Cómo llevar un asunto al tribunal

Estonia
Contenido facilitado por
European Judicial Network
Red Judicial Europea (en materia civil y mercantil)

1 ¿Debo acudir a un tribunal o existe otra alternativa?

Los litigios pueden resolverse tanto en el marco de un procedimiento judicial como por vía extrajudicial.

En particular, los litigios pueden resolverse por vía extrajudicial mediante un procedimiento de conciliación. El procedimiento de conciliación es una forma de resolución extrajudicial de litigios de carácter voluntario en el que un conciliador independiente e imparcial dirige el procedimiento. El conciliador facilita la comunicación entre las partes con vistas a encontrar una solución al litigio. Las negociaciones de conciliación son confidenciales y el conciliador no puede orientar la conciliación de manera que dé la impresión de que tiene poder de decisión. El conciliador puede ser un notario, un abogado o cualquier otra persona física designada por las partes en el litigio, que puede actuar a través de una persona jurídica [por ejemplo, en el caso de los conciliadores ante un órgano de conciliación de seguros, a través de la Asociación Estonia de Compañías de Seguros (Eesti Kindlustusseltside Liit) o el Fondo Estonio de Seguros de Automóviles (Eesti Liikluskindlustuse Fond)]. Un órgano de conciliación es una entidad constituida ante el Estado o una autoridad local, como la Comisión de Derechos de Autor (Autoriõiguse Komisjon). Un acuerdo celebrado tras un procedimiento de conciliación con un conciliador constituye un título ejecutivo en las condiciones previstas por la ley, siempre que un órgano jurisdiccional lo haya declarado ejecutivo y sea posible acudir a un agente judicial para obtener su ejecución forzosa. Si el conciliador es un notario o un abogado, un notario puede, para un litigio de carácter patrimonial, o para un litigio no patrimonial si se puede celebrar un acuerdo transaccional, certificar el acuerdo a petición de las partes en la conciliación, con la obligación de someterse a ejecución forzosa inmediata. En este caso, no es necesario que un órgano jurisdiccional declare ejecutivo el acuerdo. Un acuerdo certificado por un órgano de conciliación es vinculante y no es necesario que un órgano jurisdiccional lo declare ejecutivo. El procedimiento de arbitraje es otra forma de resolución extrajudicial de litigios. Dado que la composición del tribunal arbitral es determinada por las propias partes, estas pueden determinar el conocimiento, la experiencia y la imparcialidad de los árbitros. Además, las partes tienen derecho a elegir la lengua de procedimiento, la ley aplicable y las modalidades de procedimiento. El tribunal arbitral puede constituirse de forma puntual (ad hoc) u operar con carácter permanente. En Estonia, el tribunal arbitral de la Cámara de Notarios (Notarite Koja vahekohus) es un tribunal arbitral permanente. En Estonia, los litigios transfronterizos debidos a la actividad económica suelen ser resueltos por el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Estonia [Eesti Kaubandus-Tööstuskoja o (EKTK)]. El laudo de un tribunal arbitral estonio permanente constituye un título ejecutivo en Estonia, sin necesidad de que un órgano jurisdiccional lo declare ejecutivo. Los laudos de otros tribunales arbitrales, incluidos los tribunales arbitrales ad hoc, así como los de los tribunales arbitrales extranjeros, deben ser declarados ejecutivas por un órgano jurisdiccional para que puedan ser objeto de ejecución forzosa. Además del arbitraje y la conciliación, también existen comisiones para resolver determinados tipos de litigios por vía extrajudicial.

En los casos relacionados con conflictos laborales, por ejemplo, es posible recurrir a una comisión de resolución de conflictos laborales individuales (tööövaidluskomisjon). Una comisión de resolución de conflictos laborales individuales es un órgano independiente encargado de resolver los conflictos laborales individuales y a la que pueden recurrir tanto el empleado como el empleador. La resolución de un conflicto laboral por una comisión de resolución de conflictos laborales individuales está regulada por la Ley de resolución de conflictos laborales individuales (individuaalse töövaidluse lahendamise seadus). La resolución de un conflicto por parte de una comisión de resolución de conflictos laborales individuales no da lugar al pago de una tasa estatal. Las comisiones de resolución de conflictos laborales individuales pueden ser consultadas sobre todos los litigios que surjan de las relaciones laborales. Al consultar a una comisión de resolución de conflictos laborales individuales, debe tenerse en cuenta que las comisiones solo resuelven demandas pecuniarias que no excedan de 10 000 EUR. Las demandas superiores a 10 000 EUR son resueltas por un órgano jurisdiccional. Las demandas presentadas ante una comisión de resolución de conflictos laborales individuales deben indicar los hechos que son relevantes para el litigio. Por ejemplo, en el caso de la impugnación de un despido, se debe indicar la fecha y la razón del despido. La demanda debe describir la naturaleza de la disputa entre las partes, es decir, lo que el empleado o empleador ha hecho o no ha hecho en violación de la ley según el autor de la demanda. La demanda debe adjuntar pruebas que confirmen los hechos descritos (contrato de trabajo, acuerdos o correspondencia entre el empleado y el empleador, etc.) o referencias a otras pruebas y testigos. Cuando el demandante considere que, para justificar su demanda, debe citarse a un testigo, la demanda debe indicar el nombre y la dirección del testigo. La decisión final de una comisión de resolución de conflictos laborales individuales constituye un título ejecutivo, y es posible solicitar a un agente judicial su ejecución forzosa. En determinadas circunstancias, una comisión de resolución de conflictos laborales individuales puede declarar inmediatamente ejecutoria su decisión. La decisión final de una comisión de resolución de conflictos laborales individuales constituye un título ejecutivo, y es posible solicitar a un agente judicial su ejecución forzosa. Si una parte no está de acuerdo con la decisión de una comisión de resolución de conflictos laborales individuales, puede presentar una solicitud de revisión del mismo conflicto laboral ante un Tribunal comarcal (maakohus) en el plazo de un mes a partir de que se le haya dado traslado de la decisión. En este caso, no entra en vigor la decisión de la comisión de resolución de conflictos laborales individuales.

