A. ¿Tengo derecho a recurrir la sentencia?

Sí, por regla general, sin perjuicio de las excepciones previstas por la ley (véase el artículo 593 del Código Procesal Penal), puede interponerse un recurso contra las sentencias condenatorias; con carácter subsidiario, puede interponerse directamente un recurso ante el Tribunal Supremo de Casación (Corte suprema di cassazione) contra las sentencias de primera instancia susceptibles de recurso.

B. ¿Qué otras opciones de recurso tengo?

Contra las sentencias dictadas en apelación o contra las sentencias no susceptibles de recurso de apelación puede interponerse un recurso de casación por los motivos previstos por la ley (véase el artículo 606 del Código Procesal Penal), además de en los supuestos previstos en disposiciones específicas.

C. ¿Cuáles son las consecuencias si soy condenado?

i. Antecedentes penales

En general, las condenas penales firmes se anotan, entre otros, en un extracto del registro de antecedentes penales de la persona de que se trate.

v. Ejecución de la sentencia, traslado de detenidos, penas suspendidas y penas sustitutivas

Suspensión condicional de la pena: por regla general, al dictar una pena de prisión o privación de libertad por un período de dos años o menos, o una sanción pecuniaria que, sola o junto con la pena de privación de libertad correspondiente según la ley, equivalga a una pena de privación de libertad por un período total de dos años o menos, el órgano jurisdiccional puede ordenar la suspensión de la ejecución de la pena por un período de cinco años si la condena es por un delito grave y de dos años si es por un delito menos grave; se prevén límites de penas más elevados para los menores y los adultos menores de veintiún años (tres y dos años y medio, respectivamente).

Penas sustitutivas: en virtud del artículo 53 de la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981, al dictar una sentencia condenatoria, si el órgano jurisdiccional considera que la duración de la privación de libertad no debe exceder de dos años, podrá sustituir dicha pena por una de semidetención; si considera que la duración no debe exceder de un año, puede sustituir dicha pena por una vigilancia judicial (libertà controllata); si considera que la duración no debe exceder los seis meses, también puede sustituir dicha pena por una sanción pecuniaria proporcional.

Ejecución de la pena: por lo general, salvo en el caso de una persona que, en vista del hecho que dio lugar a la sentencia condenatoria a ejecutar, ya se encuentra en prisión en el momento de dictar la sentencia firme, la ejecución de la pena privativa de libertad, en particular la parte restante de una condena más larga, que no exceda de cuatro años y que no se haya impuesto por determinados delitos graves [contemplados en el artículo 656, apartado 9, letra a), del Código Procesal Penal y en el artículo 4 bis de la Ley n.º 354/1975] será suspendida por el fiscal mediante decreto a tal efecto notificado a la persona condenada y a su abogado, en el que se indique, entre otras cosas, que puede presentar una solicitud de sustitución de la pena de privación de libertad ordinaria en los plazos establecidos por la ley; los jueces que supervisan la ejecución de las penas (Magistratura di Sorveglianza) son los responsables de decidir sobre dichas solicitudes.

Traslado de personas detenidas: se aplicarán las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 16, de 7 de septiembre de 2010, adoptado de conformidad con la Ley Delegada n.º 88, de 7 de julio de 2009 (Ley Comunitaria 2008), para adaptar el Derecho nacional italiano a la Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, o a las disposiciones de los tratados internacionales bilaterales celebrados por Italia en este ámbito.