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Tribunales ordinarios nacionales

Bélgica

En esta sección se ofrece un resumen de los órganos jurisdiccionales ordinarios de Bélgica.

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Bélgica

Órganos jurisdiccionales ordinarios - Introducción

El Tribunal Supremo

El Tribunal de Casación (Cour de Cassation): es el órgano jurisdiccional supremo, el «tribunal de tribunales», y tiene su sede en Bruselas.

El Tribunal de lo penal (Cour d´Assises)

Cada una de las diez provincias y el distrito de Bruselas-Capital cuentan con un Tribunal de lo penal. No es un órgano jurisdiccional permanente, sino que se constituye cada vez que un acusado es enviado ante él.

Órganos jurisdiccionales de apelación:

  • Los tribunales de apelación: hay cinco en Bélgica:
    • Bruselas (para las provincias de Brabante Valón, Brabante Flamenco y región de Bruselas-capital),
    • Lieja (para las provincias de Lieja, Namur y Luxemburgo),
    • Mons (para la provincial de Hainaut),
    • Gante (para las provincias de Flandes Occidental y Flandes Oriental),
    • Amberes (para las provincias de Flandes y Limburgo).
  • Los juzgados de trabajo: hay cinco. Son Tribunales de apelación especializados en Derecho laboral que comparten sede jurisdiccional con los tribunales de apelación antedichos.

Órganos jurisdiccionales de primera instancia

  • Tribunales de primera instancia: hay trece en Bélgica (uno por distrito judicial) y dos en el distrito de Bruselas, 1 NL y 1 FR.
  • Juzgados de trabajo: hay nueve en Bélgica (en principio, uno por sede jurisdiccional de los tribunales de apelación, a excepción de Bruselas, donde los juzgados de trabajo se reparten entre Lovaina, Nivelles y Bruselas, y del territorio germanófono de Eupen).
  • Tribunales de comercio: hay nueve en Bélgica (en principio, uno por sede jurisdiccional de los tribunales de apelación, a excepción de Bruselas, donde los tribunales de comercio se reparten entre Lovaina, Nivelles y Bruselas, y del territorio germanófono de Eupen).

Órganos jurisdiccionales inferiores o de proximidad

  • Juzgados de paz: en Bélgica existen 187 Juzgados de paz, uno por cantón judicial.
  • Tribunales de policía: hay 15 en Bélgica.

Competencia de los órganos jurisdiccionales

Juzgados de paz

Los Juzgados de paz se ocupan de asuntos civiles y comerciales por un importe inferior a 1 860 EUR. El juez de paz también es competente, entre otros, en los litigios en materia de arrendamiento, problemas de vecindad, servidumbre y expropiación, con independencia de la cuantía del litigio, y en las medidas provisionales entre esposos. Salvo cuando la cuantía de la demanda sea inferior a 1 240 EUR, las resoluciones del juez de paz pueden recurrirse ante el Tribunal de primera instancia o ante el Tribunal de comercio, en función de si el litigio es de naturaleza civil o comercial.

Tribunal de policía

El Tribunal de policía es un órgano jurisdiccional penal y civil que examina las faltas, los delitos menores, las infracciones de leyes especiales (por ejemplo, el Código Rural y el Código Forestal), las demandas de indemnización por daños resultantes de accidentes de circulación y las infracciones de tráfico. Las resoluciones del Tribunal de policía pueden recurrirse ante el Tribunal de primera instancia, excepto en las materias enumeradas en el Código Judicial cuando la cuantía de la demanda sea inferior a 1 240 EUR.

Tribunal de primera instancia

El Tribunal de primera instancia es competente en todos los litigios salvo los atribuidos por la ley a otros órganos jurisdiccionales. Esto se denomina competencia residual del Tribunal de primera instancia.

El Tribunal de primera instancia está subdividido en secciones: el Tribunal civil, el Tribunal penal (tribunal correctionnel) y el Tribunal de menores (tribunal de la jeunesse). En 2007 se creó el Tribunal de ejecución de la pena en el seno de los tribunales de Primera Instancia de Amberes, Bruselas, Flandes oriental, Lieja y Hainaut.

Tribunal civil

El Tribunal civil trata los asuntos que afectan al estado de las personas (por ejemplo, divorcios, filiaciones, adopciones, etc.). Asimismo, es competente en los litigios por un importe superior a 1 860 EUR, en los litigios relativos al derecho de sucesión o los derechos de autor y en los recursos contra las resoluciones dictadas por los jueces de paz.