Las deudas resultantes de un contrato celebrado entre un consumidor y un comerciante podrán presentarse a la comisión de examen de litigios de consumo (tarbijakaebuste komisjon). La resolución de los litigios de consumo se rige por la Ley de protección de los consumidores (tarbijakaitseseadus). La comisión de examen de litigios de consumo es competente para resolver los litigios de consumo derivados de un contrato celebrado entre un consumidor y un comerciante, ya sea nacional o transfronterizo, si una de las partes es un comerciante establecido en la República de Estonia. También es competente para resolver los litigios relativos a los daños causados por un producto defectuoso, cuando se pueda determinar la cuantía de dichos daños. Cuando se haya comprobado la existencia del daño pero no pueda determinarse su cuantía exacta, en particular en caso de daño moral y de daño que pueda producirse en el futuro, la cuantía del daño la determina un órgano jurisdiccional. La comisión no resuelve los litigios relativos a la prestación de un servicio de interés público no económico, de un servicio educativo prestado por personas jurídicas de Derecho público o de un servicio sanitario prestado por profesionales de la salud a los pacientes con el fin de evaluar, preservar o restablecer su salud, incluida la prescripción, la entrega y el suministro de medicamentos y dispositivos médicos. Del mismo modo, la comisión no resuelve los litigios en los que la demanda de indemnización por daños y perjuicios resulte de un fallecimiento, lesiones corporales o daños a la salud, ni los litigios en los que las modalidades de resolución estén determinadas por otras leyes. Dichos litigios son resueltos por la institución o el órgano jurisdiccional competente (por ejemplo, los litigios que surjan de un contrato de arrendamiento los puede resolver no solo un órgano jurisdiccional sino también una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento). La demanda presentada por un consumidor es examinada y el resultado del procedimiento de resolución del litigio se pone a disposición de las partes en un plazo de noventa días a partir de la aceptación de la demanda del consumidor. En caso de litigios complejos, este plazo puede prorrogarse. La decisión de la comisión de examen de litigios de consumo debe ejecutarse en un plazo de treinta días a partir del día siguiente de su publicación en el sitio web de la Oficina de Protección de los Consumidores (Tarbijakaitseamet), a menos que la decisión fije otro plazo. En el sitio web de la Oficina de Protección de los Consumidores se publica una lista de los comerciantes que no han respetado las decisiones de la comisión, pero estas decisiones no pueden someterse a ejecución forzosa, es decir, no es posible solicitar su ejecución a un agente judicial. Un comerciante mencionado en la lista se borra de esta cuando cumple la decisión de la comisión después de haber sido registrado en la lista, o doce meses después de haber sido registrado en la lista. Si las partes no están de acuerdo con la decisión de la comisión y no la respetan, pueden recurrir a un Tribunal comarcal para resolver el mismo litigio. El comerciante indica por escrito a la Oficina de Protección de los Consumidores que ha cumplido la decisión o que ha recurrido a un Tribunal comarcal con relación al mismo asunto, adjuntando una copia de la demanda dirigida al Tribunal comarcal. La Oficina de Protección de los Consumidores también tiene legitimación, en calidad de representante de los consumidores y con el consentimiento de estos, para recurrir a un Tribunal comarcal para examinar un litigio resuelto por la comisión, si el comerciante no ha cumplido la decisión de la comisión y el litigio es esencial desde el punto de vista de la aplicación de la ley o de otro texto jurídico o en interés general de los consumidores.

