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¿Qué legislación nacional se aplica?

Austria
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Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 Fuentes del Derecho positivo

1.1 Derecho interno

El Derecho internacional privado austriaco se ha codificado principalmente en la Ley sobre el Derecho Internacional Privado (Gesetz über das internationale Privatrecht - IPR-Gesetz), de 15 de junio de 1978, BGBl n.º 304/1978. Al margen de la Ley sobre el Derecho Internacional Privado (de ahora en adelante, IPRG), son de aplicación las siguientes disposiciones sobre el conflicto de leyes:

  • el artículo 13, letra a), de la Ley federal de 8 de marzo de 1979 por la que se establecen las disposiciones para la protección de los consumidores (Ley de Protección al Consumidor - KschG) [Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (Konsumentenschutzgesetz - KSchG)], BGBl n.º 140/1979;
  • el artículo 11 de la Ley Federal relativa a la adquisición de derechos de utilización de bienes inmuebles en régimen de tiempo compartido (Ley de Tiempo Compartido - TNG) [Bundesgesetz über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten un Sachen unbeweglichen (Teilzeitnutzungsgesetz - TNG)], BGBl. I n.º 32/1997;
  • el artículo 20 de la Ley federal por el que se transpone la Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea (Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die von Rückgabe unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines der Europäischen Gemeinschaft Mitgliedstaates verbrachten Kulturgütern), BGBl. I n.º 67/1998;
  • el artículo 23 de la Ley federal relativa a la responsabilidad civil en caso de daños por radiactividad (Ley de Responsabilidad Nuclear 1999 - AtomHG 1999) [Bundesgesetz über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Radioaktivität (Atomhaftungsgesetz 1999 - AtomHG 1999)], BGBl. I n.º 170/1998;
  • los artículos 16 y 18 de la Ley federal relativa a la validez de las cuentas en sistemas de pagos y de liquidación de operaciones de valores (Ley de Firmeza de la Liquidación) [Bundesgesetz über die von Wirksamkeit Abrechnungen en Zahlungs- sowie Wertpapierliefer und -abrechnungssystemen (Finalitätsgesetz)], BGBl. I n.º 98/2001;
  • los artículos 221 a 235 del Código de insolvencia (Insolvenzordnung).

1.2 Convenios multilaterales vigentes

De conformidad con el artículo 53 de la IPRG, esta no afecta a los acuerdos internacionales, ya que las disposiciones de estos últimos priman sobre lo dispuesto en esta ley y en las demás normas nacionales de conflicto. Los siguientes convenios internacionales multilaterales, en los que Austria es parte, contienen normas de conflicto de leyes:

  • Convenio de La Haya, de 24 de octubre de 1956, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores;
  • Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de las autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores;
  • Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias;
  • Convenio de La Haya, de 4 de mayo de 1971, sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera;
  • Convenio CIEC, de 20 de septiembre de 1970, sobre la legitimación por matrimonio posterior;
  • Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños;
  • Convenio de La Haya, de 13 de enero de 2000, sobre la protección internacional de adultos.
  • Protocolo de La Haya, de 23 de octubre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias.

1.3 Principales convenios bilaterales vigentes

Los siguientes tratados bilaterales contienen normas de conflicto de leyes:

  • Tratado de amistad y derecho de establecimiento de 9 de septiembre de 1959 entre la República de Austria y el Imperio de Irán;
  • Tratado de 16 de diciembre de 1954 entre la República de Austria y la República Federativa de Yugoslavia relativo a la cooperación judicial;
  • Tratado de 11 de diciembre de 1963 entre la República de Austria y la República de Polonia relativo a las relaciones mutuas en materia civil y a la documentación.

2 Aplicación de las normas de conflicto de leyes

2.1 Aplicación de oficio de las normas de conflicto de leyes

El Derecho extranjero se ha de aplicar de oficio y de la misma forma que en su ámbito de aplicación original (artículo 3 de la IPRG).

