Parental responsibility - child custody and contact rights

Parental responsibility means all rights and obligations towards a child and its assets. Although this concept varies between the Member States, it usually covers custody and visiting rights. If you are an international couple with one or more children and are now separating, you will need to agree the custody arrangements for them.

Where to start?

What is custody? What are visiting rights?

As long as the parents live together, they usually hold custody over their children jointly. However, if the parents get divorced or split up, they need to decide how this responsibility will be exercised in the future.

The parents may decide that the child shall live alternately with both parents, or with one parent. In the latter case, the other parent usually has a right to visit the child at certain times.

Custody rights also cover other rights and duties linked to the education and care of the child, including the right to look after the child and his/her assets. The parents usually have the parental responsibility for a child, but parental responsibility may also be given to an institution to which the child is entrusted.

Who decides on the custody and visiting rights?

The parents may decide on these matters by mutual agreement. A mediator or lawyer can help if the parents do not manage to reach an agreement. Visit the link at the bottom of this page to find a mediator.

If the parents are unable to reach an agreement they may have to go to court. The court may decide that both parents shall have custody over the child (joint custody) or that one of the parents shall have custody (single custody). In the case that only one parent has custody, the court may decide on visiting rights for the other parent.

In the case of an international couple, EU rules determine which court has the responsibility to deal with the case. Visit the link at the bottom of this page to find the responsible court.

The main aim is to avoid both parents addressing the court in their own country and two decisions being issued for the same case. The principle is that the responsible court is the court in the country where the child habitually resides.

Will the decision of the court be enforced in the other EU country?

A mechanism for the recognition and enforcement of decisions ensures that the decision of the court is applied in other EU countries once it has been issued. This makes it easier for those with parental responsibility to exercise their rights.

In particular, a judgment on access rights will be recognised in another EU Member State without any special procedure being required, thus supporting the relationship between the child and both parents.

Which EU rules apply?

The rules settling cross-border matters between children and their parents are part of the Brussels IIa Regulation. These rules apply equally to all children, whether they are born in wedlock or not. The Brussels IIa Regulation is the cornerstone of EU judicial cooperation in matrimonial matters and matters of parental responsibility. The Regulation has applied since 1 March 2005 in all EU countries except Denmark.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

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Last update: 18/01/2019

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Responsabilidad parental - Bulgaria

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

Los conceptos de responsabilidad parental y de custodia se expresan en la legislación de Bulgaria con los términos «derechos y obligaciones parentales» y «ejercicio de los derechos parentales», respectivamente. El concepto de responsabilidad parental abarca así el conjunto de derechos y deberes que un progenitor tiene en relación con sus hijos menores de edad.

La legislación búlgara distingue entre los menores que no han cumplido los 14 años y los que tienen entre 14 y 18 años. Los derechos y obligaciones parentales se ejercen en relación con ambos grupos.

En caso de adopción, los derechos y obligaciones del adoptado y sus descendientes, por una parte, y del adoptante y sus parientes, por otra, son idénticos a los existentes entre parientes de sangre, en tanto que se extinguen los existentes entre el adoptado y sus descendientes, por una parte, y sus parientes de sangre, por otra.

En caso de divorcio, el tribunal debe pronunciarse también sobre el ejercicio de los derechos parentales, las relaciones personales y la manutención de los hijos nacidos del matrimonio, así como sobre el uso de la vivienda familiar, todo ello en aras del interés superior de los menores.

En este sentido, debe decidir a cuál de los cónyuges se conceden los derechos parentales y adoptar medidas sobre su ejercicio, sobre las relaciones personales entre los menores y sus padres y sobre la manutención de los menores. Al decidir a cuál de los padres concede los derechos parentales, debe examinar todas las circunstancias, en aras del interés superior del menor, y oír a los padres y a los menores que hayan cumplido al menos 10 años.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Lo más habitual es que los dos progenitores ejerzan de forma solidaria los derechos parentales.

La ley contiene disposiciones explícitas sobre el derecho de los abuelos a seguir en contacto con los menores.

Los hijos menores de edad están obligados a vivir con sus padres salvo que haya motivos importantes que justifiquen lo contrario. Si se incumple esta obligación, el tribunal podrá disponer la devolución del menor a sus padres, a petición de estos y tras oír al menor si este ha cumplido al menos 10 años.

Ambos progenitores pueden representar por separado a sus hijos menores de 14 años y dar su consentimiento para la presentación de demandas en el caso de los menores de 14 a 18 años, exclusivamente en aras de su interés superior.

Los bienes muebles e inmuebles de los menores de edad, a excepción de los que sean perecederos, pueden transmitirse, gravarse o, en general, enajenarse con autorización del tribunal de primera instancia de su lugar habitual de residencia tan solo si se considera necesario y redunda claramente en su beneficio. Carecerán de validez y efecto cualesquiera donaciones, préstamos y garantías de deudas de terceros mediante prenda o hipoteca concedidos por un menor.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si la conducta de uno de los progenitores constituye una amenaza para la persona, la educación, la salud o los bienes del menor, el tribunal de primera instancia adoptará las medidas pertinentes en aras del interés superior de este, ya sea por iniciativa propia o a petición del otro progenitor o de la fiscalía, trasladándole, si fuera necesario, a un alojamiento apropiado.

Se adoptarán las mismas medidas si los progenitores no pueden ejercer sus derechos parentales por enfermedad física o mental de larga duración, por ausencia prolongada o por otras causas objetivas. Se podrá privar a un padre o madre de sus derechos parentales en los siguientes casos, todos ellos de especial gravedad: si no atiende al menor y no paga la pensión de alimentos durante un periodo prolongado y sin causa justificada o si ha ingresado al menor en una institución especializada y no le ha sacado de ella en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que debía hacerlo.

La competencia en los procedimientos judiciales sobre retirada de derechos parentales corresponde al tribunal de primera instancia, que actuará por propia iniciativa o a petición del otro progenitor o de la fiscalía. En todos los casos en los que se restrinjan o retiren los derechos parentales, el tribunal resolverá también sobre las relaciones personales entre los padres y el menor.

El tribunal podrá restablecer los derechos parentales si las circunstancias cambian o a petición del progenitor.

El tribunal notifica de oficio al municipio de residencia del progenitor la retirada de los derechos parentales o su posterior restablecimiento, con el fin de que se designe a una persona que los ejerza respecto de los menores de 14 a 18 años o se nombre a un tutor que los ejerza respecto de los menores de 14 años.

A petición de los servicios sociales, el tribunal puede disponer que el menor viva fuera de la familia si los padres han fallecido, son desconocidos, se les han retirado los derechos parentales, tienen restringido el ejercicio de los mismos o no se ocupan del menor durante un periodo prolongado por razones objetivas o sin causa justificada o cuando el menor sea víctima de violencia doméstica y exista un riesgo grave para su desarrollo físico, mental, moral, intelectual y social. En tal caso, puede confiarse al menor a una institución social o a una familia de acogida, incluidos los supuestos previstos en el artículo 11 del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la protección del niño.

El tribunal puede disponer que el menor conviva con familiares o con una familia de acogida o en una institución especializada. En tanto se dicte la resolución judicial, los servicios sociales de la localidad en la que resida el menor se ocuparán de asignarle un alojamiento temporal.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En caso de que los padres convivan pero mantengan un desacuerdo sobre aspectos relacionados con los derechos parentales, se someterá la cuestión al tribunal de primera instancia, que les oirá a ellos y, si fuera necesario, al menor. Contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso con arreglo a las normas generales.

En caso de que los padres no convivan y no alcancen un acuerdo sobre quién asumirá la custodia del menor, se someterá la cuestión al tribunal de primera instancia del lugar de residencia habitual del menor, que resolverá tras oír a este si tiene 10 años o más. Contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso con arreglo a las normas generales.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres pueden otorgar convenios extrajudiciales sobre la concesión y el ejercicio de los derechos parentales y sobre el contacto de los menores con el progenitor que no asuma tales derechos, pero estos acuerdos no son jurídicamente vinculantes. Aun en caso de que se haya otorgado un convenio de este tipo, el padre o la madre podrán iniciar un procedimiento judicial sobre los derechos parentales o sobre el contacto con el menor, y el tribunal resolverá en tal caso sobre el ejercicio de los derechos parentales, con independencia de lo previsto en el convenio. Se aplicará el mismo marco jurídico a las cuestiones relativas al contacto del menor con el progenitor que no tenga su custodia y no conviva con él.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Los litigios familiares pueden someterse a mediación, que se ajustará a lo previsto en la Ley sobre mediación, pero el acuerdo sobre derechos parentales que se alcance no será jurídicamente vinculante hasta que sea ratificado por un tribunal de conformidad con lo establecido en el Código de enjuiciamiento civil.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El juez puede resolver sobre cualquier cuestión que se le someta, como la fijación del lugar de residencia habitual del menor, la determinación de cuál de los progenitores ejercerá los derechos parentales, la organización de los contactos entre el menor y el otro progenitor, los derechos del progenitor en materia de visitas y acceso al menor, la obligación de alimentos frente al menor, la elección de centro escolar, el nombre del menor, etc. Véanse las respuestas a las preguntas 3 y 4.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

En general, es el progenitor que ejerce los derechos parentales el que toma las decisiones sobre la vida diaria del menor, incluida, por ejemplo, la elección del centro escolar. Se requiere el consentimiento de los dos progenitores en algunos casos: por ejemplo, para la expedición de documentos de identidad para el menor o para la salida de este del territorio, independientemente de la duración del viaje o de su finalidad, incluidas las vacaciones.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Si los padres no conviven, el tribunal debe decidir a cuál de ellos corresponden los derechos parentales y cómo se relacionará el otro con el menor. Sin perjuicio de ello, no existen restricciones que impidan a los padres llegar a un acuerdo judicial que establezca formas de contacto del otro progenitor con el menor más amplias de lo que resulte de las prácticas habituales. Según la jurisprudencia y los acuerdos más habituales en materia matrimonial, se suele convenir que el menor pase con el otro progenitor dos o más días no laborables al mes y un número fijo de semanas durante las vacaciones escolares.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El órgano jurisdiccional competente es el tribunal de primera instancia del lugar de residencia habitual del demandado. Si la demanda está vinculada a una petición de alimentos, el demandante también podrá presentarla ante el tribunal del lugar de su residencia habitual.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los procedimientos que deben seguirse en los asuntos relativos a derechos parentales son los aplicables con carácter general.

Si el asunto se plantea en el marco de un asunto de divorcio pendiente, los progenitores pueden solicitar al tribunal que adopte medidas temporales para el ejercicio de los derechos parentales sobre el menor y para la organización del contacto de este con el otro progenitor.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Las partes pueden beneficiarse de asistencia jurídica gratuita con arreglo a las condiciones generales que regulan su concesión en virtud de la Ley sobre asistencia jurídica.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Contra las resoluciones del tribunal de primera instancia cabe recurso ante el tribunal regional, de conformidad con la normativa establecida con carácter general, dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la copia de la resolución.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las resoluciones judiciales se ejecutan con arreglo a lo previsto en el Código de enjuiciamiento civil, que regula explícitamente la obligación de llevar a cabo o abstenerse de llevar a cabo determinadas acciones y la obligación de entregar al menor. De la ejecución se ocupa un agente judicial público o privado elegido por el solicitante.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

La legislación aplicable es la contenida en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y en el artículo 621 del Código de enjuiciamiento civil (en vigor desde el 24 de julio de 2007).

