Derechos de los menores en los procedimientos judiciales

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1. Capacidad jurídica y de obrar de los menores

En Croacia, los menores tienen capacidad jurídica (capacidad de tener derechos y obligaciones), que se extiende a la capacidad para ser parte (capacidad para ser demandante o demandado). Los menores pueden adquirir capacidad de obrar (capacidad de celebrar contratos que produzcan efectos jurídicos, que normalmente se adquiere a los dieciocho años) y capacidad de obrar procesal antes de los dieciocho años únicamente si contraen matrimonio, son padres, son menores emancipados (dieciséis años) o celebran un contrato de trabajo (quince años).

2. Procedimientos judiciales adaptados

Las partes interesadas pertinentes que intervienen en procedimientos penales en los que participen menores son las siguientes:

  1. el Defensor del Menor;
  2. agentes de policía especializados del Ministerio del Interior, formados para tratar con menores víctimas y delincuentes;
  3. juzgados de menores en los procedimientos penales que afecten a menores;
  4. jueces de menores, que son jueces especializados que trabajan en los juzgados de menores;
  5. un fiscal de menores especializado, de la Fiscalía del Estado;
  6. abogados especializados en procedimientos de menores, nombrados por los jueces de menores, según sea necesario, a partir de la lista del Colegio de Abogados de Croacia (generalmente como abogados defensores);
  7. trabajadores sociales, que desempeñan un papel importante en los procedimientos penales que afectan a menores;
  8. clínicas y hospitales especializados en menores;
  9. numerosas ONG especializadas, asistentes expertos no jurídicos (en los juzgados de menores y en la Fiscalía del Estado), voluntarios, etc.

La participación del niño o el menor (hasta los veintitrés años) en procedimientos judiciales, en aquellos casos en los que el menor es el autor del delito, se ha regulado en la Ley de juzgados de menores.

Los órganos jurisdiccionales sustancian los asuntos de Derecho civil y no existen órganos jurisdiccionales especiales que solo instruyan asuntos civiles que afecten a menores. Los juzgados municipales son competentes en primera instancia para juzgar los asuntos de pensiones alimenticias, existencia o no del matrimonio, anulación del matrimonio, divorcio, determinación o disputa de la paternidad o maternidad, así como custodia del menor y ejercicio de la patria potestad.

Los centros de atención social son organismos públicos cuyo objetivo es proteger y apoyar a los menores. Estos centros tienen la posibilidad de influir en las resoluciones judiciales. Los centros de atención social tienen la condición jurídica de parte y también pueden participar como autoridades auxiliares de los órganos jurisdiccionales o como coadyuvantes sui generis. Dado que desempeñan un importante papel en la protección de los menores en los procedimientos judiciales, a estos centros se les brinda distintas oportunidades para defender el interés superior del menor.

El Defensor del Menor es una autoridad independiente que responde únicamente ante el Parlamento y que fue creada con el único objetivo de proteger, supervisar y fomentar los derechos y el interés de los menores. En Croacia, no existen órganos jurisdiccionales o instituciones especiales que se ocupen de los niños o menores en los procedimientos contencioso-administrativos. Los tribunales contencioso-administrativos son órganos jurisdiccionales con competencia general creados para resolver litigios administrativos, incluidos aquellos que afectan a los niños o los menores. Asimismo, existen otras autoridades gubernamentales generales responsables de la protección de los derechos de los menores (Ministerio de Políticas Sociales y Juventud, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo y Pensiones y Ministerio de Justicia), además de otras autoridades competentes especializadas como el Defensor del Menor.

3. Medidas jurídicas y políticas para evitar demoras injustificadas en la tramitación de asuntos que afecten a menores

Todas las autoridades competentes que intervienen en procedimientos penales que afectan a niños o menores deben actuar con urgencia para concluir sus actividades lo antes posible. Según la Ley de juzgados de menores, la incoación del procedimiento y la adopción de las resoluciones pertinentes por parte de los órganos jurisdiccional deben llevarse a cabo sin demoras injustificadas, en los procedimientos penales contra jóvenes y adultos jóvenes y en el caso de delitos cometidos contra menores.

Es decir, los procedimientos judiciales contra jóvenes delincuentes y las etapas previas al juicio, como las investigaciones de la policía y la fiscalía, son procedimientos de carácter urgente. Las demoras en la ejecución de las penas contra los jóvenes también se reducen al mínimo gracias a la obligación del órgano jurisdiccional de incoar dichos procedimientos sin demora injustificada una vez que la resolución del órgano jurisdiccional es firme y no hay impedimentos jurídicos para su ejecución.

