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Los profesionales del Derecho no se dividen en varias categorías en la Republica de Chipre (es decir, en asesores jurídicos, letrados, abogados, etc.). Todos los inscritos en el Colegio de Abogados tienen los mismos derechos a actuar ante los órganos jurisdiccionales nacionales y a ejercer el Derecho en general. Tal norma se aplica independientemente del título que, en su caso, se haya obtenido en el extranjero (por ejemplo, solicitor o barrister). El término utilizado para aludir a todos los profesionales del Derecho es el de «advocate» (abogado).
La retribución de los servicios jurídicos se establece con arreglo a un baremo aprobado por el Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο).
En cuanto a los servicios extrajudiciales, existen baremos en los que se establecen los honorarios mínimos de los letrados.
En ambos casos, el abogado puede convenir una retribución superior con el cliente.
En el caso de los juicios, tal retribución debe declararse oficialmente.
Existen dos categorías de oficiales de justicia en Chipre:
Los honorarios de los oficiales de justicia del sector privado se calculan en función de la distancia a cada dirección en la que deban prestar servicio.
Los oficiales de juzgado son funcionarios y cobran un sueldo mensual. Los litigantes que solicitan la adopción de medidas de ejecución pagan el impuesto de actos jurídicos documentados en la cuantía establecida en las normas de procedimiento, que depende del tipo de medida de ejecución, y del importe que pretendan cobrar.
Tasas judiciales para los litigantes en procesos civiles
Las tasas judiciales dependen del tipo de demanda o procedimiento, y se abonan a la presentación de la misma. No existe un importe específico fijado para las costas procesales; dependen de cómo se desarrolle el asunto y se calculan aplicando los baremos aprobados.
Fase de los procesos civiles en la que deben abonarse las tasas judiciales
Las tasas judiciales iniciales se abonan a la presentación de la demanda.
Tasas judiciales para los litigantes en procesos penales
Si el acusado es condenado, puede que se le imponga el pago de las costas procesales. Como norma general, no se hace así en los casos en que se dicta una pena de privación de libertad, en cuyo caso las costas corren a cargo del Estado, así como en aquellos en los que se declara la absolución del acusado.
Fase de los procesos penales en la que deben abonarse las tasas judiciales
Las costas procesales, de las que se detraen las tasas iniciales abonadas en forma del impuesto sobre actos jurídicos documentados, se abonan a la conclusión del proceso.
Tasas judiciales para los litigantes en procesos constitucionales
Las costas se calculan según el baremo aprobado.
Fase de los procesos constitucionales en la que deben abonarse las tasas judiciales
Las costas se abonan a la conclusión del proceso, a excepción de las tasas judiciales, que se pagan a la presentación del recurso.
Las obligaciones de los abogados en relación con sus clientes están recogidas en el Código de conducta de la abogacía de 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Boletín Oficial de la República, Anexo C(1) nº. 237 de 17.5.2002 (Reglamento 237/2002).
Las fuentes jurídicas de las costas más importantes figuran en el sitio web del Tribunal Supremo.
La información se facilita en griego.
Sitio web del Tribunal Supremo.
Las estadísticas sobre la labor efectuada por los órganos jurisdiccionales de la República de Chipre pueden consultarse en el sitio web del Tribunal Supremo en griego y en inglés.
Los honorarios de los abogados están sujetos a IVA del 15 %, siempre que el abogado que preste los servicios se encuentre registrado para el pago del impuesto.
El tipo del IVA es el 15 %.
No se presta asistencia jurídica gratuita en los procesos civiles.
A los acusados en los procesos penales les asiste el derecho a asistencia jurídica gratuita si sus ingresos son insuficientes para pagar los servicios de un abogado y el tribunal considera que la ayuda sirve los intereses de la justicia. No hay fijado ningún límite de ingresos predefinido. El tribunal examina la solicitud con arreglo a las pruebas disponibles, incluido un informe elaborado por el Departamento de Servicios de Bienestar Social (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) sobre los ingresos y las necesidades del acusado.
Como norma general, los procesos penales no son iniciados por la víctima, sino por el Estado, que sufraga las costas correspondientes. Por tanto, no existe disposición alguna sobre la prestación de asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
Como norma general, los procesos penales no son iniciados por la víctima, sino por el Estado, que sufraga las costas correspondientes. Por tanto, no existe disposición alguna sobre la prestación de asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
De conformidad con la legislación aplicable, el delito que se imputa al acusado ha de estar castigado con una pena de privación de libertad de una duración mínima de 12 meses para que aquel tenga derecho a la asistencia jurídica. No obstante, la disposición en cuestión se ha considerado inconstitucional y, como consecuencia, debe suponerse que la prestación de asistencia jurídica gratuita existe en todos los casos.
Como norma general, la parte perdedora paga las costas de la otra parte, aunque esta cuestión queda a la discreción del tribunal, que puede ordenar lo contrario.
Tasas judiciales y costas procesales
Informe de Chipre para el estudio de la transparencia de las costas (555 Kb)
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