Los litigios que surjan de un contrato de arrendamiento pueden ser resueltos por una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento (üürikomisjon). La resolución de litigios por parte de una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento se rige por la Ley de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento (üürivaidluse lahendamise seadus). Las comisiones de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento no resuelven litigios que den lugar a demandas por cuantía superior a 3 200 EUR. Una autoridad local puede crear una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento para resolver los litigios que surjan del alquiler de inmueble de uso residencial dentro de su territorio. En Estonia, solo se ha creado una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento en Tallin. En la demanda dirigida a una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento debe indicarse el objeto de la demanda y los hechos en los que se basa, y debe adjuntarse el contrato de arrendamiento, pruebas de las alegaciones formuladas en la demanda y cualquier otro documento justificativo. La decisión final de una comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento constituye un título ejecutivo, y es posible solicitar a un agente judicial su ejecución forzosa. Si una de las partes no está de acuerdo con la decisión de la comisión de resolución de litigios relativos a los contratos de arrendamiento, puede recurrir a un Tribunal comarcal, en un plazo de veinte días a partir del día siguiente a que se diese traslado de la decisión, para resolver el mismo litigio de arrendamiento. En este caso, la decisión de la comisión de resolución de litigios de litigios relativos a los contratos de arrendamiento no llega a desplegar efectos. El recurso a las comisiones mencionadas para la resolución de un litigio no es un procedimiento precontencioso obligatorio, de modo que si las partes no desean o no pueden resolver el litigio por vía extrajudicial, es posible presentar una demanda ante un órgano jurisdiccional. No es posible enviar dos demandas idénticas al mismo tiempo a un órgano jurisdiccional y a una comisión extrajudicial competente para resolver el litigio en cuestión.

2 ¿Existe un plazo para emprender una acción judicial?

En las relaciones de Derecho privado prevalece el principio de autonomía de la voluntad, según el cual un acreedor tiene derecho a decidir por sí mismo cuándo hacer valer su deuda frente a un deudor. En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, el deudor tiene ciertamente la posibilidad de invocar la prescripción si el acreedor no ha presentado su deuda en un plazo determinado. Un órgano jurisdiccional o cualquier otro órgano competente para resolver el litigio solo tiene en cuenta el plazo de prescripción de la deuda a petición del obligado. Por consiguiente, la deuda debida al acreedor no expira al final del plazo de prescripción, pero si la deuda ha prescrito y el obligado invoca la prescripción, el órgano jurisdiccional no examina la deuda en cuanto el fondo y no adopta una decisión sobre el fondo de la deuda.

  • El plazo de prescripción de una deuda resultante de una transacción es de tres años.
  • El plazo de prescripción de una deuda resultante de una transacción es de diez años cuando el obligado ha incumplido deliberadamente sus obligaciones.
  • El plazo de prescripción de una demanda de entrega de un bien inmueble, de gravamen de un bien inmueble con un derecho real, de transmisión o supresión de un derecho real, y de modificación del contenido de un derecho real es de diez años.
  • El plazo de prescripción de una deuda por efecto legal es de diez años a partir del momento en que dicha deuda pase a ser exigible, a menos que la ley disponga lo contrario.
  • El plazo de prescripción de una deuda resultante de un daño causado ilícitamente es de tres años a partir del momento en que el beneficiario haya tenido conocimiento o hubiera debido tener conocimiento del daño y de la persona responsable de reparar el daño.
  • El plazo de prescripción de una deuda resultante del enriquecimiento sin causa es de tres años a partir del momento en que el beneficiario haya tenido conocimiento o hubiera debido tener conocimiento de que poseía una deuda resultante del enriquecimiento sin causa.
  • El plazo de prescripción de la acción para el cumplimiento de obligaciones periódicas, con excepción de la obligación alimenticia respecto de un menor, es de tres años para cada obligación, independientemente del fundamento jurídico de la deuda.
  • El plazo de prescripción de la acción para el cumplimiento de una obligación alimenticia respecto de un menor es de diez años para cada obligación.
  • El plazo de prescripción de la acción reivindicatoria y de las deudas derivadas del Derecho de familia y de sucesiones es de treinta años a partir del momento en que la deuda en cuestión pase a ser exigible, a menos que la ley disponga lo contrario.
  • La acción reivindicatoria que se interpone contra un posesor arbitrario nunca prescribe.

Para determinadas deudas resultantes de una relación laboral, el recurso a un órgano jurisdiccional está sujeto a un plazo de prescripción. Por ejemplo, el plazo para presentar una deuda ante una comisión de resolución de conflictos laborales individuales o un órgano jurisdiccional con el fin de reconocer los derechos derivados de una relación laboral y proteger los derechos violados es de cuatro meses. Para declarar la nulidad de un despido, se puede presentar un recurso judicial o una demanda ante una comisión de resolución de conflictos laborales individuales en un plazo de treinta días naturales a partir de la recepción de la carta de despido; también en el mismo plazo, el empleado puede presentar un recurso a un órgano jurisdiccional o una demanda a una comisión de resolución de conflictos laborales individuales para impugnar el despido por ser contrario al principio de buena fe, a menos que el empleador haya rescindido el contrato de trabajo debido a un incumplimiento contractual por parte del empleado; el plazo para reclamar una deuda salarial es de tres años.