2.2 Reenvío

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la IPRG, se ha de proceder al reenvío a menos que se haga especial referencia a la ley sustantiva del otro Estado. Si el Derecho extranjero remite al Derecho austriaco, primará este último. Si el Derecho extranjero remite a un Derecho al que ya se haya remitido, primará el Derecho al que se haya remitido por primera vez.

2.3 Cambio de la norma de conexidad

La modificación posterior de las condiciones que determinan el punto de conexión a un ordenamiento jurídico determinado no afectará en modo alguno a los elementos de un asunto que ya se haya resuelto (artículo 7 de la IPRG). En consecuencia, el Derecho aplicable en los asuntos que ya se han resuelto es el Derecho en vigor en el momento en el que se plantearon dichos asuntos, mientras que para los asuntos sin resolver el Derecho aplicable es el Derecho en vigor en el momento de su resolución.

2.4 Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto de leyes

El Derecho al que se reenvía no es aplicable en los casos en los que su aplicación produciría un resultado incompatible con los valores fundamentales del ordenamiento jurídico austriaco (artículo 6 de la IPRG).

En el Derecho austriaco existen disposiciones que son aplicables independientemente de las normas de Derecho internacional privado («leyes de policía»). El carácter de ley de policía de algunas de estas disposiciones se deriva de su redacción, mientras que en el caso de otras disposiciones este carácter se deriva simplemente de su finalidad.

Las leyes de policía se establecen, por ejemplo, en los artículos 7, 7a y 7b de la Ley por la que se modifica la legislación sobre contratos laborales (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz - AVRAG), en virtud de la cual en Austria los trabajadores tienen derecho al menos al salario negociado por convenio colectivo y a un mínimo de días de vacaciones, independientemente de la legislación aplicable. Otra ley de policía es el artículo 13a.2 de la Ley de protección al consumidor (KSchG), de conformidad con el cual el artículo 6 de la KSchG (sobre cláusulas contractuales inadmisibles), el artículo 864a de la ABGB (sobre la validez de las disposiciones inusuales en las condiciones generales de contratación y en los formularios de contratos) y el artículo 879.3 de la ABGB (sobre la nulidad de las cláusulas contractuales gravemente perjudícales para la protección del consumidor en las condiciones generales de contratación y en los formularios de contratos) son de aplicación, independientemente de la ley que rija el contrato, si éste se celebró en relación con una actividad llevada a cabo por la empresa en Austria con el fin de suscribirlo. Una ley de policía similar es el artículo 11, apartado 2, de la Ley de Tiempo Compartido (TNG).

2.5 Prueba de la Ley extranjera

El Derecho extranjero debe determinarse de oficio. A tal efecto, el tribunal puede recurrir a la cooperación de las partes, a la información facilitada por el Ministerio Federal de Justicia o a los informes de expertos. Si, a pesar de dedicar esfuerzos considerables, no se puede determinar el Derecho extranjero en un plazo razonable, cabe aplicar el Derecho austriaco (artículo 4 de la IPRG).

3 Normas de conflicto de leyes

3.1 Obligaciones contractuales y actos jurídicos

Las obligaciones contractuales que no están reguladas por el Reglamento (CE) n.º 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), DO L 177 de 4 de julio de 2008, p. 6, se rigen por la elección de la ley aplicable que las partes hayan especificado de forma expresa o concluyente. A falta de elección, la ley aplicable será la ley del Estado donde tenga su residencia habitual (establecimiento) la parte que deba realizar la prestación característica del contrato (artículo 35 de la IPRG).

En relación con los contratos celebrados con los consumidores, se aplican normas de conflicto de leyes especiales. Las normas de conflicto de leyes de una serie de directivas de protección a los consumidores se transponen en el artículo 13a, apartado 1, de la Ley de Protección del Consumidor, que restringe principalmente la libertad de elección de la ley aplicable con el fin de proteger a los consumidores. El artículo 11, apartado 1, de la Ley de Tiempo Compartido contiene otra norma de conflicto de leyes que restringe la elección de la ley aplicable.