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

La legislación aplicable es la contenida en el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y en el artículo 622 del Código de enjuiciamiento civil (en vigor desde el 24 de julio de 2007).

La competencia general corresponde al tribunal de primera instancia del lugar de residencia habitual del demandado o, si este no tiene residencia permanente en Bulgaria, del lugar de residencia habitual del demandante o, si tampoco este tiene residencia habitual en Bulgaria, al tribunal de primera instancia de Sofía.

Las solicitudes de reconocimiento y ejecución de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional extranjero o de una decisión adoptada por otra autoridad extranjera sobre el ejercicio de derechos parentales o el restablecimiento de derechos parentales en caso de traslado ilícito de un menor con arreglo al Convenio europeo de 1980 relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, que se firmó en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980 (ratificado por la Ley nº 21 de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Bulgaria nº 104 de 2003) («Convenio de Luxemburgo») se presentan ante el tribunal de primera instancia de Sofía. El tribunal celebra una audiencia pública con la participación del Ministerio de Justicia o el demandante, las partes de la sentencia o resolución dictada por el órgano jurisdiccional extranjero y un representante de la fiscalía. El tribunal oye al menor, si así lo solicitan los servicios sociales del municipio en que este resida. El procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de una resolución de un órgano jurisdiccional o una decisión de una autoridad extranjeros se suspende en las siguientes circunstancias: si hay un procedimiento judicial abierto sobre el fondo del litigio y ese caso se inició después del procedimiento en el Estado en el que se dictó la resolución o decisión en cuestión. Este mismo procedimiento se aplica cuando exista otra resolución o decisión sobre el ejercicio de los derechos parentales en proceso de reconocimiento y/o ejecución en los tribunales búlgaros. Si el procedimiento se suspende con arreglo a estas disposiciones, se notificará inmediatamente al tribunal en cuestión y el juez deberá resolver en el plazo de un mes a partir de esa notificación.

El tribunal debe resolver en el plazo de un mes a partir de la fecha de la solicitud. Contra la resolución cabe recurso ante el tribunal de apelación de Sofía, que decidirá con carácter definitivo.

Se aplica el mismo procedimiento a las demandas de reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas tras el traslado del menor si la resolución estima que el traslado fue ilícito. El reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada en otro Estado que sea parte del Convenio de Luxemburgo se rechazará en virtud de los artículos 8 y 9 si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 1, del Convenio y se aceptará exclusivamente en la medida en que sea ejecutable en el Estado en el que se dictó. Este mismo procedimiento se aplica a los casos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La relación entre los padres y el menor se rige por las leyes del Estado en que tengan su residencia habitual. Si los padres y el menor no tienen la misma residencia habitual, la relación entre ellos se rige por las leyes del Estado del que el menor sea nacional o por las leyes del Estado en el que tenga su residencia habitual, si fueran más favorables para él. La tutela y la custodia se rigen por las leyes del Estado en el que tenga su residencia habitual la persona sujeta a ellas. La relación entre la persona bajo tutela o custodia y el tutor o titular de la custodia se rige por las leyes que fueran aplicables cuando se estableció la tutela o custodia.

Última actualización: 17/10/2016

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Responsabilidad parental - Chequia

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El término «responsabilidad parental» está consagrado en el Código civil (Ley n.º 89/2012) y abarca una serie de derechos y obligaciones de los padres, que son en concreto:

  • el cuidado de los hijos, en particular, de su salud y de su desarrollo físico, intelectual, afectivo y moral;
  • la protección de los menores;
  • el mantenimiento del contacto personal con los menores;
  • la garantía de su crianza y educación;
  • la determinación de su lugar de residencia y
  • la representación de los menores y la administración de sus bienes.

La responsabilidad parental surge al nacer el niño y concluye cuando este alcanza la plena capacidad de obrar. La duración y el ámbito de la responsabilidad parental solo pueden ser modificados por un tribunal. La responsabilidad parental es ejercida por los padres atendiendo al interés del hijo. Antes de adoptar una decisión que afecte al interés del hijo, deben informarle de todo lo necesario para que pueda formarse su propia opinión al respecto y comunicársela a ellos, a menos que no esté capacitado para recibir adecuadamente la información, formarse su propia opinión o comunicársela. Los padres deben prestar especial atención a la opinión del hijo y tenerla en cuenta al decidir. La responsabilidad parental en lo que respecta a la persona del menor debe adecuarse, en lo que respecta al modo de ejercicio y al alcance, a su grado de desarrollo. Al adoptar cualquier decisión sobre la educación o el trabajo del menor, los padres deben tener en cuenta sus opiniones, aptitudes y capacidades.

Hasta que el menor adquiera la capacidad de obrar, sus padres están facultados para guiarle aplicando medidas educativas adecuadas a la evolución de sus aptitudes, incluida la imposición de restricciones para proteger su moral, su salud y sus derechos, así como los derechos de terceros y el orden público. El menor debe atenerse a estas medidas. Los recursos educativos deben ser adecuados a las circunstancias, no poner en peligro la salud del menor o su desarrollo y no perjudicar su dignidad humana.

Hay que tener claro que los menores que carecen de plena capacidad de obrar pueden realizar, no obstante, actos jurídicos adecuados a la madurez intelectual y afectiva propia de su edad. Los padres están obligados y facultados para representarles en los procedimientos judiciales para los que ellos no tengan capacidad. Los padres deben representarles conjuntamente, si bien pueden actuar por separado; en caso de actuación de uno de ellos en una cuestión que afecte a un hijo frente a terceros de buena fe, se entenderá que actúa con el consentimiento del otro progenitor. Ninguno de los progenitores puede representar a su hijo cuando eso provoque un conflicto de intereses entre los dos o entre los hermanos del mismo. En tal caso, el tribunal debe designar un tutor. Si en un procedimiento judicial los padres no se ponen de acuerdo sobre quién de ellos debe representar al menor, será el tribunal el que decida (a instancia de uno de ellos) quién y cómo le representará.

Los padres tienen la obligación y el derecho de administrar los bienes del menor con la diligencia debida. Deben administrar de forma segura los fondos que no se consideren necesarios para cubrir los gastos relacionados con los bienes del menor. Los padres actuarán como representantes del menor en los procedimientos judiciales relativos a partes concretas de sus bienes, salvo que ello dé lugar a un conflicto de intereses entre ellos o entre los hermanos del mismo. En tal caso, el tribunal designará un tutor. Si los padres incumplen la obligación de cuidar de los bienes del menor con la diligencia debida, deberán indemnizarle solidariamente por los daños y perjuicios. Si los padres no se ponen de acuerdo sobre aspectos esenciales relativos a la administración de los bienes del menor, será el tribunal el que decida a instancia de uno de ellos. Los padres necesitan la autorización judicial para los actos jurídicos relativos a bienes actuales o futuros de los menores o partes concretas de los mismos, a menos que se trate de cuestiones ordinarias o que, pese a ser excepcionales, se refieran a bienes de escaso valor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental incumbe al padre y a la madre, a menos que alguno de ellos haya sido privado de ella. Es irrelevante que los padres estén casados o no y que el menor haya nacido dentro o fuera del matrimonio.

Los padres ejercen la responsabilidad parental de mutuo acuerdo. En caso de que la demora en la toma de una decisión relativa al menor pueda resultar perjudicial, podrá decidir uno de los padres por sí solo, si bien deberá informar sin dilación al otro del estado de la cuestión. Si uno de los padres actúa en una cuestión que afecte al hijo frente a terceros de buena fe, se entenderá que actúa con el consentimiento del otro progenitor. Si los padres no se ponen de acuerdo sobre una cuestión importante para el menor, referida en particular a sus intereses, será el tribunal el que decida a instancia de cualquiera de ellos; lo mismo ocurrirá si uno de los padres excluye al otro de una decisión sobre una cuestión importante para aquel. Se consideran cuestiones importantes, en particular, las relativas a la determinación del lugar de residencia del menor y la elección de su educación o empleo, pero no cuestiones médicas ordinarias o trámites similares.

La responsabilidad parental puede ser suspendida judicialmente si los padres no pueden ejercerla por causas graves y se considera necesario para el interés del menor. Asimismo, puede ser judicialmente restringida o limitada en cuanto a su ejercicio o su alcance, determinándose el alcance de la restricción, si no es ejercida debidamente y lo exige el interés del menor. Puede ser privado judicialmente de la responsabilidad parental el progenitor que haga un uso indebido de ella o de su ejercicio, o que la descuide de forma grave. En caso de comisión de un delito doloso por un progenitor contra su hijo o de utilización de un hijo no responsable penalmente para cometer un delito, los tribunales evaluarán si concurren motivos para privarle de la responsabilidad parental.

En caso de fallecimiento o desconocimiento de uno de los padres, o de privación o suspensión de la responsabilidad parental en lo que a él respecta, será ejercida por el otro; lo mismo ocurrirá en caso de limitación judicial de la misma o de su ejercicio. En caso de que no tenga la plena responsabilidad parental ninguno de los padres, o de suspensión de la misma o de su ejercicio para ambos, o de que esté afectada de alguno de los modos anteriormente expuestos, los tribunales designarán un tutor del menor, que asumirá los derechos y las obligaciones de los padres o los ejercerá en su nombre. En caso de restricción de la responsabilidad parental o de su ejercicio, los tribunales designarán asimismo un tutor del menor.

En caso de adopción, los derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental se transfieren al adoptante en el momento en que surta efecto la adopción.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En caso de restricción judicial de la capacidad de obrar de uno de los padres, el tribunal decidirá también sobre su responsabilidad parental. En caso de paternidad de un menor que no haya adquirido aún la plena capacidad de obrar por declaración o por matrimonio, quedará suspendido el ejercicio de la responsabilidad parental por su parte hasta que la adquiera; ello no obstará al ejercicio de las obligaciones y derechos de cuidado del menor, a menos que un tribunal decida suspenderlo hasta la adquisición de la plena capacidad de obrar. En caso de restricción de la capacidad de obrar de uno de los padres, se suspenderá el ejercicio de la responsabilidad parental por su parte mientras esté vigente la restricción, a menos que un tribunal decida, en vista de sus características personales, que debe conservar el ejercicio de la obligación y el derecho de cuidado del hijo y de contacto personal con él.

Si ninguno de los padres puede ejercer la plena responsabilidad parental frente a su hijo, los tribunales designarán un tutor del menor. El tutor tiene fundamentalmente los mismos derechos y obligaciones de los padres frente al hijo, excepto las obligaciones de asistencia y de alimentos. En casos excepcionales, puede modificarse el ámbito de los derechos y obligaciones en función de la persona del tutor o la situación del menor, así como del motivo por el que los padres no tengan todos los derechos y obligaciones. El tutor debe tener plena capacidad de obrar y su modo de vida debe garantizar su capacidad para desempeñar debidamente su función. El tribunal puede designar como tutores a dos personas (normalmente, casadas). Si ello no es contrario al interés del niño, el tribunal designará como tutor a la persona indicada por los padres. El tribunal puede designar también como tutor a un pariente u otra persona cercana al menor o su familia, a menos que un progenitor lo excluya expresamente. En defecto de tal persona, el tribunal designará como tutor a otra persona adecuada. Si no puede designarse a una persona física como tutor del menor, el tribunal encomendará a un organismo público la protección social y jurídica del menor hasta la designación de otro tutor o hasta que este acepte tal función. El tutor está sujeto a supervisión judicial, debe elaborar una lista de los bienes al inicio y al final de su función y ha de presentar informes regulares al tribunal sobre el menor y su desarrollo y rendir cuentas de la administración de sus bienes. Las decisiones del tutor sobre asuntos no ordinarios deben ser autorizadas el tribunal.