3 ¿Debo dirigirme a un tribunal de este Estado miembro?

Las disposiciones sobre la extensión de la jurisdicción determinan los casos en que un órgano jurisdiccional estonio puede conocer de un asunto. Un asunto entra dentro de la competencia de un órgano jurisdiccional estonio cuando puede conocer del asunto en virtud de las disposiciones sobre jurisdicción o de un acuerdo sobre competencia judicial, a menos que la ley o un tratado internacional disponga lo contrario. La competencia judicial internacional no es exclusiva, a menos que la ley o un tratado internacional disponga lo contrario. Las disposiciones sobre la extensión de la jurisdicción que recoge el Código de Procedimiento Civil estonio (tsiviilkohtumenetluse seadustik) se aplican si no existen disposiciones en sentido contrario en un tratado internacional o en los siguientes Reglamentos de la Unión Europea:

1) Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

2) Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000;

3) Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos;

4) Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo;

5) Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.

4 En caso de que así sea, ¿a qué tribunal de este Estado miembro debo dirigirme en función de mi domicilio y del de la otra parte o de otros elementos de mi demanda?

Una competencia general determina el órgano jurisdiccional ante el cual es posible interponer una demanda contra una persona o realizar otros actos procesales con respecto a una persona, cuando la ley no contempla que la acción o el acto pueda ser interpuesta o realizado ante otro órgano jurisdiccional.

Una competencia facultativa determina otro órgano jurisdiccional ante el cual es posible interponer una demanda contra una persona o realizar otros actos procesales con respecto a una persona, además de la competencia general.

Una competencia exclusiva determina el único órgano jurisdiccional al que se puede acudir para resolver un asunto civil. La competencia en asuntos de jurisdicción voluntaria es exclusiva, a menos que la ley disponga lo contrario.

Competencia general:
Se interpone una demanda contra una persona física ante el órgano jurisdiccional de su domicilio, y contra una persona jurídica, ante el órgano jurisdiccional de su sede. Cuando se desconoce el domicilio de una persona física, puede interponerse una demanda contra ella ante el órgano jurisdiccional de su último domicilio conocido.

Cuando, de conformidad con las disposiciones generales, los órganos jurisdiccionales estonios no tienen competencia sobre un asunto o esa competencia no puede determinarse, y a menos que un tratado internacional o la ley disponga otra cosa, el Tribunal comarcal de Harju (Harju Maakohus) resolverá el asunto, si se cumple una de las siguientes condiciones:

  • de conformidad con un tratado internacional, el asunto debe resolverse en la República de Estonia;
  • el demandante es de nacionalidad estonia o está domiciliado en Estonia y no puede hacer valer sus derechos en el extranjero o no cabe esperar que lo haga;
  • el asunto está estrechamente relacionado con Estonia por otra razón y la persona no está en condiciones de hacer valer sus derechos en el extranjero o no cabe esperar que lo haga.

El Tribunal comarcal de Harju también conoce del asunto si entra dentro de la jurisdicción de Estonia, pero no es posible determinar cuál es el órgano jurisdiccional estonio competente. Este es también el caso cuando se acuerda que los órganos jurisdiccionales estonios son competentes pero no se determina el órgano jurisdiccional competente.

Competencia exclusiva (obligatoria):
El órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentra el bien inmueble conoce de las acciones que tienen por objeto:

  1. la declaración de la propiedad de un bien inmueble, de un derecho real limitado o de cualquier otro gravamen real relativa al bien, o de su ausencia, o de cualquier otra demanda relacionada con un derecho relativo a un bien inmueble;
  2. la determinación de las lindes de un bien inmueble o la división de un bien inmueble;
  3. la protección de la posesión de bienes inmuebles;
  4. una demanda relativa a un derecho real derivado de la propiedad de una vivienda;
  5. una demanda relativa a la ejecución forzosa de un bien inmueble;
  6. una demanda derivada de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble o de cualquier otro contrato que se rija por el Derecho de obligaciones relativo a la utilización de un bien inmueble, o de la validez de dicho contrato.

Las acciones relativas a una servidumbre real, a un gravamen real o a un derecho de tanteo se interponen ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se encuentre el bien inmueble de que se trate.

Las acciones para poner fin al uso de una cláusula general abusiva, o para que la persona que la recomienda suprima y retire la recomendación de una cláusula, se interponen ante el órgano jurisdiccional del establecimiento del demandado o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional del domicilio o de la sede social del demandado. Si el demandado no tiene establecimiento, ni domicilio, ni sede social en Estonia, la demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional de la demarcación judicial en la que se haya aplicado la cláusula general.

Las acciones que tienen por objeto revocar la decisión de un órgano de una persona jurídica o declarar la nulidad de esta se interponen ante el órgano jurisdiccional de la sede de la persona jurídica.

