Órganos jurisdiccionales nacionales

Instituciones nacionales de derechos humanos

Defensor del Pueblo

Organismos especializados en los derechos humanos

Otros

Órganos jurisdiccionales nacionales

Tribunales regionales (maakohus), Juzgados de lo Contencioso Administrativo (halduskohus), Tribunales de distrito (ringkonnakohus) y Tribunal Supremo (riigikohus)

Direcciones:

Los órganos jurisdiccionales antes mencionados son competentes en materia de resolución de litigios. Los tribunales regionales son cuatro: el tribunal de la región de Harju (Harju maakohus), el Tribunal de la región de Viru (Viru maakohus), el tribunal de la región de Tartu (Tartu maakohus) y el tribunal de la región de Pärnu (Pärnu maakohus). Existen dos juzgados de lo Contencioso Administrativo: el Juzgado de Tallin (Tallinna halduskohus) y el de Tartu (Tartu halduskohus). En segunda instancia (apelación), las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales de distrito de Tallin y de Tartu examinan las resoluciones dictadas por los Jugados de lo Contencioso Administrativo. En última instancia, las resoluciones son examinadas por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Cuando una persona considere que un organismo de Derecho público (el Estado o una colectividad local, por ejemplo), en el desempeño de su actividad o mediante un acto administrativo, ha menoscabado sus derechos o restringido sus libertades, puede acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para defenderse. El Tribunal de Distrito será competente en materia de resolución de litigios en los siguientes ámbitos: reforma de la propiedad y del suelo, servicios públicos, administración fiscal, cuestiones relacionadas con la ciudadanía y la migración, contratación pública, bienes públicos, inmuebles y ordenación, responsabilidad del Estado.

El Tribunal de Distrito que entendiere de una demanda comprobará que ésta o su recusación correspondiente se ajustan a los requisitos legales, que van acompañadas de todos los documentos mencionados en dicha demanda, que el Tribunal de Distrito es competente para conocer de ese asunto y que las tasas judiciales han sido desembolsadas. En caso de incumplimiento, el tribunal concederá al demandante o a la persona que presenta la recusación un plazo de quince días como máximo para solucionarlos. Si el demandante o la persona que presenta la recusación no ha subsanado dichas deficiencias en el plazo fijado, el Tribunal de Distrito remitirá la demanda o la recusación a su autor acompañados de una notificación formal. Cuando la demanda o la recusación se atienen a los requisitos establecidos, el tribunal examinará el asunto e iniciará el procedimiento preliminar mediante el cual el tribunal prepara el asunto para poder tramitarlo sin interrupción durante una misma vista. Cuando concluya el procedimiento preliminar, el tribunal enviará una citación a las partes en el proceso informándoles de la fecha y el lugar en el que el tribunal procederá al examen del caso.

El tribunal regional es competente para dirimir los asuntos sobre violaciones de derechos en el ámbito del Derecho civil: asuntos de familia, conflictos contractuales, litigios relativos al Derecho de sucesiones o los derechos de propiedad, cuestiones relativas a las actividades y la gestión de las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro; litigios relativos a la propiedad intelectual y los concursos de acreedores, así como litigios relativos al Derecho laboral. Esta lista sólo recoge una pequeña parte de las cuestiones tratadas por los tribunales regionales con arreglo al Código de enjuiciamiento civil.

Toda persona que desee solicitar al tribunal civil la defensa de sus derechos (o los de otra persona) deberá presentar una demanda ante el tribunal. La demanda constituye una acción de Derecho civil ante un tribunal civil. La demanda ante el tribunal deberá indicar quién es la parte demandada, lo que se le reclama, cuales son los motivos (es decir, cuáles son sus fundamentos jurídicos) y los elementos de prueba existentes en apoyo de la acción.

Tras la recepción de la demanda, el tribunal comprobará que ésta cumple los requisitos establecidos, y que las tasas del proceso han sido desembolsadas. Si la demanda está incompleta, el tribunal concederá un plazo para hacer frente a las posibles deficiencias. Si no se subsanasen dichas deficiencias en el plazo fijado, el Juzgado concluirá el procedimiento. Si la demanda cumple las condiciones establecidas, el tribunal la enviará a la parte demandada para que ésta prepare una respuesta. El tribunal emitirá su decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda en un plazo de tiempo razonable.