Tribunal penal

El Tribunal penal es un órgano jurisdiccional penal encargado de juzgar todos los delitos y los delitos graves con atenuantes, como estafa, fraude, homicidio involuntario, robo con allanamiento de morada y robo con violencia. También actúa como órgano jurisdiccional de apelación de las resoluciones del Tribunal de policía.

Un caso puede ser llevado ante el Tribunal penal por citación directa del Ministerio Fiscal o de la parte civil o por ordenanza de la cámara del consejo, que, tras la instrucción, decide si el acusado es enviado o no ante el Tribunal penal.

La cámara del consejo (chambre du conseil) es un órgano jurisdiccional de instrucción formado únicamente por un juez del Tribunal de primera instancia que decide si hay motivo para remitir el asunto al Tribunal penal o si, por el contrario, no se inician diligencias contra el acusado (sobreseimiento). Además, la cámara del consejo decide cada mes, o cada tres meses si se trata de delitos graves sin atenuantes, si se mantiene al acusado en prisión preventiva o se le libera con condiciones.

La prisión preventiva es una medida de seguridad por la cual una persona sospechosa de haber cometido un delito o un crimen es encarcelada a la espera de su juicio. Esta medida se impone para evitar que el sospechoso desaparezca en el momento de comparecer ante el juez, cometa otras infracciones entre tanto, intente hacer desaparecer las pruebas o se ponga en contacto con terceras personas (por ejemplo, para intentar influir sobre los testigos u otros acusados). El sospechoso que es finalmente absuelto o contra quien se han retirado los cargos puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios al Ministro de Justicia por el tiempo que haya pasado injustamente en prisión, lo que se denomina indemnización por detención improcedente. Para poder beneficiarse de esta indemnización deben cumplirse dos condiciones: la prisión preventiva debe haber durado más de ocho días y la detención o la permanencia en prisión no deben derivarse del comportamiento personal del sospechoso. El ministro es muy estricto en la apreciación de esta segunda condición.

Las decisiones de la cámara del consejo se pueden apelar ante la sala de acusación, que representa al órgano jurisdiccional de instrucción del Tribunal de apelación.

Tribunal de menores

El Tribunal de menores examina principalmente los casos derivados de la aplicación de la Ley sobre la protección de menores de 1965, tales como la privación de la patria potestad, la colocación de menores en familias de acogida o en centros cerrados y los expedientes de delincuencia juvenil.

El juez no impone penas a los jóvenes delincuentes, sino que toma medidas con respecto a ellos. En la práctica, puede, concretamente, amonestar al menor (llamarlo al orden), enviarlo a una familia de acogida o a una institución especializada donde estará en compañía de otros menores asistidos por educadores, imponerle trabajos de servicio a la comunidad e, incluso, en casos excepcionales, decretar la prisión preventiva. El juez de menores toma medidas de custodia, de protección o de educación. Si el menor autor del delito ha alcanzado la edad de 16 años, el juez de menores puede, en determinadas circunstancias, inhibirse del caso. En tal caso, el menor será llevado ante una sala específica del Tribunal de menores que desempeñará la función de Tribunal penal. En el caso de delitos de especial gravedad, como, por ejemplo, asesinato, el menor será enviado excepcionalmente ante el Tribunal penal, sin que se tenga en cuenta el hecho de que sea menor. El Tribunal de menores puede, además, tomar medidas con respecto a los padres cuando estos no cumplan su deber educativo (violencia ejercida sobre el menor, abuso de autoridad, condiciones de vida deplorables, etc.). La urgencia de determinadas situaciones permite, asimismo, tomar medidas rápidamente para proteger al menor.

Un proyecto de ley, votado por la Cámara de Representantes en julio de 2011 y transmitido al Senado, prevé la creación de una sala del Tribunal de familia y del Tribunal de menores en el seno de los tribunales de primera instancia. Este proyecto prevé la transferencia de algunas competencias del juez de paz a la sala del Tribunal de familia de los tribunales de primera instancia y viceversa, así como la transferencia de algunas competencias de la salas del Tribunal de menores a las salas del Tribunal de familia.

Tribunales de ejecución de la pena

Los tribunales de ejecución de la pena resuelven sobre la condición jurídica externa de las personas condenadas a una pena privativa de libertad. Deciden una de las modalidades siguientes: prisión limitada, vigilancia electrónica, libertad condicional o puesta en libertad provisional para el alejamiento del territorio o el reenvío. El Ministerio Fiscal y los condenados pueden interponer un recurso de casación contra las decisiones de las salas de ejecución de la pena.