Un órgano jurisdiccional estonio puede conocer de un asunto matrimonial si:

  1. al menos uno de los cónyuges es ciudadano de la República de Estonia o lo era en el momento del matrimonio;
  2. ambos cónyuges residen en Estonia;
  3. uno de los cónyuges reside en Estonia, a menos que se conozca que la decisión que debe tomarse no va a ser reconocida en ninguno de los países de nacionalidad de los cónyuges.

Cuando un órgano jurisdiccional estonio deba fallar sobre un asunto matrimonial, la demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional del domicilio común de los cónyuges o, en su defecto, del domicilio del demandado. Si el domicilio del demandado no se encuentra en Estonia, la demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional del domicilio de un hijo menor de las partes o, en ausencia de un hijo menor común, ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandante.

Si una persona ausente ha sido puesta bajo curatela debido a su desaparición, o si se ha asignado un tutor a una persona incapaz, o si una persona ha sido condenada a una pena de prisión, también se puede presentar una demanda de divorcio contra ella ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandante.

Un órgano jurisdiccional estonio puede conocer de un caso de filiación si al menos una de las partes es de nacionalidad estonia o una de las partes reside en Estonia. Cuando el caso de filiación deba ser resuelto por un órgano jurisdiccional estonio, la demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional del domicilio del hijo. Si el hijo no reside en Estonia, la demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado. Si el demandado no reside en Estonia, la demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandante. Las mismas disposiciones se aplican en los casos de pensiones de alimentos.

Competencia facultativa:
Se puede interponer una demanda que incluya una pretensión material contra una persona física ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia de esa persona si ésta reside allí durante un largo período por razones profesionales o de servicio, por estudios o por cualquier otra razón comparable. Las demandas derivadas de la actividad económica o profesional del demandado pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional de su lugar de actividad.

Una persona jurídica basada en la asociación de personas, incluida una sociedad mercantil, o uno de sus miembros, socios o accionistas, también puede interponer una demanda derivada de la condición de miembro o de la participación contra un miembro, socio o accionista de la persona jurídica ante el órgano jurisdiccional del domicilio social de la persona jurídica.

Si el domicilio o el domicilio social de una persona se encuentra en el extranjero, también se puede interponer contra ella una demanda ante el órgano jurisdiccional en cuya demarcación judicial se encuentren los bienes a los que se refiere la pretensión u otros bienes de esa persona. Cuando los bienes están inscritos en un registro público, dicha demanda puede interponerse ante el órgano jurisdiccional de cuya demarcación judicial depende el registro en el que se encuentra el bien. Si los bienes son objeto de una deuda en virtud del Derecho de obligaciones, dicha demanda puede interponerse ante el órgano jurisdiccional del domicilio o del domicilio social del deudor. Si la garantía de la deuda es un bien tangible, la demanda también puede interponerse ante el órgano jurisdiccional en cuya demarcación judicial se encuentre el bien.

También puede interponerse una demanda para el cobro de una deuda garantizada por una hipoteca o un gravamen real, o cualquier otra demanda relativa a dicha deuda, ante el órgano jurisdiccional en cuya demarcación judicial se encuentre el bien inmueble, si el deudor es al mismo tiempo propietario del bien hipotecado o sujeto a gravamen real.

También puede interponerse una demanda contra el propietario de una vivienda que resulte de una relación jurídica relativa a la propiedad de la vivienda ante el órgano jurisdiccional en cuya demarcación judicial se encuentre el bien inmueble de que se trate.

Las acciones derivadas de un contrato o con las que se pretenda declarar la nulidad de un contrato también pueden interponerse ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se ejecute la obligación contractual litigiosa.

El consumidor también puede interponer ante el órgano jurisdiccional de su domicilio una demanda derivada de un contrato o de una relación jurídica de los contemplados en los artículos 35, 46 y 52, en el artículo 208, apartado 4, en los artículos 379 y 402, en el artículo 635, apartado 4, y en los artículos 709, 734 y 866 de la Ley sobre el Derecho de obligaciones (võlaõigusseadus), o de cualquier otro contrato celebrado con una empresa que tenga su domicilio social o establecimiento en Estonia. Esta disposición no se aplica a las acciones derivadas de un contrato de transporte.

El tomador de un seguro, el beneficiario o cualquier otra persona que tenga derecho, en virtud de un contrato de seguro, a exigir el cumplimiento por parte de un asegurador de dicho contrato puede igualmente interponer una demanda contra ese asegurador derivada del contrato de seguro ante el órgano jurisdiccional de su propio domicilio o domicilio social.

En el caso de un seguro de responsabilidad civil o de un seguro relativo a un edificio, a un bien inmueble o a un bien mueble asociado a estos, también es posible interponer una demanda contra el asegurador ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se haya cometido el hecho causante del daño o el lugar en que se haya producido el acontecimiento causante del daño, o el lugar en que se haya producido el daño.

Un empleado también puede interponer una demanda derivada de un contrato de trabajo ante el órgano jurisdiccional de su domicilio o lugar de trabajo.

