el pago de daños y perjuicios resultantes del proceso, a menos que exista un convenio internacional que prevea una dispensa y en casos especiales. Esta fianza está contemplada en el artículo 851 del Código Judicial.

Asimismo deben tenerse en cuenta, en su caso, las costas del oficial de justicia, de los abogados (véase más arriba) y de los traductores e intérpretes (véase más abajo).

Momento del procedimiento civil en que una parte debe abonar las costas fijas

Algunas costas deben abonarse antes de interponer la acción, como, por ejemplo, el derecho de secretaría, que se percibe en el momento de la asignación de turno.

Las costas que se generan durante el procedimiento suelen percibirse mientras este se desarrolla.

Para algunas costas es necesario constituir una garantía. De este modo, a los expertos se les paga mediante la garantía constituida por la parte que solicitó la medida de instrucción. Asimismo, el artículo 953 prevé que la parte que solicita la audiencia de un testigo debe entregar al secretario, antes de dicha audiencia, una garantía que represente el importe de la tasa y el reembolso de los gastos (de desplazamiento, etc.).

En ocasiones, las costas de justicia son avanzadas por el abogado y se incluyen en su minuta de gastos y honorarios.

Costas fijas de los procedimientos penales

Costas fijas que deben abonar todas las partes de un procedimiento penal

La cuestión de las costas fijas en los procedimientos penales se rige por los artículos 91 y siguientes del Decreto Real de 28 de diciembre de 1950.

Momento del procedimiento penal en que una parte debe abonar las costas fijas

La cuestión de las costas fijas en los procedimientos penales se rige por los artículos 91 y siguientes del Decreto Real de 28 de diciembre de 1950.

Costas en materia constitucional

Costas fijas para los justiciables en un procedimiento constitucional

La única costa a cargo de las partes en un procedimiento constitucional son los gastos de envío por correo certificado.

Información previa que deben portar los representante procesales (su abogado)

Información sobre los derechos y obligaciones de las partes

Las normas deontológicas imponen a los abogados la obligación de informar y asesorar a sus clientes. Esta obligación implica que el abogado debe facilitar a su cliente información sobre sus derechos y obligaciones.

El abogado debe, entre otras cosas, informar a sus clientes sobre el método de cálculo de sus honorarios.

Fuentes de información sobre las costas

¿Dónde puedo encontrar información sobre las costas en Bélgica?

Se puede encontrar información sobre este tema en el sitio del El enlace abre una nueva ventanaSPF de Justicia, en el sitio de la El enlace abre una nueva ventanaComisión de Modernización del Orden Judicial (rúbrica «Info juridique») o en los sitios Web de las diversas profesiones jurídicas.

Dicha información se puede encontrar asimismo en los textos reglamentarios o mediante petición a la secretaría o a un abogado.

¿En qué lenguas se puede encontrar información sobre las costas en Bélgica?

Esta información está disponible en neerlandés y en francés.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación/conciliación?

Se puede encontrar información sobre la mediación en el sitio del El enlace abre una nueva ventanaSPF de Justicia (rúbrica «Publications»), así como en el sitio de la El enlace abre una nueva ventanaComisión Federal de Mediación.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio Web disponible con información sobre las costas

Véase supra.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procedimientos?

Un abogado podrá proporcionarle información sobre la duración estimada de su procedimiento. Dicha duración varía en función del tipo de procedimiento que desee abrir y del Tribunal ante el que desee llevar a cabo la acción.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos medios de un determinado proceso?

Un abogado podrá darle información sobre el coste estimado de su procedimiento. Los gastos varían en función del tipo de procedimiento que desee abrir y del Tribunal ante el que desee llevar a cabo la acción.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

¿Dónde puedo encontrar información sobre este tema? ¿Qué tipos se aplican?

En los lugares donde se publica información sobre las costas, estas no incluyen el IVA. El tipo imponible del IVA es del 21 %.

Asistencia jurídica gratuita

¿Cuáles son los ingresos máximos para obtener asistencia jurídica en materia civil?

Esta cuestión se encuentra regulada por los artículos 508/1 y siguientes del Código Judicial belga.

La asistencia jurídica de primera línea es gratuita para todos. Se trata de un primer asesoramiento jurídico, es decir de:

  • información práctica,
  • información jurídica,
  • un primer asesoramiento o la remisión a una organización especializada.

Este primer asesoramiento corre a cargo de profesionales del Derecho y es totalmente gratuita, independientemente de los ingresos de que disponga.

La asistencia jurídica de segunda línea permite a aquellas personas cuyos ingresos no les permiten sufragar la intervención de un abogado obtener la asistencia gratuita o parcialmente gratuita de un abogado. Un abogado le asistirá para asesorarle y defenderle. El Decreto Real de 18 de diciembre de 2003 determina las condiciones de gratuidad total o parcial de la asistencia jurídica de segunda línea y de la asistencia judicial.

Los beneficiarios de la asistencia jurídica totalmente gratuita debido a su situación social son:

  • Todas las personas solas, cuya renta mensual neta sea inferior a 944 EUR.
  • Todas las personas solas con personas a cargo, cuya renta mensual neta sea inferior a 1213 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
  • Todas las personas que forman pareja (en régimen de matrimonio o cohabitación) cuya renta familiar mensual neta sea inferior a 1213 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
  • Todas las personas que perciben una renta de integración social o un subsidio de ayuda social.
  • Todas las personas que perciben una garantía de renta para las personas mayores (GRAPA).
  • Todas las personas que reciben subsidios de sustitución de ingresos a las personas con discapacidad a las que no se haya concedido el subsidio de integración.
  • Todas las personas que tengan a su cargo un menor beneficiario de las prestaciones familiares garantizadas.
  • Todos los inquilinos de viviendas sociales que, en las regiones flamenca y de Bruselas-Capital, paguen un alquiler igual a la mitad del alquiler de base, o que, en la región valona, paguen un alquiler mínimo.
  • Todos los menores de edad.
  • Todos los extranjeros para la presentación de una solicitud de permiso de residencia o de un recurso administrativo o judicial contra una resolución dictada en aplicación de la legislación en materia de acceso al territorio, la residencia, el establecimiento y el alejamiento de extranjeros.
  • Todos los solicitantes de asilo, todas las personas que presenten una declaración o una solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado o que introduzcan una solicitud del estatuto de persona desplazada.
  • Las personas que hayan iniciado un procedimiento de liquidación colectiva de deudas o que deseen presentar una solicitud de liquidación colectiva de deudas.

Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita debido a una presunción de insuficiencia de ingresos (esta presunción puede ser anulada) son:

  • Todas las personas detenidas o acusadas contempladas en la Ley sobre la comparecencia inmediata de las que se suponga, salvo prueba en contrario, que no cuentan con recursos suficientes.
  • Todas los enfermos mentales que hayan sido objeto de una medida contemplada en la Ley de 26 de junio de 1990 sobre la protección de los enfermos mentales, de los que se suponga, salvo prueba en contrario, que no cuentan con recursos suficientes.
  • Los demandados contemplados en la Ley sobre la comparecencia inmediata.

La intervención es parcialmente gratuita (en este caso, el abogado puede solicitar una intervención moderada para sufragar sus prestaciones) para:

  • Todas las personas solas cuya renta mensual neta se sitúe entre 944 y 1213 EUR.
  • Todas las personas solas con personas a cargo, cuya renta mensual neta se sitúe entre 1213 y 1480 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).
  • Todas las personas que cohabiten con su cónyuge o con cualquier otra persona con la que formen una unidad familiar y cuy renta familiar mensual neta se sitúe entre 1213 y 1480 EUR (+ 163,47 EUR por persona a cargo).

Las cantidades indicadas se adaptan anualmente a la evolución del índice de precios al consumo.

La asistencia judicial se refiere a las costas judiciales. Si el cliente no cuenta con medios suficientes para sufragarlas, puede dirigirse, personalmente o a través de su abogado, a la Oficina de Asistencia Judicial. En función de su grado de insolvencia podrá ser exento, total o parcialmente, del pago de las costas de oficial de justicia, de perito, etc. Esta materia se rige por los artículos 664 y siguientes del Código Judicial.

¿Cuáles son las condiciones para obtener la asistencia jurídica cuando una persona es acusada en un proceso penal, ya sea en calidad de víctima de la delincuencia o en calidad de acusado?

Las condiciones para obtener la asistencia jurídica gratuita en tanto que persona acusada en un proceso penal, ya sea en calidad de víctima o en calidad de acusado, son las mismas que las que figuran más arriba.

¿Existen procedimientos exentos de costas?

Sí, por ejemplo, el procedimiento destinado a obtener una liquidación colectiva de deudas o la posibilidad de litigar sin costas.

¿Cuando tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

En materia civil y mercantil

De conformidad con los artículos 107 y siguientes, las costas que constituyen los gastos (costas de oficial de justicia, de peritos, de tribunales, etc.) en principio corren a cargo de la parte perdedora, una vez dictada la sentencia.

Una intervención a tanto alzado en las costas y honorarios de abogado de la parte vencedora forma parte de los gastos que corren a cargo de la parte vencida. Esta intervención se denomina «indemnización procesal» y se trata de una intervención a tanto alzado que se calcula mediante un baremo establecido en función del valor del litigio. No incluye necesariamente la totalidad de los gastos de honorarios. El Decreto Real de 26 de octubre de 2007 determina los importes de la «indemnización procesal». Estas cantidades consisten en importes mínimos y máximos, y corresponde al juez establecer el importe de la indemnización entre ambos valores.

En algunos casos, el Tribunal puede no condenar a la parte vencida a pagar los gastos, sino que resuelve de otra forma esta cuestión (por ejemplo, mediante el reparto de costas).

En materia penal

Cuando el acusado y las personas civilmente responsables son condenados, las costas del procedimiento corren en principio a su cargo, al igual que una indemnización procesal (intervención a tanto alzado en las costas y honorarios de abogado de la parte vencedora; véase supra la sección «En materia civil y mercantil»). En cambio, si los acusados y las personas civilmente responsables no son condenados y la parte civil sale vencida, esta puede o debe ser condenada a pagar total o parcialmente las costas de procedimiento del Estado y del acusado, así como una indemnización procesal. En algunos casos, las costas de procedimiento corren a cargo del Estado. Estas normas se recogen en el Código de Enjuiciamiento Criminal.

Derechos de los peritos

En materia civil y mercantil

Los derechos de los peritos no están regulados, y estos pueden fijar libremente su importe. El juez controla los derechos de forma marginal (pues puede intervenir en caso de desacuerdo entre las partes y el perito), pero no existe un texto legal que fije las cantidades a las que deben corresponder los derechos de los peritos. Esta materia se rige por los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, así como por el Decreto Real de 24 de mayo de 1933.

El Decreto Real de 14 de noviembre de 2003 fija, no obstante, la tarifa de los derechos y gastos de los peritos designados para las jurisdicciones de trabajo en el marco de los peritajes médicos sobre:

  • los litigios relativos a los subsidios para las personas con discapacidad,
  • las prestaciones familiares de los trabajadores asalariados y los trabajadores por cuenta propia,
  • el seguro de desempleo y
  • el régimen de seguro obligatorio de enfermedad y sus indemnizaciones.

En materia penal

Los derechos de los peritos en los procedimientos penales se rigen por el Decreto Real de 28 de diciembre de 1950 y la Circular Ministerial de 22 de enero de 2009. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el «Moniteur Belge» de 12 de enero de 2009.

Los textos pueden consultarse en el sitio de la El enlace abre una nueva ventanaComisión de Modernización del Orden Judicial (rúbrica «Info juridique» - «Professionnels» - «Tarifs» - «Frais de justice») o en el sitio del El enlace abre una nueva ventanaPortal del Poder Judicial de Bélgica (rúbrica «Législation»).

Honorarios de los intérpretes y traductores

En ocasiones es necesario recurrir a los servicios de un traductor o un intérprete durante el procedimiento. Por ejemplo, cuando se presentan documentos en una lengua distinta a la utilizada en el procedimiento o cuando un testigo se expresa en otra lengua. También cuando una parte habla una lengua distinta a la utilizada en el procedimiento y no comprende esta última o bien cuando el juez no comprende la lengua que utiliza esta parte. Las normas aplicables se recogen en la Ley de 15 de junio de 1935 sobre el empleo de lenguas en materia judicial.

En materia penal

Los honorarios de los traductores e intérpretes en los procedimientos penales se rigen por el Decreto Real de 28 de diciembre de 1950 y la Circular Ministerial de 22 de enero de 2009. Las tarifas correspondientes a 2009 se publicaron en el «Moniteur Belge» de 12 de enero de 2009.

Los textos pueden consultarse en el sitio de la El enlace abre una nueva ventanaComisión de Modernización del Orden Judicial (rúbrica «Info juridique» - «Professionnels» - «Tarifs» - «Frais de justice») o en el sitio del El enlace abre una nueva ventanaPortal del Poder Judicial de Bélgica (rúbrica «Législation»).

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaServicio Público Federal de Justicia

El enlace abre una nueva ventanaComisión de Modernización del Orden Judicial

Documentos relacionados

Informe de Bélgica relativo al Estudio sobre la transparencia de las costasPDF(829 Kb)en

Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Estudio de caso 1 – derecho de familia –divorcio - Bélgica

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –divorcio–, se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte que solicita el divorcio sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: una pareja se casa, posteriormente se separan y acuerdan divorciarse.

Caso B – Situación transnacional: dos nacionales de un mismo Estado miembro (Estado miembro A) se casan. El matrimonio se celebra en el Estado miembro A. Tras la boda, la pareja se traslada a vivir y trabajar en otro Estado miembro (Estado miembro B) en el que establecen su residencia. Poco después, la pareja se separa y la mujer vuelve al Estado miembro A, mientras que el marido se queda en el Estado miembro B. La pareja acuerda divorciarse. Inmediatamente después de la vuelta de la mujer al Estado miembro A, la mujer interpone una demanda de divorcio ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro B.


Observación preliminar importante: los gastos y honorarios de los abogados no están regulados en Bélgica (dependen de la dificultad y la importancia del asunto, del nombre y la reputación del abogado, de la urgencia del caso, del resultado del litigio, etc.). No obstante, en Bélgica, los abogados deben cumplir una serie de normas deontológicas y están asimismo obligados a calcular los costes y gastos dentro de los límites de una moderación equitativa (véase supra).

Así pues, la estimación de los costes y gastos se presenta con carácter puramente indicativo.


Costas en Bélgica

Costas en procesos de primera instancia, recursos, solución alternativa de conflictos


Caso prác
tico

Órgano jurisdiccional

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedi
ción de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedi
ción de copias

Otras tasas

¿Existe esta opción en este tipo de casos?

Tasas

Caso A

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

No

Caso B

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

No



Gastos de abogado, oficial de justicia y peritos


Caso prác
tico

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representa
ción?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representa
ción?

Gastos previos a la senten
cia

Gastos posterio
res a la senten
cia

¿Son obligato
rios sus servicios?

Derechos

Caso A

No

Aproximadamente 2500 EUR

No

Aproxi
mada
mente 250 EUR

Aproximadamente 250 EUR

No

Caso B

No

Aproximadamente 3500 EUR

No

Aproxi
mada
mente 350 EUR

Aproximadamente 350 EUR

No



Gastos por indemnización de testigos, juramento u otra garantía y otras tasas


Caso prác
tico

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

Otras tasas

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Gas
tos

Descripción

Gastos

Caso A

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como norma general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la interposición de una acción en el caso previsto en el artículo 851 del Código Judicial. Se trata del supuesto de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede pedir que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. El artículo 852 precisa la forma que puede adoptar la caución (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la transparencia de los costes

Caso B

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como norma general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la interposición de una acción en el caso previsto en el artículo 851 del Código Judicial. Se trata del supuesto de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede pedir que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. El artículo 852 precisa la forma que puede adoptar la caución (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la transparencia de los costes



Costas por asistencia jurídica y otros reembolsos

Véase la sección «Asistencia jurídica» en la página sobre las costas procesales.

Gastos de traducción e interpretación


Caso prác
tico

Traducción

Interpretación

Otras costas específicas de litigios transfronterizos

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Cuando los documentos se requieren para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Caso B

Cuando los documentos se requieren para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Costas del exequátur

Aproximada
mente 100 EUR


Última actualización: 20/09/2019

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Estudio de caso 2 – derecho de familia – custodia de los hijos - Bélgica

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –custodia de los hijos– se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte demandante sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: dos personas han convivido sin estar casadas durante una serie de años. Tienen un hijo de tres años cuando se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional concede la custodia del hijo a la madre y un derecho de visitas al padre. La madre interpone una demanda para limitar el derecho de visitas del padre.

Caso B – Situación transnacional cuando usted ejerce como abogado en el Estado miembro A: dos personas han convivido sin estar casadas en un Estado miembro (Estado miembro B) durante una serie de años. Tienen un hijo juntos, pero se separaron inmediatamente después del nacimiento del niño. Una resolución de un órgano jurisdiccional del Estado miembro B concede la custodia del hijo a la madre y un derecho de visitas al padre. La madre y el hijo se trasladan a vivir a otro Estado miembro (Estados miembro A) estando autorizados a hacerlo por la resolución del órgano jurisdiccional y el padre se queda en el Estados miembro B. Unos años después, la madre interpone una demanda en el Estado miembro A para modificar el derecho de visitas del padre.

Observación preliminar importante: los gastos y honorarios de los abogados no están regulados en Bélgica (dependen de la dificultad y la importancia del asunto, del nombre y la reputación del abogado, de la urgencia del caso, del resultado del litigio, etc.). No obstante, en Bélgica, los abogados deben cumplir una serie de normas deontológicas y están asimismo obligados a calcular los costes y gastos dentro de los límites de una moderación equitativa (véase supra).

Así pues, la estimación de los costes y gastos se presenta con carácter puramente indicativo.


Costas en Bélgica

Costas en procesos de primera instancia, recursos, solución alternativa de conflictos


Caso prác
tico

Órgano jurisdiccional

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedi
ción de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedi
ción de copias

Otras tasas

¿Existe esta opción en este tipo de casos?

Tasas

Caso A

52 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

No

Caso B

52 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

No



Gastos de abogado, oficial de justicia y peritos


Caso prác
tico

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representa
ción?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representa
ción?

Gastos previos a la senten
cia

Gastos posterio
res a la senten
cia

¿Son obligato
rios sus servicios?

Derechos

Caso A

No

Aproximadamente 1500 EUR

No

52 EUR

Aproximadamente 100 EUR

No

Caso B

No

Aproximadamente 1000 EUR

No

52 EUR

Aproximadamente 100 EUR

No



Gastos por indemnización de testigos, juramento u otra garantía y otras tasas


Caso práctico

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Caso A

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como norma general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la interposición de una acción en el caso previsto en el artículo 851 del Código Judicial. Se trata del supuesto de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede pedir que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. El artículo 852 precisa la forma que puede adoptar la caución (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la transparencia de los costes

Caso B

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como norma general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la interposición de una acción en el caso previsto en el artículo 851 del Código Judicial. Se trata del supuesto de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede pedir que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. El artículo 852 precisa la forma que puede adoptar la caución (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la transparencia de los costes



Gastos de asistencia jurídica y otros reembolsos

Véase la sección «Asistencia jurídica» en la página sobre las costas de procesales.

Gastos de traducción e interpretación


Caso práctico

Traducción

Interpretación

Otras costas específicas de litigios transfronterizos

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento.

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Caso B

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento.

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Costas del exequátur

Aproximada
mente 100 EUR


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Estudio de caso 3 – derecho de familia – pensión alimenticia - Bélgica

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –pensiones alimenticias– se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte demandante sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Case A – Situación nacional: dos personas han convivido sin estar casadas durante una serie de años. Tienen un hijo de tres años cuando se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional concede la custodia del hijo a la madre. La única disputa pendiente se refiere al importe de la pensión alimenticia debida a la madre por el padre para subvenir al mantenimiento y educación del hijo. La madre interpone una demanda sobre este tema.

Caso B – Situación transnacional cuando usted ejerce como abogado en el Estado miembro A: dos personas han convivido sin estar casadas en un Estado miembro (Estado miembro B). Tienen un hijo de tres años. Se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional del Estado miembro B concede la custodia del hijo a la madre. Con el consentimiento del padre, la madre y el hijo se trasladan a vivir a otro Estado miembro (Estados miembro A), en el que establecen su residencia.

Una disputa queda pendiente de solución. Se refiere al importe de la pensión alimenticia debida a la madre por el padre para subvenir al mantenimiento y educación del hijo. La madre interpone una demanda sobre este tema en el Estado miembro A.

Observación preliminar importante: los gastos y honorarios de los abogados no están regulados en Bélgica (dependen de la dificultad y la importancia del asunto, del nombre y la reputación del abogado, de la urgencia del caso, del resultado del litigio, etc.). No obstante, en Bélgica, los abogados deben cumplir una serie de normas deontológicas y están asimismo obligados a calcular los costes y gastos dentro de los límites de una moderación equitativa (véase supra).

Así pues, la estimación de los costes y gastos se presenta con carácter puramente indicativo.

Costas en Bélgica

Costas en procesos de primera instancia, recursos, solución alternativa de conflictos


Caso prác
tico

Órgano jurisdiccional

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedi
ción de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedi
ción de copias

Otras tasas

¿Existe esta opción en este tipo de casos?

Tasas

Caso A

27 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

No

Caso B

27 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

No



Gastos de abogado, oficial de justicia y peritos


Caso prác
tico

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representa
ción?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representa
ción?

Gastos previos a la senten
cia

Gastos posterio
res a la senten
cia

¿Son obligato
rios sus servicios?

Derechos

Caso A

No

Aproximadamente 1000 EUR

No

Aproxi
mada
mente 27 EUR

Aproximadamente 60 EUR

No

Caso B

No

Aproximadamente 1000 EUR

No

Aproxi
mada
mente 27 EUR

Aproximadamente 60 EUR

No



Gastos por indemnización de testigos, juramento u otra garantía y otras tasas


Caso práctico

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Caso A

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como norma general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la interposición de una acción en el caso previsto en el artículo 851 del Código Judicial. Se trata del supuesto de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede pedir que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. El artículo 852 precisa la forma que puede adoptar la caución (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la transparencia de los costes

Caso B

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como norma general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la interposición de una acción en el caso previsto en el artículo 851 del Código Judicial. Se trata del supuesto de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede pedir que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. El artículo 852 precisa la forma que puede adoptar la caución (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la transparencia de los costes



Gastos de asistencia jurídica y otros reembolsos

Véase la sección «Asistencia jurídica» en la página sobre las costas procesales.

Gastos de traducción e interpretación


Caso prác
tico

Traducción

Interpretación

Otras costas específicas de litigios transfronterizos

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Caso B

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Costas del exequátur

Aproximada
mente 100 EUR


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Estudio de caso 4 –derecho mercantil –contratos - Bélgica

En este estudio de un caso sobre Derecho mercantil –contratos– se pidió a los Estados miembros que asesoraran al vendedor sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: una empresa realiza una entrega de bienes por un valor de 20 000 EUR. El comprador no ha pagado al vendedor porque considera que los bienes no son conformes con lo acordado.

El vendedor decide interponer una demanda para obtener el pago íntegro del precio.

Caso B – Situación transnacional: una empresa, cuya sede se localiza en el Estado miembro B, realiza una entrega de bienes por un valor de 20 000 EUR a un comprador en el Estado miembro A. El contrato se somete a la ley del Estado miembro B y está redactado en la lengua del Estado miembro B. El comprador situado en el Estado miembro A no ha pagado a este vendedor porque considera que los bienes no son conformes con lo acordado. El vendedor decide interponer una demanda en el Estado miembro A para obtener el pago íntegro del precio, tal como se establece en el contrato con el comprador.

Observación preliminar importante: los gastos y honorarios de los abogados no están regulados en Bélgica (dependen de la dificultad y la importancia del asunto, del nombre y la reputación del abogado, de la urgencia del caso, del resultado del litigio, etc.). No obstante, en Bélgica, los abogados deben cumplir una serie de normas deontológicas y están asimismo obligados a calcular los costes y gastos dentro de los límites de una moderación equitativa (véase supra).

Así pues, la estimación de los costes y gastos se presenta con carácter puramente indicativo.


Costas en Bélgica

Costas en procesos de primera instancia, recursos, solución alternativa de conflictos


Caso práctico

Órgano jurisdiccional

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

¿Existe esta opción en este tipo de casos?

Tasas

Caso A

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Véase la sección «Costas de la Media
ción» en la página sobre la Mediación en Bélgica

Caso B

52 EUR (orden de pago europea)

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Véase la sección «Costas de la Media
ción» en la página sobre la Mediación en Bélgica



Gastos de abogado, oficial de justicia y peritos


Caso práctico

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representa
ción?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representa
ción?

Gastos previos a la sentencia

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Caso A

No

Aproximada
mente 2000 EUR

No

Aproximada
mente 250 EUR

Aproximada
mente 250 EUR

No

Caso B

No

Aproximada
mente 2000 EUR

No

Aproximada
mente 52 EUR

Aproximada
mente 100 EUR

No



Gastos de indemnización de testigos, juramento de compromiso u otra garantía y otros gastos


Caso práctico

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Caso A

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como regla general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la iniciación del proceso en el supuesto del artículo 851 del Código Judicial. Se trata de la hipótesis de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede solicitar que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. En el artículo 852 se especifica la forma que la  misma puede adoptar (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la  transparencia de las costas.

Caso B

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como regla general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la iniciación del proceso en el supuesto del artículo 851 del Código Judicial. Se trata de la hipótesis de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede solicitar que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. En el artículo 852 se especifica la forma que la  misma puede adoptar (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la  transparencia de las costas.



Gastos de asistencia jurídica y otros reembolsos

Véase la sección «Asistencia jurídica gratuita» en la página sobre las costas procesales.


Gastos de traducción e interpretación


Caso práctico

Traducción

Interpretación

Otras costas específicas de litigios transfronterizos

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Caso B

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Costas del exequátur

Aproximada
mente 100 EUR


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Estudio de caso 5 - derecho mercantil –responsabilidad - Bélgica

En este estudio de un caso sobre Derecho mercantil –responsabilidad– se pidió a los Estados miembros que asesoraran al cliente sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: un fabricante de equipamientos de calefacción entrega un calentador a un instalador. El instalador vende (e instala) el calentador a un cliente para equipar su casa. La casa se incendia poco después. Cada uno de los intervinientes (fabricante de equipamientos de calefacción, instalador, cliente final) está asegurado. Se cuestiona el origen del fuego. Nadie quiere indemnizar al cliente.

El cliente decide interponer una demanda para obtener plena indemnización contra el fabricante del equipamiento de calefacción, el instalador del equipamiento de calefacción y las compañías de seguros.

Caso B – Situación transnacional: un fabricante de equipamientos de calefacción en un Estado miembro B entrega un calentador a un instalador en un Estado miembro C. El instalador vende (e instala) el calentador a un cliente en un Estado miembro A para equipar su casa. La casa se incendia poco después. Cada uno de los intervinientes (fabricante de equipamientos de calefacción, instalador, cliente final) está asegurado por una compañía de seguros en su propio Estado miembro. Se cuestiona el origen del fuego. Nadie quiere indemnizar al cliente.

El cliente decide interponer una demanda en el Estado miembro A para obtener plena indemnización contra el fabricante del equipamiento de calefacción, el instalador del equipamiento de calefacción y la compañía de seguros del Estado miembro A.


Observación preliminar importante: los gastos y honorarios de los abogados no están regulados en Bélgica (dependen de la dificultad y la importancia del asunto, del nombre y la reputación del abogado, de la urgencia del caso, del resultado del litigio, etc.). No obstante, en Bélgica, los abogados deben cumplir una serie de normas deontológicas y están asimismo obligados a calcular los costes y gastos dentro de los límites de una moderación equitativa (véase supra).

Así pues, la estimación de los costes y gastos se presenta con carácter puramente indicativo.


Costas en Bélgica

Costas en procesos de primera instancia, recursos, solución alternativa de conflictos


Caso práctico

Órgano jurisdiccional

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

¿Existe esta opción en este tipo de casos?

Tasas

Caso A

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Véase la sección «Costas de la Mediación» en la página sobre la Mediación en Bélgica

Caso B

82 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

186 EUR

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Véase la sección «Costas de la Mediación» en la página sobre la Mediación en Bélgica



Gastos de abogado, oficial de justicia y peritos


Caso práctico

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representa
ción?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representa
ción?

Gastos previos a la sentencia

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Caso A

No

Aproximada
mente 3000 EUR

No

Aproximada
mente 500 EUR

Aproximada
mente 250 EUR

No

Caso B

No

Aproximada
mente 3000 EUR

No

Aproximada
mente 500 EUR

Aproximada
mente 250 EUR

No



Gastos por indemnización de testigos, juramento u otra garantía


Caso práctico

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Caso A

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como regla general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la iniciación del proceso en el supuesto del artículo 851 del Código Judicial. Se trata de la hipótesis de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede solicitar que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. En el artículo 852 se especifica la forma que la  misma puede adoptar (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la  transparencia de las costas.

Caso B

Entre 15,65 EUR y 48,24 EUR

En los procesos civiles, como regla general, puede surgir la obligación de prestar caución en el momento de la iniciación del proceso en el supuesto del artículo 851 del Código Judicial. Se trata de la hipótesis de la excepción de la caución del demandante extranjero. Un demandado belga puede solicitar que el demandante o interviniente extranjero preste una caución. En el artículo 852 se especifica la forma que la  misma puede adoptar (suma de dinero, garantía…). Véase la ficha sobre la  transparencia de las costas.



Gastos de asistencia jurídica y otros reembolsos

Véase la sección «Asistencia jurídica gratuita» en la página sobre las costas procesales.


Gastos de traducción e interpretación


Caso práctico

Traducción

Interpretación

Otras costas específicas de litigios transfronterizos

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Caso B

Cuando los documentos son necesarios para el procedimiento

Entre 7,57 EUR y 34,48 EUR por página

Cuando el demandado no comprende la lengua del procedimiento

Entre 31,61 EUR y 54,62 EUR por hora

Costas del exequátur

Aproximada
mente 100 EUR


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nota: la versión original de esta página búlgaro se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Costas procesales - Bulgaria

En esta página encontrará información sobre el coste de la justicia en Bulgaria.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

La Ley de la Abogacía de Bulgaria (última modificación: SG 69/5.8.2008) contiene las siguientes disposiciones:

El artículo 36 establece que:

  1. El abogado tiene derecho a percibir una retribución por su trabajo.
  2. La cuantía de la retribución debe acordarse mediante contrato entre el abogado y su cliente. El importe convenido ha de ser justo y estar justificado, y no puede ser inferior al prescrito para el tipo de trabajo realizado (Ordenanza del Consejo Superior de la Abogacía).
  3. En ausencia de contrato, y a petición del abogado o de su cliente, fijará la retribución el Consejo de la Abogacía (Ordenanza del Consejo Superior de la Abogacía).
  4. La retribución puede fijarse bien en términos absolutos, bien como porcentaje de la cantidad que, en función del resultado del proceso, pueda conceder el órgano jurisdiccional, o bien como una combinación de ambos. Queda excluida de esta disposición la retribución en procesos penales y civiles que no entrañen un interés material.

El artículo 38 establece que:

  1. Los abogados pueden prestar cooperación y asistencia jurídica gratuita a:
  • personas con derecho a pensión alimenticia
  • personas en dificultades económicas
  • parientes, amigos u otros abogados.
  1. En tales casos, si la otra parte en el procedimiento es condenada en costas, el abogado tiene derecho a percibir una retribución. El órgano jurisdiccional determinará la cuantía de la retribución, que no podrá ser inferior al importe prescrito (en el artículo 36.3 de la Ordenanza), y condenará a la otra parte a que la abone.

La retribución (honorarios) está regulada a tenor de la Ordenanza n.º 1 del Consejo Superior de la Abogacía, de 2004. Los honorarios mínimos son los siguientes:

  1. Honorarios por asesoramiento jurídico, información, preparación de documentos y contratos:
  • importe fijo (entre 10 y 300 euros, aproximadamente)
  • según el interés material del caso, importe fijo (entre 75 y 350 euros aproximadamente) más un porcentaje del interés material (entre 0,1% y 1%).
  1. Honorarios por procedimientos civiles y administrativos en una sola instancia:
  • importe fijo (entre 50 y 250 euros, aproximadamente)
  • según el interés material del caso, importe fijo (entre 50 y 325 euros aproximadamente) más un porcentaje del interés material (entre 2% y 6%).
  1. Actuaciones referentes a la ejecución de resoluciones judiciales:
  • el 50% de los honorarios indicados en la sección 2.
  1. Honorarios por procedimientos relativos a sanciones penales y administrativas en una sola instancia (honorarios fijos únicamente):
  • por la fase de instrucción: 150 euros aproximadamente
  • por la fase de juicio oral: entre 150 y 900 euros aproximadamente, en función de la gravedad del delito imputado
  • en los procesos relativos a sanciones administrativas: 75 euros.
  1. Honorarios por procedimientos regulados por leyes especiales (protección de menores, Código de la Familia, violencia doméstica, extradición y orden de detención europea, etc.):
  • importe fijo únicamente (entre 75 y 125 euros, aproximadamente).

Oficiales de justicia

Desde 2006 los oficiales de justicia en Bulgaria pueden ser agentes ejecutivos privados o funcionarios del Estado. Las retribuciones de ambos se rigen por unos baremos oficiales.

  1. La retribución de los funcionarios del Estado está regulada (en la sección II del baremo de tasas del Estado recaudadas por los órganos jurisdiccionales al amparo del Código de Procedimiento Civil de 2008).
  2. La retribución de los agentes ejecutivos privados está regulada (en el artículo 78 de la Ley de Agentes Ejecutivos Privados y en el baremo de tasas y gastos de ejecución de dicha Ley).

Ambos baremos fijan las mismas tasas.

El agente ejecutivo privado cobra un suplemento del 50% de la tarifa normal por la notificación de documentos en días no hábiles y festivos, el envío de citaciones por correo postal y las copias de denuncias, notificaciones y documentos.

Gastos fijos

Gastos fijos en el proceso civil

Gastos fijos para los litigantes en el proceso civil

Los gastos del proceso civil están fijados (en la sección I del baremo de tasas del Estado recaudadas por los órganos jurisdiccionales al amparo del Código de Procedimiento Civil de 2008), con las tasas que se indican a continuación:

  • por una demanda civil: 4% del importe reclamado, con un mínimo de 25 euros;
  • por una demanda por perjuicio moral: entre 15 y 40 euros;
  • por demandas de divorcio (incluidos los divorcios de mutuo acuerdo): 2% de tres anualidades de la asignación de cada parte (según el acuerdo por el que se reparta el patrimonio conyugal y se fije la pensión alimenticia);
  • por un título ejecutivo: 2% del interés material, con un mínimo de 12,5 euros;
  • por expedientes de adopción: 12,5 euros;
  • por el aseguramiento de bienes reclamados: 20 euros;
  • por el aseguramiento de pruebas: 10 euros;
  • por demandas por insolvencia: 25 euros para el empresario individual, y 125 euros para las sociedades comerciales.

Fase del proceso civil en la que deben pagarse los gastos fijos

Los gastos se pagan antes del inicio del proceso o cuando se efectúan las actuaciones pertinentes (artículo 76 del Código de Procedimiento Civil).

Gastos fijos en el proceso penal

Gastos fijos para los litigantes en el proceso penal

La cobertura de los gastos y honorarios en el proceso penal se rige por el Código de Procedimiento Penal:

Artículo 187: Cobertura de los gastos

  1. Los gastos del proceso penal deben estar cubiertos por el importe especificado en el presupuesto de la institución correspondiente, excepto en los casos previstos por la ley.
  2. En las causas penales resultantes de querellas interpuestas por una víctima y registradas en el órgano jurisdiccional, el querellante particular debe depositar el importe de los gastos por adelantado. Si no se ha depositado el importe correspondiente, debe otorgarse al querellante particular un plazo de siete días para que lo haga.
  3. En las causas resultantes de querellas interpuestas por la víctima y registradas en el órgano jurisdiccional, el coste de la práctica de las pruebas en que se basen las alegaciones formuladas por el acusado debe estar cubierto por el presupuesto del órgano jurisdiccional.

Los gastos fijos del proceso penal están fijados (en el Baremo n.º 1 de la Ley de tasas del Estado recaudadas por los órganos jurisdiccionales, las fiscalías y los servicios de investigación y el Ministerio de Justicia, cuya última modificación es de 2005), como sigue:

  • por querellas que den lugar a un procedimiento penal de carácter privado: 6 euros;
  • por querellas interpuestas por particulares en procedimientos penales de carácter privado: 2,5 euros;
  • por recursos de rehabilitación cuando la causa siga abierta: 3 euros.

Fase del procedimiento penal en la que deben pagarse los gastos fijos

Los gastos antes descritos deben ser depositados por adelantado por el querellante particular (con arreglo al Código de Procedimiento Penal). Si no se ha depositado el importe correspondiente, debe otorgarse al querellante particular un plazo de siete días para que lo haga.

Gastos fijos en procesos de Derecho constitucional

Gastos fijos para los litigantes en procesos de Derecho constitucional

El ordenamiento jurídico búlgaro no prevé recursos de particulares ante el Tribunal Constitucional.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

El artículo 40.3 de la Ley de la Abogacía estipula que los "abogados están obligados a informar fielmente a sus clientes de sus derechos y obligaciones". No se precisa expresamente la obligación de informar al cliente del coste previsto del proceso judicial. Sin embargo, esta obligación está implícita en el Código deontológico de la abogacía.

Fuente jurídica de los gastos procesales

¿Dónde puedo obtener información sobre la fuente jurídica de los gastos procesales en Bulgaria?

La persona física o jurídica que quiera interponer un recurso judicial no encontrará ninguna información pública que precise cuánto tendrá que desembolsar por el proceso, puesto que no hay sitios web oficiales ni de otro tipo ni organismos públicos que faciliten una síntesis de tal información. Por ello, tendrá que obtener esta información principalmente de su abogado.

Con todo, el ciudadano puede consultar la normativa sobre honorarios y gastos procesales en los siguientes sitios web públicos y efectuar sus propios cálculos: el portal de El enlace abre una nueva ventanalegislación nacional, la sede electrónica del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Superior de la Abogacía, la sede electrónica del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Supremo de la Magistratura, y la sede electrónica del El enlace abre una nueva ventanaServicio Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita. De momento, todos estos sitios web ofrecen información únicamente en búlgaro.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre la fuente jurídica de los gastos procesales en Bulgaria?

De momento, todos los sitios web antes mencionados ofrecen información únicamente en búlgaro.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Puede obtener información sobre la mediación en la sede electrónica del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de Bulgaria.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre los gastos procesales?

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

En la sede electrónica del El enlace abre una nueva ventanaConsejo Supremo de la Magistratura pueden consultarse informes anuales y bianuales sobre las actividades judiciales a todos los niveles. En ellos encontrará información sobre el número de procesos finalizados en los 3, 6, 12 y 24 meses anteriores (o más). El departamento de estadística del Consejo Supremo de la Magistratura facilita análisis e información sobre la duración media de los procesos civiles, penales y administrativos.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

No hay información oficial pública disponible a este respecto.

Impuesto sobre el Valor Añadido

¿Cómo se facilita esta información? ¿Cuáles son los tipos aplicables?

El IVA está incluido en los gastos (con arreglo a la normativa y baremos antes mencionados).

Asistencia jurídica gratuita

Nivel de ingresos aplicable en el orden jurisdiccional civil

De conformidad con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las condiciones aplicables en los órdenes jurisdiccionales civil y penal son las mismas (véase a continuación):

Artículo 22:

  • Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita (con arreglo al artículo 21, puntos primero y segundo) las personas que cumplen los requisitos para acogerse a las prestaciones mensuales de la asistencia social (según el procedimiento enunciado en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asistencia Social) y las que hayan sido acogidas en instituciones especializadas en las que se presten servicios sociales.
  • Debe concederse asistencia jurídica gratuita (con arreglo al artículo 21, puntos primero y segundo) a las familias de acogida y a las familias, amigos y parientes que acojan a un menor (de conformidad con los procedimientos establecidos en la El enlace abre una nueva ventanaLey de Protección del Menor).
  • La decisión relativa al acogimiento del menor debe estar certificada por el director de la Dirección de Asistencia Social o por resolución judicial, según corresponda. Toda persona que no haya reclamado la prestación social mensual a la que tenga derecho (según el procedimiento establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asistencia Social) debe presentar a la Oficina Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita un certificado expedido por el director de la Dirección de Asistencia Social que acredite que el interesado cumple los requisitos para acogerse a las prestaciones mensuales de la asistencia social.

En los órdenes jurisdiccionales civil y administrativo existen requisitos adicionales.

Artículo 23:

  1. En materia civil y administrativa, se concederá asistencia jurídica gratuita cuando el órgano jurisdiccional determine, sobre la base de las pruebas presentadas por las autoridades competentes, que la parte no tiene recursos suficientes para pagar la asistencia letrada. Para determinar el cumplimiento de esta condición, el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta:
  • los ingresos de la persona o familia
  • la situación patrimonial, certificada mediante declaración
  • la situación familiar
  • el estado de salud
  • la situación laboral
  • la edad
  • otras circunstancias acreditadas.

Nivel de ingresos aplicable en el orden jurisdiccional penal en el caso del acusado

Además de los criterios establecidos para los procesos penales (artículo 22 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, véase supra), son de aplicación los siguientes criterios:

Artículo 23:

  1. El sistema de asistencia jurídica gratuita a que se refiere el artículo 21, punto tercero, cubre los casos en que es prescriptiva la defensa o representación letrada.
  2. El sistema de asistencia jurídica gratuita se aplica, por otra parte, a aquellos casos en que un sospechoso, inculpado o acusado o una parte en un procedimiento penal, civil o administrativo carezca de recursos suficientes para pagar la asistencia letrada, desee tenerla y la correcta administración de la justicia exija que la obtenga.
  3. En el orden jurisdiccional penal, esta evaluación debe realizarla la autoridad competente atendiendo a la situación patrimonial de la persona o acusado incapaz de pagar los servicios de un abogado.

Nivel de ingresos aplicable en el orden jurisdiccional penal en el caso de las víctimas

Los criterios de ingresos aplicables son los mismos que para las demás partes en el proceso penal (véase supra).

Otras condiciones asociadas a la concesión de asistencia jurídica gratuita a las víctimas

La ley no prevé condiciones específicas aplicables a las víctimas de delitos. Se aplican las normas generales establecidas para la asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional penal (artículos 22 y 23 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Otras condiciones asociadas a la concesión de asistencia jurídica gratuita a los acusados

La ley no prevé condiciones específicas aplicables a los acusados. Se aplican las normas generales establecidas para la asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional penal (artículos 22 y 23 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Procesos judiciales gratuitos

Artículo 83: Exención de tasas y gastos

  1. No se exige depósito de fondos para el pago de tasas y gastos en la tramitación de pleitos judiciales:
  • a los trabajadores, empleadoso partes en una demanda, individual o colectiva, derivada de una relación laboral;
  • a los demandantes que reclamen alimentos;
  • en las demandas interpuestas por un fiscal;
  • a los demandantes que reclamen una indemnización por daños y perjuicios en delitos civiles o penales si se ha dictado ya sentencia firme;
  • a los representantes especiales designados de una parte cuyo domicilio se desconozca.
  1. No deben depositar fondos para el pago de tasas y gastos procesales las personas físicas que, según el órgano jurisdiccional, no tienen suficientes recursos para pagarlos. Cuando se solicite la exención, el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta:
  • los ingresos del interesado y de su familia
  • la situación patrimonial, certificada mediante declaración
  • la situación familiar
  • el estado de salud
  • la situación laboral
  • la edad
  • otras circunstancias pertinentes.
  1. En los casos previstos en los apartados 1 y 2, los gastos procesales deberán pagarse con cargo al importe previsto en el presupuesto del órgano jurisdiccional.

Artículo 84: Exención en casos particulares

Están exentos del pago de tasas al Estado, pero no del pago de los gastos procesales:

  1. el Estado y las instituciones de la administración pública, salvo en casos relacionados con propiedades privadas del Estado y en demandas relativas a derechos y créditos exigibles del Estado que tengan carácter privado (modif. SG 50/08, vigente desde el 1.3.2008; modif. por resolución del Tribunal Constitucional en el asunto n.º 3 de 2008 – SG 63/08);
  2. la Cruz Roja búlgara;
  3. los municipios, salvo en las demandas relativas a créditos exigibles y derechos de propiedad de carácter privado de los municipios (propiedad privada de los municipios).

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Procesos civiles

Artículo 78: Reembolso de las costas

  1. Los gastos abonados por el demandante, incluidos los gastos originados por el proceso y la retribución de un abogado (si el demandante lo tenía), deberán ser reembolsados por el demandado en proporción al importe reclamado que haya sido concedido al demandante por el órgano jurisdiccional.
  2. Si no ha presentado alegaciones en su defensa durante el proceso, el demandado será condenado en costas.
  3. El demandado también tiene derecho a reclamar los gastos que haya abonado en proporción a la parte del importe reclamado por el demandante que haya sido denegada.
  4. El demandado también tiene derecho al reembolso de las costas en caso de que se ponga fin a la tramitación del procedimiento.
  5. Si el importe reclamado por una parte en concepto de honorarios del abogado es excesiva en relación con la dificultad jurídica y práctica del caso, el órgano jurisdiccional podrá, previa petición de la otra parte, reducir el importe correspondiente, pero sin que éste pueda ser inferior al importe mínimo establecido por la ley (según el art. 36 de la Ley de la Abogacía).
  6. Si la demanda se resuelve en favor de una persona exenta del pago de tasas al Estado o gastos procesales, la parte perdedora deberá pagar todas las tasas y gastos adeudados. Los importes en cuestión deberán ser fijados por el órgano jurisdiccional.
  7. Si la demanda se resuelve en favor de la parte que se ha acogido a la asistencia jurídica gratuita, los honorarios abonados al abogado serán reembolsados a la Oficina Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita, en proporción al importe reclamado que haya sido concedido por el órgano jurisdiccional. Si la demanda se resuelve en contra de la persona que se ha acogido a la asistencia jurídica gratuita, ésta deberá pagar los gastos en proporción a la parte del importe reclamado que haya sido denegada.
  8. Las personas jurídicas y los empresarios individuales también tendrán derecho al reembolso de los honorarios de los abogados si han sido defendidas por un empleado que actúe como asesor jurídico.
  9. Si la demanda se resuelve mediante acuerdo, deberá reembolsarse al demandante la mitad del importe depositado en concepto de tasas del Estado. Salvo acuerdo en contrario, subsistirán los gastos derivados del proceso y el acuerdo.
  10. En caso de intervención de un tercero colaborador *, éste no tendrá derecho al reembolso de las costas, sino que deberá pagar los gastos derivados de las actuaciones por él realizadas.
  11. En caso de que intervenga en el pleito un fiscal, los gastos adeudados deberán ser reembolsados al Estado o abonados por el Estado.

* Un "tercero colaborador" es una parte independiente en el proceso civil, cuyos derechos y obligaciones se regulan en el Código de Procedimiento Civil.

Procesos penales

Código de Procedimiento Penal – Gastos y retribuciones

Artículo 187: Cobertura de los gastos

  1. Los gastos del proceso penal deben estar cubiertos por el importe especificado en el presupuesto de la institución correspondiente, excepto en los casos previstos por la ley.
  2. En las causas penales resultantes de querellas interpuestas por una víctima y registradas en el órgano jurisdiccional, el querellante particular debe depositar el importe de los gastos por adelantado. Si no se ha depositado el importe correspondiente, debe otorgarse al querellante particular un plazo de siete días para que lo haga.
  3. En las causas resultantes de querellas interpuestas por la víctima y registradas en el órgano jurisdiccional, el coste de la práctica de las pruebas en que se basen las alegaciones formuladas por el acusado debe estar cubierto por el presupuesto del órgano jurisdiccional.

Artículo 188: Determinación de los gastos

  1. La cuantía de los gastos debe ser determinada por el órgano jurisdiccional u otro organismo competente respecto de la fase de instrucción.
  2. La retribución de los testigos (trabajadores o empleados) debe ser determinada por el órgano jurisdiccional.

Artículo 189: Decisión sobre las costas

  1. El órgano jurisdiccional deberá pronunciarse sobre las costas en la sentencia o fallo.
  2. Los gastos de traducción contraídos durante la fase de instrucción corren por cuenta del órgano interesado; los contraídos durante el proceso judicial corren por cuenta del órgano jurisdiccional.
  3. Si el acusado es declarado culpable, el órgano jurisdiccional le condenará a pagar las costas procesales, incluidos los honorarios de abogados y demás gastos de asistencia letrada designada de oficio. Estos gastos incluyen los de la acusación particular y los del demandante en el orden jurisdiccional civil, si éstos así lo han solicitado. De haber varios condenados, el órgano jurisdiccional determinará la parte de las costas que ha de pagar cada uno de ellos.
  4. Si el acusado es declarado inocente de algunos de los cargos, el órgano jurisdiccional condenará al acusado a pagar únicamente los gastos causados en conexión con los cargos de los que haya sido declarado culpable.

Artículo 190: Reembolso de las costas

  1. Cuando el acusado sea declarado inocente o se ponga fin a la tramitación del procedimiento, todos los gastos de los asuntos perseguibles de oficio correrán por cuenta del Estado, mientras que las actuaciones resultantes de querellas interpuestas por la víctima correrán por cuenta del querellante particular.
  2. El órgano jurisdiccional de primera instancia dictará mandamiento de ejecución de las costas que deban reembolsarse.

Derechos de los peritos

El Código de Procedimiento Civil establece una norma general para los derechos de los peritos en el proceso civil:

Artículo 75: Determinación de los gastos

"… la retribución de los peritos será determinada por el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta la labor efectuada y los gastos realizados."

La Ordenanza n.º 1 de 2008 del Consejo Supremo de la Magistratura sobre registro, cualificación y retribución de peritos se aplica a los litigios civiles, penales y administrativos. El artículo 29 dispone que los derechos de los peritos han de ser determinados por las autoridades que encarguen el peritaje atendiendo a:

  1. la complejidad de la tarea encomendada
  2. la competencia y cualificación del perito
  3. el tiempo invertido en realizar la tarea
  4. la calidad del trabajo realizado
  5. los gastos necesarios (material empleado, bienes fungibles, herramientas, equipo, etc.)
  6. otras condiciones que influyan en el trabajo realizado (como el cumplimiento de plazos, el trabajo en horas extraordinarias fuera del horario de trabajo y en días festivos, etc.).

Honorarios de los intérpretes y traductores

Procesos civiles

Las normas establecidas para los peritos se aplican también a los traductores (véase supra).

Procesos penales

Código de Procedimiento Penal: Artículo 189.2

Los gastos de traducción durante la fase de instrucción correrán por cuenta del organismo afectado, y los de la fase del juicio oral, por cuenta del órgano jurisdiccional.

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Informe correspondiente a Bulgaria del Estudio sobre la transparencia de los gastosPDF(566 Kb)en

Última actualización: 17/12/2018

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Costas procesales - Chequia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en la República Checa. Para un análisis más detallado de las costas procesales, consulte los siguientes casos:

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia (divorcio)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia (custodia de los hijos y pensión alimenticia)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho mercantil (contratos)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho mercantil (responsabilidad)

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Profesionales de la abogacía

En la República Checa sólo existe un tipo de abogado.

El El enlace abre una nueva ventanaReglamento del Ministerio de Justicia nº 177/1996 de 4 de junio de 1996 establece los honorarios y retribuciones que deben pagarse a los abogados por sus servicios jurídicos. Puede consultarse en inglés en el sitio web del Colegio de Abogados checo.

Los honorarios de los abogados pueden regirse también por un contrato privado celebrado entre las partes.

En la mayoría de los asuntos civiles (entre ellos, los familiares y mercantiles) no es obligatoria la representación legal.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en procesos civiles

Las tasas judiciales están reguladas por la Ley nº 549/1991 de tasas judiciales (no existe versión en otra lengua). Su importe depende del tipo de proceso. En algunos casos se aplica una cantidad fija; en otros, un porcentaje.

En todos los casos, las tasas han de pagarse en moneda checa y enviarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del Estado (o tribunal). Se pueden pagar hasta 5 000 coronas checas con timbres del Estado (kolek), que se adquieren en las oficinas de correo y en algunos otros lugares.

Es el tribunal el que ha de notificar al demandante la cantidad específica adeudada.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas han de pagarse dentro de los tres días siguientes a la fecha de la notificación, antes de que tenga lugar el primer juicio oral.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en procesos penales

Los procesos penales se inician siempre ex officio (a instancia de la Fiscalía del Estado) y el demandado paga sólo las costas de la representación legal.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

No hay que pagar tasas judiciales en los procesos penales.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en procesos constitucionales

No hay que pagar tasas judiciales fijas en los procesos que llegan al Tribunal Constitucional, pero es obligatoria la representación por abogado.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

No hay que pagar tasas judiciales fijas.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

No existe ninguna obligación impuesta a los representantes legales de aportar información previa.

Los derechos y las obligaciones de las partes han de ser acordados entre el abogado y su cliente.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas de las costas en la República Checa?

Es aconsejable que consulte con un abogado sobre su caso en particular. Una vez iniciada la acción, es al tribunal al que le corresponde notificar las tasas judiciales adeudadas.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas de las costas en la República Checa?

Cómo la única lengua oficial en la República Checa es el checo, no existe ninguna obligación legal de proporcionar esa información en otras lenguas. La calidad de la información dependerá, por tanto, de la voluntad y las capacidades de las personas que la proporcionen.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Puede encontrarse información sobre mediación en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación de Mediadores (AMČR).

