Órganos jurisdiccionales nacionales

Tribunales de primera instancia (maakohus), tribunales de lo contencioso-administrativo (halduskohus), tribunales de apelación (ringkonnakohus) y el Tribunal Supremo (Riigikohus)

Pueden consultarse los datos de contacto de los órganos jurisdiccionales y más información en la página web del Poder Judicial.

Como su nombre indica, los tribunales de primera instancia conocen en primera instancia de todos los asuntos civiles, de los delitos leves y de las faltas. El recurso contra una resolución dictada por un tribunal de primera instancia se interpone ante el tribunal de apelación correspondiente. En Estonia hay cuatro tribunales de primera instancia: el de Harju, el de Virú, el de Tartu y el de Pärnu.

Los tribunales de lo contencioso-administrativo conocen de dichos asuntos en primera instancia. La competencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo, los procedimientos existentes y las demás normas procesales se establecen en el Código Procesal Contencioso-Administrativo (halduskohtumenetluse seadustik). En Estonia hay dos tribunales de lo contencioso-administrativo: el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin y el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tartu.

Los tribunales de apelación, como órganos jurisdiccionales de segunda instancia, conocen de los recursos contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia y los tribunales de lo contencioso-administrativo. Los tribunales de apelación juzgan los recursos de manera colegiada, es decir, un recurso es juzgado por un panel de tres magistrados. En Estonia hay dos tribunales de apelación: el de Tribunal de Apelación de Tallin y el Tribunal de Apelación de Tartu.

El Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial de Estonia. Según la Constitución, el Tribunal Supremo ejerce tanto de tribunal de casación como de tribunal constitucional. La competencia del Tribunal Supremo viene establecida en la Ley del poder judicial. El Tribunal Supremo es competente para:

• conocer de los recursos de inconstitucionalidad;
• conocer de los recursos de casación;
• conocer de las solicitudes de revisión;
• desempeñar otras funciones que se le atribuyan por ley.

Toda parte que no esté conforme con la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional inferior puede presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de casación siempre que en el recurso se plantee que el órgano jurisdiccional inferior ha aplicado incorrectamente el Derecho sustantivo aplicable o ha cometido una infracción grave del Derecho procesal y que ello puede haber resultado en una sentencia injusta.

Cuando una persona considere que un organismo de Derecho público (el Estado o una entidad local, por ejemplo), en el desempeño de su actividad o mediante un acto administrativo, ha menoscabado sus derechos o restringido sus libertades, puede acudir al tribunal de lo contencioso-administrativo correspondiente para defenderse. Los tribunales de lo contencioso-administrativo son competentes para conocer de asuntos en los ámbitos siguientes: expropiación, catastro, servicios públicos, tributación, ciudadanía y migración, contratación pública, bienes demaniales, construcción y ordenación urbana y responsabilidad del Estado.

Los tribunales de primera instancia son competentes para conocer de los asuntos sobre vulneraciones de derechos en el ámbito del Derecho civil, así como el mercantil y el laboral: Derecho de familia, Derecho de obligaciones y contratos, Derecho de sucesiones, derechos reales, cuestiones relativas a las actividades y la administración de sociedades y organizaciones sin ánimo de lucro, propiedad intelectual e industrial y concursos de acreedores, así como litigios relativos al Derecho laboral.

Instituciones nacionales de derechos humanos

Desde el 1 de enero de 2019, el canciller de Justicia (õiguskantsler) desempeña la función de proteger y fomentar los derechos humanos, de conformidad con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/134, del 20 de diciembre de 1993, sobre los principios que rigen el estatuto y el funcionamiento de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos pueden solicitar una acreditación internacional oficial. El canciller de Justicia ha solicitado formalmente que se inicie el proceso de acreditación; a 30 de septiembre de 2020 aún no concluido el proceso.

Defensor del Pueblo

La función de Defensor del Pueblo (Ombudsman) la desempeña el canciller de Justicia.

Õiguskantsleri Kantselei (Secretaría del Canciller de Justicia): Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia

El canciller de Justicia desempeña las funciones de Defensor del Pueblo, guardián de la constitucionalidad y la legalidad de la normativa con rango de ley y Defensor del Menor.

En su calidad de Defensor del Pueblo, el canciller de Justicia supervisa las actividades de las autoridades que ejercen funciones públicas y vela por el respeto, por parte de las autoridades públicas, de las libertades y derechos fundamentales, así como de las buenas prácticas administrativas. El canciller de Justicia supervisa:

• las actividades de las autoridades u organismos estatales;
• las actividades de las autoridades u organismos locales;
• las actividades de las personas jurídicas, organismos o autoridades de Derecho público o de las personas de Derecho privado que ejercen funciones públicas.