Otra posibilidad es entregar al niño en acogida. La acogida es la custodia personal del menor por otra persona que, a diferencia de lo que ocurre en la adopción, no le acepta como propio. Al criar al niño, el progenitor de acogida ejerce los derechos y obligaciones de los padres en la medida razonable. Tiene la obligación y la facultad de decidir sobre las cuestiones cotidianas del menor, representarle en ellas y administrar sus bienes, y debe informar a sus padres sobre las cuestiones importantes. Si las circunstancias lo exigen, el tribunal determinará otras obligaciones y derechos de los padres de acogida. Los padres del menor conservarán sus derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental, incluido el derecho a mantener contacto personal regular y a ser informados sobre el menor, excepto los derechos y obligaciones que la ley asigne a los padres de acogida, a menos que el tribunal acuerde otra cosa por motivos justificados. El progenitor de acogida no tiene obligación de asistencia y de alimentos frente al menor.

El progenitor de acogida debe garantizar la debida custodia del menor, residir en la República Checa y aceptar la entrega del mismo en acogida. Normalmente, suele ser un pariente, pero puede ser también otra persona a quien un organismo público encargado de la protección social y jurídica del menor asigne la acogida (a tal efecto, los tribunales regionales mantienen registros de solicitantes aptos para ser padres de acogida). El tribunal puede entregar al niño en acogida de forma temporal (por ejemplo, durante la estancia del progenitor en un centro de tratamiento) o por tiempo indefinido. La acogida puede servir, por tanto, para cubrir una crisis familiar o para garantizar la custodia en un entorno familiar alternativo. Para reducir el número de niños entregados a instituciones o centros de tipo institucional, se da preferencia a la acogida sobre el acogimiento institucional. El progenitor de acogida recibe prestaciones de acogida del Estado (por ejemplo, una contribución para cubrir las necesidades del menor, una contribución al final del período de acogida, una remuneración por la acogida, etc.).

El Código civil regula también la custodia del menor por otra persona en caso de que no puedan ejercerla personalmente ni los padres ni un tutor. Este tipo de custodia no es una alternativa a la acogida ni a la asistencia previa a la adopción, y tiene preferencia sobre el acogimiento institucional del niño. El responsable de la custodia debe garantizar la debida custodia del menor, residir en la República Checa y aceptar la entrega del niño bajo su cuidado personal. Sus obligaciones y derechos serán los establecidos por el tribunal y, en su defecto, los previstos en la normativa sobre acogida.

Para la gestión de los asuntos del menor, salvo en lo que concierna al estado civil, los padres, al igual que los representantes legales, pueden firmar un acuerdo de representación por un experto u otra persona adecuada. En tal caso, no resultará afectada la representación legal del menor por parte de los padres. En caso de desacuerdo entre los representantes legales y los contractuales, decidirá el juez en función del interés del menor.

Si la crianza del menor o su estado físico, intelectual o mental y su correcto desarrollo se ven amenazados o perturbados en tal grado que resulte contrario a sus intereses, así como en caso de que existan motivos graves por los que los padres no pueden encargarse de la crianza, el tribunal puede entregar al niño en acogimiento a una institución como medida necesaria. Así lo hará, en particular, si las medidas anteriores no surten efecto. En caso de acogimiento, el tribunal considerará siempre si es adecuado dar preferencia a la custodia por una persona física. Podrá acordarse el acogimiento en una institución por un período máximo de tres años, prorrogable (repetidamente) si persisten los motivos iniciales (siempre por un máximo de tres años). Si desaparecen los motivos por los que se acordó o puede establecerse otro régimen de custodia del menor, el tribunal cancelará sin demora el acogimiento en la institución y decidirá a quién se encomienda el menor, atendiendo a las circunstancias.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Es condición esencial para el divorcio de los padres que haya una resolución judicial sobre la custodia del menor. Al adoptarla, el tribunal considerará el interés del menor y sólo se apartará de lo acordado por los padres si lo considera necesario para dicho interés. El tribunal puede dejar al menor bajo la custodia de uno de los padres, o bajo custodia compartida o custodia conjunta, así como bajo la custodia de otra persona si lo considera necesario para su interés. Para todo ello ha de tener en cuenta la personalidad del menor y, en particular, sus capacidades en relación con las posibilidades de desarrollo, el estilo de vida de sus padres, la orientación emocional y los antecedentes del propio menor, la capacidad de los padres para criarle, la estabilidad actual y previsible del entorno educativo en el que vaya a vivir y sus vínculos afectivos con sus hermanos, abuelos y otros parientes o personas. Ha de tener en consideración asimismo cuál de los padres le ha cuidado y ha dirigido adecuadamente su educación afectiva, intelectual y moral, así como cuál de ellos ofrece mejores oportunidades de desarrollo saludable y positivo. Ha de atender igualmente al derecho del menor a ser cuidado por ambos padres y a mantener contacto regular con ellos, así como al derecho del progenitor a quien no se adjudique su custodia a tener información regular sobre él y a acordar con el otro su crianza. En todo caso, el tribunal puede aprobar también el acuerdo al que hayan llegado los padres al respecto, a menos que resulte claro que el método convenido de ejercicio de la responsabilidad parental no se ajusta al interés del menor.

Si los padres del menor que no goza de plena capacidad de obrar no conviven y no pueden ponerse de acuerdo sobre el régimen de su custodia, lo decidirá el tribunal sin necesidad de solicitud previa, siguiendo reglas similares a las previstas para el caso de divorcio de los padres.

Ambos progenitores, el que tenga la custodia del menor y el otro, deben decidir conjuntamente el contacto que mantendrá este último con él. Si no llegan a un acuerdo o el interés de la crianza del menor y las relaciones familiares lo exigen, será el tribunal el que regule ese contacto. En casos justificados, el tribunal puede determinar el lugar de contacto. Si lo requiere el interés del menor, el tribunal puede restringir o prohibir el derecho de un progenitor al contacto personal con él.

Si cambian las circunstancias, el tribunal modificará la resolución sobre el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados de la responsabilidad parental, sin necesidad de solicitud previa.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

En caso de divorcio de los padres, el acuerdo entre estos sobre el método de ejercicio de la responsabilidad parental regulará cómo cuida al menor cada uno de ellos, así como el contacto con él. El acuerdo entre los padres está sujeto a la aprobación del tribunal, el cual la concederá a menos que resulte claro que el método convenido no se ajusta al interés del menor. Lo mismo es de aplicación al acuerdo entre los padres si no conviven.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Para proteger el interés del menor, el tribunal, durante el procedimiento sobre su custodia, orientará a los padres para encontrar una solución conciliatoria. El tribunal puede obligarles a acudir a reuniones extrajudiciales de conciliación o mediación, o a seguir una terapia familiar durante un máximo de 3 meses, o a asistir a reuniones con un psicólogo infantil.

También puede recurrirse a los servicios de centros de asesoramiento matrimonial y familiar con psicólogos y trabajadores sociales cualificados.

Además, los organismos responsables de la protección social y jurídica de los menores pueden persuadir o informar al progenitor que no respete los derechos del niño o del otro progenitor (por ejemplo, a la custodia o al contacto regular) sobre la legislación y las consecuencias de su comportamiento, así como imponer a ambos la obligación de acudir a un asesoramiento especializado si no pueden resolver los problemas de la crianza del menor, en particular en caso de conflicto sobre la modificación del régimen de crianza o el régimen de visitas.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Siempre que se cumplan las condiciones establecidas, el tribunal puede decidir, a solicitud de los padres, sobre las siguientes cuestiones relativas a sus relaciones con los hijos:

  1. derechos de carácter personal (a decidir el nombre y apellido del menor o a autorizar su adopción),
  1. custodia y régimen de contactos con el menor,
  1. formas alternativas de custodia (tutela, custodia por otra persona, acogida familiar o acogimiento en institución),
  1. obligación de alimentos,
  1. representación y administración de los bienes del menor y autorización de sus actos jurídicos,
  1. asuntos importantes para el menor sobre los cuales los padres no consigan ponerse de acuerdo (se consideran tales, en particular, la determinación del lugar de residencia del niño y la elección de su educación o empleo, pero no cuestiones médicas ordinarias u otros trámites similares).

Más habitualmente, el tribunal decidirá a quién confía el niño y el régimen de contactos y de alimentos.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

La custodia del menor es solo una parte de las obligaciones y derechos incluidos en la responsabilidad parental. Si el progenitor a quien no se ha confiado la custodia del menor no ha sido privado de su responsabilidad parental ni se ha restringido o suspendido esta, continúa ejerciéndola en relación con los demás aspectos de la misma y no pierde el derecho a decidir sobre cuestiones importantes del menor. La responsabilidad parental es ejercida por los padres de mutuo acuerdo y atendiendo al interés del menor. Si la omisión de la adopción de una decisión relativa al menor implica riesgos, podrá tomar la decisión o autorizarla por sí solo cualquiera de los padres, informando sin dilación al otro del estado de la cuestión.

Si los padres no se ponen de acuerdo sobre una cuestión importante para el menor, en particular con respecto a sus intereses, el tribunal resolverá a instancia de cualquiera de ellos; lo mismo ocurrirá si uno de los padres excluye al otro de una decisión sobre una cuestión importante para el menor. El tribunal resolverá también sobre la solicitud presentada por uno de los padres en caso de que no consigan ponerse de acuerdo sobre cuál de ellos representará al menor en un procedimiento judicial o en cuestiones importantes relativas a la administración de sus bienes.

Los padres deben informarse mutuamente de todo lo importante en relación con el menor y sus intereses.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

El Código civil distingue entre la custodia por uno de los padres, la custodia compartida o conjunta y la custodia por un tercero. El tribunal decidirá entre estas tres posibilidades atendiendo al interés del menor. El tribunal puede abstenerse de decidir la custodia compartida o conjunta si los padres son capaces de comunicarse y cooperar.

Custodia conjunta (crianza conjunta)

En este régimen, no se confía al menor a ninguno de los padres en particular. En la práctica, es la situación que se produce cuando uno de los padres puede atender las necesidades educativas del menor y el otro sus actividades deportivas, los estudios de idiomas u otras actividades extracurriculares. Ambos padres comparten la asistencia sanitaria y las necesidades materiales del menor (alimentación, limpieza, vestido, etc.). La custodia conjunta es preciso que sea aceptada por ambos padres.

Custodia compartida (crianza alterna)

El menor queda alternativamente bajo la custodia de uno de los padres durante un período determinado. El tribunal determina cómo se ejercen los derechos y obligaciones durante estos períodos.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Puede presentarse la demanda correspondiente ante el tribunal de distrito (en Praga; en Brno, ante el tribunal municipal) competente por el lugar de residencia del menor o, si no tiene dirección permanente, por el lugar de su residencia de hecho. En los asuntos relativos a menores, el tribunal puede pronunciarse también sin necesidad de demanda previa.