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

No existe ningún sitio web oficial con información sobre las costas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

El sitio web del Ministerio de Justicia ofrece toda una serie de estadísticas; ahora bien, la duración del proceso dependerá en gran medida de cada caso. Algunas disposiciones legales imponen límites de tiempo sólo con relación a actuaciones específicas del tribunal (por ejemplo, actuaciones preliminares).

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Las costas a pagar dependerán de las circunstancias de cada caso; por tanto, no se pueden saber por anticipado.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Las costas judiciales están exentas de IVA y su importe no puede sobrepasar un cierto límite. Los honorarios de los abogados tampoco incluyen IVA. Ahora bien, algunos despachos de abogados que pagan IVA lo añaden a sus honorarios (19 %).

¿Qué tipos tributarios se aplican?

Véase el punto anterior con relación al IVA.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

No existe ningún umbral de ingresos. Previa solicitud, los jueces pueden analizar cada situación individualmente. Se puede conceder la exención parcial o total del pago de tasas judiciales siempre que el demandante no haya iniciado un proceso irrazonable. El tribunal puede asignar un asesor jurídico al demandante cuando la representación jurídica sea obligatoria.

La asistencia jurídica gratuita es prestada por ONG especializadas (dependiendo del asunto tratado) o por el Colegio de Abogados. En algunos casos, el Colegio de Abogados puede designar a un abogado para que preste servicios jurídicos gratuitos. Los requisitos que deben cumplirse para obtener el beneficio de la asistencia jurídica gratuita tienen en cuenta los ingresos de la persona y la situación económica global de su familia.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

No existe ningún umbral de ingresos. Los tribunales asignan un abogado al acusado siempre que sea obligatoria la representación legal y éste no tenga su propio abogado.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

Sólo algunas ONG prestan asistencia jurídica gratuita a las víctimas. Éstas sólo se personan como parte en un proceso penal en contadas ocasiones; hay casos, no obstante, en que están obligadas a presentar una querella (es importante al respecto la información dada antes sobre el umbral de ingresos aplicable para recibir asistencia jurídica gratuita en procesos penales).

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita para las víctimas

Las víctimas pueden exigir una indemnización al Ministerio de Justicia (de conformidad con la Ley nº 209/1997).

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita para los demandados

Es relevante la información anterior sobre el umbral de ingresos aplicable para la concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita a los acusados en el ámbito de la justicia penal.

Gratuidad de las tasas judiciales

Los procesos ante el Tribunal Constitucional están exentos del pago de tasas. Tampoco se exigen tasas en ciertos tipos de procesos (especificados en el artículo 11 de la Ley nº 549/1991 sobre tasas judiciales), como aquellos en los que el demandante es menor de edad y algunos otros (por ejemplo, en los de personación del Estado o sus órganos, en los de solicitud de asilo por un extranjero y en aquellos en los interviene una parte «débil»).

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

El juez debe resolverlo (mediante sentencia) en cada caso; puede condenar a la parte perdedora a pagar la totalidad o parte de las costas. Se excluyen de esta regla los procesos de divorcio. Las condenas en costas pueden incluir los honorarios del abogado.

Derechos de los peritos

El tribunal paga los derechos de los peritos cuando es él quien solicita sus servicios. Las partes litigantes los pagan cuando son ellas las que solicitan sus servicios, aunque, en casos específicos, el tribunal puede imponerlos a la parte perdedora.

Honorarios de traductores e intérpretes

El tribunal es responsable de pagar los honorarios de los traductores o intérpretes en los procesos judiciales; cuando una parte es extranjera y no entiende el checo, tiene derecho a dirigirse al tribunal en su lengua materna.

Documentos relacionados

Informe de la República Checa para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(703 Kb)en

Última actualización: 20/09/2019

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Estudio de caso 1 – derecho de familia –divorcio - República Checa

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –divorcio–, se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte que solicita el divorcio sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: una pareja se casa, posteriormente se separan y acuerdan divorciarse.

Caso B – Situación transnacional: dos nacionales de un mismo Estado miembro (Estado miembro A) se casan. El matrimonio se celebra en el Estado miembro A. Tras la boda, la pareja se traslada a vivir y trabajar en otro Estado miembro (Estado miembro B) en el que establecen su residencia. Poco después, la pareja se separa y la mujer vuelve al Estado miembro A, mientras que el marido se queda en el Estado miembro B. La pareja acuerda divorciarse. Inmediatamente después de la vuelta de la mujer al Estado miembro A, la mujer interpone una demanda de divorcio ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro B.

Costas en la República Checa

Costas en procesos en primera instancia, recursos y solución alternativa de conflictos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

¿Es posible esta opción en este tipo de caso?

Gastos

Caso A

1 000 coronas checas

No procede (N/P)

N/P

1 000 coronas checas

N/P

N/P

Sí (no obligatorio)

Según lo convenido (habitualmente 1 000 coronas checas por hora, 3 horas)

Caso B

1 000 coronas checas

N/P

N/P

1 000 coronas checas

N/P

N/P

Sí (no obligatorio)

Según lo convenido



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos previos a la sentencia

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

No

Según lo convenido, pero si se aplica la tarifa de los abogados, 1 500 coronas checas en cada fase (generalmente 5)

No (por correo)

-

-

No

350 coronas checas por hora

Caso B

No

Según lo convenido

No (depende del otro país implicado)

-

-

No

350 coronas checas por hora



Costas por indemnización de testigos, garantía o fianza y otras tasas


Estudio de caso

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

Otras tasas

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Gastos

Descripción

Gastos

Caso A

Sí. Se paga el importe real de los gastos.

Varía según la situación.

No

-

-

-

Caso B

Sí. Se paga el importe real de los gastos.

Varía según la situación.

No

-

-

-


Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolsos

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Cuándo se concede apoyo total?

¿Condiciones?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

Si el reembolso no es total, ¿cuál es el porcentaje en general?

¿Qué gastos nunca se reembolsan?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse la asistencia jurídica gratuita al órgano que la concede?

Caso A

Sólo ONG

-

-

No

-

Todos los gastos en los procesos de divorcio

No

Caso B

Véase la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita en conflictos transfronterizos.

-

-

No

-

Todos los gastos en los procesos de divorcio

No



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Desde 350 coronas checas por página (dependiendo de la lengua)

-

-

-

-

Caso B

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página (dependiendo de la lengua)

Si una parte o un testigo son extranjeros o no entienden checo

350 coronas checas por hora

-

-


Última actualización: 20/09/2019

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Estudio de caso 2 – derecho de familia – custodia de los hijos - República Checa

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –custodia de los hijos– se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte demandante sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: dos personas han convivido sin estar casadas durante una serie de años. Tienen un hijo de tres años cuando se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional concede la custodia del hijo a la madre y un derecho de visitas al padre. La madre interpone una demanda para limitar el derecho de visitas del padre.

Caso B – Situación transnacional cuando usted ejerce como abogado en el Estado miembro A: dos personas han convivido sin estar casadas en un Estado miembro (Estado miembro B) durante una serie de años. Tienen un hijo juntos, pero se separaron inmediatamente después del nacimiento del niño. Una resolución de un órgano jurisdiccional del Estado miembro B concede la custodia del hijo a la madre y un derecho de visitas al padre. La madre y el hijo se trasladan a vivir a otro Estado miembro (Estados miembro A) estando autorizados a hacerlo por la resolución del órgano jurisdiccional y el padre se queda en el Estados miembro B. Unos años después, la madre interpone una demanda en el Estado miembro A para modificar el derecho de visitas del padre.

Costas en la República Checa

Costas en procesos en primera instancia, recursos y solución alternativa de conflictos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

¿Es posible esta opción en este tipo de caso?

Gastos

Caso A

0 coronas checas

No procede (N/P)

N/P

0 coronas checas

N/P

N/P

500–1 000 coronas checas por hora

Caso B

0 coronas checas

No procede (N/P)

N/P

0 coronas checas

N/P

N/P

500–1 000 coronas checas por hora



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos previos a la sentencia

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

No

Habitualmente según lo convenido; depende del número de sesiones del tribunal.

(Desde 5 000 coronas checas)

No

-

-

No

350 coronas checas por hora

Caso B

No

Habitualmente según lo convenido; depende de las circunstancias.

No (depende del otro país)

-

-

No

350 coronas checas por hora


Costas por indemnización de testigos, garantía o fianza y otras tasas


Estudio de caso

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

Otras tasas

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Gastos

Descripción

Gastos

Caso A

Sí, dependiendo de los gastos reales.

Varía según la situación.

No en este tipo de procesos.

-

-

-

Caso B

Sí, dependiendo de los gastos reales.

Varía según la situación.

No en este tipo de procesos.

-

-

-



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolsos

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Cuándo se concede apoyo total?

¿Condiciones?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

Si el reembolso no es total, ¿cuál es el porcentaje en general?

¿Qué gastos nunca se reembolsan?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse la asistencia jurídica gratuita al órgano que la concede?

Caso A

Sólo ONG

-

-

No en general (sólo en ciertos casos cuando la parte ganadora tenga muy pocos ingresos).

-

No hay tasas judiciales, por lo que puede que se reembolsen únicamente los honorarios de los abogados.

No

Caso B

Véase la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita en conflictos transfronterizos.

-

-

No

-

-

No


Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página

-

-

-

-

Caso B

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página

Si una parte o un testigo son extranjeros o no entienden checo.

350 coronas checas por hora

-

-


Última actualización: 20/09/2019

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Estudio de caso 4 –derecho mercantil –contratos - República Checa

En este estudio de un caso sobre Derecho mercantil –contratos– se pidió a los Estados miembros que asesoraran al vendedor sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: una empresa realiza una entrega de bienes por un valor de 20 000 EUR. El comprador no ha pagado al vendedor porque considera que los bienes no son conformes con lo acordado.

El vendedor decide interponer una demanda para obtener el pago íntegro del precio.

Caso B – Situación transnacional: una empresa, cuya sede se localiza en el Estado miembro B, realiza una entrega de bienes por un valor de 20 000 EUR a un comprador en el Estado miembro A. El contrato se somete a la ley del Estado miembro B y está redactado en la lengua del Estado miembro B. El comprador situado en el Estado miembro A no ha pagado a este vendedor porque considera que los bienes no son conformes con lo acordado. El vendedor decide interponer una demanda en el Estado miembro A para obtener el pago íntegro del precio, tal como se establece en el contrato con el comprador.


Costas en la República Checa

Costas en procesos en primera instancia, recursos y solución alternativa de conflictos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

¿Es posible esta opción en este tipo de caso?

Gastos

Caso A

4 % de la cuantía (equivalente de 800 euros en coronas checas)

No procede (N/P)

No

4 % de la cuantía (equivalente de 800 euros en coronas checas)

No procede (N/P)

No

Sí (no obligatorio)

Según lo convenido (habitualmente 1 000 coronas checas por hora, 3 horas)

Caso B

4 % de la cuantía (equivalente de 800 euros en coronas checas)

No procede (N/P)

No

4 % de la cuantía (equivalente de 800 euros en coronas checas)

No procede (N/P)

No

Sí (no obligatorio)

Según lo convenido



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos previos a la sentencia

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

No

Según lo convenido

No

-

-

No

Según lo convenido (mín. 350 coronas checas por hora)

Caso B

No

Según lo convenido

No

-

-

No

Según lo convenido (mín. 350 coronas checas por hora)



Costas por indemnización de testigos, garantía o fianza y otras tasas


Estudio de caso

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

Otras tasas

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Gastos

Descripción

Gastos

Caso A

Sí. Se paga el importe real de los gastos.

Varía según la situación.

En asuntos mercantiles cuando se solicitan medidas provisionales.

100 000 coronas checas

-

-

Caso B

Sí. Se paga el importe real de los gastos.

Varía según la situación.

En asuntos mercantiles cuando se solicitan medidas provisionales.

100 000 coronas checas

-

-



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolsos

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Cuándo se concede apoyo total?

¿Condiciones?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

Si el reembolso no es total, ¿cuál es el porcentaje en general?

¿Qué gastos nunca se reembolsan?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse la asistencia jurídica gratuita al órgano que la concede?

Caso A

Sólo ONG

-

-

Depende de las circunstancias del caso.

Pueden reembolsarse todos los gastos.

No

Caso B

Véase la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita en conflictos transfronterizos.

-

-

Depende de las circunstancias del caso.

Pueden reembolsarse todos los gastos.

No



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Caso A

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página

-

-

Caso B

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página

Si una parte o un testigo son extranjeros o no entienden checo.

350 coronas checas por hora


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Estudio de caso 5 - derecho mercantil –responsabilidad - República Checa

En este estudio de un caso sobre Derecho mercantil –responsabilidad– se pidió a los Estados miembros que asesoraran al cliente sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: un fabricante de equipamientos de calefacción entrega un calentador a un instalador. El instalador vende (e instala) el calentador a un cliente para equipar su casa. La casa se incendia poco después. Cada uno de los intervinientes (fabricante de equipamientos de calefacción, instalador, cliente final) está asegurado. Se cuestiona el origen del fuego. Nadie quiere indemnizar al cliente.

El cliente decide interponer una demanda para obtener plena indemnización contra el fabricante del equipamiento de calefacción, el instalador del equipamiento de calefacción y las compañías de seguros.

Caso B – Situación transnacional: un fabricante de equipamientos de calefacción en un Estado miembro B entrega un calentador a un instalador en un Estado miembro C. El instalador vende (e instala) el calentador a un cliente en un Estado miembro A para equipar su casa. La casa se incendia poco después. Cada uno de los intervinientes (fabricante de equipamientos de calefacción, instalador, cliente final) está asegurado por una compañía de seguros en su propio Estado miembro. Se cuestiona el origen del fuego. Nadie quiere indemnizar al cliente.

El cliente decide interponer una demanda en el Estado miembro A para obtener plena indemnización contra el fabricante del equipamiento de calefacción, el instalador del equipamiento de calefacción y la compañía de seguros del Estado miembro A.


Costas en la República Checa

Costas en procesos en primera instancia, recursos y solución alternativa de conflictos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Solución alternativa de conflictos

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

Tasas judiciales iniciales

Tasas de expedición de copias

Otras tasas

¿Es posible esta opción en este tipo de caso?

Gastos

Caso A

4 % de la cuantía (seguro exigido)

No procede (N/P)

No

4 % de la cantidad

No procede (N/P)

No

Sí (no obligatorio)

Según lo convenido (habitualmente 1 000 coronas checas por hora, 3 horas)

Caso B

4 % de la cuantía (seguro exigido)

No procede (N/P)

No

4 % de la cantidad

No procede (N/P)

No

Sí (no obligatorio)

Según lo convenido



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos previos a la sentencia

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

No

Según lo convenido

No

-

-

No

Según lo convenido (mín. 350 coronas checas por hora)

Caso B

No

Según lo convenido

No

-

-

No

Según lo convenido (mín. 350 coronas checas por hora)



Costas por indemnización de testigos, garantía o fianza y otras tasas


Estudio de caso

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

Otras tasas

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Gastos

Descripción

Gastos

Caso A

Sí. Se paga el importe real de los gastos.

Varía según la situación.

Si se solicitan medidas provisionales.

50 000 coronas checas

-

-

Caso B

Sí. Se paga el importe real de los gastos.

Varía según la situación.

Si se solicitan medidas provisionales.

50 000 coronas checas

-

-



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolsos

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Cuándo se concede apoyo total?

¿Condiciones?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

Si el reembolso no es total, ¿cuál es el porcentaje en general?

¿Qué gastos nunca se reembolsan?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse la asistencia jurídica gratuita al órgano que la concede?

Caso A

Centros de protección del consumidor, otras ONG

-

Depende de las circunstancias del caso.

Pueden reembolsarse todos los gastos.

No

Caso B

Véase la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita en conflictos transfronterizos; también Centro Europeo del Consumidor.

-

-

Depende de las circunstancias del caso.

Pueden reembolsarse todos los gastos.

No



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Caso A

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página

-

-

Caso B

Documentos originales en lengua extranjera necesarios para el proceso

Un mínimo de 350 coronas checas por página

Si una parte o un testigo son extranjeros o no entienden checo.

350 coronas checas por hora


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Dinamarca

Esta sección ofrece información sobre las costas judiciales en Dinamarca.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

En principio, las retribuciones de las profesiones jurídicas no están sujetas a regulación. No obstante, el Tribunal Supremo (landsret) ha fijado unas tarifas orientativas que el público en general puede consultar. Es posible presentar una reclamación por los honorarios de un abogado ante el El enlace abre una nueva ventanaConsejo Disciplinario de la Abogacía (Advokatnaevnet).

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para las partes en los procesos civiles

La legislación danesa establece que el demandante debe abonar una judicial por la presentación de la demanda. La tasa inicial es de 500 DKK danesas, pero en los litigios de cuantía superior a 50 000 DKK asciende a 750 DKK más un 1,2 % del importe en que la cuantía reclamada exceda de 50 000 DKK.

Cuando la cuantía excede de 50 000 DKK hay que pagar una tasa adicional por el juicio oral. Esta tasa es igual a la tasa pagada al presentar la demanda. Por lo tanto, por el juicio oral el demandante también debe pagar 750 DKK más el 1,2 % del importe en que la cuantía reclamada exceda de 50 000 DKK.

No obstante, existe un límite máximo de 75 000 DKK para ambos tipos de tasas (la tasa por la presentación de la demanda y la tasa por el juicio oral). En algunos casos (por ejemplo, los relativos al ejercicio de la autoridad pública), el límite máximo es de sólo 2 000 DKK.

Algunas causas civiles, como las relativas al Derecho de familia, están exentas del pago de tasas judiciales.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Como se ha indicado, el demandante debe pagar una tasa judicial por la presentación de la demanda.

La tasa por el juicio oral debe abonarse en el momento en que se fije la fecha de éste, con un máximo de tres meses de antelación.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para las partes en los procesos penales

En las causas penales no se exigen en general tasas judiciales. No obstante, en los contados casos en que existe acusación particular se aplican en materia de tasas judiciales las mismas normas que en las causas civiles.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para las partes en los procesos constitucionales

Los asuntos constitucionales pueden ser de naturaleza civil o penal. No existe una normativa específica para estos procedimientos.

Información previa sobre tasas judiciales que deben facilitar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

El artículo 16.8 del Código deontológico del Colegio de Abogados (Advokatsamfundets advokatetiske regler) dispone lo siguiente:

«El abogado deberá hacer en todo momento cuanto esté a su alcance para encontrar la solución del conflicto al menor coste, teniendo en cuenta los deseos y las instrucciones de su cliente».

Fuentes de información sobre las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Dinamarca?

Puede encontrarse información sobre las costas en las páginas de inicio del sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados (Advokatsamfundet) y del El enlace abre una nueva ventanaSistema judicial (Danmarks Domstole).

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas en Dinamarca?

La información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas está disponible en danés y en inglés.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Puede consultarse información sobre la mediación (retsmægling) en la página de inicio del sitio web del El enlace abre una nueva ventanaSistema judicial (Danmarks Domstole).

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

El sitio web oficial del El enlace abre una nueva ventanaConsejo de la Magistratura (Domstolsstyrelsen) ofrece información general sobre el Sistema Judicial danés, así como datos de contacto.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Puede encontrarse información sobre la duración media de los diferentes procesos en la página de inicio del El enlace abre una nueva ventanaSistema judicial (Danmarks Domstole).

Impuesto sobre el valor añadido

¿Dónde puedo encontrar esta información?

La información publicada suele incluir el IVA.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El umbral de ingresos relativo a la asistencia jurídica gratuita se revisa anualmente. En 2019 se fijaron los siguientes umbrales:

  • Personas solteras: 329 000 DKK.
  • Solicitante casado o en unión libre: 418 000 DKK.
  • Cuantía a añadir por hijo: 57 000 DKK.

Con independencia de los ingresos, todo el mundo tiene derecho a recibir asesoramiento jurídico básico oral de manera gratuita en los organismos de asistencia jurídica gratuita (advokatvagten y retshjælpen).

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

El derecho del acusado a disfrutar de representación legal no depende de los ingresos, sino de la naturaleza del asunto. Por lo general, el acusado debe asumir el coste de los honorarios del abogado, independientemente de su nivel de ingresos, en caso de ser declarado culpable.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

El derecho de la víctima a disfrutar de representación legal no depende de los ingresos, sino de la naturaleza del asunto. Con arreglo al artículo 741, letra a), de la Ley de administración de la justicia, las víctimas tienen derecho a representación procesal en los casos de delitos violentos o de agresión sexual, en cuyo caso el Estado abona los honorarios del abogado.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

Consúltese el apartado anterior sobre el umbral de ingresos aplicable a las víctimas en los asuntos penales.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

Consúltese el apartado anterior sobre el umbral de ingresos aplicable a los acusados en los asuntos penales.

Gratuidad de las tasas judiciales

Como se ha indicado (véase el apartado sobre tasas judiciales para las partes en los procesos civiles), determinadas causas civiles no suelen conllevar ningún tipo de tasa judicial. No obstante, puede que a lo largo del proceso deban abonarse otras costas (como los honorarios de los abogados).

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

La normativa sobre reembolso de las costas en las causas civiles se encuentra recogida en el capítulo 30 de la Ley de administración de la justicia.

La regla general es que la parte perdedora debe pagar las costas de la parte ganadora. Con todo, si las circunstancias lo exigen, los tribunales pueden decidir eximir a la parte perdedora del pago total o parcial de las costas de la otra parte.

Sólo se han de abonar las costas necesarias para la adecuada tramitación del litigio.

Honorarios de los peritos

El demandante es quien debe abonar los honorarios del perito en caso de solicitar sus servicios para un asunto específico.

Al finalizar un proceso, el tribunal decide si el demandado debe o no asumir dichos gastos en función del resultado.

Honorarios de traductores e intérpretes

La regla general es que en los procesos civiles los gastos de interpretación corren a cargo de las partes. En las causas penales, los gastos de interpretación los paga el Estado.

Documentos relacionados

Informe de Dinamarca para el Estudio sobre transparencia de las costas

Última actualización: 27/08/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Alemania

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Alemania. Para un análisis más detallado de las costas procesales, consulte los siguientes casos:

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia (divorcio)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia (custodia de los hijos)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho de familia (pensión alimenticia)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho mercantil (contratos)

El enlace abre una nueva ventanaDerecho mercantil (responsabilidad)

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

Alemania no distingue entre abogados, procuradores y asesores jurídicos.

Sus honorarios se rigen por la Ley de retribución de los abogados (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) o por acuerdo al respecto. Estos acuerdos son siempre, en principio, una posible alternativa a las tarifas legales. Debe tenerse en cuenta, no obstante, lo establecido en el artículo 49b del Reglamento federal de la abogacía (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) y los artículos 3a al 4b de la Ley de retribución de los abogados. En particular, si el abogado representa al cliente ante los tribunales, los honorarios convenidos no pueden ser inferiores a los legalmente establecidos. Se admiten siempre remuneraciones superiores a las legales.

El anexo sobre retribuciones de la RVG (anexo 1) establece tarifas fijas o tramos de tarifas para cada actividad. El importe de la tarifa suele estar en función de la cuantía de la reclamación. Los intervalos de tarifas basadas en la cuantía de la reclamación establecen máximos y mínimos. Los niveles efectivos figuran en la tabla de tarifas (anexo 2 de la RVG). En cada caso, la tarifa adecuada en el intervalo asignado debe determinarse ex aequo et bono, teniendo en cuenta todas las circunstancias, en particular el alcance y la dificultad del trabajo, la importancia del caso y los ingresos y la situación económica del cliente. Si el abogado asume un cierto riesgo de responsabilidad, puede tenerse también en cuenta para determinar sus honorarios. Se aplican intervalos de tarifas con límites máximos y mínimos en diversos campos, en especial en materia penal y social.

Oficiales de justicia

Los oficiales de justicia (Gerichtsvollzieher) sólo cobran las cantidades establecidas en la Ley de tasas de los oficiales de justicia (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG), que establece una tarifa para cada tipo de acto.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

El órgano jurisdiccional percibe normalmente una tasa de procedimiento en función de la cuantía de la reclamación; en los casos civiles, esa tasa se rige por la Ley de tasas judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG) y por la Ley de tasas judiciales (Asuntos de familia) (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Las tarifas figuran en el anexo 1 de la Ley correspondiente. Los niveles efectivos en función de la cuantía de la reclamación figuran en la tabla de tarifas (anexo 2 de la RVG). En los casos civiles generales y relacionados con litigios familiares, en particular de alimentos, la tarifa es de 3,0. En los casos matrimoniales, es de 2,0. En los casos relativos a las relaciones paterno-filiales, incluidos la custodia y el derecho de visita, la tarifa es de 0,5. La cuantía del procedimiento se determina del modo siguiente:

  • En los casos matrimoniales, la fija discrecionalmente el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada asunto, en particular su dimensión e importancia y las circunstancias económicas y la renta de los cónyuges. Esta se calcula multiplicando por tres los ingresos netos de ambos cónyuges. El tribunal suele fijar la cuantía del procedimiento en esa cantidad.
  • En los casos relativos a litigios familiares, la cuantía suele depender del importe de la reclamación. En los casos de alimentos, la cuantía se basa en los futuros pagos de alimentos reclamados, sin que pueda exceder de la cantidad anual pagada por este concepto. Los atrasos acumulados hasta la presentación de la solicitud se incluyen en el cálculo.
  • En los casos relativos a las relaciones paterno-filiales, incluidos la custodia y el derecho de visita, la tarifa es de 3 000 EUR.

Por la representación de abogado ante los tribunales, si no se ha acordado una remuneración, se aplican tarifas en función de la cuantía de la reclamación. La cuantía suele corresponder a la empleada para determinar las tasas judiciales. La Ley de retribución de los abogados (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) establece detalladamente los supuestos e importes de las tarifas, dependiendo del tipo de procedimiento. Los niveles efectivos de las tarifas en función de la cuantía de la reclamación figuran en la tabla del anexo 2 de la RVG. En el procedimiento civil en primera instancia, el abogado suele percibir unos honorarios por procedimiento a una tarifa de 1,3 y unos honorarios por consulta a una tarifa de 1,2. Si el abogado ayuda a alcanzar un acuerdo entre las partes, percibe unos honorarios por liquidación, cuya tarifa en primera instancia es de 1,0.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

En los casos civiles generales, de alimentos y matrimoniales, las tasas judiciales deben pagarse al presentar la solicitud o demanda. En los casos relativos a las relaciones paterno-filiales, se pagan al término del proceso. Salvo acuerdo en contrario, la retribución del abogado se paga al finalizar la tramitación del caso. Sin embargo, el abogado tiene derecho legal a percibir un anticipo.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

En los casos penales, sólo se imponen tasas judiciales una vez dictada sentencia. El importe se determina en función de la pena impuesta y oscila entre 120 y 900 EUR. Si no se ha alcanzado un acuerdo, el abogado, sea de la defensa o de la acusación, percibe honorarios por cada fase establecida en un marco que la ley exige elaborar a tal fin en cada caso. El importe de cada una de esas fases se establece por ley en cada caso.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales se pagan tras la aprobación de la sentencia. Salvo acuerdo en contrario, la retribución del abogado se paga al finalizar su mandato. Sin embargo, el abogado tiene derecho legal a percibir un anticipo.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Excepto en caso de demandas infundadas, no hay tasas judiciales por los procedimientos ante el Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) (artículo 34 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Sólo es necesario contratar abogado (Rechtsanwalt) cuando hay juicio oral (artículo 22 de la Ley).

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

Salvo acuerdo en contrario, la retribución del abogado se paga al finalizar la tramitación del juicio. Sin embargo, el abogado tiene derecho legal a percibir un anticipo.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

El abogado debe prestar al cliente toda la información y asesoramiento, y proponerle los medios más seguros y menos peligrosos para conseguir el objetivo. Ha de advertirle además de los riesgos, de modo que el cliente pueda tomar una decisión informada. El volumen de información depende de lo que considere que necesita saber el cliente. El abogado debe responder íntegra y verazmente a las preguntas de éste. Antes de que el caso vaya a juicio, debe exponerle las previsiones y los riesgos de litigar, incluidos los posibles costes y las previsiones de éxito.

El abogado tiene obligaciones especiales de información en ciertos casos:

  • Si sus honorarios están en función de la cuantía de la reclamación, está obligado a advertir de este hecho antes de que recibir el encargo de actuar (artículo 49b, apartado 5, del Reglamento federal de la abogacía).
  • Si se alcanza un acuerdo sobre la retribución del abogado, éste debe advertir que, en caso de imposición de costas, sólo se reembolsarán las costas legales (artículo 3a, apartado 1, inciso 3, de la Ley de retribución de los abogados).
  • Si el abogado acuerda con el cliente el pago de unos honorarios condicionales, deberá advertirle que el acuerdo no tiene efecto sobre las restantes costas que el cliente tenga que pagar (artículo 4a, apartado 3, inciso 2, de la Ley de retribución de los abogados).
  • Antes de concluir un acuerdo de representación de un cliente en procedimiento de primera instancia ante un tribunal de trabajo, el abogado debe advertirle de que sus honorarios no son reembolsables (artículo 12a, apartado 1, inciso 2, de la Ley de tribunales de trabajo [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

La normativa sobre costas puede obtenerse en librerías y, en su versión actualizada, gratuitamente por Internet.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Esta información está en alemán.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

Puede obtenerse la El enlace abre una nueva ventananormativa vigente en el sitio web oficial del Ministerio Federal de Justicia. Las diversas normas sobre costas pueden descargarse introduciendo la abreviatura correspondiente (GKG, FamGKG, GvKostG y RVG).

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

La Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesamt) elabora una serie anual de publicaciones estadísticas sobre la administración de justicia. La serie 10, subserie 2.1, por ejemplo, contiene datos sobre la duración de los procesos civiles en Alemania, desglosados por territorios de las audiencias regionales y tribunales superiores de justicia regionales. Se ofrecen datos específicos de los juzgados municipales (Amtsgerichte) y las audiencias regionales (Landgerichte), por una parte, y los tribunales superiores de justicia regionales (Oberlandesgerichte), por otra, así como de los procedimientos en primera y segunda instancia. La serie no incluye estadísticas sobre la duración del proceso en las distintas clases de asuntos.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Pueden adquirirse libros que incluyen tablas con los posibles gastos medios de los procesos civiles.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información? ¿Qué tipos tributarios se aplican?

Los tribunales y los agentes judiciales no están sujetos a impuestos sobre el volumen de negocios. El tipo de este impuesto aplicable a los abogados es el 19 %, y no se incluye en sus honorarios, sino se cobra por separado como un gasto.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Puede obtener asistencia jurídica gratuita cualquier persona que, por sus circunstancias personales y económicas, no pueda sufragar las costas del procedimiento o únicamente pueda asumirlas en parte o a plazos. La defensa jurídica o la actuación judicial previstas deben ofrecer unas perspectivas de éxito suficientes y no han de parecer frívolas. Ahora bien, los litigantes deben utilizar sus propios recursos en la medida de lo razonable. Dependiendo del nivel de renta del solicitante, la asistencia jurídica gratuita puede concederse sin obligación de reembolso, o bien con la obligación de reembolso a plazos. El Ministerio Federal de Justicia ha elaborado un folleto informativo titulado «Asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita» (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), en el que se da respuesta a las preguntas más habituales, con ejemplos.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

Los límites de renta no son aplicables a los sospechosos y los acusados. La asistencia jurídica gratuita se rige por otros criterios.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

El reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita está supeditado a que no se superen determinados umbrales de ingresos. Estos umbrales son de carácter flexible y están determinados por las costas previstas del caso, de un lado, y por la situación social del demandante (obligaciones de alimentos, costes de vivienda), de otro. También se ofrece asistencia jurídica a plazos.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

Las víctimas de ciertos delitos graves pueden solicitar un asesor jurídico gratuito, con independencia de su situación económica.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

La asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y los acusados (asignación de abogado defensor por el tribunal) no está sujeta a límites de renta, sino a condiciones legales. Estas condiciones están relacionadas principalmente con la gravedad del delito, la amenaza de ciertas consecuencias jurídicas (como la prohibición de ejercer una profesión o el internamiento en un hospital psiquiátrico o neurológico), la situación de libertad bajo fianza o custodia preventiva del acusado, la suspensión de un abogado defensor anterior, la complejidad de la situación fáctica y legal o la imposibilidad del acusado de defenderse a sí mismo.

Gratuidad de las tasas judiciales

Conforme al artículo 183 de la Ley de los tribunales de lo social (SGG), los procedimientos ante estos tribunales son gratuitos para las personas con derecho a ello (asegurados, pensionistas, incluidos los perceptores de pensiones de viudedad, discapacitados y sus herederos, siempre que intervengan en el procedimiento como demandantes o demandados). Los demandantes y demandados en procesos ante los tribunales de lo social no incluidos en estas categorías deben pagar una tarifa fija con arreglo al artículo 184 de la SGG (150 euros por los procedimientos ante los tribunales de lo social [Sozialgerichte], 225 euros por los procedimientos ante los tribunales de lo social regionales [Landessozialgerichte] y 300 euros por los procedimientos ante el Tribunal Federal de lo Social [Bundessozialgericht]). El artículo 197a de la SGG establece la inaplicación de estas reglas especiales cuando los gastos habitualmente a pagar con arreglo a la Ley de tasas judiciales sean también aplicables en los procedimientos ante los tribunales de lo social, si ni el demandante ni el demandado se encuentran entre las personas señaladas en el artículo 183 de la SGG.

El régimen aplicable en el procedimiento penal es el siguiente: si se absuelve al acusado, no hay procesamiento o se archivan las actuaciones contra él, las tasas (gastos públicos) y los gastos necesarios del acusado se reembolsan, en principio, con cargo al erario público.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

La parte perdedora debe pagar las costas de la otra parte necesarias para la adecuada tramitación del litigio, es decir, los honorarios del abogado y los gastos de viaje de la otra parte, incluido el lucro cesante por la asistencia a juicio.

Honorarios de los peritos

Los peritos convocados por el tribunal perciben una remuneración por horas establecida en la Ley de retribuciones e indemnizaciones judiciales (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG), remuneración que queda a cargo de las partes del procedimiento.

Los derechos de los peritos contratados a título particular por una de las partes no forman parte de las costas procesales impuestas por el juez, por lo que deben reclamarse independientemente. Si una parte contrata un perito para prestar asesoramiento durante un litigio, el reembolso de estos gastos dependerá de la necesidad de su intervención en el caso. El gasto de los peritos contratados por el tribunal para fines de prueba corresponde a la parte ganadora o, si las partes han tenido únicamente un éxito parcial, a ambas partes, en función del grado respetivo de victoria o derrota.

Honorarios de traductores e intérpretes

Los traductores y los intérpretes convocados por el tribunal perciben la remuneración establecida en la Ley de retribuciones e indemnizaciones judiciales (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG), con cargo a las partes en el proceso. Los intérpretes cobran una tarifa por horas, y los traductores, por línea.

En el procedimiento penal, las costas por traducción e interpretación de los acusados o interesados necesarios para la defensa o el ejercicio de derechos procesales suelen abonarse con cargo al erario público.

Vínculos relacionados

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El enlace abre una nueva ventanaOmbudsman Inmobiliario de la Asociación Inmobiliaria Alemana

El enlace abre una nueva ventanaJuntas de Arbitraje de las Cámaras de Comercio y Oficios

El enlace abre una nueva ventanaJuntas de Conciliación de Tarifas y Licitaciones

El enlace abre una nueva ventanaAsociación Central Alemana del Sector del Motor

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Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nota: la versión original de esta página alemán se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Estudio de caso 1 – derecho de familia –divorcio - Alemania

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –divorcio–, se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte que solicita el divorcio sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: una pareja se casa, posteriormente se separan y acuerdan divorciarse.

Caso B – Situación transnacional: dos nacionales de un mismo Estado miembro (Estado miembro A) se casan. El matrimonio se celebra en el Estado miembro A. Tras la boda, la pareja se traslada a vivir y trabajar en otro Estado miembro (Estado miembro B) en el que establecen su residencia. Poco después, la pareja se separa y la mujer vuelve al Estado miembro A, mientras que el marido se queda en el Estado miembro B. La pareja acuerda divorciarse. Inmediatamente después de la vuelta de la mujer al Estado miembro A, la mujer interpone una demanda de divorcio ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro B.


Costas en Alemania

Costas en procesos en primer instancia y recursos


 Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Tasas judiciales iniciales

Tasas judiciales iniciales

Caso A

Depende de los ingresos y recursos

Depende de los ingresos y recursos

Caso B

Depende de los ingresos y recursos

Depende de los ingresos y recursos



Costas por honorarios del abogado


Estudio de caso

Abogado

Honorarios medios

Caso A

Depende de los ingresos y recursos

Caso B

Depende de los ingresos y recursos



Costas por indemnización de testigos y garantía o fianza


Estudio de caso

Indemnización de testigos

Garantía o fianza

¿Se indemniza a los testigos?

¿Existe y cuándo y cómo se presta?

Caso A

Sí, pero normalmente no se requieren testigos.

No

Caso B

Sí, pero normalmente no se requieren testigos.

No



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolso

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

Si el reembolso no es total, ¿cuál es el porcentaje en general?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse el importe de la asistencia jurídica gratuita a la entidad que la concede?

Caso A

Depende de los ingresos y recursos

La mitad

Si mejoran los ingresos y las circunstancias financieras de la persona y en caso de pago a plazos.

Caso B



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Caso A

Caso B

A discreción del tribunal

Normalmente 1,85 euros por 55 pulsaciones, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

A discreción del tribunal

55 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Notificación y traslado de documentos en el extranjero


Última actualización: 20/09/2019

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Estudio de caso 2 – derecho de familia – custodia de los hijos - Alemania

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –custodia de los hijos– se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte demandante sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: dos personas han convivido sin estar casadas durante una serie de años. Tienen un hijo de tres años cuando se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional concede la custodia del hijo a la madre y un derecho de visitas al padre. La madre interpone una demanda para limitar el derecho de visitas del padre.

Caso B – Situación transnacional cuando usted ejerce como abogado en el Estado miembro A: dos personas han convivido sin estar casadas en un Estado miembro (Estado miembro B) durante una serie de años. Tienen un hijo juntos, pero se separaron inmediatamente después del nacimiento del niño. Una resolución de un órgano jurisdiccional del Estado miembro B concede la custodia del hijo a la madre y un derecho de visitas al padre. La madre y el hijo se trasladan a vivir a otro Estado miembro (Estados miembro A) estando autorizados a hacerlo por la resolución del órgano jurisdiccional y el padre se queda en el Estados miembro B. Unos años después, la madre interpone una demanda en el Estado miembro A para modificar el derecho de visitas del padre.


Costas en Alemania

Costas en procesos en primera instancia, recursos, solución alternativa de conflictos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Tasas judiciales iniciales

Tasas judiciales iniciales

Caso A

44,50 euros

Recurso:
89,00 euros
Recurso por una cuestión de Derecho: 133,50 euros

Caso B

44,50 euros

Recurso:
89,00 euros
Recurso por una cuestión de Derecho: 133,50 euros



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

No

Primera instancia:
590,00 euros

A discreción del tribunal

85,00 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Caso B

No

Primera instancia:
590,00 euros

A discreción del tribunal

85,00 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios



Costas por indemnización de testigos


Estudio de caso

Indemnización de testigos

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

Caso A

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos

Caso B

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolso

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse el importe de la asistencia jurídica gratuita a la entidad que la concede?

Caso A

Depende de los ingresos y recursos

Si mejoran los ingresos y las circunstancias financieras de la persona y en caso de pago a plazos.

Caso B

Depende de los ingresos y recursos

Si mejoran los ingresos y las circunstancias financieras de la persona y en caso de pago a plazos.



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Coste aproximado

Caso A

Caso B

A discreción del tribunal

Normalmente 1,85 euros por 55 pulsaciones, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

A discreción del tribunal

55 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Coste de notificación y traslado de documentos en el extranjero


Última actualización: 20/09/2019

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Estudio de caso 3 – derecho de familia – pensión alimenticia - Alemania

En este estudio de un caso sobre Derecho de familia –pensiones alimenticias– se pidió a los Estados miembros que asesoraran a la parte demandante sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Case A – Situación nacional: dos personas han convivido sin estar casadas durante una serie de años. Tienen un hijo de tres años cuando se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional concede la custodia del hijo a la madre. La única disputa pendiente se refiere al importe de la pensión alimenticia debida a la madre por el padre para subvenir al mantenimiento y educación del hijo. La madre interpone una demanda sobre este tema.

Caso B – Situación transnacional cuando usted ejerce como abogado en el Estado miembro A: dos personas han convivido sin estar casadas en un Estado miembro (Estado miembro B). Tienen un hijo de tres años. Se separan. Una resolución de un órgano jurisdiccional del Estado miembro B concede la custodia del hijo a la madre. Con el consentimiento del padre, la madre y el hijo se trasladan a vivir a otro Estado miembro (Estados miembro A), en el que establecen su residencia.

Una disputa queda pendiente de solución. Se refiere al importe de la pensión alimenticia debida a la madre por el padre para subvenir al mantenimiento y educación del hijo. La madre interpone una demanda sobre este tema en el Estado miembro A.


Costas en Alemania

Costas en procesos en primer instancia y recursos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Tasas judiciales iniciales

Tasas judiciales iniciales

Caso A

Depende del nivel de la pensión de alimentos solicitada

Depende del nivel de la pensión de alimentos solicitada

Caso B

Depende del nivel de la pensión de alimentos solicitada

Depende del nivel de la pensión de alimentos solicitada


Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

Depende del nivel de la pensión de alimentos solicitada

No

Depende del tipo de medida de ejecución

A discreción del tribunal

Basado en unas tarifas por hora cuyo nivel varía según el ámbito de actividad, con un máximo de 100 euros, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Caso B

Depende del nivel de la pensión de alimentos solicitada

No

Depende del tipo de medida de ejecución

A discreción del tribunal

Basado en unas tarifas por hora cuyo nivel varía según el ámbito de actividad, con un máximo de 100 euros, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios



Costas por indemnización de testigos


Estudio de caso

Indemnización de testigos

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

Caso A

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos

Caso B

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolso

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse el importe de la asistencia jurídica gratuita a la entidad que la concede?

Caso A

Depende de los ingresos y de la situación financiera

Si mejoran los ingresos y las circunstancias financieras de la persona y en caso de pago a plazos

Caso B

Depende de los ingresos y de la situación financiera

Si mejoran los ingresos y las circunstancias financieras de la persona y en caso de pago a plazos



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Caso A

Caso B

A discreción del tribunal

Normalmente 1,85 euros por 55 pulsaciones, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

A discreción del tribunal

55 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Notificación y traslado de documentos en el extranjero


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

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Estudio de caso 4 –derecho mercantil –contratos - Alemania

En este estudio de un caso sobre Derecho mercantil –contratos– se pidió a los Estados miembros que asesoraran al vendedor sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: una empresa realiza una entrega de bienes por un valor de 20 000 EUR. El comprador no ha pagado al vendedor porque considera que los bienes no son conformes con lo acordado.

El vendedor decide interponer una demanda para obtener el pago íntegro del precio.

Caso B – Situación transnacional: una empresa, cuya sede se localiza en el Estado miembro B, realiza una entrega de bienes por un valor de 20 000 EUR a un comprador en el Estado miembro A. El contrato se somete a la ley del Estado miembro B y está redactado en la lengua del Estado miembro B. El comprador situado en el Estado miembro A no ha pagado a este vendedor porque considera que los bienes no son conformes con lo acordado. El vendedor decide interponer una demanda en el Estado miembro A para obtener el pago íntegro del precio, tal como se establece en el contrato con el comprador.


Costas en Alemania

Costas en procesos en primera instancia y recursos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Tasas judiciales iniciales

Tasas judiciales iniciales

Caso A

864,00 euros

Recurso por cuestiones de hecho y de Derecho:
1 152,00 euros
Recurso por cuestiones de Derecho: 1 440,00 euros

Caso B

864,00 euros

Recurso por cuestiones de hecho y de Derecho:
1 152,00 euros
Recurso por cuestiones de Derecho: 1 440,00 euros



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

Primera instancia: 1 950 euros

No

Depende del tipo de medida de ejecución

No

Basado en unas tarifas por hora cuyo nivel varía según el ámbito de actividad, con un máximo de 100 euros, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Caso B

Primera instancia: 1 950 euros

No

No

Basado en unas tarifas por hora cuyo nivel varía según el ámbito de actividad, con un máximo de 100 euros, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios



Costas por indemnización de testigos


Estudio de caso

Indemnización de testigos

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

Caso A

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos

Caso B

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolso

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Cuándo se concede asistencia total?

Condiciones

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

¿Qué costas nunca se reembolsan?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse el importe de la asistencia jurídica gratuita a la entidad que la concede?

Caso A

Normalmente, no hay asistencia jurídica gratuita para las personas jurídicas fuera de la UE.

Requisitos previos generales:

Si la parte no tiene seguridad económica (es decir, carece de recursos) y la acción prevista tiene posibilidades de éxito y no parece ilusoria.

Si no restan más de 15 euros tras la deducción de los subsidios para la parte sin recursos y los miembros de su familia y tras la deducción de otros gastos de alojamiento, etc.

En otro caso, la ayuda plena es igualmente aplicable, pero debe devolverse a plazos; la cuantía de éstos depende de los ingresos residuales.

1. Solicitud (no es necesario un abogado para ello)

2. Procedimiento no terminado

3. (Véase también la columna 1)

Sí, en la medida en que haya ganado

Las costas no esenciales para el debido ejercicio de la acción o la oposición a la misma

Véase la columna 2

Caso B

Véase el caso A anterior

Véase el caso A anterior

Véase el caso A anterior

Véase el caso A anterior

Véase el caso A anterior

Véase el caso A anterior



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Caso A

Caso B

Normalmente, para todas las alegaciones escritas al tribunal y los documentos escritos presentados como prueba. El tribunal puede no ordenar la traducción de los documentos si todos los magistrados que lo integran entienden la lengua.

Normalmente 1,85 euros por 55 pulsaciones, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

El idioma del tribunal es el alemán; no es necesario un intérprete si todos los afectados tienen buen conocimiento de la lengua extranjera.

55 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Notificación y traslado de documentos en el extranjero


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

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Estudio de caso 5 - derecho mercantil –responsabilidad - Alemania

En este estudio de un caso sobre Derecho mercantil –responsabilidad– se pidió a los Estados miembros que asesoraran al cliente sobre las costas procesales en las siguientes situaciones:

Caso A – Situación nacional: un fabricante de equipamientos de calefacción entrega un calentador a un instalador. El instalador vende (e instala) el calentador a un cliente para equipar su casa. La casa se incendia poco después. Cada uno de los intervinientes (fabricante de equipamientos de calefacción, instalador, cliente final) está asegurado. Se cuestiona el origen del fuego. Nadie quiere indemnizar al cliente.

El cliente decide interponer una demanda para obtener plena indemnización contra el fabricante del equipamiento de calefacción, el instalador del equipamiento de calefacción y las compañías de seguros.

Caso B – Situación transnacional: un fabricante de equipamientos de calefacción en un Estado miembro B entrega un calentador a un instalador en un Estado miembro C. El instalador vende (e instala) el calentador a un cliente en un Estado miembro A para equipar su casa. La casa se incendia poco después. Cada uno de los intervinientes (fabricante de equipamientos de calefacción, instalador, cliente final) está asegurado por una compañía de seguros en su propio Estado miembro. Se cuestiona el origen del fuego. Nadie quiere indemnizar al cliente.

El cliente decide interponer una demanda en el Estado miembro A para obtener plena indemnización contra el fabricante del equipamiento de calefacción, el instalador del equipamiento de calefacción y la compañía de seguros del Estado miembro A.


Costas en Alemania

Costas en procesos en primera instancia y recursos


Estudio de caso

Proceso en primera instancia

Recursos

Tasas judiciales iniciales

Tasas judiciales iniciales

Caso A

Depende de la cuantía de la indemnización reclamada

Depende de la cuantía de la indemnización reclamada

Caso B

Depende de la cuantía de la indemnización reclamada

Depende de la cuantía de la indemnización reclamada



Costas por honorarios del abogado, gastos del oficial de justicia y derechos de los peritos


Estudio de caso

Abogado

Oficial de justicia

Perito

¿Es obligatoria la representación?

Honorarios medios

¿Es obligatoria la representación?

Gastos posteriores a la sentencia

¿Son obligatorios sus servicios?

Gastos

Caso A

Depende de la cuantía de la indemnización reclamada

No

Depende del tipo de medida de ejecución

No es legalmente obligatorio, depende de si el tribunal considera necesario llamar a un perito, en cuyo caso resulta muy probable en la práctica

Basado en unas tarifas por hora cuyo nivel varía según el ámbito de actividad, con un máximo de 100 euros, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Caso B

Depende de la cuantía de la indemnización reclamada

No

Depende del tipo de medida de ejecución

Véase lo anterior

Basado en unas tarifas por hora cuyo nivel varía según el ámbito de actividad, con un máximo de 100 euros, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios



Costas por indemnización de testigos


Estudio de caso

Indemnización de testigos

¿Se indemniza a los testigos?

Gastos

Caso A

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos

Caso B

La pérdida de ingresos, con un máximo de 17 euros por hora, más gastos de viaje y otros gastos



Costas por asistencia jurídica gratuita y otros reembolsos



Estudio de caso

Asistencia jurídica gratuita

Reembolso

¿Cuándo y en qué condiciones se concede?

¿Cuándo se concede asistencia total?

Condiciones

¿Puede la parte ganadora obtener el reembolso de las costas?

¿Qué costas nunca se reembolsan?

¿Hay casos en los que deba reembolsarse el importe de la asistencia jurídica gratuita a la entidad que la concede?

Caso A

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Caso B

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Véase el estudio de caso nº 4 anterior



Costas por traducción e interpretación


Estudio de caso

Traducción

Interpretación

¿Otras costas específicas de litigios transfronterizos?

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

¿Cuándo y en qué condiciones es necesaria?

Coste aproximado

Descripción

Caso A

Caso B

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

Normalmente 1,85 euros por 55 pulsaciones, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Véase el estudio de caso nº 4 anterior

55 euros por hora, más gastos e impuesto sobre el volumen de negocios

Notificación y traslado de documentos en el extranjero


Última actualización: 20/09/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nota: la versión original de esta página estonio se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Costas procesales - Estonia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Estonia.

Marco normativo por el que se rigen los honorarios de las profesiones jurídicas

Asesores jurídicos

Los honorarios de los asesores jurídicos no están regulados en Estonia.

Letrados

Los honorarios de los letrados no están regulados en Estonia.

Procuradores

Los honorarios de los procuradores no están regulados en Estonia.

Oficiales de justicia

En Estonia, los honorarios de los oficiales de justicia se regulan en la El enlace abre una nueva ventanaLey de oficiales de justicia. Pueden incluir una tasa por la apertura del proceso, una tasa procesal y una tasa adicional por trabajos de ejecución de la sentencia. Los oficiales de justicia también están autorizados a cobrar una tasa por la prestación de un servicio profesional.

Abogados defensores

En Estonia, los honorarios de los abogados defensores no están regulados, sino que se fijan en el contrato con el cliente. El responsable del bufete o el abogado hacen una primera oferta al cliente y explican cómo han llegado a esa cantidad. El cliente reembolsa los gastos necesarios contraídos por el abogado o el bufete por la prestación de servicios.

Costes fijos

Costes fijos en los procedimientos civiles

Costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos civiles

Los costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos civiles abarcan varios conceptos:

  • las tasas estatales;
  • la fianza por presentar un recurso de casación;
  • la fianza por solicitar la anulación de una sentencia en rebeldía;
  • la fianza por solicitar la reapertura del proceso o la reposición del plazo establecido;
  • los gastos de entrega de documentos procesales por los oficiales de justicia;
  • los gastos relativos a la publicación de anuncios y notificaciones en el Ametlikud Teadaanded o en un periódico;
  • los honorarios de peritos, traductores e intérpretes;
  • otros gastos relativos a la vista y gastos extrajudiciales.

Fase del proceso civil en la que deben pagarse los gastos fijos

Los siguientes gastos deben ser abonados por adelantado por la parte que interpone la acción o solicita la realización de una actuación procedimental:

  • las tasas estatales;
  • la fianza por presentar un recurso de casación;
  • la fianza por solicitar la anulación de una sentencia en rebeldía;
  • la fianza por solicitar la reapertura del proceso o la reposición del plazo establecido;
  • los gastos de entrega de documentos procesales por los oficiales de justicia;
  • los gastos relativos a la publicación de anuncios y notificaciones en el Ametlikud Teadaanded o en un periódico;
  • los gastos relativos a la revisión de un asunto, en la medida que determine el tribunal.

A menos que el tribunal resuelva lo contrario, los honorarios de peritos, traductores e intérpretes deben ser abonados por adelantado por la parte que haya interpuesto la demanda que origine los gastos.

Costes fijos en los procedimientos penales

Costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos penales

Los costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos penales se establecen en el El enlace abre una nueva ventanaCódigo de enjuiciamiento criminal y se clasifican en costas procesales, costas específicas y costas adicionales.