Los procedimientos en los que se resuelva sobre los derechos personales del menor son urgentes y la primera vista debe celebrarse en los quince días siguientes a la incoación del procedimiento. En los procedimientos sobre medidas provisionales y de ejecución, en cuanto al ejercicio de la patria potestad y la relación personal con el menor, así como su entrega, se dicta en los treinta días siguientes a la incoación del procedimiento. El órgano jurisdiccional de segunda instancia debe dictar la resolución en los treinta días siguientes a la recepción del recurso.

4. Mecanismos y procedimientos específicos de apoyo al menor e interés superior del menor

De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal croata, la presunta víctima menor de edad tiene derecho a ser oída, a testificar y a participar en el procedimiento penal. Tienen derecho a informar a las autoridades competentes de los hechos relevantes y proponer la práctica de pruebas relacionadas con el delito y el procedimiento penal, así como a recurrir. En este sentido, tienen derecho a preguntar a los sospechosos, a los testigos y a los peritos durante las vistas y a presentar sus observaciones y explicaciones respecto de su testimonio.

En la práctica, la evaluación del interés superior del menor se considera una opinión de los peritos que intervienen en los procedimientos de protección del menor, quienes pueden proponer al órgano jurisdiccional una medida de protección para el menor. La evaluación del interés superior del menor está basada en los principios y métodos de trabajo de los peritos (trabajadores sociales, psicólogos y otros). Para cumplir con el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, el órgano jurisdiccional puede nombrar a un representante especial del menor en aquellos casos en los que al titular de la patria potestad no se le permita representar al menor a consecuencia de un conflicto de intereses con este. Este representante suele ser un abogado con una trayectoria importante en procedimientos de menores. Pueden nombrarse representantes especiales en determinados procedimientos judiciales relacionados con el Derecho de familia, como la custodia de los menores en casos de divorcio y las adopciones, así como en asuntos relacionados con la protección de los derechos personales e intereses del menor.

La protección del interés superior del menor es uno de los principios consagrados en la Constitución, en la que se establece, entre otras cosas, que los progenitores son los responsables de la crianza, el bienestar y la educación de sus hijos, y de garantizar el derecho de estos a un desarrollo personal pleno y armonioso. El Estado debe prestar especial atención a los huérfanos y a los menores abandonados por sus progenitores, y todas las personas tienen la obligación de protegerlos y el derecho a informar a las autoridades pertinentes de los posibles daños causados a menores. Los jóvenes, las madres y las personas discapacitadas tienen derecho a una protección especial en el trabajo. Todas las personas deben tener acceso a una educación en igualdad de condiciones. De conformidad con la ley, la educación obligatoria es gratuita.

5. Control de la ejecución de las resoluciones dictadas en los procedimientos que afectan a los menores

Croacia adoptó la Ley de ejecución de sanciones impuestas a jóvenes condenados por delitos y faltas. El objetivo de la mencionada Ley es regular lo siguiente:

  • las condiciones de ejecución de las sanciones impuestas a los menores delincuentes y a los adultos jóvenes en procedimientos penales, en especial las medidas correccionales, el internamiento de menores y las medidas de seguridad; y
  • las condiciones de ejecución de las sanciones impuestas a los menores delincuentes en el procedimiento de faltas, en concreto las medidas correccionales, el internamiento de menores y las medidas de protección.

Los representantes del centro de atención social pertinente desempeñan un papel importante a la hora de garantizar el adecuado tratamiento de los menores delincuentes. El centro de atención social también es el responsable de citar e informar al menor de la ejecución de cualquier medida correccional, y ofrece toda la información y el apoyo necesarios. Las medidas correccionales tienen como objetivo ofrecer protección, asistencia, ayuda y educación general o específica a los menores condenados. Deben tener un efecto positivo en la educación, el desarrollo y la personalidad de los delincuentes a fin de reforzar estos aspectos y evitar que cometan nuevos delitos.

Los tipos de medidas correccionales son:

  • la amonestación judicial;
  • obligaciones especiales como: disculparse con la parte perjudicada, indemnizar o reparar el daño causado por el delito en la medida de lo posible para un menor, escolarización ordinaria, formación y cualificación laboral, aceptación de un trabajo y continuidad en él, uso supervisado de los ingresos del menor delincuente, participación en la labor de organizaciones humanitarias o en actividades de relevancia municipal o ecológica, prohibición de visitar determinados lugares o actos o evitar la compañía de determinadas personas, sometimiento a tratamientos médicos como la desintoxicación de drogas u otras adicciones, asesoramiento o tratamientos psicológicos, cursos de formación profesional, etc.