Los requisitos de la demanda dependen del tipo de esta. En cualquier caso, es necesario siempre indicar el nombre, apellido y dirección del demandante, el número de identidad suyo y de sus representantes, la descripción de los hechos básicos, la indicación de las pruebas en que se basa el demandante y una descripción clara de lo que pide al tribunal.

Deben adjuntarse a la demanda todos los documentos importantes sobre el asunto, como el certificado de nacimiento y de matrimonio, las resoluciones judiciales previas sobre el menor, etc. La demanda debe presentarse en papel, con las copias precisas para que una quede en el tribunal y se entregue otra a cada interviniente, si es preciso.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

El tribunal puede iniciar un procedimiento en materia de custodia de un menor sin necesidad de demanda.

Como cuestión prejudicial, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, el tribunal puede decidir, en caso de que sea necesario para regular provisionalmente las relaciones de los progenitores o de que haya dudas sobre la ejecución de una resolución judicial, imponer a uno de ellos el pago de una pensión alimenticia o confiar al menor a la custodia de uno de ellos o de otra persona. Este tipo de resolución suele adoptarse a instancia de parte; no obstante, en caso de que se inicie de oficio un procedimiento sobre el fondo del asunto (por tanto, también sobre la custodia de un menor por el tribunal), puede también adoptarse una cuestión prejudicial sin solicitud previa. El tribunal competente para la cuestión prejudicial es el competente sobre el fondo, a menos que la ley establezca otra cosa. La solicitud de inicio de una cuestión prejudicial debe contener los requisitos establecidos en el artículo 42.4 y el artículo 75 de la Ley de enjuiciamiento civil (Ley 99/1963, con sus modificaciones), en particular: información sobre el tribunal competente para examinar la solicitud; quién la formula y a qué se refiere, con una descripción de los hechos que la justifican; qué quiere lograrse con ella, describiendo la resolución judicial que se pretende; una descripción de por qué es necesario regular provisionalmente las relaciones de las partes o por qué hay dudas sobre la ejecución de una decisión judicial, así como la fecha de la solicitud y la firma del solicitante o su representante. Deben adjuntarse a la solicitud los documentos a que se haga referencia. En términos generales, en las cuestiones prejudiciales, para garantizar la posible indemnización de los daños y perjuicios por la medida solicitada, el solicitante debe depositar al menos el mismo día en que presente la solicitud una fianza en la cantidad determinada. La fianza, sin embargo, no es necesaria en materia de alimentos de los hijos o de medidas que el tribunal pueda imponer de oficio. El tribunal debe resolver sobre la solicitud sin demora. Si no hay riesgo inmediato, la resolución debe tomarse en el plazo de 7 días desde la presentación de la solicitud. El tribunal resolverá sin audiencia de las partes. En su resolución, el tribunal indicará al solicitante que debe presentar la demanda correspondiente en el plazo que señale. También puede determinar que la medida adoptada en la cuestión prejudicial solo tenga una determinada duración.

La Ley de procedimientos judiciales especiales (Ley 292/2013, con sus modificaciones) regula una cuestión prejudicial especial en caso de que un menor se halle en situación de descuido, independientemente de que exista o no una persona con derecho a la custodia, o de que se vean perturbados o amenazados su vida o su desarrollo normal u otras cuestiones importantes. En tal caso, el tribunal, en cuestión prejudicial iniciada a solicitud de un organismo competente para la protección social y jurídica del menor, regulará las relaciones de este durante un plazo básico, ordenando que se le coloque en un entorno adecuado que determine. De este modo, es posible entregar en acogida al menor durante el tiempo en que el progenitor no puede cuidarle por causas graves y, transcurrido ese tiempo, entregarle en acogida previa a la adopción o resolver que no es preciso el consentimiento de los padres para la adopción. El tribunal decidirá sobre la solicitud de cuestión prejudicial sin demora, en el plazo máximo de 24 horas desde su presentación. La resolución se ejecutará inmediatamente en cooperación judicial con las autoridades competentes.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

De acuerdo con la Ley de tasas judiciales (Ley 549/1991, con sus modificaciones), los procedimientos de guarda y custodia de menores están exentos de tasas. Por tanto, el demandante no está obligado a pagarlas.

En ciertos casos es posible designar un representante legal gratuitamente o a un coste reducido. El tribunal designará un representante a solicitud de una parte respecto a la cual pueda preverse que el tribunal la eximirá total o parcialmente de tasas, si es preciso para proteger sus intereses. Si es preciso a tal fin, se le asignará un abogado. La designación de un representante debe estar justificada por la situación de la parte en cuestión (en la práctica, puede ser por circunstancias económicas adversas o por una situación social adversa, aunque siempre teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso) y no debe haber un ejercicio o protección de derechos arbitrario o manifiestamente ineficaz.

La Ley sobre prestación de asistencia jurídica gratuita en conflictos transfronterizos en la Unión Europea (Ley 629/2004, con sus modificaciones) regula el acceso a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales en un Estado miembro de la UE en que intervenga una persona física residente en otro Estado miembro. La asistencia está relacionada con el procedimiento judicial en las fases de juicio y ejecución.

La Ley sobre el ejercicio de la abogacía (Ley 85/1996) determina las condiciones en las que se puede solicitar la designación gratuita de un abogado directamente por el Colegio de Abogados checo.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, es posible recurrir una resolución sobre la responsabilidad parental. Los tribunales de distrito son los de primera instancia en los casos en que estén en juego los derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental. Contra sus resoluciones cabe recurso ante los tribunales regionales (o ante el municipal de Praga), que debe interponerse en el plazo de 15 días desde la recepción de la resolución escrita, salvo que haya prohibición legal (por ejemplo, no son recurribles las resoluciones por las que se aprueba el acuerdo de custodia de los hijos entre los padres). Se considera presentado un recurso dentro de plazo, aunque haya transcurrido el período de quince días, si el recurrente seguía información incorrecta del tribunal de recurso.

Debe señalarse que algunas resoluciones son provisionalmente ejecutables, por lo que pueden ejecutarse aunque se hayan recurrido. Es lo que ocurre con las resoluciones que impongan el cumplimiento de obligaciones de alimentos o prorroguen la duración de una medida educativa por la que se retire provisionalmente la custodia a los padres o a otra persona.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

En la República Checa, hay que solicitar ante los tribunales la ejecución de las resoluciones sobre custodia de los menores. El procedimiento de ejecución está sujeto a la Ley de procedimientos judiciales especiales (Ley 292/2013, con sus modificaciones).

El tribunal competente es el tribunal de distrito (en Praga; en Brno, el tribunal municipal) que sea competente por razón del lugar de residencia del menor en virtud de acuerdo de los padres, resolución judicial u otros hechos decisivos. La demanda de ejecución debe incluir toda la información precisa (el titular del derecho y los obligados, el alcance y contenido de la obligación y el plazo de cumplimiento y la especificación del título ejecutivo (la resolución que se ejecuta).

Antes de ordenar la ejecución de una resolución, el tribunal, si aprecia razones especiales para ello o si el obligado no fue informado de las consecuencias del incumplimiento de su obligación, puede requerirle el cumplimiento de la resolución o acuerdo e informarle de las posibilidades de ejecución de la misma y la imposición de multas o la retirada de la custodia. El tribunal puede solicitar también al organismo competente para la protección social y jurídica del menor que instruya al obligado para que cumpla su obligación sin necesidad de ordenar la ejecución.

Si el obligado no cumple su obligación tras el requerimiento judicial, el tribunal acordará la ejecución de la resolución y la imposición de una multa, en su caso de forma reiterada. La multa no puede exceder de 50 000 CZK. Otras medidas que puede acordar el tribunal son la celebración de una reunión con un mediador o con un experto en psicología infantil o la aprobación de un régimen de aclimatación para facilitar el contacto gradual entre el niño y la persona con derecho a mantener contacto con él.

Si pese a la ejecución de las medidas indicadas no se cumplen las obligaciones o se aprecia claramente que no se logrará por esta vía su cumplimiento, el tribunal acordará excepcionalmente la ejecución de la resolución de retirar al niño de la persona con quien no debe estar. Esa resolución se notificará al obligado durante la ejecución.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones sobre responsabilidad parental adoptadas por los tribunales de los Estados miembros de la UE se reconocen en la República Checa con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 («Reglamento n.º 2201/2003»), sin necesidad de un procedimiento especial. No obstante, cualquier interesado puede solicitar a un tribunal el reconocimiento o no reconocimiento de la resolución de que se trate. En la República Checa, son competentes para conocer de estos procedimientos en primera instancia los tribunales de distrito (en Praga; en Brno, el tribunal municipal). El tribunal de distrito competente es el general del demandante o el del distrito en que se hayan producido o puedan producirse los hechos objeto de reconocimiento.

Antes de ejecutar en la República Checa una resolución en materia de responsabilidad parental dictada en otro Estado miembro, ha de declararse ejecutable en un procedimiento especial previsto en el citado Reglamento n.º 2201/2003. La solicitud de declaración de ejecutoriedad debe presentarse en el tribunal de distrito competentes (en Praga; en Brno, el tribunal municipal). La competencia local se determina con arreglo al Reglamento n.º 2201/2003 en función del lugar de residencia habitual de la persona contra quien se solicita la ejecución o del menor; si estos lugares no se hallan en el Estado miembro de ejecución, la competencia local se determinará por el lugar de ejecución de la decisión.

Las resoluciones sobre el derecho de contacto con el niño o por las que se ordene su restitución con arreglo al artículo 11, apartado 8, del Reglamento 2201/2003 tendrán, conforme a los artículos 41 y 42, fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento si ha sido certificada en el Estado miembro de origen utilizando el modelo normalizado incluido en el anexo del Reglamento.

A la solicitud de reconocimiento o no reconocimiento de una resolución y a la declaración de ejecución ha de adjuntarse una copia de la resolución que cumpla los requisitos precisos para el reconocimiento de su autenticidad (por ejemplo, un duplicado o copia certificada) y la certificación prevista en el artículo 39 expedida por la autoridad competente del Estado miembro en el que se dictó la resolución, en el modelo normalizado incluido en el anexo del Reglamento. En caso de sentencia en rebeldía, hay que presentar también el original o copia certificada del documento que confirme que la parte en cuestión no compareció en el procedimiento, la demanda de inicio del procedimiento u otro documento similar o cualquier documento que indique que el demandado ha aceptado la sentencia inequívocamente. Si no se presenta la certificación o el documento requerido en el caso de sentencia en rebeldía, se aplicará lo previsto en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003.

Cumpliendo los requisitos establecidos en el citado Reglamento, el procedimiento de ejecución de una resolución en materia de responsabilidad parental de un Estado miembro de la UE es el mismo que el de ejecución de resoluciones nacionales. Véase más información en la pregunta anterior.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

El recurso contra una resolución judicial se presenta ante el tribunal que la dictó y es resuelto por el tribunal superior.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

En los procedimientos relativos a materias de responsabilidad parental, la ley aplicable se determina con arreglo al Convenio de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños Sobre ese convenio prevalecen los convenios internacionales bilaterales a los que esté sujeta la República Checa en relación con otros Estados, a menos que se haya realizado una declaración conforme al artículo 52.1 del mismo (así se hizo en relación con un acuerdo bilateral mutuo entre la República Checa y Polonia que garantiza la prevalencia del Convenio de 1996).