Las costas procesales son las siguientes:

  • los honorarios razonables del defensor o representante elegido y cualesquiera otros gastos necesarios contraídos por una parte en relación con el procedimiento penal;
  • las cantidades pagadas a víctimas, testigos, peritos y personas cualificadas de conformidad con el artículo 178 del Código de enjuiciamiento criminal, salvo los gastos contemplados en el artículo 176, apartado 1, punto 1, de dicho Código;
  • los gastos contraídos por un instituto público forense o cualquier otro organismo público o persona jurídica para la elaboración de informes periciales o la constatación de una intoxicación;
  • la minuta del abogado de oficio designado y sus gastos, en la medida en que sean razonables y estén justificados;
  • los gastos contraídos para hacer copias de documentos de un expediente penal destinadas al defensor de conformidad con el artículo 224, apartado 1, del Código de enjuiciamiento criminal;
  • los gastos de almacenamiento, envío y destrucción de pruebas;
  • los gastos de almacenamiento, traslado y destrucción de bienes confiscados;
  • los gastos de constitución de la garantía para la interposición de una acción civil;
  • las indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas en las sentencias penales condenatorias;
  • otros gastos a los que haya hecho frente un organismo que conozca procedimientos penales, excepto los considerados costas específicas o costas adicionales de conformidad con el Código de enjuiciamiento criminal.

Si una parte en el procedimiento tiene uno o varios defensores o representantes, sus honorarios estarán comprendidos en las costas procesales en la medida en que no superen el nivel de remuneración razonable normalmente pagado a un defensor o representante.

Si un sospechoso o acusado se defiende a sí mismo, los gastos necesarios para su defensa se incluirán en las costas procesales. No se incluirán los gastos excesivos en los que no se hubiera incurrido de haber participado en el procedimiento un defensor.

Los gastos contraídos por personas que no son partes en el proceso y que atañan a peritajes se reembolsarán con arreglo a las condiciones y las normas definidas en la Ley sobre exámenes periciales médico-forenses.

Las costas específicas son los gastos relacionadas con el aplazamiento de la vista por incomparecencia de una parte y los gastos de comparecencia obligatoria.

Las costas adicionales son:

  • las cantidades pagadas a una persona que no es parte en el procedimiento por facilitar información sobre hechos relacionados con un elemento de prueba;
  • los gastos derivados de la prisión preventiva de sospechosos o acusados;
  • las cantidades abonadas a traductores e intérpretes de conformidad con el artículo 178 del Código de enjuiciamiento criminal;
  • las cantidades abonadas en el marco de un procedimiento penal de conformidad con la Ley relativa a la indemnización de los daños causados por el Estado a una persona injustamente privada de libertad;
  • los gastos contraídos por organismos públicos y entes locales en relación con un procedimiento penal que no se mencionan en el artículo 175, apartado 1, puntos 1 a 10, del Código de enjuiciamiento criminal;
  • las cantidades abonadas a los representantes de los testigos de conformidad con el artículo 671 del Código de enjuiciamiento criminal.

Fase del procedimiento penal en la que los litigantes deben pagar los costes fijos

  • En caso de absolución, el Estado reembolsa las costas procesales. En caso de condena, estas corren a cargo del condenado. En caso de absolución parcial, el Estado reembolsa las costas en función de la medida en que el acusado haya sido absuelto. El devengo de la obligación de reembolsar las costas procesales se produce en el momento en que la resolución es firme.
  • Si se desestima una acción civil, la parte damnificada debe pagar las costas procesales relativas a la constitución de la garantía correspondiente. Si se estima plenamente la acción civil, corren a cargo del condenado o del defensor. Si se estima solo en parte, el tribunal repartirá las costas procesales entre la parte damnificada y el condenado, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Si se rechaza la revisión de una acción civil, las costas procesales relativas a la constitución de la garantía correspondiente corren a cargo del Estado.

Costes fijos en los procedimientos constitucionales

Costes fijos a cargo de los litigantes en los procedimientos constitucionales

En Estonia, los particulares no pueden interponer recurso de anticonstitucionalidad. En los recursos que se admiten, las costas corren a cargo del presupuesto del Estado. Los derechos de peritos corren a cargo de los presupuestos del Estado en las mismas condiciones que en los procesos civiles.

Fase de los procesos constitucionales en la que los litigantes deben pagar los costes fijos

En los procedimientos constitucionales, los litigantes no deben pagar costes fijos.

Información previa que deben aportar los representantes legales

Derechos y obligaciones de las partes

Los abogados deben informar a sus clientes de todas las actividades ejercidas en relación con la prestación de servicios jurídicos y todos los costes asociados. El responsable del bufete o el abogado hacen una primera oferta motivada al cliente y explican cómo han llegado a esa cantidad.

Costes de participación en los procedimientos

Costes a cargo de la parte ganadora

La parte vencedora debe pagar la parte de los honorarios del representante o asesor jurídico que el tribunal no considere razonable y que no deba sufragar la parte perdedora.

Costes a cargo de la parte perdedora

Según la resolución sobre la determinación de las costas procesales, la parte perdedora debe reembolsar las costas procesales de la parte ganadora, que pueden incluir:

  • las tasas estatales;
  • las fianzas;
  • los gastos correspondientes a testigos, peritos, traductores e intérpretes, así como los gastos en concepto de análisis periciales realizados por personas que no sean parte en el procedimiento y que deban reembolsarse con arreglo a la Ley sobre exámenes periciales médico-forenses;
  • los gastos ligados a la obtención de pruebas documentales y materiales;
  • los gastos de inspección, incluidos los gastos de desplazamiento del tribunal;
  • los gastos de expedición, envío y entrega de documentos procesales;
  • los gastos relacionados con la determinación de la cuantía de un asunto civil;
  • los gastos relacionados con los representantes y asesores de las partes en el proceso;
  • los gastos de desplazamiento, postales, de comunicación, de alojamiento y otros gastos similares en que incurran las partes del proceso;
  • los salarios u honorarios no percibidos o la pérdida de otras fuentes de ingresos permanentes de las partes;
  • los gastos de la instrucción sumarial establecidos por ley, salvo que la demanda se presente más de seis meses después de finalizar la instrucción sumarial;
  • los honorarios de los oficiales de justicia relacionados con el ejercicio de acciones y los gastos de ejecución de las sentencias resultantes del ejercicio de esas acciones;
  • los honorarios de los oficiales de justicia por la entrega de los documentos procesales;
  • los gastos de tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita;
  • los gastos del procedimiento acelerado de requerimiento de pago;
  • los gastos derivados de la participación en un procedimiento de conciliación si el tribunal ha ordenado a las partes que participen en virtud del artículo 4, apartado 4, del Código de enjuiciamiento civil o, si se trata de un procedimiento de conciliación previa obligatoria, en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Ley de conciliación.

Si la sentencia impone a una de las partes el pago de los honorarios del representante o asesor jurídico de la parte contraria, la cuantía de estos, fijada por el tribunal, ha de ser razonable y no exceder de lo necesario. Los gastos derivados de la contratación de varios representantes solo se reembolsan si se deben a la complejidad del asunto o a la necesidad de cambiar de representante.

Base jurídica para la tasación de las costas

¿Dónde puedo encontrar información sobre las bases jurídicas para la tasación de las costas en Estonia?

Las bases jurídicas para la tasación de las costas figuran en:

  • el Código de enjuiciamiento civil;
  • la Ley de oficiales de justicia;
  • la Ley de tasas del Estado;
  • los actos jurídicos basados en el Código de enjuiciamiento civil.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las bases jurídicas para la tasación de las costas en Estonia?

La información sobre las bases jurídicas para la tasación de las costas está disponible en estonio.

En el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Boletín Oficial (Riigi Teataja) se publican traducciones al inglés de instrumentos legales estonios en los que figura información sobre las costas y sus bases jurídicas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?

El Ministerio de Justicia es responsable de la transposición de la El enlace abre una nueva ventanaDirectiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Las preguntas de índole general relacionadas con la mediación pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico del Ministerio de Justicia: El enlace abre una nueva ventanainfo@just.ee.

Los procedimientos de conciliación en materia civil están regulados por la Ley de conciliación, que establece los derechos y las obligaciones de los mediadores, así como directrices para la aplicación y ejecución de los acuerdos resultantes de la mediación. Con arreglo a esta Ley, las siguientes personas están habilitadas para dirigir un procedimiento de conciliación:

  • las personas físicas a las que las partes en el procedimiento hayan encomendado la tarea de realizar el procedimiento;
  • los procuradores;
  • los notarios;
  • en los casos contemplados en la Ley, un órgano de conciliación del Estado o de un ente local.

Los procedimientos de conciliación en asuntos contencioso-administrativos están regulados por el Código de procedimiento contencioso-administrativo, y en asuntos penales, por el Código de enjuiciamiento criminal.

En lo que se refiere al uso de la mediación en asuntos de Derecho de familia, el Ministerio de Asuntos Sociales está promoviendo el papel y las actividades de los mediadores y conciliadores de familia. La El enlace abre una nueva ventanaAsociación Estonia de Mediadores tiene un sitio web con información en estonio y en inglés. De igual modo, la El enlace abre una nueva ventanaUnión Estonia para el Bienestar de los Niños, una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los niños, ofrece asesoramiento a los progenitores que quieren separarse o divorciarse y les alienta a utilizar los servicios de conciliadores para proteger los intereses de sus hijos. La asociación organiza la formación que se imparte en el ámbito de la mediación familiar.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web con información sobre las costas

Las costas de los procesos judiciales y su cuantía dependen de la duración y la naturaleza del caso. Las fuentes primarias de información sobre las costas de los procedimientos judiciales son los códigos que regulan dichos procedimientos y la Ley de tasas del Estado. El Ministerio de Justicia edita y gestiona el órgano oficial El enlace abre una nueva ventanaBoletín Oficial (Riigi Teataja), que da acceso a:

  • las leyes y reglamentos;
  • los decretos del Presidente de la República;
  • las resoluciones del Tribunal Supremo y los acuerdos internacionales;
  • los reglamentos de la Administración local.

El Boletín Oficial (Riigi Teataja) contiene las versiones oficiales consolidadas de las leyes, reglamentos y decretos del Gobierno, los reglamentos ministeriales, los reglamentos del Presidente del Banco de Estonia (Eesti Pank), los reglamentos del Comité Electoral Nacional, las decisiones del Parlamento (Riigikogu) y los reglamentos de los consejos y gobiernos locales. La legislación y otros documentos publicados en el Riigi Teataja pueden consultarse desde 1990.

El El enlace abre una nueva ventanasitio web del Tribunal Supremo ha publicado un análisis de la jurisprudencia en materia de costas procesales.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

El El enlace abre una nueva ventanasitio web de tribunales contiene estadísticas sobre los procesos en órganos de primera y segunda instancia desde 1996.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado tipo de proceso?

• En la El enlace abre una nueva ventanaLey de tasas del Estado se indica la cuantía de las tasas judiciales que deben pagarse por los distintos tipos de procedimientos.

• En la El enlace abre una nueva ventanaLey de oficiales de justicia se regula la retribución de los oficiales de justicia.

• No se dispone de estadísticas sobre los gastos totales medios de los distintos tipos de proceso.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Dónde encontrar información?

Las retribuciones de los oficiales de justicia se gravan con el IVA, a un tipo del 20 %.

Para solicitar la devolución del IVA aplicado a las costas procesales, el demandante debe confirmar primero que no está obligado a pagar el IVA o que no puede recuperarlo por otras razones.

¿Qué tipos tributarios se aplican?

A partir del 1 de julio de 2009, el tipo del IVA en Estonia es del 20 %

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El Estado puede conceder asistencia jurídica gratuita cuando las costas procesales superen en más del doble los ingresos mensuales medios del solicitante en los cuatro meses anteriores a la presentación de la demanda.

Deben deducirse del resultado obtenido los impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias, los gastos correspondientes a las obligaciones de alimentos y los demás gastos razonables relacionados con la vivienda y el transporte.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandantes

El Estado puede conceder asistencia jurídica con arreglo al Código de enjuiciamiento civil. Los tipos de asistencia jurídica que garantiza el Estado y las condiciones y normas para obtenerla se regulan en la El enlace abre una nueva ventanaLey de asistencia jurídica del Estado.

El Estado puede conceder el beneficio de la asistencia jurídica gratuita a las personas físicas que, en el momento de solicitarla, sean residentes o nacionales de Estonia o de otro Estado miembro de la Unión Europea. La condición de residente se determina con arreglo al artículo 59 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Las demás personas físicas solamente pueden recibir asistencia jurídica gratuita si así se contempla en un acuerdo internacional.

La asistencia jurídica gratuita no se concede si:

  • el solicitante tiene recursos suficientes para su defensa;
  • el solicitante no tiene derecho a la protección que solicita;
  • el solicitante puede pagar las costas procesales recurriendo a bienes que ya posee y que puede realizar sin gran dificultad;
  • los gastos de los servicios jurídicos no superan el doble de los ingresos mensuales medios del solicitante, calculados sobre la base de los ingresos mensuales medios de los cuatro meses anteriores a la presentación de la solicitud, de los cuales se deducen los impuestos y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, los gastos para cumplir obligaciones de alimentos y una cantidad razonable en concepto de gastos de vivienda y transporte;
  • las circunstancias ponen de manifiesto que el solicitante tiene pocas posibilidades de defender sus derechos;
  • la solicitud se presenta para interponer una demanda de indemnización por daños no materiales y el caso no presenta un interés público apremiante;
  • el litigio concierne a las actividades profesionales del demandante y no afecta a sus derechos no relacionados con ellas;
  • la solicitud se presenta para proteger una marca registrada, una patente, un modelo de utilidad, un dibujo industrial, una topografía de circuito integrado o cualquier otra forma de propiedad intelectual, exceptuados los derechos derivados de la Ley de propiedad intelectual;
  • el demandante tiene intereses comunes evidentes con una persona que no tiene derecho a recibir asistencia jurídica gratuita; en tal caso, existe el riesgo de que transfiriera la asistencia jurídica gratuita que recibiese a otras personas sin derecho a ella;
  • la solicitud se presenta para defender un derecho cedido al solicitante y existen motivos para creer que dicho derecho fue cedido al solicitante a fin de obtener asistencia jurídica grauita del Estado;
  • la prestación de servicios jurídicos está garantizada por un seguro de defensa jurídica o por un seguro obligatorio contratado por el solicitante;
  • la cantidad estimada que el solicitante recuperaría cuando se dictara la sentencia es irrazonablemente pequeña en comparación con el coste estimado de la asistencia jurídica gratuita prestada por el Estado.

En el sitio web del Colegio de Abogados de Estonia se puede encontrar información adicional sobre la asistencia jurídica del Estado.

Otras condiciones aplicables a la concesión de asistencia jurídica gratuita a sospechosos y demandados

Las condiciones aplicables a la concesión de la asistencia jurídica gratuita son las mismas para sospechosos y demandados que para demandantes.

Procedimientos judiciales gratuitos

La Ley de tasas de Estado define las circunstancias en que caben exenciones al pago de las tasas. En un proceso, están exentas del pago de tasas las siguientes actuaciones:

  • la revisión de un recurso o reclamación para solicitar una retribución o un salario, para establecer la nulidad de la terminación de un contrato laboral, para ser readmitido o para modificar la formulación del fundamento de un despido;
  • la revisión de un recurso de solicitud de una pensión alimenticia y, en una demanda de alimentos para menores, un requerimiento de pago acelerado;
  • la revisión de una demanda por daños y perjuicios por condena ilegal, un procesamiento penal ilegal, una detención provisional ilegal u otros casos injustificados de privación de libertad; también la revisión de una demanda por daños y perjuicios a la propiedad originados por la imposición ilegal de una sanción por falta;
  • la primera expedición de documentos judiciales relacionados con una causa penal;
  • los trámites para recluir a una persona en un establecimiento cerrado;
  • la revisión de una demanda de devolución de bienes confiscados o abandonados en conjunción con una represión ilegal y de compensación por daños y perjuicios;
  • la revisión de un proceso para probar el tiempo de servicio a efectos del derecho a pensión;
  • la revisión de un recurso en un asunto administrativo;
  • la revisión de una solicitud de exención del pago de honorarios notariales y la presentación de una reclamación al órgano que entienda del caso;
  • la revisión de una solicitud de asistencia procesal y la presentación de una reclamación al órgano que entienda del caso;
  • la revisión de un recurso o querella por daños y perjuicios causados por lesiones corporales o similares o por el fallecimiento del miembro del hogar que aportaba los principales ingresos;
  • la copia de hasta cinco páginas de documentos procesales en un asunto contencioso-administrativo.

Están exentas de tasas las actuaciones siguientes:

  • la presentación por un menor de un recurso contra una resolución judicial en un caso en que la ley le otorgue un derecho de recurso independiente;
  • la demanda interpuesta por el beneficiario de una pensión o subsidio en relación con el pago inexacto o la falta de pago de la pensión o el subsidio;
  • la presentación por una persona física de una reclamación contra una decisión de un comité electoral;
  • la presentación por una institución de custodia de una solicitud de retirada de la patria potestad o de nombramiento del tutor de un menor o la presentación de cualquier otra solicitud realizada en defensa de un menor del que sea responsable la institución;
  • la presentación por las autoridades fiscales de una solicitud de declaración de quiebra o cualquier otra solicitud relacionada con un procedimiento de insolvencia o determinación del importe de los impuestos;
  • la presentación por una autoridad regional de un recurso conforme a la normativa derivada de la Ley de reforma del suelo para ejecución de los derechos de un acreedor hipotecario en un caso relacionado con una hipoteca establecida en beneficio del Estado;
  • la presentación a un órgano judicial por un agente judicial de una solicitud relacionada con un mandato de ejecución conforme al Código de procedimientos de ejecución o de un recurso contra una resolución judicial en relación con un procedimiento de ejecución de conformidad con el artículo 599 del Código de enjuiciamiento civil.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

El órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo del asunto debe resolver, en la propia sentencia o en resolución separada, sobre el reparto de las costas procesales entre las partes. El tribunal ha de especificar la cuota que ha de pagar cada una de estas, o en su caso, el reparto proporcional entre ellas. Si un tribunal de nivel superior modifica la sentencia o dicta otra nueva sin necesidad de celebrar vista, deberá también modificar, en su caso, el pronunciamiento anterior sobre el reparto de las costas procesales.

Las partes en un procedimiento judicial tienen derecho a solicitar al juzgado de primera instancia que determine las costas procesales en términos monetarios mediante la división proporcional de las costas establecidas en la sentencia. Pueden hacerlo en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que surta efectos la decisión judicial sobre el reparto de costas. La petición debe ir acompañada de una lista de las costas procesales, en la que se indique igualmente el desglose de las mismas. El tribunal puede fijar un plazo para que las partes en el procedimiento faciliten más información sobre las costas procesales que deban reembolsarse o pedirles que presenten documentos que justifiquen dichas costas. El tribunal trasladará de inmediato la petición, la lista de costas y los justificantes a la parte contraria.

La parte contraria puede presentar objeciones dentro del plazo fijado por el tribunal tras la presentación de la petición. El plazo de respuesta no puede ser inferior a siete días. La concesión de asistencia jurídica gratuita no excluye ni limita la obligación de su beneficiario de reembolsar, en virtud de una decisión del tribunal, las costas de la parte contraria. La parte perdedora tendrá que pagar la totalidad de las costas procesales aunque esté exenta de tal obligación o se le haya reconocido el beneficio de la asistencia jurídica gratuita en relación con ellas.

Al resolver sobre la acción ejercida, el tribunal ordena al demandado pagar una parte de las costas procesales de las que el demandante haya sido declarado exento o cuyo pago se le haya autorizado a efectuar a plazos. Esta cantidad debe pagarse al Tesoro Público, en proporción a la parte de la acción que haya sido estimada.

Honorarios de los peritos

Salvo decisión en contrario del tribunal, las costas esenciales para el proceso deben ser pagadas, en la cuantía que disponga el tribunal, por quien haya formulado la solicitud causante de las mismas. Si ambas partes han solicitado la intervención de peritos o si es el tribunal quien ha solicitado sus servicios, las costas se reparten entre ellas por igual.

Las retribuciones de los peritos se les abonan una vez concluido su trabajo. Se permite el pago por tarifa horaria dentro de los límites mínimo y máximo establecidos reglamentariamente. Las retribuciones de los peritos pueden ser entre 10 y 40 veces mayores que el salario mínimo por hora establecido por ley. Al determinar las retribuciones por hora, el tribunal debe tener en cuenta:

  • las cualificaciones del perito;
  • el nivel de complejidad del trabajo;
  • todos los gastos inevitables a que haya hecho frente;
  • cualesquiera circunstancias especiales en las que el perito haya tenido que realizar el trabajo.

También deben reembolsarse los gastos correspondientes a la preparación y redacción del peritaje, incluidos los gastos en personal auxiliar y materiales, y los medios utilizados para la investigación, así como cualquier gasto necesario incurrido como consecuencia del procedimiento judicial, en particular los de alojamiento y manutención.

El importe de los honorarios de los peritos y de los demás gastos que hayan corrido a su cargo se determina mediante resolución del tribunal que haya solicitado sus servicios.

Las peritos solo reciben una retribución previa solicitud. Una vez que el perito haya concluido su trabajo, el tribunal ha de pagarle sus honorarios independientemente de que las partes hayan abonado o no un anticipo y de que haya o no condena en costas.

Los honorarios de los peritos y los gastos relacionados con las actuaciones periciales de un instituto público forense forman parte de las costas procesales y han de ser reembolsados por la parte perdedora de la misma forma que las costas procesales.

Honorarios de los traductores e intérpretes

Los honorarios de los intérpretes que no pertenezcan a la plantilla judicial e intervengan en procesos judiciales pueden variar entre 2 y 40 veces el salario mínimo legal por hora. Los honorarios de los traductores por la traducción escrita se calculan por página y pueden llegar a ser hasta 20 veces el salario mínimo por hora.

Los honorarios de los traductores o intérpretes y las costas reembolsadas se determinan por resolución del tribunal que haya solicitado sus servicios.

Una vez determinados los honorarios por hora, el tribunal debe considerar las cualificaciones del intérprete o traductor, la complejidad del trabajo, los gastos ineludibles en que haya incurrido y las circunstancias especiales en las que se hayan realizado la interpretación o la traducción.

Las retribuciones de los intérpretes y traductores solo se abonan previa solicitud. El tribunal ha de pagarles sus honorarios independientemente de que las partes hayan abonado o no un anticipo y de que haya o no condena en costas.

Las retribuciones de los intérpretes y traductores forman parte de las costas procesales y deben ser reembolsadas por la parte perdedora a la parte ganadora de la misma manera que el resto de las costas procesales.

Última actualización: 08/08/2018

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Costas procesales - Irlanda

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Irlanda.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Asesores jurídicos

La base para el cálculo de los honorarios de los asesores jurídicos (solicitors) es distinta en el caso de asuntos de tipo litigioso (como es por ejemplo el asesoramiento y representación en un pleito ante un juzgado, tribunal o juez arbitral) y en el caso de asuntos no relacionados con litigios. Por lo que se refiere a los asuntos litigiosos, las costas pueden clasificarse a su vez en costas pactadas entre el cliente y su abogado (es decir, los honorarios que cada parte debe pagar a su abogado) y costas impuestas a las partes (es decir, las que una de las partes debe abonar a la otra como resultado del proceso).

Asuntos litigiosos

Legislación primaria principal*:

  • Ley de abogados de 1849
  • Ley de abogados de 1870
  • Artículo 68 de la Ley de abogados de 1994 (modificada)
  • Artículo 94 de la Ley de tribunales de justicia de 1924
  • Artículo 78 de la Ley de tribunales de justicia de 1936
  • Párrafo 8 del Anexo octavo de la Ley de tribunales de justicia de 1961 (disposiciones adicionales)
  • Artículo 17 de la Ley de tribunales de 1981
  • Artículo 14 de la Ley de tribunales de 1991
  • Artículo 68 de la Ley de abogados de 1994 (modificada)
  • Artículos 27 y 46 de la Ley de tribunales y funcionarios judiciales de 1995

Legislación secundaria principal*:

  • Orden 22, normas 4, 6 y 14(3); Orden 27, norma 1A, Orden 99 y Apéndice W, Reglamento de los tribunales superiores
  • Orden 15, normas 14, 15 y 21, y Orden 66, Reglamento de los juzgados de condado
  • Órdenes 51 y 52, y Anexo E, Reglamento de los juzgados de distrito

Jurisprudencia

  • Sentencias de los tribunales conteniendo interpretaciones de la legislación correspondiente

Asuntos no litigiosos

Legislación primaria principal*:

Ley de honorarios de abogados de 1881

Legislación secundaria principal*:

  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1884
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1960
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1964
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1970
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1972
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1978
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1982
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1984
  • Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1986
  • Normas 210 y 239 del Reglamento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de 1972

Jurisprudencia

  • Sentencias de los tribunales conteniendo interpretaciones de la legislación correspondiente

*La legislación que se cita hace referencia a la ley, orden o reglamento correspondiente, así como a sus modificaciones. La legislación posterior a 1922 puede consultarse en la El enlace abre una nueva ventanaRecopilación de la legislación irlandesa en línea y en el sitio web de las El enlace abre una nueva ventanaCámaras del Parlamento.

Profesionales de la abogacía

Se emplea el término lawyers (profesionales de la abogacía) para referirse colectivamente a las dos clases de profesionales de este tipo que existen en el sistema jurídico irlandés, esto es, los abogados (barristers) y los asesores jurídicos (solicitors).

Abogados

Los honorarios de los abogados (barristers) se suelen facturar al solicitor que requiere sus servicios, considerándose un desembolso realizado por este último por cuenta de su cliente. Su cuantía está regulada por los reglamentos correspondientes y por las sentencias de los órganos jurisdiccionales relativas a las retribuciones de los abogados: véase, en particular, el articulo 27 de la Ley de tribunales y funcionarios judiciales de 1995; Kelly contra Breen [1978] I.L.R.M. 63; el Estado (Gallagher Shatter & Co.) contra de Valera [1991] 2 I.R. 198; Superquinn contra Bray U.D.C. (nº 2) [2001] 1 I.R. 459.

Oficiales de Justicia

La retribución de los sheriffs, agentes judiciales y oficiales de justicia encargados de la ejecución de las resoluciones judiciales está regulada por la Orden sobre retribuciones y gastos de los sheriffs de 2005, e incluye las cantidades devengadas por la entrega de los títulos de ejecución y de embargo y por los gastos de viaje, así como las correspondientes a la retirada y almacenaje de los bienes o ganado embargados.

Letrados

En el sistema jurídico irlandés no existe una categoría separada de profesionales jurídicos con el nombre de advocates.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

En general, las costas procesales tienen carácter discrecional, a excepción de los casos definidos en la Orden 27, normas 1A(3) y 9 (costas que debe soportar la parte que formula alegaciones después de que la otra parte hubiera solicitado el pronunciamiento, cuando dichas alegaciones no hubieran sido admitidas a trámite), así como en el Apéndice W del Reglamento de los tribunales superiores y en el Anexo E del Reglamento de los juzgados de distrito.

Entre estas costas se incluyen diversos pagos, como los correspondientes a las tasas judiciales, que están definidas por las Órdenes sobre tasas del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior, y de los juzgados de condado y de distrito, respectivamente.

Consúltese la información adicional sobre El enlace abre una nueva ventanatasas judiciales.

Fase del procedimiento civil en la que deben pagarse tasas judiciales

En los casos definidos en la Orden 27, normas 1A(3) y 9 (costas que debe soportar la parte que formula alegaciones después de que la otra parte hubiera solicitado el pronunciamiento, cuando dichas alegaciones no hubieran sido admitidas a trámite), las costas se deberán abonar cuando se solicite el pronunciamiento, una vez rechazadas las alegaciones.

Las costas definidas en el Apéndice W del Reglamento de los tribunales superiores deben abonarse del modo siguiente:

  • El cliente pagará la minuta a su letrado asesor (solicitor) a la recepción de la misma, o dentro del mes siguiente a su recepción si en dicho plazo el cliente no ha solicitado una tasación independiente (artículo 2 de la Ley de abogados de 1849). Sin embargo, el cliente dispondrá en cualquier caso de un período de doce meses desde la recepción de la minuta para solicitar y obtener dicha tasación. Una vez transcurrido el plazo de doce meses o una vez satisfecho el importe de la minuta, si las circunstancias particulares del asunto así lo requieren, el tribunal podrá ordenar la tasación de la minuta, siempre que la solicitud al tribunal se haga dentro de los doce meses posteriores al pago.
  • Cuando a una de las partes le sea impuesto el pago de las costas a favor de la parte contraria, deberá abonar las mismas al recibir el certificado de tasación o bien según el acuerdo alcanzado entre las partes en relación al pago.

Las costas definidas en el Anexo E del Reglamento de los juzgados de distrito deben abonarse del modo siguiente:

  • Cuando se pronuncie sentencia sin que se haya ejercido el derecho de defensa serán a cargo de la parte condenada que no haya ejercido dicha defensa.
  • En los demás casos, las costas serán a cargo de la parte a la que el tribunal haya impuesto las mismas, y se abonarán cuando se pronuncie la sentencia conteniendo dicha imposición de costas.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

No existen costas fijas ni tasas judiciales en los procesos penales.

Los juzgados de distrito, en los procesos penales sumarios, pueden condenar en costas a cualquiera de las partes, excepto a la Fiscalía Pública y a los funcionarios de policía que ejerzan la acusación. Los juzgados de condado y el Tribunal Penal Central (los órganos jurisdiccionales facultados para los procesamientos) tienen facultades discrecionales en materia de condena en costas:

  • en caso de absolución (cabe recurrir ante el Tribunal de Apelación Penal);
  • en caso de que el escrito de procesamiento contenga acusaciones improcedentes, sea excesivamente prolijo o presente defectos sustanciales;
  • en caso de que el juicio se aplace como consecuencia de una modificación en el escrito de procesamiento;
  • en caso de que se forme pieza separada en relación con alguna de las acusaciones del escrito de procesamiento).

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

El Tribunal Superior y el Tribunal Supremo tienen la jurisdicción exclusiva en materia constitucional. Los juicios celebrados en esta instancia no están sujetos a costas especiales ni a un régimen de tasas particular. Las tasas judiciales aplicables son las que se reflejan en el Apéndice W del Reglamento de los tribunales superiores. Por otro lado, las costas procesales son las establecidas en las Órdenes sobre tasas del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior.

Consúltese la información adicional sobre las El enlace abre una nueva ventanatasas judiciales.

Fase de los procesos constitucionales en que deben pagarse tasas judiciales

Por regla general, las tasas judiciales se abonan en el momento de presentar el documento en cuestión.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

El artículo 68 de la Ley de abogados de 1994 (modificada) dispone lo siguiente:

  1. «68.—(1) Tan pronto como reciba instrucciones para la prestación de servicios jurídicos a un cliente, o lo antes posible después de recibidas dichas instrucciones, el letrado asesor facilitará por escrito al cliente la siguiente información:
    1. los gastos reales; o
    2. cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales, una estimación (lo más cercana posible) de los mismos; o
    3. cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales ni tampoco una estimación de los mismos, los criterios aplicados por el letrado asesor o por su bufete para calcular la retribución correspondiente a sus servicios jurídicos. Cuando estos últimos se refieran a asuntos litigiosos, se facilitará al cliente información por escrito describiendo las circunstancias en que podría verse obligado al pago de costas a la otra parte o partes y, en su caso, las circunstancias en que las cantidades que el cliente adeudaría al letrado asesor por los servicios jurídicos prestados podrían no quedar cubiertas por las costas recuperadas en el litigio de la otra parte o partes (o de sus aseguradores), en caso de éxito.
  2. El letrado asesor no representará a su cliente en relación con un asunto litigioso (salvo si se trata de procedimientos destinados a recuperar una deuda o ejecutar una sentencia) calculando la retribución correspondiente a sus servicios jurídicos de tal forma que el total o una parte de dicha retribución consista en un determinado porcentaje o proporción de los resarcimientos de daños u otras indemnizaciones en efectivo que pudiera recibir el cliente. Los adeudos que se hubieran realizado contraviniendo lo dispuesto en el presente apartado no podrá ser reclamados por vía judicial, en caso de emprender acciones contra el cliente para su recuperación.
  3. Para el pago de sus honorarios, el letrado asesor no podrá detraer ni apropiarse, total o parcialmente, de los resarcimientos de daños u otras indemnizaciones en efectivo a los que su cliente tuviera derecho como resultado de un proceso litigioso en el que hubiera actuado en su nombre.
  4. El apartado 3 del presente artículo no será impedimento para que el letrado asesor pueda pactar con su cliente, en cualquier momento, la entrega de una cantidad a cuenta de sus honorarios que haya sido detraída de los resarcimientos por daños u otras indemnizaciones en efectivo a los que su cliente tenga derecho como resultado de un proceso litigioso en el que hubiera actuado en su nombre.
  5. Cualquier pacto realizado en virtud del apartado 4 del presente artículo sólo podrá ser objeto de demanda judicial contra un cliente en caso de que se haya reflejado por escrito e incluya una estimación, lo más aproximada posible, de las cantidades que el letrado asesor considera que pueden ser recuperadas de la otra parte o partes como consecuencia de los resarcimientos del daños u otras indemnizaciones en efectivo que pudiera recibir el cliente como resultado del correspondiente proceso litigioso.
  6. Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal aplicable, el letrado asesor presentará una minuta de honorarios a su cliente lo antes posible después de concluido el proceso litigioso en el que haya actuado por cuenta de su cliente. Dicha minuta incluirá:
    1. una descripción resumida de los servicios jurídicos prestados al cliente en relación con el litigio;
    2. el importe total de los resarcimientos de daños u otras indemnizaciones en efectivo que el cliente hubiera recibido como resultado del proceso litigioso, así como
    3. información detallada sobre las cantidades que hubieran sido recuperadas, total o parcialmente, de la otra parte o partes (o de sus aseguradores) por el letrado asesor en representación de su cliente,
    4. y mostrará por separado los importes correspondientes a honorarios, tasas, suplidos y otros gastos en los que se hubiera incurrido o que hubieran surgido en relación con la prestación de los servicios jurídicos.
  7. Lo dispuesto en el presente artículo no será impedimento para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos legales con el fin de exigir a un letrado asesor que someta a tasación su minuta, ya se trate de las costas impuestas a las partes o de las costas pactadas entre el cliente y su abogado, ni limitará los derechos de cualquier persona, o de la Asociación de la Abogacía (Law Society), contemplados en el artículo 9 de la presente Ley.
  8. Cuando un letrado asesor haya emitido una minuta por la prestación de servicios jurídicos a su cliente, y éste manifieste su desacuerdo con el importe (o con una parte del mismo) de dicha minuta, el letrado asesor:
    1. adoptará todas las medidas apropiadas para alcanzar un acuerdo con el cliente;
    2. informará por escrito al cliente de los puntos siguientes:

i)  El derecho que asiste al cliente para exigir al letrado asesor que someta la minuta o una parte de la misma a la tasación de la Servicio de Inspección del Tribunal Superior, con arreglo al sistema de costas pactadas entre el cliente y su abogado.

ii) El derecho que asiste al cliente de presentar una reclamación ante la Asociación de la Abogacía (Law Society), en virtud del artículo 9 de la presente Ley, en relación con la minuta que haya considerado excesiva.

  1. En el presente apartado, el término «costas» incluye honorarios, tasas, suplidos y demás gastos.
  2. Las disposiciones del presente apartado serán de aplicación sin perjuicio de lo estipulado por la Ley de abogados (Irlanda) de 1849 y por la Ley de abogados de 1870.»

El artículo 12.6 del Código de Conducta del Consejo General de la Abogacía de Irlanda dispone lo siguiente:

«12.6 Tan pronto como reciba instrucciones para la prestación de servicios jurídicos, o lo antes posible después de recibidas dichas instrucciones, el abogado facilitará por escrito al letrado asesor que le haya dado dichas instrucciones, o directamente al cliente que se haya acogido al Programa de Acceso Directo Profesional, la siguiente información:

    1. los gastos reales; o
    2. cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales, una estimación (lo más cercana posible) de los mismos; o
    3. cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales ni tampoco una estimación de los mismos, los criterios aplicados para calcularlos.

El formato de esta información se deja a la discreción de cada abogado.»

Fuentes jurídicas de las costas

¿Donde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Véase la información disponible en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaServicio de Inspección y la documentación que puede descargarse.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

La información sobre las fuentes de las costas está disponible en inglés.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

  • El artículo 7, apartado 1, de la Ley de separación judicial y de reforma del Derecho de familia de 1989 prevé que, cuando se solicita una declaración de separación judicial al órgano jurisdiccional, éste deberá sopesar la posibilidad de que se produzca una reconciliación entre los cónyuges y, en consecuencia, podrá aplazar en cualquier momento el procedimiento con el fin de que éstos tengan la oportunidad, si ambos lo desean, de reflexionar sobre una posible reconciliación, con la asistencia de un tercero o sin ella. El artículo 7, apartado 3, contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional aplace el procedimiento para permitir que los cónyuges tengan la oportunidad, si ambos lo desean, de llegar a un acuerdo en la medida de lo posible sobre las condiciones de la separación, con la asistencia de un tercero o sin ella.
  • Los apartados 1 y 3 del artículo 8 de la Ley de divorcio de 1996 incluyen disposiciones similares en relación con los procesos de divorcio.
  • Los artículos 15 y 16 de la Ley sobre responsabilidad civil y órganos jurisdiccionales de 2004 contemplan el procedimiento de mediación en los juicios por lesiones.
  • La Orden 63A, norma 6(1)(xiii), y la Orden 63B, norma 6(1)(xiii) facultan al juez competente, tanto si se trata de asuntos mercantiles como de infracciones contra la competencia ante el Tribunal Superior, a instancia de cualquier de las partes o por propia iniciativa, a aplazar los procedimientos correspondiente por el plazo que considere apropiado, sin que exceda de 28 días, con el fin de dar tiempo a las partes para que reflexionen sobre si tales asuntos deberían ser sometidos a un proceso de mediación, conciliación o arbitraje, y cuando las partes se decidan por este último proceso, ampliar el plazo de que éstas disponen para cumplir las normas del procedimiento o las resoluciones judiciales correspondientes.

Para obtener más información sobre la mediación, véase el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaAgencia de Asesoramiento Familiar.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Hay disponible un sitio web con información sobre las costas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Véase información complementaria en los El enlace abre una nueva ventanaInformes anuales del Servicio Judicial.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información? ¿Qué tipos tributarios se aplican?

Véase el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio Tributario y Aduanero de Irlanda.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El umbral de ingresos mínimos disponibles en los asuntos civiles es de 18.000 euros, después de deducir determinadas cantidades fijas en concepto de personas dependientes, alojamiento y pagos de impuestos y a la seguridad social.

Véase la información adicional publicada en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa y en el de la El enlace abre una nueva ventanaJunta de Asistencia Jurídica.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

El El enlace abre una nueva ventanaPrograma de asistencia jurídica en asuntos penales, administrado por el Ministerio de Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa, prevé la prestación de asistencia jurídica gratuita, en determinadas circunstancias, para garantizar la defensa en los procesos penales de las personas que carezcan de recursos suficientes. No hay fijado ningún umbral de ingresos. La persona inculpada tiene derecho a ser informada por el tribunal ante el que comparece de su posible derecho a recibir asistencia jurídica. La concesión de la asistencia jurídica gratuita permite al solicitante emplear los servicios de un letrado asesor y, en determinadas circunstancias, de hasta dos abogados, con el fin de preparar su defensa o los recursos correspondientes. Los órganos jurisdiccionales, a través de la magistratura, son los responsables de conceder la asistencia jurídica gratuita. La misma puede solicitarse al tribunal de las formas siguientes:(a) personalmente; (b) a través del representante legal, o (c) mediante carta dirigida al Secretario judicial.

El solicitante de la asistencia jurídica gratuita deberá demostrar a satisfacción del tribunal que carece de medios suficientes para pagar por sí mismo dicha asistencia jurídica. Se trata de una materia discrecional de cada órgano jurisdiccional, no estando regulada por ninguna norma definitoria de criterios económicos para optar a las ayudas. El tribunal debe examinar también si, por motivos relacionados con la «gravedad de la acusación» o con «circunstancias excepcionales», resulta esencial para los intereses de la justicia que el solicitante disponga de la mencionada asistencia jurídica. No obstante, cuando la acusación sea de homicidio, o cuando se trate de un recurso ante el Tribunal Supremo procedente del Tribunal de Apelación Penal, para la concesión de la asistencia jurídica gratuita bastará únicamente el motivo de la insuficiencia de recursos.

El tribunal puede exigir al solicitante de esta asistencia que presente una declaración de bienes. El solicitante que realice a sabiendas una declaración falsa, o que oculte determinados hechos con el fin de obtener asistencia jurídica gratuita, comete un delito castigado con pena de multa, de privación de libertad o de ambas.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

En determinados casos relacionados con delitos sexuales no se aplica un umbral de ingresos mínimos disponibles al querellante que solicite ayuda a la Junta de Asistencia Jurídica, siempre que se trate de asuntos penales en los que exista la posibilidad de que la defensa alegue la conducta sexual anterior de la parte querellante.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

En determinados casos relacionados con delitos sexuales, a la parte querellante se le concede automáticamente la asistencia jurídica gratuita. Las víctimas de delitos de otro tipo deberán cumplir los mismos criterios generales que cualquier otra persona.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

No existen otras condiciones, ni tampoco procedimientos específicos para los menores de edad.

Gratuidad de las tasas judiciales

Existen exenciones al pago de las tasas judiciales en determinados casos relacionados con el Derecho de familia y con los menores de edad. Para conocer todos los detalles de estos casos en que no es necesario pagar las tasas judiciales, consulte las correspondientes órdenes sobre tasas en el sitio web del Servicio de Tribunales.

Véase la información detallada sobre El enlace abre una nueva ventanatasas judiciales y exenciones en el sitio web del Servicio de Tribunales.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

La condena en costas es una materia discrecional de los órganos jurisdiccionales. El ejercicio de esta facultad discrecional debe realizarse con sujeción a ciertas normas establecidas por tradición y a los principios derivados de la jurisprudencia. Por ejemplo, el principio básico es que las costas siguen a la parte perdedora, es decir, que esta última debe pagar los gastos en que haya incurrido la parte ganadora. Sin embargo, esta norma está sujeta a excepciones que dependen de las circunstancias del caso. Por ejemplo, la parte ganadora puede no recuperar la totalidad de sus costas cuando el tribunal considere que ha demorado o alargado innecesariamente el proceso o cuando, aun habiendo ganado el caso, no se le hayan reconocido algunos puntos específicos del mismo. En determinados asuntos, como los relacionados con conflictos constitucionales o materias de interés público, la parte perdedora puede recuperar una parte o la totalidad de sus costas.

Derechos de los peritos

En lo relativo a la asistencia jurídica gratuita, la Junta ha establecido un baremo de derechos que aplica a las distintas categorías de peritos. Por otra parte, la Junta aplica su propio criterio al aceptar derechos especiales, cuando los aspectos particulares del caso requieran los servicios de un perito especializado. En tales casos, los derechos se negocian de forma individual con el perito en cuestión, teniendo en cuenta los trabajos necesarios, el nivel de conocimiento técnicos exigidos y la importancia del asunto para la persona que recibe la asistencia jurídica gratuita.

En los procesos penales en los que se haya aprobado la asistencia gratuita, el Programa de asistencia jurídica en asuntos penales cubre los gastos adecuados y razonables en que haya incurrido el abogado defensor, incluyendo los derechos de los peritos.

Honorarios de traductores e intérpretes

En los litigios civiles, los honorarios de traductores e intérpretes son generalmente el resultado de un acuerdo entre éstos y la parte implicada en el litigio. Sin embargo, cuando las costas de dicha parte deban ser satisfechas por la otra parte como consecuencia de la sentencia judicial, los honorarios del traductor o intérprete están sujetos a la tasación (valoración) del Servicio de Inspección (es decir, del asesor en materia de gastos de tipo jurídico).

Cuando el asunto en materia civil lleve aparejada la asistencia jurídica gratuita, la Junta pondrá en marcha un concurso de licitación para seleccionar alguna de las ofertas presentadas.

En los procesos penales en los que se haya aprobado la asistencia gratuita, el Programa de asistencia jurídica en asuntos penales cubre los gastos adecuados y razonables en que haya incurrido el abogado defensor, incluyendo los honorarios de traductores e intérpretes.

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Informe de Irlanda para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(400 Kb)en

Última actualización: 21/11/2018

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

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Costas procesales - Grecia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Grecia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

Los honorarios de los abogados están regulados con carácter general en los artículos 91 a 180 del Decreto legislativo 3026/1954, modificado por la Ley 3919/2011. De resultas, los abogados pueden convenir ahora sus honorarios con los clientes por escrito, sin que existan unas tarifas legales mínimas o máximas.

En ausencia de acuerdo escrito, un sistema de tarifas legalmente establecido (por la comparecencia ante el tribunal y según la cuantía del litigio) determina las costas procesales, los honorarios de los abogados por su asistencia jurídica, etc.

Asesores jurídicos - Procuradores

No se establece distinción entre estos profesionales y los abogados.

Oficiales de justicia

Cobran tarifas fijas, que pueden incrementarse de mutuo acuerdo, dependiendo de la complejidad de la tarea. En virtud del artículo 50 de la Ley 2318/1995, las tarifas de los oficiales de justicia se establecen por orden ministerial conjunta de los ministerios de Finanzas y de Justicia. La Orden Ministerial vigente es la 2/54638/2008 (B 1716 modificada por B 1916).

Notarios

Los honorarios de los notarios están sujetos a una normativa específica, contenida en el artículo 40 de la Ley 2830/2000.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

En los asuntos de familia, los honorarios de los abogados se rigen por lo anteriormente expuesto.

En los litigios de cuantía determinada (por ejemplo, los de litigios mercantiles), los honorarios de los abogados se rigen por lo anteriormente expuesto.

Por la redacción de documentos privados o públicos, los honorarios de los abogados se convienen según lo anteriormente expuesto.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Los abogados acuerdan con sus clientes el momento del pago de sus honorarios, que normalmente se realiza en varios plazos en las diversas fases del proceso.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

Se aplica el régimen de honorarios profesionales antes descrito.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Se aplica el régimen de honorarios profesionales antes descrito.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

El régimen de honorarios profesionales antes descrito se aplica también a los procesos contencioso-administrativos.

Fase de los procesos constitucionales en la que los litigantes deben pagar tasas judiciales

Se aplica el régimen de honorarios profesionales en los procesos civiles antes descrito.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

El código deontológico de los abogados les impone obligaciones concretas frente a sus clientes, cuyo incumplimiento constituye una falta disciplinaria. Entre esas obligaciones no figura ninguna referida a la remuneración.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Puede encontrarse información sobre los honorarios de los abogados en el Código de la Abogacía o recabarse de los colegios de abogados.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Grecia?

La información sobre las fuentes jurídicas de las costas se ofrece solo en griego.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?

Véase la información específica sobre la mediación en Grecia.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitios web disponibles con información sobre las costas

No existe ningún sitio web con dicha información.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

No existe ninguna información al respecto.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

No existe ninguna información al respecto.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se obtiene esta información?

Los honorarios de los abogados están sujetos al IVA. La información correspondiente puede recabarse del Departamento Fiscal del Ministerio de Finanzas y de los colegios de abogados.

¿Qué tipos tributarios se aplican?

23 %.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Conforme al artículo 194 del Código Procesal Civil, puede concederse asistencia jurídica gratuita a las personas que no puedan pagar las costas procesales sin perjuicio para el mantenimiento de la familia.

Puede concederse también a los extranjeros, bajo condición de reciprocidad, y a los apátridas.

Conforme a la Ley 3226/2004, en asuntos civiles se presta asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de rentas bajas (cuya renta familiar anual no es superior a 2/3 de la renta mínima anual establecida en el convenio colectivo general nacional).

La asistencia jurídica gratuita incluye las costas procesales, los honorarios de notarios y oficiales judiciales y la remuneración de los abogados (artículo 199 del Código Procesal Civil).

Umbral de ingresos aplicable a los acusados en los asuntos penales

El artículo 340 del Código Procesal Civil establece que, si el acusado no tiene abogado, se le asignará uno de la lista del colegio de abogados local.

Conforme a la Ley 3226/2004, en asuntos penales se presta asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de rentas bajas, como se indicó anteriormente.

Umbral de ingresos aplicable a las víctimas en los asuntos penales

La Directiva del Consejo 2004/80/CE, de 29 de abril 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos fue transpuesta al ordenamiento jurídico griego por la Ley 3811/2009.

Otras condiciones relativas a la concesión de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

La remuneración de abogados, notarios y oficiales de justicia que presten servicios en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita se regula mediante orden ministerial (artículo 14 de la Ley 3226/2004).

La asistencia jurídica gratuita penal incluye el nombramiento de abogado.

La asistencia jurídica gratuita civil incluye la exención de la totalidad o parte de las costas judiciales.

Otras condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a los acusados

Ninguna.

Procesos judiciales gratuitos

Ninguno.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Una vez dictada la resolución judicial, la parte perdedora debe pagar normalmente las costas de la parte ganadora, en la medida en que las partes hayan ganado o perdido. El tribunal debe ejecutar también esta parte de la resolución. Las costas se calculan conforme a las reglas anteriormente expuestas, teniendo especialmente en cuenta la reglamentación de los honorarios profesionales y las posibles tasas judiciales del proceso civil. Normalmente, la cantidad suele ser inferior a los costes reales.

Honorarios de los peritos

Los peritos fijan sus propios honorarios, que, previa solicitud, se incluyen en las costas que puede imponer el tribunal.

Honorarios de los traductores e intérpretes

Los traductores e intérpretes fijan sus propios honorarios, que, previa solicitud, se incluyen en las costas que puede imponer el tribunal.

Enlaces relacionados

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Informe de Grecia para el Estudio sobre la transparencia de las costasPDF(849 Kb)en

Última actualización: 25/06/2018

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - España

En esta página existe infomación disponible sobre el coste de los procedimientos en España.

Marco normativo que regula las tarifas de los profesionales de la justicia.

Abogados

En España solo existe una categoría de Abogado, que puede intervenir, tras su colegiación, en todo tipo de procesos y ante todo tipo de Tribunales.

Los Abogados fijan sus honorarios de acuerdo a unas normas “orientativas” publicadas por cada colegio profesional. Estas normas parten de unos criterios generales para la confección de las minutas tales como complejidad del asunto, proporcionalidad… y son seguidas por todos a la hora de expedir sus minutas.

Por otro lado las normas siempre distinguen entre el orden jurisdiccional en el que se desarrolle el pleito.

Costes fijos

Costes fijos en los procedimientos civiles

Costes fijos para litigantes en los procedimientos civiles

El artículo 241.1,1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge de manera expresa los honorarios de los letrados y de los procuradores para los supuestos en los que su intervención sea preceptiva como partida a ser incluida en la tasación de costas.

Establece la LEC que los abogados fijarán sus honorarios con sujeción a las normas reguladoras de su estatuto profesional.

Fase del procedimiento civil en el que hay que hacer frente a gastos fijos.

El cliente siempre está obligado al pago de los honorarios a su abogado y a la provisión de fondos a su procurador. Desde el inicio conoce la cuantía pero una vez terminado el pleito se conoce exactamente el montante de la minuta. El abogado y el procurador pueden reclamar al cliente, a través incluso de procedimientos privilegiados como la provisión de fondos (mientras dura el proceso) o la jura de cuentas (una vez finalizado).

En la práctica lo que suele ocurrir es que el cliente adelanta una cantidad al principio y después se espera a que exista pronunciamiento sobre la condena en costas. En el caso de que la otra parte deba abonar los honorarios, el Abogado y Procurador presentan sus minutas al juzgado, y una vez aprobadas son abonadas por la parte contraria.

Desde la Ley 10/2012 se ha impuesto la obligación de abono de una tasa judicial

¿Qué es una tasa judicial?

Es un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos las personas jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La posibilidad de exigir el pago de estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, regulándose actualmente por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Foreses. Esta Ley ha sido modificada en dos ocasiones; la primera por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero y la segunda, por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. La novedad más importante de esta segunda modificación fue la supresión de la tasa judicial para las personas físicas en todas las jurisdicciones e instacias, ya que desde la entrada en vigor de la Ley de 2012 se había exigido tambien a las personas físicas.

Casos en los que es obligatorio abonar esta tasa (Hecho Imponible)

El artículo 1 de la Ley 10/2012 establece que la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles

Y conforme al artículo 2, constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

  • La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.
  • La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
  • La interposición del recurso contencioso-administrativo.
  • La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
  • La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
  • La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
  • La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

¿Quién está obligado a pagar la tasa judicial?

El artículo 3 indica que es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.

El pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.

Casos de exenciones:

  • Exenciones objetivas:
    • La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
    • La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
    • La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
    • La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
    • La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
    • Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
    • Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
  • Exenciones subjetivas:
    • Las personas fisicas.
    • Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
    • El Ministerio Fiscal.
    • La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
    • Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Costes fijos en procesos criminales.

Costes fijos para los litigantes en los procesos criminales.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la material.

Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

Para ejercitar el derecho concedido, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren y, en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.

Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren.

Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las demás costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.

El procurador que, nombrado por los que fueren parte en una causa, haya aceptado su representación tendrá la obligación de pagar los honorarios a los Letrados de que se valiesen los clientes para su defensa.

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse de abogado y procurador de su elección; pero en este caso estarán obligados a abonarles sus honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Fase del proceso criminal en el que hay que hacer frente a los gastos fijos

El cliente siempre está obligado al pago de las minutas que se expiden una vez se finaliza el proceso. No hay adelanto previo de dinero cuando son de oficio porque se tramita normalmente la justicia gratuita a la vez.

Hay que tener en cuenta el uso más generalizado del abogado de oficio. Entonces, si al cliente se le reconoce el beneficio de justicia gratuita, no debe pagar la minuta y se hace cargo el Estado salvo que el cliente venga a mejor fortuna en el plazo de tres años (suele ocurrir que no paguen nunca)

Información que deben suministrar los representantes legales

Derechos y obligaciones de las partes

El Procurador al ser el representante de la parte tiene la obligación de informar al cliente de todas las actuaciones que se han llevado a cabo.