Recursos contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia

Exceptuando las resoluciones del Tribunal de ejecución de la pena, cada una de las partes o el Ministerio Público pueden, si no están satisfechos con la sentencia del tribunal de primera instancia, interponer un recurso contra esa sentencia a condición de que esta haya sido dictada en primera instancia, es decir, que no sea consecuencia de un recurso contra una resolución de un tribunal de policía o un juez de paz. En este último caso, compete al Tribunal de apelación examinar el asunto, con independencia de que corresponda al Tribunal civil, al Tribunal penal o al Tribunal de menores.

Juzgado de trabajo

El Juzgado de trabajo es competente en materia social: seguridad social (pensiones, desempleo, etc.), conflictos en las relaciones laborales (contratos laborales, reglamentación del trabajo, etc.) y accidentes laborales. Es asimismo competente para resolver sobre las demandas de liquidación colectiva de deudas introducidas por particulares.

El Juzgado de trabajo está formado por diversas salas. Salvo en las excepciones previstas en el Código de Procedimiento Judicial, están formadas por un juez de carrera, que la preside, y por dos jueces legos del ámbito social. Según la naturaleza del litigio tratado por el juzgado, los jueces legos del ámbito social representan a los trabajadores, los empresarios o autónomos. Estos jueces son nombrados a propuesta de las organizaciones del mundo laboral (empresarios, empleados, obreros o autónomos). En cuanto al Ministerio Fiscal, en este caso porta el nombre de «auditoría laboral», mientras que al fiscal se le denomina «auditor laboral».

En caso de desacuerdo con la sentencia del Juzgado de trabajo, las partes pueden apelar ante el Tribunal de trabajo.

Tribunal de comercio

El Tribunal de comercio se pronuncia sobre los litigios entre comerciantes por valor superior a 1 860 EUR, pero también cuestiones muy específicas como las quiebras o los litigios entre los accionistas de una sociedad. Además, el Tribunal de comercio se ocupa de las apelaciones de las resoluciones dictadas por los jueces de paz en materia comercial.

Las salas del Tribunal de comercio están formadas por un juez de carrera y dos jueces legos del ámbito comercial. Estos últimos son propuestos por las diferentes asociaciones representativas del comercio y la industria, que eligen a sus candidatos entre comerciantes, administradores de sociedades, auditores de empresas y contables. El Ministerio Fiscal, por su parte, está representado por miembros de la fiscalía del Tribunal de primera instancia.

Si las partes desean apelar la decisión del Tribunal de comercio, pueden presentar un recurso ante el Tribunal de apelación. La sentencia recurrida debe, no obstante, haber sido pronunciada en primera instancia y, por lo tanto, no podrá ser una sentencia pronunciada a raíz de un recurso contra una decisión anterior del juez de paz.

Tribunales de apelación y Tribunales de trabajo

El Tribunal de apelación se compone de diversas salas:

  • Las salas civiles examinan los recursos contra las resoluciones pronunciadas en primera instancia por las secciones civiles de los tribunales de primera instancia y los Tribunales de comercio.
  • Las salas de lo penal (chambres correctionnelles) examinan los recursos contra las resoluciones pronunciadas en primera instancia por los Tribunales penales.
  • Las salas de menores examinan los recursos contra las resoluciones pronunciadas en primera instancia por los Tribunales de menores.
  • La sala de acusación es el órgano jurisdiccional de instrucción encargado de apelar las decisiones de la cámara del consejo. La sala de acusación también envía ante el Tribunal de lo penal a los sospechosos de haber cometido un crimen, un delito de prensa o un delito político.

Al igual que en el Juzgado de trabajo, las salas del Tribunal de trabajo están formadas por un juez de carrera denominado asesor y por dos o cuatro asesores legos del ámbito social. El Tribunal de trabajo examina los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de trabajo.

Tribunal de lo penal

Delitos graves

Cuando una persona es acusada de un delito grave sin atenuantes, se la cita a comparecer ante el Tribunal de lo penal para ser juzgada por un jurado popular.

El Tribunal de lo penal está presidido por un juez de carrera asistido por dos asesores, también jueces de carrera. No se pronuncian sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado, sino que corresponde a los miembros del jurado, denominados igualmente jurados, decidir si el acusado ha cometido o no un delito. Los jurados son elegidos por sorteo entre la población. Todos los ciudadanos belgas entre 28 y 65 años de edad, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que sepan leer y escribir y no hayan sido condenados a una pena de prisión de más de 4 meses o a una pena de trabajo de más de 60 horas pueden ser llamados a formar parte de un jurado.