Última actualización: 06/03/2019

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Responsabilidad parental - Grecia

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental es un derecho y una obligación de los padres. Abarca el cuidado del hijo menor de edad, la administración de sus bienes, así como su representación en cualquier asunto, transacción o juicio relacionado con su persona o sus bienes. Así pues, la responsabilidad parental garantiza la protección de los derechos personales y de los bienes del menor.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental es ejercida por los padres de forma conjunta. Cualquier decisión de los padres en relación con el ejercicio de la misma se debe tomar teniendo en cuenta los intereses del hijo.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Si uno de los padres se ve en la imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental por razones prácticas (por ejemplo, hospitalización o encarcelamiento), seguirá siendo titular de la misma, pero su ejercicio pasará exclusivamente al otro progenitor.

Si ambos progenitores se ven en la imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental, al hijo menor de edad se le asignará un tutor; los padres serán titulares de la responsabilidad parental, pero no podrán ejercerla.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En caso de divorcio o separación, y siempre que ambos progenitores estén vivos, serán los tribunales los que decidan sobre la responsabilidad parental. Puede concederse a uno de los dos o a ambos de forma conjunta, en caso de que estén de acuerdo y fijen simultáneamente el lugar de residencia del hijo. En todo caso, el órgano jurisdiccional puede decidir lo contrario y, en concreto, dividir el ejercicio de la responsabilidad parental entre los dos progenitores o encomendárselo a un tercero.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

En los casos en que corresponda al órgano jurisdiccional determinar el ejercicio de la responsabilidad parental, por ejemplo por divorcio o separación, deberá tener en cuenta los acuerdos a que puedan haber llegado los progenitores, aunque estos no tendrán carácter vinculante para aquel. Los acuerdos de este tipo no están sujetos a ningún trámite concreto, salvo el requisito de ser legalmente notificados al órgano jurisdiccional. El curso habitual consiste en presentar un documento redactado por las partes interesadas en el que se recoja el acuerdo. Así se prevé de forma explícita para el caso de divorcio de mutuo acuerdo cuando hay hijos menores de edad, ya que entonces se debe presentar al órgano jurisdiccional un acuerdo por escrito en el que se recoja la modalidad de custodia de los hijos y el régimen de contacto con estos.

En todos los demás aspectos, los progenitores pueden decidir de manera informal sobre el ejercicio de la responsabilidad parental, sin necesidad de ningún trámite ni procedimiento formal, repartiéndose su ejercicio práctico de forma que en unos aspectos sea ejercida por uno de ellos y en los demás por el otro: por ejemplo, uno de los progenitores puede tener la custodia del hijo y el otro administrar sus bienes y representar sus intereses.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

Si los padres no llegan a un acuerdo sobre el ejercicio de la responsabilidad parental y se requiere una decisión en interés del menor, corresponderá tomarla a los tribunales. Un medio alternativo de resolución de conflictos es la mediación.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Si los padres no se ponen de acuerdo sobre una cuestión concreta en el ejercicio de su responsabilidad parental y plantean el caso a los tribunales, estos solo podrán decidir sobre ella. Puede tratarse de cualquier cuestión surgida en el ejercicio de la responsabilidad parental sobre la que haya desacuerdo entre los progenitores, en cuyo caso la resolución judicial deberá tener en cuenta los intereses del hijo. Puede tratarse de una cuestión objetivamente grave, como la elección del nombre de pila o la realización de una intervención quirúrgica, o bien de una cuestión objetivamente poco importante a la que, sin embargo, los padres conceden relevancia suficiente para llevarla a los tribunales.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Sí, en principio, siempre que la cuestión encaje dentro del alcance de las facultades de custodia concedidas. En todo caso, los padres pueden decidir en todo momento no seguir la resolución del órgano jurisdiccional por la que se conceda a uno de ellos la custodia exclusiva: pueden llegar a un acuerdo distinto, en virtud del cual se permita al otro progenitor participar en la custodia, siempre que este acuerdo favorezca a los intereses del menor.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Significa que las decisiones sobre el cuidado del hijo deben ser tomadas conjuntamente por los padres.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El órgano jurisdiccional competente es siempre el juzgado de primera instancia (μονομελές πρωτοδικείο). Las demandas se deben presentar ante él y notificarse a la parte demandada; hay que acompañar los documentos probatorios.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

El juzgado de primera instancia sigue el procedimiento especial que se establece en el artículo 681, letras B) y C), del Código de enjuiciamiento civil. El procedimiento sigue el modelo previsto para los procedimientos laborales, a fin de acelerar el trámite de audiencia. Debido al carácter fundamentalmente personal de los conflictos en materia de responsabilidad parental, también resultan de aplicación determinadas disposiciones del procedimiento previsto para los asuntos de Derecho matrimonial, así como del procedimiento establecido para la jurisdicción voluntaria en lo que respecta al órgano responsable de la investigación y a la obtención de pruebas de oficio por el juzgado. No obstante, cuando los conflictos en materia de ejercicio de la responsabilidad parental están ligados a alguna de las situaciones recogidas en el artículo 592, apartado 1, del Código de enjuiciamiento civil (divorcio y anulación del matrimonio) o en el artículo 614, apartado 1, del mismo Código (determinación de la paternidad), el procedimiento que debe seguirse es el contemplado en los artículos 598‑612 y 616‑622. El juzgado puede adoptar medidas provisionales (ασφαλιστικά μέτρα) en casos de urgencia y, cuando proceda, medidas cautelares (προσωρινή διαταγή).

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Sí, de conformidad con las condiciones generales aplicables a la asistencia jurídica gratuita.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Las sentencias sobre responsabilidad parental se pueden revocar o modificar cuando se produzca un cambio de las circunstancias que llevaron al juzgado a resolver. En los demás casos, puede interponerse contra ellas recurso de apelación por cuestiones de hecho o de derecho (έφεση), recurso de casación por cuestiones de derecho (αναίρεση), recurso de reposición (ανακοπή ερημοδικίας) o recurso de revisión (αναψηλάφηση)), de acuerdo con los requisitos habituales.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Las sentencias sobre responsabilidad parental son directamente ejecutables, en virtud del artículo 950 del Código de enjuiciamiento procesal, si imponen obligaciones, es decir, si no se limitan a resolver la cuestión de la responsabilidad parental o la custodia del menor, o el régimen de contacto con él, sino que ordenan también por ejemplo, su restitución o regreso, o determinan el régimen de contacto, o prohíben a las partes emprender cualquier acción en contrario. En particular, a) las sentencias que ordenan la restitución o el regreso del hijo obligan al progenitor que lo tenga consigo a actuar de conformidad con lo decidido por el juzgado y, en caso de incumplimiento, pueden imponer automáticamente una sanción económica de hasta 50 000 EUR, cantidad que se entregará al demandante que solicite la restitución o regreso del hijo, o una pena de privación de libertad por un periodo máximo de un año, o bien ambas cosas (ejecución indirecta (έμμεση εκτέλεση)); y b) en caso de obstaculización del derecho de contacto de un progenitor sobre el hijo, las sentencias que establezcan el régimen pertinente pueden advertir al causante de la posible imposición de una sanción económica y de una pena de privación de libertad (ejecución complementaria (αναπληρωματική εκτέλεση)).

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las sentencias sobre responsabilidad parental dictadas en otros Estados miembros son reconocidas automáticamente por las autoridades administrativas griegas sin necesidad de ningún otro trámite. Los órganos jurisdiccionales griegos tienen competencia para decidir sobre la validez de una sentencia extranjera o sobre una solicitud de reconocimiento de una sentencia extranjera, sin un examen previo de la jurisdicción del Estado miembro de origen. Cuando se pretende obtener el reconocimiento en Grecia, los órganos jurisdiccionales griegos pueden denegar el reconocimiento de una sentencia sobre responsabilidad parental en los casos siguientes: a) cuando sea contraria a la política pública nacional, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo; o b) cuando sea irreconciliable con una sentencia posterior sobre responsabilidad parental dictada por un órgano jurisdiccional griego. Por otra parte, cuando son competentes en virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 por razón del lugar de residencia del hijo, los órganos jurisdiccionales griegos, en calidad de tribunales del Estado miembro en el que se pretende obtener el reconocimiento, pueden resolver la cuestión de la responsabilidad parental en sentido diferente, tomando su propia decisión posterior sobre el caso, sin un examen previo de la jurisdicción del Estado miembro de origen ni de la naturaleza vinculante de su sentencia (si, por ejemplo, es recurrible).

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

En los casos anteriormente descritos, el órgano jurisdiccional competente es el juzgado de primera instancia, que seguirá el procedimiento que proceda según el tipo de conflicto.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Las relaciones entre padres e hijos están reguladas por las normas siguientes, por orden de precedencia: 1) el Derecho de su última nacionalidad común; 2) el Derecho de su última residencia habitual común; 3) el Derecho de la nacionalidad del hijo.

Última actualización: 21/10/2016

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Responsabilidad parental - España

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

La responsabilidad parental se suele denominar en el Derecho español “patria potestad”. La constituyen los derechos y deberes que tienen las personas físicas, normalmente los progenitores, o jurídicas, a las que se encomienda la protección sobre la persona y la propiedad del menor por ministerio de la ley o por resolución judicial.

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica. Comprende los siguientes deberes y facultades:

1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

2.º Representarlos y administrar sus bienes.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

La responsabilidad parental sobre los menores la tienen los progenitores.

En los supuestos de separación, divorcio, ruptura o no convivencia de los progenitores el conjunto de derechos y deberes sobre los menores, su persona y sus bienes la tienen ambos progenitores, salvo supuestos excepcionales.

Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquél con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

En Derecho español se pueden nombrar otros familiares, personas o instituciones, siempre bajo supervisión judicial, para que puedan ejercer la responsabilidad parental sobre los menores, en caso de incumplimiento o inadecuado ejercicio por parte de los padres de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

Si los padres se divorcian o se separan la responsabilidad parental se puede determinar:

  • A propuesta de ambos padres en un Convenio Regulador, que deberá ser aprobado judicialmente.
  • Por decisión judicial en los procedimientos contenciosos

La responsabilidad parental como institución protectora del menor corresponde a ambos padres.

Las modalidades en cuanto a la guarda y custodia de los menores podemos resumirlas:

  • La atribución a uno solo de los progenitores. Normalmente se concede al progenitor no custodio un régimen de visitas.
  • Una atribución conjunta, alternando los periodos en que los menores están con uno y otro padre.
  • Excepcionalmente por las circunstancias que concurren y en interés del menor se puede atribuir por resolución judicial a otra persona, a propuesta de los propios padres o directamente por el Juez.

En los supuestos en que tiene atribuida la tutela del menor la Administración, se mantiene la situación, y no se atribuye a ninguno de los progenitores su custodia.

El régimen concreto de guarda se decide caso por caso en función del interés de los menores

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres que llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de la responsabilidad parental han de presentar firmado un Convenio Regulador con todos los acuerdos, debiendo constar, además de otras medidas, expresamente:

  • La guarda y custodia del menor.
  • El régimen de visitas con los padres.
  • El ejercicio de la responsabilidad parental.
  • El uso del domicilio familiar.
  • La pensión de alimentos para el menor.

El Convenio Regulador se presenta con la demanda en el Juzgado de primera Instancia competente, se ha de ratificar en el Juzgado por los padres. Se oirá a los menores cuando se estime necesario de ofcio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Tras recabar el criterio del Ministerio Fiscal, el Juez valora los acuerdos.

Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio, serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos. Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que éstos presten su consentimiento.

La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del juez una nueva propuesta para su aprobación, si procede.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La medida alternativa por excelencia a la resolución judicial, para llegar a un acuerdo entre las partes, la constituye la Mediación Familiar.

Para que tengan fuerza ejecutiva los Acuerdos que se adopten siempre tienen que estar aprobados en la resolución judicial.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

En la resolución judicial el Juez siempre ha de resolver las siguientes medidas en interés de los hijos menores, procurando no separar a los hermanos, y tras oírles si tienen suficiente juicio:

  • Las medidas judiciales sobre la custodia, y el cuidado, otorgándolo a uno u otro padre, o a ambos, y la educación.
  • El régimen de visitas, indicando el tiempo. modo y lugar en que los progenitores  se podrán comunicar con los hijos y tenerlos en su compañía.
  • Excepcionalmente este derecho de visitas se puede tener que limitar o suspender si concurren circunstancias graves, o se incumplen grave y reiteradamente los deberes por alguno de los padres.
  • Atribución de la patria potestad, y si hubiera causa para ello y conviene a los hijos sobre su ejercicio total o parcial por uno de los padres, e incluso sobre la privación de la misma si se revela causa para ello.
  • La pensión de alimentos que se ha de abonar por cada progenitor para satisfacer las necesidades del hijo, teniendo en cuenta las circunstancias económicas que concurren adoptando las medidas necesarias para asegurar su efectividad .
  • La atribución del uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario, en los casos en que no hay acuerdo entre los padres, teniendo preferencia  el cónyuge a quien se atribuye la custodia de  los hijos menores.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

La patria potestad, como norma general, les corresponde a los dos progenitores. Por tanto, la facultad de decidir y resolver sobre todas las cuestiones que afectan a un menor es de ambos padres, aunque solo uno de ellos tenga atribuida su custodia.

En caso de existir desacuerdo entre los progenitores en las decisiones que se pueden o deben adoptar sobre el hijo menor, las cuales pueden ser relativas a temas escolares y de educación como elegir el colegio o las actividades extraescolares, de atención sanitaria al elegir un médico, de formación personal al elegir el nombre o su formación religiosa, o de elección de lugar o país donde vivan los menores, etc. y no ser posible el acuerdo conjunto, cualquiera de los padres puede acudir al Juzgado para que se resuelva la controversia.

El Juez después de oír a ambos y al hijo, si tuviera juicio suficiente, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuir a uno de los padres total o parcialmente la facultad de decidir, o incluso distribuir entre ellos sus funciones. Todas estas medidas se pueden adoptar por un plazo máximo de dos años.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

En los supuestos en que la guarda de un menor se atribuya de manera conjunta a ambos padres, en la práctica se alterna el cuidado diario y la atención directa del menor por cada progenitor, por unos periodos previamente determinados. La forma de ejercer la custodia compartida puede variar, siendo habituales las estancias semanales o la distribución de los días de la semana alternándose los progenitores los fines de semana.

También supone un reparto de todos los periodos vacacionales entre ambos padres.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

En los procedimientos matrimoniales de separación o divorcio de mutuo acuerdo es competente el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio común del matrimonio, o el de cualquiera de los solicitantes.

En los procesos contenciosos matrimoniales es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal, en el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales elección del demandante el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del actor.

En los procesos que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia y alimentos de los hijos menores en que no hay matrimonio entre los padres es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores, y en el caso de residir en distintos partidos judiciales a elección del demandante el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor.

A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio, y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Regsitro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges, y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Los procedimientos aplicables en estos casos son los siguientes:

En los supuestos en que existe un acuerdo entre las partes el procedimiento de mutuo acuerdo previsto en el art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la separación, el divorcio, y la adopción de medidas definitivas sobre guarda y custodia y alimentos de hijos menores, cuando no hay matrimonio.

Cuando no existe acuerdo entre las partes el procedimiento contencioso, regulado en los arts. 770 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicable también para los procesos familiares y de menores, cuando no existe matrimonio entre los padres.

En los supuestos de urgencia se pueden solicitar la adopción de medidas por los siguientes procedimientos:

Medidas provisionales previas a la interposición de la demanda de nulidad, separación, divorcio o en los procesos que versan sobre guarda y custodia de hijos menores y alimentos. Está regulado en el art.771 y 772 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se prevé expresamente que si existieran razones de urgencia se puedan adoptar las medidas en la primera resolución que se dicta, con carácter inmediato.

Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda del procedimiento matrimonial o de menores, como en los supuestos anteriores. Está previsto en el art. 773 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Se pueden obtener los beneficios de la justicia gratuita total o parcial, siempre que se acredite que se reúnen los requisitos para tener derecho a ello, conforme a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. (Ver “Justicia Gratuita - España”).

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Para saber qué resoluciones son apelables hay que distinguir entre todas las que se pueden dictar en esta materia de responsabilidad parental, así, tenemos:

  • Todas las resoluciones de los procedimientos contenciosos se pueden apelar a la Audiencia Provincial.
  • Las resoluciones de los procedimientos de mutuo acuerdo solo se pueden apelar, ante la Audiencia provincial, cuando se acuerde alguna medida que se aparte de los términos del Convenio Regulador.

Contra las resoluciones de las Medidas Provisionales Previas, o de Medidas Provisionales, o resolviendo sobre el ejercicio de la patria potestad no está previsto en la ley ningún recurso.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

En los casos en que no se cumplen voluntariamente las resoluciones judiciales sobre responsabilidad parental, se puede acudir al mismo Juzgado de Primera Instancia que las acordó, presentando una demanda ejecutiva para que se despache la ejecución forzosa de la medida o medidas incumplidas.

Se identificara la sentencia o resolución cuyo cumplimiento se pretende y la persona contra la que se pretende que se despache la ejecución.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones dictadas en un Estado Miembro sobre el ejercicio de la responsabilidad parental en procedimientos matrimoniales respecto de un hijo común, que fueran ejecutivas en dicho Estado Miembro y que hubieran sido notificadas, se reconocerán en España a solicitud de cualquiera de las partes interesadas sin necesidad de procedimiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Para solicitar la ejecución se ha de presentar demanda ejecutiva ante el Juzgado donde se encuentre el menor y se pretenda la ejecución. Se ha de adjuntar la copia de la resolución que se quiere ejecutar, que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V. Es preciso Abogado y Procurador

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Para oponerse en España al reconocimiento de una decisión de responsabilidad parental adoptada por otro Estado Miembro, el interesado se deberá dirigir al Juzgado de Primera Instancia donde se pretende que se reconozca y alegar la concurrencia de alguna de las causas de denegación del reconocimiento prevista por el Reglamento 2201/2003.

Las causas que se pueden alegar son:

  • Que la resolución fuere manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño;
  • Que, excepto en los casos de urgencia, no se hubiere dado la oportunidad de ser oído al hijo,
  • Cuando la decisión se hubieere dictado en rebeldía, que no se hubiere entregado o notificado el escrito de demanda a menos que se acredite que se aceptó la resolución;
  • Si quien se opusiere al reconocimiento y alegare que la resolución mensocaba el ejercicio de la responsabilidad parental, no hubiere tenido la oportunidad de ser oído;
  • O si fuera inconciliable con otra resolución dictada posteriormente.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

La ley aplicable es la de la residencia habitual del menor, conforme al Convenio de La Haya de 1996, Convenio Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

Última actualización: 05/04/2019

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Responsabilidad parental - Rumania

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

El Código civil (Codul Civil) rumano emplea el término autoridad parental. Se entiende por autoridad parental el conjunto de derechos y obligaciones de los padres frente a los hijos y sus bienes. Ambos progenitores tienen a este respecto los mismos derechos y obligaciones, que han de ejercerse teniendo en cuenta siempre los intereses del hijo. La autoridad parental se ejerce hasta que el hijo alcanza la plena capacidad de obrar.

Entre los derechos y obligaciones de los progenitores (previstos en los artículos 487-499 del Código civil y en la Ley n.º 272/2004 (Legea nr. 272/2004) sobre protección y promoción de los derechos del niño) en relación con la persona de los hijos se encuentran los siguientes:

  • el derecho y la obligación de establecer y preservar la identidad del hijo. Ha de inscribirse al hijo en el registro inmediatamente después de su nacimiento y desde entonces tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. Corresponde a los padres elegir el nombre de pila y el apellido del hijo.
  • el derecho y la obligación de criar al hijo. Los padres han de criar al hijo, velar por su salud y por su desarrollo físico, psicológico e intelectual, y por su educación, estudios y formación profesional, de acuerdo con sus propias ideas y con las características y las necesidades del mismo.
  • el derecho y la obligación de supervisar al hijo.
  • el derecho y la obligación de mantener al hijo. Los padres están obligados solidariamente a la manutención del hijo durante su minoría de edad. Asimismo, están obligados a su manutención hasta su graduación en caso de que esté estudiando, aunque como máximo hasta los 26 años.
  • el derecho a adoptar determinadas medidas disciplinarias contra el hijo. Están prohibidas medidas tales como algunos castigos físicos que puedan perjudicar su estado físico, mental o emocional.
  • el derecho a solicitar la restitución del hijo a cualquier persona que lo tenga consigo sin estar facultado para ello.
  • el derecho a reunirse con su hijo. Este derecho está correlacionado con el derecho del hijo a no ser separado de sus padres salvo por motivos excepcionales y temporales (por ejemplo, adopción de medidas de acogimiento).
  • el derecho a relacionarse personalmente con su hijo. Este derecho puede adoptar modalidades como, por ejemplo, visitarle en su casa, visitarle en el centro escolar o recibirle durante parte de las vacaciones.
  • el derecho a decidir dónde vive el hijo. El hijo menor de edad debe vivir con sus padres. Si estos no conviven, han de decidir de mutuo acuerdo el lugar en el que va a vivir el hijo. En caso de desacuerdo entre los padres, resolverá el tribunal de tutela (Instanţa de tutelă).
  • el derecho a autorizar el compromiso y matrimonio del hijo en caso de menores que hayan cumplido 16 años de edad; el derecho a autorizar la adopción del hijo.
  • el derecho a recurrir contra las medidas adoptadas por las autoridades con respecto al hijo y a presentar peticiones y demandas en su propio nombre o en nombre del mismo.

Entre los derechos y obligaciones de los padres (previstos en los artículos 500 a 502 del Código civil) en relación con los bienes de los hijos se encuentran los siguientes:

  • la administración de los bienes del hijo. Los progenitores no tienen ningún derecho de propiedad sobre los bienes del hijo, ni este sobre los bienes de aquellos, salvo el derecho hereditario y el derecho a ser mantenido. Los padres tienen el derecho y la obligación de administrar los bienes del hijo menor de edad y de representarle en actos civiles o de dar su consentimiento a tales actos. Al cumplir los 14 años, el menor puede ejercer sus derechos y debe cumplir sus obligaciones personalmente, aunque con el consentimiento de los padres o del tribunal de tutela, cuando corresponda.
  • el derecho y la obligación de representar al menor en los documentos civiles o de aprobar tales documentos en su nombre. Hasta los 14 años, el hijo está representado por los padres en los documentos civiles, por carecer de plena capacidad de obrar. Entre los 14 y los 18 años, puede ejercer sus derechos y debe cumplir sus obligaciones personalmente, aunque con el consentimiento previo de los padres, debido a su capacidad de obrar limitada.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Los derechos y obligaciones corresponden a los dos progenitores (artículo 503, apartado 1, del Código civil) si están casados y asimismo después del divorcio (artículo 397 del Código de Procedimiento Civil) o si se ha declarado la paternidad de uno de ellos en caso de nacimiento del hijo fuera del matrimonio y están conviviendo (artículo 505, apartado 1, del Código civil).