Tanto el abogado como el procurador tienen la obligación de informar al cliente siempre que sean requeridos para ello.

Costes

¿Dónde puedo encontrar información sobre los costes en España?

No existe una página específica donde encontrar información sobre los costes de lo procedimientos judiciales en España. No obstante, existen páginas Web, como las de los colegios de abogados, que ofrecen información sobre las tarifas de sus asociados.

¿En qué idiomas puedo obtener información sobre los costes en España?

La información suministrada suele estar en castellano. Es posible encontrar también información en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.

Además, algunas páginas, suministran cierta información en inglés.

Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?

El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación tiene carácter público e informativo y se constituye como una base de datos informatizada accesible gratuitamente a través del sitio web del Ministerio de Justicia, siendo su finalidad la de facilitar el acceso de los ciudadanos a este medio de solución de controversias a través de la publicidad de los mediadores profesionales y las instituciones de mediación.

Acceda a los buscadores:

http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

MEDIACIÓN:

Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

MEDIADOR:

Pueden ser mediadores las personas físicas que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.

Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona física que reúna los requisitos previstos en la Ley.

REQUISITOS PARA SER MEDIADOR:

El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.

El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

MEDIADOR CONCURSAL:

Es aquella persona física que, por reunir de forma concurrente los requisitos establecidos para ser mediador y los que la Ley Concursal exige en su artículo 27.1 para ser administrador concursal, puede ser designado como tal por Notarios o Registradores Mercantiles en los acuerdos extrajudiciales de pagos a que se refiere el Título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. También pueden ser mediadores concursales las personas jurídicas siempre que actúen en la mediación concursal mediante una persona física que reúna las anteriores condiciones.

INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN:

Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades.

La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni tendrá más intervención en la misma que la que prevé la Ley.

Impuesto sobre el Valor Añadido

¿Cómo se suministra esta información?

La Agencia Tributaria española ofrece esta información en su El enlace abre una nueva ventanapágina Web.

¿Cuales son las tarifas aplicables?

La Agencia Tributaria española ofrece esta información en su El enlace abre una nueva ventanapágina Web.

Asistencia Jurídica Gratuita

Qué es

En desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, etc.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, en líneas generales, las siguientes prestaciones:

Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.

Asistencia de Abogado al detenido o preso.

Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.

Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.

Exención del pago de depósitos para la interposición de recursos.

Asistencia pericial gratuita en el proceso.

Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.

Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.

Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.

A los anteriores derechos se han incorporado para los litigios transfronterizos y solamente para ellos (tras la reforma de la Ley de asistencia Jurídica Gratuita por medio de la Ley 16/2005, de 18 de julio, que la ha adaptado a la Directiva 2002/8/CE) los siguientes:

  1. Servicios de Interpretación.
  2. Traducción de Documentos.
  3. Gastos de desplazamiento si la comparecencia personal es necesaria.
  4. Defensa por abogado y representación por procurador aun cuando no fuere necesaria si el tribunal lo indica para garantizar la igualdad de las partes.

Quién puede solicitarlo

En general pueden solicitarlo aquellos ciudadanos que, estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, carezcan de recursos económicos suficientes para litigar.

Se considerará que existe insuficiencia económica cuando las personas físicas acrediten que los recursos e ingresos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de efectuar la solicitud.

Para acceder a este reconocimiento, las personas jurídicas deberán contar con una base imponible en el Impuesto de Sociedades inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.

En cualquiera de los casos, se tendrán en cuenta otros signos externos que manifiesten la real capacidad económica del solicitante.

Existen excepciones para las personas físicas en función de discapacidades y/u otras condiciones familiares que permiten superar los límites de ingresos anteriormente citados. (Actualmente, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésimo octava de la LPGE para 2009, durante el presente año 2009, el IPREM es de 7.381,33 euros anuales).

En concreto, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:

  1. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  2. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
  3. Las siguientes personas jurídicas, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:

Asociaciones de utilidad pública.

Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.

  1. En el orden jurisdiccional social: los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
  2. En el orden jurisdiccional penal: tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.
  3. En el orden contencioso - administrativo: los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjería, (incluida vía administrativa previa).

Información adicional

Requisitos para poder solicitar el beneficio de justicia gratuita

Personas físicas:

Que los recursos e ingresos económicos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar no superen el doble del IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud.

Que, aun superando el doble del IPREM, los recursos no excedan del cuádruplo del IPREM y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, atendiendo a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, minusvalía, obligaciones económicas, costes derivados de la iniciación del proceso u otras circunstancias y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, decida conceder excepcionalmente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Que se litigue en defensa de derechos e intereses propios.

Personas jurídicas:

Que se trate de Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o de Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.

Que su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen reconocida la asistencia letrada inmediata e integral, no sólo en todos los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos (incluidos por tanto las diligencias policiales) que tengan su causa fundamentada en la violencia de género, hasta la total ejecución de sentencia, sin necesidad de tramitar previamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Ello significa que el incidente de justicia gratuita no obstaculizará nunca al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, la cual ha de prestarse a la víctima con independencia de que la solicitud de gratuidad no haya sido promovida, aunque, eso sí, en el bien entendido de que esa gratuidad sólo se dará en el caso en el que, "a posteriori" y en el curso ya del procedimiento judicial, la interesada acredite que efectivamente concurren los presupuestos que para el reconocimiento del derecho a la misma exige la normativa general que es la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, modificada aquella en tal sentido por la Disposición Final Sexta de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

¿Cuando tiene que hacer frente la parte perdedora a las costas del procedimiento?

En material civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil trata de la condena en costas en los artículos 394 a 398.

En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

Cuando se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.

Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.

Costes de los expertos

Los expertos que intervienen en el proceso se denominan peritos. Existe un Registro de Peritos Judiciales en cada Tribunal Superior de Justicia.

El artículo 241.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge como concepto específico a incluir en la tasación de costas los “derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso”. Se refiere a los gastos ocasionados por las personas que, no siendo parte en el proceso, tengan algún gasto por acudir a él para prestar un servicio.

El Artículo 243 de la LEC establece que en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.

El Secretario Judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite de la tercera parte de la cuantía del proceso y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.

Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal.

Tarifas de los intérpretes y traductores

Los existe una tarifa oficial aplicable a las traducciones e interpretaciones juradas. Los intérpretes jurados fijarán libremente los honorarios que deban percibir por sus traducciones, pero estarán obligados a comunicar a la oficina de interpretación de lenguas y a la correspondiente subdelegación del Gobierno las tarifas que apliquen. Dicha comunicación deberá hacerse en el mes de enero de cada año.

Enlaces relacionados

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Informe de España sobre el Estudio sobre Transparencia de CostesPDF(640 Kb)en

Última actualización: 07/06/2019

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Nota: la versión original de esta página francés se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Costas procesales - Francia

Esta sección ofrece una visión de conjunto de las costas procesales en Francia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Las tarifas están integradas por unos derechos fijos y unos derechos variables (a menudo en porcentaje de la cuantía del litigio).

Hay que distinguir entre:

  • los auxiliares de la justicia (abogados, administradores judiciales), cuya remuneración está sujeta a tarifa sólo en parte. En la mayoría de los casos, los honorarios se acuerdan libremente con el cliente;
  • los funcionarios públicos, cuya remuneración está sujeta a tarifa en el marco de la potestad reglamentaria del Gobierno.

Procuradores

El Decreto nº 80-608 de 30 de julio de 1980 fija la tarifa de los procuradores ante los Tribunales de apelación.

La tarifa por representación judicial de los abogados que representan a los acusados en primera instancia está fijada reglamentariamente (Decretos nº 72-784 de 25 de agosto de 1972 y nº 75-785 de 21 de agosto de 1975).

Oficiales de justicia

La tarifa de los oficiales de justicia para las citaciones y notificaciones de demandas y resoluciones judiciales se establece en el Decreto nº 96-1080 de 12 de diciembre de 1996.


Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

En materia civil, existen gastos jurídicamente indispensables para el desarrollo del proceso cuyo importe está sujeto a tarifa, ya sea por vía reglamentaria, ya sea por resolución judicial. Estos gastos se denominan costas.

Comprenden:

  1. los derechos, tasas, cánones o emolumentos percibidos por las secretarías de los órganos jurisdiccionales o por la administración tributaria. Son derechos y tasas raros, pues la Ley nº 77-1468 de 30 de diciembre de 1977 establece el principio de gratuidad de los actos judiciales ente los órganos jurisdiccionales civiles y administrativos;
  2. los gastos de traducción de los documentos, cuando sea necesario con arreglo a la ley o a un compromiso internacional;
  3. las indemnizaciones a los testigos;
  4. la remuneración de los peritos;
  5. los gastos sujetos a tarifa (tarifa de los oficiales de justicia, procuradores, abogados);
  6. los emolumentos de los funcionarios públicos;
  7. la remuneración de los abogados en la medida en que esté reglamentada, incluidas las costas por defensa;
  8. los gastos ocasionados por la notificación de un documento en el extranjero;
  9. los gastos de interpretación y traducción generados por las medidas de instrucción ejecutadas en el extranjero a petición de los órganos jurisdiccionales, en el marco del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil;
  10. las investigaciones sociales ordenadas en materia familiar y en el marco de la protección jurídica de las personas mayores y menores de edad;
  11. la remuneración de la persona designada por el juez para escuchar al menor.

Fase del proceso civil en que deben pagarse tasas judiciales

Las costas procesales, en la jurisdicción civil, comprenden todos los importes desembolsados o debidos por las partes antes o durante la instancia.

Por ejemplo, antes de la apertura del proceso, se incluyen en este concepto los gastos de consulta a profesionales de la abogacía y a técnicos y los gastos de desplazamiento.

Durante la instancia, puede tratarse de los gastos procesales pagados a los letrados y a los funcionarios ministeriales, los derechos percibidos por el Estado y los honorarios de asesoramiento.

Tras el proceso, puede tratarse de los gastos de ejecución de la sentencia.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

El procedimiento francés actual no contempla el recurso individual al Consejo Constitucional, por lo que no procede responder a esta pregunta.


Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Uno de los principios deontológicos de los letrados es el de dar información pertinente a sus clientes sobre sus derechos y obligaciones.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Francia?

En las páginas del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia y de las El enlace abre una nueva ventanadistintas profesiones.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Francia?

La información está disponible en francés.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

No existe ninguna página de Internet que publique las costas de los procesos.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información? ¿Qué tipos tributarios se aplican?

Las tarifas se dan sin impuestos. El tipo de IVA aplicable es siempre el 19,6 %, excepto para las prestaciones concedidas a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita (5,5 %).

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Para la concesión de la asistencia jurídica gratuita no se hacen distinciones en función de las materias, civil o penal, ni la naturaleza del asunto. Para conceder o denegar la ayuda, únicamente se tienen en cuenta los recursos del solicitante.

Así, todas las personas físicas de nacionalidad francesa o nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, así como las personas jurídicas sin fines lucrativos, que deseen hacer valer sus derechos ante la justicia y no tengan suficientes recursos pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita.

Del mismo modo, las personas de nacionalidad extranjera que residan habitual y regularmente en Francia pueden beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita en materia civil. Esta condición de residencia no se exige, sin embargo, en materia penal. Tampoco es oponible a los menores, cualquiera que sea el procedimiento de que sean objeto (civil, administrativo o penal).

 

Se tiene en cuenta la media mensual de recursos del último año civil del solicitante, así como, en su caso, los recursos de las personas que vivan habitualmente en su hogar. En este último caso, los límites máximos de admisión a la asistencia jurídica gratuita se elevan aplicando correctivos por cargas familiares.

No obstante, las personas beneficiarias de determinados mínimos sociales (subsidio complementario del Fondo Nacional de Solidaridad, renta mínima de inserción) están exentas de justificar la insuficiencia de recursos.

Por otra parte, no se contabilizan entre los recursos los distintos subsidios de carácter social (prestaciones familiares, prestaciones sociales, subsidio de vivienda).

La asistencia jurídica gratuita puede ser íntegra o parcial, dependiendo de los recursos. Los límites máximos de recursos se actualizan cada año en la Ley de presupuestos. Para 2009, la media mensual de ingresos percibidos en 2008, para una persona sola, debe:

  • ser inferior o igual a 911 euros para disfrutar de la asistencia jurídica gratuita íntegra,
  • estar comprendida entre 912 y 1 367 euros para la asistencia jurídica gratuita parcial.

Estos límites máximos se incrementan en 164 euros por cada una de las dos primeras personas a cargo que vivan en el domicilio del solicitante (niños, cónyuge, pareja, pareja registrada (pacte civil de solidaricé), ascendiente, etc.) y en 104 euros a partir de la tercera persona a cargo.

Otras condiciones aplicables para obtener la asistencia jurídica gratuita como víctima

En principio, no se tiene en cuenta la calidad de víctima o acusado de la parte en el proceso. No hay diferencia de trato entre las víctimas, los acusados, los demandantes o los demandados para conceder o denegar la asistencia jurídica gratuita.

No obstante, la Ley de orientación y programación de la justicia, de 9 de septiembre de 2002, ha mejorado las condiciones de acceso a la justicia de las víctimas de los delitos más graves en materia de atentados intencionados contra la vida o la integridad de la persona (delitos previstos y reprimidos por los artículos 221-1 a 221-5, 222-1 a 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1º y 2º), 222,23 a 222-26, 421-1 (1°) y 421-3 (1° a 4°) del Código penal), así como de sus derechohabientes con vistas a ejercer la acción civil de reparación de los perjuicios resultantes de los atentados a la persona, dispensándoles de justificar sus recursos para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita. Esta disposición se aplica, en particular, a las víctimas de violación y de actos de violencia habituales contra menores de 15 años o personas especialmente vulnerables, que hayan provocado la muerte o una minusvalía permanente.

Por otra parte, de forma excepcional puede ignorarse la condición relativa a los recursos, cualquiera que sea la calidad del solicitante de la asistencia gratuita en el proceso (demandante/defensor, víctima/acusado), cuando su situación parezca especialmente digna de interés habida cuenta del objeto del litigio o de las cargas previsibles del proceso.

Esta disposición puede aplicarse, en particular, a la víctima de una infracción penal debido a las circunstancias en las que se haya cometido ésta.

Otras condiciones aplicables para obtener la asistencia jurídica gratuita como acusado

En principio, las condiciones para la obtención de la asistencia jurídica gratuita por parte de los demandados no se rigen por ninguna condición particular. No obstante, cuando se interpone un recurso (de apelación, de oposición, de casación), la situación del recurrido se mejora cuando se beneficiaba ya de la asistencia jurídica gratuita. En efecto, conserva de pleno derecho tal beneficio para defenderse.

No obstante, conviene recordar la norma general, aplicable tanto al demandante como al demandado, según la cual la asistencia jurídica gratuita no se concede cuando los gastos estén cubiertos por un contrato de seguro de defensa jurídica o sistema de protección equivalente.


Gratuidad de las tasas judiciales

Ante el juzgado de proximidad y el juzgado de primera instancia e instrucción, las partes no están obligadas a nombrar abogado. Asimismo, cuando la cuantía sea inferior a 4 000 euros, se puede acudir a dichos órganos jurisdiccionales con un procedimiento simplificado que dispensa de recurrir a los servicios de un oficial de justicia.

No se requiere abogado, a simple solicitud, para presentar demandas de revisión de las medidas sobre ejercicio de la patria potestad, así como demandas en materia de adopción, si el hijo ha sido adoptado antes de los 15 años de edad, demandas relativas a medidas posteriores al divorcio y demandas relativas a la obligación de alimentos.

Como sucede en todos los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales civiles, no hay que pagar tasas judiciales.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

En materia civil, toda resolución o sentencia que ponga fin a una instancia debe resolver sobre las costas en que se haya incurrido en el procedimiento.

En principio, las costas (gastos sujetos a tarifa: véase antes) corren a cargo de la parte perdedora. No obstante, el juez puede, mediante resolución motivada, imponer parte o la totalidad de las mismas a la otra parte.

Cualquiera de las partes puede solicitar asimismo que se impongan a la parte contraria la totalidad o parte de los gastos en que haya incurrido y que no estén incluidos en las costas. Se trata, por ejemplo, de los honorarios del abogado no sujetos a tarifa, los gastos de los oficiales de justicia y los gastos de desplazamiento. En este caso, el juez puede condenar a la parte condenada en costas a pagar a la otra parte el importe que determine en concepto de gastos incurridos y no incluidos en las costas. Para ello tendrá en cuenta la equidad o su situación económica. Por razones basadas en las mismas consideraciones, puede resolver, incluso de oficio, que no ha lugar a dicha condena.

Derechos de los peritos

En materia civil, la remuneración de los peritos designados por el juez se fija mediante resolución judicial.

Cuando el juez confía una misión a un perito, fija la provisión que debe hacerse con cargo a su remuneración. Dicha provisión debe ser lo más próxima posible a la remuneración definitiva previsible. Asimismo, determina la parte o partes que han de consignar dicha provisión en la secretaría.

Una vez presentado el informe del perito, el juez fija la remuneración de éste teniendo en cuenta, en particular, las diligencias realizadas, el cumplimiento de los plazos prescritos y la calidad del trabajo. En consecuencia, le autoriza a reclamar hasta el importe de la provisión consignada en la secretaría y, si procede, ordena el pago de cantidades complementarias, indicando por cuenta de qué parte o partes corren.

En la resolución o sentencia que pone fin a la instancia se decide asimismo a cargo de qué parte va la remuneración del perito. En principio, recae en la parte perdedora, a menos que el juez, mediante resolución motivada, imponga la totalidad o una parte de la misma a la otra parte.

En cambio, los honorarios de los peritos no designados por el juez son libremente acordados entre éstos y el cliente. No están incluidos en las costas. Cualquiera de las partes puede solicitar al juez que condene a la parte perdedora o, en su defecto, a la parte condenada en costas a que le pague una suma por los honorarios así soportados. El juez resuelve teniendo en cuenta la equidad o la situación económica de la parte condenada.


Honorarios de intérpretes y traductores

Estos gastos corren a cargo de la parte perdedora, a menos que el juez, mediante resolución motivada, imponga la totalidad o una parte de los mismos a la otra parte.

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Informe de Francia para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(1312 Kb)en

Última actualización: 07/06/2019

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Costas procesales - Chipre

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Los profesionales del Derecho no se dividen en varias categorías en la Republica de Chipre (es decir, en asesores jurídicos, letrados, abogados, etc.). Todos los inscritos en el Colegio de Abogados tienen los mismos derechos a actuar ante los órganos jurisdiccionales nacionales y a ejercer el Derecho en general. Tal norma se aplica independientemente del título que, en su caso, se haya obtenido en el extranjero (por ejemplo, solicitor o barrister). El término utilizado para aludir a todos los profesionales del Derecho es el de «advocate» (abogado).

Abogados (Δικηγόροι)

La retribución de los servicios jurídicos se establece con arreglo a un baremo aprobado por el Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο).

En cuanto a los servicios extrajudiciales, existen baremos en los que se establecen los honorarios mínimos de los letrados.

En ambos casos, el abogado puede convenir una retribución superior con el cliente.

En el caso de los juicios, tal retribución debe declararse oficialmente.

Existen dos categorías de oficiales de justicia en Chipre:

  1. los oficiales de justicia del sector privado, que se encargan de la notificación o traslado de documentos judiciales;
  2. los oficiales de juzgado, que son funcionarios encargados de llevar a cabo los procedimientos de ejecución de las sentencias (p. ej., órdenes de embargo y venta de bienes muebles).

Los honorarios de los oficiales de justicia del sector privado se calculan en función de la distancia a cada dirección en la que deban prestar servicio.

Los oficiales de juzgado son funcionarios y cobran un sueldo mensual. Los litigantes que solicitan la adopción de medidas de ejecución pagan el impuesto de actos jurídicos documentados en la cuantía establecida en las normas de procedimiento, que depende del tipo de medida de ejecución, y del importe que pretendan cobrar.

Tasas judiciales

Tasas judiciales para los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en procesos civiles

Las tasas judiciales dependen del tipo de demanda o procedimiento, y se abonan a la presentación de la misma. No existe un importe específico fijado para las costas procesales; dependen de cómo se desarrolle el asunto y se calculan aplicando los baremos aprobados.

Fase de los procesos civiles en la que deben abonarse las tasas judiciales

Las tasas judiciales iniciales se abonan a la presentación de la demanda.

Tasas judiciales en procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en procesos penales

Si el acusado es condenado, puede que se le imponga el pago de las costas procesales. Como norma general, no se hace así en los casos en que se dicta una pena de privación de libertad, en cuyo caso las costas corren a cargo del Estado, así como en aquellos en los que se declara la absolución del acusado.

Fase de los procesos penales en la que deben abonarse las tasas judiciales

Las costas procesales, de las que se detraen las tasas iniciales abonadas en forma del impuesto sobre actos jurídicos documentados, se abonan a la conclusión del proceso.

Tasas judiciales en procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en procesos constitucionales

Las costas se calculan según el baremo aprobado.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben abonarse las tasas judiciales

Las costas se abonan a la conclusión del proceso, a excepción de las tasas judiciales, que se pagan a la presentación del recurso.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Las obligaciones de los abogados en relación con sus clientes están recogidas en el Código de conducta de la abogacía de 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Boletín Oficial de la República, Anexo C(1) nº. 237 de 17.5.2002 (Reglamento 237/2002).

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Chipre?

Las fuentes jurídicas de las costas más importantes figuran en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo.

La información se facilita en griego.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas:

Sitio web del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Las estadísticas sobre la labor efectuada por los órganos jurisdiccionales de la República de Chipre pueden consultarse en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaTribunal Supremo en griego y en El enlace abre una nueva ventanainglés.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo puedo obtener la información pertinente?

Los honorarios de los abogados están sujetos a IVA del 15 %, siempre que el abogado que preste los servicios se encuentre registrado para el pago del impuesto.

¿Qué tipo se aplica?

El tipo del IVA es el 15 %.

Asistencia jurídica gratuita

Límite de renta aplicable en procesos civiles

No se presta asistencia jurídica gratuita en los procesos civiles.

Límite de renta aplicable en los procesos penales para los acusados

A los acusados en los procesos penales les asiste el derecho a asistencia jurídica gratuita si sus ingresos son insuficientes para pagar los servicios de un abogado y el tribunal considera que la ayuda sirve los intereses de la justicia. No hay fijado ningún límite de ingresos predefinido. El tribunal examina la solicitud con arreglo a las pruebas disponibles, incluido un informe elaborado por el Departamento de Servicios de Bienestar Social (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) sobre los ingresos y las necesidades del acusado.

Límite de renta aplicable en los procesos penales para las víctimas

Como norma general, los procesos penales no son iniciados por la víctima, sino por el Estado, que sufraga las costas correspondientes. Por tanto, no existe disposición alguna sobre la prestación de asistencia jurídica gratuita a las víctimas.

Otras condiciones previas para la asistencia jurídica a las víctimas

Como norma general, los procesos penales no son iniciados por la víctima, sino por el Estado, que sufraga las costas correspondientes. Por tanto, no existe disposición alguna sobre la prestación de asistencia jurídica gratuita a las víctimas.

Otras condiciones previas para la asistencia jurídica a los acusados

De conformidad con la legislación aplicable, el delito que se imputa al acusado ha de estar castigado con una pena de privación de libertad de una duración mínima de 12 meses para que aquel tenga derecho a la asistencia jurídica. No obstante, la disposición en cuestión se ha considerado inconstitucional y, como consecuencia, debe suponerse que la prestación de asistencia jurídica gratuita existe en todos los casos.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Como norma general, la parte perdedora paga las costas de la otra parte, aunque esta cuestión queda a la discreción del tribunal, que puede ordenar lo contrario.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaTasas judiciales y costas procesales

El enlace abre una nueva ventanaDatos estadísticos (griego)

El enlace abre una nueva ventanaDatos estadísticos (inglés)

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Informe de Chipre para el estudio de la transparencia de las costasPDF(555 Kb)en

Última actualización: 23/07/2019

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Costas procesales - Letonia

Esta página ofrece información sobre las costas procesales en Letonia.

Marco normativo por el que se regulan los honorarios de los profesionales de la Justicia

1. Agentes judiciales

Los honorarios por los servicios prestados por los agentes judiciales (zvērināti tiesu izpildītāji) se establecen con arreglo a las El enlace abre una nueva ventanatarifas legales. Los honorarios que no se ajusten a estas tarifas están prohibidos.

2. Abogados

En Letonia, los servicios prestados por los abogados(zvērināti advokāti) no están sujetos a tarifas fijas, salvo la asistencia jurídica gratuita prestada por el Estado. Los abogados acuerdan sus honorarios con los clientes.

En virtud del artículo 57 de la El enlace abre una nueva ventanaLey de la abogacía (Advokatūras likums), los abogados deben alcanzar un acuerdo escrito con sus clientes que especifique que el abogado actuará en representación del cliente y fije los honorarios correspondientes.

En caso de conflicto y a falta del acuerdo escrito, la cantidad a cobrar en concepto de honorarios de abogado puede fijarse en el doble de lo especificado en la normativa sobre el pago de asistencia jurídica gratuita, y los demás gastos pueden fijarse dentro de los límites establecidos en esta normativa.

El artículo 12 de la El enlace abre una nueva ventanaLey de la abogacía establece que el Estado abonará los honorarios de los abogados y otros gastos conexos en los casos previstos en la ley.  La normativa que regula la asistencia jurídica gratuita [El enlace abre una nueva ventanaLey sobre la asistencia jurídica gratuita (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) y El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal) (Kriminālprocesa likums)]  establece las circunstancias en las que podrá concederse asistencia jurídica en los asuntos civiles, administrativos y penales, asistencia que será sufragada por el Estado.

Los costes y gastos de las personas que prestan la asistencia jurídica gratuita corren a cargo del Estado en virtud delEl enlace abre una nueva ventana Reglamento del Consejo de Ministros nº 1493, de 22 de diciembre de 2009, por el que se establecen normas sobre el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica gratuita, el importe de los gastos relacionados con el pago, y el procedimiento para su pago. El Reglamento establece unos honorarios fijos (importe global o tarifa horaria) que el Estado pagará a los profesionales jurídicos dependiendo del procedimiento establecido.  Véanse también las respuestas a las preguntas que figuran a continuación.

Costes fijos

Costes fijos del procedimiento civil

Costes fijos para los litigantes en los procedimientos civiles

Los costes fijos para los litigantes incluyen las tasas judiciales, la tasa de Cancillería y los costes derivados de la tramitación del asunto.

Fase del procedimiento civil en que deben pagarse los costes fijos

Las demandas ante los tribunales deben ir acompañadas de documentos justificativos de que el pago de las tasas judiciales y demás costes judiciales se ha realizado conforme a los procedimientos previstos en la ley.

La tasa por la tramitación del asunto (tasa judicial) y la tasa de la Cancillería deben pagarse al Tesoro como sigue:

  • Beneficiario: Tesoro del Estado (Valsts kase)
  • Número de identificación fiscal del beneficiario: 90000050138
  • Número de cuenta del beneficiario: LV55TREL1060190911200
  • Banco del beneficiario: Tesoro del Estado (Valsts kase)
  • Código de identificación bancario: TRELLV22
  • Mensaje: indicar aquí los datos de identificación del asunto.

Las tasas judiciales deben pagarse antes de la tramitación del asunto.

Las cantidades que deben pagarse a los testigos y peritos (por el examen de testigos o las inspecciones in situ), los costes de notificación de las citaciones judiciales, de publicación de anuncios en la prensa y de obtención de garantías por los créditos, deben ser sufragados por la parte que presenta la demanda antes de que se examine del asunto.

La parte que presenta la demanda tiene que pagar los siguientes costes antes del examen del asunto:

  • cantidades pagaderas a testigos y peritos;
  • gastos derivados del interrogatorio de testigos o de las inspecciones in situ;
  • gastos de expedición y notificación de citaciones judiciales;
  • gastos de localización de la parte demandada;
  • gastos de publicación de anuncios en periódicos;
  • gastos efectuados en relación con garantías de créditos.

Los pagos correspondientes a la sustanciación del asunto ante un órgano jurisdiccional municipal o de distrito [rajona (pilsētas) tiesa] o ante un tribunal regional (Apgabaltiesa) deben abonarse en la cuenta de la Administración judicial:

  • Beneficiario: Oficina Judicial (Tiesu administrācija)
  • Número de cuenta del beneficiario: LV51TREL2190458019000
  • Número de identificación fiscal del beneficiario: 90001672316
  • Banco del beneficiario: Tesoro Público (Valsts kase)
  • Código de identificación bancario: TRELLV22
  • Otros datos de pago: 21499 (código que indica la categoría de pago) y otros datos necesarios para identificar el asunto, como el número de asunto, el nombre del demandado y la indicación de si es una persona física o jurídica.

Costes fijos del procedimiento penal

Los costes fijos para las partes del procedimiento penal

En el procedimiento penal, los demandados no pagan tasas judiciales. La El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal (Kriminālprocesa likums) no establece tasas en el procedimiento penal. El apartado 8 de las disposiciones transitorias de esta Ley precisa que las demandas civiles asociadas a un proceso penal antes de la entrada en vigor de la Ley deben tramitarse como reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. En los casos en que el demandante civil no es la víctima, y en aquellos en que el demandado civil no es el acusado, la demanda civil debe tramitarse conforme a la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento civil (Civilprocesa likums). Transcurrido un mes desde la entrada en vigor de la Ley, el funcionario que incoa el procedimiento (procesa virzītājs) ha de informar a las partes al respecto.

Fase del procedimiento penal en que deben pagarse los costes fijos

Véase la respuesta a la pregunta sobre los costes fijos para las partes en el procedimiento penal.

Costes fijos del procedimiento constitucional

Costes fijos de los litigantes en el procedimiento constitucional

No hay tasas judiciales en ninguna fase del procedimiento constitucional.

Fase del procedimiento constitucional en la que deben pagarse los costes fijos

No hay tasas judiciales en ninguna fase del procedimiento constitucional.

Información previa que deben aportar los representantes legales

Derechos y obligaciones de las partes

Con arreglo al apartado 2.2 del  El enlace abre una nueva ventanaCódigo deontológico de los abogados letones (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss), los abogados deben dar su opinión sobre el asunto de forma profesional y abierta y prestar la asistencia jurídica adecuada. Por otra parte, el apartado 3.1 del Código establece que los abogados no deben aceptar casos en los que no sean competentes o en los que no puedan cumplir debidamente sus obligaciones. Por lo tanto, antes de aceptar un caso, deben conocer las circunstancias del mismo y dar su opinión al respecto. La El enlace abre una nueva ventanaLey de la abogacía también impone determinadas obligaciones a los abogados. Por ejemplo, deben utilizar todos los medios y métodos previstos en la ley para defender o representar los derechos e intereses legítimos de la persona que ha solicitado la asistencia jurídica.

Información sobre los costes judiciales

¿Dónde puedo obtener información sobre los costes judiciales en Letonia?

Puede encontrar información sobre los costes judiciales en las leyes y los reglamentos del Consejo de Ministros, en Internet y en los folletos informativos de los tribunales.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre los costes judiciales en Letonia?

La información sobre los costes judiciales que hay que pagar en el momento de la presentación de la demanda (sin indicación de los importes específicos) está disponible en todas las lenguas de la UE en el sitio web El enlace abre una nueva ventanaRed Judicial Europea en materia civil y mercantil (véase la sección «¿Cómo acudir a los tribunales?»).

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

La información sobre la mediación puede consultarse en el sitio web El enlace abre una nueva ventanaMediācija.lv.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre los costes judiciales?

Sitio web con información sobre los costes

La información sobre los costes judiciales está disponible en el El enlace abre una nueva ventanaPortal de los tribunales letones.

Existe también el sitio web oficial del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia. Este sitio permite acceder a información sobre los tribunales, los procedimientos judiciales, las sentencias de los tribunales administrativos y de otro tipo, y demás datos conexos.

¿Dónde puedo obtener información sobre la duración media de los diferentes procedimientos?

La información sobre la duración de los procedimientos se encuentra en los informes estadísticos sobre la actividad de los tribunales que figura en el sitio web El enlace abre una nueva ventanaSistema de información de los tribunales(Tiesu informācijas sistēma).

¿Dónde puedo encontrar información sobre el coste total medio de un procedimiento concreto?

No se dispone de datos sobre el coste total medio de un procedimiento concreto.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Dónde obtener información al respecto?

Las tasas estatales y las tasas judiciales están exentas del IVA.

¿Qué tipos se aplican?

Las tasas estatales y las tasas judiciales están exentas del IVA

Asistencia jurídica gratuita

Límite de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Con arreglo a la El enlace abre una nueva ventanaLey sobre la asistencia jurídica gratuita del Estado (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums), el Estado concede la asistencia jurídica a las personas que:

  • han sido reconocidas como personas pobres o en dificultades materiales según los  procedimientos pertinentes establecidos en la ley;
  • de repente se encuentran en situaciones y circunstancias materiales que les impiden defender sus derechos (por ejemplo, debido a catástrofes, casos de fuerza mayor u otras circunstancias que escapan a su control);
  • están totalmente a cargo del Estado o de las autoridades locales.

En los casos en que, debido a su especial situación, circunstancias materiales o nivel de ingresos, las personas  no son capaces de asegurar su propia defensa jurídica, la asistencia jurídica gratuita también se concede a las personas que:

  • tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita de la República de Letonia en virtud de las obligaciones internacionales de Letonia;
  • en el caso de litigios transfronterizos, tienen su domicilio o su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea.

La asistencia jurídica gratuita del Estado también se concede en los casos administrativos (recursos contra decisiones en materia de asilo, decisiones sobre órdenes de repatriación impugnadas y decisiones sobre la revisión de órdenes de expulsión obligatoria).

Las solicitudes de justicia gratuita son examinadas por la El enlace abre una nueva ventanaOficina de Asistencia Jurídica  Gratuita (Juridiskās palīdzības administrācija), que toma las decisiones de concesión o denegación de la asistencia jurídica gratuita y las notifica al interesado.

Límite de ingresos aplicable a los demandados en los asuntos penales

Con arreglo a los artículos 17 a 19 de la El enlace abre una nueva ventanaLey sobre la asistencia jurídica gratuita del Estado, las personas que disfrutan del derecho de defensa en los procesos penales pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita en cualquier momento antes de que la resolución judicial firme surta efecto. En los procedimientos penales, la asistencia jurídica gratuita prevé la consulta, la asistencia para redactar los documentos procesales y la representación previa al juicio y durante el proceso. En determinadas circunstancias previstas en la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal, el Estado nombra a un abogado para actuar en nombre de la parte demandada.

De conformidad con el artículo 20 de la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal, cualquier persona sospechosa o acusada de cometer un delito tiene derecho a defenderse, es decir, derecho a saber de qué delito es sospechosa o está acusada, y derecho a elegir la forma en que se llevará a cabo su defensa. Tales personas pueden ejercer este derecho en su propio nombre, o mediante la designación de una persona de su elección que actuará en su nombre. La persona que actúe por ellas puede ser un abogado. La ley especifica ciertos casos en que la representación por letrado es obligatoria. Si el acusado no tiene medios suficientes para contratar a un abogado y no llega a un acuerdo con el abogado dispuesto a actuar en el caso, el Estado garantiza su representación emitiendo una orden de pago de los gastos de defensa con cargo a fondos estatales y determina en qué proporción, en su caso, esta suma será pagada por el acusado.

De conformidad con el artículo 80 de la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal, el acusado u otra persona en su nombre pueden llegar a un acuerdo con el abogado. El funcionario que inicie el procedimiento (procesa virzītājs) no puede entrar en este tipo de acuerdos ni designar a ningún abogado concreto, sino que debe facilitar al acusado la información necesaria y la posibilidad de ponerse en contacto con un abogado. Si el acusado no llega a un acuerdo en un caso en que la representación por letrado es obligatoria , o en otros casos en que el acusado desee estar representado, el funcionario que inicia el procedimiento pedirá al decano de los abogados que proponga un abogado defensor. En el plazo de tres días laborables a partir de la recepción de la solicitud del funcionario que inició el procedimiento, el decano de los abogados debe comunicar a dicho funcionario el nombre del abogado que ejercerá de defensor.

El artículo 81 de la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal, que regula determinadas fases especiales del proceso, dispone que, a falta de acuerdo sobre la defensa, o si el abogado designado no puede asistir a las diversas fases del proceso, el funcionario que inició el procedimiento debe designar a un abogado, que ejercerá como defensor en cada fase (diligencias de instrucción que conciernan al acusado), del elenco de letrados de guardia elaborado por el decano de los abogados para el ámbito de competencia del tribunal.

Además, en virtud del artículo 84, apartado 2, de la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal, cuando la persona no llega a ningún acuerdo sobre su defensa, el importe y la forma de pago de los honorarios y gastos por los servicios del letrado que preste la asistencia jurídica los fijará el Consejo de Ministros (véase el El enlace abre una nueva ventanaReglamento nº 1493 del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2009, que regula el alcance de la justicia gratuita, el importe de los honorarios y los gastos conexos, así como el procedimiento de pago ).

Límite de ingresos aplicable a las víctimas en el ámbito penal

En el procedimiento penal, las víctimas pueden recibir asistencia jurídica gratuita, es decir, representación por un letrado que se designará conforme al procedimiento regulado en la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal, en los casos previstos en esta.

Por otra parte, el artículo 104, apartado 5, de la El enlace abre una nueva ventanaLey de enjuiciamiento criminal dispone que el funcionario que inicia el procedimiento penal puede designar a un letrado para representar a un menor en los casos siguientes:

  • cuando la protección de los derechos e intereses del menor se vea dificultada o no esté garantizada;
  • si se presenta una petición fundada por un familiar del menor (madre, padre o tutor, abuelo, hermano o hermana adultos) con el que vive el menor y que cuida de él, o por un representante de una institución de protección de los derechos de los menores, o por un representante de una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos de los menores.

En circunstancias excepcionales, si en el marco de un proceso penal no fuera posible garantizar de otro modo la protección de los derechos e intereses de una víctima en estado de pobreza o dificultades materiales, el funcionario que inicia el procedimiento puede designar a un letrado para representar a esta persona. En tales casos, los honorarios de los abogados y su forma de pago los decide el Consejo de Ministros (véase el El enlace abre una nueva ventanaReglamento nº 1493 del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2009, que regula el alcance de la justicia gratuita, el importe de los honorarios y los gastos conexos, así como el procedimiento de pago).

Por lo tanto, el Estado concederá la asistencia jurídica gratuita a las personas reconocidas como víctimas (asistencia para preparar los documentos del procedimiento, representación antes del juicio y durante el proceso).

Otras condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

Véase la información anterior sobre el límite de ingresos aplicable a las víctimas en el ámbito penal.

Otras condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

Véase la información anterior sobre el límite de ingresos aplicable al demandado en el ámbito penal.

Gratuidad del procedimiento judicial

Las siguientes personas están exentas del pago de los costes judiciales al Estado:

  • los demandantes que sean empleados que reclamen el cobro de remuneraciones laborales y otras reclamaciones derivadas de relaciones laborales legales o relacionadas con estas;
  • los demandantes que interpongan una demanda relativa a un contrato de ejecución de un trabajo, si el demandante es una persona que está cumpliendo una pena de privación de libertad;
  • los demandantes que interpongan demandas por lesiones corporales que hayan causado mutilación u otros daños para la salud, o la muerte;
  • los demandantes que interpongan demandas para el cobro de deudas de alimentos para un menor o un ascendiente, y demandas de paternidad que se interpongan junto con la demanda de cobro de alimentos para un menor.
  • los demandantes en asuntos relativos al reconocimiento o al reconocimiento y la ejecución de una resolución extranjera sobre el cobro de deudas de alimentos en favor de un menor o un ascendiente;
  • los demandantes que interpongan demandas de indemnización por daños materiales y morales causados por infracciones penales;
  • los fiscales, las autoridades estatales o locales, y las personas que tienen derecho a defender ante los tribunales los derechos e intereses legalmente protegidos de otras personas;
  • los demandantes en asuntos relativos a decisiones por las que se declara que una persona carece de capacidad jurídica o se designa a un tutor;
  • los demandantes en asuntos relativos al nombramiento del tutor de una persona debido a un estilo de vida disoluto o al consumo excesivo de alcohol o drogas;
  • los demandados en los asuntos relativos a la reducción de la pensión de alimentos reconocida por un tribunal a un menor o un ascendiente, y a la reducción de la pensión concedida por un tribunal como consecuencia de una demanda por lesiones corporales que hayan causado mutilación u otros daños a la salud, o la muerte;
  • los demandantes en el caso de menores trasladados ilegalmente a través de una frontera o detenidos;
  • los administradores, en las demandas interpuestas en favor de personas físicas o jurídicas declaradas insolventes, y los administradores que presenten demandas para declarar la insolvencia de personas jurídicas en las circunstancias a que se refiere el apartado 3 del El enlace abre una nueva ventanaartículo 51 de la Ley de insolvencia (Maksātnespējas likums);
  • los acreedores demandantes, en casos de ejecución de pagos por ingresos estatales;
  • los acreedores demandantes, en casos de ejecución en los que el cobro ha de realizarse en virtud de un documento único que permite ejecutar la deuda en el Estado miembro requerido;
  • los servicios fiscales y de impuestos especiales, en las demandas de declaración de insolvencia de una persona jurídica;
  • la Oficina de asuntos de migración y nacionalidad (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), en casos de privación de la nacionalidad letona;
  • el Organismo estatal de la seguridad social  (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), en asuntos relativos al cobro de recursos financieros del presupuesto estatal en relación con los servicios de seguridad social, el sobrecobro de prestaciones sociales estatales y servicios de seguridad social, o el pago de prestaciones sociales estatales en relación con accidentes de tráfico.

Las partes también pueden estar exentas del pago de los costes judiciales al Estado en otros casos previstos en la ley.  Un tribunal o un juez, tras examinar la situación financiera de una persona física, puede eximirla total o parcialmente del pago de los costes judiciales, prorrogar el pago u ordenar que se pague a plazos.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

La parte que obtenga una sentencia favorable puede cobrar de la otra parte todas las costas judiciales que haya abonado. Si la sentencia solo es favorable en parte para el demandante, las costas pueden recuperarse en proporción a la cuantía de las reclamaciones admitidas por el tribunal. Al demandado se le reembolsará en proporción a la parte desestimada de la demanda. Cuando se dicte sentencia en rebeldía, no se reembolsarán las tasas judiciales por una demanda adicional para iniciar un nuevo proceso ni por un nuevo pronunciamiento del tribunal.

Si la demanda se admite en todo o en parte, al demandado se le ordenará abonar, hasta el límite previsto por ley, los costes de la acción interpuesta por el demandante, es decir, honorarios de abogados, gastos relacionados con la asistencia a las vistas, y gastos de recopilación de pruebas.  Si la demanda es desestimada, el tribunal ordenará al demandante que abone los gastos de defensa realizados por el demandado.

Honorarios de los peritos

Estos honorarios debe pagarlos, antes de que se dicte sentencia, la parte que solicitó los servicios de peritos.  La parte que esté exenta de costas judiciales no tendrá que pagar los gastos de peritos. En este caso, los honorarios por los servicios prestados por los peritos (salvo los de la policía científica) los paga la Administración judicial.

Honorarios de los intérpretes y traductores

Si las partes de un asunto -salvo los representantes de personas jurídicas- no dominan la lengua del procedimiento, el tribunal debe asegurarse de que conozcan los documentos del asunto e intervengan en el procedimiento con la ayuda de un intérprete.

Documentos relacionados

Informe de Letonia para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(742 Kb)en

Última actualización: 07/06/2019

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Costas procesales - Lituania

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Lituania.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

  1. Procuradores de los tribunales

En Lituania no existe esta profesión.

  1. Asesores jurídicos

Los honorarios de los abogados no están regulados en Lituania. Dependen de la complejidad del asunto y de los medios empleados. No obstante, su importe no puede superar el límite máximo fijado en las recomendaciones aprobadas por el Ministerio de Justicia y el Presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Lituania (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

  1. Abogados con facultad de representación en juicio

En Lituania no existe esta profesión diferenciada de los abogados en general.

  1. Oficiales de justicia

Los oficiales de justicia solamente intervienen cuando el deudor incumple la sentencia y es preciso emitir documentos ejecutivos. Los honorarios, la forma de pago y las exenciones de las tasas de ejecución se rigen por el Reglamento de ejecución de sentencias. Todas las costas de la ejecución deben ser abonadas por el acreedor designado en la sentencia. Durante la ejecución o en una fase ulterior se podrán recuperar del deudor los honorarios del oficial de justicia.

Su importe dependerá del título de ejecución y del número de veces que se dicte. Algunos costes de ejecución son fijos, otros se cobran a razón de 60 LTL la hora y otros se establecen de acuerdo con un porcentaje sobre el valor de los bienes sujetos a ejecución.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Las costas judiciales en los procesos civiles están constituidas por el impuesto sobre actos jurídicos documentados y otros conceptos, como los honorarios de abogado, los gastos de notificación y entrega de resoluciones judiciales, los derechos de peritos, las indemnizaciones a testigos, los gastos de ejecución de la sentencia, etc. El impuesto sobre actos jurídicos documentados es fijo y su importe está definido en el Código de procedimiento civil. Las costas procesales se regulan en el capítulo VIII del Código de procedimiento civil (Civilinio proceso kodeksas).

Fase del proceso civil en la que deben pagarse tasas judiciales

El impuesto sobre actos jurídicos documentados se paga generalmente antes de presentar la demanda.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

En los procesos penales no se pagan tasas judiciales.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Los procesos constitucionales son gratuitos, pero las demandas de inconstitucionalidad no pueden ser interpuestas por cualquier persona.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

La legislación no impone directamente ninguna obligación al respecto.

Costas a cargo de la parte ganadora

Las costas de los procesos civiles son las establecidas en el capítulo VIII del Código de procedimiento civil.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Lituania?

Se publica información adicional en el Informe de Lituania para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(950 Kb)en.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

La información se encuentra disponible en inglés.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Se puede encontrar más información en el sitio web: El enlace abre una nueva ventanaProcedimiento de mediación judicial

Asistencia jurídica gratuita

Condiciones para la concesión de asistencia jurídica gratuita

Con arreglo a la legislación lituana, existen dos clases de asistencia jurídica gratuita garantizada por el Estado:

  1. La «asistencia jurídica gratuita básica» (pirminė teisinė pagalba) cubre la prestación de asistencia jurídica, de conformidad con las normas legales que regulan esta ayuda del Estado, así como el asesoramiento jurídico y la redacción de los documentos que se deban presentar ante los organismos estatales y municipales, pero no la elaboración de documentos procesales. Dicha ayuda incluye igualmente el asesoramiento dirigido a la resolución extrajudicial de conflictos, las negociaciones para la resolución de litigios por vía amistosa y la redacción de los acuerdos resultantes de la mediación.
  2. La «asistencia jurídica gratuita secundaria» (antrinė teisinė pagalba) abarca la redacción de documentos, así como la defensa y representación ante los tribunales. Incluye la representación durante la fase preliminar extrajudicial de un litigio, cuando se requiera dicho procedimiento en virtud de una ley o sentencia judicial. La asistencia jurídica gratuita cubre también las costas procesales de los procedimientos civiles y contencioso-administrativos, así como las correspondientes las demandas civiles derivadas de un asunto penal.

Pueden tener derecho a la asistencia jurídica gratuita básica, con independencia de sus ingresos, todos los nacionales de la República de Lituania, así como los nacionales de los restantes países de la Unión Europea, al igual que las demás personas que residan legalmente en Lituania o en otros Estados miembros o que estén amparadas por los tratados internacionales suscritos por Lituania.

Pueden tener derecho a la asistencia jurídica gratuita secundaria los nacionales de la República de Lituania, así como los nacionales de los restantes países de la Unión Europea y demás personas que residan legalmente en Lituania o en otros Estados miembros. Para obtenerla, el patrimonio e ingresos anuales del solicitante no podrán exceder de los niveles establecidos por el Gobierno en la correspondiente Ley reguladora de la asistencia jurídica garantizada por el Estado.

Se aplica un régimen uniforme de límites máximos para determinar si la persona se encuentra por debajo del umbral de pobreza.

Derecho a recibir asistencia jurídica gratuita

El Gobierno ha establecido dos niveles de patrimonio e ingresos que no podrán superar los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. Por otra parte, los ingresos anuales netos (percibidos durante los últimos doce meses) de los solicitantes no podrán estar por encima del primer o segundo nivel de ingresos definido por las normas lituanas.

El umbral de pobreza no es el único criterio que sirve para determinar si una persona tiene derecho a recibir asistencia jurídica secundaria.

El primer nivel corresponde a unos ingresos anuales inferiores a 8 000 litas (2 318,80 euros), además de 3 000 litas (869,60 euros) por cada dependiente. El segundo nivel corresponde a unos ingresos anuales inferiores a 12 000 litas (3 478,20 euros), además de 4 400 litas (1 275, 30 euros) por cada dependiente. Las obligaciones económicas del solicitante en relación con sus dependientes no se tienen en cuenta para la determinación del umbral de pobreza.

La asistencia jurídica secundaria es asumida por el Estado en las siguientes proporciones, que tienen en cuenta el patrimonio e ingresos del solicitante:

  1. 100 % para los casos correspondientes al primer nivel de ingresos.
  2. 50 % para los casos correspondientes al segundo nivel de ingresos.

Sin embargo, el Estado garantizará el 100 % de las costas de la asistencia jurídica secundaria cuando se trate de los casos contemplados en el artículo 12 de la mencionada Ley (véase más adelante), sin tener en cuenta el patrimonio o ingresos de los beneficiarios. Se exceptúan las personas (a las que hace referencia el apartado 6 del artículo 12 de la Ley) que pueden disponer libremente de sus ingresos y patrimonio, en cuyo caso se le asigna al segundo nivel, donde el Estado garantiza el 50 % de las costas de la asistencia jurídica.

Determinados grupos de personas pueden beneficiarse de la asistencia jurídica secundaria independientemente de los niveles de patrimonio e ingresos establecidos por el Gobierno (en virtud del artículo 12 de la Ley reguladora de la asistencia jurídica garantizada por el Estado):

  1. Los imputados en procesos penales (conforme al artículo 51 del Código de procedimiento penal) o en otros tipos de procesos definidos por la ley, cuando sea obligatoria la asistencia de un abogado defensor.
  2. La parte actora en procesos relacionados con indemnizaciones por daños resultantes de delitos, incluidas las demandas de indemnización por daños que formen parte de una causa penal.
  3. Los beneficiarios de asistencia social destinada a las familias de bajos ingresos (o personas que viven solas) con arreglo a la legislación.
  4. Las personas que residan en centros de acogida.
  5. Las personas con discapacidad grave certificada, o a las que se haya reconocido la incapacidad laboral, así como las que hayan alcanzado la edad de jubilación o que necesiten cuidados especiales. Lo anterior se extiende también a los tutores y custodios legales que soliciten asistencia jurídica gratuita para la representación y defensa de los derechos e intereses de la persona tutelada.
  6. Las personas que demuestren que no están en condiciones de disponer de su patrimonio e ingresos por razones objetivas, y que, como consecuencia de ello, dispongan de unos ingresos anuales inferiores a los niveles establecidos en la Ley reguladora de la asistencia jurídica.
  7. Las persona que padezcan trastornos mentales graves, cuando se trate de procedimientos judiciales relacionados con su hospitalización y tratamiento, de conformidad con la Ley de salud mental. Se incluyen aquí también los tutores y custodios legales que requieran la asistencia jurídica gratuita para la representación y defensa de los derechos e intereses de la persona tutelada.
  8. Los deudores en los juicios ejecutivos, cuando el cobro de la deuda implique el embargo de la vivienda en que residan.
  9. Los padres u otros representantes legales de menores de edad en casos de desahucio.
  10. Los menores de edad cuando acudan de forma independiente a un tribunal en defensa de sus derechos o intereses, al amparo de una ley específica. Quedan excluidos aquellos menores que hayan contraído matrimonio válidamente o aquellos a los que un tribunal haya reconocido la capacidad legal.
  11. Las personas incapacitadas legalmente, en los procesos que requieran una resolución sobre la capacidad legal de una persona.
  12. Las personas que planteen asuntos relacionados con inscripciones en el registro de nacimientos.
  13. Otros beneficiarios que puedan acogerse a los tratados suscritos por la República de Lituania.

Derechos de los peritos

El tribunal deberá compensar a los peritos, por cada día que comparezcan ante el mismo, las pérdidas de ingresos derivadas de la imposibilidad de ejercer su profesión. Recibirán una remuneración por la realización de los exámenes pertinentes, y se les reembolsarán todos los gastos de viaje y alojamiento en que hayan incurrido por su comparecencia, además de las dietas diarias correspondientes a su manutención. La parte que solicite dictamen pericial deberá abonar una fianza por el importe previamente establecido por el tribunal. Si ambas partes lo solicitan, deberán prestar la fianza por mitades. Dicha fianza se ingresará en la cuenta especial del tribunal.

Cuando, en los casos previstos en el Código civil (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) u otras normas legales, el tribunal llame a testigos(liudytojai) y peritos (ekspertai) por su propia iniciativa, los gastos correspondientes correrán a cargo del presupuesto oficial. Puede tratarse de un determinado examen o de una inspección en el lugar del suceso.

Para fijar el importe de la fianza se tendrán en cuenta los gastos previstos. El tribunal pagará los derechos de los peritos una vez concluido su trabajo. También deberá pagar a las instituciones especializadas que realicen informes periciales las facturas que presenten después de entregados dichos informes, utilizando para ello los fondos de la cuenta especial del tribunal abierta en un banco de la localidad donde tenga su sede. Cuando no se haya fijado fianza, los derechos de los peritos e instituciones especializadas deberán ser reembolsados por la parte condenada en el juicio, o bien por ambas partes en función de los apartados de la demanda que hubieran sido aceptados y rechazados en la sentencia. El Ministerio de Justicia determinará los importes máximos de dichos honorarios.

