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Bulgaria
1. Capacidad de obrar de los menores
En Bulgaria, se ha fijado la edad mínima de responsabilidad penal en catorce años. En todos los asuntos, se ha fijado la edad mínima para que un demandante pueda llevar un asunto ante un órgano jurisdiccional por sí mismo en catorce años.
2. Procedimientos judiciales adaptados
No existe especialización en el ámbito de la justicia infantil en los órganos jurisdiccionales en general. En los órganos jurisdiccionales en los que la dotación de personal es suficiente para garantizar el principio de asignación aleatoria de asuntos, los jueces se asignan a una sala civil y penal y solo se ocupan de los asuntos respectivos. Pueden constituirse divisiones en los tribunales regionales y de primera instancia, y la asignación de jueces a ellos se lleva a cabo a discreción del jefe administrativo del órgano jurisdiccional.
La legislación búlgara establece una definición jurídica de «menor». También se exige una edad mínima para asumir la responsabilidad penal y existen normas especiales que regulan la imposición de penas a menores. En el sentido de la Ley de protección de menores, se entenderá por «niño» toda persona física que no haya cumplido los 18 años.
Los menores se dividen en dos grupos: de 14 a 16 años y de 16 a 18 años. Su responsabilidad penal se ve atenuada en comparación con la responsabilidad penal de los adultos, ya que el grado de mitigación es menor en las categorías de edad de 16 a 18 años.
Los menores que hayan cumplido 16 años pueden ser responsables administrativos en virtud de la Ley de Infracciones Administrativas y Delitos y de actos especiales como el Decreto de lucha contra el vandalismo menor.
3. Aspectos multidisciplinares
Todas las organizaciones pertinentes deben coordinar sus actividades para obtener una comprensión completa de los niños. La Ley de protección de menores regula las competencias de los organismos de protección de la infancia, que son la Agencia Estatal para la Protección de la Infancia, las Direcciones de Asistencia Social a nivel local, el ministro de Trabajo y Política Social, el ministro del Interior, el ministro de Educación y Ciencia, el ministro de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Cultura, el ministro de Sanidad y los alcaldes de los municipios.
4. Formación de los profesionales
Los profesionales que participan en el proceso judicial deben estar cualificados y tener una amplia experiencia, especialmente en el trabajo con menores. No hay requisitos de formación jurídica, pero casi todos los especialistas han seguido cursos de cualificación y formación, lo que les confiere competencias específicas.
Por otra parte, los trabajadores sociales y la policía participan en diferentes estudios, seminarios y reuniones organizados por instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, etc. La Agencia de Asistencia Social, como principal institución gubernamental responsable de la aplicación de las políticas de protección de la infancia, a nivel local, organiza numerosas formaciones para mejorar las cualificaciones de sus funcionarios, los trabajadores sociales.
5. Interés superior del menor
Según la Ley de protección del menor, uno de los principios fundamentales de la protección es garantizar el interés superior del menor. El interés superior del menor es el principio fundamental de la participación de los menores en los procedimientos judiciales. La legislación nacional ofrece a los niños la oportunidad de desempeñar un papel proactivo, expresar una opinión y participar en la toma de decisiones.
6. Reparación
La Ley de protección de menores establece que el menor tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita y a recurrir en todos los procedimientos que afecten a sus derechos o intereses.
Los menores sin capacidad jurídica pueden presentar reclamaciones y recursos judiciales a través de sus padres o representantes legales, que ejercen sus derechos en su nombre. La legislación ofrece a estos representantes la oportunidad de tomar decisiones, manteniendo el interés superior del menor. En caso de que el menor víctima decida no enjuiciar, un fiscal puede hacerlo en su nombre, iniciando un procedimiento de instrucción.
No existen normas específicas sobre la asistencia jurídica gratuita a los menores. Se aplican las normas comunes de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
7. Evolución futura
El Ministerio de Justicia, con la participación de un amplio abanico de partes interesadas, elaboró una nueva Ley de sustracción de menores al proceso penal y de imposición de medidas disciplinarias. El objetivo del proyecto de ley es fomentar el comportamiento lícito de los menores en conflicto con la ley y garantizar el apoyo a su integración en la sociedad mediante la imposición de medidas disciplinarias y su inclusión en programas educativos adecuados. De conformidad con las normas y mejores prácticas internacionales, el proyecto de ley regula el nuevo sistema de medidas para garantizar la prevención de delitos secundarios y reiterados para los menores con comportamientos ilegales.
Un elemento esencial de los cambios legislativos propuestos es la posibilidad prevista de recurrir a la mediación. Esto permitirá la introducción de una justicia de recuperación (reparadora) para desviar a los menores de los procesos penales con el fin de lograr la eliminación de los daños causados por la conducta ilícita y, en la medida de lo posible, restablecer la relación entre el autor del delito, la víctima y la sociedad.
8. Vida familiar
La legislación búlgara en materia de adopción se ha revisado como consecuencia de la ratificación del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (Convenio de La Haya). La inscripción de las adopciones y de los padres adoptivos en registros especiales se introdujo como condición para la admisión de las adopciones plenas con las enmiendas. Se preveía una excepción a esta norma en el momento de la adopción de un hijo de un cónyuge y de la adopción de un nieto por un abuelo y una abuela.
Según la legislación búlgara, la adopción puede ser «plena» o «simple»:
En caso de adopción plena, entre el niño adoptado y sus descendientes, por una parte, y el progenitor adoptante y sus familiares, por otra, se producirán derechos y obligaciones tales como entre parientes por origen, y se interrumpirán los derechos y obligaciones entre el niño adoptado y sus descendiente con sus parientes por origen.
En caso de adopción simple, los derechos y obligaciones se producirán entre parientes por origen únicamente entre el niño adoptado y sus descendientes, por una parte, y el progenitor adoptante, por otra, y se mantendrán los derechos y obligaciones entre el niño adoptado y sus descendientes con sus parientes por origen. Los derechos y obligaciones parentales se transferirán al progenitor adoptante.
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