Si es usted víctima de un delito, puede presentar una denuncia verbal o por escrito ante las autoridades encargadas de la investigación, generalmente la policía o la Fiscalía.

La denuncia deberá contener sus datos personales y dirección, una descripción del delito, la fecha y la firma. No se requiere ningún formulario especial, pero la policía, no obstante, puede, si lo desea, suministrarle un formulario de declaración. El formulario que deberá enviarse al Fiscal se encuentra en la página web de la Fiscalía.

La denuncia que haya efectuado verbalmente o por teléfono se registrará en un acta; asimismo, podrían grabarse las denuncias que se hayan hecho por teléfono.

Cuando la policía o la fiscalía rechacen incoar un procedimiento penal, recibirá usted la debida información en el plazo de diez días a partir de la recepción de la denuncia. Este plazo podrá prorrogarse un período adicional diez días si la persona que haya presentado la denuncia necesitara presentar información complementaria con el fin de decidir si se incoa o no un procedimiento penal. La persona que presenta la denuncia será informada de la prórroga y de los motivos de la misma.

Cuando se concluya una investigación, la policía preparará un expediente que enviará a la Fiscalía, la cual:

• lo transmitirá para información al presunto infractor y a la víctima (previa solicitud, véase el artículo 224, apartado 2, del Código de enjuiciamiento criminal), si considera que la investigación ha concluido, y redactará un escrito de acusación y lo enviará al tribunal,
• solicitará a la policía que efectúe una investigación complementaria, o
• archivará el caso.

Instituciones nacionales de derechos humanos

Actualmente no existe en Estonia autoridad ni organismo nacional que haya solicitado una acreditación en calidad de organismo nacional encargado de la protección de los derechos humanos.

Defensor del Pueblo

La función de Defensor del Pueblo es desempeñada por el Canciller de Justicia

En su calidad de Defensor del Pueblo, el Canciller de Justicia controla las actividades de las autoridades que ejercen funciones de servicio público y vela por el respeto, por parte de las autoridades públicas, de las libertades y derechos fundamentales, así como de las buenas prácticas administrativas. El Canciller de Justicia controla:

• las actividades de las autoridades u organismos nacionales;
• las actividades de las autoridades u organismos de la administración local;
• las actividades de las personas jurídicas, organismos o autoridades de Derecho público o de las personas de Derecho privado que ejercen funciones públicas.

Cualquier persona puede presentar una solicitud al Canciller de Justicia para que controle las actividades de las autoridades que ejercen funciones de servicio público.

Si el Canciller de Justicia considera que las actividades ejercidas por una autoridad que desempeña funciones de servicio público son ilegales, debe transmitir un dictamen a la autoridad en cuestión precisando que ésta ha infringido la ley y, si es necesario, formulará recomendaciones sobre la manera de atenerse a las buenas prácticas administrativas en el respeto del Derecho o formulará propuestas para poner fin a la infracción. En ambos casos, antes de emitir un dictamen, deberá evaluar si la autoridad ha cumplido la legislación y si la comunicación con la persona ha sido acorde con las buenas prácticas administrativas. En su dictamen, el Canciller de Justicia puede formular criticas, expresar su opinión o hacer recomendaciones concretas para corregir la infracción.

Canciller de Justicia

Cualquier persona puede presentar una solicitud al Canciller de Justicia para que éste compruebe la conformidad de una ley o de otro acto legislativo con la Constitución y el resto de la legislación. El Canciller de Justicia comprobará que la legislación adoptada por los poderes legislativo y ejecutivo, así como por los entes locales, se ajusta a la Constitución y al conjunto de la legislación.