La autoridad parental corresponde a los progenitores por separado en caso de divorcio si el tribunal así lo declara teniendo en cuenta los intereses del hijo (artículo 398 del Código civil), en caso de anulación del matrimonio (artículo 305, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil) y en caso de que el hijo haya nacido fuera del matrimonio y los padres no estén conviviendo (artículo 505, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil).

La autoridad parental será ejercida por uno de los progenitores, de acuerdo con el artículo 507 del Código civil, cuando el otro haya fallecido, o haya sido privado de su autoridad parental, o se le haya prohibido su ejercicio, etc.

La autoridad parental es ejercida por los progenitores de forma parcial cuando se han encomendado parte de los derechos y obligaciones a un tercero o a una institución de atención de menores (artículo 399 del Código Civil).

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Una vez cumplidos los 14 años pero no alcanzada todavía la mayoría de edad, los derechos y obligaciones parentales respecto del menor se refieren exclusivamente a su persona. Los referidos a sus bienes pueden corresponder, en su caso, al tutor o a otra persona.

Debe designarse un tutor al menor cuyos progenitores hayan fallecido, sean desconocidos, hayan sido privados del ejercicio de los derechos parentales o se les haya impuesto esa pena por sentencia firma o se les haya prohibido su ejercicio, estén desaparecidos o se haya declarado su fallecimiento, siempre que, una vez terminada la adopción, en su caso, el tribunal decida que eso es lo más beneficioso para él.

Se requiere un tutor cuando ninguno de los progenitores puede hacerse cargo del hijo, por haber sido privados del ejercicio de los derechos parentales.

Con carácter excepcional, el tribunal de tutela puede decidir el acogimiento del menor por un familiar u otra persona, con su consentimiento, o por una institución de atención de menores.

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

En principio, en caso de divorcio la autoridad parental corresponde a ambos progenitores solidariamente o solo a uno de ellos cuando existan razones fundadas y teniendo en cuenta los intereses del hijo. El otro progenitor conserva el derecho a supervisar la educación y crianza del hijo, así como a autorizar su adopción.

Con carácter excepcional, el tribunal de tutela puede decidir el acogimiento del menor por un familiar u otra persona, con su consentimiento, o por una institución de atención de menores. En tal corresponderán a esa familia, persona o institución los derechos y obligaciones parentales (artículo 399 del Código civil).

En el caso de un hijo nacido fuera del matrimonio pero respecto del cual se haya declarado la paternidad de los dos progenitores, ambos ejercerán solidariamente la autoridad parental mientras convivan. Si no conviven, solo la ejercerá uno de ellos.

El divorcio por acuerdo de los cónyuges puede ser pronunciado por un notario público aunque haya hijos menores nacidos en el matrimonio, fuera de él o adoptados, siempre que los cónyuges estén de acuerdo sobre todos los aspectos relativos al apellido que debe usar el hijo, sobre el ejercicio de la autoridad parental por ambos, sobre la determinación del lugar donde vaya a vivir este, sobre el método para mantener la relación personal con el progenitor que vaya a ausentarse del domicilio y con los hermanos, así como sobre la contribución de ambos a los costes necesarios para la crianza del hijo y para su educación, estudios y formación profesional. Si del informe que se haga sobre la situación familiar se deduce que el acuerdo de los cónyuges sobre el ejercicio conjunto de la autoridad parental o sobre el lugar en el que va a vivir el hijo no favorece a los intereses de este, el notario público desestimará la solicitud de divorcio y orientará a los cónyuges para que acudan al tribunal.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

Los padres pueden ponerse de acuerdo sobre el ejercicio de la autoridad parental o sobre las medidas que deban tomarse para proteger al hijo con el consentimiento del tribunal de tutela, siempre que se favorezcan los intereses del menor (artículo 506 del Código Civil).

Una vez iniciado un juicio, las partes pueden comparecer en cualquier momento, aun cuando no hayan sido citadas, para pedir que se dicte una resolución que legalice el acuerdo al que hayan llegado mediante una sentencia confirmatoria. La sentencia confirmatoria no admite recurso y es inmediatamente ejecutable.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La mediación es facultativa antes de la vía judicial. En el curso del proceso, los órganos jurisdiccionales están obligados a informar a las partes acerca de la posibilidad y las ventajas de la mediación. Si no se consigue el acuerdo a través de la mediación, puede acudirse a los tribunales.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

Véase la respuesta a la pregunta 1.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

Si el tribunal asigna el ejercicio de la autoridad parental exclusivamente a uno de los padres, este decidirá por sí solo sobre todas las cuestiones referidas al hijo. El otro progenitor conservará el derecho a supervisar su crianza y educación, así como a autorizar su adopción.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

Significa que la autoridad parental será ejercida por ambos progenitores por igual y de forma conjunta. Respecto a terceros de buena fe, se entenderá que si uno de los progenitores adopta una medida legítima cotidiana por iniciativa propia para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones parentales, cuenta con el consentimiento del otro progenitor.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Las demandas de protección de las personas cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de tutela y familia (el tribunal de distrito o, cuando corresponda, el tribunal especial de menores y familia) deben presentarse ante el tribunal que sea competente por razón del domicilio o residencia de la persona protegida [artículo 94 del Código de enjuiciamiento civil (Codul de Procedură Civilă)].

Las demandas de declaración de paternidad deben presentarse ante el tribunal del domicilio del demandante, y las que soliciten el cumplimiento de la obligación de manutención (incluidas las ayudas públicas en favor de los menores), ante el tribunal del domicilio del demandante/acreedor.

Deben acompañarse a la demanda el certificado de nacimiento del hijo menor, una copia del documento de identidad, una copia de la sentencia de divorcio, el acuerdo de mediación (si procede) y cualesquiera otros documentos considerados útiles para la resolución del caso. Las demandas están exentas del pago de derechos de timbre.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

En los procedimientos de divorcio (que tienen un carácter especial y unos plazos de resolución más reducidos), el tribunal puede adoptar en todo momento medidas provisionales, mediante resolución de su presidente, sobre la determinación del lugar donde va a vivir el hijo menor de edad, la obligación de manutención, el cobro de ayudas públicas y el uso de la vivienda familiar (artículo 919 del Código de enjuiciamiento civil).

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Puede solicitarse asistencia jurídica gratuita de conformidad con la Ordenanza de urgencia n.º 51/2008 (Ordonanța de Urgență nr. 51/2008), que regula la asistencia jurídica pública en los procedimientos civiles, aprobada con modificaciones por la Ley n.º 193/2008 (Legea nr. 193/2008) y posteriormente modificada.

La asistencia jurídica gratuita puede revestir, de forma aislada o acumulada, la forma de asistencia de un abogado, pago de los gastos de expertos, traductores o intérpretes, pago de los honorarios de los agentes judiciales, o concesión de exenciones, reducciones, restructuraciones o aplazamientos del pago de las tasas judiciales.

Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos netos mensuales por miembro de la unidad familiar hayan sido inferiores a 300 RON en los dos meses anteriores a la petición. Si los ingresos son inferiores a 600 RON, se cubrirá el 50 % de la asistencia jurídica. En todo caso, las condiciones establecidas no impiden que los solicitantes cuyos recursos superen esas cifras se beneficien de asistencia jurídica si demuestran que no pueden hacer frente a los costes judiciales debido a la diferencia entre el nivel de vida del Estado de domicilio o residencia habitual y el Estado del fuero.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Las sentencias dictadas en asuntos referidos al ejercicio de la autoridad parental (con carácter principal o en el marco de un procedimiento de divorcio) son recurribles en apelación dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se hayan dictado, o en casación cuando se trate de sentencias confirmatorias del acuerdo de las partes.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Si el deudor no cumple voluntariamente su obligación, el acreedor debe ponerlo en conocimiento del agente judicial. El agente judicial se dirigirá entonces al tribunal de ejecución para que autorice la ejecución. Este resolverá a puerta cerrada y sin la comparecencia de las partes.

Si acepta la solicitud de ejecución, el agente judicial dictará una providencia emplazando al progenitor o a la persona con la que se encuentra el menor para que comparezca con este a fin de que sea recogido por el acreedor, u ordenándole que permita al demandante ejercer su derecho a mantener una relación personal con el menor.

Si el deudor incumple su obligación, el agente judicial procederá a la ejecución forzada en presencia de un representante de la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Menor y, en caso necesario, de un psicólogo y de agentes de la policía. Nadie está facultado para intimidar al menor ni para presionarle a fin de que se haga efectiva la ejecución.

Si el deudor incumple su obligación, la sanción impuesta por el tribunal se mantendrá hasta la ejecución y el agente judicial lo pondrá en conocimiento del fiscal.

Si es el menor el que se niega, el agente judicial remitirá el informe oficial al representante de la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Menor y el tribunal competente ordenará al menor que se someta a un programa de asesoramiento, que culminará con el informe de un psicólogo. Si después de esto sigue negándose el menor a la ejecución forzosa, el acreedor podrá solicitar al tribunal que le imponga una pena.

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

El reconocimiento de las resoluciones sobre la autoridad parental se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2201/2003. La demanda correspondiente debe presentarse ante el tribunal del domicilio del demandado o de su residencia en Rumanía. Contra la resolución de reconocimiento cabe recurso ante el tribunal de apelación (Curtea de Apel) competente por razón del territorio, o recurso ante el Tribunal Superior de Casación y Justicia (Înalta Curte de Casație și Justiție).

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Para oponerse al reconocimiento de una resolución sobre la autoridad parental, el interesado puede dirigirse al tribunal del domicilio del demandado o de su residencia en Rumanía.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Según el artículo 2611 del Código civil, la ley aplicable a los asuntos de autoridad parental y protección de los hijos se determina de conformidad con el Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, adoptado el 19 de octubre de 1996 y ratificado por la Ley n.º 361/2007.

Última actualización: 27/10/2016

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Responsabilidad parental - Eslovaquia

1 ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular del responsable parental?

De acuerdo con la Ley de familia (Ley n.º 36/2005 sobre la familia y por la que se modifican ciertas leyes) y la jurisprudencia eslovacas, la responsabilidad parental (entendiendo como tal los derechos y obligaciones de los padres frente los hijos) incluye, en particular, el cuidado de los hijos, la obligación de alimentos y la representación y administración de sus bienes.

2 Por regla general ¿quién tiene la responsabilidad parental de un menor?

Ambos padres comparten los derechos y obligaciones parentales, independientemente de que el hijo haya nacido dentro o fuera del matrimonio y de que ellos convivan o no (casados, separados o divorciados).

En casos graves puede privarse a un progenitor de sus derechos y obligaciones parentales (o restringirlos) mediante resolución judicial, conforme a lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de familia.

Pueden reconocerse por resolución judicial los derechos y obligaciones parentales de un progenitor menor de edad pero mayor de 16 años respecto a la custodia de un hijo suyo menor, con arreglo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley.

3 Si los padres no pueden o no desean ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijos, ¿puede designarse a otra persona en su lugar?