Honorarios de traductores e intérpretes

El tribunal deberá compensar a los traductores, por cada día que comparezcan ante el mismo, las pérdidas de ingresos derivadas de la imposibilidad de ejercer su profesión. Los traductores tienen derecho a una remuneración por su trabajo de traducción, y se les reembolsarán todos los gastos de viaje y alojamiento en que hayan incurrido por su comparecencia, además de dietas diarias correspondientes a su manutención. La parte que someta documentos a la consideración de tribunal solicitando su traducción a una lengua extranjera deberá pagar anticipadamente una fianza en la cuantía que determine el tribunal.

El tribunal pagará los honorarios de los traductores con cargo a los fondos del presupuesto oficial destinados a estos efectos, excepto cuando se trate de traducciones de documentos presentados por las partes. Los gastos correspondientes a los servicios de interpretación y traducción durante las audiencias judiciales se abonarán con cargo al presupuesto oficial. El Ministerio de Justicia ha establecido los importes máximos admisibles para estos servicios.

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Costas procesales - Luxemburgo

Esta página le informa sobre las costas procesales en el Gran Ducado de Luxemburgo.

Disposiciones relativas a las retribuciones de las profesiones jurídicas

Oficiales de justicia

Los honorarios de los oficiales de justicia se regulan en un Reglamento granducal. Se trata del Reglamento granducal modificado de 24 de enero de 1991 relativo a la fijación de las tarifas de los oficiales de justicia. Encontrará información sobre este tema en la página web de la El enlace abre una nueva ventanaCámara de Oficiales de Justicia del Gran Ducado de Luxemburgo.

Abogados

En virtud del artículo 38 de la ley modificada, de 10 de agosto de 1991, sobre la profesión de abogado, es el abogado el que establece el importe de sus honorarios y el que calcula sus costes profesionales. Para fijar sus honorarios, el abogado tiene en cuenta los diferentes elementos del expediente, como la importancia del asunto, el grado de dificultad, el resultado obtenido y la situación económica del cliente. En caso de que la cantidad fijada excediese las normas razonables, el Consejo del Colegio de Abogados la reduciría, previo examen de los diferentes elementos del expediente anteriormente mencionados. Encontrará información sobre este tema en la página web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Luxemburgo

Costas procesales fijas

Costas fijas en los procesos civiles

El hecho de someter un litigio a un juez de lo civil (denominado el procedimiento ante el juez de lo civil) solo implica, como costas fijas, los honorarios del oficial de justicia y del abogado. En principio, no se incurre en ningún gasto en órganos jurisdiccionales civiles. Tras la sentencia, pueden producirse los consiguientes gastos de ejecución de la resolución judicial y a instancia de la parte vencedora.

Costas procesales en los procesos penales

Costas fijas que deben asumir todas las partes en el proceso penal

Los gastos de expedición de una resolución judicial en lo penal se facturan a 0,25 céntimos de euro la página. No se incurre en ningún otro gasto, salvo en el de las copias del expediente sancionador facturadas, en principio, al mismo importe por página copiada al abogado que solicitó la copia.

Momento del proceso en el que una parte debe pagar las costas fijas

Con arreglo al artículo 59 del Código Procesal Penal (CIC), la parte civil que inicia la acción pública (es decir, que denuncia) deberá depositar, si no recibe asistencia jurídica gratuita, en el órgano de recaudación el importe que se considere necesario para cubrir las costas procesales.

El juez de instrucción hace constar, por auto, la presentación de la denuncia. En función de los recursos de la parte civil, establece el importe del depósito y el plazo en que éste deberá efectuarse, bajo pena de inadmisibilidad de la denuncia. Asimismo, podrá dispensar de realizar el depósito a la parte civil que carezca de recursos suficientes.

Este proceso corresponde, sin embargo, a las denuncias con parte civil presentadas ante el juez de instrucción. Las quejas o denuncias presentadas a los fiscales, las constituciones incidentales como partes civiles ante el juez competente en cuanto al fondo (cuando se denuncia durante el proceso, en la vista) no revisten ninguna costa procesal.

Costas procesales en materia constitucional

En esta materia no existen costas fijas particulares.

¿Qué información previa cabe esperar de su representante legal (su abogado)?

Información relativa a los derechos y obligaciones de las partes

Conforme a los principios del «Reglamento interno modificado, de 16 de marzo de 2005, de la Junta del Colegio de Abogados de Luxemburgo», los representantes legales (los abogados) están obligados a facilitar información previa a las partes que se plantean la posibilidad de entablar un litigio. Esta información deberá permitirles comprender sus derechos y obligaciones, sus posibilidades de éxito y las costas en las que podrían incurrir, también en caso de perder el proceso.

Fuentes de información relativa a las costas procesales

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas procesales en Luxemburgo?

  • En particular, en las fuentes legislativas y de internet citadas.
  • En el Servicio de atención e información jurídica de la Fiscalía.
  • En las consultas gratuitas específicas relativas a los derechos de las mujeres que se organizan en la Fiscalía.

¿En qué idiomas puedo obtener la información sobre las costas procesales en Luxemburgo?

  • En francés para las fuentes legislativas.
  • En inglés, alemán, francés y luxemburgués para la demás información y, en particular, para las indicaciones verbales facilitadas por los servicios de atención y por los órganos anteriormente citados.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Existe información disponible en la página web de la El enlace abre una nueva ventanaAsociación Luxemburguesa de Mediación y Mediadores Autorizados (ALMA asbl), en la página web del El enlace abre una nueva ventanaCentro de Mediación del Colegio de Abogados de Luxemburgo (CMBL) y en la página web del du El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Asistencia jurídica gratuita

¿Cuál es el límite de ingresos para conseguirla, en materia civil o cuando se está acusado en un proceso penal?

¿En qué casos y bajo qué condiciones puede formularse una solicitud de asistencia jurídica gratuita?

Las personas físicas cuyos recursos son insuficientes tienen derecho a una asistencia jurídica gratuita para defender sus intereses en el Gran Ducado de Luxemburgo, siempre y cuando se trate de ciudadanos luxemburgueses, de extranjeros con permiso de residencia en el país, de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de extranjeros asimilados a los ciudadanos de Luxemburgo a efectos de la asistencia jurídica gratuita en virtud de un acuerdo internacional.

También tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita para cualquier proceso en materia civil y mercantil en los litigios transfronterizos contemplados por la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, los extranjeros cuyo domicilio o residencia se encuentre en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo en Dinamarca.

La asistencia jurídica gratuita también podrá prestarse, en materia civil o mercantil, a una persona contemplada en el apartado primero que tenga su domicilio o residencia habitual en Luxemburgo, para conseguir asesoramiento jurídico de un abogado en Luxemburgo, incluso para preparar el expediente de una solicitud de asistencia jurídica gratuita destinada a presentarse en otro Estado miembro de la Unión Europea, hasta que la solicitud de asistencia jurídica gratuita se haya aprobado, con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2003/8CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, anteriormente citada.

También puede concederse asistencia jurídica gratuita a cualquier otro extranjero con medios insuficientes en los procesos relativos a derechos de asilo, entrada, residencia, establecimiento y expatriación de extranjeros. En caso de que otras disposiciones legales les reconozcan a estos extranjeros el derecho a que el Decano del Colegio de Abogados les asigne un abogado, gozarán de la asistencia jurídica gratuita limitada a la indemnización que debe asignarse al abogado justificando únicamente la insuficiencia de sus recursos.

La insuficiencia de recursos de las personas físicas que soliciten la asistencia jurídica gratuita se valorará teniendo en cuenta los ingresos brutos íntegros y la fortuna del solicitante, así como de las personas que vivan con él en una unidad doméstica, con arreglo a las disposiciones del artículo 19, apartado 1, y del artículo 20 de la ley modificada, de 29 de abril de 1999, relativa a la creación de un derecho a unos ingresos mínimos garantizados, y dentro del límite de los importes establecidos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 5 de la ley modificada de 29 de abril de 1999 anteriormente citada. No obstante, los recursos de las personas que vivan en la unidad doméstica con el solicitante no se tendrán en cuenta si el proceso opone entre sí a los cónyuges o a las personas que vivan habitualmente en el mismo hogar, o si entre ellos existe, habida cuenta del objeto del litigio, una divergencia de intereses que exige una valoración distinta de los recursos.

Si el solicitante es un menor de edad implicado en un proceso judicial, se le concederá asistencia jurídica gratuita independientemente de la situación de recursos de sus padres o de las personas que vivan en la unidad doméstica con el menor, sin perjuicio del derecho del Estado a exigir, al padre o a la madre que disponga de recursos suficientes, el reembolso de los gastos que haya asumido para asistir judicialmente al menor.

La asistencia jurídica gratuita también podrá reconocerse a personas que estuviesen excluidas en función de la determinación de los recursos, si la gravedad de la situación social, familiar o material del solicitante justifican esta admisión.

¿Cuáles son las modalidades de aplicación de la asistencia jurídica gratuita?

Un Reglamento granducal determina las modalidades de aplicación de las presentes disposiciones.

La asistencia jurídica gratuita se concede en materia judicial y extrajudicial, en la jurisdicción voluntaria y contenciosa, al actor y al demandado.

Se aplica a cualquier proceso ante un órgano jurisdiccional ordinario o administrativo.

Ésta puede exigirse durante el procedimiento para el que haya sido solicitada, con efecto retroactivo, en caso de admisión, a partir del día de iniciación del proceso o de cualquier otra fecha que determine el Decano.

También podrá concederse para las medidas cautelares, así como para las vías de ejecución de las resoluciones judiciales o de cualquier otro título ejecutorio.

No obstante, no se concederá al propietario, detentador o conductor de un vehículo automotor en los litigios relacionados con este vehículo; a un comerciante, industrial, artesano o profesional liberal en los litigios relacionados con su actividad comercial o profesional, salvo en caso debidamente justificados, ni, de manera general, en los litigios resultantes de una actividad de carácter especulativo relacionada con el solicitante de asistencia jurídica gratuita.

No obstante, en el marco de los litigios transfronterizos cubiertos por la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, anteriormente citada, el Decano podrá conceder la asistencia jurídica gratuita en los casos contemplados en el párrafo anterior.

A efectos penales, la asistencia jurídica gratuita no cubre las costas y multas dictadas a cargo de los condenados.

A efectos civiles, la asistencia jurídica gratuita no cubre ni las indemnizaciones procesales ni las indemnizaciones por procedimiento abusivo y temerario.

La asistencia jurídica gratuita se denegará a aquella persona cuya acción se considere manifiestamente inadmisible, carente de fundamento, abusiva o desproporcionada en su finalidad con respecto a los gastos que haya que asumir.

La asistencia jurídica gratuita se denegará si el solicitante tiene derecho a obtener de un tercero, por el concepto que fuere, el reembolso de los gastos que debe cubrir la asistencia jurídica gratuita.

El beneficiario de la asistencia jurídica gratuita tiene derecho a la asistencia de un abogado o de cualquier funcionario judicial cuya participación requiera la causa, el procedimiento o su ejecución.

Decisión relativa a la concesión de asistencia jurídica gratuita

El Decano del Colegio de Abogados o el miembro del Consejo del Colegio del distrito del lugar de residencia del solicitante en el que el primero haya delegado decidirá la atribución de la asistencia jurídica gratuita. En ausencia de residencia, será competente el Decano del Consejo del Colegio de Abogados de Luxemburgo o el miembro del Consejo del Colegio de Abogados en el que haya delegado.

Las personas cuyos recursos sean insuficientes se dirigirán al Decano en sus audiencias o por escrito.

Si una persona detenida por la policía afirma tener derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y la solicita, el abogado que la asista durante su detención deberá transmitir la solicitud al Decano.

Si el juez de instrucción designa un defensor al acusado que afirma tener derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y que la solicita, el juez de instrucción deberá transmitir la solicitud al Decano.

El Decano deberá comprobar la insuficiencia de recursos y, si ésta se establece, concederle al solicitante la asistencia jurídica gratuita y nombrar al abogado que el solicitante haya escogido libremente, o en caso de no haberle escogido o de que el Decano considere la elección inapropiada, el abogado que designe. Salvo en caso de impedimento o de conflicto de intereses, el abogado estará obligado a asumir el nombramiento que se le haya conferido.

En todos los casos de urgencia, el Decano podrá dictar la aprobación provisional de la asistencia jurídica gratuita, sin ninguna otra formalidad, para los actos que éste determine.

Solicitud de asistencia jurídica gratuita de los menores de edad

Si el Decano acepta la solicitud de asistencia jurídica gratuita de un menor de edad cuyos padres dispongan de recursos tales que el menor no encajaría en la categoría de personas con recursos insuficientes, la decisión de concesión al menor de la asistencia jurídica gratuita se les comunicaría con la indicación de que el Estado tiene derecho a exigirles a los padres, obligados solidariamente, que reembolsen las cantidades desembolsadas por el Estado para la asistencia jurídica gratuita del menor.

En un plazo de diez días a partir de la notificación de la decisión del Decano, cada uno de los padres anteriormente citados podrá recurrir ante el Consejo disciplinario y administrativo que resuelve en última instancia. El Consejo disciplinario y administrativo resolverá en el plazo de cuarenta días a partir de la presentación del recurso.

El Decano enviará al Ministro de Justicia una copia de la decisión definitiva sobre la concesión al menor de la asistencia jurídica gratuita.

La Administration de l’enregistrement et des domaines (administración tributaria luxemburguesa), a petición del Ministro de Justicia, se encargará de cobrar a los padres que dispongan de recursos suficientes las cantidades desembolsadas por el Estado a efectos de la asistencia jurídica gratuita del menor.

Condiciones de retirada de la asistencia jurídica gratuita

El Decano retirará la asistencia jurídica gratuita concedida al solicitante, incluso después del proceso o del cumplimiento de los actos para los que se había concedido, si ésta se ha obtenido a través de declaraciones o de documentos inexactos. El Decano podrá retirar la asistencia jurídica gratuita si el beneficiario recibe durante este procedimiento o durante el cumplimiento de estos actos o como resultado de éstos unos recursos tales que si éstos hubiesen existido el día de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, ésta no se habría concedido. Cualquier cambio de este tipo deberá ser declarado al Decano por el beneficiario o por el abogado nombrado.

La retirada hará inmediatamente exigibles contra el beneficiario las costas, derechos, honorarios, indemnizaciones, cánones, emolumentos, consignaciones y anticipos de cualquier naturaleza de los que ya se haya beneficiado.

La decisión del Decano que dicta la retirada deberá comunicarse de inmediato al Ministro de Justicia. La Administration de l’enregistrement et des domaines se encargará de cobrar al beneficiario los importes desembolsados por el Estado.

Recurso contra la retirada de la asistencia jurídica gratuita

El solicitante podrá presentar un recurso ante el Consejo disciplinario y administrativo, contra las decisiones del Decano de denegación o de retirada de la asistencia jurídica gratuita. El recurso deberá presentarse ante el Presidente del Consejo disciplinario y administrativo en forma de carta certificada en un plazo de diez días a partir de la notificación de la decisión del Decano. El Consejo disciplinario y administrativo o uno de sus miembros delegado a este efecto tomará declaración al solicitante.

La decisión del Consejo disciplinario y administrativo podrá recurrirse ante el Consejo disciplinario y administrativo de apelación. El plazo de recurso será de quince días.

Los notarios y los oficiales de justicia serán nombrados de oficio por el órgano jurisdiccional que conoce del litigio para asistir a las personas beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita. En ausencia de órgano jurisdiccional que conozca del litigio, los notarios serán nombrados de oficio por el Presidente de la Cámara de Notarios, y los oficiales de justicia serán nombrados de oficio por el Presidente de la Cámara de Oficiales de Justicia.

Un Reglamento granducal determina las modalidades de concesión de la asistencia jurídica gratuita, los gastos que cubre la asistencia, las condiciones y modalidades de cobro por el Estado de los importes desembolsados para la asistencia, y las modalidades según las cuales el abogado que asume la asistencia de las personas cuyos recursos son insuficientes es indemnizado a cargo del Estado, sin perjuicio de su derecho eventual a unos honorarios, en caso de que estas personas prosperasen ya sea por el resultado del proceso o por otras razones.

Todas las administraciones públicas están obligadas a prestar su apoyo tanto para establecer los documentos exigidos para presentar una solicitud de asistencia jurídica gratuita, como para comprobarlos, sin poder alegar secreto profesional o administrativo.

¿Cuál es el límite de ingresos para conseguirla cuando se es víctima de un delito?

La insuficiencia de recursos de las personas físicas que soliciten la asistencia jurídica gratuita se valorará teniendo en cuenta los ingresos brutos íntegros y la fortuna del solicitante así como de las personas que vivan con él en una unidad doméstica, con arreglo a las disposiciones del artículo 19, apartado 1, y del artículo 20 de la ley modificada, de 29 de abril de 1999, relativa a la creación de un derecho a unos ingresos mínimos garantizados y dentro del límite de los importes establecidos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 5 de la ley modificada, de 29 de abril de 1999, anteriormente citada. No obstante, los recursos de las personas que vivan en la unidad doméstica con el solicitante no se tendrán en cuenta si el proceso opone entre sí a los cónyuges o a las personas que vivan habitualmente en el mismo hogar, o si entre ellos existe, habida cuenta del objeto del litigio, una divergencia de intereses que exige una valoración distinta de los recursos.

¿Existen condiciones para obtener la asistencia jurídica gratuita en calidad de víctima?

No, no existen otras condiciones para obtener la asistencia jurídica gratuita en calidad de víctima.

¿Existen condiciones para obtener la asistencia jurídica gratuita en calidad de acusado?

No, no existen otras condiciones para obtener la asistencia jurídica gratuita en calidad de acusado.

¿Existen procesos exentos de costas?

No, no existen otros procesos exentos de costas.

¿Cuándo debe la parte perdedora pagar las costas procesales de la parte ganadora?

En materia civil

La parte perdedora será condenada a pagar las costas, salvo que el tribunal, por decisión especial y motivada, resuelva imputar la totalidad o parte de las costas a la otra parte.

Si no se considera justo que una parte tenga que pagar importes soportados por ella no incluidos en los costes, el juez puede condenar a la otra parte a pagar a la primera el importe que establezca.

Estas normas se recogen en el nuevo Código civil y en el Reglamento granducal, de 21 de marzo de 1974, sobre los derechos y las retribuciones de los procuradores y los abogados.

En materia penal

Las sentencias condenatorias dictadas contra el procesado y las personas responsables civiles del delito o contra la parte civil, los condenarán al pago de las costas, incluso con respecto a la parte pública. En caso contrario, si la parte civil que ha promovido la acción pública pierde el proceso, deberá correr personalmente con todos los gastos de procedimiento. Si se adhiere a la acción de la fiscalía, deberá sufragar únicamente los gastos derivados de su intervención.

Si no se considera justo que una parte tenga que pagar importes soportados por ella no incluidos en las costas, el tribunal puede condenar a la otra parte a pagar a la primera el importe que establezca.

Estas normas se recogen en el Código penal y en el Reglamento granducal, de 21 de marzo de 1974, sobre los derechos y las retribuciones de los procuradores y los abogados.

Derechos de los peritos

Cada parte deberá pagar los derechos de sus propios peritos.

Honorarios de los traductores e intérpretes

Cada parte deberá pagar los honorarios de sus traductores o intérpretes.

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Informe de Luxemburgo sobre el Estudio sobre la transparencia de las costasPDF(551 Kb)en

Última actualización: 21/02/2014

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Costas procesales - Hungría

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Hungría.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

  • Oficiales de justicia

Las tasas de los oficiales de justicia dependen del tipo de resolución que haya de ejecutarse (végrehajtható okirat) (es decir, de que se refiera al cobro de una deuda o se trate de una actuación específica). En el caso del cobro de una deuda (pénzkövetelés behajtása), las tasas del oficial de justicia son proporcionales a la cuantía de la deuda. Cuanto mayor que sea la cuantía de la demanda, más elevadas serán las tasas. Si la tarea consiste en una actuación específica (meghatározott cselekmény végrehajtása), las tasas estarán en función del tiempo dedicado.

  • Abogados (ügyvéd)

La palabra húngara ügyvéd se usa para abogados, asesores jurídicos, letrados, representantes procesales y profesionales de la abogacía. Como norma general, sus honorarios son el resultado de un acuerdo con el cliente. Si no se llega a un acuerdo, el órgano jurisdiccional determina los honorarios de conformidad con las disposiciones legales (5 % de la cantidad reclamada, con un mínimo de 10 000 forints). Las partes pueden solicitar al juez que aplique los honorarios legalmente estipulados, cuando no deseen dar publicidad al acuerdo.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

En los procesos en primera instancia, las tasas judiciales (illeték) equivalen al 6 % del importe de la demanda (pudiendo variar entre un mínimo de 10 000 forints y un máximo de 900 000 forints). Cuando no sea posible determinar la cuantía de la demanda, las normas estipulan el pago del 6 % de una suma ficticia.

La normativa legal define siempre las tasas aplicables, así como en los casos siguientes:

  • Procesos de divorcio (házassági bontóper): 12 000 forints.
  • Procesos laborales (munkaügyi per) 7 000 forints
  • Procesos contencioso-administrativos, excepto en asuntos de competencia o impuestos (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 forints.
  • Procesos administrativos extrajudiciales (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 forints (28 euros).
  • Tasa por apoderamiento (általános meghatalmazás): 18 000 forints.
  • Procesos concursales: liquidación de empresas 50 000 forints (186 euros); insolvencia 30 000 forints.
  • En las causas en que intervengan entidades empresariales que no revistan la condición de personas jurídicas (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): liquidación 25 000 forints; insolvencia 20 000 forints.
  • Arbitraje: 1 % (desde un mínimo de 5 000 forints, hasta un máximo de 250 000 forints). Si no es posible determinar la cuantía de la demanda, la tasa es de 10 000 forints.
  • Mandamientos de ejecución de deudas (fizetési meghagyásos eljárás): 3 % (desde un mínimo de 5 000 forints hasta un máximo de 300 000 forints)
  • Recurso de apelación: 6 % (desde un mínimo de 7 000 forints hasta un máximo de 900 000 forints).
  • Reapertura de un proceso (perújítás): procede abonar nuevamente las tasas.
  • Solicitud de revisión (felülvizsgálati kérelem): 6 % en el caso de sentencias (con un mínimo de 10 000 forints y un máximo de 2 500 000 forints); cuando se trate de mandamientos judiciales (végzés), la mitad de las costas aplicables a las sentencias (mínimo de 7 000 forints y máximo de 1 250 000 forints).

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

La obligación de pagar las tasas judiciales en los procesos civiles surge en el momento en que se presenta la demanda. Por consiguiente, se deberán pagar entonces. Si una de las partes rehúsa pagar las tasas judiciales, o paga menos de lo establecido por ley, el órgano jurisdiccional le exigirá que satisfaga las cantidades pendientes cuando presente la demanda. El órgano jurisdiccional informará igualmente a dicha parte que su solicitud será denegada si no paga en su totalidad las tasas judiciales.

Los honorarios de los abogados se basan en el acuerdo alcanzado con el cliente. Las tasas del oficial de justicia se abonan por adelantado al iniciar el procedimiento de ejecución.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

En el caso de acciones ejercidas exclusivamente a instancia de parte respecto de delitos privados (magánvádas eljárás):

  • La tasa correspondiente a la presentación de la querella (feljelentés) es de 5 000 forints.
  • La tasa por la presentación de un recurso es 6 000 forints.
  • La tasa por la presentación de una solicitud de revisión o reapertura de la causa es de 7 000 forints.

Cuando del proceso penal se deriven acciones civiles (polgári jogi igény), solamente se deberán abonar las tasas correspondientes a la presentación de la querella y a los posibles recursos de apelación.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales de los procesos penales se pagan al presentar la querella.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

En virtud del artículo 28 de la Ley XXXII de 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) los procesos incoados ante el Tribunal Constitucional (Alkotmánybíróság) tienen carácter gratuito.

No obstante, el demandante que no haya actuado de buena fe al presentar la demanda puede ser obligado al pago de las costas.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Mediante la práctica de su profesión, y aplicando los métodos y procedimientos contemplados en las normas legales, los abogados apoyan a sus clientes en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Los asesores jurídicos (jogtanácsos) contribuyen, por su parte, a defender los derechos de las organizaciones que representan.

Este cometido implica la obligación de suministrar al cliente toda la información necesaria sobre sus derechos y deberes, probabilidades de éxito del proceso y costas previsibles del mismo.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Es posible obtener información sobre estas fuentes en la página principal de la Red Judicial Europea (RJE) (Európai Igazságügyi Hálózat).

La página principal del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Budapest (Budapesti Ügyvédi Kamara) contiene igualmente información sobre los honorarios de abogados.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Es posible obtener información sobre estas fuentes en la página principal de la Red Judicial Europea (RJE). Este sitio web se publica en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

La página del Colegio de Abogados de Budapest contiene únicamente información en lengua húngara sobre las costas aplicables.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Los sitios web siguientes ofrecen información sobre la mediación:

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

Puede encontrarse más información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de Budapest.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Esta información se encuentra disponible en el sitio web de los El enlace abre una nueva ventanatribunales húngaros (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Otros enlaces importantes son:

Los datos estadísticos anteriores solamente están disponibles en lengua húngara.

Impuesto sobre el valor añadido (hozzáadottérték-adó)

¿Cómo se da la información?

Las costas precedentes de los abogados son importes netos, de forma que es preciso añadir el IVA (HÉA).

¿Qué tipos tributarios se aplican?

En Hungría, el tipo de IVA aplicable era el 20 % hasta el 1 de julio de 2009, a partir de cuya fecha se estableció en el 25 %.

Asistencia jurídica gratuita (költségmentesség)

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Existen dos topes:

  1. Cuando el nivel de ingresos sea inferior a la pensión de jubilación mínima (actualmente 28 500 forints), la asistencia jurídica será completamente gratuita.
  2. Cuando el nivel de ingresos sea superior al 43 % de la renta media nacional (actualmente 72 000 forints), no se tiene derecho a recibir asistencia jurídica gratuita.

Es posible percibir anticipadamente los pagos correspondientes a esta asistencia.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

En los procesos de tipo penal, la parte sospechosa o acusada tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita con arreglo a las siguientes condiciones:

  • El derecho a recibirla viene determinado por su situación personal. En el caso de las personas que viven solas, el umbral de ingresos es el doble del importe neto de la pensión de jubilación mínima (actualmente 28 500 forints, unos 100 euros para cada una de las personas miembros de un hogar).
  • Cuando la asistencia jurídica sea obligatoria y la parte acusada no haya designado abogado defensor, en caso de condena deberá reembolsar al Estado la asistencia jurídica prestada.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

El umbral de ingresos es el 86 % de la renta media nacional (aproximadamente 130 000 forints). La asistencia jurídica a las víctimas incluye la representación legal de éstas.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

Además de los umbrales de ingresos mínimos, la víctima debe cumplir otras dos condiciones:

  • Tiene que haber presentado la correspondiente denuncia o querella.
  • Necesita un certificado expedido por el organismo competente para la asistencia a las víctimas. Dicho certificado sirve para justificar determinados extremos (p.ej. que la víctima acudió a la autoridad competente dentro de los plazos previstos por la ley).

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

La prestación de la asistencia jurídica a los demandados no está sujeta a otras condiciones.

Gratuidad de las tasas judiciales

En los siguientes procesos civiles se exime del pago de las costas:

  • Procesos en los que el órgano jurisdiccional desestima de oficio o tiene que desestimar la demanda sin dictar auto de comparecencia.
  • Procesos para la obtención de reparación frente a resoluciones en asuntos de exención de cargas y derechos de anotación previa de las costas (cuando el Estado anticipa el pago de las costas en lugar de la parte).
  • En procesos de divorcio, la demanda reconvencional presentada con relación al matrimonio.
  • Procesos relativos a una declaración de fallecimiento o al establecimiento del hecho de la muerte en casos de muerte o desaparición por guerra o catástrofe natural.
  • Procesos relativos al registro de fundaciones, fundaciones públicas, organizaciones no gubernamentales, corporaciones públicas, agrupaciones europeas de cooperación territorial, así como procesos relativos al registro de planes de accionariado de los trabajadores y a la aprobación de la participación en una agrupación europea de cooperación territorial.
  • Solicitudes de disolución de empresas finalizadas, incluidas las formuladas de acuerdo con el procedimiento simplificado de disolución con la indicación del nombre del administrador.
  • Procesos para la subsanación y el complemento de resoluciones judiciales.
  • Procesos relativos al censo electoral.
  • Procesos relativos a las modificaciones comunicadas como resultado de la inscripción en el registro de asesores jurídicos.
  • Recursos contra las resoluciones en las que se prescribe una transferencia.
  • Revisión judicial de resoluciones administrativas dictadas en acciones de resarcimiento.
  • Procesos de liquidación tributaria de las corporaciones locales.
  • Procesos incoados por oficiales de justicia independientes en relación con procesos de ejecución judicial y procesos incoados para la ejecución de resoluciones judiciales (transacciones judiciales) dictadas de conformidad con el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados y el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000.
  • Procesos incoados sobre la base de una resolución favorable del Tribunal Constitucional
  • Cualquier proceso relacionado con la protección de datos personales y el acceso a información de interés público.
  • Revisión judicial de resoluciones administrativas sobre el otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita.
  • Procesos extrajudiciales de revisión de mandamientos provisionales u órdenes de prohibición provisional o requerimientos precautorios dictados de conformidad con determinada legislación específica en materia de violencia doméstica.
  • Revisión judicial de resoluciones administrativas en materia de ayuda a las víctimas de delitos.

En los siguientes procesos penales se exime del pago de las costas

  • En procesos incoados exclusivamente a instancia de parte, el recurso de apelación, la solicitud de reapertura de la causa y el recurso de revisión interpuestos por el imputado y el abogado defensor.
  • En procesos incoados exclusivamente a instancia de parte si el órgano jurisdiccional desestima el caso con anterioridad al comienzo de la vista o si el caso se desestima como medida de gracia.
  • La petición de gracia o dispensa judicial si se formula por el imputado y el abogado defensor.
  • El proceso para la autorización de una excepción personal al pago de las costas.
  • Única entrega de copias de documentos al imputado, al abogado defensor y al representante legal de un menor acusado de la comisión de un delito.
  • Copia del escrito de acusación entregada a la parte acusadora.

Además de las exenciones por razón de la materia, también pueden concederse exenciones personales.

Se conceden exenciones personales, entre otras, a organizaciones no gubernamentales, corporaciones públicas, iglesias, asociación de iglesias, instituciones religiosas, fundaciones, fundaciones públicas, asociaciones comerciales sin ánimo de lucro con el estatuto de organización de utilidad pública u organización de utilidad pública prioritaria, Organización del Tratado del Atlántico Norte, Unión Europea, sus instituciones y órganos, agencias y fondos separados.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Si, en su sentencia definitiva, el órgano jurisdiccional establece que la parte perdedora debe satisfacer las costas en que haya incurrido la parte ganadora, éstas se deberán abonar en un plazo máximo de 30 días. La parte perdedora debe pagarlas directamente a la parte ganadora, y en caso de no hacerlo se iniciará un procedimiento de ejecución forzosa.

Derechos de los peritos

Por regla general, los derechos de los peritos corren a cargo de la parte perdedora, y en los casos en que el Estado sea responsable de las costas también asumirá su pago. Cuando el Estado deba satisfacer anticipadamente las costas, esto se aplica también a los derechos de los peritos.

Honorarios de traductores e intérpretes

La norma general es que los honorarios de traductores e intérpretes sean por cuenta de la parte perdedora, pero cuando las costas judiciales correspondan al Estado también se incluirán dichos honorarios. En caso de que el Estado deba satisfacer anticipadamente las costas, pagará igualmente los honorarios de traducción e interpretación.

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Última actualización: 07/06/2019

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Costas procesales - Malta

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Malta.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Los honorarios de los profesionales del Derecho están regulados en la Tarifa E anexa al Código de organización y procedimiento civil (Code of Organisation and Civil Procedure, COCP), capítulo 12 de la Legislación de Malta.

Abogados

Los honorarios de los abogados están regulados en la Tarifa E del Anexo A al Código de organización y procedimiento civil (capítulo 12 de la Legislación de Malta). Al establecer sus honorarios, ya sea por sí mismos, ya mediante acuerdo con su cliente, los abogados se guían también por el Código de ética y deontología vigente. En este Código se consideran razonables los honorarios que se ajustan a determinados factores, como el tiempo requerido; la novedad y dificultad de los asuntos tratados; la responsabilidad asumida; las limitaciones de tiempo; la naturaleza y duración de la relación profesional; la experiencia, la reputación y la capacidad del abogado, y las costas que pueden recuperarse de la otra parte.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Las tasas judiciales para los litigantes varían según la naturaleza del asunto y el valor monetario de éste.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Deben abonarse unas tasas de tramitación y registro al iniciarse los procesos judiciales.

A su conclusión, se emite una factura, con los impuestos correspondientes. Si las tasas de registro estimadas exceden de lo abonado en la tramitación, debe calcularse la diferencia y reclamarse a la parte demandante.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

No hay que pagar tasas en este tipo de procesos.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

En los procesos penales no se condena en costas. No obstante, finalizado el asunto, el tribunal puede imponer al acusado el pago de todos los derechos de los peritos en que haya incurrido la acusación.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Las tasas en los asuntos constitucionales, en primera instancia, son las siguientes:

Presentación de una demanda

58,53 EUR

Tasa de registro

58,23 EUR

Notificación de actos (por cada notificación)

6,99 EUR

Las tasas facturadas al final de un litigio pueden oscilar entre un mínimo de 46,49 EUR y un máximo de 698,81 EUR. Pueden devengarse, por ejemplo, las tasas siguientes: 46,59 EUR por cada demanda menor presentada; 9,32 EUR por cada citación; 23,29 EUR por una declaración jurada, 4,66 EUR por copias de documentos, y 186,35 EUR por presentación de alegaciones por escrito.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

Se incurre en las tasas cuando se solicitan los trámites correspondientes.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Los abogados están obligados a tratar con sus clientes de conformidad con el Código deontológico elaborado por la Comisión para la Administración de Justicia. En el Código se les imponen determinados deberes respecto a sus clientes. No obstante, entre esos deberes no figura el que se indica en el epígrafe.

Costas a cargo de la parte ganadora

Normalmente, la parte ganadora recupera todas las costas procesales, siempre que en la sentencia se impongan estas a la parte perdedora.

Costas a cargo de la parte perdedora

La parte perdedora ha de abonar sus costas y, además, las de la parte ganadora.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Las costas y tasas de las actuaciones judiciales están reguladas en las Tarifas A a L del Código de organización y procedimiento civil (capítulo 12 de la Legislación de Malta) Pueden consultarse en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Asuntos de Interior y Seguridad Nacional.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Todas las leyes se redactan en maltés e inglés, ambas lenguas oficiales de Malta.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Puede consultarse información sobre la mediación en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaCentro de Arbitraje de Malta.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

En la El enlace abre una nueva ventanasección de Servicios jurídicos del sitio web del Ministerio de Asuntos de Interior y Seguridad Nacional puede encontrar:

  • toda la legislación nacional, principal y subsidiaria;
  • diversas publicaciones jurídicas entre las que figuran leyes, proyectos de ley, notificaciones legales y diversas normas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

No existe información específica sobre la duración de los diferentes procesos. No obstante, en el sitio web Tribunales de justicia se ofrecen datos y estadísticas de los asuntos que se presentan, conocen y deciden mensualmente en los tribunales.

En este sitio se ofrece además semestralmente un análisis de antigüedad, en el que se indica la antigüedad de los asuntos vistos por cada juez y magistrate en la totalidad de los órganos jurisdiccionales civiles y tribunales.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Véase el apartado anterior.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Las tasas de registro están exentas de IVA. En cambio, están sujetas a un 18 % de IVA las costas especificadas en las tarifas que han de abonarse a los árbitros, a los abogados de las partes y a los peritos nombrados por el órgano jurisdiccional.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Aunque hay excepciones para ciertos tipos de procesos, se concede la asistencia jurídica gratuita a las personas que:

  • no posean bienes de ningún tipo con un valor neto superior a 6 988,22 euros, excluidos los bienes domésticos cotidianos considerados razonables para el solicitante y su familia;
  • tengan unos ingresos anuales inferiores al salario mínimo nacional fijado para los mayores de 18 años.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los demandados

La legislación no fija un umbral específico. No obstante, se concede asistencia jurídica gratuita a los acusados en procesos penales incapaces de nombrar abogado o que así lo soliciten.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

La legislación no fija un umbral específico. No obstante, la Unidad de Justicia (aparte del asesor jurídico privado que, en su caso, haya contratado la víctima) está obligada por ley a prestar toda la asistencia y el apoyo necesarios a las víctimas de delitos, con el fin último de que obtengan la indemnización debida.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

No existen otras condiciones aplicables a la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas de infracciones penales. No obstante, éstas han de ofrecer toda la información que se les requiera y se encuentre en su posesión, y deben prestar su cooperación plena a la Unidad de Justicia y la Fiscalía General.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

No se aplican otras condiciones al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los acusados. Sin embargo, en la legislación se otorga al letrado de asistencia jurídica (Advocate for Legal Aid) el derecho a denegar esta por cualesquiera motivos que, en opinión del tribunal, justifiquen tal rechazo prima facie. De todos modos, incluso en tal caso, la ley exige que el tribunal garantice que el acusado se represente a si mismo designando un abogado.

Gratuidad de las tasas judiciales

Todos los procesos judiciales son gratuitos una vez que se ha concedido a la parte el beneficio de la asistencia jurídica.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Es prerrogativa exclusiva del tribunal decidir cómo prorratear las costas y condenar a su pago a las partes. No existe ninguna norma de práctica al respecto.

Derechos de los peritos

Los derechos de los peritos están regulados en las Tarifas G y K anexas al Código de organización y procedimiento civil (capítulo 12 de la Legislación de Malta).

Honorarios de traductores e intérpretes

En la Tarifa B del capítulo 12 de la Legislación de Malta se establece que, por cada traducción requerida con arreglo a la legislación o solicitada por un tribunal:

  • la tasa de registro ascenderá a 34,94 EUR.

Los honorarios de los intérpretes oscilan entre 11,65 y 58,23 EUR por hora a discreción del secretario judicial.

Los honorarios de los traductores oscilan entre 11,65 y 58,23 EUR por documento, también a discreción del secretario judicial.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia, Cultura y Administración Local

El enlace abre una nueva ventanaCentro de Arbitraje de Malta

El enlace abre una nueva ventanaSección de Servicios jurídicos

El enlace abre una nueva ventanaTribunales de justicia

Anexos relacionados

Informe de Malta para el estudio sobre la transparencia de las costas(742 Kb)

Última actualización: 11/06/2019

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Costas procesales - Países Bajos

Esta página ofrece información sobre las costas procesales en los Países Bajos.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

A excepción del caso de quienes prestan asistencia jurídica subvencionada, en los Países Bajos no están reguladas las retribuciones de los profesionales jurídicos.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

La Ley de tasas en los procesos civiles (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) impone a las partes el pago de una tasa de registro.

Tasas judiciales en los procesos penales

La legislación neerlandesa no prevé el pago de ninguna tasa judicial en los procesos penales.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

En el ordenamiento jurídico neerlandés no hay ninguna disposición que prevea el juicio oral en los procesos constitucionales.

Fases de los procesos civiles en las que deben pagarse tasas judiciales

En los procesos civiles, se cobra una tasa a cada demandante desde la presentación de su escrito y a cada demandado desde su comparecencia. Cada tribunal percibe una tasa por la presentación ante él de una petición distinta de la contemplada en al artículo 14, apartado 3, o de un escrito de contestación a la demanda. El impago o la demora en el pago de la tasa no tiene consecuencias para el proceso principal.

Fases de los procesos penales en las que deben pagarse tasas judiciales

Vale lo ya expuesto para los procesos civiles.

Información previa que deben aportar los representantes legales

Derechos y obligaciones de las partes

No existen obligaciones impuestas por la ley en este ámbito. Pueden derivarse, sin embargo, de lo previsto en el Código deontológico de los abogados de 1992 (para más información, véase el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de Abogados de los Países Bajos) y en el Código de deontología de los abogados en la UE. Así, la regla 26 del Código deontológico de los abogados indica que, cuando un abogado acepta la defensa, debe examinar con el cliente las correspondientes implicaciones financieras y especificarle la forma y frecuencia de la facturación. Y el artículo 3.7.1. del Código de deontología de los abogados en la UE señala que el abogado deberá intentar en todo momento buscar una adecuada resolución en función de la relación coste-efectividad, y aconsejar a su cliente en los momentos oportunos sobre la conveniencia de llegar a un acuerdo y/o de acudir a métodos de solución alternativa de conflictos.

Costas a cargo de la parte ganadora

En los asuntos civiles, la parte ganadora puede incurrir en las costas siguientes:

  • asistencia jurídica (honorarios de abogado, por ejemplo);
  • retribución o indemnización de testigos y peritos;
  • gastos de viaje y alojamiento; y
  • otros gastos judiciales y no judiciales.

Costas a cargo de la parte perdedora

La parte perdedora puede incurrir en los mismos gastos que la ganadora, pero además puede ser condenada por el juez a pagar los de esta última.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo encontrar información sobre costas?

Puede consultar la WTBZ, junto con las demás disposiciones legales, en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaGobierno neerlandés.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre costas?

La información sobre costas en los Países Bajos se da siempre sólo en neerlandés.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Puede obtener información en el El enlace abre una nueva ventanaInstituto Neerlandés de Mediación (NMI) y en la El enlace abre una nueva ventanapágina sobre mediación a instancia de los tribunales en el sitio web del Sistema judicial de los Países Bajos.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

Una sección específica (Koosten van een procedure - Costas procesales) del sitio web del Sistema Judicial de los Países Bajos da acceso a El enlace abre una nueva ventanainformación complementaria sobre la materia.

Puede obtenerse asimismo información sobre las costas medias de un proceso concreto en la sección correspondiente a este último en ese mismo sitio web.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

El informe anual del Consejo del Poder Judicial (Raad voor de rechtspraak) incluye cifras sobre la duración total de los procesos. El informe se puede consultar en línea en el El enlace abre una nueva ventanasitio web del Sistema Judicial de los Países Bajos.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se facilita la información?

Cuando se publica información sobre costas, las cifras se dan sin IVA (en caso de que se aplique éste).

¿Qué tipos tributarios se aplican?

El tipo general del IVA aplicado a los bienes y servicios es el 21%.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Véase el artículo 12, apartado 1, en conjunción con el artículo 34, de la Ley de asistencia jurídica gratuita (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

La asistencia jurídica es gratuita cuando el tribunal asigna al acusado un representante jurídico (artículo 43 de la WRB). En los demás casos, la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita puede asignar abogado a las personas con derecho a ello en virtud del Código penal o del Código de enjuiciamiento criminal (véase el artículo 44, apartado 1, de la WRB). De conformidad con el artículo 35 de esa misma Ley, el litigante está obligado a pagar una cuota en proporción a sus ingresos en los casos en que la asistencia jurídica se conceda mediante asignación de abogado.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

El artículo 44, apartado 5. de la WRB establece que la asistencia jurídica a la víctima de un delito sexual o un delito de violencia será gratuita, independientemente de la capacidad de pago de la misma, siempre que cumpla los requisitos para ser indemnizada de conformidad con el artículo 3 de la Ley del Fondo de Indemnización por Lesiones Causadas por Hechos Penales.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

No se concederá asistencia jurídica gratuita:

  • si la solicitud al efecto se refiere a un asunto penal; y
  • si, por aplicación del precepto que se haya infringido, es probable que se imponga una multa de cuantía baja en proporción a los ingresos del demandado. Véase el artículo 12, apartado 2, letra c), de la WRB.

El artículo 5, apartado 1, del Decreto sobre criterios aplicables a la asistencia jurídica gratuita y a la asignación de abogado señala que (salvo en el marco de una consulta) no se concederá asistencia jurídica gratuita en relación con procesos penales que sean competencia de la sala cantonal de un tribunal de distrito. Y en su apartado 2 agrega que, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrá asignarse abogado si así se justifica por encontrarse en juego intereses importantes del litigante o si lo exigen los hechos concretos o la complejidad jurídica del asunto.

Gratuidad de las tasas judiciales

Los acusados y los demandados están exentos del pago de las tasas judiciales en los asuntos que sean competencia de una sala cantonal o que se refieran a arrendamientos.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Las resoluciones de condena en costas imponen el pago de una cantidad a tanto alzado (no de una cantidad resultante de la suma de las costas reales en que se haya incurrido).

Derechos de los peritos

Los derechos de los peritos varían según los casos. Encontrará información pertinente en el El enlace abre una nueva ventanaDecreto de 28 de agosto de 2012 por el que se modifica el Decreto de 2003 de tasas judiciales en materia penal.

Honorarios de los intérpretes y traductores

Los honorarios por traducción e interpretación están fijados por el Ministerio de Justicia:

  • Los intérpretes cobran una tarifa de 43,89 euros/hora. Además, a los intérpretes de tribunales se les abonan 20,23 euros de una sola vez por gastos de desplazamiento y espera. Los gastos de viaje se reembolsan a razón de 1,55 euros/kilómetro.
  • Las traducciones de francés, alemán e inglés, o a estas lenguas, se pagan a una tarifa de 0,79 euros/línea. En las demás lenguas se pagan 0,14 euros/palabra (lengua de destino) y 0,28 euros/carácter si se trata de lenguas orientales.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaMediación del NMI

El enlace abre una nueva ventanaSistema Judicial de los Países Bajos

Documentos importantes

Informe de los Países Bajos para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(702 Kb)en

Última actualización: 05/03/2013

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nota: la versión original de esta página alemán se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Costas procesales - Austria

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Austria.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

En el Código de la abogacía austríaco se establece que, en principio, los honorarios que deben abonarse a los abogados por los servicios prestados pueden convenirse libremente con los clientes.

Pueden consistir en una tarifa por hora, o en una tarifa fija, con independencia del nivel de trabajo y el tiempo dedicados. Si no se conviene expresamente una tarifa, se considera razonable el nivel de retribución resultante de las escalas previstas en la Ley de honorarios de los abogados o de los Criterios generales sobre honorarios (Allgemeinen Honorar-Kriterien).

La Ley de Enjuiciamiento Civil y la citada Ley de honorarios establecen que, en los procesos civiles, el órgano jurisdiccional deberá determinar la proporción de las costas que la parte perdedora ha de reembolsar a la parte ganadora, en función de la cuantía del asunto y la duración y naturaleza de las actividades realizadas. Por lo demás, lo dispuesto en la citada Ley de honorarios tan sólo es directamente aplicable a los clientes cuando así se haya acordado con ellos.

En los procesos penales, en principio, cada parte (acusado, acusador privado, demandante civil) que haya contratado a un abogado debe asumir las costas resultantes, incluso en caso de designación de oficio del abogado de la defensa. Esto también se aplica en caso de que se haya contratado un abogado de oficio, siempre y cuando no se reúnan los requisitos de obtención de asistencia jurídica gratuita. Las costas suelen variar en función del tipo y la configuración del órgano jurisdiccional en cuestión (p. ej. tribunal de distrito, tribunal de juez único, tribunal de jueces legos, jurado).

Oficiales de justicia

La remuneración de los oficiales de justicia está regulada en la Ley de tasas de ejecución (Vollzugsgebührengesetz). En concreto, existe una tasa de ejecución, que el acreedor debe abonar al presentar la solicitud correspondiente, y una tasa fija, prevista en la Ley de tasas judiciales (Gerichtsgebührengesetz, GGG).

La tasa de ejecución ( El enlace abre una nueva ventana§ 2 Vollzugsgebührengesetz) se incluye entre las costas del procedimiento de ejecución que, a solicitud del acreedor, el órgano jurisdiccional ordenará reembolsar al deudor.

Los oficiales de justicia perciben una remuneración asimismo por los cobros que consiguen, de los que pueden deducir el importe pertinente. ( El enlace abre una nueva ventana§ 11 Vollzugsgebührengesetz).

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Las tasas judiciales por el uso de los servicios de los órganos jurisdiccionales, ya se determinen como tasas fijas (importe a tanto alzado) o como porcentaje (o tanto por mil) de la base de la evaluación, dependen tanto de la naturaleza de la causa como de la cuantía del asunto (ajustado con arreglo a dicha base).

Fase de los procesos civiles en la que han de pagarse tasas judiciales

En los procesos civiles en primera instancia, la tasa fija ha de pagarse, en principio, a la presentación del escrito inicial. Se exige una sola vez, independientemente de que el escrito contenga una o más demandas y de que se refiera a una o más demandados, y abarca la totalidad del proceso en primera instancia. Si posteriormente se amplía la pretensión, es posible que haya que pagar una tasa adicional cuando se haga constar por escrito esa ampliación.

En caso de que la ampliación de la pretensión se lleve a cabo durante un juicio oral, el pago de las tasas se exigirá cuando quede constancia de ella. En los procesos civiles en segunda o tercera instancia, la tasa ha de pagarse a la presentación del recurso (artículo 2, nº 1, de la Ley de tasas judiciales, GGG). No obstante, en ocasiones, en los procedimientos no contenciosos se exige una tasa ligada a la resolución, no ligada a la demanda.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

Únicamente al presentar una acusación privada hay que abonar una tasa según la escala 13 de la Ley de tasas judiciales (GGG).

Fase de los procesos penales en la que han de pagarse tasas judiciales

La tasa judicial debe pagarse al comenzar el proceso.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

La tasa judicial en sí es de unos 220 euros, según el artículo 17a de la Ley del Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshofgesetz, VfGG).

Fase de los procesos constitucionales en la que han de pagarse tasas judiciales

La tasa judicial debe pagarse al comenzar el proceso.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

En términos generales, los abogados tienen la obligación de informar a su cliente de cómo se calculan los honorarios y qué gastos cabe esperar que se produzcan. En este sentido, en el artículo 50, apartado 2, de las Directrices sobre el ejercicio de la abogacía y la supervisión de las obligaciones de los abogados (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts, RL-BA) se recomienda al abogado que, cuando reciba instrucciones en relación con un nuevo asunto, informe al cliente de la base sobre la que se estimarán los honorarios y de su derecho a pedir una provisión de fondos.

En relación con esto último, a menos que se haya convenido una tarifa fija, el cliente tiene derecho a solicitar, con una periodicidad razonable, un estado provisional de cuentas, o de los servicios prestados y el tiempo dedicado (cuando se haya acordado el pago de honorarios en función del tiempo de trabajo).

Correspondientemente, el inicio y la frecuencia de los pagos deberán acordarse en el momento de la contratación.

Fuente jurídica de las costas

¿ Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas en Austria?

El régimen de responsabilidad por las costas en procesos civiles contenciosos (incluidos los de carácter mercantil) está establecido en los artículos 40 a 55 del Código de procedimiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO). En cambio, son de naturaleza no contenciosa los asuntos de familia, y en particular el divorcio por mutuo acuerdo, y los conflictos en materia de custodia y derechos de visita a los hijos y de reclamaciones de alimentos. En todos ellos rigen normas específicas en materia de responsabilidad por las costas, contenidas básicamente en el artículo 78 de la Ley de procedimientos no contenciosos (Ausserstreitgesetz, AussStrG). Existen excepciones, correspondientes, entre otros casos, a los asuntos en materia de custodia y derechos de visita a los hijos y de reclamación de alimentos. La responsabilidad por las costas en procesos penales se rige por los artículos 380 a 395 del Código de procedimiento penal (Strafprozessordnung, StPO).

Se incluye un resumen de los honorarios que pueden percibir los abogados en un folleto de información en línea disponible en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaConsejo de Colegios de Abogados de Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Asimismo, puede obtenerse información general sobre las costas de los procesos judiciales en el sitio web El enlace abre una nueva ventanaHELP-Asistente administrativo para Austria, siguiendo el enlace Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren (Vivir en Austria > Derecho civil > Procesos civiles).

Esta página web El enlace abre una nueva ventanaHELP-Asistente administrativo para Austria contiene información general acerca de las tarifas judiciales. Los textos de la legislación aplicable (Ley de tasas judiciales y escalas de las tasas) pueden consultarse gratuitamente en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaSistema de información jurídica de la Cancillería Federal.

¿ En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

En alemán.

¿ Dónde puedo obtener información sobre la mediación/conciliación?

Se ofrece al público general una relación de mediadores (mantenida por el Ministerio de Justicia) en una El enlace abre una nueva ventanaPágina web del sitio web de dicho Ministerio.

En lo que se refiere a la justicia reparadora en los procesos penales, se dispone de información sobre mediación entre acusados y víctimas en el sitio web de El enlace abre una nueva ventanaNEUSTART (también en inglés).

¿ Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

Puede obtenerse información general sobre el sistema y los servicios judiciales austríacos, incluido lo relativo a costas y al Ministerio Federal de Justicia, en el El enlace abre una nueva ventanasitio web judicial oficial de Austria, así como en el El enlace abre una nueva ventanasitio web HELP, que ofrece información de fácil lectura.

El sitio web que alberga el El enlace abre una nueva ventanaSistema de información jurídica de la Cancillería Federal incluye:

  • la Ley de tasas judiciales (Gerichtsgebührengesetz, GGG),
  • la Ley de tasas (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG),
  • el Código de la abogacía (Rechtsanwaltsordnung, RAO), y
  • la Ley de honorarios de los abogados (Rechtsanwaltstarifgesetz, RATG).