3.2 Obligaciones no contractuales

Los derechos extracontractuales a reclamar daños que no están regulados por el Reglamento (CE) n.º 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), DO L 199 de 31 de julio de 2007, p. 40, se rigen por la elección de la ley aplicable que las partes hayan especificado de forma expresa o concluyente. A falta de elección, la ley aplicable es la del Estado en el que tuvo lugar el hecho que ocasionó los daños. Sin embargo, si para las partes interesadas hubiera una conexión más fuerte con la ley de un solo y mismo Estado diferente, entonces la ley de ese Estado sería la ley aplicable (artículo 48 de la IPRG).

Esta norma de conflicto de leyes determina el Derecho aplicable a cuestiones tales como determinar si existe una obligación de indemnización por daños y perjuicios, quién es el responsable de los daños y a cuánto ascienden. Asimismo, aborda cuestiones de responsabilidad concurrente y el derecho de acción directa de la parte damnificada frente al asegurador, así como el plazo de prescripción de las demandas por daños y perjuicios.

Los derechos a reclamar una compensación por accidente de circulación, que entran en el ámbito de aplicación del Convenio de la Haya de 4 de mayo de 1971 sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, deben conectarse con este Convenio.

Los derechos extracontractuales de indemnización por daños y perjuicios nacidos en Austria como consecuencia de la radiación ionizante se juzgarán, a instancias de la parte damnificada, con arreglo al Derecho austriaco (artículo 23, capítulo 1, AtomHG 1999). Si los daños ocasionados por la radiación ionizante se producen en el extranjero y han de ser juzgados con arreglo al Derecho austriaco, los daños sólo deberán ser reparados si así lo contempla, y en la medida en que lo haga, el estatuto personal de la parte damnificada (artículo 23, capítulo 2, AtomHG 1999).

La ley aplicable a la gestión de negocios o a las demandas derivadas de un enriquecimiento injusto está regulada en el Reglamento Roma II.

3.3 El estatuto personal: aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio, capacidad)

El estatuto personal de una persona se rige por el Derecho del Estado de su nacionalidad. En caso de que una persona tenga más de una nacionalidad, el Derecho aplicable será el del Estado con el que dicha persona tenga unos vínculos más estrechos. No obstante, la nacionalidad austriaca primará siempre sobre las demás. A los refugiados y apátridas se les aplicará siempre el estatuto personal del Derecho del Estado en el que tengan su residencia habitual (artículo 9 de la IPRG).

El derecho de una persona a utilizar un apellido se ha de regir con arreglo a su estatuto personal, independientemente de la razón en la que se base la adquisición del nombre (artículo 13 de la IPRG).

Por lo tanto, el apellido adquirido por matrimonio, por ejemplo, no se ha de regir con arreglo al estado civil, sino con arreglo al estatuto del apellido. Por lo que se refiere al estatuto formal general del artículo 8 de la IPRG, se aplica la forma requerida para las declaraciones de designación del apellido. (En consecuencia, la forma de un acto jurídico se regirá por el mismo Derecho que el propio acto jurídico; no obstante, basta cumplir los requisitos formales del Estado en el que se realice el acto jurídico). De acuerdo con la jurisprudencia, un apellido adquirido con un estatuto personal anterior no cambia simplemente con el cambio de estatuto personal (nacionalidad).

La capacidad jurídica y de actuar de una persona también se ha de regir por su estatuto personal (artículo 12 de la IPRG). Esta remisión incluye cualquier restricción de la capacidad de actuar, como consecuencia de una enfermedad mental, por ejemplo, pero no se aplica a la capacidad matrimonial. Toda persona que haya alcanzado la mayoría de edad la conservará, aunque no la haya alcanzado aún con el nuevo estatuto personal adquirido.

3.4 Determinación de la filiación y adopción

3.4.1 Determinación de la filiación y adopción

Las condiciones para la legitimación de un hijo y su impugnación se han de regir con arreglo al estatuto personal que los cónyuges tuvieran en el momento del nacimiento del hijo o, en caso de que el matrimonio se hubiera disuelto, en el momento de la separación. Si los cónyuges tuvieran estatutos personales diferentes, será determinante el estatuto personal del hijo en el momento de su nacimiento. El ámbito de aplicación de esta norma de conflicto de leyes incluye asimismo la presunción de paternidad del esposo, los motivos para impugnar la legitimación, así como la cuestión de determinar a qué personas asiste el derecho de impugnarla y los plazos fijados al efecto.