El Canciller de Justicia comprueba:

• la constitucionalidad de las leyes;
• la conformidad de los reglamentos del Gobierno de la República con la Constitución y el resto de la legislación;
• la conformidad de los reglamentos ministeriales con la Constitución y el resto de la legislación;
• la conformidad de los reglamentos adoptados por los consejos locales y los municipios y ayuntamientos con la Constitución y el resto de la legislación;
• la legalidad de los actos legislativos adoptados por personas jurídicas de Derecho público.

Cuando el Canciller de Justicia considere que un acto legislativo es contrario a la Constitución o al resto de la legislación:

• podrá presentar una propuesta al legislador para que éste adopte el acto conforme a la Constitución y al resto de la legislación. El legislador está obligado a presentar un dictamen al respecto al Canciller de Justicia en el plazo de 20 días. Si la propuesta no fuera tenida en cuenta, el Canciller de Justicia presentará una solicitud al Tribunal Supremo para que éste declare el acto legislativo contrario a la Constitución o lo declare nulo;
• podrá presentar un memorándum al legislador para que el acto sea modificado conforme a la Constitución y al resto de la legislación estableciendo un plazo para dicha corrección. Si no se tienen en cuenta las recomendaciones contenidas en el memorándum, el Canciller de Justicia podrá presentar una propuesta al legislador. Si la propuesta es ignorada, el Canciller de Justicia presenta una solicitud del Tribunal Supremo para que éste declare el acto legislativo contrario a la Constitución o lo declare nulo;
• podrá presentar un informe al Tribunal Supremo con el fin de atraer su atención sobre los problemas existentes en la legislación.

Organismos especializados en los derechos humanos

• Defensor del Pueblo para los derechos de la infancia

En Estonia, la función de Defensor del Menor la realiza el Canciller de Justicia. Los asesores que trabajan en el Departamento de derechos del menor desempeñarán principalmente las siguientes actividades:

• tramitación de solicitudes relativas a los derechos del menor en el marco de los procedimientos de control de la constitucionalidad y los procedimientos en que interviene el Defensor del Pueblo;
• preparación y realización de visitas de inspección en estructuras oficiales responsables de la infancia;
• preparación de solicitudes y dictámenes sobre procedimientos de control de la constitucionalidad;
• difundir los derechos fundamentales del menor y sensibilización a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, concienciación en relación con los derechos del menor y prestación de cursos de formación en este ámbito;
• realización de estudios y análisis sobre las cuestiones relativas a la promoción y la protección de los derechos del menor;
• organización de acciones de cooperación entre las organizaciones de niños y jóvenes, las asociaciones de ciudadanos, las ONG, los organismos profesionales, las autoridades científicas y nacionales.

Por lo que se refiere a los demás aspectos, se aplica la información antes mencionada relativa al Canciller de Justicia.

• Organismo de igualdad

Canciller de Justicia, Delegado de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de trato

Dirección:

El Canciller de Justicia tiene como cometido velar por el respeto del derecho a la igualdad de trato de acuerdo con los procedimientos ordinarios. El Delegado de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de trato es un cargo público independiente que interviene con arreglo a la Ley de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de trato. El Delegado es responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas por estas dos leyes. Asesorará y asistirá a las personas en los litigios en materia de discriminación y emitirá dictámenes cualificados sobre casos de discriminación.

El Delegado de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de trato:

• recibe solicitudes de particulares y emite dictámenes sobre casos de discriminación;
• analiza los efectos de la legislación sobre la situación de las mujeres y los hombres, así como de las personas pertenecientes a grupos minoritarios, en la sociedad;
• hace propuestas al Gobierno de la República y los organismos gubernamentales, los entes locales, así como a sus servicios, para que la legislación sea modificada y completada;
• asesora e informa al Gobierno de la República, los organismos gubernamentales y los servicios de las colectividades locales sobre las cuestiones relativas a la Ley sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la Ley sobre igualdad de trato;
• adopta medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de trato.

El Delegado emite dictámenes dirigidos a las víctimas de discriminación y personas que tengan un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de igualdad de trato. Estos dictámenes tienen como finalidad ofrecer una evaluación que, junto con la Ley sobre la igualdad entre mujeres y hombres, la Ley sobre igualdad de trato y los acuerdos internacionales que vinculan a la República de Estonia y otros actos legislativos, permiten estimar si el principio de igualdad de trato ha sido violado en la relación jurídica de que se trate.