El texto de los Criterios generales sobre los honorarios (AHK) puede consultarse en el sitio web de los El enlace abre una nueva ventanaColegios de Abogados de Austria.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Para este tipo de información, es posible ponerse en contacto directamente con el Ministerio de Justicia.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Las tasas judiciales se fijan por adelantado (Ley de tasas judiciales) y pueden variar en función de la cuantía del asunto.

Las tasas judiciales y costas que la parte perdedora ha de pagar a la ganadora en los procesos civiles (honorarios de abogados, derechos de peritos y honorarios de traducción o interpretación) son tasadas por los órganos jurisdiccionales en las sentencias correspondientes, aplicando los criterios de la Ley de honorarios de los abogados y de la Ley de tasas (derechos de peritos y honorarios de intérpretes). Estas costas dependen básicamente de los gastos en que se incurra y del tiempo dedicado al proceso. Por tanto, no puede facilitarse una cifra específica por anticipado.

En principio, los honorarios de los abogados se convienen libremente con éstos.

Impuesto sobre el valor añadido

¿ Cómo se da la información? ¿Qué tipos tributarios se aplican?

Los servicios de abogados están sujetos al impuesto sobre el volumen de negocios, que se aplica a un tipo tributario del 20 % en Austria. Análogamente a lo previsto para otros gastos, deben abonarse al abogado por separado, como se establece expresamente en el artículo 16 de la Ley de honorarios de los abogados y en el artículo 17 de los Criterios generales sobre los honorarios. Este impuesto no se incluye en las escalas de tarifas establecidas en esas dos disposiciones.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El derecho a asistencia jurídica gratuita no se basa en un umbral de ingresos establecido legalmente. En los procesos civiles (incluidos los asuntos mercantiles, tal como se ha mencionado), tal asistencia se rige por lo dispuesto en el Código de procedimiento civil. Las disposiciones correspondientes se aplican mutatis mutandis en los procedimientos no contenciosos. La concesión o no de la asistencia jurídica gratuita corresponde al órgano jurisdiccional que vea la causa en primera instancia.

Deberá concederse la asistencia a aquella parte (únicamente personas físicas) cuyos ingresos, circunstancias económicas y obligaciones de alimentos no le permitan atender las costas de un proceso judicial sin que éstas repercutan adversamente en el nivel de los recursos económicos necesarios para mantener un estilo de vida digno. Además, se exige que el proceso no parezca temerario ni carente de toda perspectiva de éxito. El órgano jurisdiccional pertinente decidirá si debe concederse la asistencia en cada caso concreto.

En Austria, la asistencia jurídica gratuita puede incluir fundamentalmente las siguientes prestaciones:

  • Exención temporal del pago de las tasas judiciales, las indemnizaciones a testigos, los derechos de peritos, los honorarios de intérpretes o traductores, los gastos de los anuncios públicos necesarios, los gastos de fideicomisarios y los desembolsos en que incurran éstos o los abogados contratados legalmente por elórgano jurisdiccional.
  • Representación por un letrado

Las partes beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita pueden ser obligadas a reembolsar retroactivamente esas prestaciones tan pronto como se encuentren en situación de hacerlo en todo o en parte sin que se vea afectado su nivel mínimo de subsistencia.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados y las víctimas

No se aplica ningún umbral financiero fijo para determinar si un acusado o una víctima/parte civil de un delito de carácter penal cumple los criterios para recibir asistencia jurídica gratuita. Mantenerse por encima del salario mínimo vital, y por debajo de un nivel de manutención apropiado, constituye el criterio de referencia en estos casos.

El salario mínimo vital se revisa periódicamente y se publica en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

En caso de que no exista pretensión a asistencia judicial de conformidad con el artículo 66, apartado 2 del Código de procedimiento penal, los demandantes civiles tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita cuando

  • no sea posible la representación por un letrado sin que esta repercuta en el nivel de recursos necesario (véase los datos relativos al nivel mínimo situados más arriba), y
  • sea necesaria la representación por un letrado en interés de la administración de justicia y especialmente de la aplicación pertinente de sus pretensiones, con el fin de evitar ulteriores procesos civiles.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

Un requisito para la obtención de la asistencia jurídica es que, además de cumplir con los requisitos económicos, esta ayuda redunde en interés de la administración de justicia y de una defensa apropiada.

En interés de la administración de justicia, deberá asignarse un abogado defensor, en caso de que se dé un caso de representación obligatoria en virtud del artículo 61, apartado 1, del Código Penal (véanse los casos que siguen),

  • si el acusado es ciego, sordo, mudo, o presenta otro tipo de discapacidad o carece de conocimientos suficientes de la lengua utilizada por el órgano jurisdiccional,
  • en procesos de recurso de apelación, y
  • si están en juego circunstancias de hecho y de derecho complejas.

En los casos de representación obligatoria, el acusado debe estar representado por un abogado defensor. Según el artículo 61, apartado 1, del Código Penal, se considerará un caso de representación obligatoria en los siguientes supuestos:

  • si el acusado se mantiene en prisión preventiva,
  • en los procesos que conllevan el confinamiento en una institución para personas con deficiencias mentales,
  • en los juicios relativos al confinamiento del acusado en una institución para adictos que precisen de rehabilitación, o al confinamiento de infractores peligrosos en una institución,
  • en los juicios ante tribunales regionales con jurado o tribunales de jueces legos,
  • en juicios ante el tribunal regional como juez único, si la sentencia que pueda imponerse conlleva una pena de privación de libertad de más de tres años, excepto en caso de robo con fractura según el artículo 129 números 1 a 3 del Código Penal y en caso de encubrimiento según el artículo 164 apartado 4 del Código Penal,
  • en procesos de recurso de apelación contra la sentencia de un tribunal con jurado, o de jueces legos,
  • en caso de efectuar la solicitud de reapertura del proceso, o de la celebración de juicio público

Gratuidad de las tasas judiciales

En los procesos penales, las víctimas de actos de violencia, amenazas peligrosas o delitos sexuales, así como los cónyuges, parejas, parientes directos o hermanos de una persona cuyo fallecimiento pueda haberse debido a una infracción penal, u otros familiares que hayan sido testigos de delitos, tienen derecho a asistencia psicosocial o judicial gratuita, para preservar los derechos de las víctimas en tales procesos. La asistencia psicosocial comprende la preparación de la víctima en relación con el proceso y con la carga emocional causada por éste. La asistencia psicosocial o judicial es prestada por organizaciones de apoyo a las víctimas asignadas y contratadas por el Ministerio Federal de Justicia según el artículo 66 apartado 2 del Código de Procedimiento Penal.

En los procedimientos no contenciosos, no deberán abonarse tasas por las actuaciones en materia de administración fiduciaria, custodia o derechos de visita a los hijos, como tampoco en aquellas a las que se apliquen la Ley de confinamiento en una institución (Unterbringungsgesetz) o la Ley de asistencia residencial (Heimaufenthaltsgesetz). Podrá concederse asistencia jurídica gratuita en forma de exención provisional del pago de tasas en los casos de bajos ingresos o recursos, pero la escala de la exención concedida dependerá de la solicitud y quedará a la discreción del órgano jurisdiccional.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Procedimientos contenciosos

El régimen de costas en los procesos civiles (incluidos los mercantiles) está establecido en el Código de procedimiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO). En él se prevé que, en principio, cada una de las partes deberá sufragar los costes en que incurra, proporcionalmente a su participación en el proceso. Si la sentencia no admite recurso, deberá incluir un pronunciamiento específico sobre costas. Para ello se aplicará el principio de responsabilidad estricta. La parte perdedora deberá reembolsar a la otra la totalidad de las tasas y costas necesarias para la administración de justicia o el ejercicio de la defensa ocasionados por la celebración del juicio. En caso de estimación parcial de la demanda, las costas deberán exigirse mutuamente en cada caso, o compartirse de forma proporcional.

En determinados casos estará justificada la desviación del principio de responsabilidad estricta por razones de equidad:

  • en caso de condena relativamente menor, si la parte perdedora no ha ocasionado costas especialmente relevantes,
  • si la cuantía del asunto se determina por peritos o a discreción del órgano jurisdiccional, y en caso de compensación mutua,
  • si la conducta del demandado no ha sido la causa del inicio del proceso y aquel ha admitido la demanda a la primera oportunidad, y
  • si la puesta en marcha de un juicio que se cancele automáticamente o se declare nulo se debe a la actuación de una de las partes, esta podrá responder por las costas en su totalidad.

Procedimientos no contenciosos

Los asuntos de Derecho de familia (alimentos, custodia y derechos de visita a los hijos y divorcio de mutuo acuerdo) se ven en procedimientos no contenciosos. La norma general sobre las costas en estos casos es la contenida en el artículo 78 de la Ley de procedimientos no contenciosos (Ausserstreitgesetz, AusserStrG). No obstante, se aplican excepciones en un gran número de procesos. También en este caso suele aplicarse el principio de responsabilidad estricta, aunque caben excepciones al cumplimiento del mismo por razones de equidad. Tales razones son mucho más amplias que las contempladas en el Código de procedimiento civil. Si no se reclama indemnización, los gastos corrientes (por ejemplo, derechos de los peritos) deberán abonarse en proporción a la participación en el asunto en cuestión, y si no se pueden determinar, deberán compartirse equitativamente.

Detalles de los diversos tipos de proceso (alimentos, custodia y derechos de visita a los hijos y divorcio):

  • en lo que respecta a los procesos de divorcio, cabe distinguir dos tipos, a saber, el divorcio con oposición y el divorcio de mutuo acuerdo.

Divorcio con oposición: se aplican en este caso ciertas disposiciones especiales del Código de procedimiento civil. Si no hay culpa de ninguna de las partes, las costas deberán compensarse mutuamente. Si el motivo del divorcio es la ruptura de la convivencia y la sentencia se pronuncia sobre la responsabilidad de tal ruptura, el cónyuge declarado culpable deberá abonar las costas del otro.

Divorcio de mutuo acuerdo: al igual que en los otros dos tipos de asuntos de Derecho de familia, el divorcio de mutuo acuerdo se aborda en un procedimiento no contencioso. En este caso, los cónyuges presentan dos peticiones idénticas al órgano jurisdiccional y, puesto que no hay contradicción, no procede la condena en costas. Los gastos corrientes deberán ser asumidos equitativamente por las partes.

  • Los procedimientos en materia de custodia y derechos de visita a los hijos son igualmente no contenciosos. En virtud de la cláusula de exención (artículo 107, apartado 3, de la AusserStrG), no hay condena en costas.
  • Se aplica una cláusula de exención adicional el pago de las costas (artículo 101, apartado 2, de la AusserStrG) en los procedimientos de reclamación de alimentos para hijos menores de edad, que son igualmente no contenciosos.

Procesos penales

En los procesos penales, en principio, quien contrate la asistencia de letrado para su defensa ha de sufragar los costes por sí mismo, aun en el caso de que el letrado haya sido designado de oficio (artículo 393, apartado 1, del Código de procedimiento penal).

En caso de que el acusado sea condenado, también estará obligado a sufragar las costas del proceso penal (artículo 389, apartado 1, del Código de procedimiento penal). Según el sitio web El enlace abre una nueva ventanaartículo 389, apartado 1 StPO, las costas comprenden:

  • una cantidad a tanto alzado por los gastos varios del proceso no detallados incluidos los de instrucción y la aprobación de órdenes de la fiscalía o actuaciones oficiales del órgano jurisdiccional competente que, según el artículo 3 leg. cit., limitada a los siguientes importes máximos: en los procesos ante los tribunales regionales con jurado de 500 a 10000 euros, en los procesos ante los tribunales regionales con jueces legos de 250 a 5000 euros, en los procesos ante un juez único del tribunal regional de 150 a 3.000 euros, en los procesos ante los tribunales de distrito de 50 a 1000 euros;
  • los derechos de los peritos y, por lo general, los honorarios de los intérpretes,
  • los gastos de información, elaboración de informes o dictámenes facilitados por las autoridades,
  • los gastos del transporte transfronterizo del acusado o de desplazamiento de testigos desde el extranjero,
  • los gastos ocasionados por las órdenes de congelación de activos y los gastos de información sobre cuentas bancarias, de incautación de cartas, de información sobre los datos de telecomunicaciones o de interceptación de telecomunicaciones,
  • los gastos de ejecución de la sentencia, excluidos los vinculados al encarcelamiento,
  • las tasas judiciales,
  • los honorarios del abogado defensor u otros representantes
  • una suma a tanto alzado por los gastos de la asistencia psicosocial o jurídica prestada a la víctima, hasta un máximo de 1000 euros.

Con excepción de los gastos mencionados en los números 3, 7 hasta 9, la Federación sufraga las costas por adelantado. Al llevar a cabo una medición de la cantidad a tanto alzado que se menciona en el apartado 1, número 9, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta la capacidad económica de la persona que ha de sufragar las costas. Los gastos asociados a los servicios de interpretación no se consideran parte de las costas que se han de sufragar, siempre y cuando fueran necesarios debido a la falta de competencia del acusado en la lengua del órgano jurisdiccional o a una dolencia que le impida entenderse con el órgano jurisdiccional.

De conformidad con el artículo 391, apartado 1, del Código de procedimiento penal, al ejecutar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sobre condena en costas ha de considerarse la capacidad del condenado para sufragar los gastos de manutención ordinaria de sí mismo y de su familia, así como la obligación de abonar una indemnización tras la condena. Si la condena en costas no puede ejecutarse por insolvencia del acusado, el órgano jurisdiccional puede declarar la irrecuperabilidad de las costas. Si el órgano jurisdiccional supone que las costas podrán recuperarse en el futuro, deberá examinarse de nueva la capacidad económica una vez transcurrido cierto plazo. El plazo de prescripción legal aplicable a la recuperación de las costas es de cinco años desde la sentencia firma de condena. Si el órgano jurisdiccional decide que el condenado ha de asumir las costas del proceso y posteriormente se determina su incapacidad para el pago, las autoridades responsables de su cobro podrán ampliar el plazo límite establecido, permitir el pago a plazos o reducir la cuantía de las costas.

Si el condenado, con arreglo a la resolución del órgano jurisdiccional, queda obligado a pagar al menos parte de la indemnización al demandante civil, también tendrá que reembolsarle las costas del proceso penal.

Según el artículo 393 bis del Código de procedimiento penal, el acusado que resulte absuelto podrá solicitar una aportación del Estado para sufragar las costas de su defensa letrada. Para determinar este importe a tanto alzado se tendrán en cuenta la extensión y la complejidad de la causa y de la defensa letrada necesaria. El importe a tanto alzado se fijará teniendo en cuenta el alcance y el grado de dificultad de la defensa letrada y la extensión que conlleve una labor necesaria y adecuada por parte del abogado defensor y no deberá sobrepasar las siguientes cantidades: 5000 euros en los procesos ante los tribunales regionales con jurados, 2500 en los procesos ante los tribunales regionales con jueces legos, 1250 en los procesos ante un juez único del tribunal regional y 450 en los procesos ante un tribunal de distrito.

Cuando el proceso penal sea incoado por un acusador particular, o a solicitud de un demandante civil, con arreglo al artículo 72 del Código de procedimiento penal (acusación subsidiaria), y no haya habido condena, el acusador principal o el demandante civil estarán obligados a asumir todas las costas generadas por la demanda y el mantenimiento del proceso. Si el proceso penal concluye con la desestimación de la causa (artículos 198 a 209 del Código de procedimiento penal), el demandante civil no tendrá que abonar las costas.

Derechos de los peritos

En los procesos civiles contenciosos (incluidos los asuntos mercantiles), los derechos de los peritos de una parte se adjudicarán proporcionalmente a la estimación de la demanda (artículo 43, apartado 1, del Código de procedimiento civil).

En los procesos de divorcio con oposición en los que no se dicte sentencia de condena en costas, los gastos corrientes se compensarán mutuamente; si una de las partes ha abonado más de la mitad de los gastos en efectivo, la otra deberá reembolsarle el exceso. Si se determina la culpa de uno de los cónyuges, éste deberá reembolsar al otro los derechos de peritos.

En los procesos de divorcio de mutuo acuerdo, así como en los relativos a asuntos de custodia y derechos de visita a los hijos y reclamación de alimentos a hijos menores de edad, los derechos de los peritos abonados inicialmente con cargo a fondos oficiales deberán reembolsarse al órgano jurisdiccional por las partes que los hayan ocasionado o en cuyo interés se haya emprendido la actuación oficial. Si varias personas están obligadas a reembolsar las costas, se considerarán responsables solidarios [artículo 1, apartado 5, de la Ley de pagos a órganos jurisdiccionales (Gerichtliches Einbringungsgesetz, GEG), y artículo 2, apartado 1, de la GEG].

El importe de los derechos de los peritos se rige por la Ley de tasas (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG), y depende fundamentalmente en cada caso del contenido y el alcance de la prueba pericial solicitada por el órgano jurisdiccional.

En los procesos penales, los derechos de los peritos forman parte de las costas (artículo 381, apartado 1, del Código de procedimiento penal), que, con arreglo al artículo 389, apartado 1, deban ser abonadas por el condenado. Su importe será determinado por el órgano jurisdiccional o el ministerio fiscal, y abonado por el Estado.

Honorarios de traductores e intérpretes

La exposición precedente es igualmente aplicable a los honorarios de traductores e intérpretes.

Documentos relacionados

Informe de Austria para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(829 Kb)en

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventana§ 32 GGG

Última actualización: 16/05/2018

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Costas procesales - Polonia

Esta página ofrece información sobre las costas procesales en Polonia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

En Polonia, los honorarios de los abogados (adwokat) vienen determinados, a título individual, por el acuerdo alcanzado con el cliente, con sujeción a la ley. En ellos pueden tomarse en cuenta los siguientes factores:

  • La complejidad y alcance de la cuestión jurídica
  • El tiempo necesario para la correcta ejecución de la tarea encomendada
  • La experiencia y capacidad profesional del abogado
  • Los plazos
  • El nivel de urgencia
  • Otros factores.

De acuerdo con la Orden del Ministro de Justicia sobre retribución de los servicios prestados por abogados de 28 de septiembre de 2002 (rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie), los honorarios deben tener en cuenta:

  • La complejidad y el tipo de caso;
  • El trabajo necesario para llevarlo a su conclusión.

En casos especiales, dependiendo de la situación material y familiar del cliente, el abogado puede fijar sus honorarios a un nivel inferior al que exige la Ley de costas procesales en juicios civiles Cases (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

En principio, las costas son por cuenta de la parte perdedora. En todo caso, la cantidad establecida por el juez en la tasación de los honorarios de abogado debe respetar los límites establecidos en la citada Orden del Ministro de Justicia sobre retribución de los servicios prestados por abogados de 28 de septiembre de 2002. Por lo tanto (con arreglo al apartado 2), esa cantidad no puede superar el porcentaje mínimo multiplicado por seis o la cuantía del asunto. El importe de los honorarios depende asimismo de la naturaleza y de los objetivos del asunto y de la fase del proceso. Los capítulos 2 a 5 de la Orden definen los honorarios mínimos en los distintos casos.

Asesores jurídicos

Los asesores jurídicos (radcy prawni )se rigen en Polonia por una normativa similar a la de los abogados.

Oficiales de justicia

Los honorarios de los oficiales de justicia (komornicy) stán establecidos en la Ley reguladora de los oficiales de justicia y los procedimientos de ejecución judicial (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Las normas generales son las siguientes:

En asuntos de índole financiera, los honorarios se calculan en forma de porcentaje de la cuantía de la demanda. En concreto, en la ejecución de una demanda pecuniaria, el acreedor debe abonar unos honorarios que no pueden exceder del 2 % de la cuantía de la demanda, ni ser inferiores al 3 % de una remuneración mensual media ni superiores a esa cantidad multiplicada por 5.

Por su parte, el deudor debe pagar el 15 % de la cuantía de la demanda. Además, la cantidad resultante no puede ser inferior al 10 % de una remuneración mensual media, ni superior a esa cantidad multiplicada por 30.

En asuntos de índole no financiera, la remuneración del oficial de justicia es fija.

Tasas judiciales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

La Ley de costas procesales en juicios civiles regula las tasas y las costas.

Se entienden por tasas las cantidades que hay que pagar por cada presentación de documentos al tribunal, cuando la ley obligue a ello. Existen tres tipos de tasas: variables, fijas y básicas.

El importe de las tasas varía según se trate de un asunto civil, de familia, mercantil u otro. También influye el tipo de actuación judicial.

Se entienden por costas los gastos del proceso vinculado a la participación de las partes, los testigos y los peritos. Dependen del tiempo y del esfuerzo exigidos. Las costas pueden incluir asimismo los honorarios de intérpretes y traductores, los gastos de viaje y alojamiento y la indemnización por el lucro cesante de los testigos. Otras costas que cabe tener en cuenta son la remuneración de otras instituciones y personas, el examen de las pruebas, el transporte y custodia de animales y objetos, el tiempo que dura la detención y la publicación de anuncios.

Hay que considerar, además, otras costas. Son principalmente las tasas judiciales no contempladas en los párrafos precedentes y los gastos por preparación del juicio y por actuaciones del abogado o el asesor jurídico en representación del cliente (incluidos los honorarios de representación y asesoramiento).

Como norma general, la parte perdedora debe reembolsar a la ganadora los gastos que ésta haya asumido, razonablemente, en defensa de los propios intereses, a menos que se disponga lo contrario. Sin embargo, la parte ganadora debe aguardar a que se dicte sentencia antes de que se le reembolsen tales gastos. La cuestión de las costas se resuelve en la última etapa del proceso judicial, inmediatamente antes de que se dicte la sentencia definitiva.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

La tasa debe pagarse en el momento de presentar un documento ante el tribunal (artículo 10 de la Ley de costas procesales en juicios civiles).

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

En general, las costas no son fijas, sino que se calculan una vez dictada la sentencia. El importe dependerá de la duración del procedimiento, de la sentencia y de la cuantía de los derechos de los peritos. Sólo es posible prever las tasas judiciales iniciales que hay que pagar en los procesos iniciados a instancia de parte.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales de los litigantes en los procesos penales deben abonarse una vez dictada la sentencia (siendo ésta válida y vinculante para las partes).

Tasas judiciales básicas en los procesos constitucionales

El Código de procedimiento civil reconoce (en su artículo 424) la posibilidad de presentar recurso de revisión tras una sentencia firme en segunda instancia cuando ésta causa perjuicio a una parte y no ha sido posible la modificación o revocación de la misma (recurso por incompatibilidad de la sentencia con la ley).

El mismo recurso se admite cuando esa incompatibilidad con la ley implica la vulneración de las normas fundamentales del ordenamiento jurídico o de los derechos constitucionales fundamentales o los derechos humanos y de los ciudadanos, y la sentencia se ha dictado en primera instancia. En tales casos, la Ley de costas procesales en juicios civiles exige el pago de una tasa. Ésta es una tasa básica de 30 PLN, en tanto la Ley no disponga lo contrario (artículo 14).

Existen excepciones a esa norma. En concreto, la tasa asciende a:

  • 40 PLN si el recurso se refiere a un proceso sin juicio oral iniciado de oficio.
  • 1 000 PLN si el recurso se refiere a una resolución del Presidente de la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor.
  • 3 000 PLN si el recurso se refiere a una resolución del Presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión.

Fase de los procesos constitucionales en las que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales básicas en los procedimientos constitucionales deben abonarse en el momento en que se presente al tribunal el documento sujeto a pago (artículo 10 de la Ley de costas procesales en juicios civiles).

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Con arreglo a la Ley, los representantes procesales no son responsables del resultado final de un proceso. Sólo están obligados a mantener un nivel adecuado de diligencia y a emprender todas las medidas necesarias para gestionar el asunto adecuadamente. Esto significa que tienen facultad discrecional para seleccionar la información que pueda ser útil para sus clientes.

Los códigos deontológicos les imponen ciertas obligaciones. Sin embargo, no debe olvidarse que estos códigos son elaborados por los colegios profesionales y tienen carácter puramente declarativo. De vulnerarse, sólo acarrean la adopción de medidas disciplinarias.

Costas incluidas

  • A cargo de la parte ganadora
  • A cargo de la parte perdedora.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Polonia?

Puede hallarse información (incluida la relativa a las costas) en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia. La Ley de costas procesales en juicios civiles es de aplicación general. Esto significa que cualquier persona incursa en un proceso judicial o que busque información sobre las costas podrá encontrar fácilmente las normas pertinentes.

Las personas que tengan dificultades para entender la Ley pueden solicitar la asistencia de su representante legal (abogado o asesor jurídico). Los profesionales de la abogacía pueden prestar información y asistencia sobre los diversos procedimientos en otra u otras lenguas.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Polonia?

La información sólo está disponible en polaco.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

El Código de procedimiento civil regula la mediación en sus artículos 183, apartado 1, a 183, apartado 5. Los honorarios de los mediadores y los gastos reembolsables se establecen en la Orden del Ministro de Justicia de 30 de noviembre de 2003. Sin embargo, los gastos de mediación no suelen considerarse costas a los efectos procesales, a menos que la mediación haya sido ordenada por el tribunal.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

La página web del El enlace abre una nueva ventanaMinistro de Justicia es una sección del sitio web oficial del Gobierno polaco. Describe el sistema judicial y otros asuntos relacionados, incluidas las costas procesales. Desde el sitio web se remite a una explicación de las costas en los juicios civiles (solo en polaco).

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Es sumamente complicado predecir la duración media de un proceso judicial, ya que ésta depende de la complejidad jurídica y fáctica del asunto.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Pese a lo indicado anteriormente, es posible evaluar los gastos medios de un proceso. Los gastos de la representación procesal se definen al comienzo del juicio. Dependen del acuerdo alcanzado entre el cliente y su representante. En cuanto a la representación procesal de oficio, los gastos están previstos en la normativa.

También es posible estimar las tasas judiciales. Éstas se determinan en la Ley de costas procesales en juicios civiles y dependen de la cuantía del litigio y de su naturaleza (por ejemplo, procesos mercantiles o de divorcio). Las partes pueden tener en cuenta asimismo los gastos vinculados a la intervención de peritos.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Las tasas y costas definidas en la Ley de costas procesales en juicios civiles están exentas de impuestos y, por consiguiente, también del IVA. La asistencia jurídica está sujeta a un tipo único de IVA (23 %).

¿Qué tipos tributarios se aplican?

El tipo del IVA aplicable es el 23 %. Los servicios prestados por los asesores jurídicos y abogados tributan como otros servicios. La tributación se establece en la Ley del impuesto sobre el valor añadido.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los procesos civiles

Las personas que pretendan obtener la exención de las costas judiciales deben presentar una solicitud oficial. Podrá concedérseles la exención si demuestran que son incapaces de sufragar las costas sin que ello les acarree dificultades a ellas mismas o sus familias.

Además, los solicitantes deben presentar una declaración por escrito en la que faciliten los datos siguientes: estado civil, ingresos, fuente de ingresos y recursos. De cumplirse las condiciones expuestas, el tribunal reconocerá la exención y, además, concederá asistencia jurídica gratuita profesional (un representante legal pagado por la Hacienda al comienzo del juicio; al final del proceso, la parte perdedora está obligada, a instancia de la ganadora, a reembolsar los gastos).

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

No hay fijado ningún umbral de ingresos. Como norma general, el solicitante debe demostrar debidamente que, dada la situación económica suya o de su familia, la asunción de las costas le resultaría gravosa.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

No hay fijado ningún umbral de ingresos. La asistencia jurídica gratuita se concede si la víctima —como parte del proceso— es incapaz de sufragar los gastos sin perjuicio para la situación económica suya y de su familia.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

Como se ha mencionado anteriormente, la víctima debe ser parte del proceso. Durante la instrucción, la víctima es parte de oficio. En la fase del juicio oral, la víctima ha de intervenir como «acusador particular».

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

No existen otras condiciones para el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados. Sí hay, sin embargo, motivos adicionales para la concesión de asistencia jurídica gratuita a los mismos. En concreto, se concede en los casos en que:

  • Sea menor
  • Sea sordo, mudo o ciego
  • Exista una razón fundada para dudar de su cordura
  • El tribunal lo considere necesario para agilizar el procedimiento
  • El tribunal lo considere necesario debido a circunstancias que dificulten la defensa
  • El proceso se desarrolle en primera instancia y ataña a una persona acusada de cometer un delito grave o que esté privada de su libertad
  • El proceso se desarrolle ante el Tribunal Supremo.

Gratuidad de las tasas judiciales

En los asuntos penales iniciados de oficio, el Estado asume las costas.

Los asuntos relativos a menores son asimismo gratuitos.

Los demandantes en ciertos asuntos (por ejemplo, obligaciones de alimentos, cláusulas Ley de costas procesales en juicios civiles).

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Como norma general, la parte perdedora está obligada a pagar las costas esenciales del proceso y a reembolsar los gastos de representación procesal de la parte ganadora. Los gastos reembolsables se especifican en el Código de procedimiento civil (artículos 98 a 110). En concreto, se incluyen entre ellos las tasas, los gastos de transporte, el lucro cesante y los honorarios de abogado.

Derechos de los peritos

El tribunal resuelve sobre la remuneración de los peritos en función de los objetivos del asunto, sus cualificaciones, la duración y la carga de trabajo.

Honorarios de traductores e intérpretes

Los honorarios dependen de que la traducción/interpretación haya sido encargada por el Estado o no.

La Orden sobre remuneración de los traductores jurados (adoptada por el Ministro de Justicia el 25 de enero de 2005 – Diario Oficial de 2007, número 41, entrada 265) establece los honorarios que deben abonar las instituciones públicas. Según la misma, se determinan en función de la lengua de origen y la de destino (sobre la base de la idea general de que, normalmente, es más fácil y más barato traducir de una lengua extranjera a la lengua materna). Otros factores son la terminología y el nivel de especialización.

En el sector privado, los gastos están regulados por el contrato celebrado entre el traductor/intérprete y su cliente.

Fuentes:

  • Orden de retribución de los servicios prestados por abogados, adoptada por el Ministro de Justicia, de 28 de septiembre de 2002, Diario Oficial de 2002, número 163, entrada 1348
  • Ley de costas procesales en juicios civiles, Diario Oficial de 2005, número 167, entrada 1398.
  • Orden sobre remuneración de los traductores jurados adoptada por el Ministro de Justicia el 25 de enero de 2005 – Diario Oficial de 2007, número 41, entrada 265

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Informe de Polonia para el estudio relativoa la transparencia de las costasPDF(396 Kb)en

Última actualización: 11/06/2019

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Costas procesales - Portugal

Esta página ofrece información sobre los costes procesales en Portugal.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

1. Procuradores

En Portugal, los honorarios de los procuradores, en tanto que agentes de ejecución, están regulados por la Ordenanza (Portaria) nº 331-B/2009, de 30 de marzo (artículos 11 a 25).

2. Asesores jurídicos

En Portugal, los honorarios de los asesores jurídicos no están regulados.

3. Abogados

En Portugal, los honorarios de los abogados no están regulados.

4. Oficiales de justicia

Los costes de intervención de los oficiales de justicia en los procesos de ejecución están regulados por el artículo 9 y por la tabla II del Reglamento de Costas Procesales (Regulamento das Custas Processuais), aprobado por el Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de febrero, y por la Portaria nº 331-B/2009, de 30 de marzo (artículos 11-25).

5. Abogados en el ámbito de la protección jurídica

Los honorarios de los servicios prestados por los abogados en el ámbito de la protección jurídica están regulados en la Portaria nº 1386/2004, de 10 de noviembre, y por la Portaria nº 10/2008, de 3 de enero, modificada por la Portaria nº 210/2008, de 29 de febrero.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales que deben abonar los litigantes en los procesos civiles

Las tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles figuran en los artículos 5 a 7 y en las tablas I y II adjuntas al Regulamento das Custas Processuais aprobado por el Decreto-Ley (Decreto-Lei) nº 34/2008, de 26 de febrero.

Fase de los procesos civiles en la que tienen que pagarse tasas judiciales

Por lo general, las costas judiciales se pagan al inicio del proceso y en el momento en el que se fija el día del juicio. El momento del pago de los derechos de los peritos y los gastos de los oficiales de justicia suele producirse antes de su intervención en el proceso.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales que deben abonar los litigantes en los procesos penales

Las tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales figuran en el artículo 8 y en la tabla III anexa al Regulamento das Custas Processuais aprobado por el Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de febrero.

Fase de los procesos penales en la que tienen que pagarse tasas judiciales

La fase del proceso penal en la que deben pagarse tasas judiciales depende de la posición del interviniente en el proceso y del acto de que se trate. Los únicos casos de pago de tasas en el momento en el que se practica el acto son la constitución como parte civil y la apertura de la instrucción por la parte civil. En los restantes casos, es decir, en todos aquellos en los que esté implicado el demandado, y en los demás casos en que participe la parte civil, la tasa se paga al final de la fase del proceso de que se trate (instrucción, juicio o recurso), en función de la decisión del juez. Se cobran tasas en los procesos de apreciación de la constitucionalidad.

Tasas judiciales en los procesos de apreciación de la constitucionalidad

Tasas judiciales que deban abonar los litigantes en los procesos de apreciación de la constitucionalidad

Estas tasas se rigen por los artículos 6 a 9 del Decreto-Lei nº 303/98, de 7 de octubre, modificado por el Decreto-Lei nº 91/2008, de 2 de junio.

Fase de los procesos de apreciación de la constitucionalidad en la que tienen que pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales se pagan únicamente al final del proceso.

Información previa que deben aportar los representantes legales

Derechos y obligaciones de las partes

Los representantes procesales están ética y legalmente obligados a suministrar información sobre los derechos y las obligaciones de las partes, dado su excelente conocimiento de las oportunidades de éxito y las costas correspondientes.

Fuentes jurídicas reguladoras de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas en Portugal?

Esta información puede obtenerse en El enlace abre una nueva ventanahttps://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas en Portugal?

Esta información solo está disponible en portugués.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

La información sobre la mediación, en particular sobre los sistemas públicos de mediación civil, familiar, laboral y penal, puede consultarse en El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

La información sobre la duración media de un proceso concreto puede encontrarse en el sitio web Estadísticas de la Justicia en Portugal (Estatísticas da Justiça em Portugal) - El enlace abre una nueva ventanahttp://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Esta información no está disponible y solo puede obtenerse consultando las distintas escalas o tablas de costas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la aplicación del impuesto sobre el valor añadido?

Las tasas judiciales no están sujetas al IVA. Los honorarios de los profesionales sí están sujetos al IVA, pero la información sobre las costas no hace referencia a este impuesto.

¿Qué tipos tributarios se aplican?

No se ha proporcionado información sobre los tipos del IVA aplicables.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

La fórmula de cálculo del umbral de ingresos para tener derecho al beneficio de asistencia jurídica gratuita en los asuntos civiles figura en el anexo a la Lei nº 34/2004, de 29 de julio, modificada por la Lei nº 47/2007, de 28 de agosto.

Umbral de ingresos de los acusados en los asuntos penales

La fórmula de cálculo del umbral de ingresos para tener derecho al beneficio de asistencia jurídica gratuita en los asuntos penales figura en el anexo a la Lei nº 34/2004, de 29 de julio, modificada por la Lei nº 47/2007, de 28 de agosto.

Umbral de ingresos de las víctimas en los asuntos penales

No hay un umbral de ingresos para la asistencia jurídica gratuita a las víctimas en los asuntos penales.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

La concesión de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas está sujeta a otras condiciones. Las víctimas no pagan tasas judiciales cuando actúan representadas por la Asociación de Apoyo a las Víctimas (Associação de Apoio à Vítima).

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

La asistencia jurídica gratuita a los demandados está sujeta a otras condiciones relativas a la situación económica del demandado, que se calculan con arreglo al modelo del artículo 39 de la Lei nº 34/2004, de 29 de julio, modificada por la Lei nº 47/2007, de 28 de agosto.

Gratuidad de las tasas judiciales

Los procesos judiciales pueden ser gratuitos para una de las partes o para todas ellas por exención de las costas judiciales o la concesión de asistencia jurídica gratuita (apoio judiciário).

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

En general, la parte ganadora tiene derecho a ser resarcida por la parte perdedora de las costas que pagó, en la proporción establecida por el juez en función de la sentencia final. El derecho a recibir una indemnización de la parte ganadora queda anulado cuando la parte perdedora se beneficia de la asistencia jurídica gratuita y queda, por tanto, exenta del pago de las tasas judiciales.

Derechos de los peritos

Normalmente, es la parte la que tiene que pagar los derechos de los peritos. En caso de haber recibido asistencia jurídica gratuita, los honorarios de los peritos corren a cargo del Instituto de Gestión Financiera e Infraestructuras de la Justicia (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Honorarios de traductores e intérpretes

Normalmente, es la parte la que tiene que pagar los derechos de los traductores e intérpretes. En caso de haber recibido asistencia jurídica gratuita, los derechos de los traductores e intérpretes corren a cargo del IGFIJ (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Documentos importantes

Informe de Portugal sobre el estudio relativo a la transparencia de las costasPDF(781 Kb)en

Última actualización: 21/06/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Rumania

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Rumanía.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

Generalidades

Los honorarios de los abogados son variables y se determinan en función del nivel de dificultad, el volumen y la duración. Su cuantía puede convenirse libremente entre el abogado y el cliente, dentro de los límites marcados por la ley y el Estatuto profesional.

El importe puede basarse en:

  • Una tarifa por horas trabajadas.
  • Una cantidad fija.
  • Una cantidad en función del éxito del asunto: además de una cantidad fija, el abogado puede solicitar una cantidad fija o variable en caso de éxito (está estrictamente prohibido que la remuneración del abogado se base únicamente en el resultado judicial).
  • Una combinación de tarifa fija y por horas, con independencia del resultado.

Es casi imposible estimar los honorarios antes de presentar el caso al abogado, quien los evaluará teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y la carga de trabajo, la cuantía del litigio y la naturaleza del litigante.

Oficiales de justicia (agentes judiciales de ejecución)

Generalidades

El nivel de la tasa depende de la actividad realizada para ejecutar una sentencia judicial o un título ejecutivo con arreglo a Derecho. El Ministerio de Justicia elabora una lista de tasas en colaboración con la El enlace abre una nueva ventanaUnión Nacional de Ejecutores Judiciarios. La parte que solicita la ejecución de un procedimiento paga al agente de ejecución judicial. Por lo general, el pago se hace por cada ejecución.

Para la ejecución de deudas relativas a importes monetarios las tasas máximas son las siguientes:

Deudas de hasta 50 000 RON inclusive

La tasa máxima es el 10% del importe de la deuda (por ejemplo, si dicho importe es de 40 000 RON, la tasa no puede exceder de 400 RON, o 100 EUR).

Deudas entre 50 000 RON  y 80 000 RON  inclusive

La tasa máxima es un importe fijo de 5 000 RON, más el 3% del importe que exceda de 50 000 RON.

Deudas entre 80 000 RON y 100 000 RON inclusive

La tasa máxima es un importe fijo de 5 900 RON, más el 2% del importe que exceda de 80 000 RON.

Deudas superiores a 100 000 RON

La tasa máxima es un importe fijo de 6 300 RON, más el 1% del importe que exceda de 100 000 RON.

Información pormenorizada sobre las tasas mínimas y máximas según el tipo de acto de ejecución

Cantidades cobradas antes de la resolución (antes de presentar la demanda)

Notificación y comunicación de documentos procesales

Entre 20 leus (5 euros) y 400 leus (100 euros)

Determinación de situaciones de hecho y elaboración de inventarios de bienes (artículo 239 de la Ley de procedimiento civil)

Entre 100 leus (25 euros) y 2 200 leus (550 euros) para los deudores personas físicas y 5 200 leus (1 300 euros) por los deudores personas jurídicas

Acta de oferta real

Entre 50 leus (12,5 euros) y 350 leus (87,5 euros)

Incautación

10% del valor real

Aseguramiento de embargo

Entre 100 leus (25 euros) y 1 200 leus (300 euros) para los deudores personas físicas y 2 200 leus (550 euros) por los deudores personas jurídicas

Consultas jurídicas relativas a la elaboración de los documentos de ejecución

Entre 20 leus (5 euros) y 200 leus (50 euros)

 

Cantidades cobradas durante el procedimiento

Embargo

60 RON (15 EUR) es la tasa mínima para una deuda de hasta 1 000 RON (250 EUR)

60 RON, más el 2% del importe que exceda de 1 000 RON, si se trata de deudas superiores a 1 000 RON

Para sumas hasta 50 000 leus (12 500 euros), la tarifa puede ser hasta el 10% del valor de la reclamación.

Para sumas entre 50 001 leus y 80 000 leus (20 000 euros), la tarifa es el 3% del valor de la reclamación.

Para sumas entre 80 001 leus y 100 000 leus (25 000 euros), la tarifa es el 2% del valor de la reclamación.

Para sumas superiores a 100 000 leus, la tarifa es el 1% del valor de la reclamación.

Protesto por impago de letras, pagarés o cheques

Tarifa mínima de 150 leus (37,5 euros)

Máximo de 400 leus (100 euros)

Embargo judicial

Tarifa mínima de 100 leus (25 euros)

Máximo de 1 200 leus (300 euros) para los deudores personas físicas y 2 200 leus (550 euros) por los deudores personas jurídicas

 

Cantidades cobradas tras el procedimiento (una vez dictada la resolución judicial)

Otorgar la custodia de un menor o establecer el domicilio de un menor

Entre 50 leus (aproximadamente 12,5 euros) y 1 000 leus (250 euros)

Contacto o visita al menor

Entre 50 leus (aproximadamente 12,5 euros) y 500 leus (125 euros)

En caso de cobro de deudas

Cobro de deudas/créditos actuando judicialmente contra bienes muebles

Tasas mínimas

60 RON (15 EUR) para deudas de hasta 1 000 RON (250 EUR)

60 RON, más el 2% del importe que exceda de 1 000 RON, si se trata de deudas superiores a 1 000 RON

Tasas máximas

Hasta el 10% para sumas no superiores a 50 000 leus (12 500 euros)

3% para las sumas comprendidas entre 50 001 leus y 80 000 leus (20 000 euros)

2% para las sumas comprendidas entre 80 001 leus y 100 000 leus (25 000 euros)

1% para las sumas que excedan de 100 000 leus

Cobro de deudas/créditos actuando judicialmente contra bienes inmuebles

Tasas mínimas

150 RON (37,5 EUR) para deudas de hasta 1 000 RON (250 EUR)

150 RON (37,5 EUR) más el 2% del importe que exceda de 1 000 RON, si se trata de deudas superiores a 1 000 RON

Tasas máximas

Hasta el 10% para sumas no superiores a 50 000 leus (12 500 euros)

3% para las sumas comprendidas entre 50 001 leus y 80 000 leus (20 000 euros)

2% para las sumas comprendidas entre 80 001 leus y 100 000 leus (25 000 euros)

1% para las sumas que excedan de 100 000 leus

Peritos técnicos judiciales

Las tasas aplicadas por los peritos técnicos judiciales son variables. El organismo que ordena el peritaje técnico determina la tasa correspondiente al peritaje técnico judicial, teniendo en cuenta su complejidad, la cantidad de trabajo que conlleva y la cualificación profesional o científica del perito técnico judicial.

  • El peritaje técnico judicial se realiza por orden del tribunal, del ministerio fiscal o de otros organismos encargados de tareas relacionadas con el establecimiento de los hechos o circunstancias de un caso, mediante el nombramiento de peritos técnicos judiciales autorizados por el Ministerio de Justicia;
  • La parte interesada tiene derecho a solicitar la participación en el peritaje, junto con el perito técnico judicial nombrado, de un perito técnico judicial asesor de dicha parte y nombrado y pagado por ella, previo acuerdo del órgano judicial que ordenó el peritaje. La parte en cuestión y su perito asesor determinarán la tasa correspondiente, que será pagada por dicha parte, de común acuerdo conforme a las relaciones contractuales existentes entre ambos.

Tasas judiciales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Tasas por el ejercicio de acciones judiciales: tasas judiciales e impuesto de actos jurídicos documentados

Las demandas sujetas a tasas judiciales requieren un sello judicial.

Tasas judiciales

Pueden variar entre 0,5 y más de 1 500 euros.

En las demandas de cuantía económicamente determinable (pensión alimenticia, asuntos mercantiles), las tasas judiciales están en función de dicha cuantía:

Cuantía de la reclamación

Importe de las tasas judiciales

Hasta 39 leus

2 leus

39,01 – 388 leus

2 leus más el 10% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 39 leus

388,01 – 3 879 leus

37 leus más el 8% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 388 leus

3 879,01 – 19 395,00 leus

316 leus más el 6% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 3 879 leus

19 395,01 – 38 790,00 leus

1 247 leus más el 4% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 19 395 leus

38 790,01 leus – 193 948,00 leus

2 023 leus más el 2% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 38 790 leus

Superior a 193 948,00 leus

5 126 leus más el 1% del valor en que la cuantía del asunto exceda de 193 948 leus

 

En las demandas en materia de derecho de familia, las tasas judiciales son:

Divorcio por deterioro de las relaciones familiares o de mutuo acuerdo (artículo 38, apartados 1 y 2, del Código de familia)

39 leus (10 euros)

Divorcio por imposibilidad de un cónyuge de cumplir sus obligaciones familiares por enfermedad grave (artículo 38, apartado 3, del Código de familia) o por bajos ingresos de un cónyuge (inferiores al salario mínimo nacional) o falta de ingresos

8 leus (2 euros)

Custodia de los hijos, establecimiento del domicilio del menor o reconocimiento del derecho a usar el apellido del progenitor

6 leus (2,5 euros)

  • Impuesto de actos jurídicos documentados (aprox. 1 euro): varía entre 1,5 y 5 leus.
  • Resoluciones judiciales: coste de la resolución (aprox. 1 euro)

Las resoluciones judiciales, citaciones y notificaciones se comunican gratuitamente a las partes y a los testigos, peritos y otras personas o instituciones implicadas en el litigio.

La consulta o copia de documentos del expediente judicial y los certificados de la secretaría del juzgado o tribunal conllevan una tasa (máx. 4 leus).

  • Coste de obtención de una resolución autentificada (menos de 1 euro)

Solicitud al tribunal de copia de la resolución definitiva y firme

Sello del tribunal por importe de 2 leus

Otros procedimientos: tasas fijas

Honorarios de traductores e intérpretes

1. Honorarios de los intérpretes y traductores

Los determina el tribunal en la resolución en la que nombra el traductor o intérprete. La tarifa mínima de 20 leus se incrementa:

  • el 50% en las traducciones desde o a una lengua oriental (chino, japonés) o poco habitual, así como en traducciones urgentes (24-48 horas);
  • el 100% en la interpretación simultánea y en servicios durante fines de semana, vacaciones oficiales y días no laborables o entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Las tarifas concretas son:

Intérpretes autorizados

23,15 leus (aprox. 6 euros) por hora o, en su caso, fracciones de una hora.

Traducción

33,56 leus por página (aproximadamente 8 euros)

A estas cantidades debe añadirse el IVA, cuando así proceda legalmente.

2. Retribución de los oficiales de justicia (agentes judiciales de ejecución)

Consúltese el capítulo relativo a la retribución de los oficiales de justicia.

Recursos

El coste del juicio en primera instancia es de naturaleza similar al del recurso, pero éste se limita a un 50% del primero.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

1. Tasas judiciales

Se pagan por anticipado, antes de la recepción, tramitación o emisión de la documentación pertinente o realización del servicio solicitado. En la práctica, el solicitante paga las tasas judiciales que considera correctas en el momento de presentar la demanda. En la primera vista, el juzgado o tribunal determina el importe a pagar y reclama el pago de la cantidad pendiente.

2. Retribución de los agentes judiciales de ejecución

Los gastos de ejecución debe pagarlos por anticipado la parte que la solicite. El pago anticipado de la retribución de los agentes judiciales de ejecución no puede ser, no obstante, condición para la ejecución de las resoluciones judiciales.

3. Honorarios de interpretación

La parte solicitante debe pagar las tasas judiciales fijas, los gastos de viaje oficiales y los honorarios del intérprete en el plazo de 5 días desde su determinación.

4. Derechos de los peritos

La parte que solicite el peritaje pagará el importe fijado como tasa provisional y el anticipo correspondiente a los gastos de viaje, cuando proceda, en los cinco días siguientes al nombramiento del perito técnico judicial. El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria abierta específicamente a este efecto por el servicio local de peritajes judiciales y contables. El tribunal podrá también decidir que esos gastos corran a cargo de ambas partes.

El organismo que ordena el peritaje determina la tasa correspondiente al peritaje judicial, teniendo en cuenta su complejidad, la cantidad de trabajo que conlleva y la cualificación profesional o científica de perito técnico judicial.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

No hay ninguna tasa judicial en los procesos penales.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

No hay ninguna tasa judicial en los procesos constitucionales.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Los representantes legales no tienen obligación directa de proporcionar a las partes información previa sobre sus derechos y obligaciones, las posibilidades de éxito y los costes del procedimiento. No obstante, el Estatuto de la abogacía obliga al abogado a asesorar a su cliente de forma rápida, seria, correcta y diligente.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

La información explicativa de las diversas fuentes de los costes no es fácilmente accesible, pues no se publica en los sitios web de las instituciones públicas ni se menciona en los folletos. Esta información puede obtenerse directamente de las personas que trabajan en ese campo o de las siguientes leyes sobre las costas judiciales:

  1. Las tasas judiciales y el impuesto sobre actos jurídicos documentados están regulados en la Ley 146/1997, de tasas judiciales, y el Decreto del Gobierno 32/1995, sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
  2. los honorarios de los abogados se regulan en la El enlace abre una nueva ventanaLey nº 188/2000, relativa a los agentes judiciales de ejecución, y por el Decreto nº 2550/C, de 14 de noviembre de 2006, por el que se aprueban las tasas mínimas y máximas correspondientes a los servicios de los agentes de ejecución judicial.
  3. Los derechos de los peritos técnicos judiciales están regulados en la Ley de procedimiento civil y el Decreto del Gobierno 2/2000, sobre la organización del peritaje judicial y extrajudicial.
  4. Los honorarios de los traductores e intérpretes están regulados en la Ley de procedimiento civil, la Ley 178/1997 y la El enlace abre una nueva ventanaOrden 772, de 5 de marzo de 2009, sobre el establecimiento de los honorarios de los traductores e intérpretes autorizados.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Rumanía?

Las leyes que regulan las costas sólo están disponibles en rumano.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?

La mediación está regulada en la Ley 192/2006, sobre la mediación y la organización de la profesión de mediador. Esta ley establece que el mediador tiene derecho a percibir una remuneración acordada con las partes, más el reembolso de los gastos realizados en relación con la mediación.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

La información estadística sobre la duración media de los casos puede encontrarse en el informe anual sobre la actividad judicial del país, disponible en rumano en los sitios web públicos del Consejo Superior de la Magistratura (véase el capítulo 3.4:«El enlace abre una nueva ventanaIndicadores de calidad de la actividad judicial», páginas 155-162).

Impuesto sobre el valor añadido

Las tasas judiciales y los honorarios de abogados incluidos en el contrato de asistencia jurídica gratuita no llevan IVA ni impuesto sobre actos jurídicos documentados.

En la traducción de documentos debe añadirse el IVA, cuando así proceda legalmente.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Ingresos mensuales medios netos por miembro de la familia

Condiciones de concesión

Menos de 500 leus (aprox. 125 euros)

Los ingresos deben ser inferiores al mínimo durante al menos 2 meses antes del ejercicio de la acción ante el tribunal, en cuyo caso el Estado corre con la totalidad de los costes.

Menos de 800 leus (aprox. 200 euros)

Los ingresos deben ser inferiores al mínimo durante al menos 2 meses antes del ejercicio de la acción ante el tribunal, en cuyo caso el Estado corre con el 50% de los costes.

La asistencia jurídica gratuita se concede también:

  • si los costes fijos o totales estimados del juicio pudieran restringir el derecho constitucional al acceso efectivo a la justicia;
  • si este derecho pudiera verse restringido por la diferencia en el coste de la vida entre el Estado miembro de residencia y Rumanía;
  • con independencia de los ingresos, cuando una ley especial reconoce el derecho como medida de protección del afectado (menores, discapacitados u otros supuestos especiales).

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

El umbral de ingresos sólo es de aplicación en los asuntos civiles. En los asuntos penales, las principales disposiciones legales que regulan este campo figuran en el artículo 171 de la Ley de procedimiento penal. El acusado tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando:

  1. es un menor;
  2. está internado en un centro de reeducación o una institución médica educativa;
  3. ya ha sido detenido o puesto bajo custodia por otros asuntos penales;
  4. ha sido objeto de internamiento médico o recibe tratamiento médico obligatorio;
  5. la autoridad responsable de la investigación penal o el órgano jurisdiccional considera que el acusado no puede ejercer su propia defensa;
  6. la pena legalmente prevista para la supuesta infracción es de cadena perpetua o al menos 5 años de prisión.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

El umbral de ingresos no es de aplicación a las víctimas en el terreno penal. Las disposiciones legales que regulan este campo figuran en el artículo 173 de la Ley de procedimiento penal.

Gratuidad de las tasas judiciales

Las reclamaciones siguientes están legalmente exentas de tasas judiciales:

  • Todas las reclamaciones relativas a (1) la protección y promoción de los derechos de los niños (regulados en la Ley 272/2004, relativa a la protección y promoción de los derechos de los niños), (2) custodia, (3) tutela, (4) asistencia a las personas con trastornos mentales graves (desórdenes mentales);
  • Reclamaciones relativas a las obligaciones legales y contractuales de alimentos y todas las reclamaciones en materia de adopción (reguladas en la Ley 273/2004, de la adopción);
  • Otras reclamaciones legalmente previstas.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

En los asuntos civiles, las reglas de imposición de costas están reguladas en los artículos 274-276 de la Ley de procedimiento civil. En principio,

  • La parte perdedora está obligada (previa solicitud) a pagar las costas del juicio;
  • El juez no puede reducir las tasas judiciales u otros gastos pagados por la parte ganadora;
  • En principio, si el demandado se allana a la demanda en la primera vista, no estará obligado a pagar los gastos judiciales, a menos que se hubiera practicado una notificación oficial a través del oficial judicial en el procedimiento prejudicial especializado anteriormente expuesto.