Sí. Si los dos progenitores de un hijo menor carecen de capacidad de obrar, han sido privados de sus derechos y obligaciones parentales o han fallecido, el tribunal debe designar un tutor encargado personalmente de la crianza del menor y de su representación y la administración de sus bienes

4 Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se deciden las cuestiones relativas a la responsabilidad parental de cara al futuro?

El tribunal debe decidir sobre la asignación y el ejercicio de los derechos y obligaciones parentales (aunque ambos padres continúen ejerciéndolos conjuntamente) o aprobar el convenio acordado entre ellos al efecto.

Conforme al artículo 36.1 de la Ley de familia, «[l]os padres de un menor que vivan separados pueden acordar un régimen específico de ejercicio de sus derechos y obligaciones parentales en cualquier momento.». Si no alcanzan un acuerdo, el tribunal puede determinar cómo se ejercerán los derechos y obligaciones parentales, sin necesidad de solicitud previa; en particular, deberá decidir a cuál de los padres se adjudica la custodia (osobná starostlivosť ) del hijo menor. Se aplicará mutatis mutandis lo establecido en los artículos 24, 25 y 26.

5 Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los trámites que deben seguirse para que el acuerdo sea vinculante?

El acuerdo entre los padres sobre sus derechos y obligaciones parentales debe ser aprobado por el juez.

6 Si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿qué medios alternativos existen para solucionar el conflicto sin recurrir a la justicia?

La Ley 420/2004, de mediación, permite la resolución extrajudicial de los conflictos y es también de aplicación a los casos de Derecho de familia. La mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes se sirven de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto derivado de una relación contractual o de otra clase. Los acuerdos alcanzados en mediación deben formalizarse por escrito y son vinculantes para las partes.

7 Si los progenitores recurren a la justicia, ¿sobre qué cuestiones relacionadas con el menor puede el juez resolver?

El tribunal puede, en principio, decidir cualquier cosa, excepto asignar la custodia exclusiva a uno de los padres. Solo puede darse esa situación en caso de que se prive al otro progenitor de sus derechos y obligaciones parentales. En la práctica, el tribunal decidirá a cuál de los padres encomienda la custodia del hijo, quien le representará y quién administrará sus bienes. El tribunal decidirá también cómo contribuirá el progenitor al que no se haya adjudicado la custodia a la manutención del menor o aprobará el acuerdo de los padres sobre el pago de alimentos.

8 Si el juez concede la custodia de un hijo a uno de los progenitores, ¿significa que éste puede decidir todas las cuestiones relativas al hijo sin necesidad de consultar al otro progenitor?

El término «responsabilidad parental» no se recoge como tal en el Derecho de familia de Eslovaquia. En ese Derecho se reconocen los «derechos y obligaciones parentales», que son siempre compartidos por los dos progenitores (con lo que no puede haber nunca «custodia exclusiva», a menos que el otro progenitor haya fallecido, no tenga capacidad de obrar o haya sido privado de sus derechos y obligaciones parentales). Por tanto, debe diferenciarse de estos casos la asignación de la «custodia» del menor a una persona. Si se confía la custodia del menor a uno de los progenitores, este podrá decidir sobre todas las cuestiones rutinarias de la vida cotidiana del menor sin el consentimiento del otro progenitor, pero se requerirá tal consentimiento para toda las cuestiones importantes relativas al ejercicio de los derechos y obligaciones parentales (administración de los bienes del menor, traslado del menor al extranjero, nacionalidad, consentimiento para la asistencia sanitaria, preparación para un trabajo futuro). Si los padres no logran llegar a un acuerdo, el tribunal resolverá a solicitud de cualquiera de ellos.

9 Cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de un hijo, ¿qué significa en la práctica?

El tribunal puede establecer una custodia alterna (custodia conjunta) de los dos progenitores si los dos son idóneos para criar al menor y están interesados en su custodia y el acuerdo responde al interés superior del menor para atender mejor sus necesidades. Si al menos uno de los padres está de acuerdo con la custodia compartida, el tribunal deberá analizar si ello responde al interés superior del menor.

Véanse todas las respuestas anteriores, en particular la de la cuestión 8.

10 ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué responsabilidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

El tribunal competente para la interposición de demandas relativas a los derechos y obligaciones parentales es el tribunal de distrito en cuyo territorio resida el menor. No hay que cumplir ninguna formalidad ni adjuntar documentos, pues es un procedimiento que el tribunal puede iniciar de oficio. La presentación de documentos depende del contenido de la demanda. Normalmente se precisa el certificado de nacimiento del menor.

11 ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

Se aplica un procedimiento simplificado y menos formalista. Existe también la posibilidad de obtener una resolución provisional tras un procedimiento urgente.

12 ¿Puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso?

Todos los procedimientos para la determinación de los derechos y obligaciones parentales están exentos del pago de tasas judiciales. El sistema de asistencia jurídica de Eslovaquia se limita actualmente a la exención del pago de las tasas judiciales y a la asignación de un representante gratuito. Muy pocas personas optan por ser representadas por un abogado, dado el carácter no contencioso del procedimiento relativo a los derechos y obligaciones parentales. No obstante, si una persona cumple los requisitos legales para estar personalmente exenta del pago de las tasas judiciales, el tribunal puede, a su discreción, proporcionarle un representante gratuito, incluido un abogado, si considera necesaria esa representación para la protección de sus intereses.

El tribunal remite al Centro de Asistencia Jurídica a quienes solicitan un abogado y reúnen los requisitos para la exención del pago de las tasas judiciales. El tribunal informa a las partes sobre esta posibilidad. El tribunal puede conceder una exención total o parcial del pago de las tasas judiciales si lo justifican las circunstancias y no constituye un ejercicio arbitrario o manifiestamente improcedente o una obstrucción de la justicia. A menos que el tribunal decida otra cosa, la exención se aplica a todo el procedimiento con efecto retroactivo. No obstante, las tasas pagadas antes de la adopción de una resolución sobre la exención no se reembolsan.

El Centro de Asistencia Jurídica presta asistencia jurídica y de garantía a las personas físicas que no puedan recurrir a servicios jurídicos para el ejercicio y protección de sus derechos debido a su situación económica. La magnitud de la ayuda se regula en la Ley 327/2005 sobre la asistencia jurídica a las personas en situación económica adversa.

13 ¿Se puede recurrir una resolución en materia de responsabilidad parental?

Sí, es posible recurrir una resolución sobre los derechos y obligaciones parentales.

14 En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar una resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Debe presentarse una solicitud de ejecución de la resolución ante el tribunal general de menores. El procedimiento de ejecución de las resoluciones se rige por la Ley 99/1963 de enjuiciamiento civil.

Se aplica el procedimiento ordinario de ejecución (ejecución judicial), salvo en lo que respecta a las resoluciones sobre la custodia (si hay que devolver a un hijo al progenitor que en virtud de la resolución en cuestión tiene su custodia). En estos casos, el procedimiento es más estricto (multas y posible intervención de la policía y otras autoridades de ejecución).

15 ¿Qué debo hacer para que se reconozca y ejecute en este Estado miembro una resolución sobre patria potestad emitida por un tribunal de otro Estado miembro?

Las resoluciones judiciales sobre los derechos y obligaciones parentales dictadas por un juez de otro Estado miembro se reconocen y ejecutan en la República Eslovaca sin necesidad de procedimiento especial, con arreglo a lo establecido en el Reglamento del Consejo nº 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (artículo 21, apartado 1), es decir, sin necesidad de que se declare la ejecutoriedad de la resolución.

No obstante, cualquier interesado puede solicitar que se declare ejecutoria una resolución sobre derechos y obligaciones parentales dictada en otro Estado miembro, en cuyo caso se aplica el procedimiento establecido en el capítulo III, sección 2, del Reglamento.

La solicitud debe presentarse ante el tribunal de distrito de residencia del menor o, si este no es residente, ante el tribunal en cuyo distrito resida en ese momento o, en su defecto, ante el Tribunal de Distrito I de Bratislava.

La solicitud de reconocimiento o de declaración de ejecución de una resolución debe ir acompañada de una copia de esta que valga como prueba de la autenticidad y de un documento que certifique la resolución expedido a instancia del interesado por el tribunal de origen.

16 ¿A qué tribunal de este Estado miembro debo acudir para oponerme al reconocimiento de una resolución sobre patria potestad dictada por un tribunal de otro Estado miembro? ¿Qué procedimiento se aplica en estos casos?

Los recursos deben presentarse siempre ante el tribunal de distrito que dictó la resolución original, pero son resueltos por el tribunal regional. Los recursos contra el reconocimiento de las resoluciones sobre derechos y obligaciones parentales se tramitan y resuelven con arreglo a la Ley de enjuiciamiento civil.

17 ¿Qué legislación se aplica en un proceso de patria potestad cuando el menor o las partes no residen en este Estado miembro o son de diferentes nacionalidades?

Los tribunales eslovacos solo son competentes, en los procedimientos sobre derechos y obligaciones parentales, si el menor tiene residencia habitual en la República Eslovaca. Si el menor no vive en la República Eslovaca pero tiene en ella su residencia habitual o sus padres no viven en la misma o son nacionales de distintos países, se aplica la ley eslovaca, con arreglo al Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños (ref. n.º 344/2002) (capítulo III del Convenio).

La Ley 97/1963 sobre el derecho internacional privado y procesal establece que las relaciones entre los padres y los hijos, incluido lo relativo al inicio y la extinción de los derechos y obligaciones parentales, se rigen por la ley del país de residencia habitual del menor. En casos excepcionales, el tribunal puede tener en cuenta la ley de otro país en el que exista un vínculo importante con la cuestión y si ello es necesario para proteger al menor o sus bienes. Los derechos y obligaciones parentales originados en el país de residencia habitual del menor son válidos aunque cambie esa residencia habitual. Si alguno de los padres no posee alguno de los derechos y obligaciones parentales reconocidos en la ley eslovaca, estos derechos y obligaciones parentales se iniciarán cuando el menor pase a ser residente habitual en Eslovaquia. El ejercicio de los derechos y obligaciones parentales se rige por la ley del país de residencia habitual del menor.

Lo dispuesto en la Ley sobre derecho internacional privado y procesal solo se aplica en ausencia de un acuerdo internacional o si este no contiene criterios de conflicto de leyes para determinar la ley aplicable.

Al margen del Convenio de la Haya de 1996, la República Eslovaca ha firmado varios convenios bilaterales que regulan la ley aplicable y que prevalecen sobre lo dispuesto en la Ley sobre derecho internacional privado y procesal en los procedimientos relativos a los derechos y obligaciones parentales. Esos convenios son los siguientes:

Bulgaria: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Bulgaria sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Sofía, 25 de noviembre de 1976, Decreto n.º 3/1978)

Croacia y Eslovenia: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Socialista Federal de Yugoslavia sobre la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Belgrado, 20 de enero de 1964, Decreto n.º 207/1964)

Hungría: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Hungría sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Bratislava, 28 de marzo de 1989, ref. n.º 63/1990)

Polonia: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Polonia sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Varsovia, 21 de diciembre de 1987, Decreto n.º 42/1989)

Rumanía: Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Rumanía sobre la asistencia jurídica y la regulación de las relaciones jurídicas en materia civil, de familia y penal (Praga, 25 de octubre de 1958, Decreto n.º 31/1959)

Última actualización: 14/01/2019

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