Los requisitos para legitimar a un hijo extramatrimonial mediante una declaración de legitimidad (es decir, como resultado de una decisión oficial, no por un matrimonio posterior) se han de regir por el estatuto personal del padre (artículo 23 de la IPRG).

De conformidad con el Convenio sobre legitimación, la legitimación por matrimonio posterior de los padres surte efecto si es válida conforme a la legislación del Estado del que son nacionales el padre o la madre.

Los requisitos para el establecimiento y el reconocimiento de la paternidad en relación con un hijo extramatrimonial deben ser evaluados en función del estatuto personal del hijo en el momento del nacimiento. Un estatuto personal del hijo adquirido posteriormente será determinante si el establecimiento o el reconocimiento de la paternidad son admisibles con arreglo a ese nuevo estatuto, pero no lo son con arreglo al estatuto personal en el momento del nacimiento. La ley con arreglo a la cual se establezca o se reconozca la paternidad será también determinante para su impugnación (artículo 25 de la IPRG).

Relación de filiación: los efectos de la legitimidad y legitimación de un hijo y de la ilegitimidad se han de regir por el estatuto personal del niño. Los artículos 24 y 25 de la IPRG abordan las cuestiones relativas al cuidado y la educación del niño, la gestión y la utilización de los bienes del niño, la representación legal por uno o ambos progenitores, incluida la exigencia de aprobación de las autoridades para determinados actos de representación, así como, para los hijos legítimos, la sentencia de la custodia después del divorcio de los padres y las obligaciones alimenticias mutuas. Estas disposiciones han sido asumidas en su mayor parte por el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y por el Convenio de la Haya sobre protección de menores de 1961 en los casos en los que se encuentra (todavía) en vigor (en relación con Turquía y Macao). En virtud de estos convenios, las autoridades competentes han de aplicar su Derecho interno a la hora de adoptar medidas destinadas a la protección de los menores. Como regla general, las autoridades del Estado de residencia serán las autoridades competentes.

Mientras que las cuestiones de ascendencia dependen del estatuto personal en un momento preciso, las relativas a la relación entre padres e hijos dependen, en cambio, del estatuto personal respectivo del niño. Si el estatuto personal cambia, la relación entre padres e hijos se ha de evaluar de acuerdo con el nuevo estatuto personal desde el momento del cambio de estatuto (cambio de los factores de conexión pertinentes, nacionalidad).

En repetidas ocasiones la jurisprudencia no ha aplicado la normativa de custodia de los ordenamientos jurídicos extranjeros con el argumento de que eran contrarios al orden público si no consideraban interés superior del niño.

3.4.2 Adopción

En virtud del artículo 26 de la IPRG, las condiciones para la adopción de un niño y para la terminación de la adopción se basan en el estatuto personal de cada uno de los adoptantes. Además, el estatuto personal del niño es determinante, si bien en el caso de los niños que son menores de edad, solo en la medida que prevé el consentimiento del niño o de un tercero que tiene una relación de parentesco legal con el niño. Las condiciones para la adopción de un niño incluyen, por ejemplo, la edad del adoptante, la diferencia de edad entre los adoptantes y el niño adoptado o si el hecho de que los adoptantes tengan sus propios hijos biológicos y en qué condiciones les inhabilita para adoptar otros niños, así como los requisitos de consentimiento, incluida la posibilidad de suplir oficialmente el consentimiento denegado.

Los efectos de la adopción de un niño se han de juzgar conforme al estatuto personal del adoptante y, en el caso de la adopción por parte de cónyuges, por la ley aplicable a los efectos jurídicos personales del matrimonio. En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el estatuto personal del cónyuge supérstite será determinante.

Los efectos de la adopción de un niño en términos del Derecho de sucesiones se han de rigen por el estatuto de sucesión y no por el estatuto de adopción.

