En Rumanía existen las profesiones jurídicas siguientes:
El Ministerio Público rumano consta de:
El Consejo Superior de la Magistratura es el órgano central del sistema judicial responsable de la regulación de la profesión de fiscal. La formación profesional inicial y continuada de los jueces y fiscales corresponde al Instituto Nacional de la Magistratura, un organismo público con personalidad jurídica coordinado por el Consejo Superior de la Magistratura. El Ministerio Público ejerce sus competencias a través de los fiscales adscritos a las fiscalías. Estas, a su vez, están adscritas a todos los órganos jurisdiccionales, excepto los tribunales especializados en las infracciones en el ejercicio profesional.
Procesos penales incoados por las fiscalías adscritas a los tribunales de apelación, los tribunales ordinarios o los tribunales de menores y de familia
Su orden jerárquico es el siguiente:
La Fiscalía del Tribunal Supremo de Casación y Justicia está dividida en dos estructuras especializadas:
Procesos penales incoados por las fiscalías adscritas a los tribunales militares
Los procesos penales por delitos cometidos por militares son incoados por las fiscalías militares, que tienen el estatuto jurídico de unidades militares y están adscritas a los tribunales militares, al Tribunal Militar Territorial de Bucarest y al Tribunal Militar de Apelación de Bucarest.
Jerarquía funcional de los fiscales
Los fiscales actúan con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad y control jerárquico.
Los fiscales ejercen sus funciones conforme a la ley, respetan y protegen la dignidad humana y defienden los derechos de las personas.
Los fiscales dependen del jefe de cada fiscalía, quien, a su vez, rinde cuentas al jefe de la fiscalía de nivel jerárquico superior.
El control del Fiscal General de la Fiscalía del Tribunal Supremo, del fiscal jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción y del fiscal general de cada tribunal de apelación sobre los fiscales subordinados puede ejercerse directamente o a través de fiscales designados al efecto.
Hay dos categorías de fiscales:
A escala nacional, operan las categorías de fiscales siguientes:
Cuando se considera necesario, de oficio o a instancia del Consejo Superior de la Magistratura, el Ministro de Justicia puede ejercer un control sobre los fiscales a través de fiscales designados al efecto por el Fiscal General del Estado, el fiscal jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción o el propio Ministro, a fin de controlar lo siguiente:
Este control no se extiende a las diversas medidas que pueden adoptar los fiscales en el curso de la persecución penal ni a las resoluciones resultantes.
El Ministro de Justicia puede solicitar al Fiscal General del Estado o, en su caso, al Fiscal General de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción informes sobre las actividades de las fiscalías y dictar instrucciones sobre las medidas necesarias pare prevenir y combatir eficazmente la delincuencia.
La Fiscalía del Tribunal Supremo transmite un informe anual sobre sus actividades al Consejo Superior de la Magistratura y al Ministro de Justicia, quien presenta sus conclusiones sobre el informe al Parlamento.
El órgano central del sistema judicial responsable de la regulación de la profesión de juez es el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). La formación profesional inicial y continuada de los jueces y fiscales corresponde al Instituto Nacional de la Magistratura, un organismo público con personalidad jurídica coordinado por el Consejo Superior de la Magistratura.
Los jueces y magistrados están especializados en la resolución de los tipos de asuntos siguientes:
El órgano central de la abogacía es la Unión Nacional de Colegios de Abogados de Rumanía (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, UNBR), persona jurídica de interés público compuesta por todos los colegios de abogados del país y encargada de velar por la habilitación para el ejercicio del derecho de defensa, la competencia y disciplina profesionales y la protección de la dignidad y el honor de los abogados miembros. Todos los colegios de abogados del país están integrados en la UNBR.
Puede obtenerse información sobre los abogados rumanos en el sitio web de la Unión Nacional de Colegios de Abogados.
Sí, el acceso a la base de datos es gratuito.
Conforme a la ley, los asesores jurídicos pueden asociarse en estructuras provinciales, por sectores o ámbitos de actividad, según sus intereses profesionales y, en su caso, a escala nacional, con arreglo a la ley de asociaciones y fundaciones. Entre las asociaciones profesionales constituidas en virtud de la ley de asociaciones y fundaciones cabe mencionar la Orden de Asesores Jurídicos de Rumanía (UCCJR). Está integrada por todas las asociaciones de asesores jurídicos de todas las provincias. Los asesores jurídicos también pueden formar parte de otras asociaciones profesionales. Puede accederse a las listas de asesores jurídicos por provincia en los sitios web individuales de las asociaciones que integran la UCCJR. Los enlaces están disponibles en el sitio web de la UCCJR.
Conforme a la ley, el Ministerio de Justicia delega el ejercicio de la actividad notarial en la Unión Nacional de Notarios Públicos (Uniunea Nationala a Notarilor Publici, UNNP), órgano profesional de los notarios encargado de la organización del notariado, la salvaguarda de los intereses profesionales de sus miembros y la defensa del prestigio de la profesión. Todos los notarios públicos pertenecen a la Unión. Los notarios están organizados en 15 colegios, cada uno de los cuales está adscrito al tribunal de apelación correspondiente.
En Rumanía, los notarios prestan los servicios jurídicos siguientes:
La Unión Nacional de Agentes Judiciales de Ejecución (Uniunea Natională a Executorilor Judecătoreşti din România, UNEJ) es una organización profesional con personalidad jurídica de los agentes judiciales de ejecución, que vela por la reputación y la autoridad de la profesión y tiene por cometido principal la representación y la defensa de los intereses profesionales de sus miembros. Los agentes judiciales de ejecución están organizados en 15 colegios correspondientes a cada tribunal de apelación.
Puede consultarse una lista de estos agentes en el sitio web de la Unión Nacional de Agentes Judiciales de Ejecución y en el del Ministerio de Justicia. Estas dos bases de datos están organizadas, no obstante, de modo diferente.
El órgano central, dentro del sistema judicial, responsable de regular la profesión de secretario es el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).
La Escuela Nacional de Secretarios (SNG) es un organismo público dotado de personalidad jurídica coordinado por el Consejo Superior de la Magistratura y encargado de la formación profesional inicial y continuada de los secretarios judiciales.
Existen las categorías de secretarios siguientes:
Puede obtenerse más información sobre esta categoría profesional en este documento (390 Kb)
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