También puede interponerse una demanda dirigida a obtener la reparación por daños ilícitos ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se haya cometido el hecho causante del daño o del lugar en que se haya producido el acontecimiento causante del daño, o el lugar en que se haya producido el daño.

También puede interponerse una demanda que tenga por objeto la declaración de un derecho de sucesión, una demanda reivindicatoria de un heredero contra el posesor de la herencia, una demanda ligada a un legado o de un pacto sucesorio, o una demanda relativa a una legítima o a la partición de la herencia, ante el órgano jurisdiccional del domicilio del difunto en el momento de su fallecimiento. Si el difunto era ciudadano de la República de Estonia pero no estaba domiciliado en Estonia en el momento de su fallecimiento, dicha demanda también podrá interponerse ante el órgano jurisdiccional del último domicilio del difunto en Estonia. Si el difunto no estaba domiciliado en Estonia en el momento de su fallecimiento, la demanda puede interponerse ante el Tribunal comarcal de Harju.

Puede interponerse una demanda contra varios demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio o del domicilio social de uno de ellos, a elección del demandante.

Si pueden interponerse varias acciones contra el mismo demandado por el mismo hecho, estas acciones también pueden interponerse ante un órgano jurisdiccional en el que, de ordinario, solo podrían presentarse una o varias demandas relativas a las acciones derivadas del mismo hecho.

La demanda reconvencional podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional al que se haya presentado la demanda, a menos que se contemple una competencia exclusiva para la demanda reconvencional. Esto se aplica igualmente si la demanda reconvencional debe dirigirse a un órgano jurisdiccional extranjero en virtud de las disposiciones generales.

La demanda de un tercero que constituya una pretensión independiente puede interponerse ante el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda principal.

Puede interponerse ante el órgano jurisdiccional que haya declarado el concurso una demanda relacionada con el procedimiento concursal o la masa concursal, contra un concursado, un administrador judicial o un miembro del concurso de acreedores, incluida una demanda para excluir un bien de la masa concursal. Asimismo, se puede interponer una demanda de declaración de una deuda ante el órgano jurisdiccional que haya declarado el concurso.

El deudor concursado también puede interponer una demanda en relación con la masa concursal ante el órgano jurisdiccional que declaró el concurso, incluida una demanda de revocación.

Cuando se interponga una demanda ante un órgano jurisdiccional distinto del que tiene una competencia general en relación con el demandado, debe justificarse ante el órgano jurisdiccional.

Si un asunto puede ser de la competencia de varios órganos jurisdiccionales estonios, el demandante tiene derecho a elegir el órgano jurisdiccional ante el que presenta la demanda. En este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda por primera vez es el que conoce del asunto.

5 ¿A qué tribunal debo dirigirme en este Estado miembro en función de la naturaleza de mi demanda y del importe del litigio?

La competencia judicial en Estonia no depende del objeto del recurso ni de la cuantía de la pretensión.

6 ¿Puedo acudir por mi cuenta a un tribunal o debo pasar por un intermediario como, por ejemplo, un abogado?

Cada una de las partes en el procedimiento (demandante, demandado y terceros) puede participar en el procedimiento personalmente o a través de un representante con capacidad pare representar en asuntos civiles, a menos que la ley disponga otra cosa. La participación personal no extingue el derecho a ser representado o asesorado en un asunto.

La capacidad procesal civil es la capacidad de una persona para ejercer sus derechos procesales civiles y cumplir sus obligaciones procesales civil actuando por sí misma ante un órgano jurisdiccional. Las personas de dieciocho años o más tienen plena capacidad procesal. Las personas con capacidad de obrar reducida no tienen capacidad procesal civil, a menos que la limitación de la capacidad de obrar de la persona adulta no afecte al ejercicio de los derechos procesales civiles ni al cumplimiento de las obligaciones procesales civiles. Un menor de quince años o más puede participar en el procedimiento junto con su representante legal.

El representante contractual puede ser un abogado u otra persona que tenga al menos un título de máster en Derecho reconocido a nivel nacional, un título equivalente en el sentido del artículo 28, apartado 2 ter, de la Ley de educación de Estonia (haridusseadus), o un título equivalente en un país extranjero.

Una persona jurídica está representada ante un órgano jurisdiccional por un miembro de su dirección general o de un órgano que la sustituya (representante legal), a menos que la ley o los estatutos contemplen un derecho de representación colectiva. Los miembros de la dirección general pueden delegar la capacidad procesal en un representante contractual. La contratación de dicho representante no impide que el miembro de la dirección general de la persona jurídica, en su calidad de representante legal, participe en el procedimiento.

En los casos que fija la ley, el representante de una persona es nombrado por el órgano jurisdiccional.

7 Para incoar el asunto, ¿a quién debo dirigirme concretamente?: ¿a la recepción o a la secretaría del tribunal, o bien a cualquier otra administración?