Cualquier persona puede presentar una solicitud al canciller de Justicia para que supervise las actividades de las autoridades que ejercen funciones públicas.

Si el canciller de Justicia considera que las actividades de una autoridad que ejerce funciones públicas son ilícitas, debe transmitir un dictamen a la autoridad en cuestión precisando que esta ha infringido la ley y, si es necesario, formular recomendaciones sobre la manera de atenerse a las buenas prácticas administrativas con respeto del ordenamiento jurídico o formular propuestas para poner fin a la infracción. En ambos casos, antes de emitir el dictamen, debe valorar si la autoridad ha cumplido la ley o no y si la comunicación con el perjudicado ha sido acorde con las buenas prácticas administrativas. En su dictamen, el canciller de Justicia puede formular críticas, expresar su opinión o hacer recomendaciones concretas para corregir la infracción.

Canciller de Justicia

Õiguskantsleri Kantselei: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia

Cualquier persona puede presentar una solicitud al canciller de Justicia para que compruebe la conformidad de una ley u otra norma con fuerza de ley con la Constitución y el conjunto de la legislación. El canciller de Justicia comprueba que las normas adoptadas por los poderes legislativo y ejecutivo, así como por los entes locales, se ajustan a la Constitución y al conjunto de la legislación.

El canciller de Justicia supervisa:

• la constitucionalidad de las leyes;
• la conformidad de los reglamentos del Gobierno con la Constitución y el conjunto de la legislación;
• la conformidad de los reglamentos ministeriales con la Constitución y el conjunto de la legislación;
• la conformidad de los reglamentos de las entidades locales con la Constitución y el conjunto de la legislación;
• la legalidad de los instrumentos normativos adoptados por personas jurídicas de Derecho público.

Cuando el canciller de Justicia considere que una norma es contraria a la Constitución o al conjunto de la legislación:

• Presenta una propuesta al órgano que la adoptó para que adapte la norma a la Constitución o la ley en un plazo de veinte días.
  Si la propuesta es ignorada, el canciller de Justicia presenta una solicitud al Tribunal Supremo para que declare la norma inválida.
• Puede presentar un informe al Tribunal Supremo con el fin de llamar su atención sobre los problemas que tiene esa norma.

Organismos especializados en derechos humanos

Defensor del Menor (función desempeñada por el canciller de Justicia)

De conformidad con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el canciller de Justicia desempeña la función de proteger y promover los derechos del niño.

Õiguskantsleri Kantselei: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonia

Los asesores que trabajan en el Departamento de derechos de los niños y los jóvenes desempeñan principalmente las funciones siguientes:

• tramitación de solicitudes relativas a los derechos del menor en el marco del procedimiento de control de la constitucionalidad y los procedimientos en que interviene el Defensor del Pueblo;
• preparación y realización de visitas de inspección en instalaciones oficiales responsables de la infancia;
• preparación de solicitudes y dictámenes en relación con procesos de control de la constitucionalidad;
• difusión de los derechos fundamentales del menor y sensibilización sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, concienciación en relación con los derechos del menor e impartición de cursos de formación en este ámbito;
• realización de estudios y análisis sobre las cuestiones relativas a la promoción y la protección de los derechos del menor;
• organización de acciones de cooperación entre las organizaciones de niños y jóvenes, las asociaciones de ciudadanos, las ONG, los organismos profesionales, las autoridades científicas y estatales.

Además de lo anterior, el canciller de Justicia:

• resuelve litigios sobre discriminación entre particulares sobre la base de la Constitución y las leyes;
• es el mecanismo nacional de prevención a efectos del artículo 3 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
• vela por el respeto de los derechos y libertades fundamentales por parte de las autoridades del Estado encargadas de la organización de la recopilación, el tratamiento, la utilización y la supervisión de los datos personales y la información conexa de manera secreta;
• desempeña las funciones de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con su artículo 33, apartado 2.

Organismo para la igualdad

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Roosikrantsi 8b, 10119, Tallinn, Estonia

El delegado de Igualdad de Género e Igualdad de Trato (soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik) es un cargo público independiente e imparcial que interviene en los supuestos contemplados en la Ley de igualdad género (soolise võrdõiguslikkuse seadus) y la Ley de igualdad de trato (võrdse kohtlemise seadus). El delegado es responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas por estas dos Leyes. Asesora y asiste a los particulares en los litigios en materia de discriminación y emite dictámenes cualificados sobre casos de discriminación.