Como tal, la adopción es una situación consolidada, por lo que un cambio posterior de estatuto personal o del factor de conexión no incide en su calificación. El estatuto del adoptado constituye de forma inherente una relación legal permanente. El estatuto que es decisivo a los efectos de la adopción de un niño, puede, por lo tanto, cambiar: depende del estatuto personal respectivo del adoptante.

3.5 Matrimonio, uniones no matrimoniales / parejas de hecho, convivencia, divorcio, separación, obligación de alimentos

3.5.1 Matrimonio

En Austria, la forma del matrimonio se rige de acuerdo con el Derecho austriaco, mientras que la forma de un matrimonio contraído en el extranjero se rige de acuerdo con el estatuto personal de cada uno de los contrayentes; sin embargo, basta con cumplir los requisitos formales del lugar de la celebración del matrimonio (artículo 16 de la IPRG). La referencia limitada a los requisitos formales del lugar de celebración del matrimonio se remite las disposiciones de Derecho sustantivo de la ley objeto de reenvío, por lo que un posible reenvío en virtud de la legislación local no merece ser tenido en cuenta (a excepción del artículo 5 de la IPRG).

Los requisitos para la celebración del matrimonio y la nulidad del matrimonio, así como los requisitos para su anulación (no debe confundirse con el divorcio) se rigen, para cada uno de los futuros cónyuges, por sus respectivos estatutos personales (artículo 17 de la IPRG). No obstante, si la ley aplicable al estatuto personal de uno o ambos prometidos no contiene disposiciones matrimoniales por causa del sexo de uno o ambos prometidos, los requisitos para la celebración del matrimonio se rigen por la ley del Estado en el que se celebra el matrimonio.

Esta norma de conflicto de leyes está vinculada con las condiciones materiales del matrimonio, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la edad mínima, la ausencia de impedimentos para su celebración, todos los requisitos de consentimiento y su sustituibilidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la IPRG, los efectos jurídicos personales del matrimonio se han de regir por el estatuto personal común a los dos cónyuges o, de no existir tal estatuto personal común, por el último estatuto personal que tuvieran en común, siempre que uno de ellos lo hubiera mantenido. Si no se dieran estas condiciones, los efectos se regirán por el Derecho del Estado en el que los cónyuges tengan su residencia habitual o, en su defecto, por el Derecho del Estado en el que los dos tuvieran su última residencia habitual, siempre que uno de los dos la haya conservado.

El ámbito de aplicación de esta norma de conflicto de leyes también abarca la obligación de comunidad conyugal, los efectos del lugar de residencia y la obligación de prestar asistencia, sin olvidar la obligación alimenticia de los cónyuges. No cubre ni el derecho relativo al apellido, ni el régimen económico matrimonial. El reenvío puede variar; si se modifican los factores de conexión, puede ser de aplicación otra ley.

3.5.2 Uniones no matrimoniales / parejas de hecho

La ley de registro de parejas (Gesetz über die eingetragene Partnerschaft) regulada en los artículos 27a al 27d en la IPRG.

Los requisitos (y también la forma) de las pareja registrada, su nulidad y separación atribuible a faltas se rigen por la ley del Estado en el que se creó (artículo 27a de la IPRG).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27b de la IPRG, los efectos personales de la pareja registrada se rigen de acuerdo con la ley del Estado en el que la pareja de hecho registrada tiene su residencia habitual común o, en ausencia de una residencia habitual común, de acuerdo con la ley del Estado en el que ambos tuvieron su última residencia habitual, siempre que uno de ellos la haya conservado. Si, en consecuencia, la ley del Estado de residencia no puede aplicarse o si esta ley no regula los efectos jurídicos personales, el estatuto personal común de la pareja registrada es determinante o, en ausencia de un estatuto personal común, el último estatuto personal común, siempre que uno de ellos lo haya conservado. De lo contrario, será aplicable el Derecho austriaco, como en el caso de que el estatuto personal no regule los efectos jurídicos personales de la pareja de hecho registrada.