En la demanda debe indicarse el nombre del órgano jurisdiccional ante el que se va a presentar. La demanda también se puede presentar electrónicamente en el portal https://www.e-toimik.ee/, conectándose con el carné de identidad. La demanda también puede enviarse por vía electrónica por fax o a la dirección de correo electrónico facilitada a tal efecto. Si la demanda se presenta en mano, debe presentarse en la secretaría del órgano jurisdiccional correspondiente.

8 ¿En qué lengua debo formular mi solicitud? ¿Puedo hacerlo oralmente o debe ser necesariamente por escrito? ¿Puedo hacerlo por fax o por correo electrónico?

El procedimiento y las actuaciones del órgano jurisdiccional se llevan a cabo en estonio. La demanda debe presentarse en estonio y por escrito. La demanda debe estar firmada en el momento de su presentación ante el órgano jurisdiccional; también puede presentarse en formato electrónico, con firma electrónica, a través del portal https://www.e-toimik.ee/, conectándose con el carné de identidad, o enviarse por correo electrónico, con firma electrónica. Una demanda solo puede enviarse por fax o correo electrónico sin firma electrónica si se facilita al órgano jurisdiccional una versión firmada lo antes posible. 

9 ¿Existen formularios para presentar la demanda? Y en caso de que no los hubiera, ¿cómo debe estar constituido el expediente? ¿Existen elementos que deban incluirse obligatoriamente en el expediente?

No existe un formulario normalizado para la solicitud. La solicitud debe indicar:

  • el nombre y dirección de las partes en el procedimiento y de sus representantes, así como sus datos de contacto;
  • el nombre del órgano jurisdiccional;
  • la conclusión del demandante, expresada de manera clara (pretensión);
  • los hechos en los que se basa la acción (causa);
  • las pruebas relativas a los hechos en los que se basa la acción, indicando con precisión cuáles son las pruebas de cada hecho concreto;
  • si el demandante acepta someterse a un procedimiento escrito o si desea que el asunto se examine en audiencia;
  • la cuantía del litigio si la acción no se refiere a un importe fijo;
  • la lista de anexos de la solicitud;
  • la firma de la parte en el procedimiento o de su representante o, si se trata de un documento electrónico, la firma electrónica.

Si el demandante desea que la acción se examine en un procedimiento documental, debe indicarlo en la solicitud.

Si el demandante está representado en el procedimiento, también debe facilitar los datos de contacto del representante en la solicitud. Si el demandante desea ser asistido por un intérprete durante el procedimiento, debe mencionarlo en la solicitud y, si es posible, debe proporcionar los datos de contacto del intérprete.

Cuando se interponga una demanda ante un órgano jurisdiccional distinto del que tiene una competencia general en relación con el demandado, debe justificarse ante el órgano jurisdiccional.

En los casos de divorcio, la demanda debe indicar, además de los datos antes mencionados, el nombre y la fecha de nacimiento de los hijos comunes menores de edad de los cónyuges, el responsable de su manutención y la persona que los cría, así como la persona con la que viven, e incluir una propuesta para la posterior organización de la patria potestad y de la educación de los hijos.

Si el demandante o demandado es una persona jurídica que inscrita en un registro público, la demanda debe ir acompañada de una copia de la ficha del registro, un extracto del registro o un certificado de registro, a menos que el órgano jurisdiccional pueda verificar estos datos en el registro. En el caso de otras personas jurídicas, deben presentarse otras pruebas de su existencia y capacidad.

10 ¿Se deben pagar tasas al tribunal? En caso afirmativo, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Hay que pagar los honorarios del abogado desde el principio?

Se debe pagar una tasa por cualquier demanda, denuncia o solicitud. La cuantía de la tasa se determina en función de la cuantía de la pretensión [anexo 1 de la Ley sobre tasas (riigilõivuseadus)], o como una suma fija, según el tipo de demanda. No se aplica ninguna tasa a las solicitudes de asistencia jurídica gratuita ni a las demandas relativas a las deudas salariales o las deudas alimenticias, así como en otros casos previstos en la Ley sobre tasas.

La tasa se abona antes de solicitar la ejecución de un título. La demanda no se traslada al demandado y no se realiza ningún otro acto procesal derivado de un acto sujeto a una tasa hasta que se pague esta. Si la tasa no ha sido pagada en su totalidad, el órgano jurisdiccional fija un plazo para que el demandante pague la tasa. Si la tasa no ha sido pagada dentro del plazo, no se admite a trámite la demanda. Si la tasa pagada por una demanda es inferior al importe fijado por la ley, el órgano jurisdiccional exige el pago de la tasa en la cantidad fijada por la ley. Si el demandante no paga la tasa en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional, este último no tramita la demanda.

Tan pronto como se pague la tasa, se indica en el documento de pago el nombre de la actuación para el que se paga la tasa. En caso de pago de la tasa por un tercero, también se indica el nombre del tercero. Si el órgano jurisdiccional exige el pago de una tasa adicional después de la presentación de la demanda, debe señalarse también, si la tasa se paga a través de una entidad de crédito, el número de referencia indicado por el órgano jurisdiccional.