El internamiento en un centro de menores también puede imponerse como medida de último recurso y sujeta a condiciones específicas en lo que respecta a su uso, duración, objetivo y contenido. Solo los menores delincuentes de más edad (entre dieciséis y dieciocho años) pueden ser condenados a una pena de internamiento en un centro de menores y solo por delitos punibles con una pena de prisión de tres años o más, en los casos en que, por la naturaleza y la gravedad del delito y el «alto grado de culpabilidad» (por ejemplo, cuando se haya persistido excesivamente en la comisión del delito o la acción haya sido especialmente inhumana) no pueda justificarse el uso de una medida correccional.

Los menores que carezcan de capacidad de obrar procesal deben ser representados por sus representantes legales, en cuyo caso el menor recibe información sobre las resoluciones judiciales y su ejecutoriedad a través de su representante legal.

Los órganos jurisdiccionales pueden establecer determinadas medidas de protección durante el procedimiento de ejecución para proteger al menor de daños innecesarios una vez concluido un procedimiento de jurisdicción voluntaria al efecto. Una medida de protección es: la orden de alejamiento sin contacto o con un contacto limitado con los progenitores, los abuelos o los hermanos del menor (o hermanastros).

6. Reparación

a) Toda persona tiene derecho a recurrir la sentencia del órgano jurisdiccional competente, tal como se establece en las normas y condiciones generales de los recursos establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal croata. Además del fiscal, el abogado de la acusación y el de la defensa, un menor víctima puede recurrir una sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia. En tanto que parte en el procedimiento penal, el menor víctima puede recurrir la resolución del órgano jurisdiccional sobre las costas procesales y la relativa a sus reclamaciones económicas.

Todas las personas que tengan derecho a recurrir una sentencia pueden presentar un recurso contra una sentencia que imponga una pena, una medida correccional contra un menor, o contra una resolución de suspensión del procedimiento, en los ocho días siguientes a la recepción de la sentencia o la resolución. El abogado defensor, el fiscal, el cónyuge, un pariente en línea ascendiente, el/la padre/madre adoptivo/a, el tutor, el hermano, la hermana y el/la padre/madre de acogida pueden presentar un recurso a favor del menor incluso contra su voluntad. Un recurso no aplaza la ejecución de la resolución.

El órgano jurisdiccional de segunda instancia puede modificar la resolución del de primera instancia mediante la imposición de una pena más estricta contra el menor solo si se propone en el recurso.

b) Los menores que participen en procedimientos judiciales tienen derecho a presentar una reclamación, un recurso o una demanda con arreglo a las normas generales establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Obligaciones Civiles croatas.

Dado que, por lo general, los menores no tienen capacidad de obrar procesal, los progenitores o tutores suelen actuar como representantes legales en su nombre. El representante legal del menor tiene derecho a llevar a cabo todas las actuaciones procesales en su nombre, incluida la presentación de un recurso. Las partes pueden presentar un recurso contra las sentencias dictadas en primera instancia. Los recursos contra las resoluciones en primera instancia suspenden la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales. Puede presentarse un recurso que impugne la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia por los siguientes motivos: violación grave de las normas procesales civiles, establecimiento erróneo o incompleto de los hechos en sentencia y aplicación errónea del Derecho vigente. Normalmente, el plazo para la presentación de un recurso contra la sentencia de un órgano jurisdiccional de primera instancia es de quince días desde la fecha de traslado de la sentencia.

7. Adopción

La Ley de Familia regula la adopción como una forma especial de cuidado y protección jurídico-familiares de los menores que carezcan de una tutela parental adecuada, lo que permite a los adoptantes ejercer la paternidad. El adoptante debe ser un ciudadano croata (de forma excepcional puede ser extranjero si ello es de especial interés para el menor) de al menos veintiún años y un mínimo de dieciocho años mayor que el menor adoptado. El menor puede ser adoptado de forma conjunta por parejas casadas y parejas de hecho; por un cónyuge o miembro de la pareja de hecho si el otro cónyuge o miembro de la pareja de hecho es el progenitor o el adoptante; por un cónyuge o miembro de la pareja de hecho con el consentimiento del otro cónyuge o miembro de la pareja de hecho; así como por una persona no casada. El vínculo adoptivo puede constituirse hasta que el menor cumpla los dieciocho años, y este puede ser adoptado si se cumplen los requisitos legales de la adopción y si esta se ajusta al bienestar del menor. Un menor de doce años de edad debe dar su consentimiento por escrito a la adopción.

El procedimiento de adopción lo tramita el centro de bienestar social del lugar de residencia permanente o temporal de las personas que tienen la intención de adoptar. Si el adoptante o el menor son ciudadanos extranjeros, el vínculo adoptivo solo puede constituirse previo consentimiento del ministerio responsable del bienestar social.

Justicia adaptada a los menores en Croacia  PDF (690 Kb) en

Última actualización: 31/07/2020

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