El régimen económico de la pareja de hecho registrada se rige por la ley aplicable desde el 21.1.2019 en virtud del Reglamento (UE) nº 2016/1104 en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

La disolución de la pareja de hecho registrada no atribuible a faltas se rige por la ley del Estado en el que los miembros de la pareja de hecho registrada tienen su residencia habitual común en el momento de la disolución o, en ausencia de una residencia habitual común, por la ley del Estado en el que tuvieron su última residencia habitual común, siempre que uno de ellos la haya conservado. Si, en consecuencia, la ley del Estado de residencia no puede aplicarse o si, en consecuencia, la pareja de hecho registrada no puede ser disuelta con base en los hechos aducidos, el estatuto personal común de la pareja de hecho registrada es determinante o, en ausencia de un estatuto personal común, el último estatuto personal común, siempre que uno de ellos lo haya conservado. De lo contrario, será aplicable el Derecho austriaco, como en el caso de que el estatuto personal no permita la disolución de la pareja de hecho registrada sobre la base de los hechos aducidos.

3.5.3 Divorcio y separación

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la IPRG, los aspectos del divorcio no regulados por el Reglamento Roma III [Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, DO L 343 de 29 de diciembre de 2010, p. 10] (efectos patrimoniales del divorcio) se han de regir de acuerdo con la ley que es determinante para los efectos jurídicos personales del matrimonio. Lo que importa aquí es el momento del divorcio; el reenvío, por tanto, no se puede cambiar.

El régimen económico matrimonial se rige por la ley aplicable desde el 21.1.2019 en virtud del Reglamento (UE) nº 2016/1103 en materia de regímenes económicos matrimoniales.

La disolución del matrimonio no se contempla en el Derecho austriaco. En la medida en que no está regulada por el Reglamento Roma III, tendría que regirse por el Derecho del Estado con el que se tienen los vínculos más estrechos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la IPRG. Este principio del Estado con el que se tienen los vínculos más estrechos podría definirse según la jurisprudencia por analogía con lo dispuesto en el artículo 20 de la IPRG.

3.5.4 Obligación de alimentos

El Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, DO L 7, p. 1 (Reglamento sobre obligaciones de alimentos de la UE), remite, en lo que se refiere al estatuto de las obligaciones de alimentos, al Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. En consecuencia, se aplica principalmente la ley del Estado en el que la persona a quien se le deben alimentos tiene su lugar de residencia habitual (complementado con la ley del foro, factores especiales de conexión, una cláusula de defensa contra reclamaciones «sorprendentes» y una posibilidad —muy restrictiva— de elegir la ley aplicable).

3.6 Regímenes matrimoniales

El régimen económico matrimonial se rige por la ley aplicable desde el 21.1.2019 en virtud del Reglamento (UE) nº 2016/1103 en materia de regímenes económicos matrimoniales (véase más arriba).

3.7 Testamentos y sucesiones

Las sucesiones se regulan en el Reglamento de sucesiones de la UE [Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, DO L 201 de 27 de julio de 2012, p. 107]. En los casos antiguos, se aplica el artículo 28 de la IPRG, según el cual la ley determinante depende del estatuto personal del difunto en el momento del fallecimiento. La responsabilidad por las deudas hereditarias y la adquisición de la herencia están sometidas también a esta norma de conflicto de leyes. No obstante, en caso de celebrarse un juicio de testamentaría en Austria, la adquisición de la herencia y la responsabilidad por las deudas hereditarias estarían sujetas al Derecho austriaco (artículo 28, apartado 2, de la IPRG).

3.8 Bienes inmuebles

La adquisición y la pérdida de derechos reales sobre bienes materiales, incluida su posesión, se rigen por el Derecho del Estado en el que se encuentran los bienes en el momento en que se producen los hechos relacionados con la adquisición o la pérdida de estos derechos. La categoría legal de los bienes y el contenido de los derechos en cuestión se rigen por el Derecho del Estado en el que se encuentran los bienes (artículo 31 de la IPRG).

En el ámbito de aplicación de la norma de conflicto de leyes entran especialmente la propiedad, las servidumbres (impuestos sobre bienes inmuebles), los gravámenes, el derecho de construcción y la propiedad de la vivienda, pero también los derechos de retención que surtan efecto frente a terceros y la reserva del dominio. Los efectos de los actos de transmisión de propiedad también están regulados por esta ley.