El proceso penal comienza con la lectura del escrito de calificación, que es una síntesis de la investigación en la que se incluyen los principales elementos recogidos durante la instrucción. A continuación declaran los testigos y las personas afectadas por la instrucción. Estas declaraciones deben permitir a los jurados que no hayan podido consultar el caso formarse una opinión. A continuación, el Ministerio Fiscal formula su acusación, las partes civiles toman la palabra y los abogados hacen sus alegatos. También se interroga al acusado, que responde a las preguntas del presidente, da explicaciones sobre los hechos y, además, puede declararse inocente. Tras el debate, los 12 jurados se reúnen a puerta cerrada. Deben pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado. Deciden mediante una votación y pueden matizar su decisión. Por ejemplo, pueden declarar culpable al acusado reconociendo la existencia de circunstancias atenuantes. Si el acusado es declarado culpable, los jueces de carrera y los jurados deliberan conjuntamente sobre la pena que se va a aplicar. Esta decisión se toma por mayoría absoluta. La decisión sobre la culpabilidad debe estar motivada.

En principio, las sentencias del Tribunal de lo penal no se pueden recurrir. No obstante, el condenado, la parte civil o el Ministerio Fiscal pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Casación. Si una condena es anulada por el Tribunal de Casación el caso se remite a otro Tribunal de lo penal, que deberá pronunciarse de nuevo.

Delitos de prensa y delitos políticos

Para poder hablar de delitos de prensa es necesario que se haya expresado un pensamiento delictivo por medio de textos difundidos en varios ejemplares mediante un proceso técnico. Un delito político es un delito cometido por motivos políticos y con fines políticos. El Tribunal de lo penal se ocupa de la acción pública en materia de delitos políticos y delitos de prensa, excepto los delitos de prensa inspirados por el racismo o la xenofobia.

Tribunal de Casación

El Tribunal de Casación es el garante del respeto del derecho por los tribunales y juzgados. Su competencia se extiende a todo el territorio. El Tribunal de Casación no se pronuncia sobre los hechos, sino únicamente sobre las cuestiones jurídicas. El recurso de casación puede interponerse solamente sobre la base de motivos jurídicos, es decir, en caso de violación de la ley o de un principio general del Derecho. Solo es posible interponer un recurso de casación contra las sentencias o resoluciones pronunciadas en última instancia, es decir, contra las resoluciones que no se pueden apelar.

El Tribunal de Casación está compuesto por un primer presidente, un presidente, varios presidentes de sala y varios consejeros. El Ministerio Fiscal está representado por el Fiscal General ante el Tribunal de Casación o por un abogado general. El Tribunal está formado por tres salas: la primera examina los casos civiles, mercantiles, fiscales y disciplinarios; la segunda, los casos penales, y la tercera, los casos relativos al Derecho laboral y la seguridad social. Cada una de las salas está formada por una sección francesa y una sección neerlandesa. Cada sala está compuesta por cinco consejeros.

Antes de pronunciarse, los magistrados escuchan las conclusiones del Ministerio Fiscal ante el Tribunal de Casación, que puede decidir desestimar el recurso de casación. Si no se admiten los argumentos esgrimidos, el recurso se desestima y la sentencia recurrida pasa a ser firme. Si el Tribunal de Casación considera que la resolución recurrida se ha tomado en desconocimiento de la ley, dicha resolución se anula, total o parcialmente, con o sin remisión. Se admite la casación con remisión ante un tribunal o un juzgado de la misma condición que el órgano jurisdiccional que ha adoptado la resolución recurrida si ha lugar reexaminar el fondo del caso. El caso nunca es reexaminado por el mismo órgano jurisdiccional.

Nota

Hay que señalar que las salas de lo penal del Tribunal de apelación, el Tribunal de lo penal, las salas de lo penal de los tribunales de primera instancia (Tribunal penal) y el Tribunal de policía (en la jurisdicción penal) conocen asimismo, junto con las jurisdicciones civiles, de las demandas civiles (esencialmente las relativas a las indemnizaciones por daños y perjuicios) introducidas por las partes civiles, es decir, las víctimas de infracciones penales en sentido amplio.

Bases de datos jurídicas

Para obtener más información sobre los tribunales y los juzgados, consúltese el portal del Poder Judicial de Bélgica.

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Servicio Público Federal de Justicia

Última actualización: 17/09/2015

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