El delegado de Igualdad de Género e Igualdad de Trato:

• recibe solicitudes de particulares y emite dictámenes sobre casos de discriminación;
• analiza los efectos de la normativa sobre la situación de las mujeres y los hombres, así como de las personas pertenecientes a grupos minoritarios, en la sociedad;
• hace propuestas al Gobierno y los organismos gubernamentales, los entes locales, así como a sus servicios, para que la normativa sea modificada y completada;
• asesora e informa al Gobierno, los organismos gubernamentales y los servicios de los entes locales sobre las cuestiones relativas a la Ley de igualdad género y la Ley de igualdad de trato;
• adopta medidas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de trato.

El delegado emite dictámenes dirigidos a las víctimas de discriminación y las personas que tengan un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato. Estos dictámenes tienen como finalidad ofrecer una valoración que, junto con la Ley de igualdad género, la Ley de igualdad de trato, los acuerdos internacionales que vinculan a Estonia y otras normas, permite estimar si el principio de igualdad de trato ha sido vulnerado en la relación jurídica de que se trate.

Para solicitar un dictamen, debe presentarse una solicitud al delegado describiendo los hechos que demuestren que se ha producido una discriminación. Para emitir su dictamen, el delegado tiene derecho a recabar información de todas las personas que puedan estar en posesión de información pertinente, para valorar los hechos relativos al caso de discriminación, y exigir explicaciones escritas sobre los hechos relacionados con la discriminación, así como documentos o copias de documentos, en el plazo que fije.

Autoridad de protección de datos

Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, 10134 Tallinn, Estonia

La Inspección de Protección de Datos (Andmekaitse Inspektsioon) vela por los derechos constitucionales siguientes:

• el derecho a ser informado de que se realizan ciertas funciones públicas;
• el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales;
• el derecho de las personas a acceder a sus propios datos.

Si se vulneran los derechos de una persona en el tratamiento de datos personales o en el acceso a la información pública, la persona perjudicada puede dirigirse a la Inspección de Protección de Datos.

Debe informarse a la Inspección si la empresa o autoridad en cuestión han incumplido los requisitos de tratamiento de los datos personales. No es necesario hacerlo cuando no sea probable que la vulneración constituya una amenaza para los derechos y libertades de las personas físicas. También deben comunicarse a la Inspección los datos de contacto del delegado de protección de datos de la empresa o autoridad.

La forma más sencilla de ponerse en contacto con la Inspección de Protección de Datos es a través de la página web https://www.aki.ee/en/contacts.

Otros organismos especializados

No existen otros organismos especializados.

Otros

Consejo de la Abogacía de Estonia

Eesti Advokatuur, Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Estonia

El Consejo de la Abogacía de Estonia (Eesti Advokatuur) tiene por función principal proporcionar servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos. El Consejo de la Abogacía de Estonia es una asociación profesional de abogados, creada el 14 de junio de 1919, que actúa siguiendo los principios de la autorregulación y organiza la prestación de servicios jurídicos tanto en interés público como privado. Se encarga, entre otras actividades, del desarrollo profesional de los abogados, las relaciones con los profesionales de la justicia, las autoridades públicas y diversas organizaciones nacionales y extranjeras y participa también activamente en la elaboración de la legislación. También presta un servicio público de defensa y representación en los procesos judiciales de los órdenes jurisdiccionales ordinario y contencioso-administrativo pagado por el Estado.

Por lo general, es preciso presentar una solicitud para recibir esta asistencia jurídica gratuita. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita generalmente se presentan ante el órgano jurisdiccional competente. La solicitud de asistencia jurídica gratuita se transmite al servicio encargado de la instrucción o la fiscalía cuando se trata del investigado y no es preceptiva la participación de un abogado defensor.

La solicitud de asistencia jurídica gratuita debe presentarse en estonio. Sin embargo, puede redactarse también en inglés si el solicitante es una persona física residente en otro Estado miembro de la UE o ciudadano de otro Estado miembro de la UE o es una persona jurídica que tenga su domicilio social en otro Estado miembro de la UE.

El Consejo de la Abogacía de Estonia nombra, a petición del servicio encargado de la instrucción, de la fiscalía o del órgano jurisdiccional, a un abogado de oficio. Por lo general, el interesado no puede elegir el abogado que se encargará de dicha asistencia. No obstante, sí puede solicitar que sea nombrado un abogado determinado si dicho abogado ha aceptado prestar la asistencia jurídica gratuita. En este caso, el nombre del abogado que haya aceptado debe ser especificado directamente en la solicitud de asistencia jurídica gratuita.

En los procedimientos en los que la ley exige la participación de un abogado, el interesado no tiene que hacer nada para recibir asistencia jurídica gratuita (salvo si ya ha contratado a un abogado): el funcionario que tramita el asunto está obligado a organizar el nombramiento de un abogado sin que sea necesaria la presentación de solicitud alguna.