Todo cambio posterior de la ubicación no implica cambio alguno de la Ley aplicable, dado que la adquisición de los derechos constituye una situación consolidada.

Los efectos de la adquisición de derechos se basan en la ley del lugar de su ejercicio; por consiguiente, este factor de conexión puede cambiar. Esta ley también es aplicable a las cuestiones relativas al alcance de la protección jurídica del propietario y a la determinación, entre otras cuestiones, de la posibilidad y medida en que el derechohabiente puede ejercer el derecho real, es decir, si puede, por ejemplo, vender una prenda mobiliaria sin intervención judicial.

Se aplica una disposición especial a los medios de transporte (artículo 33 de la IPRG). Los derechos reales sobre buques y aeronaves registrados se rigen por el Derecho del Estado de matriculación, y los medios de transporte ferroviarios se rigen por el Derecho del Estado en el que se encuentra la sede administrativa principal de la empresa ferroviaria que explota tales medios de transporte. Los derechos de prenda legales y basados en un título ejecutivo o los derechos de retención legales destinados a garantizar las demandas de reparación de los daños ocasionados por un vehículo o los gastos incurridos se regirán por la ley del Estado en que se encontrasen los bienes en el momento en que se produjeron los hechos de los que nacen estos derechos.

También hay una regulación especial para los bienes inmuebles tangibles: si los derechos reales sobre los bienes inmuebles también se incluyen en el ámbito de aplicación de otra norma de conflicto de leyes (por ejemplo, la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales), prima el Derecho de referencia de los bienes, es decir, la vinculación al Derecho del Estado en el que se encuentran.

No existe norma de conflicto de leyes para los bienes inmateriales. De conformidad con el artículo 1 de la IPRG, la ley aplicable desde el punto de vista del derecho de propiedad es aquella con la que existan unos vínculos más estrechos. Los derechos materializados por títulos se rigen por la lex cartae. El artículo 33a de la IPRG, que transpone el artículo 9 de la Directiva 2002/47/CE sobre los acuerdos de garantía financiera con un ámbito de aplicación ampliado, contiene una norma especial a las anotaciones en cuenta. En cuanto a los sistemas de liquidación de valores, se aplican los reglamentos especiales de los artículos 16 y 18 de la Finaltitätsgesetz, por la que se transpone la Directiva 98/26/EC sobre la firmeza de la liquidación.

3.9 Insolvencia

El Derecho internacional de insolvencia se regula en la sección séptima del Código de Insolvencia (IO). En virtud de lo dispuesto en el artículo 217 del IO, las disposiciones son solo aplicables en la medida en que no se disponga otra cosa en el Derecho internacional o en determinados actos jurídicos de las Comunidades Europeas, en particular el Reglamento (CE) n.º 848/2015 sobre procedimientos de insolvencia (Reglamento sobre procedimientos de insolvencia de la UE). En cuanto al contenido, las disposiciones concuerdan en gran medida con las disposiciones correspondientes del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia de la UE.

En principio, los requisitos previos para la apertura de un procedimiento de insolvencia y los efectos del mismo se rigen por el Derecho del Estado en el que se haya abierto el procedimiento. En particular, los artículos 221 a 235 del IO contienen normas relativas a los derechos reales de terceros, la compensación de cuentas, la reserva de dominio, los contratos relativos a bienes inmuebles, los mercados regulados, los contratos de trabajo, los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos sujetos a registro, así como el Derecho aplicable a los actos perjudiciales y la protección de terceros adquirentes, los efectos sobre la litispendencia, la ley lex rei sitae en relación con el ejercicio de los derechos de propiedad u otros derechos, los acuerdos de compensación y novación, los acuerdos de recompra y los pagos a raíz de la apertura de un procedimiento de insolvencia.

En caso de solapamiento entre estas normas y las disposiciones de la IPRG u otras disposiciones relativas al conflicto de leyes, serán de aplicación las disposiciones más detalladas del Código de Insolvencia.

Última actualización: 03/12/2020

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