Para solicitar un dictamen, debe presentarse una solicitud al Delegado describiendo los hechos que demuestren que se ha producido una discriminación. Para emitir su dictamen, el Delegado tiene derecho a recabar información de todas las personas que puedan estar en posesión de información pertinente para la evaluación de los hechos relativos a un caso de discriminación y exigir explicaciones escritas que aborden los hechos relacionados con la discriminación prevista y la elaboración de documentos o copias de dichos documentos en el plazo fijado por el Delegado.

• Organismo de protección de datos

La inspección de la protección de datos defiende los derechos constitucionales siguientes:

• derecho a recibir información sobre las actividades de las autoridades públicas;
• derecho al respeto de la vida privada y familiar en caso de utilización de datos personales;
• derecho de las personas a acceder a sus propios datos.

Puede presentarse una denuncia relativa a las acciones u omisiones de una persona cuando dicha persona (por ejemplo, el responsable del tratamiento de los datos personales o el titular de una determinada información) ha infringido los derechos de Ud. y no ha respondido a sus tentativas de contacto. La inspección se ocupa de la denuncia en un plazo de 30 días a partir de su presentación. Este plazo podría ampliarse a 60 días; en este caso, el denunciante deberá ser informado de ello por escrito.

• Otros organismos especializados

No existen otras instituciones especializadas.

Otros

Colegio de abogados de Estonia

El Colegio de abogados de Estonia es una asociación de la abogacía cuya actividad principal es proporcionar servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos. El Colegio de abogados de Estonia es una asociación profesional de abogados creada el 14 de junio de 1919 que actúa siguiendo los principios de la autorregulación y organiza la prestación de servicios jurídicos tanto en interés público como privado. El Colegio de abogados de Estonia se encarga, entre otras actividades, del desarrollo profesional de los abogados, las relaciones con los profesionales de la justifica, las autoridades públicas y diversas organizaciones nacionales y extranjeras y participa también activamente en la elaboración de la legislación. Del mismo modo, el Colegio prevé misiones de servicio público en defensa y representación de las partes en los asuntos civiles y administrativos, en cuyo caso, los honorarios son asumidos por el Estado.

En general, es preciso presentar una solicitud para obtener la asistencia jurídica del Estado. Las solicitudes de asistencia jurídica del Estado generalmente se presentan al Tribunal. La solicitud de asistencia jurídica del Estado se transmite al servicio encargado de la investigación o la Fiscalía si la persona es un sospechoso en un asunto penal en el que no es preceptiva la participación de un abogado defensor.

La solicitud de asistencia jurídica del Estado debe presentarse en estonio. Sin embargo, podrá redactarse también en inglés si el solicitante de la asistencia jurídica del Estado es una persona física residente en otro Estado miembro de la Unión Europea o ciudadano de otro Estado miembro de la UE o de una persona jurídica que tenga su domicilio social en otro Estado miembro de la Unión Europea.

El Colegio de abogados de Estonia nombrará, a petición del servicio de investigación responsable, de la Fiscalía o del tribunal, a un abogado encargado de la prestación de la asistencia jurídica del Estado. Generalmente, la persona no puede elegir el abogado que se encargará de dicha asistencia. No obstante, la persona podrá solicitar que le sea prestada por un abogado determinado, si dicho abogado dio su acuerdo a la prestación de la asistencia jurídica del Estado. En este caso, el nombre del abogado que haya dado su acuerdo debe ser inmediatamente especificado en la solicitud de asistencia.

Por lo que se refiere a los procedimientos en los que la ley establezca el requisito de la asistencia de un letrado, la persona no tiene que realizar ninguna gestión administrativa para obtener la asistencia jurídica del Estado. En los casos en que la persona no haya pagado los honorarios de su abogado, la autoridad encargada del proceso estará obligada a prever la designación de un abogado en su defensa y la persona estará eximida de presentar una solicitud en este sentido.