En los asuntos penales, las reglas de imposición de costas e indemnizaciones están reguladas en los artículos 189-193 de la Ley de procedimiento penal. En principio,

  • Los gastos necesarios para la realización de los actos procesales, la administración de las pruebas, el mantenimiento de los medios materiales de prueba, la remuneración de los abogados y otros gastos relacionados con el proceso penal se cubren con las cantidades aportadas por el Estado o pagadas por las partes.
  • En caso de condena, el acusado debe pagar los gastos judiciales del Estado, excepto los de los intérpretes designados por los órganos jurisdiccionales y exceptuando también los supuestos en que se conceda la asistencia jurídica gratuita.
  • En caso de absolución o suspensión del juicio, los gastos judiciales del Estado los paga la parte siguiente:

En caso de absolución: (a) la víctima, en la medida en que los hubiera causado; (b) la parte civil cuyas pretensiones civiles hubieran sido totalmente denegadas, en la medida en que los hubiera causado; (c) el acusado, cuando, pese a la absolución, esté obligado a indemnizar los daños y perjuicios.

En caso de suspensión del juicio, (a) el acusado, si se hubiera acordado la sustitución de la responsabilidad penal o hubiera motivos para no imponer una pena; (b) ambas partes, en caso de conciliación; (c) la víctima, si se hubiera retirado o reclamado judicialmente de forma tardía la reclamación.

  • En caso de amnistía, prescripción o retirada de la denuncia o querella, así como en caso de existencia de motivos para no imponer una pena, si el acusado solicita la continuación del juicio, los gastos judiciales podrán imponerse a la víctima o al acusado, dependiendo de otras disposiciones legales.
  • En todos los demás casos, el Estado corre con sus propios gastos judiciales.

Derechos de los peritos

El artículo 274 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la parte vencida estará obligada, previa petición, a pagar los gastos legales, incluidas las tasas de los peritos técnicos judiciales abonadas por la parte vencedora.

Documentos relacionados

Informe de Rumanía para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(544 Kb)en

Última actualización: 24/06/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Eslovenia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Eslovenia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados

Los honorarios de los abogados están regulados por la Ley de honorarios de los abogados (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, válida desde el 1.1.2009 hasta el 9.5.2009).

Esta ley se aplicará hasta que el Colegio de Abogados de Eslovenia adopte la nueva lista de honorarios de los abogados, que deberá aprobar el Ministro de Justicia y Administración Pública.

Notarios

Las tarifas de los notarios están reguladas por el arancel notarial (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 94/2008) que aprueba el Ministro de Justicia y Administración Pública. Antes de su adopción, el Ministro remite el arancel al Colegio de Notarios para que éste formule observaciones y opiniones previas, que, sin embargo, no son jurídicamente vinculantes.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Las costas procesales comprenden:

  • las tasas judiciales,
  • los honorarios de los abogados,
  • los derechos de los peritos,
  • los honorarios de los traductores e intérpretes, y
  • los gastos de viaje (por ejemplo, los de testigos y peritos).

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales suelen abonarse al comienzo del proceso, al presentar la demanda.

En algunos casos, se abonan cuando el tribunal adopta una resolución (es lo que ocurre, por ejemplo, en los litigios en materia social ante los órganos jurisdiccionales de primera instancia, en los procedimientos relativos al Registro de la propiedad inmobiliaria y en los procedimientos en primera instancia sobre indemnizaciones).

En las testamentaría la tasa se abona al concluir el juicio oral, una vez se conoce el patrimonio exacto del fallecido.

Los honorarios de los abogados deben abonarse una vez que el tribunal haya tasado las costas. No obstante, los abogados pueden pedir una provisión de fondos, es decir, la entrega de una parte o la totalidad de sus honorarios por adelantado, lo que constituye una práctica común.

La parte que proponga la práctica de pruebas (por ejemplo, la intervención de un perito o un testigo) o el uso de los servicios de un traductor o intérprete debe sufragar estos gastos por adelantado.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

Las costas procesales comprenden:

  • las tasas judiciales,
  • los honorarios de los abogados (que dependerán del número de juicios orales),
  • los derechos de los peritos,
  • los honorarios de traductores e intérpretes, y
  • los gastos de viaje (por ejemplo, los de testigos y peritos).

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales y las demás costas suelen pagarse una vez que el tribunal ha dictado una sentencia definitiva que no admite recurso o una vez que el tribunal haya emitido con posterioridad una providencia especial sobre las costas procesales que no admita recurso.

Los honorarios de los abogados deben abonarse una vez que el tribunal ha tasado las costas. No obstante, los abogados pueden pedir una provisión de fondos, es decir, la entrega de una parte o la totalidad de sus honorarios por adelantado. y así suelen hacerlo.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

No se exige el pago de tasas judiciales en los procesos constitucionales. Los demás gastos (por ejemplo, los honorarios de abogados y los gastos de viaje) corren a cargo de la parte correspondiente.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

Los honorarios de los abogados deben abonarse a la conclusión del proceso. No obstante, los abogados pueden pedir una provisión de fondos, es decir, la entrega de una parte o la totalidad de sus honorarios por adelantado, y así suelen hacerlo.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Los abogados no están obligados por ley a proporcionar información sobre derechos y obligaciones, probabilidades de éxito y gastos conexos. No obstante, sus solicitudes de cobro deben emitirse en forma de factura que muestre información sobre los honorarios y los gastos. Cuando el abogado y el cliente pacten el pago de los honorarios y gastos no de conformidad con lo previsto en la Ley de honorarios de los abogados, sino con arreglo a un acuerdo especial, éste ha de atenerse a determinadas normas.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Eslovenia?

Las costas procesales se regulan en los siguientes textos jurídicos:

  • La Ley de tasas judiciales - Zakon o sodnih taksah (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 37/2008)
  • La Ley de honorarios de los abogados - Zakon o odvetniški Tarifi (cuya modificación está prevista en un futuro próximo)
  • El arancel notarial – Notarska tarifa (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 94/2008, 32/2011. Está prevista su próxima modificación)
  • El Reglamento sobre intérpretes judiciales - Pravilnik o sodnih tolmačih (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 49/2002, 75/2003, 71/2007)
  • El Reglamento sobre peritos y tasadores judiciales - Pravilnik o sodnih izvedencih en cenilcih (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008)
  • Ley de Enjuiciamiento Penal – Zakon o kazenskem postopku (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 32/2012)
  • Reglas para la recuperación de las costas en los procesos Penales – Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 61/1997, 6897 - corr. 62/2008)
  • Ley de Enjuiciamiento Civil – Zakon o pravdnem postopku (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 73/2007 – versión ofical consolidada, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US y 76/12 - corr.).

Los textos mencionados pueden encontrarse en el portal sobre información jurídica en línea de Eslovenia, en el El enlace abre una nueva ventanaCentro de Información Jurídica o en otros registros de la legislación nacional.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas en Eslovenia?

La información sólo está disponible en esloveno.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Se puede obtener información sobre mediación a través del sitio web del El enlace abre una nueva ventanaAtlas judicial europeo en materia civil, en el apartado relativo a modalidades alternativas de solución de conflictos.

También puede encontrarse información en el sitio web del Ministerio de Justicia y Administración Pública y en los sitios web de los órganos jurisdiccionales que ofrecen mediación (por ejemplo: El enlace abre una nueva ventanaTribunal de Distrito de Liubliana).

Se puede hallar más información en los sitios web de las ONG y los operadores del sector privado que actúan en el ámbito de la mediación (véanse las secciones sobre Mediación y Encontrar un mediador).

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

La sección de sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia relativa al análisis de las estadísticas judiciales contiene información sobre la duración media de los distintos procesos.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Puede consultarse información sobre costas en diferentes reglamentos; sin embargo, no suelen incluir el IVA. En caso de que deba añadirse el IVA al importe (por ejemplo, si los servicios de un abogado están sujetos a IVA), los reglamentos correspondientes suelen indicarlo.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El umbral de ingresos aplicable a la asistencia jurídica gratuita se regula en el artículo 13 de la Ley de asistencia jurídica gratuita - Zakon o brezplačni pravni pomoči (Boletín Oficial de la República de Eslovenia, 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Tiene derecho a asistencia jurídica gratuita quien, debido a la situación financiera de su familia, no pueda pagar las costas procesales sin perjudicar su nivel mínimo de subsistencia. Se considera que se pone en peligro el nivel mínimo de subsistencia cuando los ingresos mensuales de la persona, o los ingresos mensuales medios de un miembro de la familia, no exceden del doble de los ingresos mensuales mínimos establecidos en la Ley de asistencia social - Zakon o socialnem varstvu (Boletín Oficial de la República de Eslovenia 3/2007-UPB2 [23/2007 popr., 41/2007 popr.], 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Desde el 1 de agosto de 2008, los ingresos mínimos son de 221,70 euros, de modo que el umbral de ingresos para la asistencia jurídica gratuita es de 443,40 euros.

El tribunal también puede eximir a las partes del pago de las tasas judiciales (con arreglo al artículo 11 de la Ley de tasas judiciales) en los casos en que el pago de éstas suponga una reducción considerable del presupuesto mínimo de subsistencia de la persona en cuestión y de su familia. La decisión del tribunal es discrecional, tras considerar todas las circunstancias pertinentes.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados y para las víctimas

El umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados y las víctimas es el mismo que se aplica en los asuntos civiles.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y los acusados

No existen otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y los acusados.

Gratuidad de las tasas judiciales

No se exige el pago de tasas judiciales en los procesos que se enumeran a continuación:

  • Procesos ante el Tribunal Constitucional.
  • Ejecución de resoluciones judiciales en materia de empleo y otras cuestiones laborales.
  • Procesos para los que se haya concedido el beneficio de la asistencia jurídica gratuita.
  • Ejecución de demandas de pensión alimenticia.
  • Medidas cautelares en procesos de divorcio o relativos a la pensión alimenticia de los hijos.
  • Procedimientos concursales, en caso de que hayan sido iniciados por el deudor.
  • Certificación de documentos que sean necesarios para la ejecución de títulos de asistencia social en el extranjero.
  • Otros procesos y asuntos contemplados en la Ley de tasas judiciales y en otros reglamentos.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

El reembolso de las costas está regulado por la Ley de procedimiento penal y la Ley de procedimiento civil, que establecen el doble principio de éxito y de culpa.

En los procesos civiles, la parte perdedora debe reembolsar a la otra parte las costas que haya pagado ésta. Cada parte debe atender los gastos derivados de su propia culpa o de circunstancias fortuitas. La Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 151-186 y 173.a) y las Reglas para la recuperación de las costas en los procesos penales (Boletín Oficial Nº 15/03) establecen reglas más detalladas sobre el reembolso de las costas.

En los procesos penales, si el acusado es declarado culpable, el tribunal le impondrá la condena en costas. La Ley de Enjuiciamiento Penal (artículos 92-99) y los reglamentos de aplicación dictados por el Ministro de Justicia y Administración Pública recogen reglas más detalladas sobre el reembolso de las costas.

Derechos de los peritos

En los procesos civiles, los derechos de los peritos son abonados, en principio, por adelantado por la parte que haya solicitado su intervención. Si es el tribunal el que pide la intervención, debe hacerse cargo asimismo de los gastos por adelantado. Estos gestos se reembolsarán posteriormente, al final del procedimiento, de acuerdo con el principio de éxito.

En los procesos penales, el tribunal abona por adelantado los derechos de los peritos.

Honorarios de traductores e intérpretes

En los procesos penales, el tribunal paga por adelantado los honorarios de los traductores e intérpretes.

El tribunal no puede imponer a las partes el pago de los gastos de traducción o interpretación de italiano a húngaro, o a la inversa, resultantes de la aplicación del derecho constitucional de las minorías italiana y húngara a utilizar su propia lengua (ni aun en caso de que se imponga a la parte correspondiente el pago de las restantes costas).

No se impondrá el pago de los gastos de traducción e interpretación al acusado cuando éste no entienda la lengua en la que se desarrolle el procedimiento.

En los procesos civiles, los honorarios de los traductores e intérpretes forman parte de las costas procesales. Por tanto, deben ser pagados por adelantado por la parte cuya conducta haya dado inicio al proceso. Al concluir el proceso, las costas se reembolsarán con arreglo al doble principio de éxito y de culpa.

Estudios de caso en Eslovenia

Se ofrece más información específica sobre las costas procesales en Eslovenia a través de una serie de estudios de caso concretos.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaOrdenamiento jurídico de Eslovenia

El enlace abre una nueva ventanaDirectorio del Tribunal de Distrito de Liubliana

El enlace abre una nueva ventanaDirectorio de análisis de estadísticas judiciales

Documentos relacionados

Informe de Eslovenia para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(723 Kb)en

Última actualización: 25/06/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Eslovaquia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales de Eslovaquia.

Marco regulador de las tasas procesales

El artículo 1, apartado 2, de la Ley nº 586/2003 de profesiones jurídicas por la que se modifica la Ley nº 455/1991 de profesiones con licencia, modificada, reza así:

«La práctica de la profesión jurídica implica representar a los clientes ante tribunales, autoridades gubernamentales y otras instancias legales, defenderlos en procesos penales, darles asesoramiento jurídico, redactar documentos legales, hacer análisis jurídicos, administrar los bienes de los clientes y ofrecer todo tipo de asesoramiento y asistencia jurídica, ello con carácter continuado y remunerado (en lo sucesivo denominado “servicios jurídicos”).»

Abogados

Los honorarios de los abogados se rigen por un Decreto de aplicación del Ministerio de Justicia de la República Eslovaca (nº 655/2004 de honorarios de abogados y remuneración por servicios de asesoramiento jurídico – hay versión inglesa en la web del El enlace abre una nueva ventanaColegio de abogados de Eslovaquia.

Los honorarios del abogado deben acordarse entre el abogado y su cliente (retribución contractual). En su gran mayoría, los honorarios de abogados se acuerdan en un contrato, a no ser que las tarifas se fijen por ley. Si las partes no llegan a un acuerdo, se recurre para fijarlos a las disposiciones vigentes sobre tarifas (el Decreto de aplicación de honorarios de abogado). La tarifa se calcula multiplicando la tarifa de base por el número de actos o servicios jurídicos realizados por el abogado.

Agentes judiciales

En la República Eslovaca no hay agentes judiciales. Las funciones ejecutivas las llevan a cabo agentes ejecutivos con arreglo a la Ley nº 233/1995 de auxiliares de justicia y ejecución de embargos (Ley de procedimientos de ejecución).

Costas fijas

Costas fijas de procesos civiles

Costas fijas de litigantes en procesos civiles

Todas las categorías de tasas se establecen en la reglamentación pertinente; se determinan de distintas maneras:

Las tasas judiciales están reguladas en la Ley nº 71/1992 de tasas judiciales y copias del registro penal, modificada (Ley de tasas judiciales). El importe se fija o se da como porcentaje o combinando ambos métodos (en función del tipo de demanda).

Las remuneraciones de los agentes ejecutivos se regulan en la Ley nº 233/1995 de auxiliares de justicia y ejecución de embargos. El importe se fija como tarifa (importe fijo o porcentaje en función de la naturaleza de la ejecución) o se acuerda por contrato.

Los honorarios de los abogados se rigen por el Decreto de aplicación nº 655/2004 de honorarios de abogados y remuneración por servicios de asesoramiento jurídico. El importe se fija como tarifa (remuneración fija por cada servicio jurídico prestado, en función del valor de la demanda o su naturaleza) o se acuerda por contrato.

Los honorarios de los expertos se rigen por el Decreto de aplicación nº 491/2004 de tasas e indemnización por costes y tiempo perdido de expertos, intérpretes y traductores. El importe se fija como tarifa (importe fijo por cada prestación, por horas o en porcentaje, según la naturaleza de los servicios del experto) o se acuerda por contrato.

Las indemnizaciones de testigos se rigen por la Ley nº 99/1963, Ley de Enjuiciamiento Civil y posteriormente por el Decreto de aplicación nº 543/2005 de administración y reglas de funcionamiento de tribunales de distrito, tribunales regionales, del Tribunal Especial y de los tribunales militares, la Ley nº 311/2001, Código de Trabajo, la Ley nº 595/2003 de impuesto sobre la renta y la Ley nº 663/2007 de salario mínimo. El tribunal decide sobre el reembolso de los gastos directos en que haya incurrido el testigo y la indemnización por pérdida de remuneración (de acuerdo con las normas establecidas en el Decreto de aplicación de administración y reglas de funcionamiento).

Los gastos de traducción/interpretación se rigen por el Decreto de aplicación nº 491/2004 de tasas e indemnización por costes y tiempo perdido de expertos, intérpretes y traductores. El importe se fija como tarifa (remuneración fija por hora o página en la lengua de que se trate o por el servicio prestado por el traductor o intérprete) o se acuerda por contrato.

Consiguientemente, en la mayoría de los procesos civiles que puedan presentarse, es virtualmente imposible para cualquiera que no sea abogado calcular por adelantado las costas reales totales sin asesoramiento de un profesional.

No obstante, un profesional (sobre todo un abogado) puede orientar con mucha mayor precisión a su cliente, basándose en las circunstancias del caso, sobre las distintas costas que quepa esperar a lo largo del proceso. Si el resultado fuera difícilmente predecible, el abogado podrá también orientarle sobre las costas que puedan derivarse de distintos resultados posibles, que dependerán en última instancia de las deliberaciones y la discreción del tribunal.

Los distintos tipos de costas que puedan derivarse de procesos civiles están regulados por reglamentos y leyes específicos. En estos figuran diversos métodos de cálculo de costas que se subdividen en dos categorías principales: tarifas fijas y tarifas contractuales.

Fase del proceso civil en que los litigantes deben pagar las costas fijas

Con arreglo a la Ley nº 71/1992 de tasas judiciales y copias del registro penal, modificada, solo las tasas judiciales deben pagarse antes de empezar la audiencia.

Con arreglo a la Ley nº 99/1963 (Ley de Enjuiciamiento Civil), amén de las tasas judiciales, las costas procesales incluyen en primer lugar los gastos directos de los litigantes y sus asesores. Incluyen, pues:

  • la pérdida de ingresos de los litigantes y sus asesores,
  • el coste de presentación de pruebas (incluida la remuneración de expertos),
  • la retribución a notarios por servicios prestados en su función de comisionados judiciales) y sus gastos directos,
  • la retribución de administradores de herencia/albaceas y el reembolso de sus gastos directos,
  • los costes de traducción/interpretación,
  • los gastos de representación – si al litigante lo representa un abogado colegiado en el Colegio de abogados de Eslovaquia.

Estas costas se pagan normalmente después de que resuelva el tribunal.

Además, las costas de un proceso civil dependen en gran medida del caso que se examine y quedan a la discreción del tribunal (en especial en lo referente a la recepción de pruebas y las costas que se reembolsen al tribunal o a la parte contraria). Por ello es difícil calcular las costas reales antes del proceso.

Costas fijas en procesos penales

Costas fijas de las partes de un proceso penal

El tribunal es competente para decidir sobre las costas de procesos penales una vez dictada la sentencia.

Fase del proceso penal en que deben pagarse las costas fijas

Todas las costas de un proceso penal se pagan una vez que la sentencia es firme, dado que la resolución sobre reembolso de costas procesales es parte de dicha sentencia (Ley nº 301/2005, Ley de Enjuiciamiento Penal).

Costas fijas en procesos constitucionales

Costas fijas de las partes en procesos constitucionales

En asuntos de representación ante el Tribunal Constitucional de Eslovaquia que no puedan expresarse en valor monetario, la base de la tarifa de cada servicio jurídico debe ser un sexto de la base de cálculo (Artículo 11 del Decreto de aplicación nº 655/2004 de honorarios de abogados y remuneración por servicios de asesoramiento jurídico).

Fase del proceso constitucional en que deben pagarse las costas fijas

En los procesos constitucionales se da una situación análoga a la de los procesos civiles y penales. La Ley aplicable es la nº 99/1963 (Ley de Ejuiciamiento Civil).

Información previa que deben aportar los asesores

Derechos y obligaciones de las partes

El artículo 18 de la Ley nº 586/2003 de profesiones jurídicas por la que modifica la Ley nº 455/1991 de profesiones con licencia, modificada, establece lo siguiente:

  1. En el desempeño de sus funciones legales, todo abogado está obligado a proteger y promover los derechos e intereses del cliente y actuar con arreglo a las instrucciones de este. Si las instrucciones del cliente contravinieren alguna ley de aplicación general, el abogado dejará de estar sujeto a las mismas y deberá informar al cliente de la situación de modo conveniente.
  2. En el desempeño de sus funciones legales, el abogado está obligado a actuar con lealtad y probidad y con el debido celo profesional. Deberá utilizar con criterio todos los recursos y conocimientos jurídicos de que disponga al servicio de su cliente del mejor modo posible. El abogado deberá procurar que sus servicios jurídicos sirvan al fin que se pretenda y se presten mediante una retribución razonable.
  3. En el desempeño de sus funciones legales, el abogado deberá siempre actuar de conformidad con la dignidad de su profesión y no desacreditar su oficio. El abogado está, pues, obligado a seguir el código de conducta y el reglamento interno y otros reglamentos de la profesión.

Origen de las costas

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre origen de las costas en Eslovaquia?

La legislación sobre costas antes citada está publicada en eslovaco en la Recopilación de Actos Legislativos (artículo 8 de la Ley nº 1/1993 del Consejo Nacional de la República de Eslovaquia).

¿Dónde puedo encontrar información sobre mediación?

La mediación se rige por la Ley nº 420/2004 de mediación.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre costas?

Sitio web

La información sobre costas puede consultarse en el sitio web El enlace abre una nueva ventanaIGNUM , donde figuran la legislación de aplicación general y la normativa y reglamentación antiguas y actuales de Eslovaquia. La web la alberga el El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de la República de Eslovaquia.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los distintos tipos de proceso?

La información puede consultarse en el anuario estadístico del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de la República de Eslovaquia.

¿Dónde puedo encontrar información sobre costas medias totales de un procedimiento concreto?

Los datos sobre costas y honorarios medios son difíciles de calcular por las razones siguientes:

  1. No se publican datos estadísticos.
  2. La legislación eslovaca al efecto es relativamente flexible y casi siempre brinda la oportunidad de fijar los honorarios o la retribución por contrato, en función de la región y de la reputación del bufete legal y de los demás prestadores de servicios relacionados con un proceso judicial. Además, y lo que es más importante, el propio caso y su complejidad, el volumen de pruebas necesarias y la duración del proceso influyen considerablemente en el asunto.
  3. Amén de ello, incluso el importe de las tarifas (que solo puede resolverse al acabar el proceso, en forma de costas procesales, dependiendo del resultado del caso y a discreción del tribunal) está en función del procedimiento judicial, el número de servicios prestados y otros varios factores. Como no es posible calcular la carga media de trabajo que supone un contencioso, no cabe calcular las costas medias de los procesos.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se presenta esta información?

Si el agente ejecutivo está inscrito como sujeto pasivo del IVA, el IVA se sumará al cálculo de sus ingresos y costes (artículo 196 de la Ley nº 233/1995 de auxiliares de justicia y ejecución de embargos).

Si el abogado está inscrito como sujeto pasivo del IVA, el cálculo de sus ingresos y costes hecho con arreglo a esta disposición incluirá el IVA (artículo 18, apartado 3, del Decreto de aplicación nº 655/2004 del Ministerio de Justicia de honorarios de abogados y remuneración por servicios de asesoramiento jurídico).

Si el experto, intérprete o traductor está inscrito como sujeto pasivo del IVA, sus honorarios se calcularán incluyendo el IVA (artículo 16, apartado 2, del Decreto de aplicación nº 491/2004 del Ministerio de Justicia de tasas e indemnización por costes y tiempo perdido de expertos, intérpretes y traductores).

¿Qué tipos se aplican?

El IVA no se aplica a las tasas judiciales (Ley nº 71/1992 de tasas judiciales y copias del registro penal, modificada). En cambio se aplica, con un tipo del 20 %, a las costas de mediación, dado que el ejercicio de mediación es una actividad comercial, y a las de arbitraje, a condición de que la persona que reciba el pago esté inscrita como sujeto pasivo del IVA.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de renta aplicable en materia de justicia civil

Este umbral se regula en el artículo 4, letra i), de la Ley 327/2005 de prestación de asistencia jurídica gratuita a personas necesitadas por la que se modifica la Ley nº 455/1991 de profesiones con licencia (Ley de comercio), modificada por la Ley nº 8/2005.

El pasaje correspondiente reza así: «Una persona física se considera necesitada si recibe asignaciones o prestaciones de asistencia, 1e) o si su renta es igual o inferior a 1,6 veces el mínimo de subsistencia 2) y si la persona física carece de medios para abonar los servicios jurídicos». (311,30 EUR)

Umbral de renta aplicable a los demandados en causas penales

El umbral de renta de los demandados que deseen asistencia de oficio en un asunto de justicia penal no está regulado. La Ley de Enjuiciamiento Penal (artículos 37 y 38) precisa las circunstancias en que la defensa es obligatoria:

  1. El acusado debe tener asistencia letrada para su defensa durante el proceso preliminar si:
    • se encuentra en prisión preventiva, cumple una pena de prisión o está internado para observación en un establecimiento médico,
    • carece de capacidad jurídica o tiene una capacidad jurídica limitada,
    • está acusado de un delito de particular gravedad,
    • es menor de edad,
    • es un fugitivo de la justicia.
  2. La asistencia letrada es igualmente obligatoria si, durante el procedimiento preliminar, el fiscal o el agente policial lo estiman necesario, sobre todo porque duden de que el acusado sea capaz de defenderse a sí mismo adecuadamente.
  3. También es obligatorio contar con un abogado defensor en procesos de extradición y en procesos que impliquen la imposición de medidas de tratamiento de protección, excepto en el caso de tratamiento por alcoholismo.

El artículo 38 de la Ley de Enjuiciamiento Penal dispone que:

  1. La presencia de un abogado defensor es obligatoria en los procedimientos ejecutivos en los que la sentencia se emita en sesión pública, si el acusado:
    • carece de capacidad jurídica o tiene una capacidad limitada,
    • es un joven en libertad condicional que, en el momento de la sesión pública, es menor de 18 años,
    • se encuentra en prisión preventiva,
    • o si se duda de su capacidad para defenderse a sí mismo adecuadamente.
  2. Los condenados deben estar asistidos por un abogado defensor en los procesos sobre recursos extraordinarios si:
  • se trata de causas contempladas en el artículo 37, apartado 1, letras a), b) o c),
  • el acusado es un menor que, en el momento de la sesión pública sobre el recurso extraordinario, no haya cumplido 18 años,
  • se duda de su capacidad para defenderse a sí mismo adecuadamente,
  • el proceso se dirige contra un condenado ya fallecido.

Umbral de renta aplicable a las víctimas en causas penales

Con arreglo al artículo 558, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Penal, el tribunal resuelve sobre el reembolso de gastos a la parte lesionada cuando la sentencia es firme.

Otras condiciones concurrentes en la concesión de asistencia jurídica gratuita a las víctimas

Todas las condiciones se establecen en la Ley nº 301/2005 de Enjuiciamiento Penal.

Procesos judiciales gratuitos

Hay dos tipos de exención de tasas judiciales (artículo 4 de la Ley nº 71/1992 de tasas judiciales y copia del registro penal, modificada). La exención de tasas judiciales se aplica en los casos siguientes:

  • tipos específicos de procedimientos (tutela de menores, inactividad o interferencia ilegal de órganos de la administración, obligación mutua de alimentos entre padres e hijos), o
  • tipos específicos de personas (solicitantes en procesos de indemnización por daños causados por accidente laboral o enfermedad profesional; en procesos por despido ilegal, etc.). Si el tribunal resuelve a favor del demandante, el demandado debe pagar las correspondientes costas judiciales o una parte de ellas que fija el tribunal, a no ser que esté exento de ello.

Con arreglo al artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tribunal tiene competencia para conceder la exención total o parcial de costas judiciales a una parte cuyas circunstancias así lo justifiquen, siempre que la demanda esté sustanciada y que la parte no esté ejerciendo o defendiendo un derecho que claramente no pueda prosperar. No obstante, el tribunal puede retirar la exención concedida en cualquier momento del proceso.

Con arreglo a la Ley 327/2005 de concesión de asistencia jurídica gratuita a personas necesitadas (Ley de asistencia jurídica gratuita), asistencia jurídica gratuita es la prestación de servicios legales a una persona que tenga derecho a asistencia con arreglo a esta Ley cuando la persona defienda sus derechos, y especialmente en forma de:

  • asesoramiento legal,
  • asistencia en procedimientos extrajudiciales,
  • redacción de escritos para tribunales,
  • representación en procesos judiciales,
  • ejecución de actos afines, así como
  • pago completo o parcial de costas anejas.

No obstante, si la persona en cuestión reúne las condiciones de concesión de asistencia jurídica gratuita, lo más probable es que esté también exenta del pago de las costas procesales (incluidas las tasas judiciales). Ninguna disposición concreta establece que una persona con derecho de asistencia jurídica gratuita esté también dispensada de costas judiciales. No obstante, es muy probable que el tribunal la dispense.

¿Cuándo la parte perdedora debe pagar las costas de la parte ganadora?

Procesos civiles: artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Una persona puede solicitar al órgano judicial competente la dispensa total o parcial de las costas judiciales. El tribunal, por propia iniciativa, puede conceder a la parte (plenamente) ganadora las costas en que haya necesariamente incurrido en el proceso (incluidas las tasas judiciales). Si la victoria en juicio es parcial, el tribunal concederá una parte de las costas procesales a cada una de las partes, pero también podrá decidir que ninguna de las partes tiene derecho a compensación por las costas. No obstante, el tribunal puede conceder a la parte parcialmente ganadora una indemnización completa por las costas procesales si la resolución sobre el importe de los pagos que corresponda a dicha parte depende de un dictamen forense o era discrecional para el tribunal, o igualmente si la falta de una victoria judicial plena afecta solo a una parte insignificante del proceso.

Procesos penales: artículo 557 de la Ley de Enjuiciamiento Penal

Si se le ha concedido a la víctima al menos una parte de las costas procesales, el condenado está obligado a indemnizar a aquella por las costas en las que tuvo que incurrir en el proceso, incluidos los gastos de representación ante el tribunal si la defensa es obligatoria

Aun si a la víctima no se le han concedido las costas como en el caso anterior, el tribunal puede concedérselas en su totalidad o parcialmente a petición de la víctima y en atención a las circunstancias del caso.

Honorarios de expertos

El Decreto de aplicación nº 491/2004 del Ministerio de Justicia de tasas e indemnización por costes y tiempo perdido de expertos, intérpretes y traductores fija los importes de los honorarios de expertos. La lista de expertos, que gestiona el El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia de la República Eslovaca, puede consultarse en el sitio web de este. Un experto se añade a la lista cuando el solicitante cumple todos los requisitos (con arreglo al Decreto de aplicación de honorarios de expertos, intérpretes y traductores).

La retribución del experto debe estipularse por acuerdo entre el experto y el cliente (honorarios contractuales). Si las partes no llegan a un acuerdo, la retribución debe fijarse recurriendo a las disposiciones correspondientes sobre honorarios.

Obsérvese que el IVA solo se aplica a los honorarios contractuales, y ello siempre que el traductor o intérprete esté inscrito en el registro del IVA.

Las tarifas se fijan:

  • por el número de horas prestadas,
  • en porcentaje del valor inicial del importe en litigio del caso,
  • como tarifa plana basada en el importe en litigio y el número de servicios prestados.

Estudios de casos en Eslovaquia

En algunos estudios sobre casos hay información más concreta sobre costas procesales en Eslovaquia.

Anexos relacionados

Informe eslovaco sobre el Estudio de Transparencia de CostasPDF(872 Kb)en

Última actualización: 26/06/2019

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Costas procesales - Finlandia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Finlandia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Abogados (incluidos los letrados asesores de asistencia jurídica gratuita)

En Finlandia, las retribuciones de los abogados se rigen por las Normas deontológicas de los abogados y por la Directriz sobre honorarios, aprobadas por el Colegio de Abogados.

Oficiales de justicia

En Finlandia, las tarifas de los oficiales de justicia están fijadas en el Decreto del Consejo de Ministros 925/2008, en la Ley sobre tasas de ejecución de sentencias (34/1995) y en el Decreto del Consejo de Ministros 35/1995.

Asesores jurídicos

En Finlandia, los honorarios de los asesores jurídicos se rigen por el Código de Comercio 18:5, por la Ley de asistencia jurídica gratuita (257/2002) y por el Decreto del Consejo de Ministros 290/2008.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

En Finlandia se distingue entre la tasa procesal y la tasa de documentación. Cada parte debe pagar la tasa procesal que le corresponda (referida a los gastos del juzgado, de la demanda y de la notificación y entrega de resoluciones) para cubrir los costes de los trámites judiciales y de las medidas adoptadas a lo largo del proceso, incluida la notificación y entrega de los documentos oficiales que contengan la resolución definitiva o provisional dictada. La tasa varía entre los 79 euros de las causas civiles tramitadas por los tribunales de primera instancia hasta los 223 euros de las causas planteadas ante el Tribunal de la Competencia.

La tasa de documentación (referida a la expedición de extractos, copias, certificados) se cobra por cada documento que se solicite específicamente, salvo que sea aplicable alguna exención legal. Por ejemplo, no se aplica la tasa a los documentos entregados a la parte perjudicada en una causa penal iniciada a instancia del Ministerio Fiscal.

Las tasas detalladas pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Justicia y en la legislación pertinente (Ley 701/1993 de tasas aplicables a las actuaciones de los tribunales y de determinados órganos de la Administración judicial), así como en los correspondientes decretos del Consejo de Ministros.

En los casos de divorcio, la tasa procesal es de 79 euros, más otros 44 euros por la continuación del proceso una vez finalizado el período de reflexión de las partes. La asistencia de abogado puede suponer unos 1.000 euros. La tasa por presentación de una demanda es de 72 euros. En los pleitos civiles, la tasa es de 79 a 179 euros ante un tribunal de primera instancia, y de 179 euros en caso de recurso ante el Tribunal de Apelación. Los honorarios de abogado pueden llegar a 6.000 euros e incluso más.

Fases del proceso civil en las que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas de los procesos civiles deben abonarse a la conclusión de éstos.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

En Finlandia, las causas penales iniciadas por el Ministerio Fiscal ante los tribunales de primera instancia no devengan tasas.

Fases de los procesos penales en las que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas de los procesos penales deben abonarse a la conclusión de éstos.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Al no existir tribunales constitucionales en Finlandia, los asuntos de esta índole se juzgan como causas penales. Las causas penales iniciadas por el Ministerio Fiscal ante los tribunales de primera instancia no devengan tasas.

Fases de los procesos constitucionales en las que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas deben abonarse a la conclusión del proceso.

Información previa que deben aportar los representantes legales

Derechos y obligaciones de las partes

Los representantes legales deben informar previamente a las partes de un posible litigio para que éstas conozcan sus derechos y obligaciones, las probabilidades de éxito y las costas en juego, incluidas las que puedan imponerse a la parte perdedora. Este tema está regulado por el El enlace abre una nueva ventanaCódigo deontológico del Colegio de Abogados. Los abogados están además legalmente obligados al secreto profesional.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Finlandia?

Puede consultarse información sobre costas en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Finlandia?

La información se ofrece en finés, sueco e inglés.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Se ofrece información sobre la mediación en el sitio web del Ministerio de Justicia y en del Instituto Nacional de Salud y Bienestar.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

Se ofrece información detallada y gratuita sobre las costas y tasas de los procesos judiciales en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

La información sobre la duración media se encuentra disponible en la sección “Resumen general” de las actividades del sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

Se ofrece información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaSistema judicial finlandés

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Se ofrece información en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia. De acuerdo con la Directriz sobre honorarios del Colegio de Abogados, los presupuestos de honorarios profesionales por la realización de trabajos para un cliente deben incluir el IVA.

¿Qué tipos tributarios se aplican?

Los servicios jurídicos están sujetos a un IVA del 22 %. Están exentos de IVA los gastos de asistencia jurídica gratuita.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El umbral de ingresos se calcula con arreglo a una fórmula preestablecida. Por regla general, se presta asistencia gratuita a los solicitantes cuyos ingresos disponibles son inferiores a los 700 euros mensuales, en el caso de las personas solteras. También se concede, aplicando una franquicia progresiva, cuando los ingresos disponibles se sitúen entre los 700 y los 1.500 euros; no se concede a los solicitantes con unos ingresos disponibles superiores a los 1.500 euros. En el caso de las parejas casadas, los importes por cónyuge son de 600 y 1.300 euros, respectivamente.

Se impone una tasa por asistencia jurídica gratuita de 70 euros, con una franquicia. Además, se aplica otra franquicia adicional cuando los activos líquidos del solicitante superan los 5.000 euros.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

El umbral de ingresos se calcula aplicando una fórmula específica. Por regla general, se presta asistencia gratuita a los solicitantes cuyos ingresos disponibles son inferiores a los 700 euros mensuales, en el caso de las personas solteras. También se concede, aplicando una franquicia progresiva, cuando los ingresos disponibles se sitúen entre los 700 y los 1.500 euros; no se concede a los solicitantes con unos ingresos disponibles superiores a los 1.500 euros. En el caso de las parejas casadas, los importes por cónyuge son de 600 y 1.300 euros, respectivamente. En el sitio web del Ministerio de Justicia se ofrece información adicional. Se impone una tasa por asistencia jurídica gratuita de 70 euros, con una franquicia. Además, se aplica otra franquicia adicional cuando los activos líquidos del solicitante superan los 5.000 euros.

Asimismo, los acusados tienen derecho a un defensor de oficio, independientemente de su situación económica, cuando sean imputados por un delito grave o en caso de detención. El tribunal, por propia iniciativa, puede designar también un defensor de oficio para los menores de 18 años o para quienes no se encuentren en condiciones de proveer a su defensa. Sin embargo, en caso de condena, el acusado debe rembolsar al Estado los honorarios del defensor de oficio, salvo que tuviera derecho a la asistencia jurídica gratuita. En este último supuesto, los importes que el acusado deba satisfacer se calculan con arreglo a la fórmula utilizada para la asistencia gratuita.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

Las víctimas de determinados delitos graves, como la violencia doméstica o la agresión sexual, tienen derecho a la asistencia de un abogado y de una persona de apoyo, independientemente de su situación económica.

Además, las víctimas pueden obtener asistencia jurídica gratuita son arreglo a los criterios habituales: como norma general, se presta tal asistencia a los solicitantes cuyos ingresos disponibles son inferiores a los 700 euros mensuales, en el caso de las personas solteras. También se concede, aplicando una franquicia progresiva, cuando los ingresos disponibles se sitúan entre los 700 y los 1.500 euros; no se concede cuando los ingresos disponibles son superiores a los 1.500 euros. En el caso de las parejas casadas, los importes por cónyuge son de 600 y 1.300 euros, respectivamente. Se impone una tasa por asistencia jurídica gratuita de 70 euros, con una franquicia. Además, se aplica otra franquicia adicional cuando los activos líquidos del solicitante superan los 5.000 euros.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

La ayuda debe solicitarse siempre a la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita. Se puede recurrir a cualquier de las oficinas de este tipo existentes en el país, sea cual fuere el lugar de residencia del solicitante. Normalmente conviene presentar la solicitud en la oficina más próxima.

El solicitante debe aportar los justificantes relativos a sus circunstancias económicas, a su seguro de asistencia jurídica, si existe, y a la causa que motiva la solicitud.

La solicitud puede presentarse verbalmente o por escrito, adjuntando los justificantes necesarios. El formulario de solicitud, con sus anexos, puede remitirse también a la oficina por correo ordinario, fax o correo electrónico.

En la página web de este servicio se puede descargar el formulario de solicitud, que se encuentra igualmente disponible en las Oficinas de Asistencia Jurídica Gratuita, tribunales de justicia y despachos de abogados.

Si el solicitante desea la asistencia de un determinado abogado en una causa, este último puede a su vez solicitar la asistencia jurídica gratuita.

Si una persona ha sido víctima de violencia doméstica o de agresión sexual, el tribunal puede designarle un abogado o persona de apoyo que le presten ayuda en la fase de investigación previa al juicio y mientras dure éste. Si la víctima desea presentar denuncia durante el proceso, el tribunal le proporciona asistencia letrada. En caso de que no desee presentar denuncia, puede ser asistida por una persona de apoyo.

Como se ha indicado antes, las personas acusadas de un delito grave o que hayan sido detenidas pueden ser asistidas por un defensor nombrado de oficio. El tribunal, por propia iniciativa, puede designar también un defensor de oficio para los menores de 18 años o para quienes no se encuentren en condiciones de proveer a su defensa.

Gratuidad de las tasas judiciales

Los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita están exentos del pago de las tasas.

Además, la legislación (Ley de tasas de los tribunales 701/1993, artículos 6 y 7) establece la gratuidad para determinados asuntos. Entre éstos se incluyen, por ejemplo, la liquidación de las deudas de particulares y las causas penales iniciadas por el Ministerio Fiscal en primera instancia. Los organismos y ciudadanos extranjeros pueden ser eximidos del pago de las tasas cuando existan acuerdos de reciprocidad en casos de asistencia judicial mutua.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Por regla general, en las causas civiles se imponen las costas procesales a la parte perdedora (aunque se exceptúan los asuntos que impliquen la presentación de un determinado tipo de demanda o que se rijan por disposiciones legales de obligado cumplimiento, como son muchos de los de familia). En los tribunales administrativos, cada parte debe asumir sus propias costas. La sentencia incluye, en su caso, la condena en costas.

Derechos de los peritos

Es el tribunal el que establece los derechos de los peritos. No hay límites prefijados, aunque en todo caso han de ser razonables.

Honorarios de traductores e intérpretes

Es el tribunal el que establece igualmente los honorarios de los traductores e intérpretes. No hay límites prefijados, aunque en todo caso han de ser razonables. La tarifa media de un traductor es de 80 euros/página. Puede eximirse del pago de estos costes a la parte que sea beneficiaria de asistencia jurídica gratuita.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaSitio web del Ministerio de Justicia

El enlace abre una nueva ventanaSitio web del Sistema judicial

El enlace abre una nueva ventanaSitio web del Colegio de Abogados

Documentos relacionados

Informe de Finlandia para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(504 Kb)en

Última actualización: 14/10/2018

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Nota: la versión original de esta página sueco se modificó recientemente. Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está consultando.

Costas procesales - Suecia

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Suecia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Profesionales de la abogacía

No existe una regulación legal específica de las retribuciones de los profesionales del Derecho en Suecia. No obstante, si se concede la asistencia jurídica gratuita, se aplica una tarifa horaria oficial. En 2012, esa tarifa era, en la mayoría de los casos, de 1 205 SEK, IVA no incluido (es decir, 1 506 SEK con el IVA incluido). El Código deontológico de los miembros del Colegio de Abogados establece que las tarifas deben ser razonables.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

En los asuntos civiles, el demandante debe pagar una tasa judicial por la presentación de la demanda. Su cuantía es actualmente de 450 SEK (aproximadamente, 50 euros).

En los asuntos civiles susceptibles de transacción extrajudicial, si la cuantía de la reclamación es claramente inferior a la mitad del importe básico establecido en la Ley nacional del seguro (en 2012, este importe básico era de 44 000 SEK; por tanto, la mitad equivale a 22 000 SEK), el reembolso de las costas procesales puede limitarse a los conceptos siguientes:

  1. los gastos de asesoramiento jurídico, limitados a una hora por caso y por un importe equivalente al previsto para una hora de asesoramiento con arreglo a la Ley de asistencia jurídica gratuita (1996:1619);
  2. la tasa por presentación de la demanda;
  3. los gastos de viaje y dietas de la parte o de su representante legal por comparecencia en vistas o, cuando no se requiera la comparecencia personal, los gastos de viaje y dietas del representante legal;
  4. los gastos de testigos;
  5. los gastos de traducción.

Sólo se concede el reembolso de los gastos razonables en que se haya incurrido para salvaguardar los intereses de la parte de que se trate.

En los demás asuntos civiles (es decir, cuando la cuantía de la reclamación excede de la mitad del importe básico establecido en la Ley nacional del seguro) no se aplican esas limitaciones

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

La tasa por presentación de la demanda debe abonarse en el momento de presentarla. No hay otra normativa al respecto. No obstante, la Ley de asistencia jurídica gratuita obliga a la parte que se beneficia de ella a pagar una tasa al representante legal. La cuantía de esta tasa depende básicamente de los ingresos de la parte.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

Si el órgano jurisdiccional designa un defensor de oficio para el acusado, se aplica la tarifa horaria mencionada en la sección «profesionales de la abogacía». Los procedimientos de corta duración están sujetos a un régimen especial. Si finalmente se condena al acusado, éste deberá rembolsar al Estado los fondos públicos que se hayan gastado en virtud de esa resolución judicial de designación de defensor de oficio. En cualquier caso, el acusado no deberá pagar por ese concepto más de lo que habría tenido que pagar en concepto de tasa por asistencia jurídica gratuita si se le hubiera concedido tal beneficio.

En ciertos casos, puede designarse al perjudicado un asesor jurídico con arreglo a la Ley reguladora de la asistencia jurídica a las víctimas. Las costas correspondientes corren a cargo del Estado. Si se condena al acusado, éste deberá rembolsar al Estado los fondos públicos que se hayan gastado en virtud de esa resolución judicial de designación de asesor jurídico. En cualquier caso, el acusado no deberá pagar por ese concepto más de lo que habría tenido que pagar si se le hubiera concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Si el órgano jurisdiccional impone al acusado el reembolso al Estado de los fondos públicos que se hayan gastado en virtud de la resolución judicial de designación de un asesor jurídico del perjudicado o de un defensor de oficio del propio acusado, deberá procederse a ese reembolso una vez dictada la sentencia.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

En Suecia no existen procedimientos constitucionales especiales. Las partes pueden, no obstante, reclamar al Estado una indemnización de daños y perjuicios por la vulneración de sus derechos humanos. En tal caso, se aplicará la regulación anteriormente expuesta sobre los honorarios de los profesionales del Derecho y las tasas judiciales.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

Se aplica lo anteriormente expuesto.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

En relación con la información que deben suministrar los miembros del Colegio de Abogados de Suecia sobre los derechos y obligaciones y las expectativas de éxito de las partes, la Ley de enjuiciamiento se limita a establecer que deben cumplir de forma honrada y diligente las tareas encomendadas, siempre con arreglo a las buenas prácticas de la abogacía.

El Código deontológico de los miembros del Colegio de Abogados de Suecia obliga a éstos a informar desde el primer momento a su cliente sobre su política de tarifas y facturación. De acuerdo con el Código, las tarifas pueden cobrarse mediante facturas por la parte del trabajo ya realizada, a cuenta o una vez concluido el trabajo. Los demás representantes procesales no pertenecientes al Colegio no están sujetos a obligaciones legales de esta clase.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

Puede encontrarse información sobre la asistencia jurídica gratuita (también en inglés) en el sitio web de El enlace abre una nueva ventanaAutoridad Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita. Puede encontrarse información sobre las tasas judiciales (también en inglés) en el sitio web de los El enlace abre una nueva ventanaórganos jurisdiccionales suecos. Puede encontrarse información (en casi todas las lenguas oficiales de la UE) en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaRed Judicial Europea en materia civil y mercantil.

¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Suecia?

En cada sitio web se indican las lenguas disponibles.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

La información sobre la mediación puede obtenerse en la El enlace abre una nueva ventanaRed Judicial Europea en materia civil y mercantil.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

Puede encontrarse información sobre las costas en el sitio web de los El enlace abre una nueva ventanaórganos jurisdiccionales suecos. Este es el sitio web oficial, disponible en inglés y en sueco, que ofrece una descripción de los órganos judiciales y los procedimientos judiciales suecos.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Los órganos jurisdiccionales suecos procuran resolver los asuntos civiles y mercantiles, en promedio, en un plazo no superior a 7 meses en lo que respecta a los juzgados de distrito y 5 meses en los tribunales de apelación. No obstante, en 2011 la mayoría de los casos tardaron una media de 7,9 meses en los juzgados de distrito y 5 meses en los tribunales de apelación. Esta información puede encontrarse (únicamente en sueco) en el sitio web de los El enlace abre una nueva ventanaórganos jurisdiccionales suecos, que incluye la memoria anual de los juzgados y tribunales.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

No se dispone de información oficial.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cuáles son los tipos del IVA aplicable?

Las tasas que se deben pagar por la presentación de una demanda en los órganos jurisdiccionales suecos están exentas del IVA. El tipo del IVA aplicable a los servicios jurídicos privados es el 25 %.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita los solicitantes con ingresos no superiores a un máximo, actualmente fijado en 260 000 SEK (aproximadamente, 25 000 euros). Para determinar los ingresos, se tiene en cuenta la situación económica global, incluidos los gastos de manutención de hijos, los gastos inmobiliarios y las deudas, por ejemplo. En los asuntos transfronterizos, puede concederse la asistencia jurídica gratuita aunque los ingresos del solicitante excedan de 260 000 SEK, si éste no puede pagar las costas. La autorización se basará en la diferencia del coste de la vida entre Suecia y su Estado miembro de la UE de residencia.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

Todo acusado tiene derecho a que se le nombre un abogado de oficio, independientemente de sus ingresos, si se cumplen ciertos requisitos. Si finalmente se le condena, el acusado deberá rembolsar al Estado los fondos públicos que se hayan gastado en virtud de tal resolución judicial de designación de defensor de oficio. En cualquier caso, el acusado no deberá pagar en tal concepto más de lo que habría tenido que pagar en concepto de tasa por asistencia jurídica gratuita si se le hubiera concedido tal beneficio.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

Todas las víctimas, independientemente de sus ingresos, tienen derecho a que se les nombre un asesor jurídico con arreglo a la Ley regulador de la asistencia jurídica a las víctimas, si se cumplen ciertos requisitos.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

En ciertos casos, el órgano jurisdiccional puede designar al perjudicado un «asesor jurídico», normalmente un abogado (advokat), para que le ayude. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando el perjudicado ha sufrido una agresión sexual o de otra clase, ha sido privado ilegalmente de su libertad o ha sido víctima de un robo o de otra infracción penal para la que se prevea una pena de privación de libertad. La designación de ese asesor jurídico sólo se produce una vez iniciado el sumario. El citado asesor es remunerado por el Estado y no supone ningún coste para la víctima.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

Si un detenido lo solicita, se le designa un defensor de oficio para que le represente. Lo mismo se hace con el sospechoso, salvo que se prevea para su infracción una pena de privación de libertad de duración inferior a 6 meses.

Se designa asimismo un defensor de oficio en los siguientes casos:

  1. Si lo solicita el sospechoso para el desarrollo del sumario;
  2. Si resulta necesario debido a las dudas sobre la pena a imponer y existen motivos para que ésta sea distinta a una multa o a la libertad condicional.
  3. Si hay circunstancias concretas que lo aconsejen en la situación personal del sospechoso o en el asunto en cuestión.

Si el sospechoso está representado por el abogado defensor de su elección, no se designa un defensor de oficio de apoyo.

Gratuidad de las tasas judiciales

Si se concede la asistencia jurídica gratuita, el demandante no está obligado a pagar la tasa por presentación de la demanda. El demandado, por su parte, no ha de abonar ninguna tasa judicial. No obstante, puede imponerse a las partes la condena en costas, con el consiguiente reembolso de las costas en que haya incurrido la otra parte, incluida la tasa por presentación de la demanda. No hay que pagar esa tasa en los recursos ante los tribunales de apelación ni ante el Tribunal Supremo.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

En principio, la parte perdedora debe pagar las costas procesales de la parte ganadora. Se incluyen en ese concepto los gastos de preparación del juicio, los de representación por abogado y los de presentación de pruebas (incluidos testigos y peritos), en la medida en que tengan razonablemente por objeto la protección de los intereses de la parte en cuestión. Se incluye también el tiempo y el trabajo dedicado por el litigante al juicio. Las negociaciones para resolver el conflicto directamente relacionadas con el resultado de las actuaciones de una parte se consideran como medidas preparatorias del juicio.

Derechos de los peritos

Se aplica lo anteriormente expuesto en materia de imposición en costas.

Honorarios de traductores e intérpretes

Si una parte, un testigo u otra persona que deba ser oída ante el órgano jurisdiccional no entiende y habla el sueco, se contrata un intérprete. En caso necesario, el órgano jurisdiccional puede disponer la traducción de los documentos presentados ante él o emitidos por él mismo. Los gastos de traducción e interpretación son de cuenta del tribunal y no se repercuten en las partes.

Documentos relacionados

Informe sueco del Estudio sobre la transparencia de las costasPDF(457 Kb)en

Última actualización: 19/03/2013

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Inglaterra y Gales

Esta página ofrece información indicativa sobre las costas procesales en Inglaterra y Gales. Se examinan cuestiones como los honorarios de los profesionales del Derecho, la asistencia jurídica gratuita, la mediación y las tasas judiciales.

¿Dónde puedo encontrar información sobre las costas procesales?

Sitio web disponible con información sobre las costas

La información sobre procesos y costas procesales en Inglaterra y Gales es elaborada actualmente por El enlace abre una nueva ventanaDirectgov, el sitio web de la Administración del Reino Unido. Directgov ofrece un acceso sencillo a la información de la Administración pública.

El sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad (HMCS) ofrece información específica sobre las tasas judiciales en Inglaterra y Gales (y no sobre las diferentes costas procesales). Ofrece información acerca de las diferentes tasas judiciales que se cobran en los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales, y de la obligación o no de pagarlas. Se ofrece asimismo información sobre la legislación en materia de tasas judiciales.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

No existe una duración media, puesto que cada pleito es diferente de los demás. El órgano jurisdiccional en cuestión quizá pueda sugerir la duración aproximada de ciertos tipos de causas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

No se dispone de ninguna media, porque cada pleito es diferente de los demás. Es posible que un solicitor con experiencia en un determinado tipo de proceso pueda indicarle la cuantía aproximada de los gastos asociados al mismo.

Impuesto sobre el valor añadido

Honorarios de letrados: el IVA se carga habitualmente en los honorarios de solicitors y barristers, y en ciertos desembolsos (a un tipo del 15%, aunque es probable que éste vuelva al 17,5% en 2010). El registro del IVA en el Reino Unido es obligatorio si se alcanzan determinados umbrales de ingresos. Para más información, véase el sitio web El enlace abre una nueva ventanaHM Revenue & Customs.

Tasas judiciales: las tasas judiciales están exentas de IVA.

Honorarios de los profesionales del Derecho

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Solicitors

El El enlace abre una nueva ventanaCódigo deontológico de los solicitors exige que estos profesionales faciliten a sus clientes la mejor información posible sobre sus honorarios (regla 2.03). En concreto, en la regla 2.03 se establece la obligación de informar a los clientes de los honorarios que se les cobrarán, y de cuándo deben anticiparse los pagos, junto con la de asesorar sobre sus opciones de financiación, incluido el derecho a la obtención de financiación pública. Se exige asimismo a los solicitors que informen a sus clientes de su posible responsabilidad respecto al pago de los gastos de terceros. Estas disposiciones se aplican igualmente a los abogados europeos en ejercicio en Inglaterra y Gales, así como a los despachos de solicitors y otros abogados y no abogados sujetos a la competencia de la Autoridad Reguladora de los Solicitors (Solicitors Regulation Authority). En las cartas iniciales de asesoramiento a los clientes deben figurar asimismo los objetivos, las opciones y las demás cuestiones que atañan a éstos en el asunto en cuestión (con arreglo a la regla 2.02 del Código).

Una vez emitida la minuta, los honorarios de los solicitors pueden ser evaluados tanto por el Servicio de Reclamaciones Jurídicas (Legal Complaints Service) como por los oficiales encargados de la supervisión de las costas en los órganos jurisdiccionales. El Decreto sobre remuneración de los solicitors (actividades no contenciosas) de 2009 exige que sus honorarios sean justos y razonables, habida cuenta de todas las circunstancias, en los asuntos en los que su labor no conlleve la intervención en procesos judiciales. En caso de que una minuta impugnada ataña a trabajos no asociados a procesos judiciales, el Servicio de Reclamaciones Jurídicas puede evaluar si es justa y razonable. Para ello debe determinar cuál habría sido un importe justo y razonable, si la considera excesiva. Todo acuerdo sobre honorarios asociados a trabajos que conlleven la intervención en procesos judiciales (también conocidas como «actividades contenciosas») se somete a las disposiciones de la Ley de solicitors de 1974 y puede ser objeto de evaluación por los órganos jurisdiccionales.

Barristers

Los honorarios de los barristers se negocian y acuerdan en gran medida previamente a la realización de cualquier trabajo y, por tanto, se requiere menos reglamentación. En el Código deontológico de la abogacía (Code of Conduct of the Bar) de Inglaterra y Gales se establecen los principios aplicables a los barristers en lo que atañe a los honorarios y la remuneración de los letrados por cuenta propia. En él se establece que los barristers que ejercen por cuenta propia pueden cobrar todo trabajo realizado aplicando cualesquiera criterios permitidos por la legislación y que no conlleven el pago de un sueldo o salario. Se incluyen otras disposiciones relativas a esos trabajos. Las posibles irregularidades en materia de costas pueden ser investigadas por el Consejo de Regulación de la Abogacía (Bar Standards Board) y dar lugar a acciones disciplinarias.

Oficiales de justicia

Los honorarios de los oficiales de justicia de los juzgados de condado (county courts) tienen el carácter de tasas judiciales y, por tanto, se incluyen en las costas de los procesos antes mencionadas.

De conformidad con la Ley de tribunales de 2003, el Lord Chancellor debe prescribir, mediante instrumento legislativo, los honorarios que puede cobrar un oficial de ejecución del tribunal superior (High Court Enforcement Officer). La información al respecto puede consultarse en el sitio web del Servicio de la Judicatura de Su Majestad.

En el caso de los oficiales de justicia certificados (certificated bailiffs), el sistema vigente de honorarios es complejo, ya que cada poder de ejecución se ajusta a una estructura de remuneración diferente. Algunas de estas estructuras, como las relativas al impuesto municipal (council tax), se establecen en la ley, mientras que otras se recogen en acuerdos establecidos entre la empresa formada por los oficiales de justicia y sus clientes.

El Servicio de la Judicatura de Su Majestad prepara actualmente una modificación de la situación de los oficiales de justicia certificados y de su estructura de honorarios. Aunque, probablemente, los cambios no entrarán en vigor hasta abril de 2012, este sitio web tendrá que actualizarse para reflejarlos.

Toma de juramento

En el caso de la toma de juramento,  todos los profesionales jurídicos están sujetos a un sistema de tasas. De conformidad con la Ley de tribunales y servicios jurídicos de 1990, corresponde al Lord Chancellor prescribir, mediante instrumento legislativo, el importe correspondiente. Este importe es actualmente de 5 libras esterlinas por declaración jurada o promesa solemne, y de 2 libras esterlinas por documento de prueba.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo encontrar información sobre las costas procesales en Inglaterra y Gales?

Puede obtenerse información sobre tasas judiciales en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad; por supuesto, esa información debe completarse con la referida a los demás conceptos de las costas, como los gastos de representación jurídica. La El enlace abre una nueva ventanaLaw Society y el El enlace abre una nueva ventanaBar Council pueden resultar útiles para encontrar un representante jurídico, pero no ofrecen información sobre las costas de la representación, ya que ésta dependerá de numerosos factores específicos. En el caso de un litigio transfronterizo, suele haber dos partidas de honorarios de letrados, una correspondiente al lugar en que se encuentre el demandante, y otra correspondiente en el lugar en que se desarrolle la causa.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Puede obtenerse información sobre tasas judiciales en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad. Estas tasas se añaden a los gastos de representación jurídica.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales han de abonarse al inicio de todo proceso en el que sean exigibles; los demás honorarios y costas suelen pagarse una vez finalizado el proceso en cuestión.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

El acusado tiene derecho a asistencia jurídica gratuita para defenderse en un proceso penal si cumple los criterios restablecidos para ello. Más adelante se ofrecen datos pormenorizados sobre la asistencia jurídica gratuita y sobre esos criterios. En caso de que el acusado no reciba dicha asistencia, las costas se convendrán entre él y su representante jurídico.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Los gastos de testigos y los derechos de peritos deben abonarse normalmente a la conclusión del litigio.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Las tasas judiciales dependen del tipo de proceso y del estatuto del órgano jurisdiccional en el que se inicie. Además habrá que tener en cuenta otros gastos, como los de representación jurídica.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

Las tasas judiciales han de abonarse al inicio de todo proceso en el que sean exigibles; los demás honorarios y costas suelen pagarse una vez finalizado éste.

Derechos de los peritos

En los procesos civiles por demandas de cuantía inferior a 5.000 libras esterlinas, los derechos de los peritos ascienden, como máximo, a 200 libras, pero en los demás casos el juez puede permitir, a discreción, las cuantías que considere pertinentes. Los órganos jurisdiccionales están obligados a considerar la intervención de un único perito conjunto, en lugar de uno por cada parte. Para más información sobre el procedimiento, puede consultarse el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

Honorarios de traductores e intérpretes

En la mayoría de los asuntos examinados por los órganos jurisdiccionales civiles, los intérpretes son contratados y remunerados de manera centralizada cuando se cumplen ciertos criterios. En concreto, debe tratarse de una audiencia de traslado del proceso (para decidir si éste se verá en un tribunal superior), de una causa familiar en la que estén implicados menores, o de un caso de violencia doméstica (incluido el matrimonio forzoso). En los demás asuntos, se financian los servicios de un intérprete cuando éste sea el único medio para conseguir que el litigante comprenda el proceso y, a falta de financiación pública, éste no puede permitirse sufragar el coste de un intérprete a título privado, o carezca de amigos o familiares que le asistan. Los honorarios se fijan en las condiciones de contratación. Pueden variar enormemente de un asunto a otro, en función de la duración de la vista, la distancia y el tiempo que exijan los desplazamientos con origen y destino en el tribunal, así como los medios de desplazamiento que emplee el intérprete. Las condiciones establecidas se aplican estrictamente a todas las demandas, para evitar excesos en el pago.

Los honorarios de los traductores no están regulados. Los determina el propio traductor o agencia de traducción.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

El principio general es que paga la parte perdedora, si bien es la condena en costas es una facultad discrecional del juez. Al decidir al respecto, éste ha de tener en cuenta  la conducta de las partes y los esfuerzos realizados, en su caso, antes y durante el proceso para tratar de resolver el conflicto (incluido el intento de solución alternativa de conflictos). Las costas pueden incluir las tasas judiciales establecidas y las demás costas, evaluadas por el propio juez y sujetas a determinados límites en lo que respecta a la cuantía (en función del tipo y el importe de la condena). No obstante, esa cuantía puede fijarse también de manera independiente en una «tasación de costas», que suele utilizarse en asuntos más complejos en los que los gastos requieren un examen más pormenorizado. Para más información sobre el procedimiento, puede consultarse el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Puede obtenerse información sobre mediación, incluido lo relativo a las costas, en varios sitios web y enlaces:

Puede obtenerse información sobre las modalidades de solución alternativa de los conflictos resultantes de la ruptura de una relación de familia en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de Asistencia para la Mediación en Asuntos de Familia (que se ocupa exclusivamente de la mediación familiar), o en el número de teléfono 0845 60 26 627 (en el Reino Unido), y +441823 623650 (desde fuera del Reino Unido). También ofrecen información sobre mediación familiar los siguientes sitios web:

En todos ellos puede utilizarse el motor de búsqueda para efectuar consultas sobre «mediación familiar».

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

Los perceptores de determinadas prestaciones relacionadas con la renta (ayuda a la renta, subsidio para solicitantes de empleo basado en los ingresos, subsidio de empleo y asistencia asociado a los ingresos, y crédito de garantía (para pensionistas)) tienen el carácter de «autorizados» a los efectos de la asistencia jurídica gratuita. Esto significa que cumplen automáticamente los requisitos financieros para recibirla. Las cuatro prestaciones mencionadas, basadas en la comprobación de medios, también se conocen como prestaciones de «subsistencia», porque elevan la renta del usuario hasta el nivel mínimo previsto por la ley para seguir viviendo.

Por otro lado, pueden recibir asistencia jurídica gratuita «no contributiva» quienes tengan una renta mensual bruta inferior a 2.657 libras esterlinas, una renta mensual disponible inferior a 315 libras esterlinas, y un capital disponible no mayor de 3.000 libras. Si su renta mensual disponible se sitúa entre 316 y 733 libras esterlinas, o su capital disponible oscila entre 3.000 y 8.000 libras, la financiación se les ofrece a condición de que paguen una contribución.  Estas cifras son aplicables desde abril de 2009. No obstante, son susceptibles de modificación, por lo que deberá comprobarse en todo caso en la El enlace abre una nueva ventanaComisión de Servicios Jurídicos (que gestiona el régimen de asistencia jurídica gratuita en Inglaterra y Gales) que siguen siendo vigentes.

Además de cumplir los criterios financieros, los solicitantes deben demostrar que tienen motivos razonables para iniciar un proceso o ser parte en él y que resulta prudente, en las circunstancias concretas, concederles asistencia jurídica gratuita. La Comisión de Servicios Jurídicos debe considerar, por ejemplo, si existe una probabilidad razonable de éxito en la causa, si los beneficios de ésta superarán el coste para los fondos públicos y si el solicitante obtendrá algún beneficio personal significativo, a los efectos del posible reembolso de los gastos en caso de que gane. Estos factores son similares a los que influirían en un cliente de medios moderados que fuera a afrontar sus gastos privadamente al considerar si iniciar o no un determinado proceso.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

Desde octubre de 2006, los acusados que comparecen ante el juzgado de paz (magistrate's court) en Inglaterra y Gales se someten a una prueba de medios, mediante la cual se pondera su renta para reflejar sus circunstancias familiares, como las vinculadas al número de hijos. Si su renta anual bruta ponderada es inferior a 12.475 libras esterlinas, o si reciben una prestación social determinada, o son menores de 18 años, cumplen los requisitos financieros para recibir la asistencia jurídica gratuita. Si su renta anual ponderada excede de 22.325 libras esterlinas, no satisfacen esos requisitos. Cuando la renta ajustada se sitúa entre esos dos umbrales, se procede a una evaluación más detallada de su renta disponible. En esta estimación se tienen en cuenta los gastos reales de vivienda y cuidado de los hijos, así como el subsidio compensatorio de carestía de la vida. Si la renta anual disponible resultante no excede de 3.398 libras esterlinas, se cumplen los requisitos financieros establecidos para la concesión de asistencia jurídica gratuita.

En noviembre de 2008, la Administración realizó consultas sobre las propuestas de ampliación de la comprobación de medios al Tribunal de la Corona (Crown Court) en Inglaterra y Gales, y en junio de 2009 publicó su respuesta a los comentarios recibidos. La Administración se propone poner a prueba su modelo en cinco Tribunales de la Corona en enero de 2010, previéndose un despliegue nacional de mayor alcance entre abril y junio de ese mismo año.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

No se concede asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos. No obstante, el personal y el Servicio de Testigos (Witness Service ) prestan apoyo emocional y práctico: por ejemplo, a las víctimas se les ofrecen salas de espera aparte. A los testigos vulnerables e intimidados se les brindan medidas especiales al amparo de la Ley de justicia de menores y medios de prueba en materia penal de 1999, como la opción de declarar por vídeo desde un lugar diferente.

La Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service) ha examinado recientemente la documentación que, bajo el título «Información para los familiares del fallecido», se facilita a los funcionarios de policía que actúan de enlace con los parientes de víctimas de asesinato u homicidio. En ella se informa y asesora sobre las diversas cuestiones que los familiares posiblemente quieran abordar y se les indica adónde pueden dirigirse para obtener asistencia adicional si, por ejemplo, necesitan asesoramiento jurídico sobre el lugar en el que deben residir los hijos o con quién deben tener contacto éstos.

En el marco de ese examen, se llevó a cabo un proyecto experimental, en el que se prestaron a familiares de fallecidos hasta 15 horas de asesoramiento jurídico gratuito sobre asuntos sociales y personales derivados del fallecimiento, aunque no relacionados directamente con un posible juicio. El proyecto finalizó en abril de 2008 y actualmente se trabaja en la elaboración de propuestas para el establecimiento de un servicio de prestación de asesoramiento jurídico en toda Inglaterra y Gales, basado en las enseñanzas extraídas.

Por otra parte, el régimen de ayuda a las víctimas de la Fiscalía de la Corona garantiza el ofrecimiento a éstas de la celebración de una reunión con la acusación, antes del juicio, para explicarles el sistema de declaración personal y proponerles que un miembro de la fiscalía lea en voz alta su declaración antes de la sentencia. Terminado el juicio, puede aplicárseles el régimen de contacto con las víctimas del servicio de libertad condicional. En éste se designa a un funcionario de enlace para mantener a la familia constantemente informada sobre lo que sea pertinente (p. ej., la sentencia impuesta al infractor) y asistirla en la actualización de la declaración personal de la víctima de cara al juicio oral para la concesión de la libertad condicional al infractor, si así lo desean.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

Toda persona que solicite el beneficio de asistencia jurídica gratuita ante un juzgado de paz (magistrate’s court) o ante el Tribunal de la Corona (Crown Court) en Inglaterra y Gales debe superar además la prueba del «interés de la justicia». En ella se tienen en cuenta factores como la probabilidad de que la condena sea de privación de libertad o dé lugar a la pérdida de empleo, y la capacidad del acusado de comprender el proceso o exponer sus argumentos. En general, si se dan uno o más de estos factores, se considera que se ha superado la prueba del «interés de la justicia».

Gratuidad de las tasas judiciales

En determinadas circunstancias, no hay que abonar tasas judiciales.  Puede concederse una exención plena o una exención parcial, que obliga al pago solamente de una parte. Para más información sobre la exención de las tasas judiciales, véase el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad.

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaComisión de Servicios Jurídicos,

El enlace abre una nueva ventanaSolución alternativa de conflictos, El enlace abre una nueva ventanaAsesoramiento jurídico comunitario, El enlace abre una nueva ventanaServicio Nacional de Asistencia para la Mediación, El enlace abre una nueva ventanapágina sobre solución alternativa de conflictos del sitio web del Ministerio de Justicia, El enlace abre una nueva ventanapágina sobre mediación del sitio web del Servicio de la Judicatura de Su Majestad, El enlace abre una nueva ventanaServicio de Asistencia para la Mediación en Asuntos de Familia, El enlace abre una nueva ventanaDirect.gov.uk, El enlace abre una nueva ventanaAdvice Now, El enlace abre una nueva ventanaAsesoramiento jurídico comunitario, El enlace abre una nueva ventanaAdvice Guide – asistencia en línea de la Citizens Advice Office, El enlace abre una nueva ventanaADR Now, El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad, El enlace abre una nueva ventanaCódigo deontológico de los solicitors, El enlace abre una nueva ventanaHM Revenue & Customs, El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad, El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia, El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Su Majestad (oficiales de justicia), El enlace abre una nueva ventanaMinisterio de Justicia

Documentos relacionados

Informe del Reino Unido para el Estudio sobre transparencia de las costasPDF(448 Kb)en

Última actualización: 26/06/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

Costas procesales - Irlanda del Norte

Esta página ofrece información indicativa sobre las costas procesales en Irlanda del Norte.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

Existen escalas de costas tanto para los procesos sometidos a los juzgados de condado como para los que se examinan en el Tribunal Superior, algunas de la cuales incluyen los honorarios profesionales.

Las escalas aplicables en los juzgados de condado pueden consultarse en la El enlace abre una nueva ventanaOficina de Información del Sector Público del Reino Unido. Las aplicables en el Tribunal Superior no se encuentran disponibles en ninguna página web. Se aplican únicamente en determinados casos y en circunstancias concretas, sin que sean de aplicación general.

El oficial tasador puede también realizar una estimación de las costas en determinadas situaciones: por ejemplo, en los procesos de divorcio y procesos incidentales. Dichas costas incluyen los honorarios de abogados.

La Comisión de Servicios Jurídicos de Irlanda del Norte ha establecido unas tasas judiciales fijas para los procesos de custodia de los hijos en los que se aplica el beneficio de justicia gratuita y que se rigen por las disposiciones de la Orden de 1995 (Irlanda del Norte) sobre menores.

  • Las costas procesales de los asuntos planteados ante el Tribunal de Procedimientos de Familia que estén subvencionados por el programa ABWOR (assistance by way of representation, «asistencia mediante representación») se calculan aplicando tarifas horarias o bien a tanto alzado.
  • Las costas procesales de los asuntos examinados por los Centros de Asistencia Familiar para los que se haya concedido el certificado previsto en el artículo 3 de la Orden de 1981 (Irlanda del Norte) sobre Asistencia Jurídica (Remuneración de procuradores y abogados en los procesos ante los tribunales de condado) se calculan con arreglo a los honorarios habituales. Las costas procesales de los asuntos para los que no se haya concedido dicho certificado del artículo 3 se calculan aplicando tarifas horarias, con los límites máximos especificados en el artículo 2 de la mencionada Orden.
  • Las costas procesales de los asuntos de separación matrimonial y pago de alimentos sometidos a los tribunales de magistrados (Magistrates Courts) y subvencionados por el programa ABWOR se calculan también a tanto alzado.
  1. Abogados-Procuradores (Solicitors)
  2. El sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaLaw Society of Northern Ireland puede ser de utilidad para encontrar un procurador, pero no contiene información sobre los costes de la representación jurídica, que están en función de una serie de factores propios de cada caso concreto.

     

  3. Abogados facultados para actuar ante los tribunales (Barristers)
  4. El sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaNorthern Ireland Bar Library puede ser de utilidad si se desea encontrar un abogado facultado para actuar ante los tribunales, aunque no contiene información sobre los costes de la representación jurídica, los cuales están en función de una serie de factores propios de cada caso concreto.

     

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Las tasas en los procesos constitucionales dependen de la instancia en que se inicien éstos y serán las establecidas por dicha instancia. Los importes de las tasas judiciales vigentes pueden consultarse en el El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte.

No incluyen las costas por representación jurídica.

Hay que pagar asimismo tasas judiciales en los asuntos de carácter constitucional remitidos al Tribunal Supremo del Reino Unido y pueden consultarse aquí: El enlace abre una nueva ventanaTasas del Tribunal Supremo del Reino Unido

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales

Aunque las tasas judiciales se pagan normalmente al comienzo del proceso, durante éste pueden surgir otros gastos vinculados a procedimientos incidentales, como cuestiones prejudiciales, exámenes periciales, etc.

Quienes no disfruten del beneficio de asistencia jurídica gratuita deben acordar con su representante jurídico los honorarios correspondientes.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

Los acusados en procesos penales que gocen del beneficio de asistencia jurídica gratuita no están obligados al pago de costas. Quienes no disfruten de ese beneficio deben acordar con su representante jurídico los honorarios correspondientes.

Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales

Las costas en que incurran las partes en un proceso civil, como las correspondientes a indemnizaciones a testigos y derechos de peritos, se pagan normalmente a la conclusión del juicio. Sin embargo, su cuantía no es fija, pudiendo variar en función de la naturaleza del asunto.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Las tasas vigentes en los procesos constitucionales dependen de la instancia en que se inicien éstos y serán los establecidos por dicha instancia. Los importes de las tasas judiciales vigentes pueden consultarse en el El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte.

No incluyen las costas por representación jurídica.

Hay que pagar asimismo tasas judiciales en los asuntos de carácter constitucional remitidos a la Cámara de los Lores y al nuevo Tribunal Supremo del Reino Unido que ha de sustituir a ésta en el futuro. Los importes correspondientes se encuentran aún en fase de elaboración.

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

Aunque las tasas judiciales se pagan normalmente al comienzo del proceso, durante éste pueden surgir otros gastos vinculados a procedimientos incidentales, como cuestiones prejudiciales, exámenes periciales, etc.

Quienes no disfruten del beneficio de asistencia jurídica gratuita deben acordar con su representante jurídico los correspondientes honorarios.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Los procuradores y abogados están obligados a explicar a las partes, en líneas generales, las costas en que pueden incurrir. Sin embargo, como estas últimas están en función del desarrollo del proceso, quizás no sea posible realizar una estimación precisa al inicio del mismo.

Fuente jurídica de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las costas en Irlanda del Norte?

Los importes de las tasas judiciales pueden consultarse en el El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte.

Los sitios web de la El enlace abre una nueva ventanaLaw Society of Northern Ireland y de la El enlace abre una nueva ventanaNorthern Ireland Bar Library pueden ser de utilidad para buscar un representante jurídico, pero no contienen información sobre las costas de dicha representación, las cuales dependen de las características del caso y del posible disfrute por las partes del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?

La información en inglés sobre tasas que ofrece el El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte está en inglés Dicha información puede traducirse, a solicitud, a algunas lenguas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?

Dicha información se encuentra disponible en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte.

Existe además información complementaria en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaLaw Society of Northern Ireland.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

El El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte contiene la relación de todas las tasas judiciales.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

Se puede encontrar información estadística sobre las actividades de los tribunales en el El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?

No se conoce ninguna fuente en la que se pueda consultar esta información.

Existe una escala de las costas procesales de los asuntos sometidos a los juzgados de condado o al Tribunal Superior. Sin embargo, se trata de cifras orientativas que no deben considerarse definitivas, puesto que no se aplican en todos los casos. Por otra parte, sólo se aplican a los procesos seguidos ante la instancia jurídica especificada.

Las escalas correspondientes a los juzgados de condado pueden consultarse en el sitio web de la El enlace abre una nueva ventanaOficina de Información del Sector Público.

Las escalas correspondientes al Tribunal Superior no se encuentran disponibles en ninguna página web,

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Las costas procesales están sujetas al IVA, impuesto que puede recuperarse en las condiciones establecidas en la Ley del impuesto sobre el valor añadido de 1983. Las tasas judiciales pormenorizadas pueden consultarse en el El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte, donde se indican sin IVA.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

En general, disfrutan del beneficio de asistencia jurídica gratuita las personas cuya renta anual disponible no supera las 9937 libras, excepto en casos de daños personales, en que asciende a 10955 libras. En algunos casos de Derecho de familia, como los relativos a la custodia de los hijos, se puede obtener asistencia jurídica gratuita independientemente del nivel de ingresos; es lo que ocurre en los denominados procesos de Orden sobre menores.  Para más información consúltese: El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

En Irlanda del Norte no existe un umbral de ingresos por debajo del cual se conceda el beneficio de asistencia jurídica gratuita a los acusados. El juez concede este beneficio cuando considera que el acusado carece de medios suficientes para hacer frente al coste de su representación jurídica.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

En los procedimientos penales, las víctimas no disfrutan del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

En general no se aplica este régimen cuando las víctimas solicitan el resarcimiento de los daños. Se ha establecido un régimen específico para la indemnización a las víctimas de delitos, que recibe el nombre de Programa de Indemnizaciones en Procesos Penales. En su virtud, se dispensa a las víctimas de la contratación de abogado y procurador para solicitar la indemnización. La organización El enlace abre una nueva ventanaApoyo a las Víctimas de Irlanda del Norte, apoyada económicamente por el Gobierno, presta ayuda para la preparación de las demandas correspondientes.

Independientemente del régimen de asistencia jurídica gratuita, el sistema penal contempla otras ayudas para las víctimas: por ejemplo, en el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte se facilita información y un «paseo virtual» para las víctimas y los testigos.

También la organización benéfica El enlace abre una nueva ventanaApoyo a las Víctimas de Irlanda del Norte ofrece apoyo emocional, información y ayudas prácticas a las personas víctimas de delitos.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados

Para disfrutar de defensa jurídica gratuita, se exigen a los demandados dos condiciones: carecer de medios suficientes para pagar su propia defensa, y que su asistencia gratuita sea conforme a los intereses de la justicia.

Gratuidad de las tasas judiciales

  • El El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte dispone de un mecanismo de condonación o exención de las tasas judiciales. Incluye un proceso de comprobación de los recursos económicos, previa cumplimentación por los solicitantes del formulario previsto al efecto.
  • Los procesados a los que se haya concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita en un proceso penal están exentos del pago de las tasas judiciales.
  • Como se ha indicado antes, normalmente se concede dicho beneficio a las personas cuya renta anual disponible no supere las 9 957 libras.
  • En algunos pocos casos de Derecho de familia, como los relativos a la custodia de los hijos, se puede obtener asistencia jurídica gratuita independientemente del nivel de ingresos; es lo que ocurre en los conocidos como procesos de la Orden sobre menores especiales.
  • La exención o condonación de las costas es una facultad discrecional de los órganos jurisdiccionales.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

La imposición de costas es decisión discrecional de los órganos jurisdiccionales. El Reglamento del Tribunal Superior y el de los Juzgados de Condado del Irlanda del Norte contienen los criterios aplicables en materia de costas; sin embargo, no están disponibles en ningún sitio web.

Derechos de los peritos

El número de peritos está limitado por la normativa judicial, es decir, por el Reglamento del Tribunal Superior y por el de los Juzgados de Condado del Irlanda del Norte). Los derechos que han de abonárseles no tienen carácter fijo ni están sujetos a baremo, sino que dependen del tipo de perito y de las características de su participación en el proceso.

Honorarios de los intérpretes y traductores

Por lo general, cuando una acción civil o familiar se financia de forma privada, corresponde a la parte que necesita los servicios de un intérprete organizar los mismos y asumir los costes.

No obstante, el Servicio de la Judicatura de Irlanda del Norte organizará y financiará de forma centralizada un intérprete para los litigantes no anglófonos que sean parte en las siguientes acciones: procesos que incluyan privación de libertad, asuntos de familia en los que estén implicados menores, o asuntos de violencia doméstica (incluido el matrimonio forzoso).

Si el asunto no corresponde a ninguno de los citados criterios, también podrá financiarse un intérprete, siempre que el juez determine que esta es la única manera en que el litigante pueda entender el procedimiento, y en caso de que no pueda obtener financiación pública, no pueda permitirse financiar un intérprete él mismo o si el juez señala expresamente que se designe un intérprete.

Cuando el Servicio de la Judicatura de Irlanda del Norte organice y pague los honorarios de un intérprete, éstos se fijarán en los términos y condiciones de la contratación. Los honorarios podrán variar de un caso a otro, dependiendo de la duración de la vista, la distancia y el tiempo de viaje hacia y desde el Tribunal, y los medios de transporte del intérprete. Los términos y condiciones se aplicarán estrictamente a todas las demandas con el fin de garantizar que no se realicen pagos excesivos

Enlaces relacionados

El enlace abre una nueva ventanaLaw Society of Northern Ireland

El enlace abre una nueva ventanaNorthern Ireland Bar Library

El enlace abre una nueva ventanaOficina de Información del Sector Público del Reino Unido

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre tasas judiciales del Servicio de la Judicatura de Irlanda del Norte

El enlace abre una nueva ventanaServicio de la Judicatura de Irlanda del Norte

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre la lista comercial del Servicio de la Judicatura de Irlanda del Norte

El enlace abre una nueva ventanaApoyo a las Víctimas de Irlanda del Norte

El enlace abre una nueva ventanaInformación sobre el Apoyo a las víctimas y a los testigos del Servicio de la Judicatura de Irlanda del Norte

Documentos relacionados

Informe del Reino Unido para el estudio sobre la transparencia de las costasPDF(448 Kb)en

Última actualización: 26/06/2019

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Costas procesales - Escocia

Esta sección ofrece información indicativa sobre las costas procesales en Escocia.

Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas

No existe un reglamento sobre honorarios que defina los importes que los profesionales jurídicos deben cobrar a sus clientes. Sí existen, por el contrario, normas sobre los honorarios que puede recuperar la parte ganadora en un litigio.

Asesores jurídicos (solicitors)

Los honorarios de los asesores jurídicos (solicitors) no están sujetos a reglamentación en Escocia. Dependen de una serie de factores relacionados con las circunstancias del caso concreto.

Abogados (advocates)

Los honorarios de los abogados (advocates) tampoco están sujetos a reglamentación en Escocia, por lo que dependen igualmente de las circunstancias del caso.

Tasas judiciales

Tasas judiciales en los procesos civiles

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles

Las tasas judiciales en Escocia están en función del tipo de proceso y del tribunal en que se desarrolle. Se abonan a medida que el proceso pasa por las distintas fases:

  • al presentar la demanda;
  • al presentar documentos adicionales;
  • al fijarse la fecha del juicio oral;
  • durante el juicio oral, debiendo abonarse una tasa diaria;
  • al someter las cuentas de gastos a la tasación independiente;
  • al admitirse el escrito de recurso.

Las tasas correspondientes a cada tipo de actuación se recogen en los correspondientes reglamentos, denominados órdenes sobre tasas. En los procesos civiles son de aplicación la Orden sobre tasas de los juzgados de primera instancia de 1997 y la Orden sobre tasas del Tribunal Superior de Justicia de 1997. Ambas han sido actualizadas posteriormente por múltiples disposiciones del mismo tipo. Para más información acerca de las Órdenes sobre tasas y sus modificaciones, véase el sitio web del El enlace abre una nueva ventanaServicio de Tribunales Escocés.

Derecho de familia: divorcio o disolución de la unión civil

En Escocia, las demandas de divorcio o disolución de la unión civil pueden presentarse ante un juzgado de primera instancia o ante el Tribunal Superior de Justicia, y es posible optar entre:

  • El procedimiento abreviado
  • El procedimiento ordinario

Actualmente, la tasa por la presentación de una demanda de divorcio o disolución de unión civil por el procedimiento abreviado ante un juzgado de primera instancia es de 95 libras, y ante el Tribunal Superior de Justicia de 105 libras. Se cobra una tasa suplementaria cuando el oficial de juzgado ha de hacer el traslado de la documentación del divorcio al demandado. El coste de este servicio es de 10 libras, además de los gastos del oficial de juzgado, que se cobran por separado.

Los procesos de divorcio o disolución de de unión civil por el procedimiento ordinario comienzan al admitirse la demanda a trámite en el juzgado de primera instancia. El importe actual de la tasa es de 125 libras. No incluye el traslado de la resolución al demandado, por lo que el demandante ha de pagar por ello una tasa adicional, ya sea al asesor jurídico o al oficial de juzgado. En las fases ulteriores del proceso será necesario pagar otras tasas adicionales (véase el apartado anterior). En un proceso sin oposición se cobrará como mínimo una tasa adicional por la expedición de la resolución judicial, que actualmente es de 55 libras. En el Tribunal Superior de Justicia, la admisión a trámite de la demanda supone una tasa de 140 libras.

Derecho de familia: custodia de los hijos y pensión alimenticia

En los procesos relacionados con el Derecho de familia, la cuantía de las tasas en el juzgado de primera instancia dependerá de que la solicitud de custodia de los hijos y pago de la pensión alimenticia vaya acompañada o no de una demanda de divorcio o disolución de unión civil. Cuando existe demanda de divorcio o disolución de de unión civil, las tasas aplicables son las mismas que en los procesos de divorcio por procedimiento ordinario.

En caso contrario, se aplicará una tasa por la admisión a trámite de la demanda, actualmente de 80 libras. En las fases ulteriores del proceso será preciso pagar otras tasas adicionales.

En el Tribunal Superior de Justicia, la tasa aplicable es de 140 libras, además de las otras tasas correspondientes a las distintas fases del proceso (véase el apartado anterior).

Derecho mercantil: contratos y responsabilidades

En los procesos en materia mercantil, el importe de la tasas está en función del tipo de demanda presentada y de las características del procedimiento de que se trate.

Por ejemplo, si el demandante sigue el «procedimiento de menor cuantía» ante el juzgado de primera instancia y el importe reclamado es inferior a 3 000 libras, la tasa correspondiente a la presentación de la demanda es actualmente de 15 libras para reclamaciones de hasta 200 libras, y de 65 libras para reclamaciones de entre 200 y 3 000 libras. Posteriormente puede ser necesario abonar otras tasas. De este modo, si el oficial de juzgado tiene que entregar una citación al demandado, la tasa judicial actual es de 10 libras, además del importe que cobre dicho funcionario. No obstante, esto se aplica únicamente cuando el demandante es una persona física. Las personas jurídicas deben contratar los servicios de un asesor jurídico u oficial de juzgado, abonándoles el importe que corresponda.

Si el demandante sigue el «procedimiento abreviado» y reclama, por ejemplo, un importe de entre 3 000 y 5 000 libras, la tasa por la admisión a trámite de la demanda es actualmente de 65 libras, sin perjuicio de las tasas adicionales que haya que abonar en las fases sucesivas del proceso (véase el apartado anterior). En estos procedimientos la tasa no incluye la entrega al demandado de la citación correspondiente, por lo que el demandante deberá contratar este servicio con un asesor jurídico u oficial de juzgado, mediante el pago correspondiente.

En cambio, si el demandante sigue el «procedimiento ordinario» en una reclamación de más de 5 000 libras o a la que se aplique el capítulo 40 de las normas (litigios en materia mercantil), la tasa por la presentación de la demanda es actualmente de 80 libras, además de las costas suplementarias ya mencionadas.

Si la causa se plantea ante el Tribunal Superior de Justicia, la tasa inicial es de 180 libras, aunque, como hemos visto, en las fases posteriores del proceso hay que abonar otros importes adicionales.

Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas procesales

La tasa inicial se debe pagar en la fase de incoación del proceso, cuando se presenta la demanda. En caso de utilizar los servicios de un oficial de juzgado (en las demandas de menor cuantía en las que el demandante sea una persona física, así como en las demandas de divorcio o disolución de de unión civil por el procedimiento abreviado), la tasa de 10 libras se paga en el momento de requerir dichos servicios. La tasa del oficial de juzgado debe abonarse al recibir la factura correspondiente. Han de abonarse otras tasas al presentar documentos adicionales, cuando se señale fecha para el juicio oral, al ocupar la sala de audiencia (con arreglo a una tarifa diaria), al solicitar la tasación de las costas y al admitirse el escrito de recurso.

Tasas judiciales en los procesos penales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales

No se exige el pago de ninguna tasa, porque el acusado tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en un proceso penal si cumple los criterios económicos establecidos para ello.

Tasas judiciales en los procesos constitucionales

Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales

Los asuntos relacionados con los derechos humanos pueden plantearse como cualquier otro proceso civil. Por consiguiente, las tasas aplicables están en función del tipo de proceso y de la cuantía del asunto:

  • Procesos de menor cuantía, hasta 200 libras: 15 libras.
  • Procesos de menor cuantía, entre 200 y 3 000 libras: 65 libras.
  • Procesos abreviados, entre 3 000 y 5 000 libras: 65 libras.
  • Procesos ordinarios, más de 5 000 libras: 80 libras.
  • Ejecución de sentencias en procesos abreviados: 80 libras.
  • Procesos ante el Tribunal Superior de Justicia: 180 libras.

En las fases ulteriores del proceso será preciso pagar otras tasas adicionales en función del desarrollo del mismo (véase el apartado anterior).

Fase de los procesos constitucionales en la que deben pagarse tasas judiciales

En los procesos constitucionales, las tasas se pagan al presentar la demanda, al presentar documentos adicionales, cuando se señale fecha para el juicio oral, al ocupar la sala de audiencia (con arreglo a una tarifa diaria), al solicitar la tasación de las costas y al admitirse el escrito de recurso.

Información previa que deben aportar los representantes procesales

Derechos y obligaciones de las partes

Los asesores jurídicos tienen la obligación de informar a los clientes sobre el importe de sus honorarios. La prudencia exige que informen sobre las probabilidades de éxito y las costas de los procesos. Las «Normas de conducta para los asesores jurídicos escoceses» les exigen informar a sus clientes de forma clara y realista.

Fuentes jurídicas de las costas

¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas de las costas en Escocia?

El sitio web del Servicio de Tribunales Escocés contiene alguna información sobre las tasas procesales.

El Directorio Jurídico escocés (Scottish Law Directory), publicado anualmente por Lexis/Nexis Butterworths, también contiene un suplemento sobre las costas.

¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas de las costas en Escocia?

La información se ofrece en inglés.

El Servicio de Tribunales Escocés publica, además, información sobre los procesos judiciales en las lenguas disponibles en su sitio web.

Contiene asimismo documentos y folletos traducidos al gaélico, chino cantonés, punyabí y urdu.

¿Dónde puedo obtener información sobre la mediación?

Desde el año 2004, la red SMN ofrece en su sitio web un «mapa de la mediación», que ha sido actualizado en varias ocasiones con el apoyo económico del Gobierno. El vínculo (El enlace abre una nueva ventanaRed escocesa de mediación) aparece en varios folletos y sitios web. La red SMN gestiona también un servicio de consulta telefónica, que remite a los servicios de mediación pertinentes. El Registro escocés de mediación describe las cualificaciones de los mediadores, para ofrecer más información a los interesados a fin de facilitarles la búsqueda de un mediador.

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?

Sitio web disponible con información sobre las costas

La información sobre las El enlace abre una nueva ventanatasas judiciales en Escocia incluye lo siguiente:

  • una versión resumida de las órdenes sobre tasas emitidas por el Tribunal Superior de lo Penal, el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de primera instancia;
  • un formulario para solicitar la exención del pago de tasas;
  • las tasas aplicables a los tipos de demandas más habituales presentadas en los juzgados de primera instancia;
  • vínculos con las actualizaciones de las órdenes sobre tasas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?

El Gobierno escocés publica información sobre el número de procesos penales ordinarios concluidos en un plazo no superior a 6 meses en su El enlace abre una nueva ventanasitio web. Los procesos ordinarios representan en torno al 95 % de todos los asuntos tramitados en los órganos jurisdiccionales penales. No existe información sobre la duración media de los asuntos tramitados en los órganos jurisdiccionales civiles. Incluso en determinados tipos de procesos, cada caso es diferente y los plazos de conclusión pueden variar. Es posible que un abogado con experiencia en un determinado tipo de proceso pueda indicarle su duración media.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos medios de un determinado proceso?

No se dispone de ninguna estimación media, porque cada pleito es diferente de los demás. Es posible que un abogado con experiencia en un determinado tipo de proceso pueda indicarle la cuantía aproximada de los gastos asociados con el mismo.

Impuesto sobre el valor añadido

¿Cómo se da la información?

Las costas que se publican incluyen el IVA.

¿Qué tipos tributarios se aplican?

El tipo de IVA aplicable es del 20 %.

Asistencia jurídica gratuita

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles

El derecho a recibir asistencia jurídica gratuita en los procesos civiles depende del nivel de ingresos disponibles (lo que se puede gastar), medido después de aplicar un baremo progresivo de deducciones (escala móvil). En la actualidad, puede concederse ese beneficio a las personas con ingresos anuales de hasta 25 450 libras.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para los acusados

En los procesos ordinarios, el criterio aplicado consiste en comprobar si la persona de que se trate o sus dependientes pueden pagar las costas sin excesivas privaciones. No existe umbral de ingresos en cuanto tal.

El mismo criterio es de aplicación a los procesos ordinarios en los que la parte que solicite la asistencia jurídica gratuita se haya declarado inocente. Tampoco aquí existe un umbral de ingresos establecido legalmente.

El Servicio de Asistencia Jurídica realizará los cálculos pertinentes. En la práctica se utiliza el equivalente semanal del límite máximo de ingresos disponibles, establecido actualmente en 26 239 libras (desde el 1 de abril de 2011). Esto supone una cifra semanal de 245 libras, siendo este el límite máximo de ingresos que permite optar a la asistencia jurídica gratuita con arreglo al criterio de ingresos disponibles, concepto que tiene en cuenta las deducciones necesarias para atender a los gastos más esenciales y, en su caso, a la manutención de las personas dependientes. Si el solicitante tiene ingresos semanales superiores a 245 libras, se analizan las circunstancias del caso para determinar si el pago de las costas le pondría en una situación económica difícil.

En otros procesos penales ordinarios, cuando el acusado se declare culpable o el proceso continúe sin su declaración, el abogado puede aplicar a su cliente el sistema conocido como ABWOR (advice by way of representation, asesoramiento legal tutelado). En tales casos, el límite de renta disponible es de 245 libras por semana. Esta suma incluye todas las fuentes de ingresos, a excepción de las prestaciones sociales «automáticas» (las concedidas por pertenecer a un grupo social determinado) y de las devengadas y no reclamadas, descontando, en su caso, las deducciones correspondientes a las personas dependientes.

Umbral de ingresos aplicable en los asuntos penales para las víctimas

No existe un sistema de asistencia jurídica totalmente gratuita para las víctimas en los asuntos penales. Los abogados pueden asesorar y ayudar en estos procesos, pero la asistencia jurídica no cubre la representación procesal. En tales casos, el límite de renta disponible es de 245 libras por semana. Esta suma incluye todas las fuentes de ingresos, a excepción de las prestaciones sociales «automáticas» y de las no reclamadas, con las deducciones que procedan por las personas dependientes.

En las demandas de indemnización por delitos de lesiones en las que se requiera asistencia jurídica, el límite de ingresos es el descrito al principio, es decir, 26 239 libras anuales. No obstante, algunas reclamaciones de este tipo pueden ser atendidas por la Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), organismo competente para las indemnizaciones por delitos, y beneficiarse, si procede, de las ayudas concedidas por el sistema de asesoramiento jurídico, que aplica distintas condiciones mínimas para la elegibilidad.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas

No existe un régimen oficial de asistencia jurídica para las víctimas en los procesos penales.

Tampoco se imponen determinadas condiciones para las ayudas relacionadas con la asistencia jurídica en los procesos civiles, en los casos en que se conceden. El Servicio de Asistencia Jurídica está facultado para conceder asistencia jurídica gratuita cuando las circunstancias concretas del caso así lo aconsejen.

Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los acusados

Ni los tribunales ni el Servicio de Asistencia Jurídica imponen condiciones especiales en relación con el reconocimiento de las ayudas en los procesos penales.

Gratuidad de las tasas judiciales

No es necesario pagar las tasas judiciales en los casos siguientes:

Juzgados de primera instancia (sheriff courts)

  • Solicitudes presentadas en virtud de disposiciones legales relativas al registro de nacimientos, defunciones y matrimonios.
  • Solicitudes presentadas en virtud del capítulo III de la Ley de asistencia social (Escocia) de 1968.
  • Solicitudes presentadas en virtud de la Ley de cuidados y tratamiento de las enfermedades mentales (Escocia) de 2003.
  • Demandas y recursos presentados en virtud del capítulo II de la Ley de protección de la infancia (Escocia) de 1995.
  • Demandas presentadas en virtud del artículo 129 de la Ley de crédito al consumidor de 1974.
  • Cuando se trate de deudores o acreedores implicados en procesos acogidos a la Ley de ejecución de deudas (Escocia) de 1987 o a la Ley de liquidación y garantía de deudas (Escocia) de 2002, excluyendo las tasas correspondientes a los procedimientos de subasta de bienes y a los informes de los peritos asesores.
  • Recepción y examen de los inventarios de herencias, con sus adiciones o modificaciones (se requiera o no autorización judicial al albacea).

Tribunal Superior de Justicia

Deudores en procesos judiciales acogidos a la Ley de ejecución de deudas (Escocia) de 1987.

Propuestas y oposiciones a propuestas presentadas por escrito o formuladas verbalmente ante el órgano jurisdiccional dirigidas únicamente a la apertura de fases ulteriores del juicio, como las amparadas en las disposiciones siguientes:

  1. Norma 19.1 (resoluciones judiciales en rebeldía)
  2. Norma 22.3(5)(a) (conclusiones provisionales)
  3. Norma 36.13 (fallecimiento, incapacidad, recusación, etc. del juez)
  4. Normas 37.1(2)(b), 37.1(6) y 37.1(7) (solicitud de juicio con jurado)
  5. Norma 37.10 (ejecución de sentencia)
  6. Norma 38.17(1) (resoluciones disponiendo la apertura de juicio oral)
  7. Norma 40.7(3) (diligencias posteriores a la admisión a trámite del recurso de apelación)
  8. Norma 40.11(1)(a) (admisión a trámite del recurso de apelación), pero únicamente si la solicitud corresponde a la norma 40.7A (solicitud necesaria para la admisión a trámite del recurso)
  9. Norma 41.15(1) (solicitud de tramitación de un recurso), cuando se presenta en un órgano jurisdiccional distinto del que ha dictado la sentencia
  10. Norma 40.15(1) (resoluciones disponiendo la apertura de juicio oral para el recurso)
  11. Norma 41.22(1) (propuesta de inicio de un procedimiento ulterior)

Por otro lado, las partes pueden ser eximidas de pagar las tasas judiciales en determinadas circunstancias:

  • Cuando la persona de que se trate, o su pareja, sea beneficiaria de prestaciones sociales en virtud de la Ley de cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social de 1992.
  • Cuando sus ingresos consistan sustancialmente en el subsidio de desempleo (recibido en virtud de la Ley de desempleo de 1995).
  • Cuando reciba asistencia jurídica gratuita conforme al artículo 13, apartado 2, de la Ley de asistencia jurídica gratuita (Escocia) de 1986, si el asunto está sujeto al pago de alguna tasa.
  • Cuando las tasas judiciales correspondan a una demanda de divorcio o disolución de de unión civil por procedimiento abreviado y la persona esté recibiendo asesoramiento de un abogado al amparo de la Ley de asistencia jurídica gratuita (Escocia) de 1986 en relación con dicha demanda.
  • Cuando el abogado de la parte preste asesoramiento sobre algún asunto sujeto al pago de una tasa, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (Escocia) de 1986, en el que se contemplan las ayudas en casos de especial urgencia.
  • Cuando la persona, o su pareja, sea beneficiaria de un crédito garantizado con arreglo a la Ley de crédito para las pensiones del Estado de 2002.
  • Cuando la persona, o su pareja, sea beneficiaria de un crédito fiscal para trabajadores, siempre que:
  1. tenga asimismo derecho al crédito fiscal por hijos, o sea miembro de una pareja que tenga derecho conjuntamente al crédito fiscal por hijos (tal como se define en el artículo 3, apartado 5, letra A) de la Ley de Créditos Fiscales de 2002);
  2. el crédito fiscal corresponda a una situación de discapacidad simple o de discapacidad grave;
  3. los ingresos brutos anuales que fueron tenidos en cuenta para el cálculo del crédito fiscal para trabajadores no sean superiores a 16 642 libras.
  • Cuando la persona, o su pareja, sea beneficiaria del subsidio de desempleo en virtud de la Ley de reforma de la asistencia social de 2007.

¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?

Depende del tipo de procedimiento de que se trate. Las normas judiciales son muy detalladas y deberían ser consultadas para cada caso concreto.

Las normas de aplicación general son las siguientes:

Procesos sujetos al procedimiento de menor cuantía (hasta 3 000 libras)

Al término de un proceso de menor cuantía, el tribunal puede hacer un pronunciamiento sobre costas. Los importes de estas serán los decididos por el juez. También cabe la posibilidad de que sea el secretario del juzgado quien calcule las costas, bien en ese mismo momento o en un momento posterior.

Por regla general, la parte ganadora no debe pagar las costas, que se imponen a la parte perdedora. Normalmente se fija para ellas un límite máximo.

  • Si la cuantía de la demanda es de hasta 200 libras, por regla general no habrá condena en costas.
  • Si la cuantía de la demanda oscila entre 200 y 1 500 libras, el importe máximo que el tribunal puede conceder a la parte ganadora es de 150 libras.
  • Si la cuantía de la demanda oscila entre 1 500 y 3 000 libras, el importe máximo que el tribunal puede conceder a la parte ganadora es el 10 % de la cantidad demandada.

En caso de condena en costas, puede incluirse en estas las tasas judiciales, siempre que las costas totales no superen los límites máximos antes indicados.

Procesos sujetos al procedimiento abreviado (hasta 5 000 libras)

Cuando se condene en costas al concluir el juicio, corresponde al secretario judicial la tasación de las mismas. Los importes correspondientes dependerán de la duración y naturaleza de los trámites realizados a lo largo del proceso. De forma alternativa, el perito asesor del tribunal, que es un funcionario independiente, puede encargarse de realizar el cálculo (si el juez de primera instancia o el secretario judicial lo estima pertinente).

Si en el proceso ha habido oposición, el secretario judicial estudiará las alegaciones de las partes respecto a las costas. Esto ocurre normalmente al término del juicio oral. Sin embargo, cuando el juez dicte sentencia en un momento posterior, o no haya tiempo suficiente al concluir el juicio oral, se puede fijar una vista especial para decidir las costas en fecha posterior, si ambas partes comparecen.

Por regla general, la parte ganadora no debe pagar las costas, que se imponen a la parte perdedora.

Una vez que el secretario judicial o perito asesor haya calculado el importe de las costas, dicho cálculo debe ser aprobado por el juez. Cuando proceda celebrar una vista especial para decidir las costas, el secretario judicial fijará la fecha y hora de la misma, con el fin de que el juez pueda aprobar el importe correspondiente.

El juez no tomará una decisión definitiva (pronunciamiento sobre costas) antes de la aprobación de dicho importe, aunque ambas actuaciones pueden tener lugar simultáneamente.

Procesos sujetos al procedimiento ordinario

En estas causas, el órgano jurisdiccional decide libremente sobre la condena en costas. Desde el punto de vista reglamentario, las costas han de ser tasadas previamente, salvo que se acuerde un importe fijo.

Normalmente, la definición de las costas procesales se realiza en varias fases. La primera fase consiste en que el juez determina si el demandante o demandado tiene derecho a las costas, ordenando su tasación y la correspondiente presentación al tribunal. A continuación, el tribunal remite el asunto al perito asesor independiente, quien realiza la tasación de las costas y redacta su informe. Por último, después de realizada la tasación por el perito y del examen de las eventuales objeciones al informe de este, el tribunal dicta resolución sobre la condena en costas.

Tribunal Superior de Justicia

El procedimiento seguido por el Tribunal Superior de Justicia es similar al ordinario, por lo que este podrá condenar en costas a una de las partes, encomendando al perito asesor su tasación.

El tribunal ordenará el pago de las costas tasadas, salvo que exista un motivo especial para conceder la exención.

Derechos de los peritos

Normalmente se debe presentar una solicitud ante el juzgado o tribunal. En la misma se ha de solicitar que, además del pago de los gastos al que tienen derecho los testigos ordinarios, se autorice una remuneración adicional para los peritos en calidad de testigos cualificados.

Honorarios de traductores e intérpretes

En las demandas de divorcio por procedimiento abreviado, las normas procesales disponen que, cuando sea precisa la notificación y entrega de documentos a una persona residente fuera de Escocia, el demandante deberá facilitar una traducción de los mismos a la lengua oficial del país en el que se realice la entrega.

Respecto a los intérpretes, la práctica habitual es que la persona que requiera sus servicios asuma el coste. No obstante, en determinados casos el órgano jurisdiccional puede decidir que el interés de la justicia exige un traductor o intérprete, en cuyo caso dispondrá el pago de sus honorarios a cargo del tribunal.

Enlaces relacionados

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Informe del Reino Unido para el Estudio sobre transparencia de las costas

Última actualización: 26/06/2019

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