Los gastos de representación corren, en principio, a cargo de la parte que pierda el proceso, en la medida en que sea necesario y esté justificado. Para condenar a la parte que pierda el proceso al pago de los gastos de representación, no es necesario probar que se ha incurrido en gastos; basta con presentar una factura correspondiente a la prestación de servicios jurídicos para probar la existencia de dichos gastos y obtener una indemnización. El Código de Procedimiento Civil no regula el pago que debe hacerse a los representantes antes de la condena al pago y el cálculo de las costas procesales del órgano jurisdiccional: corresponde a quien presta los servicios jurídicos y a la persona representada acordarlo en el contrato de prestación de servicios jurídicos.

11 ¿Puedo acceder a la asistencia jurídica gratuita?

La asistencia jurídica gratuita puede concederse a cualquier persona física que sea parte en el proceso y que, en el momento de presentar su solicitud de asistencia jurídica gratuita, resida en Estonia o en otro Estado miembro de la Unión Europea o sea nacional de la República de Estonia o de otro Estado miembro de la Unión Europea. El domicilio se determina con arreglo al artículo 62 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Las demás personas físicas que sean parte en el proceso solo pueden recibir asistencia jurídica gratuita si así lo dispone un tratado internacional.

La persona que solicite asistencia jurídica gratuita recibirá dicha asistencia si:

  • no puede, debido a su situación económica, pagar las costas procesales o solo puede pagarlas parcialmente o a plazos, y
  • hay razones para creer que la participación en el proceso tendrá un resultado favorable.

Se presume que el resultado es favorable cuando la demanda para la que se solicita la asistencia jurídica gratuita esté motivada de manera jurídicamente convincente y basada en hechos. Al valorar la probabilidad de un resultado favorable, también se tiene en cuenta la importancia del asunto para la persona que solicita la asistencia jurídica gratuita.

Una persona física no recibe asistencia jurídica si:

1) las costas procesales no superan el doble del sueldo medio mensual del demandante, calculado sobre la base del sueldo mensual medio percibido durante los cuatro meses anteriores a la solicitud, una vez deducidos los impuestos y las contribuciones sociales obligatorias, los importes correspondientes al pago de las pensiones de alimentos legales y los gastos razonables de alojamiento y transporte;

2) el demandante puede hacerse cargo de las costas procesales a expensas de los bienes que posea y que puedan ser vendidos sin mayores dificultades o sobre los que sea posible, de conformidad con la ley, proceder a su embargo;

Por lo que se refiere a las personas jurídicas, las asociaciones sin ánimo de lucro o las fundaciones cuyo domicilio social está en Estonia o en otro Estado miembro de la Unión Europea y que están inscritas en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que se benefician de una exención fiscal, o su equivalente, pueden solicitar asistencia jurídica gratuita para alcanzar sus objetivos si el demandante demuestra que solicita la asistencia jurídica gratuita para evitar una posible vulneración de los derechos, protegidos por la ley, de un gran número de personas en el ámbito de la protección del medio ambiente, de la protección de los consumidores o de cualquier otro interés general esencial, y que es improbable que pueda cubrir las costas procesales con sus propios bienes, o que solo pueda hacerlo en parte o a plazos. Las demás personas jurídicas estonias de Derecho privado pueden solicitar la exención total o parcial de la tasa en caso de apelación en el marco de la asistencia jurídica gratuita. En el caso de las personas jurídicas extranjeras, la asistencia jurídica gratuita se concede únicamente sobre la base de un tratado internacional.

12 ¿En qué momento mi demanda se considera efectivamente interpuesta? ¿Recibiré una confirmación de que la demanda ha sido admitida a trámite?

Una demanda se considera interpuesta en el momento en que llega al órgano jurisdiccional. Esto solo se aplica si la demanda se notifica o traslada posteriormente al demandado. Si el órgano jurisdiccional se no admite a trámite la demanda, no se notifica ni traslada al demandado. Si la demanda cumple con los requisitos legales, el órgano jurisdiccional la admite a trámite por medio de un auto. Si la demanda no cumple con los requisitos legales, el órgano jurisdiccional fija un plazo para que el demandante subsane los errores. El órgano jurisdiccional decide, mediante auto, si admite a trámite o no la demanda, o si concede un plazo para subsanar los errores de la demanda en un plazo razonable. El órgano jurisdiccional informa al demandante de la admisión a trámite.

13 ¿Tendré información precisa del calendario de tramitación de esta demanda (por ejemplo, el plazo para la comparecencia)?

El órgano jurisdiccional comunica a las partes el señalamiento de las vistas, audiencias y demás fechas procesales por medio de resoluciones de la oficina judicial. El órgano jurisdiccional fija un plazo para que el demandado presente un escrito de contestación en el auto en el que le informa de la admisión a trámite de la demanda.

Última actualización: 01/10/2020

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